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Colombia Internacional

Print version ISSN 0121-5612

colomb.int.  no.95 Bogotá July/Sep. 2018

https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.07 

Tema Libre

Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo*

Oligarchy, Political Power and Drug-trafficking in Colombia: The Cases of Medellín, Santa Marta and Muzo

Oligarquia, poder político e narcotráfico na Colômbia: os casos de Medellín, Santa Marta e Muzo

Juan David Velasco** 

Gustavo Duncan*** 

Felipe Lopera**** 

** Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana,Colombia. velasco.juan@javeriana.edu.co

*** PhD en Ciencia Política por la Northwestern University (Estados Unidos) y profesor de la Universidad EAFIT (Colombia). Hace parte del grupo de investigación “Sociedad, Política e Historias Conectadas”.gduncan@eafit.edu.co.

**** Politólogo por la Universidad de Antioquia (Colombia) y magíster en Ciencias en Desarrollo Local por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). Es docente investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT (Colombia). aloper16@eafit.edu.co.


RESUMEN:

El siguiente artículo introduce el concepto “dilución” para demostrar que el surgimiento del narcotráfico y el avance territorial del paramilitarismo en Colombia no supusieron un resquebrajamiento total o una suplantación completa de las oligarquías tradicionales. Más bien, ocurrieron tres trayectorias diferentes: la primera se presentó en las grandes ciudades, donde el capital de la droga y el conflicto armado no afectaron la riqueza relativa de los oligarcas tradicionales. La segunda, en las ciudades intermedias, donde hubo una acomodación estratégica a las nuevas circunstancias, de modo que no hubo suplantación del poder ejercido por los oligarcas tradicionales. Y la tercera, en las áreas periféricas con riqueza mineral (como los territorios esmeralderos), donde no existían previamente oligarquías, y por ende, narcotraficantes y jefes paramilitares pudieron transformarse en oligarcas gracias a su vinculación al crimen y al ejercicio de la violencia privada.

PALABRAS CLAVE : corrupción; narcotráfico; oligarquías; clientelismo

ABSTRACT:

The following article introduces the concept of “dilution” to show that the emergence of narcotics trafficking and the territorial advance of paramilitarism in Colombia did not imply a total collapse or complete replacement of the traditional oligarchies. Instead, the events followed three different paths: the first was found in the big cities, where the capital from drugs and the armed conflict did not affect the relative wealth of the traditional oligarchies. The second was found in the intermediate cities, where there was a strategic accommodation to the new circumstances, so that the power exercised by the traditional oligarchies was not supplanted. And the third, in the peripheral areas with a wealth of minerals (as in the territories of the owners of the emerald mines), where oligarchies did not exist before, so that, in the end, drug-traffickers and paramilitary leaders were able to turn themselves into oligarchs, thanks to their links to crime and the use of private violence.

KEYWORDS:  corruption; clientelism; drug-trafficking; oligarchies

RESUMO:

Este artigo introduz o conceito “diluição” para demonstrar que o surgimento do narcotráfico e o avanço territorial do paramilitarismo na Colômbia não supôs um esfacelamento total ou uma suplantação completa das oligarquias tradicionais. Antes, ocorreram três trajetórias diferentes: a primeira apresentou-se nas grandes cidades, onde o capital da droga e do conflito armado não afetaram a riqueza relativa dos oligarcas tradicionais. A segunda, nas cidades intermediárias, onde houve uma acomodação estratégia às novas circunstâncias, de modo que não houve suplantação do poder exercido pelos oligarcas tradicionais. E a terceira, nas áreas periféricas com riqueza mineral (como os territórios de esmeralda), onde não existiam previamente oligarquias e, por consequência, narcotraficantes e chefes paramilitares puderam transformar-se em oligarcas graças à sua vinculação ao crime e ao exercício da violência privada.

PALAVRAS-CHAVE : corrupção; clientelismo; narcotráfico; oligarquias

Introducción1

La oligarquía es definida por Winters (2011) como individuos que concentran la riqueza de una sociedad al punto que están en condiciones de incidir en las decisiones de poder relacionadas con la defensa de la propiedad de su riqueza. Es decir, los oligarcas deben disponer de los medios materiales suficientes para influir sobre las políticas relacionadas con la preservación de su riqueza; de lo contrario, no clasificarían como oligarquías.

Para los oligarcas existen amenazas a la preservación de la riqueza desde varios ángulos. Desde arriba, por quienes manejan el gobierno y las fuerzas militares; desde abajo, por rebeldes y delincuentes políticos; y desde los lados, por otros oligarcas. Sin embargo, no siempre los oligarcas dejan de serlo porque son despojados de su riqueza. Existe otra trayectoria en la que pierden su estatus sin que sean despojados de su riqueza. Cuando las formas de producción en una sociedad cambian y cuando quienes tradicionalmente controlaban los excedentes de la economía no cuentan ni con las tecnologías ni con los atributos para acceder a la nueva fuente de riqueza disponible, puede ocurrir que una oligarquía se diluya. En otras palabras, que a pesar de conservar su capital, su magnitud pierde tanto valor relativo que no es suficiente para afectar las decisiones de poder político en la sociedad. Los viejos oligarcas son entonces reemplazados por otros que ajustaron sus negocios y fortunas a las transformaciones ocurridas.

El caso del narcotráfico en Colombia hace suponer una transformación en ese sentido. En muchas sociedades, sobre todo regionales, el capital de la droga significó una dilución de las economías tradicionales basadas en los productos primarios. Al mismo tiempo surgieron señores de la guerra, mafias y un importante sector de la clase política que utilizaban la coerción privada y los dineros de las drogas para acceder a los cargos del Estado (Duncan 2006). El resultado fue que en algunos lugares las instituciones del Estado funcionaban de manera más o menos democrática, mientras que en otros, los actores locales que basaban su poder en el capital de las drogas y la violencia organizada impusieron órdenes híbridos donde se celebraban elecciones multipartidistas con serias restricciones para el ejercicio de las libertades ciudadanas (González 2014; Ávila y Velasco 2012).

El siguiente artículo introduce el concepto “dilución” para argumentar que el surgimiento del narcotráfico y el avance territorial del paramilitarismo en Colombia no supusieron un resquebrajamiento total o una suplantación completa de las oligarquías tradicionales. Más bien, ocurrieron tres trayectorias diferentes: la primera se presentó en las grandes ciudades, donde el capital de la droga y el conflicto armado no afectaron la riqueza relativa de los oligarcas tradicionales. La segunda, en las ciudades intermedias, donde las oligarquías tradicionales se ajustaron a las nuevas economías de guerra, de modo que no hubo suplantaciones sino diluciones parciales de la oligarquía tradicional. Sólo en algunas ciudades, relativamente pequeñas y aisladas como Magangué, las oligarquías terratenientes fueron suplantadas por paramilitares y narcotraficantes. Y la tercera, en las áreas periféricas, donde los narcotraficantes y señores de la guerra (jefes paramilitares) se convirtieron en oligarquías dominantes, pero no se trató de una suplantación porque antes no existían oligarquías allí. En la práctica, las tres trayectorias señalan un continuo desde grandes ciudades con procesos intensivos de acumulación de capital por las oligarquías tradicionales hasta sociedades con baja acumulación de capital donde las oligarquías eran vulnerables o simplemente no existían como tales.

La interpretación del proceso como dilución parcial y hegemonía de nuevas oligarquías donde antes no existían es importante porque sitúa los efectos del narcotráfico y el paramilitarismo en una dimensión distinta a la de una apropiación estructural del Estado. Lo que diversos analistas anunciaron como la “refundación de la patria”, a raíz de la famosa reunión entre paramilitares y políticos,2 es una versión exagerada de unos acuerdos que en la práctica no se materializaron. No hubo una imposición de unas nuevas instituciones desde el Estado central, mucho menos una nueva patria. Lo sucedido está relacionado más con transacciones entre la clase política y los nuevos oligarcas paramilitares y narcotraficantes, donde se definieron: i) una adecuación de las instituciones en la periferia para garantizar la propiedad de la riqueza adquirida por la fuerza y por el crimen y ii) un nuevo equilibrio en las formas de intermediación política, donde los nuevos oligarcas aprovechan el aumento de su base electoral para negociar en mejores términos con la clase política y el Estado central. Esta es una transformación apreciable pero dista de ser una “refundación”.

El artículo consta de cuatro partes. La primera especifica el concepto dilución. La segunda parte describe el método de investigación. La tercera se adentra en tres casos típicos que reflejan las trayectorias divergentes de las oligarquías. La última es una reflexión acerca del alcance de los cambios políticos a consecuencia de la irrupción de una oligarquía narcotraficante.

1. Oligarcas, coerción y sistema político

Es precisamente la necesidad de defender la riqueza material lo que explica que las oligarquías sean tan importantes en la definición del sistema político. Tilly (1975) argumenta que el Estado moderno en Europa fue el producto de la domesticación de los gobernantes como poseedores de los medios de coerción por quienes producían el capital. A largo plazo, la domesticación de la coerción dio origen a un sistema político como la democracia occidental, en que las oligarquías tienen plenas garantías sobre la propiedad al punto de desentenderse de la defensa de su riqueza y de preocuparse solamente por sus ingresos (Winters 2011).

El temor a la expropiación y, por consiguiente, a la desaparición de su posición de oligarca se expresa en la defensa frente a las amenazas de actores concretos. Sin embargo, existe otra trayectoria que, como se mencionó en la introducción, lleva a la suplantación de una oligarquía por otra, sin que sea el producto de una acción deliberada de un actor en concreto: la dilución. Un proceso de dilución ocurre bajo tres circunstancias. Primero, hay un cambio significativo en la organización económica de la sociedad, bien sea por nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos mercados, o cambios sociales o demográficos que afectan la forma de producción de riqueza. Segundo, hay un cambio en los atributos necesarios para controlar la nueva forma de producción de riqueza. Otras destrezas y otros conocimientos, orígenes y redes sociales configuran los atributos de aquellos individuos que concentran la riqueza material. Y tercero, el capital de las anteriores oligarquías no es suficiente para influenciar las instituciones y los aparatos coercitivos en la sociedad.

La dilución de una oligarquía es la expresión de un cambio en la propiedad de la riqueza material más importante en una sociedad sin necesidad de expropiación. Aun así, los procesos de dilución no necesariamente implican que las posiciones superiores de la jerarquía social desaparecen. Políticos, militares, ideólogos y demás sectores privilegiados pueden continuar disfrutando de un amplio estatus social y/o ejerciendo su poder. La diferencia es que cuando toman decisiones que implican la defensa de la riqueza material deben considerar sus efectos en los nuevos propietarios del capital. Anderson (1993), por ejemplo, en su interpretación de los Estados absolutistas, argumenta que la nobleza se refugió en el poder político como estrategia ante el inevitable avance económico de la burguesía. Hubo una dilución como oligarquía, pero sin que significara la pérdida del poder político, al que la nobleza accedía por medios distintos a la riqueza material.

Por tanto, las diluciones constituyen en sí mismas cambios en los sistemas políticos, toda vez que dos tipos de fenómenos suelen ocurrir. Por un lado, las nuevas oligarquías buscarán instaurar sus propios ejércitos y/o influir sobre aquellas instituciones que garantizan la propiedad de su riqueza. Pero, por otro lado, quienes fueron despojados del control de la riqueza en la sociedad podrán hacer uso de los aparatos coercitivos que posean y/o de las instituciones existentes para mantener alguna forma de poder. Se trata en ambos casos de procesos de ajuste en el poder para garantizar la propiedad en un contexto de transformaciones económicas. No es extraño entonces que cuando ocurre un relevo de las oligarquías por dilución, bien sea total o parcial, sus efectos se sientan en los atributos básicos del poder político, en particular sobre las instituciones existentes, las organizaciones coercitivas y el control sobre las agencias de gobierno.

Los cambios en las oligarquías por dilución no deben comprenderse solamente desde el nivel central. Las transformaciones en las condiciones de producción de riqueza, aunque pueden no ser suficientes para causar un relevo en las oligarquías en el centro de la sociedad, en la periferia pueden afectar la economía hasta sus cimientos. En consecuencia, los cambios en los aparatos coercitivos y en las instituciones que garantizan los derechos de propiedad ocurren en ese nivel, al igual que los cambios políticos, que se reflejan en discontinuidades en el sistema político y nuevas relaciones de poder entre el centro y la periferia.

Las discontinuidades del sistema político dentro de las democracias han sido estudiadas por diversos autores. Gibson (2006) define los autoritarismos subnacionales como aquellos casos en que las instituciones del centro en un Estado-nación funcionan como una democracia, mientras que en la periferia funcionan regímenes autoritarios. Ahora bien, cuando se consideran los autoritarismos subnacionales referenciados por Gibson se encuentra que el uso de la violencia fue mínimo. Salvo algunos asesinatos contados de periodistas y políticos incómodos, los sistemas autoritarios en la periferia no apelaban a la violencia sistemática.

La principal diferencia con las oligarquías subnacionales que surgen del narcotráfico es que estas tienen que recurrir sistemáticamente a la violencia para reclamar sus derechos de propiedad (Duncan 2014). De hecho, la coerción privada es una condición necesaria para ser un capo del narcotráfico porque es su principal herramienta para monopolizar los excedentes del negocio. No basta con corromper a las autoridades y a los gobernantes en sociedades periféricas: sólo con violencia es posible proteger la riqueza frente a otras organizaciones criminales. Por consiguiente, en Colombia las discontinuidades entre el sistema político del centro y de la periferia se deben en gran parte a la necesidad de los oligarcas narcotraficantes de disponer de aparatos coercitivos propios y de distorsionar las instituciones estatales.

¿Hasta qué punto ocurren en una región dada procesos de dilución de las oligarquías a consecuencia de la irrupción del narcotráfico y cuáles son sus efectos sobre el poder político? Depende de si la riqueza producida por el narcotráfico es capaz de influir sobre las instituciones existentes, es decir, de “los patrones de interacción que gobiernan y restringen las relaciones entre los individuos” (North et al. 2009, 15). Cuando no lo hacen, los narcotraficantes pueden ser oligarcas, en el sentido de disponer de suficiente riqueza para comprar protección efectiva de las autoridades a través de sobornos, pero no concentran los suficientes medios económicos para desplazar a los oligarcas tradicionales, en cuanto a su capacidad de influir sobre las relaciones de poder. No hay dilución como tal.

Si la riqueza generada por el narcotráfico, por el contrario, tiene capacidad de redefinir las instituciones, hay dos opciones. En primer lugar, puede suceder que la riqueza producida por el narcotráfico quede bajo el control de las anteriores oligarquías. Y puede suceder también que los ejércitos privados de estas oligarquías no tengan un propósito más allá de actuar como guardaespaldas. Es decir, no asumen funciones de policías y de jueces en la sociedad, por lo que las instituciones imperantes continúan siendo las del Estado. El proceso de dilución es en estos casos bastante limitado porque no implica cambios sustanciales en la naturaleza de las oligarquías. Lo que cambia son las fuentes de riqueza, de modo que las oligarquías tradicionales que no se ajustan a las nuevas circunstancias y no acceden a las rentas del narcotráfico pierden su condición.

Pero puede suceder que, aunque las rentas de la droga queden en manos de las oligarquías tradicionales, ahora el control del negocio exige la organización de ejércitos privados capaces de ejercer funciones del Estado como la vigilancia de la población y la administración de justicia. En consecuencia, ocurre un cambio significativo en las instituciones existentes. Salvatore Mancuso3 es un ejemplo de oligarquía proveniente de sectores tradicionales que incursionaron en el narcotráfico y adquirieron un poder inusitado desde un aparato coercitivo propio. Su irrupción, si bien no significó el final de las antiguas oligarquías,4 sí fue la expresión de los procesos de adaptación que tuvieron que llevar a cabo para mantener su poder y su posición social. El proceso de dilución, en este caso, es parcial.

En segundo lugar, puede suceder que surjan oligarquías de nuevos orígenes sociales desde las rentas de la droga. Y de manera análoga, las oligarquías emergentes pueden dividirse de acuerdo al control privado de los medios coercitivos en la sociedad. En los casos en que la organización privada de la violencia no es suficiente para ejercer control sobre la sociedad, los guardaespaldas y asesinos a sueldo de los narcotraficantes tienen como objetivo tan sólo proteger la propiedad de los ataques de otros delincuentes. La protección de la riqueza frente a las instituciones estatales se delega en la corrupción de las autoridades. Este es el caso de las ciudades. Allí los capos de un cartel disponen de suficiente riqueza para clasificar como oligarcas, pero sus efectos en las instituciones tienen límites. Están sujetos a la protección que reciban de las autoridades para no ser expropiados y capturados.

Por último, puede ocurrir que ambos, orígenes sociales y ejercicio de la coerción, sufran transformaciones radicales. Los narcotraficantes, además de tener un origen totalmente distinto a las anteriores oligarquías, son capaces de imponer un nuevo gobierno de facto en el nivel subnacional con sus ejércitos privados. Se trata del surgimiento de nuevas instituciones, de un proceso más complejo que la simple defensa de la propiedad material.

La figura 1 resume las distintas combinaciones anteriores, así como el lugar donde se sitúan, en un continuo, dos de los casos tratados más adelante, y Magangué, donde una oligarquía terrateniente fue desplazada por Enilse López, alias “La Gata”, una empresaria criminal ligada a los paramilitares. Hacia el lado derecho están situadas las combinaciones en que los procesos de dilución pueden tener mayor alcance y, por el contrario, las sociedades con menos acumulación de capital. De allí se desprende un argumento central de este artículo: entre mayor sea el grado de acumulación de capital de una sociedad, menor es el alcance de los procesos de dilución por el narcotráfico. Es así que el caso del surgimiento de una oligarquía narcotraficante en Colombia debe comprenderse, entonces, no desde una perspectiva de suplantación de oligarquías tradicionales, sino desde dos procesos distintos. Por un lado, un proceso de dilución parcial en regiones relativamente integradas, donde ocurrieron ajustes para aprovechar y contrarrestar el poder de los narcotraficantes. Y por otro lado, un proceso de surgimiento de una nueva oligarquía ante la oportunidad de concentrar enormes cantidades de capital desde regiones aisladas sin mayor acumulación previa de capital.

Fuente: elaboración propia

Figura 1 Trayectorias de la dilución 

2. Datos y método de investigación

Este artículo utiliza el concepto “oligarquía” de Winters (2011) por las múltiples ventajas que presenta. Por un lado, porque se enfoca en individuos concretos y no en entidades abstractas, difíciles de cuantificar. Por otro lado, la definición del citado autor permite distinguir a los oligarcas de otros actores como la clase política y los gremios económicos, al poner de manifiesto sus diferencias en términos de las fuentes de su poder. Así, la clase política es entendida como pequeños grupos en la población que de manera periódica tienen acceso privilegiado a las instancias decisorias en el Estado (Acemoglu y Robinson 2006; Pasquino 2000; Mills 2000). Los gremios son entendidos como uniones de empresas que comparten intereses sectoriales y cuyo interés primordial es lograr que sus propuestas políticas se vean reflejadas en el Gobierno (Gilens y Page 2014). Estas diferencias sugieren varios criterios concurrentes para identificar a las oligarquías: primero, que fueran individuos a los cuales se les pudiera referenciar por su nombre y grupo familiar. Segundo, que concentren la riqueza de una sociedad.5 Tercero, que influyan en las decisiones estatales.6 A lo largo del texto se utiliza el concepto “oligarquía tradicional” para aludir a los individuos y sus grupos familiares que concentran la riqueza desde antes de la irrupción del narcotráfico y el paramilitarismo.7

Los casos se seleccionaron de acuerdo con el método de trayectorias divergentes o de variaciones en los resultados (Collier 1993; Fearon 1991; King, Keohane y Verba 1995). Este método ubica casos donde el peso del narcotráfico y el paramilitarismo fue significativo, pero sus impactos y desenlaces en la estructura del poder local oscilan entre la no suplantación de oligarquías tradicionales (escenario I), la dilución parcial de la oligarquía tradicional (escenario II) y la constitución de una oligarquía mafiosa (escenario III). Los casos seleccionados fueron: Medellín (Antioquia), donde la oligarquía tradicional no fue desplazada ni sustituida; Santa Marta (Magdalena), donde la oligarquía tradicional fue diluida parcialmente pero logró ajustarse a las nuevas formas de riqueza; y Muzo (Boyacá), donde surgió una oligarquía mafiosa, no por haber suplantado a otra tradicional, sino porque antes no existía.

Los tres casos fueron seleccionados no sólo por su variación en el resultado final, sino por las diferencias en sus niveles de acumulación de capital y en las fuentes de la riqueza de las oligarquías tradicionales. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Tiene una población de 2.486.723 habitantes. De las 1.000 empresas más grandes del país, 172 operan allí (Semana, 24 de junio de 2017). Santa Marta tiene aproximadamente 484.000 habitantes. Dispone de uno de los cuatro puertos más importantes del país. Muzo es un municipio periférico de 9.000 habitantes desconectado de las principales redes viales. Es conocido como “la capital mundial de las esmeraldas”. No obstante, es uno de los municipios más pobres del país.

En los estudios de caso se acudió a las fuentes primarias. Fue posible entrevistar en profundidad a varios oligarcas.8 También se utilizaron fuentes secundarias, como archivos de prensa y expedientes judiciales.

3. Trayectorias

a. Medellín

La formación de la oligarquía en Medellín se remonta a finales del siglo XIX, cuando familias dedicadas al comercio como los Restrepo, los Jaramillo, los Echavarría, los Botero y los Mejía diversificaron su portafolio de negocios al expandirse a la industria de textiles y manufactura para surtir el mercado interno que se había formado por los minifundios cafeteros (Botero 1984). Su éxito fue impresionante, pues durante las primeras décadas del siglo XX, el sector industrial antioqueño fue el que más aportó en este rubro al PIB del país (Brew 1977). El ascenso económico fue acompañado de un proceso de construcción de una hegemonía social y política. Los directivos de las principales industrias no sólo ocupaban la presidencia de los gremios más influyentes del país, sino que también detentaron de manera rotativa los cargos públicos del nivel subnacional y nacional. Fueron recurrentemente nombrados en ministerios, embajadas y agencias encargadas del manejo de la política económica (ver la tabla 1).

Tabla 1 Número de veces que integrantes de la oligarquía de Medellín ocuparon altos cargos en el Estado y presidencias de gremios económicos, 1950-2015 

Familia oligárquica Andi Asobancaria y Fasecolda Fenalco Federación Nacional de Cafeteros Alcaldía de Medellín Gobernación de Antioquia Ministerios Gerente del Banco de la República Embajador en Estados Unidos o en país europeo Total
Botero 1 1 2 0 1 2 8 1 0 16
Restrepo 1 1 1 1 3 3 11 0 2 23
Jaramillo 1 0 0 2 0 3 8 0 0 14
Mejía 0 1 0 1 0 3 10 2 1 18

Fuente: elaboración de los autores a partir de los trabajos de Echeverri (1987), Caballero (2016), Restrepo (2011) y Sáenz (1993).

Sin embargo, el proyecto hegemónico de la oligarquía industrial de Medellín sería desafiado desde tres frentes a partir de mediados del siglo XX. El resultado a largo plazo ha sido una pérdida de influencia sobre la sociedad y la política. El primer desafío provino de la ampliación de los escenarios de competición electoral. En la década de los sesenta surgió una clase política profesional ligada al Partido Liberal que fue capaz de disputarles los cargos públicos a los empresarios. La disponibilidad de nuevos recursos provenientes del Estado cambió las relaciones de poder entre empresarios y políticos profesionales. Poco a poco se evidenciaba la aparición de una nueva clase política que competiría con los oligarcas por el acceso al Estado. En palabras de Dover y Ocampo (2006), la política atravesaba un proceso de popularización. Figuras como Bernardo Guerra, J. Emilio Valderrama y Federico Estrada se convirtieron en barones electorales y en propietarios de los cargos públicos del municipio.9 Pero la irrupción de los políticos profesionales no ocurrió en un entorno de absoluto antagonismo. Este, más bien, estuvo acompañado de una permanente negociación, en que los intereses de la oligarquía industrial no se veían afectados desde la política. La colaboración fue permanente. Además, la imagen positiva de la que gozaban las familias tradicionales les brindaba un alto grado de legitimidad, que les permitió, entre otras cosas, continuar siendo actores influyentes en el ámbito político.

El segundo desafío provino desde los lados, de oligarquías de otros lugares de Colombia, en los setenta. Los grupos económicos asentados en Bogotá encontraron una oportunidad de apoderarse de las empresas antioqueñas a través de la concentración de su propiedad accionaria. Tenían la ventaja de disponer de manera individual de muchos más recursos para apropiarse de los paquetes de acciones. La respuesta de las familias tradicionales de Medellín fue oponerse colectivamente a las pretensiones acaparadoras de los grupos empresariales foráneos. De acuerdo con Nicanor Restrepo (2011, 198):

Las tomas hostiles (u ofertas públicas de adquisición, OPA) no se limitaron a las adquisiciones de en cervezas y gaseosas, sino que intentaron otras operaciones especulativas con acciones de empresas que se cotizaban en la bolsa, como Suramericana, Banco Industrial Colombiano, Nacional de Chocolates, Corfinal, Coltejer, Fabricato, Banco Comercial Antioqueño y Argos. En estos intentos participaron diversos inversionistas y especuladores, entre los que figuraron Jaime Michelsen, por intermedio del Grupo Grancolombiano, y los grupos familiares de Julio M. Santo Domingo, Carlos Ardila, Eduardo Holguín, Félix Correa y Jaime Mosquera. La reacción contra tales intentos de adquisición dio origen a una estrategia defensiva, organizada por un grupo de las elites patronales de la región, plasmada en una declaración privada conocida como “Movimiento en defensa de la sociedad anónima y del patrimonio industrial de Antioquia”, apoyada por diferentes empresas que destinaron recursos a competir por el control de aquellas otras que estuvieran en la mira de los especuladores.

En consecuencia, en 1975 surgió la fundación para el desarrollo de Antioquia (Proantioquia), y posteriormente, en 1976, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Las nuevas organizaciones no sólo permitieron a la oligarquía local disponer de instituciones eficaces para mantener el control de sus empresas y potenciar el tamaño de su capital a través de un sistema colegiado de decisiones, sino que la circunstancia las dotó de una entidad fáctica que representaba sus intereses en aspectos que iban más allá de lo estrictamente concerniente a sus actividades económicas.

Hasta entonces, la clave del éxito de la oligarquía de Medellín estuvo en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). No obstante los logros obtenidos, el modelo albergaba un problema estructural que para finales de los setenta tendría repercusiones en los desafíos que deberían afrontar las oligarquías. El empresariado basó su éxito en una industria concentrada en pocos sectores y en un mercado interno protegido. Como resultado, “la ciudad comenzó a perder dinamismo desde los años setenta. La precoz industrialización empezó a desacelerarse debido a la excesiva especialización en una industria orientada a la producción de bienes de consumo corriente, poco competitivo con el mercado mundial” (Patiño 2015, 77). La recesión económica que atravesaba el país agravó la situación. El impacto fue tal, que tuvo una repercusión directa en la disminución de oferta de empleo, en un acelerado crecimiento de la economía informal y el contrabando (Salazar y Jaramillo 1992). Las actividades de los contrabandistas eran vistas como “normales” sin que implicaran una fuerte sanción social. Permeaban tanto a clases altas como bajas y aseguraban una fuente de trabajo, mercados y actividades económicas que el sector formal no era capaz de proveer.

En medio de la crisis de finales de los setenta, la criminalidad organizada se convertiría en el tercer desafío. En realidad, contrabandistas y narcotraficantes no fueron una amenaza directa a la propiedad de la oligarquía de Medellín. Incluso es debatible que por más riqueza que generaran fueran capaces de opacar el capital de los empresarios tradicionales al punto de diluir su influencia sobre los medios y actores de poder.10 El problema provino en realidad de la conjunción de otros factores. Por un lado, el factor humano, cuando apareció en escena una personalidad como la de Pablo Escobar, que reclamaba a través de medios violentos la participación de la criminalidad en la política. Lo que lo llevó a plantear una guerra contra el Estado en que, si bien el narcotráfico fue su principal fuente de financiación, en un momento dado hizo uso del secuestro para expropiar a las oligarquías. Y por otro lado, la disponibilidad de numerosos delincuentes jóvenes dispuestos a ser parte de su ejército privado. Escobar, a través de bandas criminales, ejerció un férreo control de las barriadas de la ciudad. Fue en realidad desde estas comunidades que pudo lanzar sus ofensivas en forma de magnicidios, atentados terroristas y secuestros de aristócratas de Bogotá para forzar un cambio en las leyes, en particular para obligar a que la extradición fuera abolida.

La guerra de Escobar significó una amenaza a la oligarquía, no por la dilución de su riqueza sino por la destrucción de un entorno económico favorable para sus empresas. Las propuestas construidas por las oligarquías desde inicios del siglo XX, apalancadas por su influencia sobre la administración pública local, se reconfiguraron (Restrepo 2011). Con la violencia y los secuestros disparados, la oligarquía respaldó la respuesta del Estado Nacional en torno a una réplica contundente contra Escobar. Tampoco tuvo reparos en que otros narcotraficantes organizaran respuestas violentas como los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar).11 Ya para la década de los noventa se dio un reacomodo de la situación de la criminalidad propiciado por la muerte de Escobar y la instalación de una criminalidad organizada cuidadosa de no interferir en los intereses de los empresarios tradicionales. Entonces sucedió el ingreso del paramilitarismo, el cual, siguiendo una estructura similar a la de las “oficinas de cobro” del narcotráfico, se constituyó en una mafia que sometió al resto de bandas de la ciudad. Era un fenómeno masivo de criminalidad organizada con el propósito de establecer un monopolio mafioso sobre “las actividades relacionadas con la economía ilegal [y las] actividades legales que son susceptibles al control del crimen organizado” (Lopera 2015, 221-222). Las nuevas fuerzas criminales no afectaron de manera directa a la oligarquía tradicional, pues no tenían un ánimo de ruptura con el orden establecido, sino que buscaban mantener un espacio de acumulación de capital y de control territorial por fuera de los intereses de las oligarquías. Contribuyeron, de hecho, a la protección de su propiedad al expulsar a las guerrillas de la ciudad a finales de los noventa y a mantener una disciplina sobre la criminalidad.

Los casos de “parapolítica” en la ciudad tienen mucho que decir acerca de las limitaciones que tuvieron los narcotraficantes para transformar las instituciones y las relaciones de poder en la sociedad. De hecho, mientras que en otras regiones del país (como la Costa Atlántica), los paramilitares impusieron a sangre y fuego candidatos únicos y lograron que sus aliados ganaran alcaldías y gobernaciones, en Medellín y Antioquia el GEA se unió en torno a las candidaturas de Sergio Fajardo12 y Aníbal Gaviria.13 La injerencia del paramilitarismo en las elecciones se dio principalmente en regiones periféricas, donde las oligarquías de Medellín no tenían intereses.14 Por su parte, en el área metropolitana, donde se concentra el capital de los oligarcas tradicionales, la influencia política de los grupos armados ilegales fue reducida. Hasta el momento, la justicia sólo ha condenado a Óscar Suárez Mira,15 excongresista y exalcalde de Bello.16 No hubo una cesión del control directo de las agencias del Estado en la ciudad. La mayoría de las transacciones entre políticos y paramilitares involucraban tan sólo un pago para evitar la persecución de las autoridades. En algunos casos hubo información periodística sobre la participación en contratos públicos que fueron ejecutados en comunidades dominadas por bandas criminales y en la explotación de ciertos negocios que requieren una concesión por el Estado como los mercados de abastos y las rutas de transporte público. Pero en ningún momento estuvo en juego el control del gobierno de la ciudad ni hubo cambios en las instituciones y en los aparatos de seguridad que pusieran en riesgo la propiedad y la influencia sobre el poder político de las oligarquías tradicionales. De hecho, es tal la vigencia del empresariado antioqueño que sus compañías, en términos de activos fijos, representan aproximadamente el 15% del PIB colombiano.17

b. Santa Marta

La formación de la oligarquía samaria se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando desde el Gobierno en Bogotá se adjudicaron extensos baldíos a un puñado de familias que los adecuaron para la exportación de banano (LeGrand 1988; Palacios y Safford 2002). Los principales beneficiarios fueron los Dávila, los Díaz-Granados, los Campo y los Escobar (Bejarano 1975; Castañeda 1982; Viloria de la Hoz 2009, 7-24). Luego, a mediados del siglo XX, ingresarían a la oligarquía samaria los Vives, quienes fueron aceptados debido a sus habilidades empresariales y políticas,18 y al matrimonio que contrajo uno de sus miembros con la hija del expresidente José María Campo Serrano. Fue así que los primeros oligarcas del Magdalena estuvieron ligados a la propiedad de la tierra y a la ocupación de altos cargos públicos. Posteriormente diversificaron su portafolio de negocios hacia el sector energético19 y los medios de comunicación.20

A finales de los sesenta e inicios de los setenta, las oligarquías samarias tuvieron su primera gran crisis, a consecuencia del desplazamiento del sector bananero hacia el Urabá. El departamento del Magdalena pasó de concentrar el 84% de las exportaciones nacionales en 1963 a participar con un pírrico 5% en 1970 (Meisel 2004). La crisis coincidió con el boom de la marihuana, que tuvo su epicentro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre 1974 y 1985 la región exportó aproximadamente 165.000 toneladas de marihuana (ANIF 1989, 159). Según cálculos publicados por Ernesto Samper, quien luego fue presidente de Colombia, la bonanza marimbera osciló entre el 4,0% y 7,5% del PIB del país en ese periodo (ANIF 1979, 215).

Las exorbitantes sumas de dinero adquiridas con la exportación de marihuana permitieron el surgimiento de “nuevos ricos” como Miguel Cotes y Samuel Pinedo Rueda,21 entre otros. Igualmente, a mediados de los ochenta surgieron especialistas de la violencia privada como Hernán Giraldo22 y Adán Rojas,23 quienes adquirieron un nuevo estatus en la región porque políticos, contrabandistas y campesinos requerían sus servicios de protección para asegurar no sólo las transacciones comerciales ilícitas sino la supervivencia frente a la amenaza insurgente. Giraldo y Rojas actuaban como señores de la guerra en la zona de la Sierra Nevada, un área rural y montañosa, donde además de cultivos de marihuana existían grupos guerrilleros como las Farc y el ELN, que secuestraban a los miembros de la oligarquía samaria. A pesar de que los nuevos ricos y los señores de la guerra ostentaban una posición de poder, no representaron un desafío real para la oligarquía tradicional, por varias razones. Primero, los narcotraficantes más influyentes fueron absorbidos dentro de los círculos sociales de las familias oligarcas: el “Mono Abello”, por ejemplo, quien provenía de una familia de clase media-alta, se casó con una nieta de Pepe Vives de Andréis. Tampoco los señores de la guerra constituyeron obstáculos reales. Giraldo y Rojas impusieron su jerarquía en comunidades periféricas en la Sierra Nevada, donde el interés de los oligarcas era mínimo.24 Más aún, ellos fueron funcionales porque combatieron a la guerrilla, permitieron que los políticos hicieran campaña electoral en zonas bajo su control y no se excedieron en sus aspiraciones de poder político.25 Por tanto, eran organizaciones criminales cuyas ambiciones de dominación no sobrepasaban el espacio donde se cultivaban, procesaban y exportaban drogas ilícitas.

Segundo, a pesar del debilitamiento de la industria bananera y del auge del narcotráfico, la oligarquía conservó sus cuotas de poder político a nivel nacional durante las décadas de los setenta y ochenta. La mayoría de curules al Senado y la Cámara fueron ocupadas por integrantes de las familias Díaz-Granados, Vives, Campo y Escobar (ver el anexo 1). Por añadidura, los oligarcas samarios siguieron controlando la intermediación de los recursos que proveía el Estado central al departamento, sin importar su afiliación partidista pues militaban en los partidos dominantes en ese momento (Liberal y Conservador).26 Como en muchas otras regiones de Colombia, la atención de las demandas básicas de la población con los recursos públicos, a través del clientelismo, contribuyó a evitar sublevaciones sociales. El entonces senador José Ignacio Vives, por ejemplo, utilizó auxilios parlamentarios para la construcción de un barrio que adoptó su nombre. Igualmente, el congresista Edgardo Vives Campo gestionó recursos para un megacolegio destinado a los más pobres, y José Ignacio Díaz-Granados Alzamora, exministro de Salud, destinó un presupuesto para la compra de lotes y la edificación del Hospital Central.

En ese sentido, el narcotráfico y el paramilitarismo no significaron una dilución de la oligarquía tradicional. Más bien sucedió un proceso de ajuste a las nuevas economías de guerra. Asimilaron la riqueza de los marimberos y aprovecharon la violencia paramilitar para contener a la guerrilla. En especial, se valieron de los crecientes recursos del sector público y de su control de la política local para disponer de un flujo permanente de capital que utilizaban para enriquecerse y para preservar un mínimo de legitimidad entre los sectores más excluidos mediante el uso del clientelismo. Además, el poder político, potenciado por el capital del narcotráfico, fue conveniente además para afianzar alianzas con el Estado central que neutralizaran las amenazas de expropiación por vínculos con actividades ilegales. Los oligarcas samarios hacían parte de las coaliciones políticas nacionales ligadas al bipartidismo (anexo 1). De ese modo anularon las amenazas desde arriba, desde los lados y desde abajo.

Sin embargo, la situación para los oligarcas tradicionales del Magdalena cambió radicalmente en los años noventa, a raíz de los rediseños institucionales de la nueva Constitución Política, el subsecuente resquebrajamiento del sistema político bipartidista y la irrupción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por primera vez en su historia la oligarquía samaria enfrentó una amenaza real a su hegemonía y a su capacidad de controlar las principales fuentes de riqueza de la sociedad. El golpe inicial se sintió con la implementación de la circunscripción nacional al Senado, en 1991. Antes, el departamento de Magdalena tenía aseguradas cinco curules. Con el nuevo diseño se eligieron únicamente dos senadores, lo que redujo considerablemente su representación en el Legislativo.27 Peor aún, en 1994, cuando se estrenó la circunscripción nacional, ningún miembro de la oligarquía local alcanzó una curul. Los triunfadores en el Senado fueron Miguel Pinedo Vidal y Enrique Caballero Aduén, dos políticos profesionales de clase media. La derrota electoral de los oligarcas coincidió con cambios en las formas de hacer política en el departamento. Hubo una desafiliación de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos partidos y/o microempresas electorales.28 Pinedo Vidal, por citar un caso, después de dos décadas de carrera dentro del liberalismo, abandonó el partido para fundar, junto con otros parlamentarios, el Movimiento Moral.

El clientelismo de los años sesenta, setenta y ochenta que permitió a los oligarcas samarios construir sus bases electorales se desvaneció con la eliminación de los “auxilios parlamentarios” y con la privatización de los servicios públicos29 (Ocampo 2014). El cambio no significó necesariamente la desaparición del clientelismo sino su transformación hacia un modelo basado en la compra de votos y el pago de comisiones por parte de los grandes contratistas del Estado (Ávila y Velasco 2012). Pero allí no radicaba el problema central, pues los oligarcas samarios se adaptaron rápidamente al nuevo modelo de intermediación clientelista. El problema real fueron la eliminación de la “inmunidad parlamentaria” y la supresión del derecho a segunda instancia, que los dejó vulnerables ante las altas Cortes, un poder institucional que no controlaban. El grupo Mayorías Liberales de la familia Vives, que se había constituido desde los ochenta, y que mantenía cuotas de poder político en el Congreso, la gobernación del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta,30 comenzó a desarticularse cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a varios de sus aliados por recibir sobornos en la licitación de millonarios contratos.31

En ese contexto de pérdida de poder político -a raíz de la implementación de la circunscripción nacional al Senado, de tránsito hacia un clientelismo financiado por contratos y comisiones, donde las afiliaciones al bipartidismo no eran determinantes, y la vulnerabilidad ante la Corte Suprema- se produjo la llegada de las AUC. La situación sería más complicada para la oligarquía samaria porque a finales de los noventa, quien fungió como comandante de la estructura paramilitar más poderosa en el departamento fue precisamente un ganadero y arrocero de clase alta de Valledupar, educado en universidades bogotanas, pero con un resentimiento hacia ciertos oligarcas por considerarlos personas “cómodas” y “despreocupadas” a las que no les importaba la inseguridad en el campo y que, gracias a sus privilegios de nacimiento, dormían tranquilos en Bogotá (Tovar inédito; Velasco 2014).

Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, el comandante del Bloque Norte, se propuso controlar la política electoral del departamento. Su estrategia consistió en aliarse con diversos sectores: oligarcas en declive, terratenientes, políticos profesionales y políticos emergentes (ver el anexo 2). Sin embargo, estas alianzas fluyeron de mejor manera con grandes propietarios de tierra que quisieron impulsar su carrera política. De ese modo, el Bloque Norte, con la implantación de los “distritos electorales ilegales” en los comicios de Congreso de 2002, impidió que candidatos de la oligarquía tradicional como Sergio Díaz-Granados Guida,32 José Joaquín Vives Pérez33 y José Alfredo Escobar Araújo34 hicieran proselitismo electoral por fuera de Santa Marta. Hubo asesinatos sistemáticos de los líderes barriales que trabajaban en sus campañas.35 Por el contrario, el Bloque Norte de Jorge 40 apoyó las candidaturas al Congreso de advenedizos como Dieb Maloof, políticos profesionales como Jorge Caballero y latifundistas como Salomón Saade36 y José Gamarra Sierra37 (Velasco 2014). También contribuyó a que Alfonso Campo Escobar,38 un oligarca conservador en declive electoral, pudiera volver al Congreso, y en el 2000 optó por apoyar al oligarca José Domingo Dávila Armenta39 para la gobernación del Magdalena. Luego, en 2003, impuso la candidatura única de Trino Luna Correa,40 hijo de un excongresista y terrateniente. Paradójicamente, Luna Correa había sido antes el principal contrincante de Dávila Armenta.

En términos porcentuales, el Bloque Norte apoyó en los principales cargos de elección popular de la región -como Congreso, gobernación del Magdalena y alcaldía de Santa Marta- a terratenientes ganaderos (38,4%), políticos profesionales (30,7%), oligarcas tradicionales en declive (23%) y políticos emergentes (7,9%). Es decir, los paramilitares se aliaron con actores de orígenes y estatus diferentes.41 Jorge 40 tuvo que negociar con sectores sociales, políticos y económicos disímiles para poder impulsar su proyecto de gobierno paramilitar llamado “Movimiento Provincia Unida”. No hubo, en consecuencia, una oligarquía mafiosa/emergente como tal que reemplazara a otra sino un reacomodamiento de sectores tradicionales frente a la irrupción de nuevos políticos, narcotraficantes y ejércitos privados, y una mayor participación en el Congreso de los latifundistas provenientes de otros municipios. Así mismo, hubo familias oligárquicas que se opusieron a las aspiraciones de poder político de los paramilitares: los denunciaron públicamente (Alfredo Escobar Araújo), compitieron con sus aliados (Sergio Díaz-Granados) y sirvieron como testigos para condenar las alianzas parapolíticas (José Joaquín Vives).

Más allá de lo electoral, es evidente que el futuro de la oligarquía samaria no está en juego. Disponen de recursos suficientes para garantizar su influencia en los medios de poder. El surgimiento de otros sectores con enormes cantidades de recursos, como políticos, narcotraficantes y paramilitares, no significó que su riqueza fuera eclipsada. Más aún, la oligarquía samaria tenía las habilidades necesarias para ajustarse a los cambios introducidos por Jorge 40. Se supo adaptar a las circunstancias y aprovechar las oportunidades de recursos que surgieron en la nueva coyuntura. Pudieron hacerse más ricos con los ingresos que traía la dinámica de la guerra, a un grado tal que no iban verse rezagados en los cambios a largo plazo en la estructura socioeconómica. Se trató entonces de un caso de dilución parcial.

c. Muzo

La oligarquía de Muzo surgió en los años sesenta del siglo XX con el auge de las esmeraldas. La primera generación de oligarcas estuvo compuesta por Pablo Emilio Orjuela, Parmenio Molina, Modesto Molina, Francisco Vargas, Isauro Murcia y Olmedo Murcia, quienes antes de incursionar en el negocio minero fueron pequeños agricultores desplazados de la provincia de Rionegro (Cundinamarca), a consecuencia de la persecución violenta de cuadrillas liberales.42 Todos ellos tenían un origen similar: campesinos minifundistas desplazados por la violencia bipartidista, con bajos niveles de escolaridad y fuertes simpatías por el conservatismo. Antes de ellos no existía una oligarquía como tal, debido a la pobreza del municipio.

Su primer contacto con la economía esmeraldera se dio cuando fueron contratados a inicios de los años sesenta como peones por el Banco de la República,43 la entidad del Estado que entonces extraía y comercializaba las esmeraldas en Colombia (Gutiérrez y Barón 2008, 109). Como la capacidad de regulación del Banco era precaria en una zona tan apartada y despoblada, muchos de los trabajadores rasos, en asocio con integrantes del Ejército, comenzaron a explotar clandestinamente las minas (“Detenidos 15 militares” 1966). Con la venta de las gemas en el mercado negro ahorraron el dinero suficiente para emprender la búsqueda de nuevos yacimientos (“Esmeraldas, dramática riqueza de Colombia” 1966). En 1967 Pablo Orjuela, con algunos de sus “compadres”, como Olmedo Murcia, Parmenio Molina y Modesto Molina, encontraron una veta de esmeraldas en el sector de Peñas Blancas. Allí se inició un negocio de extracción masiva por fuera del control del Banco y se organizó un sistema de venta informal de gemas, cuyo epicentro fue el barrio Santa Isabel, en Bogotá. La extracción clandestina y la circulación de altas sumas en efectivo llevaron a los nacientes oligarcas a buscar alguna forma de protección armada. Fue así que Isauro Murcia y otros esmeralderos acordaron propiciar la fuga de la cárcel de Humberto Ariza, alias “el Ganso”, un reconocido bandolero (“Cayó pandilla de esmeralderos” 1967).

Con el Ganso Ariza y un ejército privado a su servicio, los oligarcas controlaron las minas y garantizaron las condiciones de seguridad en el territorio (Gutiérrez y Barón 2008, 108). Consciente del problema de una autoridad política alterna al Estado en la zona esmeraldera, el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) ordenó liquidar los contratos de explotación del Banco de la República y, en lugar de ello, propuso crear la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas), entidad que tenía la facultad de explotar directamente las minas o darlas en concesión a cambio del pago de regalías (“El gobierno explotará minas de esmeraldas” 1968). Sin embargo, los intentos de Lleras Restrepo fueron infructuosos. La extracción clandestina continuó (“Denuncian graves delitos en minas” 1968), y la capacidad del Estado para cobrar impuestos fue tan baja que el Ministerio de Minas estimó las ventas de los esmeralderos entre 1968 y 1970 en aproximadamente 450 millones de dólares, de los cuales sólo reportaron al Gobierno 66 mil (“Han salido esmeraldas del país” 1970).

Además de la evasión de impuestos, el Gobierno Nacional tuvo que lidiar con las denuncias de atracos por la banda del Ganso Ariza a los comerciantes y mineros independientes (“Capturan cuatro miembros” 1970). Y aunque se produjeron algunas capturas, se rumoraba que el Gobierno nunca pudo atrapar a Humberto Ariza porque este recibía protección de políticos conservadores (“Grave denuncia a jefe” 1970). No obstante, en 1971 el Ganso Ariza les declaró la guerra a sus antiguos jefes44 para apropiarse del negocio. La confrontación se inició cuando sicarios del Ganso Ariza asesinaron en Bogotá a integrantes de la familia Ávila, los principales comercializadores de las gemas que extraían los oligarcas de Muzo (“Guardaespaldas, la nueva víctima de esmeralderos”. 1971). Luego Ariza logró emboscar y asesinar a Parmenio Molina, Modesto Molina y Olmedo Murcia (“250 muertos por la guerra esmeraldera” 1972). La guerra acabó cuando Ariza fue capturado (“Golpe del F-2 a banda del Ganso” 1973) y llevado ante una Corte Penal Militar que lo sentenció a prisión en la isla Gorgona.

A raíz del desorden y la violencia en la zona, el gobierno del presidente conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974) optó en 1973 por entregar en concesión las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas. Pero la licitación se declaró desierta. Se ordenó incluso cerrar las minas (“Confusa licitación de minas de esmeraldas” 1974). Isauro Murcia apeló a varios congresistas del Partido Conservador y logró que se citara a un debate de control político al ministro de Minas, Gerardo Silva, quien negó la concesión de las minas a la Empresa Colombiana de Esmeraldas (Esmeracol) (“Investigarán licitación de minas de esmeraldas” 1974), propiedad de Murcia y Francisco Vargas (“Con 800 socios, se inicia firma” 1973). El pleito político y jurídico para definir los derechos de explotación se prolongó tres años más. Mientras tanto, los oligarcas de Muzo continuaron las extracciones clandestinas y contactaron a un reconocido abogado, Juan Beetar, para que a través de sus conexiones con la clase política bogotana45 propiciara la firma de contratos de operación en las minas.46 El lobby de Beetar dio frutos, y en 1976 el Gobierno Nacional adjudicó contratos de operación en las minas de Coscuez a la empresa Esmeracol y se entregaron a la Sociedad Minera Boyacense y Coexminas las demás concesiones para la explotación de esmeraldas en Peñas Blancas y Muzo (“La empresa privada explotará minas” 1976).

La entrega de las minas a privados coincidió con el relevo generacional de los miembros de la oligarquía que murieron en la primera guerra. Se posicionó como líder de la zona Gilberto Molina, sobrino de Parmenio. Igualmente, emergieron nuevos actores como Benito Méndez Silva, Darío Pachón y Víctor Carranza.47 Cuando los oligarcas adquirieron las concesiones (ver el anexo 3), optaron por cambiar el sistema de producción. Implementaron el “tambreo”, una modalidad de explotación a cielo abierto que consistió en remover grandes cantidades de tierra con buldóceres y retroexcavadoras hasta lograr desprendimientos en las vetas.48 Este modelo fue funcional, por dos circunstancias. Primero, los costos de producción basados en trabajadores informales eran muy bajos al ahorrarse salarios y prestaciones sociales. El salario era una comisión por las piedras encontradas. Además el pago de regalías e impuestos al Estado era mínimo porque nadie reportaba la cantidad real de esmeraldas extraídas, y tampoco el Estado tenía cómo auditarla porque las transacciones eran en efectivo (Uribe 1992, 93 y 94).49 Y segundo, varios oligarcas aprovecharon su riqueza y estatus para incidir en decisiones estatales que los favorecieran. Lograron que el área donde controlaban las minas de esmeraldas (Quípama) fuera reconocida como una entidad territorial autónoma, y, a través de la empresa Coexminas, asumieron la prestación de servicios públicos como la construcción de colegios, hospitales, vías terciarias, e incluso un aeropuerto, que les permitió ser reconocidos como la principal fuente de autoridad en la región (Almonacid 2013).

La estabilidad de la zona se erosionó nuevamente a consecuencia del asesinato en 1985 de Francisco Vargas, principal accionista de la empresa Esmeracol (“Asesinado en Espinal el dueño de Esmeracol” 1985). Las autoridades sindicaron del homicidio a alias “Garbanzo” y alias “Colmillo”, empleados de Arsenio Acero, esmeraldero del municipio de Borbur (departamento de Boyacá), quien fue presuntamente asesinado por el clan de los Vargas (“Colmillo siembra terror en las minas de Coscuez” 1985). La retaliación fue más lejos, pues la banda de Garbanzo y Colmillo -conocida como “La Pajaramenta”- comenzó a asesinar a otros socios representativos de Esmeracol como Benito Méndez (“Asesinado ayer el Ganso Ariza” 1985). La Pajaramenta contaba con aproximadamente 200 hombres camuflados y con armamento de largo alcance. Su repertorio no se limitó a asesinatos y a masacres de trabajadores de Esmeracol, también asumió funciones de autoridad local como el control del ingreso al occidente de Boyacá y la imposición de tributos a la población (“Régimen de terror en Coscuez” 1986).

Fue ese encerramiento territorial de los oligarcas tradicionales de Muzo y Quípama lo que los llevó a buscar a las Autodefensas de Puerto Boyacá para que les brindaran protección (Uribe 1992, 114 y 118). En el proceso, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”, buscó aprovechar la situación para incursionar en el negocio de las esmeraldas, lo que añadió un nuevo conflicto, pues su ejército privado sólo contuvo parcialmente la amenaza armada de “Colmillo” y su banda, al tiempo que el narcotráfico permeaba las minas y llamaba la atención del Estado (Téllez 1993). De hecho, la enemistad entre Gilberto Molina y Rodríguez Gacha comenzó cuando un juez lo declaró responsable de cultivar 100 hectáreas de coca en el municipio de Paime (departamento de Cundinamarca). Inmediatamente, Molina responsabilizó a Rodríguez Gacha.50 En retaliación, Rodríguez Gacha asesinó a Molina en una de sus fincas, junto con diecisiete personas más. La guerra dejó un saldo de 3.600 muertos (Uribe 1992, 99). Esta culminó en 1990, luego de que los principales jefes militares y económicos de la zona fueron asesinados, y, por puro instinto de supervivencia, los líderes restantes se acogieron a un acuerdo de paz.51 Se estableció como compromiso la erradicación del narcotráfico, el cese inmediato al fuego y la desactivación de los grupos paramilitares (Uribe 1992, 126).

Los compromisos fueron respetados por los nuevos oligarcas hasta que en el 2003 surgieron nuevos brotes de violencia. Horacio Triana, uno de los subalternos de Murcia, se sublevó y contactó a un jefe paramilitar de Urabá para que montara un ejército privado en la zona.52 Como los oligarcas habían acordado no utilizar grupos paramilitares “de afuera” para resolver conflictos y proveer seguridad en la zona esmeraldera, el rechazo de Víctor Carranza fue inmediato. Mediante alianzas con el Ejército expulsó a los paramilitares provenientes de Urabá,53 situación que los obligó a replegarse y unirse a una estructura de autodefensa que operaba en el municipio vecino de Yacopí (departamento de Cundinamarca).54 En ese orden de ideas, la entrada del narcotráfico en la zona fue una amenaza contra los esmeralderos pero no constituía en sí mismo un cambio en las instituciones existentes. Se trataba de instituciones similares: aquellas impuestas por ejércitos privados. La lógica económica de las minas de esmeraldas es similar a la lógica del narcotráfico: la clave está en disponer de poder político y capacidad coercitiva para garantizar el derecho de explotación de una mercancía. Se hubiera tratado, en realidad, de un despojo horizontal: una oligarquía se apodera mediante la violencia de los medios de producción de riqueza de otra oligarquía muy similar a ella. Lo máximo que ocurrió es que algunos jefes esmeralderos aprovecharon las rentas del narcotráfico para incrementar su riqueza, pero haciendo uso de las mismas instituciones de control social que utilizaban como oligarquías.

4. ¿Cambiar todo para que nada cambie?

El estudio de las trayectorias de las oligarquías importa porque la defensa de la propiedad está íntimamente ligada con la definición del poder político y las instituciones que regulan el orden social, no sólo a escala nacional sino también subnacional. La evidencia en Colombia muestra que este es el caso. Mientras que ciertas oligarquías tradicionales en las grandes ciudades (como en Medellín) hacen uso de su poder para obtener garantías para su riqueza en un orden político fundado en las instituciones liberales y democráticas, las oligarquías de la periferia en ocasiones han propiciado el desarrollo de versiones alternas y distorsionadas de la democracia para garantizar el acceso a otro tipo de fuentes de riqueza (como en los casos de Muzo y, en distinta medida, Santa Marta).

La historia indica, de manera general, que hasta antes del auge del narcotráfico en los años ochenta, las oligarquías regionales en Colombia dependían del control de la producción primaria y de los negocios que se derivaban de privilegios inherentes al poder político (Revéiz 1989). Se trataba en cierto modo de un caso paulatino y moderado de dilución de las oligarquías regionales frente a las de Bogotá y las grandes ciudades, donde se concentraba el capital producto del proceso de modernización. El distanciamiento de las trayectorias entre el centro y la periferia tuvo su correspondiente manifestación en el desarrollo de instituciones muy diferentes en cada caso. En el centro, la acumulación capitalista no sólo propició que muchos de los vicios de la democracia como el clientelismo y el nepotismo se redujeran en términos relativos, sino que se reprodujeran otros elementos propios de la democracia como la organización de la sociedad civil y la promoción de una prensa libre. Por su parte, en muchas regiones la proliferación del clientelismo y la corrupción tenía toda una coherencia con el tipo de capitalismo existente. Eran instituciones funcionales a las necesidades de unas oligarquías regionales que basaban su riqueza en la explotación agrícola y en las rentas del Estado. Y así, en ocasiones, estas instituciones no fueran funcionales, tampoco eran un estorbo para unos capitalistas que poco necesitaban del desarrollo del mercado interno para producir riqueza. En ningún momento significaban una amenaza de expropiación.

Las cosas cambiaron con el auge del narcotráfico en el país, pero no en el sentido de una suplantación de las oligarquías. Más aún, su irrupción fue conveniente a las oligarquías tradicionales, al menos en dos aspectos. Por un lado, los ejércitos privados que organizaron los narcotraficantes evitaron la expropiación por parte de la guerrilla. Por otro lado, el narcotráfico fue una oportunidad para acumular nuevos capitales a través del lavado y del mayor flujo de dinero que se movía en las regiones. Quienes se adaptaron a las nuevas circunstancias no sólo pudieron sortear a los sectores emergentes y enriquecerse en una nueva escala, sino que también pudieron aprovechar las circunstancias para ganar capacidad de intermediación frente al Estado central (Duncan 2014). Por eso no hubo dilución total en regiones con mediana acumulación, sino dilución parcial. La riqueza de las oligarquías tradicionales continuó teniendo peso en el nivel regional, toda vez que muchas de ellas supieron articular sus negocios con los cambios acontecidos.

Los cambios institucionales introducidos por el narcotráfico y los ejércitos privados no supusieron, por consiguiente, amenazas definitivas a la propiedad de las oligarquías tradicionales. La usurpación de espacios de poder social estuvo más por los lados de la política. Los oligarcas tradicionales mantuvieron su propiedad pero se encontraron con que no podían ejercer con la misma influencia de antes el poder de los cargos del Estado, liderar los partidos políticos e imponer las instituciones que regulaban las sociedades locales. Y si bien a largo plazo el capital y la violencia del narcotráfico condujeron a la parapolítica, un entramado de alianzas entre sectores tradicionales y emergentes de la política con paramilitares, su alcance no puede interpretarse como la imposición hegemónica de un nuevo sector social. Casos como el de Santa Marta muestran que la emergencia de una oligarquía ligada al paramilitarismo que llegó a refundar la patria55 es una interpretación exagerada de ciertos eventos que, aunque escandalosos, caricaturizan la dinámica política y social ocurrida.

En realidad, la pérdida de poder de las oligarquías tradicionales sobre los cargos estatales y los partidos políticos venía de antes de la irrupción del narcotráfico (Gutiérrez 2007). Ya durante el Frente Nacional los políticos profesionales de las regiones habían logrado obtener suficiente independencia de los ricos locales al disponer de un nuevo flujo de transferencias del nivel central. Surgieron los grandes barones electorales, que eran un poder paralelo a las oligarquías tradicionales. El clientelismo y la corrupción crecieron a medida que aumentaban los recursos estatales. El dinero de las oligarquías de siempre no era una garantía ahora para controlar las aspiraciones burocráticas de los políticos profesionales. Esta pérdida de control se profundizó desde la segunda mitad de los ochenta con la introducción de la elección popular de alcaldes y gobernadores y la descentralización. Las microempresas electorales y las redes clientelistas de pequeños políticos profesionales ganaron independencia al disponer de recursos por ley, sin necesidad de mediación (Pizarro 2002).

Fue en ese contexto donde el narcotráfico hizo su entrada. Los narcotraficantes como nuevas oligarquías financiaron la política e hicieron uso de la violencia privada, al punto que alteraron las instituciones que en la práctica gobernaban ciertas regiones. Dado que no sólo sus propiedades dependían de su incidencia sobre estas instituciones, sino también su propia libertad y supervivencia, los narcotraficantes tenían fuertes incentivos para intervenir en las campañas electorales. Pero de ningún modo, la irrupción de los narcotraficantes significó una dilución total de las antiguas oligarquías. La evidencia presentada a lo largo de este artículo muestra, por el contrario, que lograron preservar suficiente riqueza para mantener su condición de oligarcas. Por consiguiente, no fue que se cambiaran las cosas en parte o en su totalidad para que todo siguiera igual. Hubo cambios y las instituciones no siguieron siendo las mismas, en particular en las regiones, pero no llegaron a ser, como sostienen muchos analistas, cambios estructurales de las clases dominantes. (ver tabla 2), (ver tabla 3), (ver tabla 4)

Tabla 2 Representación en el Congreso de familias oligárquicas del departamento de Magdalena y adscripción a partidos políticos y sus casas presidenciales, 1974-1990 

Periodo Partido Liberal Partido Conservador
Díaz-Granados (fracción llerista y posteriormente galanista) Vives (fracción turbayista y posteriormente samperista) Campo (fracción ospinista y posteriormente pastranista) Escobar (fracción laureanista y posteriormente alvarista)
Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara
Elecciones 1974 José Díaz-Granados Alzamora (25.787 votos) Ninguno José Ignacio Vives Echeverría (22.747 votos) Edgardo Vives Campo (21.336 votos) Alfonso Campo Murcia (18.414 votos) Ninguno Hugo Escobar Sierra (24.352 votos) Ninguno
Elecciones 1978 José Díaz-Granados Alzamora (21.555 votos) Ninguno José Ignacio Vives Echeverría (21.330 votos) Edgardo Vives Campo (21.748 votos) Alfonso Campo Murcia (27.273 votos) Ninguno Hugo Escobar Sierra (25.154 votos) Ninguno
Elecciones 1986 José Díaz-Granados Alzamora (39.004 votos) Ninguno Edgardo Vives Campo (55.358 votos) Juan Carlos Vives Menotti (66.245 votos) Ninguno Jacobo Mariano Méndez Campo (26.838 votos) Hugo Escobar Sierra (36.801 votos) Ninguno
Elecciones 1990 José Díaz-Granados Alzamora (44.629 votos) Ninguno Edgardo Vives Campo (57.072 votos) Juan Carlos Vives Menotti (52.552 votos) Ninguno Alfonso Antonio Campo Escobar (21.634 votos) Hugo Escobar Sierra (46.041 votos) Ninguno

Fuente: adaptación propia a partir de: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso No. 2007-82791, 31 de julio de 2015, M. P. Dr. Eduardo Castellanos Roso, página 680.

Tabla 3 Perfil de los políticos que fueron apoyados por el Bloque Norte para ganar elecciones de Congreso, gobernación del Magdalena y alcaldía de Santa Marta 

Nombre del político Cargo que ocupó Perfil
José Domingo Dávila Armenta Gobernación, 2001-2003 Oligarca tradicional*
Alfonso Campo Escobar Cámara de Representantes, 2002-2006 Oligarca tradicional*
Luis Eduardo Vives Lacouture Senado, 2002-2006 Oligarca tradicional*
José Gamarra Sierra Cámara de Representantes, 2002-2006 Terrateniente
Salomón Saade Cámara de Representantes, 2002-2006 Terrateniente
Fuad Rapag Mattar Asamblea, 2003-2007, y Senado, 2006-2010 Terrateniente
Trino Luna Correa Gobernación, 2003-2007 Terrateniente
Jorge Caballero Cámara de Representantes, 2002-2006 Político profesional**
Karelly Lara Vence Cámara de Representantes, 2006-2010 Político profesional**
Rodrigo Roncallo Fandiño Cámara de Representantes, 2006-2010 Político profesional**
José Francisco Zúñiga Riascos Alcaldía de Santa Marta, 2003-2007 Político profesional**
Dieb Maloof Senado, 2002-2006 Médico

Fuente: elaboración de los autores a partir de estudio realizado por Velasco (2014). Nota: * oligarca tradicional hace alusión a miembros de las familias tradicionales que concentraban la riqueza material y desde allí influenciaban las instituciones de gobierno; ** político profesional son aquellos especialistas en las elecciones y en el manejo de las decisiones y los cargos de gobierno.

Tabla 4 Oligarcas de Muzo que fueron beneficiarios en la adjudicación de contratos para la explotación de minas de esmeraldas 

Mina Empresa Principales beneficiarios
Coscuez Esmeracol Francisco Vargas, Darío Pachón, Julio Silva, Benito Méndez, Pablo Salcedo
Muzo Sociedad Minera Boyacense (posteriormente Tecminas) Gilberto Molina, Víctor Carranza y Juan Beetar
Peñas Blancas Coexminas Gilberto Molina, Víctor Carranza y Juan Beetar (entre otros, como la familia Quintero Morales)

Fuente: elaboración de los autores a partir de las entrevistas realizadas al presidente de Fedesmeraldas y al gerente de Coexminas.

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CÓMO CITAR: Velasco, Juan David, Gustavo Duncan y Felipe Lopera. 2018. “Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo”. Colombia Internacional (95): 167-201. https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.07

*El artículo fue elaborado por los autores con financiación propia. Las opiniones expresadas son personales y no reflejan la posición de la institución a la que pertenecen.

1Este artículo contó con la asistencia de investigación de las politólogas Vanessa Clavijo, Karen Molina, Paula Angélica Muñoz y Mónica del Pilar Burgos.

2La justicia colombiana ha documentado varias reuniones entre políticos y jefes paramilitares para definir candidaturas al Congreso, las gobernaciones y las alcaldías. La más famosa es la del Pacto de Ralito, en la cual se popularizó la idea de la “refundación de la patria”.

3Jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2005.

4Ver Ocampo (2014), en Córdoba.

5Para rastrear a los individuos que concentran la riqueza en Colombia se utilizó información proveniente de la revista Semana (22 al 29 de mayo de 2016) sobre las 1.000 empresas más importantes del país (se consultó la página web de ellas para relacionar sus propietarios).

6Para evaluar si un oligarca estaba en capacidad de incidir en las decisiones estatales se utilizaron estadísticas electorales y los archivos de la Registraduría Nacional. Asimismo, se consultaron diferentes trabajos que muestran cómo ha sido la composición de los gabinetes ministeriales y las gobernaciones durante el siglo XX (ver Echeverry 1987; Restrepo 2011; Vázquez Carrizosa 1983).

7El surgimiento del narcotráfico y el paramilitarismo se puede reseñar a mediados de los años setenta del siglo XX (Henderson 2012). Por ende, se consideró como “oligarquía tradicional” al grupo de individuos que hicieron y concentraron la riqueza de la sociedad colombiana antes de la década del setenta.

8Los autores agradecen a la politóloga Karen Molina, quien facilitó la realización de las entrevistas.

9De hecho, estudios han mostrado que en los setenta y ochenta, Bernardo Guerra Serna llegó a disponer del 80% de la burocracia de Antioquia (Ocampo 1998).

10Un ejemplo del poder económico de los empresarios antioqueños frente a los narcotraficantes es que fueron capaces de neutralizar todas las iniciativas de los grandes capos por acceder a paquetes accionarios.

11Grupo paramilitar, conformado por narcotraficantes y financiados por el cartel de Cali.

12Alcalde de Medellín de 2004 a 2007 y gobernador de Antioquia de 2012 a 2015.

13Gobernador de Antioquia de 2004 a 2007 y alcalde de Medellín de 2012 a 2015.

14A la fecha, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a los siguientes políticos antioqueños por vínculos con grupos paramilitares: Humberto Builes Correa, Ramón Antonio Valencia y Rubén Darío Quintero y Mario Uribe Escobar.

15Las pruebas sobre los vínculos de Suárez Mira con el paramilitarismo provienen de una votación atípica en la zona ganadera (y no bananera) de Urabá durante los comicios de Congreso en 2002. Al respecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso con Radicado No. 27267, Bogotá, 24 de julio de 2013.

16Municipio de Antioquia que hace parte de la zona metropolitana de Medellín.

17Dentro de las 100 compañías más grandes de Colombia que pertenecen a las familias oligárquicas de Antioquia figuran: Bancolombia, Argos, Nutresa, ISA, Alkosto, Grupo Familia, Sura, Colombina, Fabricato, Coltejer, Doria, entre otras. Ver: Semana (22 de mayo de 2016, “Las 100 empresas más grandes de Colombia y las 900 siguientes”).

18Durante el gobierno del presidente liberal Eduardo Santos, José Benito Vives fue nombrado gobernador del Magdalena a finales de los años treinta.

19Por ejemplo, José Domingo Dávila Pumarejo, hijo de Manuel Dávila Mejía, fue uno de los pioneros de la Empresa de Energía de Bogotá. Véase: Universidad Externado de Colombia y Empresa de Energía de Bogotá (2000, 17-19).

20En 1958, Pepe Vives de Andréis fundó el periódico El Informador.

21Reyes de la bonanza marimbera en el país.

22Conocido como alias “el Patrón”, fue jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC.

23Jefe de las Águilas Negras del Magdalena, grupo que surge como resultado de las fallas del proceso de desmovilización de las AUC.

24Consultar: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (Proceso No. 2007-82791, 31 de julio de 2015, páginas 577 a 586).

25Varias decisiones judiciales destacan que Hernán Giraldo Serna permitió a políticos experimentados del departamento realizar campaña electoral y entablar relaciones con presidentes de Juntas de Acción Comunal en épocas preelectorales (por ejemplo, Enrique Caballero Aduén y Jorge Caballero). Ver al respecto: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (Proceso de Extradición No. 24187).

26A consecuencia del diseño institucional del Frente Nacional (alternancia en el poder y paridad en la distribución de cargos burocráticos), los partidos tradicionales se dividieron en facciones. La competencia electoral se trasladó al interior de estos (Hartlyn 1993; Gutiérrez 2007).

27Un análisis detallado de este fenómeno se encuentra en: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso No. 2007-82791 (31 de julio de 2015: páginas 681-683).

28La proliferación de nuevas agrupaciones electoralistas durante los años noventa ha sido concebida de diferentes maneras por los politólogos. Algunos, como Eduardo Pizarro Leongómez, las llaman “el fenómeno de las microempresas electorales”, y otros, como Dávila y Delgado (2001) las denominan “clientelismo de mercado”.

29La prestación de los servicios de luz, agua y gas por parte de los operadores privados arrebató a los políticos la posibilidad de ofrecer tales recursos a su base de votantes.

30En el Congreso, con Nacho Vives Echavarría, Juan Carlos Vives Menotti o José Joaquín Vives Pérez, y en la alcaldía de Santa Marta con Edgardo Vives Campo (alcalde electo en 1994). En la gobernación del Magdalena, el grupo Mayorías Liberales participó en la coalición del exgobernador Jorge Caballero e hizo alianzas a la Cámara, principalmente con Darío Saravia Gómez.

31La Corte Suprema de Justicia condenó a los congresistas del Magdalena Darío Saravia Gómez y Armando Pomárico Ramos, quienes eran aliados importantes de los Vives. Véase al respecto: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 17089 (única instancia), Bogotá, 10 de agosto de 2005, M. P. Dr. Edgar Lombana Trujillo.

32Fue presidente del Partido de La U, fundado en 2005, y ministro de Comercio, Industria y Turismo del primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014).

33Fue representante a la Cámara por el departamento del Magdalena.

34Fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

35Difícilmente, Sergio Díaz-Granados Guida ocupó la última curul a la Cámara en el departamento de Magdalena en los comicios de 2002. Por su parte, Vives Pérez, a pesar de haber sido congresista en los noventa, “se quemó”. Y Escobar Araujo, al no disponer de condiciones justas para desarrollar su campaña electoral, decidió renunciar a su aspiración.

36Durante doce años ocupó una curul en la Cámara de Representantes, y posteriormente fue senador de la República (2002-2006).

37Excongresista por el departamento del Magdalena.

38Bisnieto del expresidente del Estado Soberano de Magdalena José María Campo Serrano e hijo del exsenador Alfonso Campo Murcia.

39Exgobernador del departamento del Magdalena, condenado en 2011 por parapolítica.

40Exgobernador del departamento del Magdalena, destituido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación por sus vínculos con el paramilitarismo.

41Aunque no se puede desconocer que Rodrigo Tovar Pupo expresó su sesgo antioligárquico cuando bloqueó las candidaturas de hijos de exministros que militaron en el llerismo (Díaz-Granados) y el alvarismo (Escobar Araújo). Ver anexo 1.

42La familia de Pablo Orjuela fue desplazada del municipio de Villagómez (Cundinamarca); la familia de Isauro y Olmedo Murcia, y los parientes de Parmenio Molina fueron desplazados del municipio de Paime (Cundinamarca). Entrevista a Jaime Murcia, realizada el 2 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

43Entrevista a Miller Molina, realizada el 30 de abril de 2016 en Bogotá, Colombia.

44La ruptura de Humberto Ariza con los oligarcas esmeralderos de Muzo se corresponde con el comportamiento que tuvo anteriormente su tío Efraín González, quien después de estar subordinado a las élites conservadoras se independizó (Sánchez y Meertens 1983; Steiner 2006).

45De hecho, Juan Beetar era íntimo amigo del presidente conservador Misael Pastrana Borrero. Entrevista a Edwin Molina, gerente de Coexminas e hijo de Gilberto Molina, realizada el 10 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

46Entrevista a Hollman Carranza, propietario de títulos mineros en Muzo e hijo de Víctor Carranza, realizada el 4 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

47Este último conocido como el “rey de las esmeraldas”.

48Entrevista a Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, realizada el 6 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

49Entrevista con abogado de Víctor Carranza, que pidió reserva de su nombre, realizada el 4 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

50Entrevista a Edwin Molina, gerente de Coexminas e hijo de Gilberto Molina, realizada el 10 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

51Entrevista a Emilse Guzmán, líder comunitaria de la zona esmeraldera de Coscuez, realizada el 7 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

52Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso con Radicado No. 2004-00019, 1 de septiembre de 2014, M.P. Eduardo Castellanos Roso.

53Entrevista a Hollman Carranza, propietario de títulos mineros en Muzo e hijo de Víctor Carranza, realizada el 4 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia.

54Ver al respecto: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso con Radicado No. 2004-00019, 1 de septiembre de 2014, M. P. Eduardo Castellanos Roso.

55Como lo consideraron en su momento López (2010), Garay, Salcedo y De León (2010) y Valencia (2007).

Recibido: 15 de Enero de 2018; Aprobado: 14 de Mayo de 2018

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