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Introducción
En 1946, el británico Winston Churchill describió la situación mundial del momento a partir de una metáfora que caracterizaría la polarización del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial: “desde Settin en el Báltico, a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero” (Pettiná 2018, 13). Como debate aún abierto, la Guerra Fría podría considerarse como un periodo histórico que abarcaría desde 1946 hasta el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991; también, como el enfrentamiento sin confrontación directa entre Estados Unidos (EE. UU.) y la URSS; y, finalmente, como un concepto en sí mismo.1
Recientemente, la nueva historiografía de la Guerra Fría ha emprendido un proceso de ajuste descentralizando el foco de análisis de los EE. UU.2 Teniendo en cuenta que la mayoría de los conflictos bélicos durante este periodo ocurrieron en zonas fuera de las potencias como Corea, Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, se ha buscado desplazar la problematización y dar cuenta de los procesos en América Latina o Asia, y de los efectos que estas confrontaciones tuvieron para grupos específicos (Baik 2020).
Problematizar la Guerra Fr ía desde estas poblaciones y regiones remite a considerar que este periodo no se reduce al enfrentamiento entre dos potencias ni fue el resultado exclusivo de las políticas de la URSS o los EE. UU., sino que permite entender la complejidad de un proceso mundial que afectó a varias regiones del planeta y que vale la pena descifrar en sus intersecciones. En este sentido, resulta significativa la propuesta de Hugo Fazio de pensar en una historia de tipo global:
en un contexto de historia global, las relaciones internacionales dejan de representar vínculos entre partes, pues escenifican una naciente y globalizada política interior mundial […] ello no significa que las naciones, regiones y localidades desaparezcan, o pierdan su relevancia, sino que se sincronizan barrocamente, con diferentes ritmos e intensidades, en torno a un cúmulo de patrones globales. (2006, 69)
Para el caso de la participación de Colombia en la guerra de Corea, que ha sido abordada desde las relaciones militares y el Estado (Blair 1993; Pizarro 2018; Rodríguez 2004), a partir de su vínculo con la política internacional (Sáenz 2001; Tickner 2000, 41) y desde la perspectiva de sus participantes (Quiroga 2015; Skladowska 2007), se hace necesario desfragmentar una causalidad lineal en su comprensión y evidenciar su particularidad como un proceso histórico de interdependencia, que requiere ser reconstruido ya no únicamente como el resultado de relaciones entre partes (léase, como decisiones entre Estados), sino como sincronías entre políticas internas, lógicas internacionales y prácticas de actores específicos.
En este sentido, es relevante considerar la participación colombiana en una guerra contra el comunismo como el resultado de una articulación histórica que vincula lo estatal, lo local y lo global. Para dar cuenta de estas relaciones, el presente artículo retoma la propuesta de Pettiná (2018) sobre la especificidad de la Guerra Fría desde América Latina e identifica, a través de una revisión de literatura secundaria, tres formas de sincronías entre lo global y lo local en el proceso de la participación colombiana en la guerra de Corea: a) la adaptación al contexto internacional, b) las formas de alineación ideológica o doctrinal, y c) el pragmatismo (Sáenz 2001).
Los resultados de esta revisión se condensan en tres partes, las mismas en las que se organiza el artículo: en la primera, se describen algunas tensiones para América Latina durante el inicio de la Guerra Fría y la manera en la que la política exterior colombiana se adaptó a dicho marco. En la segunda, se hace énfasis en la manera como los conflictos entre los partidos tradicionales se vincularon discursivamente a la polarización mundial y el papel del sector militar en este momento. En la tercera, se describe la toma de decisiones frente a la participación y las prácticas de miembros del Batallón Colombia luego del conflicto coreano.
1. La Guerra Fría desde Latinoamérica y Colombia
La proclamación de la Nueva República Popular China en 1949, así como la necesidad de integrar las economías periféricas de Asia y África, fueron creando un panorama mundial complejo de disputa ideológica, militar, económica y jurisdiccional entre las potencias de EE. UU. y la URSS. Esta disputa se cruzó con la vida de las naciones de todo al planeta y se traslapó con intensos procesos de cambio económico y social en América Latina, lo que configuró un momento de “fuerte inestabilidad política y económica, de polarización interna y de episodios de dramática violencia” (Pettiná 2018, 14).
La disputa generó un impacto sobre el devenir histórico de las propias naciones del continente americano, al delimitar o direccionar su campo de acción en distintos niveles y actores. En 1946, con la llegada de Truman a la Presidencia, la relación entre EE. UU. y América Latina cambió y se alejó de la política de buen vecino instalada por Roosevelt (Pettiná 2018).3 El ataque contra el comunismo promovió la legitimación de la necesidad de la seguridad nacional (Leal 2003), lo que tuvo como efecto un antagonismo desde Washington hacia los procesos de cambio político de los países de toda la región.
Así, el orden geopolítico de enfrentamiento entre Washington y Moscú fue enmarcado y absorbido por los países latinoamericanos (Pettiná 2018). Esta relación se dio en el contexto de los procesos políticos, económicos y sociales que cada uno de estos países había emprendido durante la primera mitad del siglo XX. La yuxtaposición de tales órdenes trajo consigo en dichas sociedades el aumento de la polarización política y social, y el crecimiento de la incertidumbre a nivel económico.
La polarización se materializó en la Doctrina Truman4 y luego con el plan Containment dirigido a los Gobiernos latinoamericanos para que sacaran del juego político a los partidos comunistas, bajo la premisa de que su fortalecimiento era un peligro para su hegemonía como proyecto global. Estos cambios condujeron a una rápida ilegalización y marginación de las fuerzas comunistas en el continente (Pettiná 2018, 74).
Contraria a esta actitud intervencionista en materia política, la postura de los EE. UU. frente a los procesos económicos de los países latinoamericanos estaba orientada hacia el libre mercado y, por ende, hacia la disminución de la intervención estatal. La postura estadounidense, bajo el lema de la administración de Eisenhower, “Trade not aid”, contrarrestaba con el Plan Marshall implementado en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial.
Una de las consecuencias de esta orientación económica fue la alineación entre los intereses estadounidenses y algunas élites políticas de los países latinoamericanos que, según diferencias regionales, estaban asociadas al sector exportador. Por eso, algunos proyectos políticos impulsados en la región que proponían gran presencia del Estado como ente interventor para el desarrollo eran vistos como dañinos por parte de los sectores exportadores que buscaban políticas más ligadas al liberalismo económico.
Esta visión estaba alineada con el proyecto político anticomunista de la política exterior estadounidense, relación que estaría vigente hasta inicios de los años noventa. Para el sector exportador, la industrialización debía venir como resultado del crecimiento de las exportaciones y no de la intervención estatal. En el contexto de confrontación entre comunismo y capitalismo, “no resultó difícil limitar la capacidad de maniobra de grupos políticos reformistas simplemente acusándolos de ser marxistas” (Pettiná 2018, 51).
Desde 1889 se había institucionalizado, a través de ocho conferencias de la Unión Panamericana, un mecanismo para “la integración política latinoamericana como parte de la política económica, ideológica y de seguridad de los Estados Unidos” (Obregón 2017, 148). A pesar de que a mediados de siglo había un debate importante sobre los grandes problemas de América Latina, como la pobreza y las políticas desarrollistas, estos se fueron disolviendo frente a la nueva relevancia de la seguridad del hemisferio. Así, a partir de 1946 se generó un aumento del intervencionismo militar estadounidense en los asuntos latinoamericanos, que se diferenció en cada caso por ser más o menos directo.
En 1947, durante la Conferencia de Río, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual fue redactado por el colombiano Alberto Lleras Camargo, embajador de Colombia en Washington.5 El acuerdo establecía que un “ataque en contra de un país de la región constituía un ataque contra todos los otros, poniendo en marcha un mecanismo de defensa colectiva” (Pettiná 2018, 69).6 De igual manera, en el marco de la celebración de la Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948 y la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Departamento de Estado de los EE. UU. emitió “la normativa estadounidense en relación con las medidas anticomunistas que serían planeadas y llevadas a cabo dentro del sistema interamericano” conocida como la PPS-25. La definición de ataque o agresión no armada permitió identificar el comunismo como un asunto peligroso (Obregón 2017, 151).
Con el inicio de la guerra de Corea en 1950, se concretó por parte de EE. UU. un nuevo tipo de estrategia de “contención” frente al enemigo (la URSS), señalado como responsable de los procesos de cambio social en el momento (Leal 2003). La política exterior de EE. UU. en un sistema orientado en contra del comunismo dejaba pocas opciones para la neutralidad (Obregón 2017, 149). Inspirado en el concepto estadounidense de doctrina de seguridad nacional (DSN), cada país de América Latina fue adoptando una estrategia frente a las tensiones globales que enmarcaban las potencias, y se encuentran algunas similitudes entre países como Chile, Brasil y Argentina (Leal 2003). Para el caso colombiano, si bien no llegó a implementarse un régimen militar como en los países del Cono Sur, la influencia de la DSN sí tuvo un impacto considerable y la participación de Colombia en la guerra de Corea consolidaría el encuentro material e ideológico entre los dos países (Blair 1993).
2. Colombia, medio siglo de fractura interna
En esta red de relaciones geopolíticas, en 1946 inició Colombia una etapa de la historia política identificada como neoconservadurismo, encabezada por los Gobiernos de los presidentes Mariano Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (1950-1951),7 Roberto Urdaneta Arbeláez (1951-1953) y el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Estos regímenes alteraron los procesos democratizadores en el país con el cierre del Congreso, otorgaron un papel significativo al sector militar en la política y declararon constantemente el estado de sitio, situaciones que no fueron ajenas a otros países como Perú, Venezuela y Cuba entre 1932 y 1948.
Finalizando la década de los cuarenta, en Colombia se veía posible que EE. UU. apoyara el mejoramiento militar de países latinoamericanos, como lo evidencia la prensa de la época que aún veía en el Plan Marshall una opción para el financiamiento del continente americano (“Achenson pide al congreso” 1949). No obstante, los compromisos estadounidenses con Grecia, Turquía o Corea hacían difícil un apoyo sustancial a los países latinoamericanos. Por su parte, el interés del Gobierno colombiano era modernizar las Fuerzas Militares para enfrentar parte de la violencia interna promovida por guerrillas liberales que crecían en zonas rurales (Prieto 2013, 6).
Durante los gobiernos neoconservadores, se buscó incentivar tanto la exportación del café, principal producto de la economía nacional, como la creación de condiciones para la inversión extranjera en el país. Dichas necesidades se materializaron -no sin tensiones (“Nos asedia un doble peligro” 1946)- con la firma de acuerdos comerciales que permitieron la entrada y salida libre de capital extranjero, ciertas medidas proteccionistas (Prieto 2013, 3) y acuerdos en materia militar que ubicarían a Colombia del lado de los EE. UU.
La relación diplomática entre Colombia y EE. UU. contaba con un historial importante desde el periodo del presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921), cuando las élites políticas ya se encontraban entre las tensiones antiimperialistas y la aceptación de las políticas del respice polum (Obregón 2017, 147). Durante la República Liberal (1930-1946), la relación se fortaleció con la instalación de las primeras bases militares de los norteamericanos en territorio nacional, el desarrollo de las misiones aérea y naval, y la firma del Convenio de Préstamo y Arriendo en 1942. Con el arreglo, el país norteamericano daría armamento a Colombia, que podría adquirir después de la Segunda Guerra Mundial con el 50 % de descuento. Para EE. UU., las misiones eran geopolíticamente estratégicas para tener control sobre el Canal de Panamá (Prieto 2013), y para el país latinoamericano era una oportunidad de formar militarmente al ejército con personal estadounidense.8 Este momento dio paso a la adopción de la ya enunciada política del buen vecino que perfiló al país como un aliado de EE. UU. en América Latina, en una postura de subordinación y alineamiento incondicional con el país norteamericano (Tickner 2000, 41).
El enfrentamiento de la Guerra Fría se fue insertando y adaptando en cada contexto nacional (Pettiná 2018). En Colombia, en materia militar, misiones, acuerdos, préstamos y entrenamientos fortalecieron la relación. Los acercamientos eran tan evidentes como la tarea que promovió el presidente Ospina Pérez para que las misiones formaran un batallón de infantería que fuera el iniciador del proceder militar estadounidense en el ejército colombiano (Atehortúa 2011, 4).9
Los enfrentamientos entre los partidos Liberal y Conservador, y sus respectivas visiones -el primero defendió un modelo de Estado interventor durante la República Liberal, más progresista y cercano a las izquierdas; y el segundo, con una visión tradicional de propiedad sobre la tierra, cercano al sector militar y la Iglesia católica, abogaba por un modelo de libre mercado-, tenían elementos que hacían que estos se acercaran discursivamente a uno de los polos ideológicos enfrentados en ese momento. Sin embargo, los partidos no eran “programáticamente muy ortodoxos” (Gutiérrez 2017, 633), lo que hacía que en la práctica se siguieran comportando como élites frente a las desigualdades sociales que eran fuente de violencia.
En el marco de la Cortina de Hierro, el Partido Conservador con su representante acérrimo, Laureano Gómez, utilizó discursivamente el acercamiento ideológico del Partido Liberal a las visiones progresistas para atacar a su opositor político, sustentando que este atentaba contra el orden nacional, la religión católica y la moral. Gómez, quien había apoyado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial cuando era ministro de Obras Públicas, era un admirador del país germano, de Francisco Franco en España y un profundo católico (Henderson 2006). Utilizando un lenguaje fundamentalista, soportado por su dogma cristiano, calificaba a los Gobiernos liberales como proyectos demoniacos que iban en contra de la moral nacional.
La Revolución en Marcha, proyecto del liberalismo entre 1934 y 1938, fue tachada por ideólogos del Partido Conservador como un “ataque al propio capitalismo” (Henderson 2006, 339). Era común escuchar a Laureano Gómez, en una etapa caracterizada como ideológica (Sáenz 2001), describir al comunismo como el gran problema de la sociedad colombiana y enaltecer la visión del Partido Conservador que, apoyado en la Iglesia católica, regresaría el país hacia el camino de las buenas costumbres y la estabilidad. En este sentido, se iría tejiendo ideológicamente la relación liberalismo-comunismo que caracterizaría las disputas políticas en décadas posteriores.
En este uso del discurso, la prensa en Colombia se convirtió en una “tribuna ideológica” desde la cual atacar al oponente (Arias 2011, 78). De hecho, muchos de los diarios eran propiedad de familias y personajes políticos, y guardaban cierta tradición del uso de la prensa en el siglo XIX. Por ejemplo, el discurso de Gómez circulaba en El Siglo, periódico que fundó en 1936 y desde el cual lanzaba, a través de sus editoriales, fuertes cuestionamientos a sus opositores. Por su parte, el diario El Tiempo, comprado por Eduardo Santos en 1913, era la plataforma del Partido Liberal para hacerle frente a su histórico enemigo político y legitimar los resultados del proceso de modernización.
Estos conflictos, que se daban en el marco de una modernización de los partidos, estaban restringidos a los marcos del contexto internacional (Gutiérrez 2017, 624). El fin de la Segunda Guerra Mundial fue recibido en Colombia como una ventaja por la posición de EE. UU. como potencia mundial. Al ser el principal comprador del café que se exportaba en el país (Palacios 2009), la continuación de la relación con el vecino del norte posibilitaba un crecimiento económico derivado del incremento de producción durante el proceso de modernización. Por esta razón, desde inicios de los cuarenta hubo un acuerdo entre las élites políticas de desmontar la “ideología de la regulación estatal”, lo que evidencia la paradoja y el paralelismo entre crecimiento económico y violencia bipartidista (Medina 1989, 20).
El presidente Ospina Pérez (1946-1950), como ingeniero y negociante, sostuvo una relación estrecha con los EE. UU. a través de préstamos para la construcción de carreteras y proyectos de electrificación (Palacios y Safford 2002). Uno de los elementos primordiales que diferencia este momento del proceso de modernización precedente es la participación del Banco Mundial como actor transnacional en el diagnóstico y la orientación de las políticas del país, y la presencia de la primera misión económica encabezada por Lauchlin Currie (Caballero 2016).
Como medida para contrarrestar la violencia interna, Ospina Pérez nombró un buen número de alcaldes militares y cambió la distribución de personal de los altos tribunales. Sin embargo, los enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos no cesaban en zonas como Boyacá y Norte de Santander. El número de muertes llegó a 14.000 en 1947 (Henderson 2006) y seguían en aumento por los constantes ataques entre las élites políticas, así como por la creación de grupos armados privados de orientación conservadora, como la policía chulativa en Boyacá (Sánchez y Meertens 1983, 27).
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, generó una ola de violencia en distintos sectores del país, quienes asumieron la muerte del caudillo como estrategia del Partido Conservador. Por su parte, el estallido de violencia fue interpretado por Gómez y líderes estadounidenses como obra directa de agentes comunistas, lo que politizó aún más el clima nacional. El acostumbrado discurso del líder conservador buscaba crear la necesidad de una unidad nacional que, desde su punto de vista, debía venir por parte del poder militar el cual debía ser asumido por el Poder Ejecutivo (Henderson 2006).
El Bogotazo también condujo a una transformación de las Fuerzas Armadas, especialmente en su relación con el orden político. Durante el gobierno conservador, militares empezaron a ocupar cargos que eran usualmente ejercidos por civiles, como el Consejo de Ministros, además del ya mencionado caso de los alcaldes y otras instancias del Gobierno. Durante el siguiente año, los enfrentamientos se recrudecieron debido a la exclusión política, las fallidas reformas sociales y la simpatía con ideologías socialistas; facciones del Partido Liberal decidieron formar guerrillas en Antioquia, Caldas, Huila, Llanos Orientales, Tolima, Boyacá y Santander que se enfrentaron a la policía chulavita en todo el país (Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna 1962; Henderson 2006).
Inicialmente, el Ejército contaba con un buen reconocimiento social por ser mediador en algunos conflictos entre guerrillas y policía. Sin embargo, aún persisten debates sobre la relación entre las Fuerzas Militares y la tensión bipartidista del momento. Ciertos autores sostienen que el Ejército se fue orientando como un dispositivo partidista para contrarrestar a las guerrillas liberales (Pizarro 2018) o que su visión ideológica anticomunista era evidente en el rechazo de jóvenes liberales en las instituciones de enseñanza militar (Atehortúa 2008). Otros afirman que sus acciones tenían el partidismo solo como telón de fondo (Leal 2002).
Además de la situación militar, varios de los proyectos del presidente Ospina Pérez no habían prosperado debido a la mayoría liberal en el Congreso, y las más punzantes discusiones sobre proyectos políticos, como la elección popular de alcaldes, iniciaban en el parlamento y finalizaban con la muerte del adversario político. El estado de sitio declarado por el presidente se prolongó hasta el final de su periodo y las decisiones en materia de gobierno se realizaron a través de decretos presidenciales.
Con el Congreso cerrado y un único candidato por parte del Partido Conservador, se celebraron elecciones el 27 de noviembre de 1949 y fue elegido Laureano Gómez como presidente de la República. A partir de ese momento las disposiciones de orden público promovieron que el ejército luchara de lleno contra la guerra interna y se instauró un régimen calificado por algunos como totalitario (Caballero 2016). Durante el gobierno de Gómez, el país entró en una situación crítica (Henderson 2006). Con el aumento de la violencia social y los grupos guerrilleros en las zonas rurales, se sostuvo el estado de sitio, se censuró la prensa y militares patrullaban las calles. Asimismo, desde la década anterior se había iniciado la reducción del sindicalismo, cuyos efectos fueron la resistencia y la radicalización de los trabajadores en el marco de la lucha bipartidista (Medina 1989, 24).
A pesar de que había sido un crítico de los EE. UU. por la pérdida del Canal de Panamá, durante su presidencia Gómez fue más pragmático e hizo explícita su alineación con la política exterior de ese país (Sáenz 2001, 49), y promovió el crecimiento del sector exportador y la inversión extranjera. Su postura quedó más evidenciada cuando prohibió la exportación de productos a zonas de influencia soviética (Skladowska 2007, 39). Las élites políticas estaban vinculadas con sectores económicos como la producción de café, cuya fluctuación en los precios internacionales era una alarma constante en el país (“Sorprendente fluctuación” 1952).10 Los procesos de reforma agraria y ampliación de derechos laborales promovidos durante la década anterior por el Partido Liberal habían exacerbado una disputa entre las colectividades políticas, ya que las reformas aumentaban los costos de producción y rentabilidad, y creaban conflictos de intereses con el sector exportador.
En síntesis, durante la primera mitad del siglo XX, las disputas ideológicas entre los partidos Liberal y Conservador generaron una polarización política intensa, la exclusión política de un sector importante de la población, la creación de grupos guerrilleros y policías privadas, y un aumento de la violencia social. Los constantes enfrentamientos entre liberales y conservadores se caracterizaron por un uso particular del discurso político que fortaleció una polarización social a partir de tensiones en torno a la religión, la propiedad de la tierra y la relación rural-urbano (Gutiérrez 2017). Estas confrontaciones se daban en el marco de la dependencia económica del país de las exportaciones del café, cuyo principal comprador era EE. UU.
En medio de esta dependencia económica, aunada a una confrontación social y política violenta, el país no contaba con una institución militar fuerte. Por ello, la instalación de bases militares, el recibimiento de las misiones militar y naval, el Convenio de Préstamo y Arriendo, y los entrenamientos de oficiales y algunos soldados en Panamá y EE. UU., promovidos décadas atrás, fueron acercando al país con la política de seguridad estadounidense, la cual coincidiría con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a unirse al primer conflicto bélico luego de la Segunda Guerra Mundial.
3. Colombia en la guerra de Corea
Este contexto interno de control y descontento social coincidía con un ambiente de tensión global. El enfrentamiento entre los nuevos polos hegemónicos (“Dos bloques” 1947), la división Occidente-Oriente y la tensión por una nueva guerra mundial (“Los norteamericanos” 1948) fortalecían una lectura de la situación interna del país en clave polarizada e internacional.
El 25 de junio de 1950, casi dos meses antes de la posesión de Laureano Gómez, en el suroriente de Asia tropas del ejército del recién autoproclamado Estado norcoreano de orientación comunista lanzaron un ataque al también nuevo Estado surcoreano, cruzando el paralelo 38° (Halberstam 2009), una línea imaginaria creada para dividir militarmente la península en 1945. Una vez iniciado el conflicto, la ONU hizo un llamado a los ejércitos de los Estados adscritos para que hicieran parte del conflicto a través de la incorporación de tropas a su brazo armado, el cual era liderado por los EE. UU. (Halberstam 2009).
Los Estados latinoamericanos recibieron el llamado a pesar de que habían sido excluidos de la reunión de Dumbarton Oaks en 1944, precursora de la creación del organismo trasnacional (Obregón 2017, 148).11 Una vez en la ONU, la tendencia en la votación de Colombia, al igual que en la Organización de los Estados Americanos (OEA), se alineaba constantemente con los EE. UU. (Tickner 2000, 41).
La guerra de Corea fue el resultado de un entrecruzamiento entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y las dinámicas históricas de la península (Cumings 1997).12 En 1945, los líderes Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin negociaron cómo quedaría la repartición del mundo luego del enfrentamiento mundial bajo una tensión insólita debido al potencial nuclear de las nuevas potencias (López-Aymes et al. 2016).
El 11 de febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, Stalin se comprometió a entrar en guerra con el Japón una vez conseguida la rendición de los alemanes y el cese al fuego en Europa, a pesar de que la victoria sobre Japón estaba casi asegurada por los EE. UU. Durante el fin de la Guerra Mundial, Corea estaba en una situación particular ante “el vacío de poder en una zona geopolítica crítica luego de la ocupación japonesa” (López-Aymes et al. 2016, 120).
En la Conferencia de Potsdam, celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, “altos mandos militares (y no jefes de Estado) determinaron un régimen de administración conjunta para la península coreana” (López-Aymes et al. 2016, 123), la cual estaba ocupada al norte por el ejército de la URSS. Ante la presencia del país soviético, fuerzas militares de EE. UU. se instalaron en Incheon, al sur de la península, el 8 de septiembre.
Al norte de Corea, se encontraba un buen número de guerrillas comunistas y al sur había conflictos entre grupos separatistas, guerrilleros y nacionalistas.13 La confluencia de divisiones internas y la tensión entre las potencias después de la Segunda Guerra Mundial convirtieron a la península en un tablero de ajedrez: “antes de que Corea pudiera recuperar la categoría de Estado independiente, los intereses de las grandes potencias y la división entre grupos políticos coreanos obturaron esta posibilidad” (López-Aymes et al. 2016, 123).
Ante la presencia de la URSS al norte y la movilización del Ejército Rojo de China hacia Manchuria,14 EE. UU. le propuso a Stalin establecer un límite territorial para que las fuerzas japonesas se retiraran de la península, desobedeciendo los acuerdos previos de gobierno conjunto de Potsdam. La escogencia del paralelo 38° como el límite fue hecha “a dedo” por un militar (López-Aymes et al. 2016, 124), criterio aparentemente estratégico que convertiría a la península en dos naciones antagónicas.
Incapaces de coordinar un gobierno provisional,15 las dos potencias se alinearon con los dos bandos políticos del país. Syngman Rhee fue elegido como presiente en Corea del Sur16 y al norte el líder Kim Il-Sung proclamó la independencia y el fortalecimiento del Ejército Popular Coreano, con el apoyo de la URSS.
El 25 de junio de 1950 inició una de las guerras más sangrientas en la historia del siglo XX.17 Con los ataques, fueron invadidas las principales ciudades surcoreanas. De inmediato, EE. UU. apoyó al Gobierno del sur. A pesar de que el ataque tomó un poco por sorpresa a Truman (Halberstam 2009), este consideró el acto como una afrenta de Stalin y un golpe simbólico a la contención mundial del comunismo (López-Aymes et al. 2016). Para evitar la imagen de intervención unilateral, EE. UU. convocó al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países aliados para crear una unión de Fuerzas Armadas. Los primeros países en aceptar la propuesta fueron Gran Bretaña, Canadá, Turquía y Filipinas.
a. La decisión colombiana
En Colombia, el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) envió un mensaje al presidente Truman con el que buscaba:
En nombre del gobierno y el pueblo de Colombia hacer presente […] que está dispuesto a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en la forma en que los acontecimientos internacionales hagan necesaria para el eficaz cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad y el rechazo a la injusta agresión de que ha sido víctima la República de Corea. (“Mensaje a Truman” 1950)
La participación militar tuvo lugar cuando era presidente Laureano Gómez. Una vez la Cancillería colombiana recibió la comunicación presidencial, el ministro de Guerra, Evaristo Sourdís, argumentó que el país solo contaba a duras penas con la fuerza necesaria para controlar los problemas internos (Atehortúa 2008, 65). Sin embargo, el Gobierno hizo el ofrecimiento de participar en la guerra con una fragata durante la Quinta Asamblea General de la ONU, el 14 de septiembre de 1950.
Con excepción de Colombia, en Latinoamérica la participación en la guerra fue casi nula y solo se comentó su impacto en la región en el marco de la OEA por parte de Lleras Camargo, quien insistió en la importancia de comprometerse con la ONU y “estudiar algunas posibilidades de apoyo” (Skladowska 2007, 26). Para autores como Sáenz (2001, 53) , la decisión de Gómez de dar paso al ofrecimiento del presidente Ospina no fue exclusivamente por razones ideológicas, sino como resultado de un pragmatismo o sobrevivencia política que era típico del político conservador.
Para EE. UU., la participación militar era una posibilidad de incrementar el sentido patriótico en los países latinoamericanos y acentuar su postura anticomunista. Se pensó en crear un cuerpo armado denominado Fuerza Interamericana, pero nunca se llevó a cabo; se esperaba también que países como Argentina, México y Brasil apoyaran con un regimiento y cada país latinoamericano con una compañía (Skladowska 2007). No obstante, la actitud de Washington con el Plan Marshall en Europa, la nueva política económica del “Trade not aid”, y la creciente filiación de ideologías de izquierda en la región fueron elementos que impactaron en la decisión de otros países latinoamericanos de no responder al llamado de la OEA.18
Si bien no existía una directriz explícita de los EE. UU. para unirse a la guerra ya que era un llamado voluntario, sí se evidenciaron algunas presiones diplomáticas, como la expresada por el secretario de Defensa Luis Jonson: “no se darán armas a los países que permanezcan neutrales frente al comunismo” (Skladowska 2007, 26). Sin embargo, no es posible establecer que EE. UU. condicionara la ayuda militar a la participación en la guerra (Rodríguez 2004, 98). La decisión colombiana estaría entonces enmarcada en el pragmatismo de Gómez, quien se alinearía política e ideológicamente con el país norteamericano dado el contexto económico y la situación de las Fuerzas Armadas frente a la violencia.
La participación de Colombia generó incomodidades en el país. Debido al cierre del Congreso, el ofrecimiento no fue consultado y tuvo lugar en medio de la censura oficial de la prensa y una grave situación de violencia. El ingreso a la guerra implicaba adquirir una nueva deuda con EE. UU.,19 ya que se tendría que enviar al personal primero a ese país y adquirir armamento y maquinaria. Aunque la propuesta desagradaba a ciertos sectores del Partido Liberal, este no se opuso radicalmente, pues se presentaba a sí mismo como un aliado de la democracia (“Solidario con las democracias” 1950).
Para ese momento, Colombia no contaba con un ejército numeroso; de los 15.000 efectivos que tenía en 1950, aproximadamente un tercio fue a Corea bajo el nombre del Batallón Colombia.20 El país tampoco contaba con fuerza naval, ya que la única embarcación de la que disponía en el momento era la fragata Almirante Padilla, la cual requería ser adecuada para incursionar en una guerra internacional. No obstante, la creación del Batallón Colombia coincidió con un ascenso del rol del ejército en la vida política del momento (Blair 1993), a partir de la ocupación de cargos civiles por parte de militares, práctica representativa durante el ascenso del Partido Conservador.
b. Al frente de batalla en Corea
El Batallón Colombia estuvo conformado por 4.102 hombres, los cuales participaron paulatinamente a través de relevos. El primer grupo fue integrado por 1.018 personas. La estructura del batallón estaba organizada por un comando y seis compañías: armas pesadas, reemplazos, sanidad y tres de fusileros (Valencia Tovar y Puyana 2003). De hecho, “el Batallón Colombia fue la primera unidad militar organizada conforme a los parámetros estadounidenses” (Atehortúa 2011, 4).
Los soldados podrían desempeñar múltiples labores, como cocineros, choferes, mensajeros, reparadores de líneas, operadores de radioteléfonos y conmutadores, constructores, exploradores, disparadores de lanzacohetes, morteros, mecánicos, fusiladores, enfermeros o constructores, entre otros (Valencia Tovar y Puyana 2003). El Batallón Colombia se conformó en menor medida por personal del ejército y mayoritariamente por voluntarios. El Ejército realizó un llamado a nivel nacional para integrar el Batallón y se propuso realizar un entrenamiento antes de partir a Corea en la Escuela de Cadetes de Usaquén en Bogotá.
Luego de conformado el batallón y realizado el entrenamiento inicial, el 12 de mayo de 1951 el presidente Gómez le hizo entrega oficial de la bandera de Colombia, ceremonia que estuvo precedida por una misa católica y una bendición de las armas. Durante el discurso de despedida, el presidente aludió al momento internacional, el cual era presentado como un atentado a la patria colombiana y a la moral construida con tanto esfuerzo por los héroes independentistas (“La lucha anticomunista” 1951). Sin mencionar a Rusia, China o EE. UU., las palabras del jefe máximo buscaron hacer de la participación en la guerra de Corea una razón de seguridad interna, señalando al comunismo como el enemigo interno y utilizando como solución el apego a la fe católica y la buena moral que encarnaban los soldados.
El Batallón Colombia ingresó como parte del VIII ejército de los EE. UU., siguiendo todas las instrucciones militares por parte de este país. De esta manera, los militares colombianos “implícitamente se involucraron en el desarrollo de la guerra limitada, en su plena disposición a los requerimientos de la ONU, es decir a los intereses políticos de los Estados Unidos” (Rodríguez 2004, 106).
El 22 de mayo de 1951 el grupo se embarcó en el buque Aiken desde la ciudad de Buenaventura hacia la lejana Corea. El 1.º de noviembre del mismo año partió la fragata Almirante Padilla hacia California desde la ciudad de Cartagena. Luego de dos largos meses de un intenso viaje por el Pacífico, la primera rotación del Batallón Colombia arribó al puerto de Busan el 16 de julio. El contingente estaría aproximadamente un mes hasta su “bautismo de fuego”, como fue denominada la primera acción en el campo de batalla. Cuando Colombia ingresó a la guerra de Corea había comenzado un proceso de negociación entre las partes motivada por la salida de la Presidencia de Truman y la muerte de Stalin.
Mientras el Batallón Colombia enfrentaba al ejército chino en Corea, en diciembre de 1951 se firmaba un acuerdo secreto entre Colombia y EE. UU. que colocaba a este último al mando de las operaciones marítimas y aéreas en las zonas del Canal de Panamá y el Caribe en caso de agresión soviética. Este acuerdo se consolidó en 1952 con la firma de otro convenio que otorgó el suministro de equipo, ayuda militar y la permanencia de las misiones (Atehortúa 2011, 4).
Durante su estadía en la península, el batallón participó en importantes batallas militares que se convertirían en hitos y que estaban sustentadas por los comandantes como parte del legado de las gestas independentistas (“Por las ideas que combatió Bolívar” 1952): Kumsong en octubre de 1951, Cerro 400 en junio de 1952, Cerro 180 u Operación Bárbula el 10 de marzo de 1953 y Old Baldy el 23 marzo de 1953; estas se volvieron con el tiempo acciones conmemoradas por los actores militares y excombatientes (“La más alta condecoración” 1952). A pesar de no ser una guerra eminentemente naval, la Armada colombiana participó en cinco misiones y culminó sus operaciones en 1954, realizando actividades de patrullaje una vez firmado el armisticio hasta el retiro de las tropas estadounidenses.
La firma del armisticio permitió que la guerra se pausara sin ganadores ni vencedores y que iniciara la salida paulatina de tropas. Con el cese al fuego, se creó una Comisión Militar del Armisticio; al Batallón Colombia le fueron asignadas actividades de limpieza y vigilancia y a la Armada, de patrullaje. La participación colombiana tuvo un valor más político y diplomático que estrictamente militar ya que, a pesar del desempeño -que fue loable-, legitimó sobre todo la intervención americana en territorio coreano (Rodríguez 2004, 106).
Cuando desembarcó el primer relevo del Batallón Colombia, la situación de orden público en el país era compleja; había un descontento social por el autoritarismo de Gómez, los liberales no habían participado en las elecciones presidenciales y los grupos guerrilleros habían aumentado en el país. Dicha tensión, que se expresaba en las calles, tuvo un punto de inflexión cuando el 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla realizó un golpe militar. Como presidente, el militar le dio continuidad a la presencia de las tropas en Corea, ya que representaba la posibilidad de continuar la estrecha relación con EE. UU. y seguir en la lucha contra el comunismo.21 En medio de la convulsión social y política, debido al buen nombre que había adquirido el Batallón Colombia en Corea, Colombia pudo evadir las denuncias formuladas ante la ONU sobre la situación de violencia en el país (Rodríguez 2004, 109).
La trayectoria de los miembros del Batallón Colombia y de la Armada una vez regresaron a suelo colombiano dependió de su posición dentro de las estructuras militares. Los representantes de altos cargos fueron ascendidos dentro de las instituciones militares y gubernamentales. Fue el caso del general Alberto Ruiz Novoa, quien fue nombrado subcontralor, contralor de la República hasta 1958 y ministro de Guerra entre 1962 y 1965.22
Los impactos de la participación de Colombia en la Guerra de Corea serían sobre todo para las Fuerzas Militares:
El armamento y la tecnología militar procedentes de Estados Unidos se convirtieron además en una importante vía de relación y dependencia de las Fuerzas Armadas colombianas. A ello se sumó la dependencia en órdenes distintos, incluyendo desde luego la ideológica. (Atehortúa 2011, 5)
Este impacto se evidenció en el manejo del orden público. El propio Ruiz Novoa argumentaba a su regreso a Colombia que el país continuaría cooperando en la lucha del mundo libre contra el comunismo: “conocemos el mismo mal que esta doctrina contiene en sí misma para la libertad, la religión y la paz” (“Colombia seguirá ayudando” 1953).
Otro hecho significativo en la continuidad de la relación entre la participación en Corea y el manejo de la violencia en el país fue el nombramiento de Álvaro Valencia Tovar, primer comandante del Batallón Colombia, como capitán de la quinta brigada, a cargo de las operaciones antiguerrilla. El envío de varios de quienes fueran altos mandos en Corea a las zonas de los Llanos y Vichada durante esa misma década evidenció la que para el momento era la estrategia del Gobierno hacia los grupos armados en el país, y que estaba legitimada por el aprendizaje técnico y el valor simbólico de estos comandantes como líderes de las acciones desempeñadas en una guerra internacional contra el comunismo (Schroeder 2009).
Después de la participación en Corea, Colombia continuó recibiendo ayuda financiera y militar estadounidense, con la excepción de una disminución en el periodo de Rojas Pinilla. Entre 1953 y 1966 el país recibió 102 millones de dólares por parte de los EE. UU. (Atehortúa 2011, 12), además de un fortalecimiento de la doctrina militar de seguridad nacional adaptada a los escenarios de violencia en el país. De hecho, “en buena medida el ejército colombiano que se conoció en la segunda mitad del siglo XX, fue el resultado de la experiencia de Corea junto al ejército de los Estados Unidos” (Rodríguez 2004, 109).
Conclusión
En este artículo hemos visto cómo el orden geopolítico internacional después de la Segunda Guerra Mundial fue ajustado al contexto político y económico de Colombia en la mitad del siglo XX por élites militares y políticas. La llegada del neoconservadurismo al poder, la dependencia de la economía cafetera nacional, y un clima social y político de violencia hicieron que el país se orientara hacia el bloque representado por EE. UU.
Este movimiento se trasladó al contexto interno con la explicación del conflicto social como el resultado del ingreso del comunismo. Para ello se tomó como base la polarización internacional, y se restó peso a las exclusiones políticas y económicas generadas por los partidos tradicionales que habían promovido durante medio siglo de confrontación interna la creación de guerrillas, la marginalización política, la pobreza y el descontento social.
La dependencia económica derivada de la época de posguerra evidenció aún más las relaciones entre las élites políticas y los sectores económicos exportadores en Colombia, los cuales hicieron maniobras para mediar entre las buenas relaciones con los EE. UU. y las prácticas electorales con una base social profundamente dividida. Asimismo, la ausencia de unas Fuerzas Armadas profesionalizadas promovió una dinámica de política exterior desde 1938 orientada hacia el norte (respice polum) y materializada en la instalación de bases militares, y la firma de acuerdos y préstamos que moldearon la orientación política, diplomática y militar del país hacia los EE. UU.
En este sentido, la decisión de participar en la guerra de Corea no fue exclusivamente producto de la necesidad del presidente de turno de mejorar su imagen ante los EE. UU., a pesar de que sí fue un instrumento adecuado para legitimar su gobierno de corte totalitario (Meléndez 2015). La participación colombiana en Corea fue entonces un acontecimiento para Colombia de tipo global, resultado de la sincronización del ascenso del neoconservadurismo al poder a mediados del siglo XX, la precariedad de las Fuerzas Armadas en el manejo de la violencia hacia 1950, el clima de polarización internacional e interna alimentada por el bipartidismo y una relación de dependencia económica de EE. UU. en la época de posguerra.
Estas confluencias condujeron a tres procesos de sincronía entre lo global y local, a saber: a) la adaptación de la política exterior y económica hacia los EE. UU., b) la adopción de la doctrina militar del ejército estadounidense por parte del ejército colombiano, y c) el envío de más de 5.000 colombianos al conflicto coreano.
