a. El Parque AFIW

El Parque AFIW fue creado en 2002 con el fin de proteger un área de la cordillera Oriental, ubicada en la zona sur del departamento de Caquetá, en los municipios de San José del Fragua (San José) y Belén de los Andaquíes (Belén). Estos dos municipios son diferentes, a pesar de que son vecinos, están en el sur del piedemonte caqueteño y comparten una tradición política conservadora (^{Ciro 2016}). Belén es un eje de desarrollo, es menos rural, tiene una colonización de finales del siglo XIX y su historia oficial recuerda al pueblo andaquí. San José, por su parte, está menos desarrollado, es más rural, tiene una colonización más reciente, y allí se habla más del pueblo inga, que del andaquí (^{Balcázar 1995}).

El Parque AFIW hace parte de un corredor biológico compuesto por los parques Cueva de los Guácharos y Serranía de los Churumbelos Auka Wasi (ver el mapa 1). Sus pendientes escarpadas son poco idóneas para la producción agropecuaria y poco rentables para la extracción de madera, lo cual explica en buena medida su buen estado de conservación (^{Busch y Ferretti-Gallon 2017}; ^{Geist y Lambin 2002}).

Fuente: Cuencas estudiadas (TANDA, 2001), transecto Humboldt (Instituto Humboldt y TANDA, 2001), polígono inicial 1/02/02 (ministerio del Medio Ambiente, UAESPNN, & TANDA, 2002), Parque AFIW 25/02/02 (SIAC), centros poblados (DANE), resguardo, vías y curvas de nivel (IGAC). Elaborado por Nicolás Herrera Vargas y Javier Revelo Rebolledo.

Mapa 1 Ubicación geográfica y estudios previos a la declaratoria del Parque AFIW 

En esta zona de transición entre los Andes y la Amazonia nacen varios de los ríos que desembocan en el río Caquetá, afluente del río Amazonas. El área es una de las más biodiversas del mundo y su nombre, Indi Wasi (La Casa del Sol), recuerda el importante papel del pueblo inga en su declaratoria. Al mismo tiempo, el Parque AFIW está muy cerca del piedemonte amazónico, una zona donde la frontera agrícola se expande con velocidad (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 2018). Actualmente, la tala de bosques para introducir tanto potreros como cultivos de coca es el problema ambiental más serio en el área (Parque AFIW 2012).⁽²⁾

Esta zona ha sido afectada por el conflicto armado, primero, como resultado de la confrontación entre el Estado y las guerrillas, y, segundo, con la entrada de los grupos paramilitares a mediados de la década de los noventa (^{Balcázar 1995}).⁽³⁾ El proceso que llevó a la declaratoria del Parque AFIW y sus primeros años de vida (1998-2005) ocurrió en medio de una dura confrontación armada. Los entrevistados coinciden al afirmar que, en esos años, los paramilitares lograron una mayor influencia en el norte (desde el casco urbano de San José hasta Belén); las FARC siempre fueron más fuertes en el sur; la zona entre los ríos Yurayaco y Fragüita funcionaba como una frontera entre las zonas de influencia de los grupos armados; y las FARC conservaron un poder importante en las áreas rurales y selváticas del sur y del norte.

A diferencia de otros parques con situaciones de UOT (UAESPNN 2016), las fincas dentro del Parque AFIW o que colindan con él son pequeñas, lo cual sugiere que la frontera agropecuaria, al menos en este caso, no se expande como resultado del acaparamiento masivo de tierras. El análisis de coberturas muestra que la transformación del área es lenta y que ocurre en pequeñas cantidades: es promovida principalmente por colonos sin tierra que se dedican al cultivo de coca (Parque AFIW 2012).

b. El marco institucional de los parques naturales en Colombia

Los parques naturales son una figura de protección ambiental, mediante la cual una porción del territorio se vuelve inalienable, imprescriptible e inembargable. Su poder jurídico descansa en un régimen de prohibición, según el cual, se proscribe un extenso catálogo de actividades, desde talar, cultivar, extraer minerales o hidrocarburos, arrojar basuras, cazar, pescar, prender fuego, hasta hacer ruido, transitar con vehículos por fuera del horario establecido, tomar fotos y participar en reuniones no autorizadas.⁽⁴⁾ Este estricto régimen de prohibición viene acompañado de un catálogo de sanciones, de unos mecanismos de control y de una burocracia encargada de hacerlo cumplir: la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), también conocida como la Unidad de Parques (Decreto 622, 1977; Ley 1333, 2009).

En el proceso que lleva a la declaratoria de un parque es necesario determinar claramente los linderos que lo delimitan. Por ejemplo, como muestra el mapa 1, en el costado oriental del Parque AFIW, ese lindero coincide con los 900 m s. n. m. Los linderos son importantes porque el régimen de prohibición sólo aplica dentro del parque. Afuera del parque, las normas son diferentes, y las Corporaciones Autónomas Regionales son, en teoría, las encargadas de su manejo.⁽⁵⁾

Durante varias décadas se pensó que la única forma de conservar un parque era garantizando que estuviese desocupado (el modelo Yellowstone). El poblamiento dentro de estas áreas era desconocido o abiertamente perseguido. Las relaciones entre las entidades a cargo de las áreas protegidas y los habitantes locales solían ser muy conflictivas (^{Leal 2017}). Sin embargo, a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo siglo, se empezó a aceptar -en Colombia y el mundo- que era necesario administrar los parques con la gente y promover la participación social (UAESPNN 2001). En el marco de esta política, la Unidad de Parques ha trabajado con grupos étnicos, y principalmente con pueblos indígenas porque la ley permite los “traslapes” entre parques naturales y resguardos indígenas (Decreto 622 de 1977, art. 7).⁽⁶⁾ El trabajo con campesinos, aunque también ocurre, es menos común: la ley establece que estas ocupaciones son ilegales si se dieron después de la declaratoria del parque.⁽⁷⁾ La ley entonces clasifica como guardianes ecológicos o amenazas ecológicas a quienes habitan los parques naturales.⁽⁸⁾

a. El acuerdo político y la legibilidad

El interés de crear un parque en la zona del alto Fragua facilitó la convergencia de intereses entre el Estado y el pueblo inga alrededor de la legibilidad. En cuatro años, desde que se iniciaron las gestiones formales y se declaró el parque (1998-2002), la situación de legibilidad indiferente se transformó en una legibilidad convergente, pero sólo frente al pueblo inga. La legibilidad inicial persistió frente a los campesinos y a los otros pueblos indígenas de la región.

A finales de la década de los noventa confluyeron distintos intereses en la protección del alto Fragua. Entre 1996 y 1998, el equipo del parque Cueva de los Guácharos propuso la ampliación de este parque, luego de confirmar que el guácharo, un ave emblemática de Colombia, solía atravesar por las noches la cordillera en busca de alimento (entrevista 1). Al mismo tiempo, los taitas de varios pueblos indígenas amazónicos venían promoviendo iniciativas aisladas para la protección de plantas como el yagé y, principalmente, el yoco (^{Zuluaga 2004}). Con este fin, y el acompañamiento del Amazon Conservation Team, que en Colombia era el Instituto de Etnobiología, los taitas se reunieron por primera vez en junio de 1999 en Yurayaco (San José).⁽¹²⁾ La promotora del evento fue la Organización Inganos del Sur de Colombia, que reúne a cinco cabildos del sur de Caquetá, y que en 2000 fue reconocida por el Ministerio del Interior con el nombre de Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna (TANDA) (resolución 66, 2000). En esa época, el pueblo inga acababa de definir un Plan de Vida que, bajo la idea de que “el indio sin tierra, está muerto”, buscaba el reconocimiento estatal de sus territorios ancestrales (TANDA 2001, 3). Con el acompañamiento del Instituto de Etnobiología, TANDA conformó un comité territorial que pronto identificó la importancia de la cordillera.

Delegados de TANDA y del Instituto de Etnobiología se acercaron al director de la Unidad de Parques, con quien los unía una amistad personal (entrevistas 1, 2, 3), y de ahí surgió el acuerdo político fundamental que impulsó la declaración del Parque AFIW. En 1999, durante un evento de la Alianza Ambiental por Colombia (Cartagena), estas tres organizaciones firmaron un convenio para establecer “un área especial de manejo compartido”, que además contaba con el apoyo de los médicos indígenas yageceros. El entusiasmo era grande porque, en el marco de la política de “parques con la gente”, esta área protegida se convertiría en el primer parque creado con la participación de los pueblos indígenas.⁽¹³⁾ Con menos detalles, la historia oficial suele terminar aquí (UAESPNN Patrimonio Natural y Paisajes de Conservación 2012).

Sin embargo, esta historia oficial no refleja la complejidad del proceso que llevó a la declaratoria del parque. Como la ley exige que se justifiquen la importancia biológica y el buen estado de conservación del área, los interesados en la creación del Parque AFIW empezaron a liderar una serie de estudios de tipo biológico y cultural (^{Luque & Valenzuela 2001}). Desde el inicio se acordó que los estudios se basarían en un diálogo intercultural que combinara el conocimiento ancestral inga con el conocimiento occidental del Estado (^{Mayr 2002}, 83).

Los primeros estudios fueron liderados por el comité territorial de TANDA, que impulsó cinco expediciones para identificar, entre otros, la presencia de animales, plantas medicinales, árboles maderables, palmas, frutales y sitios sagrados. Dicen sus participantes que la toma de yagé se convirtió en la metodología de estas expediciones (entrevistas 1, 2, 3, 4). Caminaron cuesta arriba por las cuencas de los ríos Yurayaco (marzo de 2000), Fragua Grande (mayo de 2000), Fragüita (noviembre de 2000) y Zabaleta (mayo de 2001). Con un GPS marcaron y caracterizaron los lugares por encima de los 900 metros. Dice el informe que “a una altura de 900 m s. n. m., se reportan especies que ya no es posible encontrar en las partes bajas” (TANDA 2001, 15). Solamente uno de los participantes de estas expediciones no era del pueblo inga, sino del Instituto de Etnobiología, que TANDA aceptó en el grupo gracias a la amistad del director del Instituto con los taitas (entrevistas 3, 4).

El mapa 1 muestra la ubicación de las cuencas estudiadas y permite concluir, como lo confirmaron todos los entrevistados, que los estudios se centraron al sur de Yurayaco. Las cuencas de los ríos Fragua Chorroso, Sarabando, San Pedro, Bodoquerito y Pescado poco fueron estudiadas. La única excepción fue una expedición que se hizo por la parte alta de la cordillera y que partió desde el Parque Cueva de los Guácharos (mayo de 2001). Si bien el objetivo inicial era llegar a San José bajando por el río Fragua Chorroso, las dificultades del terreno los obligaron a bajar por el río Pescado, viaje en el cual notaron que el área también estaba bien conservada (entrevistas 1, 3, 4). A esta expedición se sumó el Estado, en cabeza de un funcionario público del Parque Cueva de los Guácharos. Este hecho es importante porque hasta ese momento las expediciones habían sido lideradas por delegados de TANDA y del Instituto de Etnobiología (sin la participación del Estado); y porque las relaciones entre sociedad civil y Estado en la zona, como resultado del conflicto armado, estaban bastante fracturadas. TANDA también aceptó la participación de este funcionario de parques, gracias a la relación personal de los taitas con el director de la Unidad de Parques (entrevistas 2, 4).

De estas expediciones resultó un documento que resumía los hallazgos de estas expediciones, el cual era necesario para el reconocimiento del “Área Protegida-Resguardo”, como se decía en aquella época. Este informe sintetiza, por primera vez, las conclusiones centrales que facilitaron la declaratoria del parque: la zona está conservada y deshabitada por encima de los 900 metros; y el pueblo inga tiene un vínculo ancestral con el territorio no reconocido por el Estado (TANDA 2001). De forma paralela, TANDA le solicitó al Instituto Humboldt que hiciera el respectivo estudio del área. Entre 2000 y 2001, varios profesionales del Instituto Humboldt -biólogos, ornitólogos y botánicos- llevaron a cabo la primera caracterización biológica y cartográfica del área, en un esfuerzo taxonómico sin precedentes, estudiando tanto el estado del bosque como la diversidad de especies de plantas, aves, mariposas y hormigas.

El estado del bosque fue caracterizado a partir de una imagen satelital de 1989, que permitió elaborar un mapa de coberturas a escala grande (Instituto Humboldt y TANDA 2001). La caracterización biológica fue diferente porque para ello se efectuó una salida de campo de quince días (septiembre de 2000). El equipo de profesionales del Instituto Humboldt se dirigió con los delegados de TANDA a la cuenca del río Yurayaco y realizó un muestreo por transecto (línea recta) entre los 900 y 1.400 metros (mapa 1). El muestreo no sólo asumió la cota de los 900 metros, sino que visitó por segunda vez la cuenca del río Yurayaco. El informe final, suscrito por el Instituto Humboldt y TANDA (2001, 13), concluye que el bosque estaba conservado por encima de los 1.000 metros y que la región era una de las más biodiversas de Colombia. El argumento según el cual la zona estaba conservada, deshabitada y era biodiversa, ahora contaba con el respaldo de una entidad especializada.

b. Los efectos políticos de los estudios

Después de los estudios, la Unidad de Parques y TANDA acordaron que el área sería protegida mediante la figura de parques naturales.⁽¹⁴⁾ Al poco tiempo se adelantó un proceso de consulta previa con el pueblo inga, que contó con delegados de los ministerios del Medio Ambiente e Interior (noviembre de 2001).⁽¹⁵⁾ Después de la consulta, el proceso fue menos participativo. El primero de febrero de 2002, el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Parques y TANDA entregaron la propuesta del parque a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el fin de que diera el concepto que exige la ley. La propuesta tenía cinco mapas del área, y ninguno de ellos incluía a la zona norte ni colindaba con la Cueva de los Guácharos. El polígono asumía el lindero de los 900 m s. n. m., pero terminaba en la frontera entre los municipios de San José y Belén (mapa 1). La forma inicial del parque era entonces más congruente con las expediciones, que en su mayoría se hicieron al sur de Yurayaco.

Esta propuesta planteó que la creación del parque era conveniente, gracias a la diversidad natural, la complementariedad con la Cueva de los Guácharos, la diversidad cultural y los bienes y servicios ambientales que podía prestar el área. En relación con la diversidad cultural, la propuesta argumenta, a partir de entrevistas a los líderes del pueblo inga y literatura secundaria, que el pueblo inga tenía un vínculo ancestral con el territorio porque descendía de los pueblos originarios de la región. Según la propuesta, “clanes sibundoyes, mocoas, andakies, limoneños, yunguileños, cundaguieses, de la bota caucana y fraguieños se reconstituyeron como un solo grupo homogéneo ante la mirada nacional: el pueblo inga” (Ministerio del Medio Ambiente, UAESPNN y TANDA 2002, 14). La propuesta también dice que “los actuales inganos son el resultado de una reconfiguración étnica entre indígenas y mocoas (habitantes del río Mocoa) y andakies, quienes al verse derrotados en la estrategia militar, adoptaron una estrategia de adaptación a las misiones y adoptaron la lengua quechua o inga que actualmente emplean” (Ministerio del Medio Ambiente et al. 2002, 17).

Al reconocer esta relación ancestral se aceptaba la existencia de un traslape espiritual e invisible entre el territorio y el pueblo inga que no había sido reconocido por el Estado. Con este reconocimiento, el pueblo inga daba un paso adicional en la defensa de territorios que reclamaba como suyos (entrevistas 2, 4), y la Unidad de Parques se llenaba de argumentos para sostener que, por primera vez, la declaratoria del parque no era el resultado de la imposición, sino de una demanda social (^{Luque y Valenzuela 2001}).

Una vez recibido el concepto favorable de la Academia, y cinco días después del fracaso del proceso de paz del Caguán entre el Gobierno colombiano y las FARC (25 de febrero de 2002), el ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, dio vida al Parque AFIW (resolución 0198, 2002). La resolución no sólo resumió el discurso que justificó la declaratoria del parque, sino que estableció un régimen piloto de administración compartida entre la Unidad de Parques y TANDA (Mayr 2002, 86). La resolución obliga, por ejemplo, a “incorporar los códigos culturales y chamánicos en el régimen de ordenamiento […] de tal forma que integre la cosmovisión indígena y el manejo del territorio” (Resolución 0198, 2002, art. 4).

Interculturalidad, manejo compartido y diversidad cultural eran los conceptos de la época, los cuales sirvieron para presentar la experiencia del Parque AFIW a nivel internacional (World Parks Congress 2003). Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que, entre el concepto de la Academia y la firma de la resolución (menos de un mes), se amplió el polígono del parque hasta el río Pescado al norte, incluyendo una zona que poco había sido estudiada y que estaba alejada de Yurayaco, el epicentro del pueblo inga (mapa 1).

Esta historia puede ser leída a la luz de los tipos de legibilidad. Entre 1998 y 2002, el Estado colombiano aumentó la legibilidad del alto Fragua, gracias a que varios actores (TANDA, el Instituto de Etnobiología, la Unión de Médicos Yageceros, la Unidad de Parques y el Instituto Humboldt) estaban interesados en la creación del parque. La convergencia de intereses alrededor de la legibilidad, posible gracias a las relaciones de amistad entre los directores de estas organizaciones, permitió adelantar una serie de estudios, cuyo proceso político es un buen ejemplo de legibilidad convergente. Sin embargo, la legibilidad estatal seguía siendo muy limitada, debido a la ausencia de estudios enfocados en la zona norte y a la falta de inclusión de los campesinos y de los pueblos nasa y embera katío. En la sombra, y para un futuro, quedó el diálogo con ellos, que siguieron siendo poco legibles para el Estado, a pesar de la declaratoria. Decía el ministro de la época que el “verdadero e inmediato reto es el de concientizar a las poblaciones localizadas en las zonas de amortiguación del Parque para que asuman la responsabilidad de participar en su conservación” (^{Mayr 2002}, 87).

a. Socializar y reconocer

En los primeros años después de la declaratoria del parque (2002-2005), un nuevo proceso de legibilidad liderado por funcionarios del recién creado parque permitió conocer no sólo la situación de los campesinos y de los otros pueblos indígenas, sino las limitaciones de los estudios que dieron fundamento a la declaratoria del parque. Esta sección muestra cómo fue el proceso de la legibilidad estatal en los primeros años después de la declaratoria del parque.

Casi un año se demoró el nombramiento del primer director del parque, que tan sólo llegó a San José de forma permanente en enero de 2003. El rompimiento de los diálogos de paz del Caguán y el recrudecimiento de la guerra poco ayudaron, porque las visitas de campo fueron suspendidas (entrevistas 1, 2). Con el paso del tiempo, se fue abriendo la posibilidad de hacer visitas a algunas zonas, nombraron al personal mínimo, arrendaron una oficina y llegaron los equipos básicos para la administración.

El trabajo inicial se encaminó a informar a los habitantes de la zona sobre la existencia del parque y sobre la importancia de conservarlo. Al principio se hicieron algunas reuniones con los gobernantes locales. La Alcaldía de San José se mostró muy preocupada porque el 48% del municipio había quedado dentro del parque (en el caso de Belén, sólo era el 15%). A los campesinos e indígenas de las zonas aledañas se les empezaron a explicar sus derechos, que, dice un funcionario entrevistado, dentro de un parque son básicamente derechos de “no uso” (entrevista 5). Con ayuda de la cooperación internacional, se implementó un proyecto que contempló la entrega de mercados como “gancho” para incentivar la participación de los pobladores en las reuniones y los trabajos de conservación y restauración.

Los campesinos recibían la noticia del parque con recelo porque creían que los querían sacar a la fuerza. Algunos, dice un exfuncionario entrevistado, los recibieron con machete, amenazaron a los funcionarios y les dijeron que, si intentaban sacarlos, lo resistirían hasta con sus vidas (entrevistas 1, 5). El régimen de prohibición de los parques dificultó al principio el diálogo con los campesinos, que tenían muchos incentivos para permanecer invisibles. Aquí quedó en evidencia el dilema fundamental del trabajo en parques con situaciones de UOT: si se implementan las prohibiciones, se aleja a la gente y se vuelve imposible el trabajo, y si no se implementan las prohibiciones, la gente puede terminar creyendo que los parques son de papel, aunque el trabajo sea más fácil. En el caso del Parque AFIW, las prevenciones de muchos campesinos eran aún mayores porque, como se hablaba de un parque-resguardo, muchos de ellos tenían miedo de que los indígenas les invadieran las tierras (entrevistas 1, 6, 7).

Varios hechos y estrategias ayudaron a atenuar la desconfianza de los campesinos. Además de entregarles mercados, los funcionarios empezaron a explicarles que no iban a expulsarlos y que, llegado el caso, se haría con una relocalización. También ayudó a construir confianza el hecho de que varios de los trabajadores del parque eran y son de la región. Finalmente, ayudó mucho la decisión de “hacerse pasito” y relajar el régimen sancionatorio. Dice en voz baja un funcionario del parque: “muchas de las cosas que hemos hecho han sido valoradas con el tiempo, pero al principio nos han criticado mucho” (entrevista 6). En varias oportunidades escuché a los funcionarios cuestionar a los “jurídicos de Bogotá”, que llegan a exigir que se apliquen las sanciones sin saber cómo hacerlo. Al principio, la simple sospecha de que el parque estaba ocupado fue mal recibida a nivel central, porque implicaba aceptar que el proceso de creación del parque, modelo de participación mundial, tenía muchas limitaciones (entrevistas 1, 5).

Algunos campesinos comenzaron a solicitar en las reuniones que les aclararan si su finca era parte del parque: “me enteré del parque, dice un campesino entrevistado, y les pedí que me dijeran si mi finca estaba adentro o no” (entrevista 7). En esas reuniones iniciales, cuentan los funcionarios con sorpresa, “empezamos a darnos cuenta de que sí había gente por encima de los 900 metros” (entrevista 5). Esto lo intuían porque uno de ellos tenía un reloj personal que también media la altura. En los primeros meses ya se veían tanto las limitaciones del conocimiento que llevó a la declaratoria como el interés estatal de determinar a ciencia cierta si por encima de los 900 m s. n. m., el área estaba deshabitada o no. Poco a poco los intereses en la legibilidad estatal empezaron a concurrir, pero esta vez enfocados en los campesinos y pueblos indígenas que no participaron en la declaratoria del área.

En 2004, la Unidad de Parques puso en marcha un proyecto que buscaba caracterizar las situaciones de UOT en nueve parques e incluyó al Parque AFIW. Este fue el inicio de un largo proceso, que aún hoy continúa, para volver a conocer la zona. Con la asesoría de una ingeniera geógrafa, los funcionarios del parque comenzaron a recorrer las cuencas del área e identificaron a las personas y los predios que estaban cerca, traslapados o en el parque. Como no tenían GPS, la localización se hacía coloreando en un mapa (entrevista 5). De esta forma, se logró confirmar la sospecha inicial, según la cual, el parque estaba ocupado por encima de los 900 m s. n. m. El informe inicial identificó la presencia de 62 familias dentro del parque, aunque se necesitarían siete años más para determinar su situación legal y su localización específica (UAESPNN et al. 2012, 18).

Además, en estos años se comprobó que, gracias a la ampliación del parque que se efectuó un mes antes de la declaratoria, el resguardo La Esperanza (pueblo nasa) había quedado parcialmente adentro del parque, sin que mediara una consulta previa (mapa 1). Los reclamos de los líderes no se hicieron esperar, lo cual empezó a ser manejado con la implementación de proyectos de restauración y conservación, y argumentando que las ampliaciones de resguardos en los parques sí eran posibles (entrevistas 1, 5, 6). También se confirmó que afuera del parque, pero cerca de él, había otros dos resguardos indígenas (El Portal, del pueblo nasa, y La Cerinda, del pueblo embera katío) que tampoco fueron consultados (Parque AFIW y TANDA 2005).

El trabajo de los funcionarios fue imposible en la zona sur del parque (Zabaleta) porque las FARC no les permitieron entrar. La legibilidad de la población, impulsada por el Estado, comenzó a ser resistida por el grupo guerrillero, que veía con recelo la llegada de cualquier funcionario. Según un funcionario, “los mapas dicen que en la zona de Zabaleta no hay ocupación, pero en realidad no sabemos” (entrevista 6).

Para defenderse de las críticas que cuestionaban el lindero del parque, el Instituto de Etnobiología -con el respaldo de TANDA- impulsó un estudio de coberturas de bosque a partir de imágenes satelitales, que empleó procedimientos científicos de punta para la época. El estudio concluyó que “la cota de los 900 m s. n. m. ha sido adecuada para demarcar el límite máximo al que habían ascendido las fincas para el año de declaración” (^{Sarmiento y Alzate 2004}, 24) y sugirió que las ocupaciones fueron posteriores a la declaratoria del parque porque, según las imágenes satelitales de 2001, el área estaba en buen estado.

Las conclusiones de este estudio no son incompatibles con los hallazgos de los funcionarios en campo. Es cierto que, en comparación con el área total del parque y con la rápida deforestación de las partes bajas (los parámetros de comparación que usa el libro), la conservación del área por encima de los 900 m s. n. m. era buena en 2001. De hecho, con estos mismos parámetros, la situación del parque no ha cambiado mucho (Parque AFIW y TANDA 2005, 15). El hecho de que las ocupaciones hayan sido pocas o que hayan tenido un bajo impacto no quiere decir que fuesen inexistentes.

Este debate muestra un desacuerdo político de fondo. A la par que el recién creado parque descubría a los campesinos y a los pueblos nasa y embera katío, se distanciaba del pueblo inga y del Instituto de Etnobiología. A los problemas de la declaratoria se sumaron otros problemas relacionados con las expectativas que creó la idea de co-manejo. Los líderes de TANDA dicen que los excluyeron (entrevista 4) y los funcionarios plantean que ellos demandaban cosas imposibles de cumplir (entrevista 5, 6). Mientras que los primeros sostienen que la resolución de la declaratoria ha sido desconocida, los segundos sostienen que deben cumplir leyes que están por encima de la resolución.

Este desencuentro también se manifiesta en los cuestionamientos que algunos hacen a la existencia misma de una relación ancestral entre el pueblo inga y el parque. Quienes poco participaron en la declaratoria y algunos exfuncionarios han empezado a dudar del traslape invisible porque, según otros textos históricos, los ingas sólo llegaron a Yurayaco en el siglo XX (^{Balcázar 1995}, 110). Al parecer este tipo de cuestionamientos suelen ser más frecuentes en Belén, que es en donde sólo se recuerda al pueblo andaquí (entrevistas 1, 5). Dadas las limitaciones de este texto, basta con mencionar que algunos han cuestionado las conclusiones que sirvieron para promover la declaratoria del Parque AFIW, incluida la existencia misma de un traslape invisible.

La legibilidad que se consiguió después de los primeros tres años del parque sirvió para evidenciar las limitaciones del diagnóstico inicial y de sus conclusiones principales. La línea de base que se publicó en 2005 permitió identificar a algunas familias campesinas que vivían por encima de los 900 m s. n. m. y a tres resguardos indígenas que no fueron consultados. Esto implicó que el Parque AFIW, resultado de un proceso intercultural impulsado desde abajo, muy pronto dejó de ser un ejemplo mundial de buenas prácticas. Si bien la declaración del parque fue el resultado de un proceso participativo, este no fue un proceso incluyente.⁽¹⁶⁾ Además, la idea de un trabajo en conjunto con el pueblo inga, con el tiempo también se fue desvaneciendo.

b. Legibilidad estatal después de la declaratoria

En retrospectiva, los problemas que enfrentó la declaratoria fueron tanto técnicos como políticos. De la lectura de los documentos oficiales y de las entrevistas, se puede concluir que los funcionarios y los delegados de TANDA hicieron, en buena medida, lo que pudieron con los recursos técnicos que tenían.⁽¹⁷⁾ Sin embargo, también se observa que los problemas de legibilidad también son de tipo político.

Los tipos de legibilidad propuestos antes pueden ser útiles para comprender el proceso que llevó a la declaratoria del parque (1998-2002) y que tuvo altas dosis de demanda social (legibilidad convergente). Sin embargo, como en el proceso solamente participaron delegados del pueblo inga, la legibilidad estatal de los campesinos y de los pueblos nasa y embera katío siguió siendo indiferente. Una vez creada el área, los funcionarios del parque se enfocaron en leer la situación de estos actores mediante la negociación (legibilidad consentida). La convergencia de intereses entre el Estado y la sociedad se mantuvo, pero esta vez incluyó a los otros actores locales.

En términos de legibilidad, el principal problema de la declaratoria del parque no fue el tipo de proceso político que se hizo con el pueblo inga, sino que se asumió que ese proceso era en sí mismo suficiente. Todas las expediciones y todos los muestreos de la época, incluido el que hicieron los profesionales del Instituto Humboldt, se enfocaron en el sur del parque, que es el área mejor conservada (mapa 1).⁽¹⁸⁾ Si se hubiese escuchado más a los distintos actores locales o se hubiesen estudiado otras zonas del área, probablemente las conclusiones habrían sido diferentes. La ampliación del polígono que se hizo a última hora tampoco ayudó.

Pese a todos estos problemas, la legibilidad estatal de la zona aumentó de manera radical entre 1998 y 2005, lo cual no implica desconocer que, sobre todo al sur, las FARC lo impidieron (legibilidad frenada). La tabla 1 presenta de manera sintética la situación de legibilidad antes, durante y después de la declaratoria del parque, según los cuatro tipos de actores en la zona del Parque AFIW.