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Colombia Internacional

versión impresa ISSN 0121-5612

colomb.int.  no.110 Bogotá abr./jun. 2022  Epub 16-Mayo-2022

https://doi.org/10.7440/colombiaint110.2022.06 

Dossier

Autoridad y privilegio: confianza en la policía en Latinoamérica

Authority and Privilege: Trust in the Police in Latin America

Autoridade e privilégio: confiança na polícia na América Latina

Juan Manuel Caicedo* 

*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso (Ecuador). Es sociólogo de Universidad del Valle, Colombia. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de Flacso (Ecuador) y es candidato a doctor en Ciencia Política, Convocatoria 2018-2021 de Flacso, Ecuador. jumacaicedofl@flacso.edu.ec


RESUMEN:

Objetivo/contexto:

el presente estudio parte de preguntarse cuáles son los principales determinantes de la confianza en la policía en Latinoamérica. Desde la teoría del conflicto, se argumenta que la división de clases y la diversidad étnica fundada en la colonización europea han dejado un legado de conflictos de control social en el que unos grupos se encuentran en una posición privilegiada en su trato con la policía, mientras que otros permanecen en una situación de exclusión y vulnerabilidad.

Metodología:

esta investigación toma sus datos del Latinobarómetro 2018. Se emplean modelos de regresión ordinal logística (OLR, por sus siglas en inglés) para evaluar los efectos de las características sociodemográficas y actitudinales de los sujetos, así como un modelo de efectos mixtos para observar los efectos de indicadores de nivel contextual (características de los países).

Conclusiones:

la confianza de los latinoamericanos en la policía se ve afectada por su posición de clase, su opinión sobre para quién se gobierna el país y su percepción sobre la corrupción en los miembros de la institución. Aunque se encuentran evidencias de un menor nivel de confianza entre los indígenas, la identificación racial de los sujetos no muestra efectos significativos. En el nivel contextual, el fraccionamiento étnico y la tasa de homicidios del país afectan negativamente la confianza en la policía, aunque la desigualdad (coeficiente de Gini) muestra un efecto positivo contrario al esperado.

Originalidad:

el artículo explora los factores que pueden producir un trato diferenciado entre policía y ciudadanos, en una región marcada por altos niveles de desigualdad y violencia.

PALABRAS CLAVE: Latinoamérica; policía; confianza en la policía; teoría del conflicto

ABSTRACT.

Objective/Context:

This study starts by asking what the main determinants of trust in the police are in Latin America. Based on conflict theory, it argues that class divisions and ethnic diversity founded on European colonization have left a legacy of social control conflicts, in which some groups find themselves in a privileged position in their dealings with the police, while others remain in a position of exclusion and vulnerability.

Methodology:

This research examines data from Latinobarómetro 2018. It uses ordinal logistic regression (OLR) models to evaluate the effects of the subject’s sociodemographic and attitudinal characteristics, as well as a mixed-effects model to observe contextual level indicators (country characteristics).

Conclusions:

The confidence of Latin Americans in the police is affected by their class position, their opinion on who governs the country, and their perception of corruption in the members of the institution. Although there is evidence of a lower level of trust among indigenous people, the racial identification of the subjects does not show significant effects. At the contextual level, ethnic fractionalization and the country’s homicide rate decrease trust in the police, although inequality (Gini coefficient) shows a positive effect, contrary to what was expected.

Originality:

The article explores diverse factors that can produce differential treatment between the police and citizens, in a region marked by high levels of inequality and violence.

KEYWORDS: Latin America; police; trust in the police; conflict theory

RESUMO.

Objetivo/contexto:

este estudo parte de perguntar quais são os principais determinantes da confiança na polícia na América Latina. A partir da teoria do conflito, argumenta-se que a divisão de classes e a diversidade étnica fundada na colonização europeia deixaram um legado de conflitos de controle social, em que alguns grupos se encontram em posição privilegiada no trato com a polícia, enquanto outros permanecem em posição de exclusão e vulnerabilidade.

Metodologia:

esta pesquisa toma seus dados do Latinobarômetro 2018. Utiliza modelos de regressão logística ordinal (OLR) para avaliar os efeitos das características sociodemográficas e atitudinais do sujeito, bem como um modelo de efeitos mistos para observar os efeitos dos indicadores de nível contextual (características dos países).

Conclusões:

a confiança dos latino-americanos na polícia é afetada por sua posição de classe, sua opinião sobre para quem o país é governado e sua percepção de corrupção nos membros da instituição. Embora haja evidências de menor nível de confiança entre os indígenas, a identificação racial dos sujeitos não apresenta efeitos significativos. No nível contextual, o fracionamento étnico e a taxa de homicídios do país diminuem a confiança na polícia, apesar de a desigualdade (coeficiente de Gini) apresentar um efeito positivo contrário ao esperado.

Originalidade:

o artigo explora os fatores que podem produzir tratamento diferenciado entre policiais e cidadãos, em uma região marcada por altos níveis de desigualdade e violência.

PALAVRAS-CHAVE: América Latina; polícia; confiança na polícia; teoria do conflito

Introducción

La existencia de una institución policial puede explicarse desde distintas perspectivas teóricas. Desde un enfoque weberiano, los ciudadanos de un Estado moderno le conceden a este el monopolio del uso legítimo de la violencia. Un componente constitutivo del concepto de legitimidad es el derecho que confiere a comandar y dictar comportamiento. Los ciudadanos llegan a obedecer las órdenes de sus autoridades legales de forma voluntaria e incluso yendo en contra de sus intereses materiales. La legitimidad se acumula en un proceso de interacciones sociales, y exige cierta congruencia de valores, creencias y expectativas entre las autoridades y quienes obedecen (Tyler, Fagan y Geller 2014).

La teoría del conflicto, por su parte, plantea que la sociedad no necesariamente satisface las necesidades de todos sus miembros, sino que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. A partir de este punto de vista, se plantea que la sociedad está dividida y que la policía es usada como instrumento de una clase para mantener un sistema de poder y privilegio que le resulta favorable. Así, la clase privilegiada se apropia del derecho a definir lo legal y lo criminal, y emplea a la policía para controlar y excluir a la clase vulnerable (Morris 2015; Turk 1977). Por lo tanto, en la teoría del conflicto la posición de clase marca la confianza, el apoyo y la obediencia voluntaria que un sujeto está dispuesto a ofrecerle a la policía.

Esta investigación parte de preguntarse cuáles son las principales motivaciones de la confianza en la policía en Latinoamérica. Como determinantes de dicho juicio de confianza se comprenderán tanto características de los sujetos (percepciones y autoidentificación en ciertas posiciones) como del contexto en el que están incrustados (desigualdad socioeconómica, fraccionamiento étnico y tasa de homicidio a nivel de países). Se han empleado datos del sondeo Latinobarómetro 2018, el cual cubrió 18 países y recolectó las opiniones de más de 20.000 sujetos. Los datos se han analizado por medio de modelos de regresión ordinal logística (OLR, por sus siglas en inglés), un método que se adapta especialmente a una variable dependiente ordinal como la confianza en la policía. Adicionalmente, se ha empleado un modelo de efectos mixtos con el objetivo de abordar las características de los países como variables independientes. Este estudio representa una oportunidad para examinar el impacto de los conflictos de clase y etnicidad en la confianza en la policía, en una región del mundo marcada por altos niveles de desigualdad y violencia, circunstancias con gran potencial para constreñir el ejercicio de la ciudadanía y alterar la relación entre ciudadanos y autoridades (González 2017).

A continuación, el artículo se divide en seis acápites. En el primero se discuten los conceptos fundamentales y los planteamientos teóricos que orientan la investigación. El segundo propone cinco hipótesis derivadas de la discusión anterior. En el tercero se describen el método de análisis, la variable dependiente, y las variables independientes y de control. El cuarto presenta sucintamente estadísticas descriptivas sobre la confianza en la policía en los países sondeados, así como los resultados de los modelos de análisis. En el quinto se reflexiona sobre los hallazgos del estudio y su relevancia en términos teóricos y se discute si las hipótesis pueden ser confirmadas o rechazadas. Finalmente, en las conclusiones se sintetiza el planteamiento teórico de esta investigación acerca de la confianza institucional y el trato diferenciado, y se propone una agenda de futuras investigaciones para ampliar el conocimiento sobre el tema.

Factores definitorios de la confianza en la policía: conflicto, procedimientos y efectividad

La policía desempeña un rol fundamental en los Estados modernos. Independientemente del tipo de régimen político, cada Estado tiene una institución a la que se responsabiliza de la seguridad doméstica, el orden público, el refuerzo al cumplimiento de la ley y la canalización de casos hacia el poder judicial (Cruz 2015). La policía tiene una relación complicada con los ciudadanos. Para esta institución, los ciudadanos son al mismo tiempo los “clientes” a los que debe ofrecer resultados y los “sospechosos” a los que debe vigilar y controlar, muchas veces en contra de su voluntad. Esta dualidad entre protección y control hace que los ciudadanos tengan una gran cantidad de interacciones tensas con la policía, en las que fácilmente se puede deteriorar la confianza en la institución.

De acuerdo con el argumento de la justicia procedimental, la confianza en la policía se puede dividir en dos tipos: una basado en la efectividad que muestra la institución en el combate contra el crimen, y otra relacionado con la justicia de sus procedimientos y la calidad del trato a los ciudadanos. El apoyo a la policía, desde esta perspectiva, está principalmente ligado a los juicios sobre cómo trata al público más que a su efectividad en el control del crimen (Staubli 2017; Tyler 2001). Como sucede en prácticamente cualquier institución pública, el servicio que ofrece la policía pretende basarse en un principio de provisión universal e imparcial (Rothstein y Stolle 2008). La violación recurrente de los procedimientos establecidos y la percepción de que la provisión del servicio es desigual, injusta o poco transparente generan en los ciudadanos una desconfianza que no se compensa con la reducción de la criminalidad (Tyler 2005; Tyler, Fagan y Geller 2014). Por tanto, aunque a los ciudadanos les interese que el crimen sea controlado, también valoran que este servicio se ofrezca con principios de justicia y transparencia.

La provisión universal del servicio policial propicia uniformidad en las expectativas del público. En contraste, el trato diferenciado genera expectativas diversas de acuerdo con el grupo privilegiado o marginado del que se forma parte. En un contexto de trato diferenciado, el comportamiento de los policías se hace menos predecible ya que se introducen factores que harán variar su interacción con los ciudadanos. Los ciudadanos de grupos vulnerables se enfrentan entonces a lo que Ramírez (2014) denomina presiones en competencia: necesitan seguridad en la lucha contra el crimen, pero también requieren protección contra el trato abusivo e injusto de la policía.

El trato de la policía y las actitudes de los ciudadanos hacia esta pueden variar en función de divisiones y conflictos profundamente arraigados en las sociedades. En primer lugar, la posición de clase concede recursos económicos, influencia política y prestigio social, atributos que dan ventaja a la hora de reclamar información, atención y un trato específico por parte de los agentes policiales. En segundo lugar, debido a la estratificación social del espacio, las poblaciones son atendidas de acuerdo con el barrio donde viven y a algunas incluso se las excluye de zonas a las que “no pertenecen”. En tercer lugar, el sistema de clases puede estar racializado y dividir a las poblaciones en función de su herencia cultural o características físicas (Cao y Hou 2001; Gilens 2009; Morris 2015; Mullinix y Norris 2018; Soss y Weaver 2017; Turk 1977; Wu y Sun 2009).

El clivaje racial tiene una importancia crucial en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, los afroamericanos tienen mayor probabilidad de convertirse en objetivo de contactos iniciados por la policía y son la población con el menor nivel de confianza hacia la institución (Soss y Weaver 2017). En Gran Bretaña existe una minoría de ascendencia africana que expresa un menor grado de confianza en la policía, pero no sucede lo mismo con otras minorías como la de ascendencia asiática (Merry et al. 2012). En Canadá, es la población indígena la que se percibe como perseguida y desatendida por la policía, y expresa menores niveles de confianza hacia la institución (Doering 2021). En Latinoamérica, por su parte, existen algunos hallazgos contradictorios: mientras que el análisis de Ahmad et al. (2011) revela que los blancos tienden a confiar más en la policía, los resultados más recientes de Malone y Dammert (2020) no muestran una influencia significativa de la identificación racial.1

Latinoamérica es un escenario excepcional para el estudio de la confianza en la policía. Esta región ha sido definida como la más desigual del mundo, un rasgo estructural con gran potencial para afectar la relación entre la policía y los ciudadanos (Lissardy 2020). Adicionalmente, se trata de una región con altos niveles de violencia y criminalidad. Según el listado elaborado por una organización civil mexicana, 42 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio intencionado en 2018 se encuentran en Latinoamérica (“Estas son las 50 ciudades” 2018). Mientras la inseguridad genera un reclamo ciudadano por mayor intervención policial, la desigualdad y el trato diferenciado pueden crear una presión en competencia que lleva a desconfiar de dicha intervención.

Como lo señala O’Donnell (2007, 77-78), en Latinoamérica existen “zonas marrones” en las que no rige el sistema legal promulgado por el Estado. La población de estas zonas, tanto urbanas como rurales, carece de la educación y de los recursos necesarios para defender sus derechos, de modo que cae en una “pobreza legal” que agrava su condición de pobreza material. En una línea similar, González (2017) afirma que en la región no existe un monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado, sino un pluralismo violento. En estas circunstancias, gran parte de la población se halla con su ciudadanía constreñida, dado que distintas organizaciones armadas restringen el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales.

La literatura académica sobre la confianza en la policía en Latinoamérica avanzó progresivamente. Cao y Zhao (2005) realizaron uno de los estudios pioneros en la región, empleando datos de la Encuesta Mundial de Valores 1995-1997, la cual toma unos pocos países de Latinoamérica. Como hallazgos más relevantes, descubrieron que la confianza en la policía está positivamente relacionada con tener un empleo y asistir con frecuencia a la iglesia. Estos autores argumentan que tanto el empleo como la práctica religiosa son indicadores de la inserción del sujeto en el statu quo, por tanto, elevan la confianza en la policía al concebirla como protectora de aquellos.

Ahmad et al. (2011), en otro intento por observar a la región latinoamericana como conjunto, toman datos del Barómetro de las Américas 2011 y emplean un modelo de regresión para su análisis. Según los resultados de Ahmad et al. (2011), los blancos tienden a confiar más en la policía, mientras que la riqueza no tuvo el efecto positivo y significativo que los autores esperaban. Los efectos negativos, por su parte, se observan en las víctimas del crimen, quienes tienen miedo de este y perciben mucha corrupción en la policía. Los resultados de Ahmad et al. (2011) ofrecen soporte a la hipótesis de la confianza como resultado de la efectividad en el control del crimen y también a la hipótesis de la confianza como resultado de la justicia y la transparencia procedimental.

Algunas de las investigaciones más recientes sobre las actitudes hacia la policía en Latinoamérica se han enfocado en el debate entre efectividad y justicia procedimental como determinantes de la confianza o el apoyo hacia acciones específicas de la institución. Al respecto, uno de los aportes fundamentales de los trabajos de Cruz (2015) y Cruz y Kloppe-Santamaría (2019) es su cuestionamiento al argumento de la justicia procedimental. El escenario latinoamericano se ve afectado por un alto nivel de violencia y criminalidad, y sus regímenes democráticos suelen estar poco consolidados. Con frecuencia, los ciudadanos de estos países no ven los procedimientos de la democracia moderna como un estándar a alcanzar, sino como un símbolo de fragilidad, lo cual incluye el principio del debido proceso. En estas circunstancias, el público puede ser indiferente ante la corrupción policial e incluso llegar a apoyar el uso de violencia extralegal.

Al igual que los trabajos de Cruz (2015) y Cruz y Kloppe-Santamaría (2019), el análisis de Malone y Dammert (2020) hace énfasis en la importancia de las fuerzas policiales para el proceso de consolidación de la democracia en Latinoamérica. El retorno de las prácticas policiales autoritarias es una tentación ante las crecientes tasas de criminalidad. Tomando datos de Latin American Public Opinion’s Project (Lapop) correspondientes a 2016, Malone y Dammert (2020) se preguntan si la confianza en las policías latinoamericanas obedece solo a sus resultados en materia de seguridad o también a su modelo de ejercer la labor de policía (tradicional u orientado a la comunidad). Estas autoras concluyen que el modelo orientado a la comunidad es más apto para la rendición de cuentas y genera una mayor confianza en la ciudadanía. No obstante, la efectividad en el combate al crimen no deja de ser relevante, y casos como Brasil demuestran que las prácticas represivas también pueden despertar actitudes de confianza y apoyo en los ciudadanos.

En los estudios de Scott Liebertz se han empleado modelos multinivel con el fin de incorporar predictores de nivel contextual al análisis sobre la confianza en la policía en Latinoamérica. Liebertz (2020) se fija en la postura de las élites políticas y afirma que este factor puede influir en todos los ciudadanos de un país. Empleando datos de Latinobarómetro 2008, el estudio de Liebertz (2020) revela que si las élites políticas (Gobierno y legisladores) priorizan la lucha contra el crimen y se enfocan en políticas y discursos de “mano dura”, la confianza en la policía será mayor que si el Gobierno se enfoca en la inversión social y la negociación. Por su parte, el estudio de Liebertz y Bunch (2019) emplea datos provenientes de Latinobarómetro entre 2009 y 2013 y de una amplia revisión de prensa, y concluye que la cobertura mediática y las noticias sobre crimen en primera plana perjudican la confianza en la policía. Tanto élites políticas como medios de comunicación son actores externos al sujeto encuestado, pero con capacidad de influir en sus opiniones y actitudes, y las investigaciones de Liebertz (2020) y Liebertz y Bunch (2019) tratan de aproximarse a una medición precisa de esta influencia. La presente investigación se pregunta cuáles son los principales determinantes de la confianza en la policía en América Latina. Aunque se trata de una pregunta general sobre las potenciales motivaciones de esta confianza, el análisis se enfoca en dos argumentos teóricos: 1) teoría del conflicto: en el interior de las sociedades existen conflictos de distribución de recursos y de control social, por tanto, la relación con las autoridades legales y la confianza hacia estas se ven afectadas por la posición de clase, la pertenencia étnica y la opinión sobre para quién se gobierna el país (Morris 2015; Turk 1977); 2) efectividad y justicia procedimental: el crimen y la victimización reducen la confianza basada en la efectividad de la policía, pero la percepción de que los policías son corruptos genera un impacto más profundo porque reduce la confianza basada en la justicia, la calidad y la predictibilidad de los procedimientos policiales (Jackson y Bradford 2010; Tyler 2001). Las presiones en competencia que enfrentan los ciudadanos en contextos de rampante corrupción y elevada desigualdad pueden hacer que prioricen los procedimientos transparentes y justos (Ramírez 2014).

Hipótesis

De la discusión anterior se derivan las cinco hipótesis de este estudio. Como se verá a continuación, las primeras tres están relacionadas con la teoría del conflicto y las condiciones de privilegio o vulnerabilidad de los sujetos, la cuarta considera la dimensión procedimental del juicio de confianza y la quinta se enfoca en la dimensión de la efectividad en la lucha contra el crimen.

H1: Conflicto. Clase social: los sujetos que se encuentran en las clases sociales más altas tienden a confiar más en la policía. Esta hipótesis asume que las sociedades latinoamericanas están caracterizadas por un conflicto de clase, engendrado por el capitalismo y sus sistemas precursores. En este conflicto de clase, las clases altas tienden a recibir servicios de la policía, mientras que sobre las clases bajas recaen la vigilancia, las capturas, las ejecuciones extrajudiciales y la violación sistemática de derechos (Turk 1977; Wu y Sun 2009). A nivel del país, se espera que a medida que se incrementa la desigualdad (coeficiente de Gini) se reduzca la confianza en la policía, debido a la profundización del conflicto de clase.

H2: Conflicto. Pertenencia étnica: los sujetos que se identifican como “negros” o como “indígenas” tienen menor confianza en la policía. Los sujetos que se identifican como “blancos” tienen mayor confianza en la policía. Esta hipótesis asume que la diversidad étnica del continente americano, tal como históricamente se produjo, conlleva un antiguo conflicto de control social, en el que la población privilegiada han sido los descendientes de europeos y la población vulnerable son los descendientes de africanos y de indígenas americanos (Doering 2021; Soss y Weaver 2017). A nivel del país, se espera que, a medida que se incrementa el índice de fraccionamiento étnico. se reduzca la confianza en la policía, debido a la proliferación y profundización de los conflictos étnicos.

H3: Conflicto. Capacidad de respuesta: los sujetos que consideran que el país es gobernado para el bien de todo el pueblo confían más en la policía que los que perciben que es gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. El argumento central de esta hipótesis es que los grupos poderosos pueden influir sobre las funciones de las instituciones públicas, lo que reduce su capacidad de respuesta ante las necesidades de otros ciudadanos (Gilens 2009). Si los ciudadanos perciben que el país está gobernado por y para unos cuantos privilegiados, depositarán menos confianza en la policía, dado que la conciben como una institución que discrimina en función de condiciones socioeconómicas y no se rige por el principio de anonimato e igualdad ante la ley (Albrecht y Green 1977; Cao y Zhao 2005; Dammert 2016; Rothstein y Stolle 2008).

H4: Dimensión procedimental: cuantos más policías piensa el sujeto que están involucrados en actos de corrupción, menor es su confianza en la policía. La corrupción tiene gran capacidad para deteriorar una relación de confianza institucional, porque el público empieza a ver a los funcionarios como incompetentes, impredecibles, comprometidos con su propio interés y no con la ley y el servicio a la ciudadanía (Tyler 2005; Tyler, Fagan y Geller 2014; Van der Meer y Hahkverdian 2017).

H5: Dimensión de la efectividad: los sujetos que han sido víctimas de asalto o agresión tienen menor confianza en la policía que aquellos que manifiestan no haber sido víctimas. La victimización puede deteriorar la confianza de un sujeto en la policía, porque considera que esta no ha cumplido su función de protegerlo del crimen. No obstante, algunos estudios han demostrado que el efecto puede ser ambiguo: las víctimas pueden confiar más en la policía porque la ven como una fuente de protección en un contexto peligroso (Cruz y Klopper-Santamáría 2019; Merry et al. 2012). A nivel del país, se espera que la tasa de homicidio intencional tenga un impacto negativo en la confianza en la policía como indicador del pluralismo violento y la inefectividad de esta institución.

Metodología y datos

Fuente de datos y muestra

Esta investigación ha tomado sus datos del sondeo de Latinobarómetro del año 2018. En el momento en el que se escriben estas líneas, este sondeo es el más reciente en el banco de datos de Latinobarómetro. El sondeo Latinobarómetro 2018 cubrió 18 países, un grupo que incluye a 17 de habla hispana y a Brasil. En cada uno se han encuestado entre 1.000 y 1.204 sujetos, que suman un total de 20.204 encuestados. El 60,6 % de los sujetos encuestados residía en ciudades de más de 50.000 habitantes. Además de su amplia cobertura de países, se seleccionó el sondeo de Latinobarómetro como fuente de datos porque tiene una batería de preguntas sobre confianza institucional (que incluye la confianza en la policía) y preguntas específicas sobre las variables independientes que plantea esta investigación (sociodemográficas, victimización, percepción sobre la corrupción en los miembros de la policía, etc.).

Variable dependiente y método de análisis

Esta investigación indaga sobre las principales causas de la variación en la confianza de los ciudadanos hacia la policía. En los sondeos de Latinobarómetro el encuestador pregunta al encuestado cuánta confianza tiene en la policía y le ofrece cuatro opciones de respuesta: mucha, bastante, poca o ninguna.2 Se trata, por tanto, de una variable dependiente ordinal (las opciones de respuesta están ordenadas jerárquicamente). Se ha considerado que la herramienta de análisis más adecuada para esta variable dependiente es la regresión ordinal logística (ordinal logistic regression [OLR]), puesto que comprende el carácter ordinal de la variable y no asume la normalidad de la distribución o la homogeneidad de la varianza, lo cual sería implausible en este caso3 (Wu y Sun 2009).

El análisis tiene tres pasos: inicia con un modelo que abarca únicamente las variables independientes, prosigue con uno que añade las variables de control y finaliza con uno de efectos mixtos que añade predictores de nivel contextual (tasa de homicidio, coeficiente de Gini e índice de fraccionamiento étnico de los países). Una de las características definitorias de un análisis multinivel es que el intercepto4 varía. Este modelo se adecúa a análisis en los que los sujetos están incrustados en grupos que los afectan de distinta manera, como pacientes en hospitales, estudiantes en escuelas o, como en este caso, ciudadanos en determinados países (Gelman y Hill 2006). Las variables del análisis y sus escalas de medición serán presentadas a continuación.

Variables independientes

En la hipótesis 1 se hace referencia a la variable clase social, el grupo socioeconómico en el que los sujetos creen ubicarse. Las opciones de respuesta ofrecidas al encuestado son: 1) baja; 2) media baja; 3) media; 4) media-alta; 5) alta. En el nivel contextual, se observará el coeficiente de Gini (0-100) como indicador de desigualdad socioeconómica y de una posible profundización del conflicto de clase. Los datos de este indicador se han obtenido de la página web de Banco Mundial, aunque cabe mencionar que el registro correspondiente a Venezuela solo se halla disponible hasta 2006. Una fuente oficial del Gobierno venezolano estima un coeficiente de Gini de 37,7 en 2018, mucho menor que el de 44,8 de 2006 (“Venezuela alcanzó coeficiente” 2019). Para el análisis que se presenta aquí, se tomó la cifra reportada por el Gobierno venezolano, aunque se corrió el modelo de análisis con ambos datos sin hallar cambios significativos. Con estos datos, la menor desigualdad estaría en Venezuela (37,7) y la mayor se encontraría en Brasil (53,9).

En la hipótesis 2 se hace alusión a la variable sociodemográfica pertenencia étnica, de la cual se tendrán en cuenta tres categorías: “blanco”, “negro” e “indígena”. En la categoría “blanco” se asignará un valor de 1 a los que se autoperciben dentro de esta “raza”5 y un valor de 0 a todos los demás, y se sigue el mismo procedimiento para “negro” e “indígena”. Como variable de nivel contextual, se empleará el índice histórico de fraccionamiento étnico (0-1) de Drazanova (2019) como un indicador de la heterogeneidad étnica de cada país. Cabe mencionar que este índice solo llega hasta el año 2013, aunque no son frecuentes los cambios rápidos en la configuración étnica de una sociedad. Según este índice, la mayor homogeneidad étnica de la región se encuentra en Argentina (0,158), mientras que el país con mayor fraccionamiento étnico es Colombia (0,639).

En la hipótesis 3 se habla sobre la variable capacidad de respuesta. En esta se asignará un valor de 1 a los sujetos que consideran que el país es gobernado “para el bien de todo el pueblo” y un valor de 0 a los que optan por responder que el país es gobernado “por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. En este caso, se conservan sin recodificación las dos categorías del cuestionario de Latinobarómetro.

En la hipótesis 4 se hace referencia a la percepción del sujeto sobre la proporción de miembros de la policía que se encuentran involucrados en actos de corrupción, entendiendo esta percepción como la dimensión procedimental del juicio de confianza, en la que se juzga a la institución y a sus funcionarios de acuerdo con la transparencia y legalidad de sus procedimientos. Las opciones de respuesta ofrecidas al encuestado son: 1) ningún miembro de la policía es corrupto; 2) algunos lo son; 3) casi todos lo son; 4) todos lo son.

La hipótesis 5 se refiere a la victimización, entendida como la dimensión de la efectividad del juicio de confianza, en la que se juzga a la institución y a sus funcionarios de acuerdo con su capacidad para contener efectivamente el crimen. Para esta hipótesis se tendrá en cuenta la victimización por asalto o agresión.6 Aunque en otros estudios se ha usado el miedo al crimen como indicador de la efectividad de la policía (Tyler 2005), la batería de preguntas de Latinobarómetro 2018 no dispone de un interrogante al respecto. Se asignará un valor de 1 a los sujetos que afirman que ellos o un pariente han sido víctimas de asalto o agresión en los últimos doce meses, y 0 a los que manifiestan que ni ellos ni un pariente han sido víctimas. En el nivel contextual, se empleará la tasa de homicidio intencionado por 100.000 habitantes del año 2018, obtenida de la página web de Banco Mundial, que a su vez la toma de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La menor tasa de homicidio de la región corresponde a Chile (4,4), mientras que El Salvador tiene la mayor (52,02).

Variables de control

Las variables de control son aquellas que no están comprendidas en las hipótesis de esta investigación, pero se hace inevitable incluirlas dada su importancia en la literatura y sus potenciales impactos en la variable dependiente. La primera a considerar es el sexo, que diferencia a los sujetos entre “hombres” y “mujeres”. Se asignará un valor de 1 a la categoría “hombre” y un valor de 0 a la categoría “mujer”.

La segunda variable de control es la edad. En la literatura sobre la confianza en la policía existe acuerdo sobre el efecto de la edad: los mayores confían más en la policía que los jóvenes. Al respecto, se ha planteado que los jóvenes tienden a tener más interacciones hostiles y no deseadas con la policía, mientras que los mayores tienden a ser más cooperativos y a requerir mayor protección policial (Merry et al. 2012; Staubli 2017; Wu y Sun 2009). Se asignará un valor de 1 a los sujetos cuya edad se encuentra entre 16 y 29 años, a quienes se denomina “jóvenes”, y un valor de 0 a aquellos cuya edad es de 30 años en adelante, a quienes se denomina “mayores”.

La tercera variable de control es la educación superior. Desde la teoría del conflicto de clase, los ciudadanos con educación universitaria concluida podrían ser vistos como parte del grupo económicamente poderoso y, por tanto, recibirían un trato privilegiado por parte de la policía. Sin embargo, a las posiciones de riqueza y prestigio social también pueden acceder emprendedores con bajo nivel educativo (Cao y Hou 2001). En este caso, la escala de respuestas es la siguiente: 1) básica y menos; 2) secundaria, media, técnica y menos; 3) superior o más.

La cuarta variable de control es la de ganador político. La policía es una dependencia del Gobierno, por tanto, se asume que quienes aprueban la gestión del presidente también confían en la policía que este utiliza para mantener el orden público (Staubli 2017). Se asignará un valor de 1 a los sujetos que aprueban la gestión del presidente de turno y un valor de 0 a los que no la aprueban.

La quinta variable de control es la confianza interpersonal. Aunque aún se discute si alguna de las dos actitudes es la base o causa de la otra, la confianza institucional y la interpersonal suelen estar correlacionadas (Newton, Stolle y Zmerli 2018; Rothstein y Stolle 2008). Se asignará un valor de 1 a los sujetos que consideran que “se puede confiar en la mayoría de las personas” y un valor de 0 a quienes responden que “uno nunca es suficientemente cuidadoso en el trato con los demás”.

La sexta variable de control es el tamaño de la ciudad. Los habitantes de sectores rurales tienden a tener un mayor nivel de confianza en la policía que sus contrapartes urbanas, debido a factores como una menor preocupación por la seguridad, una mayor confianza en los vecinos, un menor conocimiento de noticias negativas sobre la policía, y una relación más cercana y personal con los funcionarios policiales (Wang y Sun 2020). En sus sondeos, Latinobarómetro clasifica los territorios de la siguiente manera: 1) hasta 5.000 habitantes; 2) 5.001-10.000; 3) 10.001-20.000; 4) 20.001-40.000; 5) 40.001-50.000; 6) 50.001-100.000; 7) 100.001 y más; 8) capital. Esta no es una pregunta que se formula a los encuestados, sino que la responde el encuestador.

El gráfico 1 presenta las categorías de la variable dependiente y la distribución de los sujetos encuestados. Como se puede observar en el gráfico, en Latinoamérica predomina la desconfianza hacia la policía: el 63,9 % de los sujetos manifiesta tener “ninguna” o “poca” confianza en la policía, contra 34,9 % que expresan “bastante” o “mucha” confianza. El grupo de encuestados que no tiene “ninguna” confianza en la policía supera en casi 20 puntos porcentuales a los que tienen “mucha” confianza, es decir, el confiador ciego es un elemento poco común en la muestra.

Fuente: Latinobarómetro 2018

Gráfico 1. Confianza en la policía en Latinoamérica, 2018 

Resultados

Como se ha dicho anteriormente, entre los ciudadanos de Latinoamérica predomina la desconfianza hacia la policía. Esto no solo se observa en los datos de Latinobarómetro 2018, sino también en sondeos intercontinentales como la Encuesta Mundial de Valores 2017-2020. Esta encuesta cubrió un grupo de 47 países en 5 continentes y evidenció que los niveles más bajos de confianza en la policía se encuentran en países latinoamericanos.7 Mientras que en Nueva Zelanda la proporción de encuestados que manifiesta “bastante” o “mucha” confianza en la policía es de 88%, y en Estados Unidos es de 69%, en Brasil (el primer país latinoamericano en la lista) apenas llega a 55%. La comparación entre continentes demuestra que la desconfianza hacia la policía no es un fenómeno mundialmente extendido, sino que afecta principalmente a Latinoamérica, África y algunos países de Asia y Europa Oriental.

De acuerdo con los datos de Latinobarómetro 2018, el mayor nivel de confianza en la policía se encuentra en Uruguay, con un 59,7 % de los encuestados que manifiestan “bastante” o “mucha” confianza en la institución. Si bien podría considerarse un nivel alto en el escenario latinoamericano, es bajo si se compara con el 95 % de Finlandia en el Estudio Europeo de Valores (European Values Study [véase EVS 2017]). Si se clasifica a los encuestados como confiados (bastante o mucha confianza) y desconfiados (ninguna o poca confianza), el porcentaje de desconfiados supera al de confiados en 16 de los 18 países. (ver gráfico 2).

Fuente: Latinobarómetro 2018

Gráfico 2. Confianza en la policía por país, 2018 

El gráfico 3 revela distintos niveles de confianza en la policía de acuerdo con la clase a la que se adscriben los sujetos. En proporción, en la clase baja es en la que hay más ciudadanos que manifiestan que no tienen ninguna confianza en la policía (38,9 %). Esta proporción se reduce progresivamente a medida que se asciende en la escala de clases, aunque se vuelve a elevar cuando se llega a la clase alta. Por otro lado, la proporción de encuestados que manifiesta mucha confianza en la policía se mantiene bajo 10 % en las clases baja, media-baja y media, pero asciende a 12,81 % en la clase media-alta y a 22,62 % en la clase alta. Si se suman los porcentajes de encuestados que manifestaron ninguna o poca confianza en la policía, la proporción de desconfiados en la clase baja es de 72,52 %, en la media-baja de 65,87 %, mientras en las demás clases ronda el 59 %.

Fuente: Latinobarómetro 2018

Gráfico 3. Confianza en la policía por clase social 

Como se puede observar en el gráfico 4 , la mayor proporción de encuestados que manifiestan bastante o mucha confianza en la policía se encuentra entre aquellos que se identifican como blancos (43,24 %). En los demás grupos de raza, esta proporción es de 34,47 % en los mestizos, 34,41 % en los negros, 32,47 % en los mulatos y 28,92 % en los indígenas. No se podría afirmar que la población identificada como negra expresa una confianza mucho menor que la de mestizos y mulatos. Cabe mencionar que en la muestra hay otros dos grupos, denominados “otra raza” (2,52 % de la muestra) y asiático (0,43 %). Es de resaltar que la pregunta sobre identificación racial arroja un 13,7 % de no-respuestas (“No sabe” o “No responde”). Esto reduce significativamente el número de observaciones disponibles para un modelo de análisis que abarque todas las variables independientes. Además, llama la atención sobre la dificultad de los latinoamericanos para identificarse como miembros de una “raza” específica.

La tabla 1 presenta los resultados de los tres modelos de análisis. El modelo 1 muestra los efectos de las variables independientes, en el modelo 2 se añaden las variables de control y en el modelo 3 se incluyen las variables de nivel contextual. En el modelo 1 algunas de las variables de conflicto y vulnerabilidad mostraron impactos significativos sobre la confianza en la policía. La posición de clase y percibir que el país es gobernado para el bien de todo el pueblo tienen un impacto positivo y significativo sobre la confianza en la policía. El ser blanco influye positivamente en la confianza en la policía con una significatividad media y el ser indígena influye negativamente con una significatividad baja. En el modelo 1 la percepción sobre la corrupción en la policía tiene un impacto negativo y significativo en la variable dependiente. La victimización, por su parte, no tiene un impacto significativo. Se han eliminado automáticamente 5.080 observaciones debido a valores perdidos en las variables a analizar (2.765 se deben a no-respuestas en la pregunta sobre la identificación racial). Con las debidas salvedades, las variables independientes consideradas en el modelo 1 explican el 19 % de la variación en la confianza en la policía.8

Fuente: Latinobarómetro 2018

Gráfico 4. Confianza en la policía por identificación racial 

Al introducir las variables de control en el modelo 2, los efectos de las variables independientes mantuvieron la misma significatividad, excepto la variable blanco, la cual se muestra menos relevante (ver tabla 1). Cuatro de las seis variables de control son predictores significativos de la confianza en la policía: educación, ganador político y confianza interpersonal con impactos positivos; tamaño de la ciudad muestra un impacto negativo. Se han eliminado automáticamente 5.973 observaciones debido a valores perdidos, lo que deja un total de 14.231 observaciones aptas para el análisis. Al agregar las variables de control, el pseudo R2 o Nagelkerke se eleva a 21.

Finalmente, el modelo 3 incorpora características de los países al análisis, asignándolas al contexto en el que los sujetos están incrustados. Las variables independientes mantienen su efecto y significatividad, excepto por la identificación como “blanco” que resulta ahora mucho menos relevante. De acuerdo con los resultados del modelo, todos los predictores de nivel contextual tienen una influencia significativa en la confianza en la policía, la cual es positiva en el caso de la desigualdad y negativa en lo que respecta al fraccionamiento étnico y la tasa de homicidio. En este último modelo, el valor del Nagelkerke asciende a 24.

Tabla 1. Modelos de regresión ordinal logística y modelo de efectos mixtos para la confianza en la policíaa 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Latinobarómetro, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el índice de fraccionamiento étnico de Drazanova (2019), el Banco Mundial y el Gobierno de Venezuela.

a Las entradas son coeficientes del modelo con los errores estándar entre paréntesis.

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p <0,001

Los coeficientes de regresión de las variables que resultaron estadísticamente significativas al 99 % de confianza han sido convertidos en odds ratio para visualizar sus efectos con mayor claridad. Como se evidencia en el gráfico 5, por cada punto de aumento en la posición de clase se eleva en 16 % la probabilidad de manifestar mayor confianza en la policía. Percibir que el país se gobierna para el bien de todo el pueblo incrementa en un 67 % la probabilidad de mejorar el juicio de confianza en la policía. Por otro lado, cada punto de aumento en la percepción sobre la corrupción en la policía implica un 54 % de probabilidad de reducir la confianza en la institución.9 En cuanto a las variables de nivel contextual, cada aumento de una unidad en el coeficiente de Gini tiene una probabilidad de 8 % de incrementar la variable dependiente, mientras que un aumento igual en el índice de fraccionamiento étnico y en la tasa de homicidio se asocia con una probabilidad de reducción del 57 % y del 2 %, respectivamente.

Fuente: elaboración propia a partir del modelo 3 de la tabla 1

Gráfico 5. Odds ratio de las variables que inciden en la confianza en la policía 

Discusión

El objetivo de esta investigación es examinar empíricamente la confianza que los ciudadanos latinoamericanos depositan en la policía y sus posibles determinantes. La discusión se inserta en dos debates teóricos: 1) ¿Cuál es el efecto que tienen los conflictos étnicos y de clase en la confianza en la policía? 2) ¿El juicio de confianza está basado en la efectividad de la policía o en la justicia y transparencia de sus procedimientos? ¿Cómo interactúan estas dos dimensiones de la confianza en la policía en un contexto con altos niveles de desigualdad y criminalidad? A continuación se discutirán los hallazgos de esta investigación en función de sus posibles contribuciones a estos debates.

En términos de estadística descriptiva, el primer hallazgo que valdría la pena mencionar es que los latinoamericanos tienden a manifestar niveles bajos de confianza en la policía. El 63,9 % de la muestra ha expresado “ninguna” o “poca” confianza y el número de desconfiados supera al de confiados en 16 de los 18 países observados. La posición de Uruguay como el país donde más se confía en la policía podría llevar a pensar que la igualdad socioeconómica y la homogeneidad étnica del país son favorables para la confianza en la policía, puesto que en ambos indicadores Uruguay ocupa el tercer lugar en la región. Sin embargo, El Salvador es el segundo país menos desigual según el coeficiente de Gini y el segundo más homogéneo étnicamente de acuerdo con el índice de Drazanova (2019), pero es el decimoquinto de la región en lo que respecta a sus niveles de confianza en dicha institución.

Se ha cumplido la primera hipótesis de esta investigación, referente al conflicto de clase. A medida que asciende la posición de clase en la que se percibe el sujeto, mayor confianza manifiesta hacia la policía, lo cual se evidencia tanto en estadísticas descriptivas como en una alta significatividad del predictor “clase” en los tres modelos de análisis. Este efecto puede deberse a que las clases privilegiadas tienden a concebir a la policía como una institución que les sirve y atiende sus requerimientos, mientras que los más pobres y vulnerables la ven como una institución que los persigue constantemente, incluso por acciones que les son permitidas a los privilegiados.

La población de las zonas marrones de Latinoamérica, además de no recibir el mismo trato ni los mismos servicios por parte de la policía, es susceptible de plegarse a una subcultura de la desviación (Cao y Hou 2001). En estas zonas, las funciones estatales y el rol de autoridad pueden ser subrogados por guerrillas, carteles del narcotráfico, pandillas urbanas y otros grupos que no solo están por fuera del sistema legal del Estado, sino en manifiesta oposición a este. En estas condiciones, los pobres y excluidos son propensos a establecer relaciones de confianza, cooperación y obediencia con aquellos actores considerados como criminales, mientras temen y desconfían de aquellos considerados como autoridad policial (Barata 2020; Nájar 2010).

Se esperaba que el coeficiente de Gini tuviera un efecto negativo sobre la confianza en la policía, como indicador de una profundización del conflicto de clase y del contraste entre privilegio y vulnerabilidad. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, pueden presentarse niveles muy bajos de confianza en la policía en países con una baja desigualdad (El Salvador o Venezuela), así como altos niveles de confianza en países con un índice de desigualdad relativamente alto (Costa Rica o Colombia). Contrario a lo esperado, en el modelo 3 la desigualdad a nivel del país tiene un efecto positivo y significativo sobre la variable dependiente. Además del conflicto de clase, se esperaba observar evidencias de un conflicto étnico con capacidad de marcar los niveles de confianza en la policía. Se han obtenido algunas evidencias a este respecto, aunque con innegables limitaciones. Como se ha mostrado en el gráfico 4, los blancos manifiestan más confianza que los indígenas. En los modelos de análisis 1 y 2 las variables “blanco” e “indígena” muestran una influencia significativa en el sentido en que había sido planteado en la segunda hipótesis y en el modelo 3 la categoría “indígena” conserva un nivel bajo de significatividad. Adicionalmente, como muestra el modelo 3, a mayor fraccionamiento étnico en el país, menor es la confianza en la policía. Podría decirse que el fraccionamiento étnico, en la manera como se ha dado en el continente americano, ha derivado en ciudadanías constreñidas (González 2017) o grupos subyugados por raza y clase (Soss y Weaver 2017). El problema aquí no radica en la heterogeneidad étnica per se, sino en el rol de estas categorías como base de un trato hostil o injusto por parte de las autoridades legales.

Identificarse como “negro” resulta irrelevante para la confianza en la policía. Este resultado es contrario a lo que se esperaba, al tratarse de lo que Soss y Weaver (2017) definen como grupo subyugado por clase y raza. Aunque con las debidas limitaciones dados los resultados del modelo 3, en los indígenas se podría hablar de una tendencia a la desconfianza en la institución policial. La explicación de la relativa desconfianza de los indígenas hacia la policía debe buscarse en las condiciones y situaciones que pueden llevar a estos ciudadanos a juzgar negativamente la institución. En toda Latinoamérica, los pueblos indígenas están inmersos en conflictos por territorio y recursos naturales, en cuyo marco se movilizan y ocupan tierras sin permiso formal, bloquean vías, obstruyen actividades de extracción de materias primas, entre otras acciones que -independientemente de su legitimidad- los ponen en confrontación directa con las fuerzas policiales (Villegas y Robles 2020). Aunque en ciertos momentos y espacios puede haber cooperación, e incluso reclutamiento de indígenas en la policía, la dinámica de confrontaciones frecuentes hace que depositen menos confianza en esta institución y probablemente en otras relacionadas con el Gobierno central.

La tercera hipótesis, alusiva a la capacidad de respuesta, se ha cumplido tal como se había predicho. Considerar que el país es gobernado para el bien del pueblo es favorable para la confianza en la policía, mientras que considerar que se gobierna para unos pocos poderosos tiene un efecto perjudicial. Como se ha afirmado desde los estudios fundantes de la literatura sobre el tema, para que exista confianza en la policía es crucial que los ciudadanos piensen que en el país rige el principio de anonimato e igualdad ante la ley (Albrecht y Green 1977). Aunque la condición de clase privilegiada podría entenderse como un factor que favorece la confianza en la policía, creer que el Gobierno tiene capacidad de responder a todo el pueblo -sin distinciones- es una motivación más fuerte y válida para una mayor proporción de la población. Llevándolo a los términos más básicos, se podría plantear que el concebirse como parte de un pueblo poderoso es más importante para la confianza en la policía que concebirse como parte de un grupo privilegiado dentro de ese pueblo. Las hipótesis 4 y 5 se refieren a las dimensiones procedimental y de la efectividad, respectivamente. En la cuarta hipótesis se ha predicho un menor nivel de confianza en la institución en los sujetos que consideran que los policías son corruptos y en la quinta hipótesis se espera una menor confianza en los sujetos que afirman que ellos o un pariente han sido víctimas del crimen. Según los resultados de este estudio, la cuarta hipótesis se cumple en los tres modelos (tabla 1) con un alto nivel de significatividad de la variable independiente y un impacto negativo muy importante (gráfico 5).

Contrario a lo que se había planteado en la quinta hipótesis, la victimización no reduce la confianza en la policía y resulta irrelevante en los modelos de análisis. Es probable que los ciudadanos conciban los delitos, los asaltos y las agresiones como actos perpetrados por un tercero, no por la institución policial. Por ello, el haber sido víctima de uno de estos actos no es relevante para el juicio de confianza en la policía. La corrupción en la policía, en cambio, es un problema directamente relacionado con lo que los policías hacen o dejan de hacer, y lo menos que se esperaría es que pudieran controlar los delitos que se cometen entre sus filas. En un plano más general, las crisis económicas, el crimen o el terrorismo son problemas con potencial para afectar y preocupar a todos los ciudadanos de un país, pero no necesariamente impactan negativamente la confianza en las instituciones públicas porque se pueden concebir como producto de terceros actores o tendencias externas. En cambio, la corrupción en el interior de las instituciones implica la ruptura de un pacto de confianza ciudadano-institución, y deja un manto de duda sobre las intenciones y capacidades de la institución para atender las necesidades de los ciudadanos (Torcal 2014).

Aunque la victimización no afecta la confianza en la policía, el indicador contextual que se ha utilizado para observar la violencia criminal a nivel de los países sí muestra un impacto negativo. La tasa de homicidio se ha empleado aquí para observar el pluralismo violento, entendido como la incapacidad de la policía para monopolizar el uso de la violencia legítima (González 2017). Como se observa en el gráfico 5, cada unidad de aumento en la tasa de homicidio del país tiene potencial para reducir la confianza en la policía. El resultado hallado con respecto a la tasa de homicidio podría evidenciar que los ciudadanos latinoamericanos también valoran la dimensión de la efectividad en la contención del crimen, al menos en lo que se refiere a la protección de la vida.

Conclusiones

La confianza de los ciudadanos latinoamericanos en la policía varía significativamente de acuerdo con su posición de clase, su opinión sobre para quién es gobernado el país y su percepción sobre la corrupción en los miembros de la institución. Las hipótesis alusivas a la teoría del conflicto y la hipótesis de la justicia procedimental podrían articularse en una teoría de la confianza institucional como resultado de la imparcialidad: el ciudadano no solo valora la capacidad de la institución para ofrecer un servicio, sino que también evalúa su componente distributivo (Rothstein y Stolle 2008; Tyler 2005). Considerarse de clase baja, percibir que el país es gobernado para beneficio de unos pocos grupos poderosos y creer que los policías son corruptos son factores que reducen la confianza en la policía porque se la concibe como incapaz de ofrecer sus servicios con un criterio de universalidad e imparcialidad.

Las prácticas de corrupción en la policía no están desligadas de una teoría general sobre el conflicto de clase y el trato diferenciado. La práctica de pedir o recibir sobornos es uno de los principales insumos de los que se valen los ciudadanos para juzgar a los policías como corruptos. Esta práctica evidentemente pone en desventaja a quienes no tienen recursos suficientes para sobornar a un policía. Otros actos que podrían considerarse corrupción policial, como la violencia extralegal o las detenciones procedimentalmente injustas, recaen igualmente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad (Tyler, Fagan y Geller 2014). Estas conductas hacen que los procedimientos de la policía pierdan predictibilidad, pues se introducen a la interacción con las autoridades elementos imposibles de rastrear en las leyes y códigos formales. Cuanto más abajo se encuentra un ciudadano en la escala de clases, menos certeza tiene sobre el trato que recibirá por parte de un funcionario policial, o incluso la única certeza que tiene es la de la desatención y la persecución.

En el plano metodológico, en esta investigación se ha optado por incluir características de los países al modelo de análisis, en lugar de utilizar a un determinado país como variable de control como se ha hecho en otros estudios (Chang y Chu 2006; Malone y Dammert 2020). Por medio de un análisis multinivel, se ha indagado sobre los efectos de tres variables contextuales con potencial para afectar la confianza en la policía. El fraccionamiento étnico y la tasa de homicidio a nivel del país son perjudiciales para la confianza en la policía, aunque en el nivel individual no resultaron relevantes ni la identificación racial ni la victimización. El efecto positivo de la desigualdad, por su parte, es un resultado no esperado. Al respecto, se podría decir que el coeficiente de Gini hace observable la desigualdad en términos de renta relativa, pero un bajo coeficiente no necesariamente implica un servicio imparcial y transparente por parte de la policía.

De cara a una futura agenda de investigación resultaría importante inscribir este trabajo en un proceso acumulativo de conocimiento, ampliando el periodo observado hacia el pasado y hacia el futuro. Para un análisis más profundo del conflicto étnico en Latinoamérica, sería idóneo analizar por separado algunos países sobre los que la literatura académica ha llamado la atención. La configuración de grupos subyugados de raza y su consecuente impacto en la confianza en la policía pueden ser más evidentes en países específicos como Perú y Brasil que en la región como conjunto (Malone y Dammert 2020). Adicionalmente, en sintonía con lo avanzado por Liebertz (2020), es necesario discutir si la confianza en la policía se ve arrastrada o determinada por la confianza en otras instituciones, específicamente el Gobierno, el partido de gobierno y el presidente. Aunque en esta investigación solo se la tomó como variable de control, la aprobación de la gestión del presidente se mostró como significativa y positivamente asociada a la confianza en la policía. En una teoría basada en el conflicto y el trato diferenciado, la posición de opositor político también puede provocar que un ciudadano se perciba como desatendido o vulnerable en su trato con las autoridades.

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1 Cabe aclarar que el estudio de Malone y Dammert (2020) no enfoca su discusión en el clivaje racial. La identificación racial solo fue abordada como variable de control.

2En lengua castellana, la pregunta dice textualmente: “Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas de la lista ¿cuánta confianza tiene usted en ellas: mucha (1), algo (2), poca (3) o ninguna (4) confianza en...?”. La “policía/carabineros” es la segunda institución sobre la que se consulta en esta batería.

3Algunos autores convierten la confianza en la policía en una variable binaria, donde 1 significa “mucha” y “bastante” confianza, mientras que 0 significa “poca” y “ninguna” confianza. Este procedimiento puede servir para evitar confusiones derivadas de la traducción de los cuestionarios a diferentes idiomas (Morris 2015), pero corre el riesgo de ignorar la naturaleza de esta variable dependiente, perder información y llegar a resultados incorrectos (Wu y Sun 2009). En esta investigación no se temen tantas confusiones por la traducción como las que podrían existir en un estudio de talla mundial, dado que en todos los países de la muestra se habla castellano o una lengua ibérica cercana al castellano (portugués).

4El intercepto es el valor promedio esperado para la variable dependiente y cuando todas las variables dependientes x son iguales a 0.

5“Raza” es el concepto usado en el cuestionario de Latinobarómetro.

6El cuestionario de Latinobarómetro pregunta a los encuestados si han sido víctimas de un delito y por separado pregunta si han sido víctimas de asalto o agresión. Esta separación puede tener sentido en el plano teórico, pero en la práctica las dos variables tienen una correlación de 0,62, por lo que se ha considerado innecesario incluirlas ambas y se ha optado por la victimización por asalto o agresión.

7Los seis últimos lugares en confianza en la policía fueron ocupados por países latinoamericanos: 42) Perú (con 25,9 % de los encuestados que manifiestan “bastante” o “mucha” confianza en la policía); 43) Nicaragua (25,8 %); 44) Colombia (24,7 %); 45) México (21,5 %); 46) Bolivia (15,2 %); 47) Guatemala (14,3 %) (véase WVS 2017-2020).

8En sentido estricto, una regresión ordinal no tiene un equivalente del R2 que se observa en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (ordinary least squares [OLS]). Sin embargo, se puede intentar una aproximación con el pseudo R2 de Crag y Uhler o Nagelkerke, teniendo en cuenta que debe ser interpretado con cautela (Hu, Shao y Palta 2006).

9Un odds ratio (OR) menor que 1 se interpreta como: (OR-1)*100. En este caso: (0,46-1)*100 = -54.

CÓMO CITAR: Caicedo, Juan Manuel. 2022. “Autoridad y privilegio: confianza en la policía en Latinoamérica”. Colombia Internacional 110: 145-171. https://doi.org/10.7440/colombiaint110.2022.06

Recibido: 16 de Junio de 2021; Aprobado: 10 de Diciembre de 2021

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