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Introducción
Los gobernadores(1) en México han tenido grandes capacidades de acción, antes y después de la transición, aunque con diferentes grados de impacto. Durante el periodo en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca alternó en la presidencia (1946-2000), mientras un gobernador garantizara estabilidad y paz pública en su territorio, este tenía amplías potestades en dicho territorio, tales como el manejo del partido a nivel local y la elección de candidatos para el Congreso local. Solo cuando las movilizaciones locales llegaban a tener impacto nacional, el Ejecutivo federal intervenía(2) (Hernández 2008).
Luego de la transición política,(3) los gobernadores obtuvieron mayores capacidades, al menos en dos sentidos. La primera consiste en que, independiente de su fuerza política, ahora un gobernador puede ofrecer “apoyos”(4) al Ejecutivo federal, a cambio de mayor presupuesto. La segunda hace referencia a las limitantes de los gobernadores. Después del año 2000, difícilmente un presidente puede interferir de forma directa en un asunto local,(5) y el control presupuestario ya no es un punto de negociación fuerte, debido al federalismo fiscal.(6)
Estos escenarios nos llevan a preguntarnos ¿cuánto poder han ejercido los gobernadores mexicanos luego del año 2000?, ¿de qué manera podemos establecer que un gobernador es fuerte o débil?, ¿qué indicadores nos pueden reflejar el poder de los gobernadores? En este texto nos centramos en contestar las últimas dos preguntas; dejando la primera para un trabajo independiente posterior; lo anterior, con el fin de centrarnos en la cuestión conceptual.
Ahora bien, en la literatura existen artículos que ya han medido el poder de los ejecutivos locales (Bernick 1979; Beyle y Ferguson 1990; Dilger, Krause y Moffett 1995; González 2013; Schlesinger 1965), pero estos no se han preocupado por conceptualizar qué es el poder del gobernador.(7) Solo la medición de (Gutiérrez 2016) se ha ocupado en alguna medida de esto, pero como veremos, su indicador no contempla la influencia que un gobernador tiene en el espacio federal; aspecto que consideramos relevante y pertinente en la actualidad.
Entonces, nuestra preocupación no solo implica identificar y distinguir el “poder de los gobernadores”, sino, también, la conceptualización de este término. Para realizar esto nos apoyamos en la naturaleza multinivel en la conformación de un concepto (Goertz 2006), a saber: en un primer nivel, se hace referencia al concepto usado como proposición teórica; es decir, el concepto amplio que se pretende trabajar. En un segundo nivel se ahonda en las dimensiones constitutivas del concepto en su nivel primario, es decir, qué hay entre la presencia y ausencia del concepto, además de las magnitudes en las que se puede presentar. Un tercer nivel hace referencia a los indicadores/datos que muestran dichas dimensiones; en otras palabras, la operacionalización ( 8 ) (Goertz 2006, 7).
Basados en lo anterior, proponemos una medición de poder del gobernador en el contexto mexicano. El marco conceptual que planteamos puede replicarse en otras latitudes; no obstante, deberá atender a los contextos del país o unidad subnacional por considerar, ya que ello puede modificar los indicadores y el peso que se les da a estos. Cabe destacar que no nos limitamos a una medición general; también exponemos dos tipologías que distinguen de forma clara la magnitud del poder de los gobernadores.
Lo anterior se explica por las críticas que recibe la existencia de índices generales que acumulan datos (Fortin 2013), ya que pueden obviar el peso de cada uno de los componentes, distorsionando con ello el resultado final. En este texto, los pesos establecidos obedecen al contexto; además, el índice general ayuda a comparar y dimensionar el poder de los gobernadores mexicanos. No obstante, ello no significa que escapemos de la crítica de Fortin; por ende, también exponemos dos tipologías que reflejan la magnitud del poder de los gobernadores.
La primera se centra en los recursos de donde emanan las capacidades que un gobernador tiene (niveles local y federal), y la segunda, en los contextos en que están fundamentadas sus capacidades (formales e informales). La principal aportación de este texto es que el marco conceptual que proponemos permite la construcción del índice general y las tipologías planteadas, sin que estas se contrapongan.
Así pues, el orden de este trabajo es el siguiente: primero establecemos qué entendemos por poder y poder del gobernador de forma abstracta; en segundo lugar, nos concentramos en las dimensiones constitutivas del poder del gobernador considerando la conceptualización establecida; en tercer lugar, realizamos la operacionalización del concepto principal, acorde a los componentes identificados. Por último, presentamos el Índice de Poder del Gobernador (IPG) general y las dos tipologías que nos permiten dimensionar a gobernadores fuertes, medios y débiles en México para el 2015.
1. Poder y poder del gobernador
En este apartado atendemos el nivel primario en la conformación de un concepto que Goertz (2006) propone. Pero antes de identificar qué es el poder del gobernador, empezamos por el concepto en general: ¿qué es el poder? Este término, como muchos en la ciencia política, genera controversia en el momento de su identificación. Por ello, recapitulamos algunas concepciones de varios autores que han hecho un esfuerzo por delimitar el término poder.(9)
Dentro de las muchas inquietudes de (Weber 2014 [1922]), el poder fue una de ellas, quien lo caracterizó como “la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en condiciones de llevar a cabo su propia voluntad a pesar de la resistencia, independientemente de la base sobre la cual repose esta probabilidad” (Weber 2014 [1922], 53). En sus líneas destacamos dos aspectos, por un lado, la existencia de una “relación social”, es decir, debe haber al menos dos individuos, ya que es una característica que se ejerce sobre alguien más. Y ese “alguien más” pierde voluntad propia, debido a las condiciones existentes.
Valdría la pena saber a qué se refería Weber al usar el término “probabilidad”, ya que si es “muy probable”, significaría que un actor tiene poder; si es “poco probable”, significaría lo contrario. No obstante, el término probabilidad hace más alusión a una cuestión de azar, por lo cual consideramos que no es la mejor palabra para caracterizar la presencia de poder.
En el Diccionario de política de Sartori, Stoppino matiza el entendimiento del término. Él considera al poder como “la capacidad o posibilidad de obrar, de producir efectos, y puede ser referida tanto a individuos o grupos humanos como a objetos o fenómenos de la naturaleza”; siendo más específico, señala que “en el sentido social el poder se precisa y se convierte de genérica capacidad de obrar en capacidad del hombre para determinar la conducta del hombre” (Stoppino 1997, 1190).
Es decir, este autor cambia el término “probabilidad” por la “capacidad” que un individuo tiene para ejercer su voluntad sobre otro. Así, el poder se caracteriza por la existencia de ciertas capacidades, y no por la probabilidad de su presencia. Con lo anterior, ya sabemos cómo identificar cuándo alguien ejerce poder; ahora, nos preguntamos: ¿qué hace que un individuo pierda voluntad?, ¿qué denota que eso exista? (Pasquino 2011) retomó la concepción de Weber y atendió tanto el aspecto de la probabilidad (que con Stoppino ya se había considerado) como a las condiciones que hacen que un individuo pierda voluntad frente a otro.
Pasquino nos dice que el concepto poder tiene cuatro elementos constitutivos:
Es relacional: relación entre dos actores, donde uno (A) modifica la conducta de otro u otros (solo B, o además C y D);
Es intencional: cuando A lleva a cabo su voluntad frente a B;
Se basa en recursos; los más comunes son: el mercado (propiedad de medios de producción), la asociación (cuando la voluntad de un individuo se transforma en la voluntad de una organización) y el Estado (uso legítimo de la violencia);
Su magnitud depende de contextos: en contextos informales, los valores, normas y sanciones no están definidos; en los formales lo están. Cuanto más se formalice el contexto y más se constituya por características sistémicas, más predecibles se vuelven las relaciones de poder y, por lo tanto, más manejables (Pasquino 2011, 2013).
En cuanto al primer elemento, como ya lo habíamos mencionado, el poder solo existe cuando hay dos o más individuos; el segundo elemento también lo había considerado (Weber 2014 [1922]): debe existir la intencionalidad de A para ejercer su voluntad, aun cuando esta sea de forma pasiva;(10) en cuanto al tercer elemento, es necesario profundizar, ya que en este aspecto radica que los individuos que no son A pierdan su voluntad.
En el tercer elemento se consideran tres recursos;(11) cuando un individuo (A) hace uso de estos, puede ejercer su voluntad sobre otros individuos (B, C, D, etcétera). Por ejemplo, en lo referente al mercado, el dueño de un medio de producción (A) puede ejercer su voluntad sobre la de sus empleados (B, C, D), mientras estos tengan una relación contractual con él (recurso 1).
Respecto a los medios de asociación (recurso 2), un jefe de familia, un líder de bancada en el Congreso, o un jefe de grupo en un salón de clases, que ha sido elegido por un determinado número de individuos, puede ejercer su voluntad sobre quienes lo eligieron. En cuanto al Estado (recurso 3), esto refiere al uso legítimo de la violencia (Weber 2014 [1922]), que, acorde a sus capacidades, ejecutivos locales y federales pueden ejercer.
Entonces, el hecho de que un individuo A tenga acceso a estos recursos, y los ejerza, se refleja en la cesión de voluntad de un individuo B, C y D. Ahora bien, para que esta cesión persista debe existir algo más que genere que los individuos B, C y D no se rebelen o desobedezcan la voluntad de A; el último elemento aborda este aspecto.
El cuarto elemento nos señala la existencia de contextos que delimitan el poder que un individuo tiene. (Pasquino 2011) distingue dos contextos: el informal, donde las reglas de acción no son claras ni están estipuladas; por lo tanto, tienden a ser arbitrarias; y el formal, donde el ejercicio de acción de un individuo está plenamente delimitado.(12) Así, el dueño de una empresa, el líder de bancada o un jefe en algún departamento administrativo solo puede ejercer su voluntad en lo referente a su empresa, en la votación de su bancada, o en el desempeño de su departamento, respectivamente, dado que están bajo un contexto formal que delimita plenamente su actuar.
Por el contrario, el jefe de familia, o un jefe de grupo en un salón de clases, al no tener un contexto formal, puede caer en arbitrariedades, pues no hay reglas claras, y seguramente estas varían de una familia a otra, o de un salón a otro. Es muy probable que los gobernadores y presidentes se manejen bajo un contexto híbrido, aunque esto dependerá del nivel de institucionalización formal que cada país ejerza, pero en la medida en que estos actores se manejen en contextos informales, más que en formales, hay mayores posibilidades de excesos de su parte.
Ahora bien, derivado de la revisión de estas tres concepciones, podemos establecer que el poder es la capacidad que tiene A para que B (o más actores) lleve a cabo su voluntad, considerando que A tiene recursos (sustentados en normas formales y/o informales) que no le permiten a B (o más actores) actuar de otra manera. Ahora bien, ¿cómo aplica este concepto a un gobernador?
En la literatura existen varios trabajos que miden al poder del gobernador; sin embargo, estos carecen de una conceptualización abstracta, tales como los que desarrollaron (Beyle y Ferguson 1990, Bernick 1979, Dilger, Krause y Moffett 1995, González 2013 y Schlesinger 1965). A diferencia de los anteriores, el trabajo de (Gutiérrez 2016) le da importancia a la conceptualización.
Ella señala que el poder de los gobernadores “son las capacidades por las que el ejecutivo estatal es capaz de hacer valer su voluntad por encima de la de otros actores. Entre estas capacidades se incluyen las administrativas y políticas” (Gutiérrez 2016, 82). Acorde a los elementos constitutivos que establece Pasquino en su definición de poder, el aspecto relacional existe, y la intencionalidad también. Y lo que identifica como capacidades, según nuestra concepción de poder, serían los recursos con que cuenta el gobernador.
Aunque en ningún momento habla acerca de los contextos, los datos que utiliza para su índice (encuestas de expertos) provienen del informal. Tomando en cuenta la conceptualización de (Gutiérrez 2016) y la de poder que establecimos párrafos arriba, pensamos que el poder del gobernador son las capacidades que el Ejecutivo local tiene para hacer valer su voluntad por encima de la de otros actores, considerando que cuenta con los recursos (sustentados por normas formales e informales) que no les permiten a otros actores hacer otra cosa.
La principal diferencia entre el concepto “poder” y el concepto “poder del gobernador” radica en la presencia de los contextos. El poder (en general) contempla muchas arenas, y, dependiendo de estas, podemos saber si están sujetas a contextos formales o informales; por ello, la opción de usar una disyunción o conjunción, según sea el caso. En el poder del gobernador, es totalmente una conjunción, ya que en la conformación de los índices de poder del gobernador se han estimado ambos. En ocasiones, y de forma intencional, solo contemplan a uno u otro; no obstante, una buena medición debe tomar en cuenta ambos contextos.
Para terminar este apartado, es preciso reiterar que los elementos importantes para identificar el “poder del gobernador” son los recursos (de donde emanan las capacidades) y el contexto en que están fundamentados. Recordemos que, en la medida en que prevalezca un contexto informal, es más fácil que se generen arbitrariedades. En el siguiente apartado examinamos los diversos instrumentos que han medido el poder del gobernador considerando la concepción que establecimos.
2. ¿Cómo se constituye el poder del gobernador?
En este apartado, abordaremos lo referente a las dimensiones constitutivas del poder del gobernador. Para ello, repasamos los diversos instrumentos de medición hallados en la literatura para identificar la presencia y ausencia de dicho concepto, es decir, cómo caracterizar a un gobernador fuerte y a uno débil. Basados en ello, señalamos que hay en medio, es decir, la gradualidad. Producto de esto, identificamos cuatro componentes que se focalizan en características específicas de las capacidades de los gobernadores, y que son la base tanto del índice como de las tipologías desarrolladas en el apartado 4.
Así pues, (Schlesinger 1965) fue el primero en proponer un instrumento que mide el poder del gobernador. Basándose en las capacidades que este tiene para influir en la administración estatal, establece que un gobernador fuerte puede reflejarse en su potencial para permanecer un largo tiempo en el puesto; en su poder de designación sobre las cabezas de las principales agencias en su gobierno; en el control sobre la asignación del presupuesto; y en su poder para vetar iniciativas que el Legislativo local aprobó.
Podemos observar que las características que (Schlesinger 1965) identificó se limitan a los recursos formales que se le dan a un individuo cuando este obtiene el puesto de gobernador, pero ¿eso es suficiente para reflejar el poder de un gobernador? No, por ello, el contexto informal, en la medida de lo posible, también debe ser tomado en cuenta. Derivado de lo anterior surgieron nuevas mediciones que le agregaron otros recursos al trabajo de Schlesinger (1965). (Beyle y Ferguson 1990) le añaden la presencia de una autoridad legislativa que cambia el presupuesto y la fuerza de los partidos políticos en la legislatura estatal.
Es decir, un recurso formal (autoridad legislativa) y uno informal (fuerza en la legislatura estatal). El que un gobernador tenga o no fuerza legislativa no depende de él, ni mucho menos de la presencia de disciplina partidaria. No obstante, pueden existir arreglos informales que le permitan al gobernador confiar en la bancada de su partido político. En su trabajo, (Dilger, Krause y Moffett 1995) reflexionan sobre aspectos tales como composición de gabinete, poder de designación y control de presupuesto de (Schlesinger 1965), y les agregan la cantidad de personal que un gobierno emplea y de recursos fiscales de los que los estados(13) disponen.(14)
La potencial oferta de empleo que un gobernador puede ofrecer es un recurso informal y genera una relación de dependencia respecto al personal contratado. Los recursos fiscales son recursos formales si están definidos por algún tipo de fórmula establecida en una ley, pero ¿pueden ser informales?, ¿los gobernadores pueden obtener recursos extraordinarios? Es probable, aunque provienen de otras arenas políticas; ya lo veremos más adelante.
Ahora bien, tanto en el trabajo de (Beyle y Ferguson 1990) como en el de (Dilger, Krause y Moffett 1995) observamos la presencia de contextos informales, es decir, que no están escritos en el rol de un gobernador. No obstante, un documento que aborda en mayor medida contextos informales es el de (Bernick 1979), quien realiza una medición en donde considera atributos que no tienen ningún tipo de regulación, tales como el carisma, su prestigio, el apoyo popular, su habilidad para negociar, entre otros aspectos.
Estos atributos también son importantes para captar de una mejor manera el poder del gobernador; sin embargo, es difícil recabar esos datos,(15) sobre todo si reflexionamos acerca de la necesidad de obtenerlos para un determinado periodo.(16) No obstante, así como al trabajo de Schlesinger le faltan los recursos informales, al de Bernick le faltan los formales.
Otro indicador es el de (González 2013), quien menciona que el poder del gobernador abarca tres dimensiones: poderes institucionales, poderes partidarios e influencia sobre la política federal. A partir de estas dimensiones genera dos subíndices; el primero, sobre el poder institucional del gobernador, que contempla si su poder de veto es total o parcial, si existe la posibilidad de una iniciativa exclusiva, y si tiene poderes de emergencia y de decreto. Es claro que en esta medición contempla el contexto formal.
El segundo subíndice es sobre el poder partidista del gobernador, donde tiene en cuenta el poder del gobernador en sus distritos (acorde al porcentaje de legisladores que son de su partido) y la influencia de los gobernadores en la política federal (son del mismo partido el presidente y el gobernador). A diferencia del subíndice anterior, este considera el contexto informal. Si bien el trabajo de (González 2013) contempla los contextos formal e informal, es otro el aspecto que, desde nuestra perspectiva, lo hace destacar.
Nos referimos a “la influencia que puede tener un gobernador en la política federal”. ¿Puede un gobernador ser poderoso sin tener vínculos con los principales poderes federales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)? Tomemos en cuenta que en un contexto federal, el gobierno estatal es un punto intermedio en la carrera política (de un individuo) que tiene como objetivo un puesto a nivel federal (Schlesinger 1965, 217). Por ello, consideramos que un gobernador echará mano de todos los recursos disponibles para ejercer su voluntad, y las relaciones con la política federal no pueden quedar fuera.
Ahora bien, la medición más reciente sobre el poder del gobernador es la de (Gutiérrez 2016); ella busca identificar capacidades administrativas y políticas de los gobernadores. Para ello, utiliza datos cualitativos de la EEPEMEX,(17) de manera específica tres aspectos: el poder del gobernador en la definición de políticas públicas (para reflejar las capacidades administrativas), el partidismo del gabinete y el liderazgo del gobernador (para reflejar las capacidades políticas).
Los tres recursos que utiliza son informales, pues son producto de la opinión de expertos. Esto no implica que el indicador no sirva; al contrario, la realización de encuestas a gran escala es difícil y no es común; por ello, disponer de esos datos supone un gran apoyo en cualquier investigación. No obstante, al igual que con el trabajo de (Bernick 1979), es complicado conseguir los datos para un periodo específico.
Ya que hemos expuesto la composición de diversos instrumentos que han medido el poder del gobernador, nos preguntamos si alguno de estos nos sirve para identificar el poder de los gobernadores mexicanos luego del año 2000. Para responder debemos considerar algunos requisitos: por un lado, los que establece nuestra concepción, es decir, identificar cuáles son los recursos en los que se fundamentan las capacidades, y que contemplen los contextos formal e informal. Por otro lado, ya que pretendemos medir el poder del gobernador cada determinado tiempo, es preciso que los datos se encuentren disponibles (al menos) desde el año 2000.
Derivado de lo anterior, los trabajos de (Schlesinger 1965, Bernick 1979 y Gutiérrez 2016) están incompletos, ya que en sus recursos (dimensiones) solo tienen en cuenta un contexto y no ambos (formal e informal). Además, los últimos dos se fundamentan en encuestas, que están delimitadas a cierta temporalidad; por lo tanto, difícilmente abarcan el periodo de interés, y no es factible volver a realizarlas a corto plazo.
También están las mediciones de (Beyle y Ferguson 1990) y las de (Dilger, Krause y Moffett 1995); ambas consideran contextos formales e informales; no obstante, en ningún momento hacen mención de las capacidades que un gobernador obtiene con su influencia en la política federal, como sí lo hace (González 2013). Entonces, el trabajo de González es el que más se acerca a captar la concepción de poder del gobernador.
Ahora bien, una revisión de la medición de (González 2013) nos muestra que le dio un peso mínimo a la influencia que un gobernador tiene en la política federal. Lo anterior, en al menos dos aspectos: el primero, respecto al peso de los estados frente a la federación. (Gove 1964) reflexiona que una característica de un gobernador fuerte es la importancia de la unidad subnacional que gobierna,(18) ya que “las ventajas que un gobernador puede acumular desde su posición dentro de la estructura nacional varían considerablemente de estado a estado” (Schlesinger 1965, 210).
Entonces, debemos reflexionar que el poder federal va a tratar de forma distinta a los estados; esto puede obedecer a aspectos tales como el tamaño del territorio, población, nivel de pobreza, por mencionar algunos. Entonces, está característica ofrece mayor poder a algunos gobernadores respecto a otros.
El segundo aspecto es sobre la influencia que los gobernadores tienen en el Poder Legislativo federal. Las capacidades de un gobernador se modifican acorde a la bancada que tiene su partido en el congreso legislativo nacional, así como la influencia que este tiene sobre los diputados federales(19) (De Remes 2006; Langston 2010; Langston y Celorio Morayta 2009; Olmeda 2009; Rosas y Langston 2011; Samuels y Abrucio 2000; Abrucio 1994) y los senadores de su estado (Gervasoni y Nazareno 2017; Olmeda 2009). Esto pesa en mayor medida cuando los gobernadores tienen injerencia en la carrera política de los legisladores (Langston 2010). Derivado de lo anterior, consideramos que la influencia del gobernador en la política federal debe tener mayor peso, dado que es un serio recurso desde el cual un gobernador puede obtener capacidades que lo fortalecen.
Después de revisar la composición de los diferentes indicadores y acorde a nuestra conceptualización, nos preguntamos ¿cuáles recursos son la base del poder de un gobernador? Recordemos que los recursos son los que le brindan capacidades al gobernador (algunos autores también los llaman dimensiones). Por ejemplo, encontramos los institucionales, es decir, aquellos que están formalizados en una norma (presentes en los trabajos de Beyle y Ferguson 1990; Dilger et al. 1995; González 2013; Schlesinger 1965). También están los administrativos; estos pueden ser formales o informales y se relacionan con la facultad del gobernador de decidir sobre la composición de su gobierno (los encontramos en los textos de Dilger et al. 1995, y Gutiérrez 2016).
Por último, están los políticos; este recurso es informal y trata de reflejar las capacidades que el gobernador tiene respecto a otros actores del entramado político institucional, de su estado o país; aunque estas capacidades no están plenamente definidas (hallamos este recurso en los documentos de Bernick 1979; Beyle y Ferguson 1990; Dilger et al. 1995; González 2013, y Gutiérrez 2016).
Con el fin de identificar de una forma más precisa el poder de los gobernadores, y considerando que nuestra conceptualización pone énfasis en los recursos y también en los contextos en los que estos se desarrollan, proponemos la identificación de capacidades del gobernador teniendo en cuenta un cruce entre recursos y contextos. A saber, nuestros recursos serán locales y federales. Los primeros son todos aquellos que le dan capacidades al gobernador en su territorio; los segundos hacen referencia al potencial de influencia en la política federal (más allá de su territorio) que un Ejecutivo local puede aprovechar.
Ambos recursos están sustentados en contextos formales e informales; es decir, los primeros emanan de normas (leyes) ya establecidas; el candidato ganador tiene acceso a estos en el momento de tomar posesión de la gubernatura; los segundos son un entramado que lo conforman escenarios coyunturales y resultados electorales que le pueden brindar mayores capacidades, que no están escritas en ningún lado;(20) este cruce se refleja en el cuadro 1.
Cuadro 1 Componentes que conforman el Índice de Poder del Gobernador
Fuente: elaboración propia, a partir de (Pasquino 2011).
Como producto del cruce de recursos y contextos generamos cuatro componentes, que en su conjunto nos mostrarán el poder de un Ejecutivo local, y son los que están identificados con las letras A, B, C y D. Los pesos e indicadores que conformarán estos componentes pueden variar, acorde al espacio en donde se desean observar; en el siguiente apartado abordamos y justificamos este aspecto. Entonces, esta es la base para la construcción de nuestra propuesta de Índice de Poder del Gobernador.
Ahora bien, la combinación de dos componentes específicos nos permite obtener subíndices que son la base de las tipologías que proponemos en el apartado 4. A continuación, las exponemos; como se observa, al final de estos se señalan los componentes que las conforman:
Subíndice de poder local del gobernador (A+B)
Subíndice de influencia federal del gobernador (C+D)
Subíndice de poder formal del gobernador (A+C)
Subíndice de poder informal del gobernador (B+D)
Podemos observar que los componentes que conforman el Índice de Poder del Gobernador (IPG) también son útiles para otro tipo de análisis, y no solo uno general. Pero ¿dónde quedaron los recursos institucionales, administrativos y políticos que identificamos en mediciones anteriores? Los institucionales están contemplados en el componente A; los administrativos, si son formales, se encontrarán en el A, y si no lo son, en el B; y los políticos, si se originan a nivel local, en el B, y si provienen del nivel federal, en el D.
Entonces, un gobernador fuerte deberá tener poder local e influencia federal, tanto en contextos formales como informales. ¿Cómo reflejamos lo anterior? Esto se aborda en el siguiente apartado, donde operacionalizamos ambos recursos, asignándoles indicadores que los capten de forma empírica.
3. Identificación del poder de los gobernadores
En este apartado operacionalizaremos los recursos de poder local y de influencia federal, los cuales nos mostrarán el poder de los gobernadores. Antes de proseguir debemos reflexionar sobre el peso de cada recurso, ya que este impactará en la medición final. Recordemos que solo el índice de (González 2013) ha considerado la influencia que el gobernador tiene en la política federal, y en estricto sentido, solo es contemplado en una parte de su índice de poder partidista del gobernador.
Nuestra propuesta es que el peso de cada recurso sea el mismo, es decir, el puntaje del poder local representará 50%, y el de la influencia federal también. Está de más decir que el poder local con que cuenta un gobernador es básico para su mandato, pero ¿por qué darle el mismo valor a su influencia a nivel federal? Esto obedece al contexto donde identificamos el poder del gobernador: como se mencionó al inicio de este texto, después del año 2000, en México los ejecutivos locales pasaron a ser piezas más activas en el ámbito federal, ya que sin el llamado “presidencialismo mexicano” del siglo XX, empezaron a ver que tenían capacidad de negociación con el presidente (Hernández 2008).
Al darse cuenta de ello, los gobernadores comenzaron a organizarse para formar un bloque común, en donde exponen sus demandas al poder ejecutivo federal. En el año 2000 se fundó la Asociación Nacional de Gobernadores (ANAGO), compuesta por los cinco gobernadores emanados (hasta ese momento) del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Debido a que fue una gran plataforma para que se atendieran sus demandas, poco a poco fue atrayendo a gobernadores del PRI, y para 2003, los del Partido Acción Nacional (PAN) (en ese momento el presidente era del PAN) solicitaron adherirse a lo que ahora se llama Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) (De Remes 2006).(21)
Otra cuestión por considerar es que sin el viejo presidencialismo los gobernadores pasaron a ser los líderes locales;(22) ¿esto qué implica? Langston lo expone de la siguiente manera:
Los gobernadores, como ya hemos visto, comparten influencia con los líderes legislativos de su partido, porque ayudan a determinar el futuro político de sus diputados. Además, los gobernadores son importantes para la política nacional porque tienen elecciones, tanto locales como federales, en sus respectivos estados. Los ejecutivos estatales de los tres partidos principales tienden a ser candidatos fuertes para las nominaciones presidenciales de sus partidos, e incluso los políticos que no se postulan para la oficina más alta de la nación pueden brindar apoyo crítico a otros aspirantes presidenciales. Una fuerte coalición de gobernadores es una necesidad para los candidatos presidenciales, tanto para ganar la nominación del partido como para las elecciones generales. Los líderes legislativos saben que los gobernadores son importantes tanto dentro de la Cámara, debido a su control sobre el futuro de los diputados, como externamente, debido a su capacidad de ganar votos. (Langston 2010, 245)
Langston menciona un aspecto muy importante, ya que los diputados federales en los que un gobernador puede influir no responden solo a él; también deben atender a las posiciones del líder de bancada de su partido. Por lo general el gobernador ejerce su influencia únicamente en la aprobación de presupuesto, o si alguna ley no lo favorece (Langston 2010).(23) No obstante, los gobernadores influyen en las carreras políticas de los diversos puestos de elección: diputado local, diputado federal, senadores, e incluso su sucesor; lo cual sin duda genera una subordinación informal.
Aunque Langston no los menciona, los senadores también sirven para ejercer presión ante iniciativas que los gobernadores no consideran favorables (Olmeda 2009); si bien esto es más común en la cámara de diputados, ambas cámaras tiene la potestad de proponer iniciativas. Una prerrogativa única del senado es la “desaparición de poderes” en las entidades; cuando esto ha sucedido, los gobernadores han reaccionado.(24) Por ello, el hecho de tener un tipo de lobby que cuide los intereses de un gobernador en el congreso federal, sin duda apuntala su poder.
Por todo lo anterior, pensamos que la influencia que posee un gobernador en la política federal es un punto clave para identificar el poder que este tiene. Y como vimos, después del año 2000, las arenas en las que puede influir se han diversificado. Por ello, proponemos que este recurso debe representar un peso similar al que un gobernador tiene en el nivel local.
A continuación, señalamos los indicadores que nos reflejarán ambos recursos; los datos por considerar deben estar disponibles (al menos) desde el año 2000; su emisión debe ser periódica (para generar un índice cada año, si es posible), y estará diferenciada entre las 31 entidades y Ciudad de México. Los pesos y la asignación de valores de cada indicador se señalan en los anexos 1 y 2, al final del documento.
a. Poder local del gobernador
En esta dimensión se captarán las capacidades que emanan del espacio local, pero diferenciaremos entre las que están formalizadas (reflejadas en alguna norma) y las que no lo están (fungen como instituciones informales).
Poder local formal (A)
En otros trabajos, esta dimensión es mejor conocida como “recursos institucionales” y abarca un buen número de indicadores; no obstante, algunos no se aplican al caso mexicano, como el periodo en la gubernatura, ya que está definida en la Constitución federal a seis años(25) y no existe la posibilidad de reelección; o aspectos que pueden obviarse (como la designación de gabinete o puestos claves, y la aprobación del presupuesto), pues si tienen apoyo en el Legislativo (un indicador considerado más adelante), estos aspectos estarían cubiertos.
Aunque existen otros indicadores,(26) para evitar una sobrecarga de datos en este componente solo tenemos en cuenta la existencia de veto y los recursos fiscales formales a los que un gobernador tiene acceso. A continuación establecemos por qué son importantes los indicadores por considerar y la literatura que los sustenta. Como veremos, al lado del nombre del indicador está una clave; esta se replica en los anexos al final del documento, donde se explica cómo se asignaron valores. Esto se repetirá en cada uno de los indicadores.
Veto de bolsillo (PLG1). (Favoriti 1976) señala la existencia de ciertas normas en la constitución local que son una fuente de poder, es decir, el ejecutivo local no las pidió, pero puede hacer uso de estas. El poder de veto es una de estas normas; tan importante, que ha sido tomada en cuenta en los trabajos de Beyle y Ferguson (1990), González (2013) y Schlesinger (1965). En esta ocasión, nos referiremos al veto de bolsillo, el cual existe cuando en una constitución o ley estatal no se menciona la existencia de otra figura u otro actor que pueda promulgar las leyes. Así, si el gobernador no está de acuerdo con una ley, solo no la promulga -y jamás entrará en vigor- pues no existe otra forma de llevar a término una ley.
Recursos fiscales federales (PLG2). Los gobiernos utilizan el gasto para comprar distritos electorales hasta cierto punto (Gibson y Calvo 2000), en gran medida por la alta discrecionalidad en su uso (Lodola 2010). Entonces, si el gobernador utiliza los recursos fiscales para tener influencia informal ¿por qué este indicador está en la parte formal? Por el origen de los recursos. En México, desde el año 2000, existen mecanismos formales para asignar recursos a las entidades, que están delimitados por el presupuesto federal existente. Para utilizarlos de manera más eficiente, el gobierno federal obliga a los estados a destinar al menos el 50% de este ingreso a proyectos de infraestructura. No obstante, existe un uso discrecional en buena parte de estas partidas (De Remes 2006). Entonces, la existencia de leyes nacionales que aseguren recursos a las entidades le da capacidades al gobernador sobre el uso de estos, sin el costo político que implica la recaudación de impuestos.(27) Y cuanto más se dependa de recursos federales, menos recaudación local; por ende, menor compromiso a rendir cuentas con su población y mayor libertad en su manejo (Gervasoni 2011).
Poder local informal (B)
Está dimensión trata de captar la influencia que el gobernador tiene a nivel local, pero que no está delimitada en ninguna norma. Este aspecto ha sido tratado en trabajos sustentados en encuestas, que buscan caracterizar aspectos del gobernador, tales como su desempeño, su habilidad como negociador y su liderazgo. Otras cuestiones más tangibles que se han considerado son la fuerza del partido del gobernador en la legislatura, los empleos que el gobernador puede dar en la administración pública y el partidismo en su gabinete.(28)
Ya que no contamos con datos de encuestas que aborden todas las administraciones posteriores al año 2000,(29) tratamos de identificar el control político que un gobernador tenía en sus contrapesos, o posibles estructuras informales que le ayudaban a tener control informal en su territorio, aunque esto no se encuentre establecido formalmente en ningún documento.
Relación familiar (PLG3). El origen de un gobernador nos puede mostrar si tiene relación con alguna coalición regional o con cierta élite local que busca seguir en el poder a través del tiempo (Alvarado Mendoza 1996; Samuels y Abrucio 2000), lo cual le confiere ciertas capacidades de acción. La conformación de la élite política en México, en no pocas ocasiones resulta hereditaria, y el hecho de que un abuelo y/o padre de un gobernador también lo haya sido, nos habla de la presencia de redes y acceso a poderes informales que datan de varios años (Camp 1978).
Porcentaje de población que gobierna el partido del gobernador (PLG4). Langston dice que los ejecutivos estatales controlan millones de votos que se pueden usar, tanto en las elecciones generales como en las internas del partido (Langston 2010). Además existe una relación en el aumento de apoyos fiscales cuando hay un mismo partido en diferentes niveles de gobierno (Trejo y Ley 2016). Entonces, este es un público cautivo que eligió al partido del gobernador en elecciones municipales generales, o lo ratificó en las intermedias. Un mayor porcentaje de población que gobierna el partido del gobernador en los municipios nos refiere a un mayor número de posibles votantes en futuros comicios, y en caso contrario, esto puede suponer escenarios de inestabilidad y descontento con el gobernador de turno.
Bancada del partido del gobernador en el congreso local (PLG5). Si los gobernadores influyen en las carreras políticas de los diputados federales y senadores, con mucha más razón lo hacen en las de los diputados locales: los políticos deben alinear sus preferencias y acciones con quienes participan en la determinación de su éxito futuro (Langston 2010; Langston y Celorio Morayta 2009).
b. Influencia federal del gobernador
Este recurso es poco tenido en cuenta en otras mediciones, aunque existe literatura que señala los vínculos e intereses que un ejecutivo local tiene con los poderes federales (Langston 2010; Samuels y Abrucio 2000; Abrucio 1994). Incluir este aspecto en nuestra medición es la principal aportación en la identificación del poder del gobernador. En este recurso también distinguimos la influencia formal de la informal. Cabe destacar el peso de cada dimensión; pues solo identificamos un indicador de influencia federal formal y varios informales, decidimos que el primero represente el 20%, y el segundo, 30%. Esto obedeció al espacio empírico en que trabajamos, pero podría reformularse en otros casos con la debida justificación.
Influencia federal formal (C)
Para capturar esta dimensión, nos surgió un cuestionamiento: ¿existe una normatividad federal que le dé capacidades al gobernador, y que, a su vez, esta se refleje a nivel federal?(30) Encontramos un indicador, que no es una ley como tal, pero que por sus características hace que la federación le preste atención (aunque no lo desee). A diferencia de los indicadores informales, es un aspecto constante que a ciertos gobernadores les aporta mayor poder en el espacio federal.
Votos que representa una entidad en el padrón federal electoral (IFG1). En páginas anteriores hemos mencionado que las entidades por default no son iguales, y que existen características que las harán destacar más que otras (Gove 1964; Schlesinger 1965). Adaptando el ejemplo que Gove (1964) menciona en su texto, nunca tendrá la misma atención el gobernador de Tlaxcala que el del estado de México. Ahora bien, el presidente también buscará obtener ventajas electorales, y un estado que concentra un número significativo de potenciales votantes es importante, aunque el gobernador sea de otro partido o la relación Ejecutivo federal-local no sea la mejor. Lo anterior puede ser aprovechado por el gobernador que tenga un amplio padrón electoral, sobre todo por los apoyos federales que invariablemente llegarán a su entidad.
Influencia federal informal (D)
Esta dimensión es la principal aportación por parte de este índice, y ha sido abordada en páginas anteriores. A continuación se describen cinco indicadores que buscan captar este aspecto.
Relación partidaria con el presidente (IFG2). Como lo expuso (González 2013), si son del mismo partido el presidente y el gobernador, aunque su relación no sea buena, existe un vínculo implícito que no existe cuando no son del mismo partido político. Además, (Olmeda 2012) nos habla de la importancia que hay en la coordinación y relación de los ejecutivos local y federal, ya que los apoyos y ayudas son distintos, acorde a esta relación. Pensamos que este es un indicador informal, dado que es producto de la incertidumbre electoral, y no es un aspecto esperado.
Diputados federales del mismo partido del gobernador (IGF3).(31) Como ya lo expusimos en páginas anteriores, los gobernadores tienen un lobby personal que pueden utilizar para defender sus intereses en la cámara de diputados (De Remes 2006; Langston 2010; Langston y Celorio Morayta 2009; Olmeda 2009; Rosas y Langston 2011). Por ello, identificamos el porcentaje de diputados federales de su mismo partido político, correspondientes a los distritos electorales federales de su entidad.(32)
Partido que es mayoría en la cámara de diputados (IGF4). Tener una buena representación de diputados en la cámara federal es importante para el mandatario porque pueden impulsar o defender una agenda; no obstante, ello no significa que esta prospere. La probabilidad de que eso suceda sube cuando el partido del gobernador también es mayoría en la cámara de diputados.
Senadores del mismo partido del gobernador (IGF5). Este indicador va en la misma línea de la de los diputados. Aunque tiene un menor peso, por sus atribuciones, los senadores también podrían servir de intermediarios en otros aspectos; recordemos que las iniciativas de ley se aprueban en ambas cámaras.
Partido que es mayoría en la cámara de senadores (IGF6). Al igual que con la cámara de diputados, de nada le sirve a un gobernador tener representación en la cámara de senadores si su partido no tiene la mayoría.
Hasta aquí, el apartado de la operación; a continuación, veremos los resultados de la aplicación de estos indicadores en los ejecutivos locales mexicanos.
4. El poder del gobernador
En este último apartado presentamos el IPG general. Cabe mencionar que en el anexo 3 podemos observar a los gobernadores mexicanos que estaban en funciones en el 2015. Posteriormente, mostramos las dos tipologías que diferencian la magnitud del poder de los gobernadores teniendo en cuenta los recursos (locales y federales) y los contextos (formales e informales) desde donde emanan sus capacidades.
a. Índice del Poder del Gobernador
Acorde a la conceptualización planteada, y utilizando los indicadores, parámetros y mediciones plasmados en los anexos 1 y 2, desarrollamos el Índice del Poder del Gobernador (IPG). A continuación, mostramos los resultados considerando datos del 2015. Este año se realizaron elecciones federales intermedias, lo cual cambió el escenario político. Además, algunas gubernaturas también cambiaron de titular del Ejecutivo, pero otras no, debido a la heterogeneidad que hay en los calendarios electorales locales.
Es decir, solo vemos una foto de un momento determinado. Un aspecto por demás atractivo sería observar cómo las dinámicas locales y federales van cambiando el poder que los gobernadores pueden ejercer. Aunque ya no lo abordamos en este texto, los datos contemplados permiten identificar el poder de los gobernadores desde el año 2000 hasta el 2018;(33) es decir, es posible responder la pregunta que quedó pendiente en la introducción. Entonces, el IPG se formó considerando los indicadores de poder local formal (A), poder local informal (B), influencia federal formal (C) e influencia federal informal (D). La suma de estos datos es 1; así, el IPG se muestra en la gráfica 1.
Los datos nos señalan que la brecha entre el estado con menor (Morelos) y mayor poder del gobernador (estado de México) es de 0,48 lo cual nos indica una variabilidad por destacar, al menos entre los casos extremos del índice. No obstante, la media es de 0,52 es decir, hay cierto equilibrio entre el número de estados con mayor y menor poder del gobernador. Destacan las entidades de Morelos y Querétaro, por estar debajo de 0,30 y los estados de Jalisco y México, que sobrepasan el 0,70.
Para observar de mejor manera las diferencias de poder que hay entre los gobernadores en el 2015, podemos ver la imagen 1. En esta, el tono oscuro implica la presencia de un gobernador fuerte, y un tono claro nos indicaría la presencia de un gobernador débil. Observamos puntualmente el contraste entre los estados de México, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y Durango (más oscuros), respecto a los estados de Morelos, Querétaro y Nuevo León (más claros). Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir de forma clara entre gobernadores fuertes, medios y débiles? Con este fin van las siguientes tipologías.
b. Cómo desarrollamos una tipología
Para la identificación precisa de la magnitud del poder de los gobernadores, desarrollamos dos tipologías; la primera, teniendo en cuenta el espacio desde el cual un Ejecutivo local obtiene los recursos que son la base de sus capacidades, y otra, considerando el contexto en el que estas están enmarcadas.
La construcción de las tipologías implica el cruce de datos de los subíndices mencionados en el apartado 2 de este texto, es decir, el IPG y las tipologías tienen como base los mismos componentes. No obstante, cada subíndice contempla solo dos componentes con una relación semántica específica, lo cual nos permite observar el poder de un gobernador en arenas específicas, por ejemplo, su poder a nivel local o su influencia a nivel federal.
Los datos de cada componente son normalizados acorde a su peso (entre 0 y 1); así, los subíndices se encuentran en el mismo rango. Para identificar la magnitud del poder de los gobernadores (fuerte, medio y débil), diferenciamos la información de los subíndices en tres divisiones, tal como se ve plasmado en el cuadro 2.
Cuadro 2 Rangos y magnitudes en subíndices del poder del gobernador
| Dimensión de poder del gobernador | Puntaje de 0-1 |
|---|---|
| Fuerte | 0,67-1 |
| Medio | 0,34-0,66 |
| Débil | 0-0,33 |
Fuente: elaboración propia.
Entonces, en el momento de cruzar dos subíndices, generamos 9 combinaciones, como se ve en la figura 1. Las flechas en los ejes X y Y indican la magnitud de cada subíndice. Derivado de este cruce proponemos la existencia de seis tipos de gobernadores, los cuales son:
Gobernador muy débil: aquellos que caen en el cuadrante I. Su principal característica es que en ambos subíndices son débiles.
Gobernador débil: ubicados en los cuadrantes II y III. Es el resultado de un subíndice débil y uno medio.
Gobernador medio: aquellos que se encuentran en el cuadrante V. Es el más equilibrado de los gobernadores.
Gobernador fuerte unidimensional: se encuentran en los cuadrantes IV y VI. Estos son la combinación de un subíndice fuerte y uno débil.
Gobernador fuerte: los ubicamos en los cuadrantes VII y VIII. Se caracterizan por la mezcla de un subíndice fuerte y uno medio.
Gobernador muy fuerte: se ubica en el cuadrante IX. En ambos subíndices es fuerte.
Con este ejercicio superamos la crítica que (Fortin 2013) les hace a los índices que acumulan datos. Considerando lo anterior, a continuación, presentamos las dos tipologías; la primera, teniendo en cuenta los recursos, y la segunda, los contextos, que son la base de las capacidades de los gobernadores.
c. Tipología: poder de los gobernadores acorde a recursos
Esta tipología considera los subíndices de poder local del gobernador (A+B) y de influencia federal del gobernador (C+D). Recordemos que en la conceptualización, los recursos son las fuentes de donde provienen sus capacidades, es decir, desde el nivel local o el federal. Ello no implica que no se tengan en cuenta los contextos; están contemplados en los subíndices ya mencionados, pero su composición está guiada por el origen de los recursos.
La gráfica 2 nos muestra los tipos de gobernadores que surgen del cruce entre el subíndice de poder local e influencia federal. Una primera vista nos indica que no existen gobernadores muy débiles ni muy fuertes. Entonces, solo hay cuatro tipos de gobernadores en esta relación. Los gobernadores débiles representan el 28% del total; los medios, solo el 22%, y los fuertes unidimensionales corresponden al 9%, pero todos están concentrados en el polo del poder local.
Los gobernadores fuertes son los que más presencia tienen, con un 41%. Si recordamos los datos del IPG, Jalisco y México, que son los casos con mayor puntaje, no alcanzan a colarse al cuadrante de gobernadores muy fuertes, aunque están muy próximos a este. No obstante, y acorde a las magnitudes establecidas, este ejercicio nos ayuda a dimensionar que el poder del gobernador del estado de México radica en su influencia federal y no en su poder local, mientras que en Jalisco es lo contrario. En el polo opuesto, los ejecutivos de Querétaro y Morelos no gozan de mucha influencia en el nivel federal.
d. Tipología: poder de los gobernadores acorde a contextos
Esta tipología da prioridad a los contextos desde donde surgen las capacidades de los gobernadores; así, consideramos los subíndices de poder formal del gobernador (A+C) y de poder informal del gobernador (B+D). En esta tipología nos concentramos en diferenciar si el poder de los gobernadores está asentado en normas ya escritas o en aquellas que se dan por cuestiones informales, lo cual podemos observar de forma clara en la gráfica 3.
Así, el cruce de estos subíndices nos refleja que hay estados que caracterizan los seis tipos de gobernadores que hemos distinguido. Destacamos que los gobernadores muy débiles están representados por Morelos y Querétaro (2%), y los muy fuertes, por los estados de México y Chiapas (2%). Esto significa que en los primeros, el ejecutivo local no tiene respaldo ni en arreglos formales ni en informales; caso contrario al de los segundos, es decir, cuentan con capacidades en las leyes locales, y también en arreglos informales.
El resto de los casos está distribuido de la siguiente manera: los débiles representan un 22%, los medios el 30%, los fuertes unidimensionales el 16% y los fuertes un 28%. Como podemos observar, esta tipología nos muestra escenarios distintos a los que señala la anterior. Esto se debe principalmente a que se están respetando los pesos y la fuente de los indicadores.
Para concluir este apartado, es preciso evidenciar la riqueza de las tipologías, que, respetando el marco conceptual y los pesos establecidos, nos permite observar los aspectos que hacen fuerte o débil a un gobernador. Como en todo, existen puntos medios en las magnitudes, pero, acorde a nuestra tipología, también hemos podido clasificarlos. Como ya lo habíamos mencionado, la mayor virtud de nuestro marco conceptual es que es posible obtener tanto un índice como tipologías. Así, si se requiere un trabajo cualitativo que nos muestre en qué aspecto un gobernador tiene asentadas las bases de sus capacidades, la tipología es la salida; pero si el objetivo es una comparación diacrónica, a pesar de las fallas que representa la acumulación de datos, el índice será más efectivo.
Conclusiones
En este texto se elaboró un instrumento para identificar el poder de los gobernadores mexicanos. Para ello, establecimos una conceptualización; a partir de esta, identificamos dimensiones, y posteriormente seleccionamos indicadores (acorde a la realidad mexicana) que captaran nuestro concepto. Basados en el marco conceptual, también es posible la construcción de dos tipologías de gobernadores, por recursos y por contextos, que profundizan y nos muestran el aspecto que fortalece o debilita a un gobernador.
Este trabajo no empezó desde cero, pues existen varias mediciones en la literatura; no obstante, la mayoría no realiza una conceptualización abstracta del poder del gobernador, y entran de lleno en las dimensiones constitutivas que mostraban a un gobernador fuerte o a uno débil. Incluso, el único trabajo interesado en conceptualizar (Gutiérrez 2016), solo se enfoca en dos dimensiones que abordan el poder local del gobernador, es decir, no incluye aspectos referentes a la influencia del ejecutivo local en la política federal. Este aspecto solo es mencionado en el trabajo de (González 2013), aunque, desde nuestra perspectiva, no otorga el peso que representa en la actualidad.
En cuanto a los resultados, es claro que el estado de México, para el 2015, tiene mayores capacidades respecto al resto; lo anterior, tanto en el índice general como en las tipologías construidas. Muy de cerca lo siguen Jalisco y Chiapas, aunque esto no es constante, como sí lo es en el estado de México. En contrapartida, el estado de Morelos es el más débil, y lo sigue muy de cerca Querétaro.
La importancia de tratar de captar la dimensión del poder del gobernador es que nos permite realizar estudios inferenciales a futuro, usando la medición de este concepto como variable explicativa; por ejemplo, relacionarlo con aspectos referentes a la democracia, el desarrollo económico, niveles de pobreza o violencia, por mencionar algunos. Es decir, lo que aquí se propone es un primer paso en la búsqueda de realizar estudios que den cierta luz a los fenómenos contemporáneos en la política subnacional de América Latina (principalmente).
Para finalizar, recordemos que este trabajo es el preámbulo para identificar el poder de los gobernadores en un rango de tiempo establecido (2000-2018); los comentarios y sugerencias son bienvenidos para fortalecer esta medición. Si bien este es un gran esfuerzo para captar el “poder de los gobernadores”, siempre estamos proclives a que alguna característica de la realidad escape.(34) Por ejemplo, este trabajo se concentró en identificar el poder que emana de la agencia de la “gubernatura” en el contexto mexicano; no obstante, existe un punto ciego: el individuo que encarna esta agencia. Este tiene sus propios intereses; es parte de otra investigación observar cómo estos intereses moldean la agencia, o quizá, ¿es la agencia quien termina moldeándolo?
