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Colombia Internacional

versión impresa ISSN 0121-5612

colomb.int.  no.105 Bogotá ene./mar. 2021

https://doi.org/10.7440/colombiaint105.2021.04 

Tema libre

Las tramas del conflicto prolongado en la frontera colombo-venezolana: un análisis de las violencias y actores armados en el contexto del posacuerdo de paz*

The Entanglement of the Protracted Conflict on the Colombia-Venezuela Borders: An Analysis of the Violence and the Actors in the Post-Peace Agreement Context

As narrativas do conflito prolongado na fronteira colombo-venezuelana: uma análise das violências e dos atores armados no contexto do pós-acordo de paz

Viviana García Pinzón** 

Luis Fernando Trejos*** 

**Universidad de Marburg (Alemania) Viviana García Pinzón es investigadora y miembro del programa doctoral del Instituto Alemán para Estudios Globales y de Área GIGA y estudiante de doctorado de la Universidad de Marburg. Es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Sus intereses de investigación son paz, seguridad y conflicto desde una perspectiva comparada y con énfasis en zonas fronterizas y ciudades. Entre sus publicaciones recientes se encuentran (en coautoría) “La política de seguridad en El Salvador: la construcción del enemigo y sus efectos en la violencia y el orden social” (Revista de Estudios Sociales, 2020) y “Colombia: Between the Dividends of Peace and the Shadow of Violence” (GIGA Focus Latin America, 2020). viviana.garciapinzon@giga-hamburg.de

***Universidad del Norte (Colombia) Luis Fernando Trejos Rosero es doctor en Estudios Americanos (IDEA/USACH); profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, y director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la misma universidad. Publicaciones recientes: Capacidad institucional y posacuerdo. Panorama en el Caribe colombiano (Editorial Universidad del Norte, 2020, en coautoría con Juan Pablo Sarmiento); El otro derecho. Estudios sobre reglas, burocracia de la guerra y su asimilación a la legalidad en el Caribe colombiano (Universidad del Norte, 2020). trejosl@uninorte.edu.co


RESUMEN.

Objetivo/contexto:

con base en el estudio de caso del departamento de Norte de Santander, el artículo presenta un análisis de las transformaciones en las dinámicas de violencia y conflicto y en la constelación de actores armados no estatales en la frontera colombo-venezolana luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. El estudio se basa en una perspectiva que considera las dinámicas del conflicto prolongado en Colombia y sus legados en los órdenes sociales, así como las particularidades que la condición de frontera trae consigo en términos de seguridad.

Metodología:

estudio de caso empírico basado en información recogida mediante entrevistas y observación no participante, así como en revisión de informes, prensa y bibliografía secundaria.

Conclusión:

la situación de violencia e inseguridad actual es el resultado de las dinámicas de un conflicto prolongado donde tres tipos de conflicto confluyen, interactúan y se retroalimentan: la guerra civil en Colombia, la violencia criminal, y la crisis migratoria y humanitaria producto de la crisis venezolana. En este marco se ha dado un fortalecimiento de un orden no estatal, mayor fragmentación de actores armados no estatales y competencia criminal.

Originalidad:

la existencia de abundante información sobre la situación de seguridad y violencia en la frontera colombo-venezolana en el periodo reciente contrasta con los pocos análisis académicos y desarrollos conceptuales al respecto. Este artículo intenta hacer una contribución mediante: a) un marco conceptual que conecta las literaturas sobre conflicto armado, órdenes sociales y seguridad en territorios fronterizos; b) análisis con base en información primaria que da cuenta tanto del fenómeno como del contexto.

PALABRAS CLAVE:  Frontera; seguridad; violencia; conflicto; paz; Colombia; Venezuela

ABSTRACT.

Objective/Context:

Based on a case study of the Department of Norte de Santander, Colombia, this article analyzes the changes in the dynamics of violence and the composition of the armed non-State actors on the Colombian-Venezuelan borders after the signing of the peace agreement between the Colombian State and the FARC guerrilla. It focuses on the dynamics of the protracted conflict in Colombia, its impact on the social orders of this territory and the particular implications of the ‘border effect’ in terms of security.

Methodology:

This empirical study is based on information gathered from interviews and non-participatory observations, complemented by a review of official reports, newspaper articles and the secondary literature.

Conclusions:

The current situation of violence and insecurity is the result of the overlapping of three types of conflict which interact and mutually influence each other and have been caused by the civil war in Colombia, the activities of criminal gangs and the humanitarian crisis arising from the mass migration of Venezuelans to Colombia. Against this backdrop, there has been a strengthening of a non-State order, an increasing fragmentation of the armed non-state actors and an internecine warfare between criminal gangs.

Originality:

While a large body of information about the violent situation on the Colombian-Venezuelan border has emerged in recent years, there have been few academic studies of the subject so far. This article aims to make a contribution to this field of study, by presenting: a) a conceptual framework that draws on studies of the armed conflicts, social orders and security of borderlands in other regions, and b) an analysis, based on primary sources, of the phenomenon and the context.

KEYWORDS:  Borderlands; security; violence; conflict; peace; Colombia; Venezuela

RESUMO.

Objetivo/contexto:

a partir do estudo de caso do estado de Norte de Santander, Colômbia, este artigo apresenta uma análise das transformações nas dinâmicas de violência e conflito, e na constelação de atores armados não estatais na fronteira colombo-venezuelana após a assinatura do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O estudo está baseado em uma perspectiva que considera as dinâmicas do conflito prolongado na Colômbia e seu legado nas ordens sociais, bem como as particularidades que a condição de fronteira traz consigo em termos de segurança.

Metodologia:

estudo de caso empírico baseado em informação coletada mediante entrevistas e observação não participante, bem como na revisão de relatórios, imprensa e bibliografia secundária.

Conclusão:

a situação de violência e insegurança atual é o resultado das dinâmicas do conflito prolongado em que três tipos de conflito se fusionam, interagem e se retroalimentam: a guerra civil na Colômbia, a violência criminal e a crise migratória e humanitária, produto da crise venezuelana. Nesse contexto, há um fortalecimento de uma ordem não estatal, maior fragmentação de atores armados não estatais e competência criminal.

Originalidade:

a existência de abundante informação sobre a situação de segurança e violência na fronteira colombo-venezuelana na atualidade constrasta com análise acadêmica e desenvolvimento conceitual escassos a respeito. Este artigo pretende fazer uma contribuição mediante: a) um referencial teórico que conecta as literaturas sobre o conflito armado, as ordens sociais e a segurança em territórios fronteiriços; b) análise com base em informação primária que evidencia tanto o fenômeno quanto o contexto.

PALAVRAS CHAVES:  fronteira; segurança; violência; conflito; paz; Colômbia; Venezuela

---

Introducción

Los conceptos de posguerra y posconflicto son problemáticos (Klemt 2018). Mientras que el fin de toda confrontación armada implica cambios de distinto tipo y magnitud, el cese de la guerra no implica el fin del conflicto (Klemt 2018) y, en muchos casos, tampoco el fin de la violencia. En efecto, la mayoría de los esfuerzos de reconstrucción e implementación de acuerdos de paz toman lugar en situaciones donde la violencia ha disminuido en intensidad pero continúa o es recurrente en ciertas zonas del país (Brinkerhoff 2005). Incluso, aun cuando no haya un retorno a la guerra ni un rearme de excombatientes, muchos contextos transicionales se caracterizan por la emergencia de nuevas expresiones de violencia, así como por la reconfiguración de grupos y prácticas ilegales y criminales (Kurtenbach y Rettberg 2018). Así, el camino hacia el fin de la violencia está lleno de múltiples dificultades y en buena medida moldeado por los legados políticos, institucionales, económicos y culturales de la confrontación armada. Estos desafíos son aún mayores en contextos de conflicto prolongado (protracted conflict) (Azar 1985; Ramsbotham 2005), los cuales se caracterizan por su longevidad y convergencia de múltiples actores, motivaciones y descontentos. Se trata entonces de un conflicto que a su vez abarca distintos conflictos, los cuales interactúan, se retroalimentan y mutan en el tiempo. Por ello, los conflictos prolongados no tienen un punto claro de culminación, sino que sufren transformaciones paulatinas que eventualmente pueden llevar a su fin.

La guerra en Colombia es claro ejemplo de un conflicto prolongado (ICRC, 2016); a la confrontación de las guerrillas contra el Estado colombiano, se han sumado diversos actores y motivaciones, haciendo más complejas las dinámicas y entramados del conflicto y la violencia (Gutiérrez, Wills y Sánchez 2005). En este marco, procesos e iniciativas de paz han tenido lugar y han logrado desactivar la confrontación con varios de los actores armados (guerrillas y paramilitares). El acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016 constituye uno de los hitos más importantes en la dinámica reciente del conflicto armado. No solo se trata del fin de la guerra contra la guerrilla más antigua y poderosa, sino que el proceso de paz ha abierto la puerta al desarrollo de iniciativas para la transformación del conflicto tanto a nivel nacional como local. La implementación del acuerdo, así como las mutaciones de la violencia y la constelación de actores armados no estatales en el periodo posterior también han puesto en evidencia las inmensas dificultades que supone la finalización del conflicto.

Los patrones del conflicto prolongado, así como los retos para la construcción de paz y la superación de la violencia implican también una dimensión espacial. En el caso de Colombia, el conflicto armado interno ha tenido un impacto diferenciado a lo largo del territorio nacional. La guerra no solo se ha concentrado en las áreas con mayores rezagos socioeconómicos y disputas sobre la tierra (González 2014; Reyes 1993), sino que desde comienzos del siglo XXI tuvo un proceso de periferialización geográfica en el que la operación de las guerrillas se desplazó paulatinamente hacia las zonas de frontera (Ríos 2016), las cuales, por sus características geográficas e institucionales, proveen un contexto favorable para el accionar de grupos armados no estatales (Andreas 2003; Idler 2019; Morselli, Turcotte y Tenti 2011). La precaria presencia estatal y la condición de exclusión de dichos territorios dio lugar a la configuración de órdenes sociales locales en los que actores no estatales han estado a cargo de la provisión de gobernanza (Arjona 2016; González 2014; Idler 2019; Trejos 2016). Por décadas, las FARC desempeñaron funciones que clásicamente son atribuidas al Estado en diversos territorios fronterizos. Dichas áreas constituyeron un espacio adecuado como retaguardia de la guerrilla y son una fuente de acceso a distintos tipos de rentas provenientes tanto de mercados legales como ilegales y el escenario del desarrollo de órdenes caracterizados por la gobernanza no estatal (Arjona, Kasfir y Mampilly 2015; Idler 2019). Las FARC no solo se encargaron del control de la violencia, sino que además se convirtieron en fuente de provisión de condiciones políticas y económicas básicas. Tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno nacional, la salida de las FARC de estos territorios dio lugar a un reacomodamiento en las dinámicas de presencia y acciones de los actores armados no estatales, sobre todo en aquellas áreas donde esta guerrilla solía ser el actor dominante o un coproductor de orden y gobernanza. Así, distintos grupos armados buscan ganar control territorial sobre los territorios, rentas y poblaciones que solían estar bajo el poder de las FARC. Entre ellos, actores presentes de forma histórica, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), diversos grupos armados organizados y disidentes provenientes de las FARC (Vergara et al. 2018).

En el territorio fronterizo de Colombia y Venezuela, la salida de las FARC como actor armado y el quiebre del patrón de gobernanza dieron lugar a la disputa por el control de rentas y territorios. Esto ha coincidido con la crisis institucional y humanitaria de Venezuela que ha llevado a la emigración de más de cuatro millones de venezolanos (UNHCR 2019). A ello se suman recientes reportes sobre el apoyo del régimen venezolano a grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC (“Los secretos de la alianza” 2019). Todo ello ha hecho de esta zona un espacio particularmente vulnerable frente al incremento de múltiples expresiones de violencia y criminalidad. En este contexto, el objetivo principal de este artículo es analizar las transformaciones en las dinámicas del conflicto y de la constelación de actores armados no estatales en esta zona luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Para ello, sostenemos que es necesaria una perspectiva que considere las dinámicas del conflicto prolongado en Colombia y sus legados en los órdenes sociales presentes en este territorio, así como las particularidades que la condición de frontera trae consigo en términos de seguridad. El estudio de este caso sirve como una ventana para analizar los posibles cambios y continuidades de la violencia y criminalidad en Colombia tras el fin de las FARC como actor armado.

El artículo presenta un estudio de caso1 que da cuenta de las múltiples violencias, los actores y el contexto que conforman la situación de conflicto e inseguridad en el territorio fronterizo. El análisis está basado en seguimiento a prensa nacional y local, consulta de informes y bibliografía especializados, y entrevistas e información recopilada en una visita de campo en el mes de agosto de 2019. Dada la amplia extensión y diversidad de la zona de frontera (más de 2.200 kilómetros), el análisis se concentra en la zona central, la cual corresponde al departamento de Norte de Santander (figura 1). Este cuenta con presencia de diversidad de actores armados ilegales, altos niveles de victimización y existencia de economías ilícitas, la mayor de las cuales es el narcotráfico.2 En términos de la condición de zona de frontera, la mayoría de los pasos fronterizos oficiales (4 de 7) se encuentra en este departamento, incluido el más importante, el Puente Internacional Simón Bolívar.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2019).

Figura 1 Departamento de Norte de Santander 

El texto está dividido en dos apartados: en primer lugar, se presentan los referentes conceptuales para analizar conflictos prolongados, órdenes sociales y actores armados no estatales en el contexto de la frontera colombo-venezolana. En la segunda parte se desarrolla un análisis de las múltiples formas de violencia en el territorio. En este sentido, sostenemos que la situación de violencia e inseguridad actual es el resultado de las dinámicas de un conflicto prolongado donde tres tipos de conflicto confluyen, interactúan y se retroalimentan: la guerra civil en Colombia, la violencia criminal, y la crisis migratoria y humanitaria producto de la situación en Venezuela. El texto concluye con algunas consideraciones sobre el conflicto violento y los retos de la construcción de paz en territorios fronterizos.

1. Conflicto prolongado, órdenes sociales y actores armados no estatales en territorios fronterizos

El marco teórico está estructurado a partir de dos vertientes: la literatura sobre conflictos prolongados y órdenes sociales no estatales, por una parte, y los trabajos en torno a la seguridad en territorios fronterizos, por otra. Mientras que la primera provee las bases conceptuales y empíricas para una discusión alrededor de la complejidad del conflicto violento en Colombia y la existencia de órdenes sociales paralelos, la segunda permite incorporar una visión que considera las particularidades de las áreas de frontera.

El término conflicto prolongado tiene su origen en los trabajos de Edward Azar (Azar 1985; Azar, Jureidini y Mclaurin 1978), quien lo acuñó para referirse a conflictos violentos longevos e inextricables, los cuales exhiben una alta capacidad para crecer en términos de actores involucrados, motivaciones, objetivos y descontentos que sustentan el marco de la confrontación. Dado que se extienden en el tiempo, el conflicto prolongado muta y abarca distintas formas de conflicto que se sobreponen, refuerzan y transforman recíprocamente. Así, más que una serie de eventos en un periodo específico, el conflicto prolongado se convierte en un proceso en sí mismo, cuyo impacto acumulado a su vez apuntala su persistencia. Debido a su complejidad, estos conflictos no pueden ser resueltos por una decisión explícita, sino que se transforman paulatinamente, a la espera de su eventual finalización en el largo plazo. El conflicto armado en Colombia es un caso de conflicto prolongado. En sus más de cinco décadas de existencia, la guerra ha incorporado diversidad de actores, motivaciones y repertorios de violencia. Si bien en el marco de la confrontación se ha logrado la desactivación del conflicto con distintos actores armados y se ha avanzado en procesos de democratización y construcción de paz, el efecto acumulado y los legados de la violencia han moldeado los órdenes sociales a nivel territorial y generado las bases para la continuación y el surgimiento de nuevas formas de violencia.

La violencia en Colombia está estrechamente relacionada con el proceso gradual de formación de Estado y su presencia diferenciada tanto en tiempo como en espacio (González 2014). Así, mientras que el Estado ha logrado integrar sus dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales en los centros urbanos, vastas zonas del país se encuentran excluidas y marginadas y no cuentan con la provisión de los servicios más básicos. Ello ha dado lugar a la configuración de órdenes sociales locales en los que son actores no estatales quienes, basándose en el uso de la violencia, se encargan de la provisión de orden y gobernanza. Si bien esta dinámica se presenta en diversas localidades del país (Arjona 2016; González 2014), en el caso de las zonas de frontera -conformadas por doce departamentos y que linealmente cubren 6.342 km- es un aspecto predominante (Idler 2019; Trejos 2016).

En lo atinente a los territorios fronterizos, según Zartman (2010), tres condiciones definen las características de dichas áreas: una población que vive en los márgenes de los centros de poder, que se encuentra atravesada por un límite político formal, y que tiene una vívida y dinámica relación interna y externa con el centro de poder. Así, la relación con el Estado central y la transnacionalidad son dos aspectos claves en estas áreas (Idler 2012). El carácter de la relación con el Estado central está determinado por la distancia entre el centro de poder y el área de frontera; dicha distancia no solo hace referencia a la geografía sino también a las asimetrías en la presencia institucional.3 Ello configura una lógica de centro-periferia entre las áreas de fronteras y las respectivas sociedades nacionales, lo cual usualmente, que no en todos los casos, implica una débil gobernanza estatal4 (Idler 2019, 6-7). En este contexto, actores no estatales desempeñan funciones tradicionalmente atribuidas al Estado, y generan prácticas de ordenamiento social, provisión de servicios públicos y gobernanza (Echandía y Cabrera 2017; González 2014). Cabe señalar que no solo se trata de que el Estado coexista con otros poderes, sino de una relación de dos vías en la cual el mismo Estado interactúa, negocia y hace uso de la informalidad y la ilegalidad (Gútierrez 2019),5 y los grupos criminales desarrollan estrategias para la captura y cooptación del Estado (Garay et al. 2008). Con respecto a la transnacionalidad, las áreas de frontera son espacios de interacción constante entre diversos actores (estatales y no estatales) y de tránsito de un sinnúmero de bienes y servicios. Las dinámicas y fronteras culturales, económicas y sociales transcienden los límites estatales, de manera tal que las áreas de frontera son espacios de movimiento, intercambio e integración en variadas formas, cuyo desarrollo territorial se da en un marco que va más allá de la división político-administrativa de los Estados.

En relación con la seguridad y los actores armados no estatales, Idler (2019) señala que las características de las zonas de frontera, a lo que denomina efecto de frontera, intensifican las lógicas de interacción de los actores armados y las formas de orden no estatal. Tres factores dan cuenta de este aspecto: primero, la débil gobernanza estatal; segundo, un contexto de bajo riesgo y altas oportunidades que facilita la existencia de economías ilícitas, y tercero, la mayor propensión a la impunidad que permite el escalamiento de las dinámicas de conflicto. El segundo y tercer aspecto son resultado, en parte, del hecho de que en las áreas fronterizas se encuentran dos sistemas de seguridad y justicia nacionales diferentes; ese espacio liminal que caracteriza a dichos territorios opera como un factor de atracción para los mercados ilegales, facilita la operación de grupos armados no estatales y la victimización (Idler 2019). En términos militares, la frontera posibilita la evasión de la acción armada del Estado al que se confronta y que se ve limitado por la soberanía del Estado en que se refugia el actor armado ilegal; en lo político, la construcción de redes de apoyo transnacional en las que participan actores estatales y no estatales; y en lo económico-logístico, el acceso a recursos financieros provenientes del mercado internacional por efectos de tráficos ilícitos, así como a bienes y servicios necesarios para el sostenimiento de las acciones armadas (Echandía y Cabrera 2017; Salehyan 2005).

2. Desentramando las violencias en el territorio fronterizo

La agudización de la violencia en la frontera colombo-venezolana no es solo producto de la salida de las FARC del territorio y de las consecuencias que ello ha tenido en la relación de fuerzas de los actores armados presentes. Por el contrario, se inscribe en una trayectoria de conflicto prolongado donde el orden social forjado en el marco del conflicto armado y la existencia de mercados criminales y economías de guerra confluyen con la reconfiguración de actores y prácticas de actores criminales y, de manera reciente, con la crisis de Venezuela y la ola migratoria. Las múltiples capas de la violencia existentes en el trasfondo del efecto frontera hacen de este territorio un escenario muy complejo en términos de seguridad y construcción de paz. En este apartado se expone una diferenciación de los tipos de conflicto violento presentes.

a. Conflicto armado interno y economías de guerra

Desde la década de los setenta del siglo pasado han hecho presencia de manera ininterrumpida distintos actores armados ilegales en la zona centro de la frontera (Norte de Santander). El primero en implantarse fue el ELN, por medio de unidades guerrilleras que venían desplazándose desde el Magdalena Medio con el objetivo de aproximarse a la frontera y establecer un corredor de movilidad hasta Arauca en el oriente (Observatorio del Programa Presidencial de DHH y DIH 2006a). En los ochenta fortaleció su presencia con la creación de los frentes Armando Cacua Guerrero y Efraín Pabón Pabón. En este periodo el ELN logró acceder a finanzas estables por medio de la predación de la renta petrolera, a través de la extorsión a Ecopetrol y otras empresas multinacionales vinculadas a la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas. El acceso a estos recursos posibilitó el crecimiento y la expansión territorial de esta organización guerrillera, la cual logró en esta etapa incursionar en territorio venezolano y utilizarlo como lugar de abastecimiento logístico y fuente de finanzas, extorsionando y secuestrando a ganaderos y empresarios del vecino país (Cañizares 2018). El ELN fue el actor armado hegemónico de la región hasta mediados de los noventa cuando las FARC-EP asumieron dicho rol hasta el momento de su desarme en el año 2016.

En la década de los ochenta arribaron a la región el EPL, por medio del frente Libardo Mora Toro (aún activo),6 y las FARC-EP, a través del frente 33. En el caso de las FARC, la expansión en el departamento estuvo ligada a las dinámicas de cultivos de uso ilícito y procesamiento de alcaloides (Programa Presidencial de DDHH y DIH 2008). Junto al ELN, esta guerrilla permeó gran parte del movimiento social y consolidó una base social en la región. Mediante este proceso de fortalecimiento de la base social y consolidación de economías de guerra, las FARC llegaron a ser el actor dominante en la región, posición que fue disputada de manera posterior por el paramilitarismo.

La llegada de los grupos paramilitares estuvo motivada por la disputa de las rentas asociadas al narcotráfico7 y el contrabando, por una parte, y el interés de crear un corredor para combatir la retaguardia de las guerrillas, en particular las FARC, por el otro. La incursión de este actor se dio a través de las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC) y los bloques Catatumbo (BC), Central Bolívar y Norte (Echandía y Salas 2008; Fundación Ideas para la Paz 2013; Programa Presidencial de DDHH y DIH 2008). Si bien venían incursionando esporádicamente con asesinatos selectivos en el territorio desde la década de los ochenta por medio de las AUSC, no fue sino hasta finales de los noventa que se conformó el BC8 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La convergencia de estos actores armados en el territorio llevó a un repunte de la dinámica de la confrontación en el periodo de 1999 a 2002, con serias afectaciones a la población civil, víctima de homicidios, masacres y desplazamiento forzado (Echandía y Salas 2008; Fundación Ideas para la Paz 2013). En el caso del ELN, el fortalecimiento de las FARC, así como el accionar de las autodefensas y el ELN, forzaron a un repliegue a zonas de montaña y frontera, por lo que incluso trasladó a territorio venezolano su centro de operaciones (Fundación Ideas para la Paz 2013). De manera similar, en el marco de la política de Seguridad Democrática, las FARC buscaron el dominio estratégico del Catatumbo para garantizar su supervivencia (Echandía 2011). No obstante, la relación entre los grupos armados no solo es de confrontación y disputa; también ha habido coyunturas en las que se han hecho acuerdos de no agresión para enfrentar a un enemigo en común o para garantizar la captura de rentas (Idler 2012). Así, Echandía y Salas (2008) argumentan que, en medio de la pérdida de capacidad de acción del ELN, las FARC le brindaron apoyo y se enfrentaron directamente a los grupos paramilitares para evitar el aniquilamiento de esta guerrilla en una zona tan estratégica. Adicionalmente, en 2002 un acuerdo tácito de división del territorio entre las FARC y las AUC llevó a la disminución de la violencia. Este pacto duró hasta 2004 cuando, tras una masacre cometida por las FARC en la que asesinaron a 34 recolectores de coca al servicio del BC, se rompió la tregua y quedo manifiesta la intención de las FARC de retomar el control territorial sobre el departamento.

Tras el proceso de desmovilización de las autodefensas que actuaban en la región, el cual inició en diciembre de 2004 con el BC, disminuyeron la violencia selectiva y masiva y el desplazamiento en el departamento. En este escenario, las FARC retomaron mayor iniciativa armada e incrementaron su presencia en el departamento, mientras que el ELN buscó recuperar algunos espacios. Asimismo, la presencia de grupos posdesmovilización o bandas criminales empezó a crecer en Norte de Santander. Desde 2006 se reportó la presencia de Águilas Negras; posteriormente, Los Rastrojos y el Clan del Golfo entraron en el territorio. Es necesario señalar que el legado del paramilitarismo en la región persiste no solo a través de los grupos armados que se organizaron luego de la desmovilización, sino mediante las estructuras políticas y las élites locales de Norte de Santander, cuyo eje se encuentra en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento (entrevista a miembro de ONG local 2019; Prieto 2019; Quiroga 2007). En efecto, hasta la fecha solo un exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, ha sido juzgado por sus vínculos con paramilitares. El esclarecimiento de los nexos de las élites políticas locales con el paramilitarismo está aún pendiente y de tiempo en tiempo es objeto de debate. Por ejemplo, en declaraciones del excomandante del frente Fronteras del BC de las AUC, Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, este señaló que al menos dos de los candidatos que aspiraban a la alcaldía de Cúcuta en las elecciones regionales de octubre de 2019 tenían lazos con este fenómeno (Prieto 2019).

El seguimiento a la trayectoria del conflicto armado en Norte de Santander evidencia que ad portas de la firma del acuerdo de paz en el 2016, si bien las FARC era el actor armado ilegal con mayor poder en el departamento, no era el único. Se calcula que, en el momento de la salida de las FARC, había casi 1.000 integrantes de distintos grupos armados operando en el departamento: ELN (428), EPL o Pelusos (152), Los Rastrojos (70), Clan del Golfo (98), disidencia del Clan del Golfo (55) y 121 de las milicias urbanas del ELN (“La guerra en Norte de Santander” 2016). En términos geográficos, las FARC, el ELN y el EPL estaban ubicados en la región del Catatumbo, mientras que los grupos criminales sucesores del paramilitarismo se concentraban en el área metropolitana de Cúcuta (Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP 2018; Castilla y Cabrera 2017). La zona veredal de Caño Indio en el municipio de Tibú fue el epicentro del asentamiento de los integrantes de las FARC en la región del Catatumbo y del departamento de Norte de Santander tras dejar las armas.

Con la salida de las FARC, el ELN y el EPL han buscado ocupar los espacios que eran controlados por aquella guerrilla (Castilla y Cabrera 2017; Vergara et al. 2018). Dado el rompimiento de los pactos de no agresión previamente existentes entre el ELN y el EPL, se dio un escalamiento de la confrontación armada, ligado a la disputa por el control de las zonas de cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico (“ELN vs EPL” 2018; Vergara et al. 2018). Sin alcanzar los niveles de la primera década del 2000, las acciones de los grupos armados han tenido un incremento desde 2017 (OCHA 2018, 2019; Vergara et al. 2018). En el marco de su disputa, tanto el ELN como el EPL han perpetrado asesinatos selectivos y amenazas a la población civil. En el caso del homicidio, este se concentra en los municipios de Teorama, San Calixto, Convención, Tibú, El Tarra y Sardinata. Según la información recogida de informantes locales, mientras el EPL recurrió a una alianza con Los Rastrojos y movilizó hombres desde el departamento del César, el ELN hizo lo propio y llevó combatientes provenientes de Arauca. El punto más álgido de la disputa tuvo lugar durante 2018 y el ELN resultó ganador, mientras que el EPL tuvo que replegarse hacia el municipio de Sardinata.9 Entre tanto, el ELN se ha consolidado en el Catatumbo y tiene presencia en Toledo y Chitagá con el frente Efraín Pabón Pabón. Esta guerrilla también ha extendido su presencia en el lado venezolano de la frontera, en especial en los estados de Táchira y el Zulia (entrevistas a miembro de ONG local, funcionario de OCHA y oficial de la Policía Nacional).

En el marco de la guerra que libraban el ELN y el EPL por el control de los territorios desocupados por el frente 33 de las FARC, en octubre de 2018 el Gobierno nacional desplegó en el Catatumbo la Fuerza de Despliegue Rápido n.o 3 compuesta por 5.600 soldados. Meses más tarde, miembros de esta fuerza estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, cuyo hito fue el asesinato e intento de desaparición forzada del exmiliciano de las FARC Dimar Torres en abril de 2019 (“Dimar: el crimen” 2019).

A principios de 2018, con panfletos repartidos en la región del Catatumbo, una disidencia del frente 33 de las FARC se hizo visible (Álvarez, Pardo y Cajiao 2018; “La disidencia” 2018; “Temo por mi vida” 2019). Este grupo tiene presencia en ambos lados de la frontera, cuenta con integrantes colombianos y venezolanos, y está comandada por alias John 40, un mando medio de las FARC que desde el proceso de paz en La Habana se declaró en disidencia (Prieto 2018). Entre las acciones armadas que han llevado a cabo se encuentra un atentado contra la estación de policía del municipio de Tibú a finales de 2018 (“Atentado” 2018) y contra la caravana de Rubén Zamora, excomandante del frente 33 de las FARC y candidato a la Asamblea de Norte de Santander, en agosto de 2019 (“Atentan contra dirigente” 2019; “Temo por mi vida” 2019).

En el análisis de los órdenes y los grupos armados no estatales en el posacuerdo para el caso de la frontera colombo-venezolana, es fundamental incluir el lado venezolano del territorio fronterizo. En el marco de la crisis política, económica y social que actualmente vive este país, distintos grupos armados, tanto colombianos como venezolanos, han venido disputando y ganando territorios, aprovechando que el Estado se encuentra concentrado en la represión de la oposición política y que sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas coordinan actividades criminales con dichos grupos. El caso más destacado es el del ELN, el cual ha logrado extenderse a varios estados venezolanos, ampliando sus operaciones delincuenciales y estableciendo parte de su comandancia estratégica en ese país (Bonilla 2019; Fundaredes 2018; “Los secretos de la alianza” 2019).

b. Violencia criminal y mercados ilegales e informales

Una de las causas de la continua disputa y permanencia de distintos actores armados en el territorio fronterizo ha sido la posibilidad de acceso sistemático a diversas fuentes de financiación. Siguiendo a Kurtenbach y Rettberg (2018), es posible afirmar que son estos recursos los que han configurado una economía de guerra y que constituyen el vínculo con las formas de criminalidad que han surgido luego de la desmovilización de actores armados como los paramilitares o las FARC. A su vez, otros grupos de carácter criminal han emergido teniendo como principal motivación el lucro económico.

Un aspecto clave para entender la relación entre economía y conflicto es considerar el rol que las economías ilícitas desempeñan en el orden social en esta región y los vínculos entre lo legal y lo ilegal. Norte de Santander tiene un índice de pobreza multidimensional de 31,5, el más alto de los departamentos de la región oriental de Colombia, cuyo promedio es 16,6 (DANE 2018). La informalidad en el departamento supera el 80 % (DANE 2018). Entre tanto Cúcuta, que es el centro urbano más importante, tiene una tasa de desempleo por encima del 16 % (“Leve alza” 2019) y la mayor tasa de informalidad de todas las ciudades colombianas, la cual asciende al 70 % (“Cúcuta” 2019). En este contexto de exclusión y precariedad, la vía mediante la cual esta región se ha insertado en los circuitos económicos nacionales y locales han sido los mercados ilegales, todo ello favorecido por las condiciones geográficas e institucionales. Pero las rentas ilegales e informales han sido la única forma mediante la cual los sectores más vulnerables procuran sus medios de vida. En la base del orden político del departamento se encuentra el poder derivado de las economías ilícitas. En palabras de uno de los expertos locales:

Lo que ocurre en el Catatumbo no puede deslindarse de lo que pasa en Cúcuta. Es cierto que hay distintos actores y que cada uno controla un eslabón de la producción de cocaína. Pero al final se trata del mismo sistema económico. En el Catatumbo esa economía alimenta a las guerrillas y a otros grupos; en Cúcuta ese mismo mercado es el que soporta a las élites políticas y económicas y el que ha permitido que en esta ciudad donde lo que prima es el desempleo y la informalidad existan los recursos para que la población pueda subsistir. (Entrevista a profesor universitario 2019)

En efecto, en esta región los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan. El Estado interactúa cotidianamente con los actores armados no estatales e incluso hace uso de los servicios y bienes que estos gestionan y administran. Como ejemplo de ello, uno de nuestros entrevistados que trabaja para una entidad oficial señalaba que en algunos municipios de Catatumbo, dada la carencia de estaciones de gasolina legales, es necesario llenar el tanque de los autos propiedad del Estado colombiano con la gasolina que proviene de contrabando desde Venezuela o la que es refinada artesanalmente a partir del hurto de crudo al “tubo” (como se le denomina al oleoducto Caño Limón Coveñas) y que ha alcanzado tal grado de sofisticación que es posible usarla para los automotores.

El narcotráfico es el mercado ilegal más disputado. En la subregión del Catatumbo se encuentra todo el ciclo de producción, desde el cultivo de la hoja de coca (tabla 1) hasta el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Por su ubicación geográfica, cuenta con rutas de exportación que cruzan el territorio venezolano con la coordinación o activa participación de distintos actores ilegales y legales, tales como la fuerza pública venezolana (Bonilla 2019; UNODC 2019).

Tabla 1 Evolución de los cultivos de coca por hectáreas en el departamento de Norte de Santander (2010-2018) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de hectáreas 1.889 3.490 44.515 6.345 6.944 11.527 24.831 28.244 33.598

Fuente: UNDOC (2019).

Los hidrocarburos constituyen otro elemento clave de la economía de guerra y criminal en este territorio. Por décadas, el contrabando de gasolina venezolana a territorio colombiano ha sido un fenómeno habitual. La gasolina de contrabando no solo se vende de manera informal en los departamentos de Norte de Santander, César, La Guajira y Santander, sino que también es un precursor fundamental en la producción de pasta base de coca. Este es un negocio extremadamente rentable, controlado principalmente por Los Rastrojos y el Clan del Golfo, que vigilan el ingreso y el almacenamiento. Para su distribución en la región, estos grupos deben pagar ya sea al ELN o a Los Pelusos (“La riqueza maldita” 2018). Otra fuente de rentas es el hurto de petróleo mediante válvulas ilegales instaladas en el oleoducto Caño Limón Coveñas. El crudo luego es refinado de manera artesanal y a la gasolina así producida se le conoce con el nombre de “pategrillo”. Este negocio es controlado por el ELN. El pategrillo se usa en el proceso de producción de pasta de base de coca o se mezcla con gasolina venezolana y luego es vendido en la región y en departamentos como el Cesar. En 2018, se reportaron 281 válvulas clandestinas y la pérdida de casi 25.000 barriles de crudo (“La riqueza maldita” 2018).

Una de las economías presentes a lo largo de la historia de la región y que está estrechamente ligada a la economía informal es el contrabando. En comparación con las dinámicas del narcotráfico y los hidrocarburos, esta no había sido objeto de disputa por su captura ni una fuente de violencia. Sin embargo, la decisión del Gobierno venezolano de no permitir el paso de bienes y mercancías, automotores y vehículos de carga llevó a un incremento inusitado del tráfico de bienes y personas mediante pasos irregulares (trochas). Si bien no existe una cifra oficial, se estima que hay por lo menos 250 pasos clandestinos que conectan con los estados venezolanos de Táchira y Zulia. El control de dichos pasos es disputado por grupos criminales10 con mandos e integrantes colombianos y venezolanos. La crisis institucional de Venezuela ha llevado a la emergencia de múltiples grupos criminales, dispuestos a disputar el control de las diversas rentas derivadas de los tráficos que se mueven a través de la frontera, tales como cárnicos, enseres y carbón. El aumento de actores criminales y de la competencia por el control de las rentas ha venido provocando el incremento sostenido de la violencia en la zona de frontera y el uso de medios cada vez más cruentos como mensaje a los contendores.11

La gestión de la frontera por parte del Estado venezolano ha llevado al incremento de la clandestinidad, la cual es gobernada por actores ilegales que, mediante su interacción, han establecido un orden no estatal (Idler 2019). Debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno venezolano, el tránsito de bienes y personas, que usualmente ha sido parte de los flujos regulares controlados por las autoridades estatales, se ha convertido en un componente más de la economía criminal y la regulación no estatal. Cabe señalar que no son solo los actores ilegales quienes buscan lucrarse del tráfico a través del límite fronterizo; también los actores estatales de ambos países persiguen un beneficio económico. Por ello, no es extraño que una persona que quiera cruzar con alimentos u otros bienes tenga que pagar a actores distintos a lo largo de su camino.

c. Migración y crisis humanitaria

Las condiciones de violencia e inseguridad, así como la falta de acceso a los bienes y servicios básicos, han llevado a la salida de alrededor de cuatro millones de venezolanos en los últimos años. En palabras de Acnur (“Situación en Venezuela” 2019), este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región. De acuerdo con datos de esta misma institución, 1.408.055 refugiados y migrantes venezolanos se encuentran en Colombia. Colombia es el primer país de destino de los migrantes venezolanos y Norte de Santander es el epicentro de la crisis migratoria. A este departamento ingresó el 94 % del flujo migratorio y allí se concentra la segunda mayor población de venezolanos en Colombia. Según Migración Colombia, en 2018 167.958 migrantes venezolanos permanecían en este departamento (OCHA 2018).

El nexo entre migración y violencia es complejo (Bank, Fröhlich y Schneiker 2017; Buhaug y Urdal 2013). Por un lado, está la relación entre migración y aumento de la violencia. La migración per se no conduce a un aumento de los conflictos violentos, por el contrario, tiene efectos positivos.12 La probabilidad de que la llegada de una población externa conduzca al aumento de la violencia depende de la velocidad y magnitud de la ola migratoria, así como de las condiciones institucionales y los recursos disponibles en las sociedades de destino. Por otra parte, la migración motivada por diversas inseguridades (políticas, económicas y sociales) no solo sigue una lógica de salida de la violencia hacia un contexto de seguridad. Como lo muestra la experiencia de migrantes centroamericanos en México, y según argumentaremos para el caso de los migrantes venezolanos en Colombia, la migración no solo puede ser un movimiento fuera de la violencia sino que puede ser un movimiento hacia la violencia (Bank, Fröhlich y Schneiker 2017), donde los migrantes, en vez de ser multiplicadores del conflicto del que huyen en sus lugares de origen, entran en contextos de violencia física y estructural en los lugares de destino.

La mayoría de migrantes que llegan a esta zona son aquellos que provienen de los sectores más precarizados en Venezuela. A ello se suma que más del 46 % son menores de edad (OCHA 2018). Si bien el Gobierno colombiano ha tenido una política de puertas abiertas, los recursos institucionales para atender sus necesidades son escasos y la capacidad de la economía formal para absorber la nueva mano de obra es bastante limitada. De manera que los migrantes venezolanos se encuentran en un contexto de vulnerabilidad donde están expuestos a múltiples formas de violencia e inseguridad, con impactos diferenciados según el género (Zulver e Idler 2020).

Desde agosto de 2015, el Gobierno venezolano decidió cerrar los pasos fronterizos con Colombia bajo el argumento de controlar la ilegalidad, el paramilitarismo y el contrabando. Desde entonces se permite el paso de personas pero no de vehículos ni el transporte de mercancías. Al alero de esta medida, los pasos clandestinos o trochas se convirtieron en el espacio de tránsito de personas y mercancías. Las trochas son controladas por distintos grupos armados que demandan pagos para poder cruzar, ejercen control migratorio y sobre la movilidad (Mantilla 2019). Cabe señalar que en los pasos regulares los migrantes también son extorsionados por miembros de las fuerzas militares y de policía de ambos países para que se les permita el paso. Dada la existencia de diversos grupos ilegales que se disputan el control de las trochas, en este escenario los migrantes se convierten en carne de cañón. Algunos han caído víctimas de tiroteos en la zona del límite territorial (“Al menos un muerto” 2019; “Balacera desatada” 2019), mientras que otros son víctimas de desaparición forzada.13 En este sentido, algunos de los entrevistados señalaron la existencia de fosas clandestinas en las áreas próximas al límite fronterizo.

Las poblaciones locales colombianas han resentido el aumento de los migrantes debido a la mayor competencia laboral, el aumento de la informalidad y una mayor percepción de inseguridad. En palabras de uno de los pobladores de Cúcuta (2019):

Las personas en Cúcuta eran muy ingenuas, antes usted veía al ladrón que llegaba y robaba sacándole un cortaúñas. Ahora no, ahora los venezolanos es que van matando de una vez. Ellos matan y después roban. Son más crueles que los colombianos.

Sin embargo, según información de la Policía local, aunque ha habido un aumento en delitos de hurto y sicariato, no hay suficiente evidencia que permita señalar que los cambios en las dinámicas de criminalidad en la ciudad se deban al aumento de la población migrante (entrevista a miembro de la Policía Nacional en Norte de Santander 2019). La observación de las autoridades locales coincide con resultados de análisis empíricos que sugieren que el aumento de la población migrante venezolana puede tener efectos modestos en las tasas de hurto a personas y comercios, mientras que no hay evidencia de un impacto de la migración en el aumento de homicidios y lesiones personales (Franco 2020).

La percepción de inseguridad de los pobladores locales con respecto a los migrantes venezolanos contrasta con las condiciones de inseguridad que estos enfrentan al llegar a Colombia. En un contexto de precariedad y marginalidad, los migrantes se ven abocados a actividades de economía informal y, en el caso de las mujeres, es significativo el crecimiento en la cantidad que tiene relaciones sexuales por supervivencia en lugares clandestinos, lo cual está ligado a redes de trata y explotación sexual (OCHA 2018). La disponibilidad de mano de obra barata también ha sido aprovechada por los grupos armados ilegales, los cuales han reclutado migrantes venezolanos como parte de sus estructuras armadas o los han integrado en la producción de hoja de coca y cocaína (Fundaredes 2018; “Narcocultivos” 2019; OCHA 2018).14 Se estima, por ejemplo, que 25.000 venezolanos se encuentran en la región de Catatumbo (OCHA 2019), una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca y producción de pasta base de coca en Colombia. En algunas de las entrevistas realizadas en la región, los participantes señalaron que en ciertos corregimientos del municipio de Tibú (que cuenta con un alto número de hectáreas de cultivos de hoja de coca) la mayoría de raspachines15 son venezolanos. A su llegada al territorio, los migrantes deben someterse a las reglas y la autoridad del grupo armado a cargo. En algunos casos tienen que portar una carta que acredite que cuentan con “autorización” para vivir allí o ser recomendados por algún poblador local para poder entrar a la comunidad. Frente a los conflictos entre pobladores y migrantes, los grupos armados también han ejercido funciones de resolución de disputas.

El tráfico de personas se ha convertido en un fenómeno común en la zona de frontera. Las autoridades colombianas han desmantelado redes de tráfico de personas que bajo engaño reclutaban a migrantes venezolanos en Cúcuta con la promesa de trabajo en otras regiones del país y luego los obligaban a vender drogas (Unidad de Investigación de Venezuela 2018). Grupos criminales también hacen uso de agencias turísticas como fachada para captar potenciales víctimas en el área contigua al Puente Internacional Simón Bolívar (Bonilla 2019).

La crisis migratoria constituye uno de los factores que ha contribuido al aumento del conflicto violento y la criminalidad en el territorio fronterizo; sin embargo, la migración no es un mecanismo para la reproducción del conflicto venezolano en suelo colombiano. En cambio, los migrantes venezolanos han entrado a formar parte de un entramado de violencia física y estructural, órdenes sociales violentos y crimen organizado ya presente en el lado colombiano. En medio de esta crisis, la llegada de la COVID-19 ha exacerbado la situación de inseguridad y vulnerabilidad de los migrantes (Idler y Hochmüller 2020). Si bien los efectos de la pandemia en las dinámicas de conflicto e inseguridad no se dan de forma inmediata y están mediados por múltiples factores, es de esperarse que el coronavirus genere un mayor deterioro de las condiciones de vida, tanto de las poblaciones locales como de los migrantes.

Conclusiones

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, los esfuerzos de los excombatientes por construir una vida lejos de las armas, la movilización de la sociedad civil por la implementación del acuerdo y el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz contrastan con la escalada del conflicto violento y la criminalidad en algunas regiones del país. Lo que estos contrastes evidencian es la complejidad de los problemas y retos de la terminación de la violencia y la construcción de paz en contextos de conflicto prolongado. En este marco transicional, las manifestaciones de la violencia están atravesando por una fase de transformación y un reacomodamiento de actores y prácticas criminales ha tenido lugar. El impacto de la crisis de Venezuela ha añadido otra dimensión al de por sí complejo contexto de seguridad en la Colombia del posacuerdo. Con este trasfondo, en el presente artículo hemos desarrollado un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana a partir del caso de Norte de Santander.

En este departamento confluyen distintos tipos de violencia, así como diversos actores armados, los cuales varían en sus motivaciones (políticas o criminales), estructuras y capacidades. Hasta la firma del acuerdo de paz y la dejación de armas, las FARC eran uno de los principales actores en el territorio fronterizo. La salida de este grupo ha dado lugar a un cambio en los órdenes sociales y territoriales presentes a lo largo de la frontera, con la disputa por copar los territorios y rentas que antes estaban bajo control de las FARC, por parte tanto de actores armados no estatales previamente presentes como de otros nuevos, entre ellos las disidencias de las FARC. Sin embargo, la agudización del conflicto violento en este territorio tiene múltiples aristas que exceden el rol de las FARC y el efecto de la dejación de las armas y su transformación en partido político. Lo que ocurre actualmente en Norte de Santander es parte de la trayectoria del conflicto prolongado donde múltiples formas del conflicto violento, sus legados y dinámicas confluyen, interactúan y se transforman mutuamente. Así, el orden social forjado en el marco del conflicto armado y la existencia de mercados criminales y economías de guerra coinciden con la reconfiguración de actores y prácticas criminales y, de manera reciente, con la ola migratoria y la crisis humanitaria producto de la crisis en Venezuela.

El análisis del territorio fronterizo en Norte de Santander permite ilustrar las transformaciones del conflicto violento en Colombia en el contexto del posacuerdo de paz. Por una parte, la transición entre la guerra y la paz involucra claros y oscuros y los cambios de actores y prácticas criminales. Todo ello en el marco de los legados históricos de la violencia. En el caso del territorio analizado, la salida de las FARC ha dado lugar a un reacomodamiento en el balance de fuerzas de los actores armados no estatales, mayor competencia criminal y fragmentación. Al mismo tiempo, los esfuerzos por implementar el acuerdo de paz y construir la paz se dan en el marco de estructuras políticas e institucionales forjadas por el paramilitarismo y las economías ilegales. El reto no solo radica en evitar un rearme por parte de los excombatientes o en fortalecer las fuerzas militares y de policía para combatir a los grupos criminales, sino en modificar de manera profunda las instituciones y en brindar las condiciones para que las economías ilegales no sean el mecanismo mediante el cual la región se integre a los circuitos económicos nacionales e internacionales. La condición de frontera del departamento añade otra capa de complejidad y evidencia la importancia de los países vecinos en los esfuerzos para superar la violencia y construir la paz. La crisis institucional en Venezuela y la consolidación de un escenario marcado por un oligopolio de la violencia tienen un impacto directo en la seguridad del lado colombiano de la frontera y en las dinámicas territoriales y de poder por parte de los actores armados no estatales. Asimismo, las decisiones de ambos Estados sobre las formas en que gestionan la frontera tienen el potencial de ofrecer incentivos para la agudización de mercados criminales y el fortalecimiento de órdenes no estatales. Los territorios fronterizos en Colombia constituyen uno de los escenarios más complejos en términos de seguridad y construcción de paz en el contexto actual.

Referencias

“Al menos un muerto y tres heridos por un tiroteo en la frontera colombo-venezolana”. 2019. EFE, 8 de mayo. https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/al-menos-un-muerto-y-tres-heridos-por-tiroteo-en-la-frontera-colombo-venezolana/10004-3970688Links ]

Álvarez, Eduardo, Daniel Pardo y Andrés Cajiao. 2018. Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. http://ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdfLinks ]

Andreas, Peter. 2003. “Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-first Century”. International Security 28 (2): 78-111. [ Links ]

Arjona, Ana. 2016. Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Arjona, Ana, Nelson Kasfir y Zacariah Mampilly. 2015. Rebel Governance in Civil War. Nueva York: Cambridge University Press. [ Links ]

“Atentado contra estación de Policía de Tibú, Norte de Santander”. 2018. La FM, 11 de diciembre. https://www.lafm.com.co/colombia/atentado-contra-estacion-de-policia-de-tibu-norte-de-santanderLinks ]

“Atentan contra dirigente del partido FARC en Norte de Santander”. 2019. El Espectador, 25 de agosto. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/atentan-contra-dirigente-del-partido-farc-en-norte-de-santander-articulo-877806Links ]

Azar, Edward. 1985. “Protracted International Conflicts: Ten Propositions”. International Interactions 12 (1): 59-70. https://doi.org/10.1080/03050628508434647Links ]

Azar, Edward, Paul Jureidini y Ronald Mclaurin. 1978. “Protracted Social Conflict. Theory and Practice in the Middle East”. Journal of Palestine Studies 8 (1): 41-60. https://doi.org/10.2307/2536101Links ]

“Balacera desata el pánico en frontera con Venezuela”. 2019. El Tiempo, 3 de mayo. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balacera-desata-el-panico-en-frontera-con-venezuela-356858Links ]

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. 2018. Catatumbo, la guerra sin tregua. Informe de la situación de derechos humanos en el 2018. Bogotá: Cinep. [ Links ]

Bank, André, Christine Fröhlich y Andrea Schneiker. 2017. “The Political Dynamics of Human Mobility: Migration out of, as and into Violence”. Global Policy 8: 12-18. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12384Links ]

Blatter, Joachim y Markus Haverland. 2012. Designing Case Studies. Londres: Palgrave Macmillan. [ Links ]

Bonilla, Manuela. 2019. “La nueva fachada del tráfico de migrantes entre Colombia y Venezuela”. Insight Crime (blog). https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/la-nueva-fachada-del-trafico-de-migrantes-entre-colombia-y-venezuela/Links ]

Brinkerhoff, Derick. 2005. “Rebuilding Governance in Failed States and Post-conflict Societies: Core Concepts and Cross-cutting Themes”. Public Administration and Development 25 (1): 3-14. https://doi.org/10.1002/pad.352Links ]

Buhaug, Halvard y Henrik Urdal. 2013. “An Urbanization Bomb? Population Growth and Social Disorder in Cities”. Global Environmental Change 23: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.10.016Links ]

Cañizares, Wilfredo. 2018. “La crisis social y humanitaria en Norte de Santander: Cúcuta y el Catatumbo”. Noche y Niebla 57: 43-66. [ Links ]

Castilla, Camilo e Irene Cabrera Nossa. 2017. “El Catatumbo (Colombia) en el posacuerdo: riesgos y oportunidades de la participación política de las FARC”. Forum 12: 89-112. [ Links ]

Cirino, Julio y Santiago Elizondo. 2003. Áreas sin ley: orígenes del fenómeno y percepciones de amenaza. Buenos Aires: Center for Hemispheric Defense Studies. [ Links ]

“Cúcuta, sexto lugar en desempleo y con la informalidad más alta”. 2019. La Opinión, 28 de junio. https://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-sexto-lugar-en-desempleo-y-con-la-informalidad-mas-alta-179653#OPLinks ]

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 2018. “Pobreza multidimensional región oriental. Departamento de énfasis: Norte de Santander”. Bogotá. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/Region_bt_pobreza_multidimensional_18_oriental.pdfLinks ]

“Dilmar: el crimen al que quisieron echarle tierra”. 2019. Semana. https://especiales.semana.com/el-asesinato-de-dimar-torres/index.htmlLinks ]

“La disidencia del frente 33 de las FARC de la que pocos hablan”. 2018. El Espectador, 31 de marzo. https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-disidencia-del-frente-33-de-las-farc-de-la-que-pocos-hablan-articulo-856476Links ]

Echandía Castilla, Camilo. 2011. Situación actual de las FARC: un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011). Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. [ Links ]

Echandía, Camilo e Irene Cabrera. 2017. Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. [ Links ]

Echandía, Camilo y Luis Gabriel Salas. 2008. Dinámica espacial de las muertes violentas en Colombia, 1990-2005. Bogotá: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. [ Links ]

“ELN vs. EPL: la guerra en el Catatumbo”. 2018. Semana, 4 de octubre. https://www.semana.com/nacion/articulo/eln-vs-epl-la-guerra-en-el-catatumbo/585792Links ]

26. “EPL-Los Rastrojos una unión macabra”. 2019. La Opinión, 17 de junio. https://www.laopinion.com.co/judicial/epl-los-rastrojos-una-union-macabra-178937#OPLinks ]

Franco, Juan Sebastián. 2020. ¿Los sospechosos de siempre? Efectos de la migración irregular en la criminalidad. Documentos CEDE 2020-8. Bogotá: Uniandes. https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2020-08.pdfLinks ]

“La frontera, eje de la desaparición forzosa”. 2019. La Opinión, 1.º de febrero. https://www.laopinion.com.co/frontera/la-frontera-eje-de-la-desaparicion-forzosa-170513#OPLinks ]

Fundación Ideas para la Paz. 2013. “Dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su impacto humanitario”. Bogotá. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5b72fe7f2b9d1.pdfLinks ]

Fundación Progresar y Gobernación de Norte de Santander. 2010. “Tantas vidas arrebatadas. La desaparición forzada de personas: una estrategia sistemática de guerra sucia en Norte de Santander”. Cúcuta. https://www.ciase.org/apc-aa-files/66666364653434343434343434343434/Libro_Tantas_vidas_arrebatadas_1Links ]

Fundaredes. 2018. Informe anual Fundaredes 2018. Cúcuta: Fundaredes. https://www.fundaredes.org/2019/04/12/informe-fundaredes-2018/Links ]

Garay Salamanca, Luis, Eduardo Salcedo-Albarán, Isaac de León-Beltrán y Bernardo Guerrero. 2008. La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Bogotá: Grupo Método, Transparencia por Colombia y Fundación Avina. [ Links ]

González, Fernán. 2014. Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Cinep; Odecofi; Colciencias. [ Links ]

“La guerra en Norte de Santander después de las FARC”. 2016. La Opinión, 3 de julio. https://www.laopinion.com.co/region/la-guerra-en-norte-de-santander-despues-de-las-farc-114713#OPLinks ]

Gutiérrez Sanín, Francisco. 2019. Clientelistic Warfare. Witney: Peter Lang. [ Links ]

Gutiérrez Sanín, Francisco, María Emma Wills y Gonzalo Sánchez. 2005. Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. [ Links ]

ICRC (International Committee of the Red Cross). 2016. “Protracted Conflict and Humanitarian Action: Some Recent ICRC Experiences”. Ginebra. https://www.icrc.org/en/publication/4265-protracted-conflict-and-humanitarian-action-some-recent-icrc-experiencesLinks ]

Idler, Annette. 2012. “Exploring Agreements of Convenience Made among Violent Non-State Actors”. Perspectives on Terrorism 6 (4-5): 63-84. [ Links ]

Idler, Annette. 2019. Borderland Battles: Violence, Crime, and Governance at the Edges of Colombia’s War. Nueva York: Oxford University Press. [ Links ]

Idler, Annette. 2019. Borderland Battles: Violence, Crime, and Governance at the Edges of Colombia’s War. Nueva York: Oxford University Press. [ Links ]

Idler, Annette y Markus Hochmüller. 2020. “COVID-19 in Colombia’s Borderlands and the Western Hemisphere: Adding Instability to a Double Crisis”. Journal of Latin American Geography. DOI: 10.1353/lag.0.0143 [ Links ]

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 2020. Mapas Departamentales Físicos. https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-departamentales-fisicos-de-uso-escolarLinks ]

Jiménez, Juan Carlos. 2017. Un complejo balance: el ELN en 2017. Bogotá: Fundación Heinrich Böll. [ Links ]

Klemt, Bart. 2018. “The Problem of Peace and the Meaning of ‘Post-war’”. Conflict, Security, and Development 18 (3): 233-255. DOI: 10.1080/14678802.2018.1468532 [ Links ]

Kurtenbach, Sabine y Angélika Rettberg. 2018. “Understanding the Relation between War Economies and Post-war Crime” Third World Quaterly Journal 3 (1): 1-8. DOI: 10.1080/23802014.2018.1457454 [ Links ]

“Leve alza en la tasa de desempleo en Cúcuta”. 2019. La Opinión, 1.º de febrero. https://www.laopinion.com.co/economia/leve-alza-en-la-tasa-de-desempleo-en-cucuta-170524#OPLinks ]

“La lista del holocausto paramilitar en Norte de Santander”. 2014. Verdad Abierta. Consultado el 12 de septiembre de 2019. https://verdadabierta.com/la-lista-del-holocausto-paramilitar-en-norte-de-santander/Links ]

Mantilla, Jorge. 2019. “The Border Control Paradox in Venezuela”. Border Criminologies (blog), 11 de diciembre. https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2019/12/border-controlLinks ]

Molano-Rojas, Andrés y Felipe Zarama. 2016. “Fronteras: gobernanza, sensibilidad y vulnerabilidad”. En Fronteras en Colombia como zonas estratégicas: análisis y perspectivas, editado por Andrés Molano-Rojas, 17-46. Bogotá: KAS; Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. [ Links ]

Morselli, Carlo, Mathilde Turcotte y Valentina Tenti. 2011. “The Mobility of Criminal Groups”. Global Crime 12 (3): 165-188. DOI: 10.1080/17440572.2011.589593 [ Links ]

“Narcocultivos en Tibú, el imprevisto destino de migrantes venezolanos”. 2019. La Opinión, 12 de febrero. https://www.laopinion.com.co/frontera/narcocultivos-en-tibu-el-imprevisto-destino-de-migrantes-venezolanos-171238#OP Links ]

OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). 2018. Briefing Departamental. Norte de Santander. Cúcuta. https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/brieffing-norte-de-santanderLinks ]

OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA). 2019. Boletín Humanitario Colombia 75. https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/bolet%C3%ADn-humanitario-febrero-2019Links ]

Prieto, Jineth. 2018. “La unión de las disidencias queda probada en el Catatumbo”. La Silla Vacía (blog), 22 de agosto. https://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-union-de-las-disidencias-queda-probada-en-el-catatumbo-67555Links ]

Prieto, Jineth. 2019. “El ‘Iguano’ golpea al uribismo en Cúcuta”. La Silla Vacía (blog), 16 de agosto. http://www.lasillavacia.com/silla-santandereana/iguano-golpea-al-uribismo-cucuta-73017Links ]

Programa Presidencial de DDHH y DIH. 2002. “Panorama actual del Norte de Santander”. Bogotá. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/norte_santander/nsantander.pdfLinks ]

Programa Presidencial de DDHH y DIH. 2006a. “Dinámica de la confrontación Armada entre la confluencia de los Santanderes y sur del Cesar”. Bogotá. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/confluencia.pdfLinks ]

Programa Presidencial de DDHH y DIH. 2006b. “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo”. Bogotá. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/catatumbo.pdfLinks ]

Programa Presidencial de DDHH y DIH. 2008. “Diagnóstico departamental Norte de Santander, 2003-2007”. Bogotá. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2008/nortedesantander.pdfLinks ]

Quiroga, Diego. 2007. “Actores armados y administración pública: el caso de los poderes locales en la ciudad de Cúcuta, nororiente de Colombia”. Consultado el 12 de septiembre de 2019. http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-290.htmlLinks ]

Ramsbotham, Oliver. 2005. “The Analysis of Protracted Social Conflict: A Tribute to Edward Azar”. Review of International Studies 31 (1): 109-126. https://doi.org/10.1017/S0260210505006327Links ]

Reyes, Alejandro. 1993. Geografía de la violencia en Colombia. Informe de investigación. Bogotá: Iepri. [ Links ]

Ríos Sierra, Jerónimo. 2016. “La periferialización del conflicto armado colombiano (2002-2014)”. Geopolítica(s) 7 (2): 251-275. [ Links ]

“La riqueza maldita del Catatumbo”. 2018. Verdad Abierta. Consultado el 12 de septiembre de 2019. https://verdadabierta.com/la-riqueza-maldita-del-catatumbo/Links ]

Salehyan, Idean. 2005. Rebels without Borders. Nueva York: Cornell University Press. [ Links ]

“Los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN”. 2019. Semana, 9 de septiembre. https://www.semana.com/nacion/articulo/los-secretos-de-la-alianza-entre-el-gobierno-de-maduro-las-disidencias-y-el-eln/630999Links ]

Serje, Margarita. 2011. El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá: CESO; Ediciones Uniandes. [ Links ]

“Situación en Venezuela”. Consultado el 10 de septiembre de 2019. https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.htmlLinks ]

“‘Temo por mi vida’: dirigente de FARC, víctima de ataque en el Catatumbo”. 2019. El Espectador, 7 de septiembre. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/temo-por-mi-vida-dirigente-de-farc-victima-de-ataque-en-el-catatumbo-articulo-880010Links ]

Trejos, Luis Fernando, ed. 2016. Fronteras: fuentes de conflicto y cooperación. Barranquilla: Universidad del Norte. [ Links ]

Unidad de Investigación de Venezuela. 2018. “Aumentan casos de migrantes venezolanos víctimas de trata en Colombia”. Insight Crime (blog), 24 de octubre. https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/aumentan-casos-de-migrantes-venezolanos-victimas-de-trata-en-colombia/Links ]

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2019. “Refugees and Migrants from Venezuela Top 4 Million: UNHCR and IOM”. Consultado el 2 de enero de 2020. https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5cfa2a4a4/refugees-migrants-venezuela-top-4-million-unhcr-iom.htmlLinks ]

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2019. Colombia. Monitoreo de los cultivos ilícitos 2018. Bogotá: UNODC. [ Links ]

Valenzuela, Santiago. 2019. “¿Por qué están apareciendo personas descuartizadas en la frontera con Venezuela?”. Pacifista, 26 de julio. https://pacifista.tv/notas/descuartizamientos-frontera-venezuela-paramilitares-guardia/Links ]

Vergara, Juan Carlos, Andrés Cajiao , Irina Cuesta y Tatiana Prada. 2018. Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras. Los desafíos del nuevo gobierno. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. [ Links ]

Yin, Robert. 2014. Case Study Research. Design and Methods, 5.ª ed. Londres: Sage Publications. [ Links ]

Zartman, William. 2010. Understanding Life in the Borderlands: Boundaries in Depth and Motion. Athens, Georgia: University of Georgia Press. [ Links ]

Zulver, Julia y Annette Idler. 2020. “Gendering the Border Effect: The Double Impact of Colombian Insecurity and the Venezuelan Tefugee Crisis”.Third World Quarterly 41 (7): 1122-1140. DOI: 10.1080/01436597.2020.1744130 [ Links ]

*Los autores no recibieron financiación específica para esta investigación.

1Como método, el estudio de caso es un enfoque no experimental que permite la investigación profunda de fenómenos complejos y procesos con las siguientes características: a) los límites entre el contexto y el objeto de investigación no son claros, y b) envuelven múltiples variables, actores y trayectorias históricas. El estudio de caso considera la inclusión de diversas fuentes de información y evidencia (cualitativa y cuantitativa) en el análisis (Blatter y Haverland 2012; Yin 2014).

2Según datos de OCHA, en 2018 se registraron más de 165.000 víctimas, lo que hace de este departamento el tercero con mayores afectaciones por el conflicto armado. Entre 2016 y 2018 los ataques a la población civil tuvieron un incremento de 159 %. También ha sido escenario de paros armados y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La región del Catatumbo, localizada en la franja norte, cuenta con más de 33.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca (la segunda más grande del país). La coca producida allí es procesada en laboratorios que se encuentran en la región y traficada posteriormente vía La Guajira o Venezuela. Los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región son los carteles mexicanos, en especial el de Sinaloa (Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP 2018). Además de las guerrillas de las FARC, el ELN y un reducto del EPL, la región sufrió la violencia paramilitar. Con una masacre ocurrida en el municipio de La Gabarra en 1999 inició la incursión del paramilitarismo. El accionar de los grupos paramilitares dejó un saldo de casi un millar de víctimas (“La lista del holocausto” 2014) y al menos 1.500 desapariciones forzadas (Fundación Progresar y Gobernación de Norte de Santander 2010). Luego del proceso de desmovilización de las estructuras armadas paramilitares, bandas criminales derivadas de estos grupos han seguido operando en el territorio. Igualmente, las élites políticas y económicas de la ciudad están vinculadas al paramilitarismo (Prieto 2019).

3Para un análisis crítico sobre la representación de las áreas de frontera como espacios de violencia e inseguridad, ver Serje (2011).

4Cabe señalar que las fronteras también tienen un control férreo por una autoridad central fuerte. La frontera entre las dos Coreas es un ejemplo de ello (Zartman 2010, 6).

5En contraste con esta perspectiva, los análisis basados en enfoques estadocéntricos han representado a los territorios de frontera como “áreas sin ley”, “territorios desgobernados” o “espacios vacíos” (Cirino y Elizondo 2003; Molano-Rojas y Zamara 2016). El problema con esta perspectiva es que parte de concepciones binarias y reduccionistas que equiparan formalidad y Estado con orden e informalidad o precariedad/ausencia estatal con desorden y violencia. Adicionalmente, desconoce la agencia de las comunidades locales y las formas de gobernanza no estatal.

6En los noventa llegó a la región el frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL que venía trasladado desde el Magdalena Medio.

7Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2002, 2006a, 2006b), la presencia del bloque Catatumbo en la región no obedeció a objetivos contrainsurgentes sino al control de las zonas de cultivo de hoja de coca, procesamiento de clorhidrato de cocaína y las rutas de movilidad hasta los puntos de exportación en el Caribe colombiano y Venezuela.

8Este absorbió a las AUSC.

9Debido a la derrota militar con el ELN, el EPL pactó una alianza con Los Rastrojos para combatir a dicha guerrilla y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el fin de recuperar el Catatumbo y extenderse a Venezuela (“EPL-Los Rastrojos” 2019).

10Algunos de ellos son: Los Rastrojos, el Clan del Golfo, La Línea, La Frontera, Tren de Aragua, Canelones, Cebolleros y Bota e’ Caucho.

11Por ejemplo, en el mes de julio “militares venezolanos capturaron a cinco hombres que transportaban cabezas humanas en costales por el río Táchira. A las personas las capturaron en la ciudad de Ureña, donde el grupo ‘La Línea’ ha intentado expandirse. Un mes antes, el 9 de junio, un comando de la Guardia Nacional Bolivariana recibió un ataque en ese mismo lugar. De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, sujetos armados lanzaron la cabeza de un hombre contra el comando, con un mensaje que señalaba que la cabeza era de un ‘guerrillero, aliado a la Guardia Nacional Bolivariana’” (Valenzuela 2019).

12Por ejemplo, el incremento de la población en edades activas conocido como bono demográfico.

13Cabe señalar que la desaparición forzada es un fenómeno que ha estado presente en la región. Según datos de la Fiscalía, en 2018 hubo 218 casos de personas víctimas de este fenómeno, de las cuales 32 eran venezolanos (“La frontera” 2019).

14Según información de la Policía local, los grupos armados pagan alrededor de 800.000 pesos mensuales (aproximadamente 240 dólares) a quienes integran las estructuras armadas; entre tanto, un raspachín recibe unos 500.000 pesos por mes (150 dólares) (entrevista realizada a miembro de la Policía Nacional en Norte de Santander 2019).

15Así se les denomina a los jornaleros que se dedican a cosechar (raspar) la hoja de coca.

CÓMO CITAR: García Pinzón, Viviana y Luis Fernando Trejos. 2021. “Las tramas del conflicto prolongado en la frontera colombo-venezolana: un análisis de las violencias y actores armados en el contexto del posacuerdo de paz”. Colombia Internacional 105: 89-115. https://doi.org/10.7440/colombiaint105.2021.04

Recibido: 15 de Septiembre de 2019; Aprobado: 16 de Julio de 2020

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