Introducción

¿Por qué algunos grupos étnicos buscan objetivos radicales, mientras que otros persiguen demandas moderadas? Los estudios que se centran en los conflictos étnicos han aumentado considerablemente en los últimos veinte años. Las fuertes disputas territoriales, las demandas de autodeterminación y los problemas ambientales son algunos de los principales motivos que incitan a una disputa con el Estado, con empresas privadas o incluso contra otras poblaciones étnicas. La academia ha proporcionado vasta información sobre guerras civiles, hechos de violencia y sus consecuencias (véanse ^{Fearon y Laitin 2003}; ^{Saideman y Ayres 2000}; ^{Toft 2003}, entre otros), pero ha prestado escasa atención a los grupos que dentro de sus filas despliegan distintas demandas u objetivos. Esta forma de observar los conflictos ha generado que el enfoque dominante en muchos estudios de violencia civil y étnica trate a los grupos involucrados como homogéneos en sus demandas (^{Collier y Hoeffler 2009}; Fearon 2004; Toft 2003; ^{Walter 2006}).

Si bien existen trabajos académicos que ya han comenzado a discutir la importancia de las diferentes facciones que existen dentro de los grupos étnicos (por ejemplo, ^{Cunningham 2013}; ^{Jenne, Saideman y Lowe 2007}; ^{Varshney 2002}), aún no hay un estudio que detalle y explique el surgimiento de distintas demandas dentro de un grupo. Dado lo anterior, esta investigación propone evidenciar la existencia de variación interna en las demandas del pueblo mapuche, así como también producir algunas proposiciones teóricas generales que expliquen las diferencias del caso. Para lograr estos objetivos se tomará como caso de estudio el conflicto mapuche-Estado en Chile, específicamente en las regiones del Biobío y La Araucanía. Esta localización no es la única que presenta población mapuche o manifestaciones propias del conflicto, pero es allí donde se concentra el conflicto en términos de disputa directa entre el grupo mapuche y el Estado.¹

Desde el regreso a la democracia en Chile, pero más específicamente desde 1997 con la primera quema de camiones forestales por parte de un grupo de activistas mapuche, se inició uno de los periodos contenciosos más duros entre pueblo mapuche y Estado chileno.² Diversas tácticas (corte de rutas, toma de terrenos, marchas pacíficas, entre otros) se han registrado en diferentes puntos del país, ¿pero cuáles son las demandas que el pueblo mapuche levanta? Desde hace aproximadamente treinta años, comunidades mapuche han demandado con fuerza la autonomía territorial, política y económica. Por otro lado, distintas organizaciones y comunidades mapuche se han manifestado en contra de la exclusión económica y política, los proyectos con impacto ambiental, la persecución y la violencia estatal contra sus comunidades. Mientras que, paralelo a esto, es posible observar también a comunidades mapuche participar de proyectos bajo el alero del Estado, construyendo proyectos de ecoturismo y economía sustentable, así como de emprendimiento económico.

En una detallada revisión de fuentes primarias (noticias y medios de información) durante 2018-2019 se levantó información sobre las 2.545 comunidades mapuche ubicadas entre las regiones del Biobío y La Araucanía. Mediante análisis de autocorrelación espacial y análisis de regresiones basados en modelos logísticos ordinales, se testean las principales hipótesis. Los resultados de esta investigación refuerzan la necesidad de pensar las estructuras de medición y observación de los conflictos étnicos a escala de subgrupo. Pero, además, se propone que las demandas de un mismo pueblo pueden variar desde disputas por soberanía y administración, producto del clima de opinión que se tiene frente al propio Estado. Así, una opinión cercana/eficiente generaría dentro de las comunidades demandas moderadas, pero cuando la percepción es negativa, las demandas se radicalizan. Estas prácticas y valoraciones por parte de las comunidades mapuche son construidas a partir de la relación histórica y de las vivencias cotidianas con el propio Estado.

1. Las demandas dentro de los conflictos étnicos

Los grupos étnicos se reúnen en torno a una amplia gama de demandas. Algunos buscan objetivos moderados, como la oficialización de su lengua y mejora en servicios básicos, mientras que otros buscan objetivos mayores, como independencia política o autonomía territorial. En esta investigación se argumenta que, además de esta variedad de demandas entre los grupos étnicos, existen casos en los que también puede haber variación de las demandas dentro de un mismo grupo.

Gran parte de la literatura y los trabajos académicos sobre los conflictos étnicos se enfocan principalmente en explicar la demanda mayoritaria del grupo. Esto es producto de que las mediciones que han realizado programas como Proyecto Minorities at Risk (desde ahora MAR o AMAR, en su versión actual) seleccionan la demanda que representa mayoritariamente a los grupos activos. Lo anterior, en estricto sentido, no conlleva grandes errores estadísticos,³ sino que más bien conduce a omisiones en las categorías analíticamente distintas que podría tomar la variable demandas. Tal como señalan ^{Jenne, Saideman y Lowe (2007)}, “los estudios que se centran en un solo estado de la variable dependiente (secesión o guerra civil) producen explicaciones indeterminadas de la radicalización minoritaria” (540).

Dado este escenario, esta investigación se centrará en los conflictos que involucran a un grupo étnico y el Estado, descartando aquellos entre grupos, así como los de carácter étnico entre grupo y empresa privada.⁴ Las investigaciones han desarrollado de dos formas el concepto de demanda: una es dicotómica y en esta la variable es presencia o ausencia de un objetivo (^{Fearon y Laitin 2003}); la segunda es a través de un continuo (véanse ^{Cunningham 2013}, 2014; ^{Horowitz 1985}; ^{Jenne, Saideman y Lowe 2007}; Proyecto Minorities at Risk, entre otros). En esta investigación se toma la idea del continuo, ya que sirve para sostener que la base conceptual de cualquier demanda dentro de un conflicto étnico contra el Estado es, en esencia, si se presenta o no un desafío directo, en tanto y en cuanto se disputen dos aspectos cruciales: capacidad administrativa y soberanía (ver figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en teoría de conflictos étnicos.

Figura 1. Clasificación de la variable dependiente 

Las dos categorías, soberanía y administración, son de elaboración propia, a partir de la observación empírica de las demandas en los conflictos étnicos (Minorities at Risk 2002, 2016). Esta clasificación, que realiza el proyecto Minorities at Risk para el tipo de demanda, se construye según el registro de presencia y la importancia de los reclamos específicos. Estos se han agrupado en cuatro tipos: autonomía, quejas políticas (no relacionadas con autonomía), quejas económicas y quejas culturales.⁵ En consecuencia, las demandas son clasificadas en relación con qué dimensiones disputan al Estado; por ejemplo, una demanda de autonomía territorial y económica exige no solo la administración, sino también la soberanía, a diferencia de una demanda como la oficialización de la lengua nativa, que solo desafía el área administrativa estatal.

Concretamente, el proyecto Minorities at Risk (2002, 2016) clasifica al grupo como autonomista si alguno de sus representantes ha buscado unión con grupos afines en otros lugares, independencia política o autonomía regional. Para las quejas políticas que excluyen la autonomía, se registra la existencia de declaraciones públicas que expresan reclamos sobre cualquiera de los siguientes problemas políticos: mayores derechos políticos, participación en la toma de decisiones, igualdad de derechos civiles y cambio de políticas. Las quejas económicas registran la existencia de declaraciones públicas referidas a cualquiera de los siguientes problemas: preocupaciones económicas difusas, participación de los fondos públicos, oportunidades económicas, condiciones de trabajo, terrenos, empleos y recursos. Finalmente, para las quejas culturales se registran los siguientes problemas: libertad de religión, promoción de la cultura, instrucción en lenguaje grupal y uso oficial del lenguaje grupal.

La construcción del concepto de demandas permite realizar una observación detenida del grupo para evaluar si efectivamente existe variación en los reclamos de forma interna y a la vez contribuye a generar explicaciones detalladas de por qué ocurre dicho fenómeno. Es preciso señalar que en esta propuesta se pierde una descripción densa (^{Geertz 1973}) o en mayor profundidad de las diferencias y similitudes de conceptos para cada caso, por ejemplo, territorio/tierra, autodeterminación/autonomía, reconocimiento/asimilación. Sin embargo, al ofrecer una descripción superficial es posible realizar una observación general que aporte al análisis y dé relevancia al caso para estudios posteriores.

Para el caso del conflicto mapuche-Estado en Chile, la disputa principal sigue siendo contra el Estado; y la idea original de que la base es, por un lado, la capacidad de administración y, por el otro, la soberanía sigue siendo aplicable. La demanda de autonomía tiene como base el control territorial y la independencia política y económica sobre asuntos puntuales de su cultura y bienestar. Respecto de las demandas discrepantes, sigue siendo la disputa administrativa la que adquiere mayor importancia, alrededor de elementos como: capacidad para tomar decisiones sobre la propia identidad sin el control de personas o fuerzas externas; administración autónoma de bienes económicos comunes para la subsistencia propia; capacidad de mejorar la gestión y regulación de recursos administrativos del Estado; capacidad de mejorar la gestión de recursos, la regulación y la probidad en asuntos económicos del Estado; dependencia del Estado en materia de recursos económicos; transferencia de recursos por parte del Estado para desarrollar proyectos de inversión en el territorio y ausencia de disputa con el Estado. Finalmente, las demandas no sobresalientes, tal como se teorizó, se relacionan con asistencialismo o políticas públicas integrativas.

La distribución geográfica de las demandas dentro del territorio se puede ver en las figuras 3, 4 y 5. Las demandas no sobresalientes cubren en mayor proporción el territorio, corresponden a la mayoría de las comunidades entre ambas regiones y no presentan una tendencia en la distribución. Las demandas discrepantes, si bien se distribuyen de forma más distante entre sí, siguen la misma lógica de las demandas no sobresalientes: cubren ambas regiones de forma bastante homogénea. Finalmente, las demandas autonomistas presentan una distribución espacial distinta: se concentran en el área sur costera de la región del Biobío y en el norte costero de la región de La Araucanía. Los resultados preliminares permiten afirmar la existencia de una distribución heterogénea y sin nodos territoriales claros de las demandas dentro del territorio analizado, tal como han señalado distintas investigaciones (^{Pairicán 2013}; ^{Rupailaf 2002}; ^{Tricot 2013}).

Fuente: elaboración propia con base en la construcción de la variable dependiente.

Figura 2. Mapa georreferenciado de demandas no sobresalientes 

Fuente: elaboración propia con base en la construcción de la variable dependiente.

Figura 3. Mapa georreferenciado de demandas discrepantes 

Fuente: elaboración propia con base en la construcción de la variable dependiente.

Figura 4. Mapa georreferenciado de demandas autonomistas 

2. Sobre las causas de la variación en las demandas en los conflictos étnicos

En los últimos años se han desarrollado varios estudios que buscan dar cuenta sobre la violencia étnica, las causas de los conflictos e incluso su duración. Esto ha generado una rica literatura que ofrece explicaciones macro, pero que ha omitido centrarse en la variación interna de los grupos. Este escenario plantea una necesaria reflexión sobre las hipótesis que permitirían explicar el fenómeno de la variación de las demandas dentro de un grupo. Esta sección presentará primero el argumento central, relacionado con la valoración del Estado por parte del grupo, para luego exponer argumentos alternativos al fenómeno.

4. Recursos naturales y valoraciones asociadas al territorio

Los recursos naturales se han posicionado como causa de los fenómenos asociados a los conflictos étnicos de forma potente. La literatura es variada y, como se ha señalado en relación con otros factores, es posible encontrar argumentos para la violencia, la guerra civil y el surgimiento de los conflictos (^{Collier y Hoeffler 1999}; ^{Humphreys 2005}; ^{Jenne, Saideman y Lowe 2007}; ^{Ross 2001}). Tal como señala Humphreys (2005), los recursos naturales son un argumento explicativo que no genera dependencia de otros factores, como la fortaleza o debilidad de los Estados o la discriminación económica; el simple hecho de poseer recursos es causa suficiente para explicar muchos de los conflictos étnicos. El argumento es interesante; sin embargo, existen distintos prismas para observar la posesión del recurso natural. Por un lado, se puede considerar la ubicación de dicho recurso, así como los efectos que genera la riqueza asociada a este. Por otro lado, se señala que la riqueza de los recursos naturales conduce a la violencia al afectar al Gobierno, por ejemplo, debilitándolo administrativamente y, por lo tanto, haciéndolo menos capaz de prevenir las rebeliones, o aumentando el valor de capturar el Estado e induciendo nuevas rebeliones (^{De Soysa 2002}; ^{Fearon y Laitin 2003}; ^{Le Billon 2005}).

Hipótesis 5: Los grupos que poseen un recurso natural tienen mayor probabilidad de reclamar asuntos relacionados con autonomía y autodeterminación política, económica y social.

5. Exclusión política y económica

La literatura que trabaja los factores económicos y políticos se ha centrado en explicar por qué surgen las demandas de autonomía (^{Buchanan y Faith 1987}; ^{Casella 1992}; ^{Gurr 2000}; ^{Hechter 2000}; ^{Spolaore 2008}). El primer argumento es planteado por ^{Horowitz (1985)}, quien señala que los grupos más pobres o más “atrasados” tienen más probabilidades de querer separarse del Estado en un esfuerzo por aumentar el estatus social de su grupo. Asociada está la idea de que la estrategia de exigir autonomía es también parte de una solución para la consecución de ganancias desde el centro (Horowitz 1985; ^{Ragin 1979}). Uno de los más recientes trabajos en este sentido es el de ^{Sambanis y Milanovic (2011)}, quienes realizan un estudio en 46 unidades subnacionales para comprender por qué los grupos quieren separarse y dónde es más probable observar dicha demanda. En efecto, las regiones más ricas (económicamente) tienden a aumentar la probabilidad de presentar demandas separatistas.

Los factores políticos e institucionales integran otra batería de factores explicativos. Tal como señalan ^{Cederman, Gleditsch y Buhaug (2013 ,58)} , uno de los pilares que sustentan la idea de discriminación política e institucional es que, cuando una élite gobernante étnicamente homogénea se niega a compartir el poder y la riqueza con otros grupos étnicos, es probable que surjan agravios a medida que las poblaciones dominadas se vuelvan conscientes de su situación a través de una mejor educación y comunicación. En la misma línea, otros trabajos argumentan que los grupos excluidos del poder político tienen más probabilidades de comenzar una guerra civil o un conflicto violento contra el Gobierno (véanse Cederman, Buhaug y Rod 2009; Cederman, Wimmer y Min 2010).

Hipótesis 6: Los grupos más ricos tienen mayor probabilidad de reclamar asuntos relacionados con autonomía y autodeterminación política, económica y social.

Hipótesis 7: Los grupos excluidos del poder político tienen mayor probabilidad de reclamar asuntos relacionados con autonomía y autodeterminación política, económica y social.

6. El conflicto mapuche en Chile

Estudios han evidenciado la existencia de variaciones en las demandas dentro del mundo mapuche (^{De la Maza 2014}; ^{Pairicán 2013}, 2016; ^{Tricot 2017}, entre otros). Para comprender el caso de estudio, se ofrece una reseña histórica del conflicto que data de aproximadamente trescientos años. En primer lugar, en el periodo colonial al pueblo mapuche se le reconoció como guerrero y exitoso, al ser el único en América Latina en resistir el colonialismo español y mantener un tratado de autonomía territorial directamente con la Corona (^{Carter 2010}; ^{Samaniego y Payàs 2017}). Esto hasta que en 1883 se emprendió la campaña de “pacificación de La Araucanía”, cuando la base política criolla cuestionó el lugar que ocuparía el mapuche en lo que hoy se conoce como Chile.⁶ El proyecto de ocupación militar gatilló una premisa sobre la construcción del Estado en el territorio mapuche, basada un despliegue del aparato estatal y políticas públicas que terminaron por liquidar, en muchos sectores del mundo mapuche, la relación que mantenía con su cultura y territorio.

Procesos como la división de tierras, la entrega de títulos de merced y la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización se aplicaron en todo el territorio mapuche. Estas políticas buscaron poblar las zonas del sur de Chile con migrantes europeos que, según lo señalado por distintos autores, fomentaron una aculturación forzada (^{Bengoa 2000}, 2017; ^{Foerster y Montecino 1988}; ^{Marimán et al. 2017}; ^{Zavala 2008}, 2015, entre otros). Para el periodo 1920-1940 en Chile ya se había asumido que el “problema de los araucanos” era una cuestión resuelta. La llamada “cuestión social” apuntó al grupo urbano y obrero. Sin embargo, y como señala ^{Pinto (2003)}, en aquella época la población mapuche que migró del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades y para sobrevivir a las políticas estatales también sufrió fuerte represión y menoscabo socioeconómico. Se recrudeció la situación de pobreza del campo y en las ciudades los mapuche dedicados a trabajos obreros sufrieron una pérdida cultural. Todo esto impactó de manera significativa en la política agraria y la forma de pensar el campo, sobre todo si se considera el periodo de reforma agraria que se comenzaba a visualizar en 1960 y en el que las bases campesinas no tuvieron en cuenta al mapuche. Esto no cambió, radicalmente, durante el gobierno de Allende ni se modificó la política referida al campo. Los mapuche tomaban mayor protagonismo, pero no en términos culturales o de fortalecimiento de identidad, si bien, y según los datos suministrados por ^{Correa, Otárola y Fuenzalida (2005)}, la entrega de tierras favoreció a distintos sectores del sur de Chile y con esto a muchas familias mapuche. El propósito fue fortalecer el trabajo del campo y la producción, sin mencionar los aspectos culturales mapuche.

La contrarreforma agraria y política de la dictadura de Pinochet (1973-1981) fue cruda y violenta en el campo para los mapuche (véase ^{Correa, Otárola y Fuenzalida 2005}). Y en el periodo de 1973-1980 se sentaron las bases del modelo económico chileno actual. Se crearon distintos resquicios legales (como el Decreto con fuerza de ley 703) que impulsaron una visión economicista y de libre mercado sobre el territorio mapuche que, aunque se dividió, parceló, arrendó y vendió, aún mantenía a una gran proporción de mapuche que vivían allí y sentían la tierra.

En los últimos treinta años (desde el regreso a la democracia), se puede señalar que las transformaciones institucionales del Estado y las políticas de modernización durante los años 1990-2000 modificaron la arena política e institucional (^{Figueroa 2016}). Además, lo que ocurría en países vecinos de América Latina respecto del levantamiento indígena y la construcción de partidos en esta línea impactó en organizaciones mapuche, urbanas principalmente, que exigían respeto, reconocimiento y autodeterminación del pueblo (^{Van Cott 2005}, 2010; ^{Yashar 2005}, entre otros). Las esperanzas derivadas del pacto de Nueva Imperial,⁷ una vez que la democracia regresó a Chile, llevaron a proyectar un futuro sin pobreza, situación que tenía subsumida a gran parte de la población mapuche que vivía en el campo y la ciudad.

En el marco de lo que se planteó como el resurgir de la autodeterminación en 1992, ocurrió el izamiento de la bandera mapuche, símbolo de impronta nacional, que buscaba en ese entonces representar el sentir de muchas comunidades mapuche que estaban gestando desde sus raíces la idea de autodeterminarse y exigir autonomía del Estado chileno. Este hito muestra algunos criterios comunes de la autodeterminación (por ejemplo, el derecho a la libre determinación económica, política, cultural y religiosa; el control territorial de los predios y terrenos ancestrales; la constitución de su propia forma de comercialización, entre otros), a pesar de que no existe una convergencia completa dentro de las comunidades. Lo anterior es avalado por diferentes historiadores (véanse ^{Marimán et al. 2017}; ^{Nahuelpán 2013}; Pairicán 2016; ^{Pinto 2015}; ^{Tricot 2013}, entre otros), quienes han señalado que la demanda de autonomía/autodeterminación es transversal dentro del movimiento autonomista, no obstante sus variaciones.

Para el año 2009 y según los datos de la encuesta CASEN 2009, el contraste que existía entre la población indígena de La Araucanía y el resto de la población de la región y el país era aún una realidad: en el país la tasa promedio de pobreza era del 15,1 %, mientras que entre los mapuche de La Araucanía la cifra ascendía al 30 %. En materia educacional, el analfabetismo promedio del país era del 3,5 %, mientras que entre los mapuche de Malleco y Cautín alcanzaba el 11,4 %.

Si bien se han establecido fondos y presupuestos dentro de la Ley 19253 para la protección, el fomento y el desarrollo de los pueblos indígenas que habitan Chile, un sector del mundo mapuche radicalizó sus acciones para buscar respuestas atingentes a las distintas situaciones acaecidas en su territorio. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del conflicto mapuche: actos y situaciones como protestas, tomas de fundos, quema de camiones y casas patronales al sur de Chile. No obstante, la radicalización traducida en autonomía aún no se logra instalar como demanda en todo el mundo mapuche; en tal sentido, ^{Tricot (2013)} es enfático en señalar que, si bien dentro del movimiento mapuche coexisten similitudes y diferencias, lo que parece caracterizarlo es la demanda autonómica. ^{Marimán et al. (2017)} sostienen que, aun cuando hay un segmento entre los mapuche que no busca o no demanda autonomía política y territorial, la fracción autonomista ha aumentado después del año 1990.

En paralelo a este proceso de construcción o de retomar la autonomía como demanda, también han surgido comunidades que participan en procesos asistencialistas con el Estado, tales como fondos de agua, proyectos asociativos, mejoras en estructura de vivienda, mayores derechos culturales y hasta orientados a evitar la instalación de megaproyectos económicos en territorio mapuche (^{Bauer 2016}). Esta multiplicidad de demandas es parte crucial de lo que hoy se entiende por conflicto mapuche y, como hemos argumentado, a diferencia de otros grupos y contrario a la teoría, aquí se trata de una demanda homogénea intracaso. Esto además se enmarca en un aumento de la percepción nacional de que el conflicto en los últimos diez años se ha agudizado. En la Encuesta Nacional COES sobre Conflicto y Cohesión en Chile del 2015, se percibió que el conflicto entre mapuche y no mapuche se considera como el más fuerte de los que se registran en Chile (con un 82,5 % de menciones como conflicto fuerte o muy fuerte). En la encuesta mapuche del Centro de Estudios Públicos (CEP) del 2016, resalta la percepción tanto de la población mapuche (57 %) como de la no mapuche (63 %) de que la situación de la región de La Araucanía es peor que hace diez años.

7. Diseño de investigación

Para mostrar la variación interna de las demandas se propone estudiar aquellas de las comunidades mapuche. Si bien estas constituyen una unidad social creada mediante la Ley Indígena 19253, ha sido situada por parte de los propios mapuche como un espacio de beneficio para la conservación de la cultura (véase ^{Rupailaf 2002}).⁸ Por otro lado, la construcción de la base de datos, a partir de noticias en periódicos y panfletos, permite observar que la firma se realiza a través del nombre de la comunidad, así como la organización que aglutina a un conjunto de comunidades o lof.

Dado lo anterior, se construyó una base de datos original con datos entregados por la Corporación Nacional Indígena (Conadi). Con esta información se realizará una georreferenciación de la variable dependiente, un análisis de correlación espacial y modelos logit ordinales, con el fin de producir y testear algunos argumentos que predigan mejor el surgimiento de distintas demandas en el caso estudiado.

El total de comunidades mapuche ubicadas en Chile entre la región del Biobío y La Araucanía son 2.524; se utilizó información de fuentes primarias y secundarias⁹ para cada una de estas. Se clasificó la comunidad en 1: autonomista, 2: discrepante, 3: no sobresaliente¹⁰ y 0: cuando no se encontraba información. Además se anotó específicamente cuál era la demanda de la comunidad y, si existía más de una, por ejemplo autonomista y discrepante, qué tipo de demanda.¹¹ Por otro lado, se solicitó a la Conadi la siguiente información por comunidad mapuche: número de familias, fecha de creación de la comunidad, ubicación geográfica, número total de hectáreas compradas por el Estado para la comunidad y valor de hectáreas de la comunidad.

En el análisis de regresión, la mayoría de dichas variables son utilizadas como variables continuas, pero también son empleadas sus versiones recodificadas categóricas. Las seis variables presentadas se basan en un supuesto que se ha discutido en gran parte de la literatura sobre conflictos étnicos y es que la estructura de oportunidad es fundamental para explicar el fenómeno. La ubicación geográfica se relaciona con el efecto de contagio o difusión del conflicto: hipótesis 2 y 5; la cantidad de familias que viven en la comunidad se asocia al tamaño del grupo y los años, a la estructura de oportunidad: hipótesis 3 y 4; las hectáreas compradas y el monto pagado por el Estado se vinculan con la valoración material de la tierra: hipótesis 6, elementos ya discutidos anteriormente. La hipótesis 7 se ha desestimado porque no existe variación entre grupos que pueda sostener un análisis a este nivel (^{Tricot y Bidegaín 2020}).

Respecto de la hipótesis central, sería ideal contar con indicadores de la relación entre el Estado y la comunidad. A su vez, dichos indicadores tienen que contener información de naturaleza evaluativa. Es decir, deberían fundarse en opiniones de los miembros de las comunidades mapuche. Sin embargo, estas características para la hipótesis central no se encuentran disponibles; por lo tanto, se construye una variable contextual basada en la encuesta del CEP¹² sobre la relación entre comunidades mapuche y el Estado con base en datos de encuestas.¹³ Se identificaron cuatro dimensiones latentes dentro de las preguntas disponibles de la encuesta del CEP: confianza en las instituciones del Estado, evaluación de las políticas y programas indígenas, percepción de conflicto entre comunidades y Estado, e integración y relaciones intergrupales. Dentro de cada dimensión latente se seleccionaron variables constitutivas y luego, en el análisis empírico, se utilizarán dichas variables individuales y también serán combinadas en un índice sencillo (promedio simple de los indicadores). De este modo, los indicadores construidos pueden interpretarse como el porcentaje de población mapuche de dicha comuna que concuerda con cada una de las afirmaciones:

¿Cuánto conflicto hay en Chile hoy en día entre el Estado y las comunidades mapuche? (fuerte y muy fuerte).

Índice aditivo de evaluación de políticas y programas. Por cada programa se asigna un -1 si la evaluación es negativa; un 0 si es neutra o no es conocido y un 1 si la evaluación es positiva. Se suman los puntajes de los cuatro programas y los valores totales son recodificados (a los valores negativos se les asigna un 1; al resto, 0).

¿Diría Ud. que se siente plenamente, parcialmente o nada integrado/a a Chile? (1: plenamente integrado y 0: parcialmente integrado).

8. Resultados: autocorrelación espacial de demandas

En primer lugar, se realizó un análisis de autocorrelación espacial para testear la hipótesis de difusión y contagio de las demandas (H2).¹⁴ El objetivo del análisis espacial es examinar si existe una dependencia estadística entre la locación de las comunidades y el tipo de demandas. En palabras sencillas, la hipótesis de difusión o contagio propone que las comunidades más próximas entre sí tienen demandas similares hacia al Estado, de modo que habría una aglomeración espacial del tipo de demandas. Dicha covariación con el espacio geográfico puede ser cuantificada por medio del concepto de autocorrelación espacial. Los resultados del análisis son presentados en el cuadro 1.

El análisis de autocorrelación espacial muestra que efectivamente, y tal como señala la teoría, el efecto de contagio podría explicar por qué surge cierto tipo de demandas; según se puede observar en el cuadro 1, la relación espacial parece ser clave para las distintas demandas. Todas las combinaciones relevantes (demandas no sobresalientes con demandas no sobresalientes, demandas discrepantes con demandas discrepantes y demandas de autodeterminación con demandas de autodeterminación) son estadísticamente significativas al 0,001, lo que demuestra que existe una aglomeración espacial mayor a la esperada si la distribución de cada uno de estos tipos de demandas fuese aleatoria en el espacio. Sin embargo, la magnitud de los estadísticos es menor para las demandas discrepantes y de autodeterminación.

Esto implica que existe menos evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación espacial, lo cual podría explicarse por el menor número de comunidades con dichos tipos de demandas. Otra opción es que exista menor dependencia espacial para estos tipos de demandas. De manera más genérica, estos resultados estadísticos deben interpretarse como una primera aproximación directa a la explicación de la variación en las demandas, ya que la autocorrelación espacial puede desaparecer en la medida en que sea controlada por una variable explicativa. En la siguiente subsección se retomará la preocupación por el espacio, al cual se hará una aproximación con base en variables de locación (comunas) o variables contextuales.

Cuadro 1. Análisis de autocorrelación espacial de tipos de demandas de comunidades mapuche 

Fuente: elaboración propia

9. Resultados: modelos de regresión

Posterior al análisis de autocorrelación espacial, se realizaron varios modelos de regresión logística ordinal con un umbral flexible (^{Tutz 2012}). En un primer momento se examinan modelos ordinales simples (cuadro 2), luego modelos multinivel con efectos fijos e interceptos aleatorios de comunas (cuadro 3), para terminar con modelos jerárquicos que incluyen variables contextuales (pendientes aleatorias, cuadro 4). Para finalizar, se realizaron dos tipos de pruebas de robustez de las conclusiones.

Al analizar los resultados mediante probabilidades predichas de ambos modelos, se puede señalar que efectivamente los intervalos de confianza son significativos para distinguir entre no demanda y demanda, pero no permiten diferenciar tipos de demandas. Estos resultados apoyan uno de los argumentos centrales de la investigación y es que las variables explicativas principales de la literatura aportan al conocimiento de demanda / no demanda, pero no para comprender en profundidad por qué surgen distintos tipos de demandas dentro de un grupo étnico.

Se decide estudiar esta dimensión por medio de la inclusión de un nivel más agregado (comunas) que sea capaz de modelar la homogeneidad entre las unidades comprendidas en cada uno de dichos grupos (testeando H2). En el cuadro 3 los modelos 1 al 5 incluyen efectos fijos de comuna y los modelos 6 al 10 son modelos mixtos con interceptos aleatorios para modelar la variable dependiente de tres categorías. Estos modelos buscan determinar si las diferencias comunales tienen efectos sobre los resultados de los modelos previamente estudiados. Los modelos de efectos fijos se controlan por la heterogeneidad de los grupos (comunas), descartando dicha varianza y centrándose exclusivamente en la varianza intracomunal de las comunidades. En cambio, los modelos de interceptos aleatorios modelan simultáneamente tanto la varianza intracomunal como la intercomunal.

Tal como se aprecia en el cuadro 3, la inclusión de comuna como segundo nivel reduce la significancia estadística de casi todas las variables explicativas anteriores, con la excepción del número de hectáreas (H5). Esto ocurre para los modelos con tres y cinco categorías en la variable dependiente. Lo anterior se interpreta como evidencia adicional del limitado poder explicativo de las hipótesis centrales de la literatura para distinguir entre tipos de demandas o reclamaciones de las comunidades mapuche.

Cuadro 2. Modelos logísticos ordinales de demandas de comunidades mapuche 

Fuente: elaboración propia con base en datos CONADI.

Por último, se realiza un análisis logístico ordinal para testear la variable clima de opinión. Esta se construye a partir de indicadores proxy disponibles en la encuesta CEP, los cuales se centran en aspectos relativos a la experiencia de la ciudadanía con el Estado y el conflicto mapuche. Dadas las limitaciones de la información, los indicadores fueron construidos por medio de modelamiento multinivel y posestratificación como variables contextuales. Es decir, estos indicadores varían entre comunas y cada uno de ellos debe interpretarse, genéricamente, como el porcentaje de mapuche (residentes o no en comunidades) que concuerdan con cada una de las afirmaciones. Lo que se propone con este análisis es que estas variables podrían mostrar un panorama aproximado o el clima de opinión-valoración de la población mapuche de la zona. Si dichas variables tienen un efecto significativo sobre la probabilidad de los distintos tipos de demandas de las comunidades, la evaluación de los miembros de las comunidades mapuche hacia el Estado es fundamental para comprender las dinámicas de conflicto y las reclamaciones que los grupos étnicos enarbolan. El detalle de utilizar la muestra de la encuesta CEP es que se basó en mapuche urbanos y rurales, no exclusivamente personas de comunidades mapuche. Por lo tanto, estos resultados invitan a seguir el estudio de forma cualitativa y con entrevistas en profundidad, que permitan preguntar por el tema de la vinculación con el Estado y su posible grado de efecto causal.¹⁵

Para cada variable contextual considerada se estimó un modelo de efectos fijos por comuna (modelos 1, 3, 5 y 7). Como se puede observar, todas las preguntas relativas al conflicto y a la vinculación con el Estado tienen un efecto estadísticamente distinguible del 0 con respecto a los distintos tipos de demandas. Producto de lo anterior, se estiman las probabilidades predichas asociadas a los efectos de dichas variables. En la figura 5 se puede apreciar que, al aumentar el porcentaje comunal de población mapuche que percibe altos niveles de conflictividad con el Estado, se reduce la propensión a que una comunidad tenga reclamaciones no sobresalientes y, a la par, aumentan las probabilidades de que realice demandas discrepantes o de autodeterminación, manteniendo todo lo demás constante.

A modo de ejemplo, si un 25 % de los mapuche residentes en una comuna estiman que existe una alta conflictividad, el modelo predice que una comunidad promedio tiene una probabilidad de 0,08 de tener demandas discrepantes. En cambio, si el porcentaje de mapuche en una comuna que perciben una alta conflictividad es de 95 %, las chances de que la misma comunidad promedio tenga demandas discrepantes son de 0,15. Lo anterior implica un aumento casi del 90 % en la probabilidad de tener dichas demandas. El cambio porcentual es aún más grande para el caso de demandas que disputan soberana y administrativamente al Estado.

Cuadro 3. Modelos logísticos ordinales de demandas de comunidades mapuche (1 a 5 con efectos fijos, 6 a 10 con interceptos aleatorios) 

Fuente: elaboración propia con base en datos CONADI

Cuadro 4. Modelos logísticos ordinales de demandas de comunidades mapuche con variables contextuales 

Fuente: elaboración propia con base en datos CONADI.

Fuente: elaboración propia con base en datos CONADI.

Figura 5. Probabilidad predicha de apoyo a demandas mapuche según el índice de relaciones Estado-mapuche 

Comentarios finales

El propósito de construir la variable demandas para el caso mapuche permite evidenciar la variación existente, así como poner en relevancia la necesidad de estudiar los conflictos étnicos a este nivel de observación. También se avanzó en testear las variables explicativas de fenómenos contenciosos dentro del mundo étnico, como por ejemplo el tamaño del grupo, la longevidad de las comunidades y el efecto contagio. El efecto contagio, para el caso analizado, muestra significancia estadística para las demandas no sobresalientes, pero no para las demandas moderadas. Lo mismo ocurre con el factor de longevidad de la comunidad y el tamaño, ya que no logran explicar la radicalización de las demandas como se ha asumido en la literatura. Esto a su vez invita a las investigaciones sobre conflictos étnicos a considerar de forma separada las demandas y las tácticas al momento de plantear los argumentos explicativos.

Con respecto a la hipótesis central de clima de opinión propuesta, si bien resulta novedosa, la falta de disponibilidad de los datos para la comunidad indígena invitan a ser cautelosos con las conclusiones. Sin embargo, se resalta el poder explicativo dentro del modelo jerárquico, donde la opinión a nivel comunal permite al menos observar la variación entre las demandas. La fotografía que se logra transmitir mediante la construcción de la variable clima de opinión ha sido reveladora en su diálogo con la literatura internacional. No obstante, investigaciones como las de ^{Nahuelpán (2013)}, ^{Toledo-Llancaqueo (2017)}, ^{Pairicán (2014)} y ^{Tricot (2013)} ya han proporcionado análisis profundos que podrían apoyar estos resultados, en particular, al evaluar las experiencias heterogéneas de las comunidades con el Estado y cómo esto ha diagramado un vínculo distinto, que pudiese explicar la variación de las demandas dentro del mundo mapuche.

Estos resultados tienen implicaciones políticas importantes para resolver conflictos internos. La experiencia vivida sobre “lo que se entiende por Estado” podría ser el catalizador de las múltiples demandas, al menos en el caso chileno. Sin duda, las limitaciones propias de estudios con esta metodología no permiten descubrir la riqueza profunda de los mecanismos causales. De aquí la importancia de poder capturar una fotografía de cómo se despliega el repertorio de demandas dentro de las comunidades mapuche ubicadas en el sur de Chile, con el afán de invitar a reflexionar sobre los procesos dentro del grupo, así como a realizar estudios en profundidad que puedan revelar por qué existe esta variación interna.