Introducción

¿Por qué el número de bases militares se ha incrementado en los países de América del Sur en los últimos años a pesar de cambios internos e internacionales que deberían haber provocado el efecto contrario? Este trabajo analiza el crecimiento en el número de guarniciones militares en la región en un contexto de resolución de conflictos limítrofes y de generalización de la democracia, procesos que la literatura asocia con la reducción del gasto y la organización militares.

América del Sur no solo ha experimentado la progresiva desaparición de las disputas interestatales, sino que, además, comenzó un proceso de democratización a partir de las décadas de los ochenta y noventa.¹ La región resolvió gran parte de sus disputas limítrofes y se ha convertido en una zona de paz (^{Kacowicz 1998}; ^{Miller 2007}; ^{Oelsner 2007}).² La desaparición de las amenazas que tradicionalmente enfrentaron varios Estados de la región, o su gestión en el marco de distintos mecanismos de resolución de conflictos, ha provocado un efecto no buscado que es el denominado déficit de amenazas, un escenario estratégico en el que la percepción de amenaza externa de un Estado desaparece o se debilita considerablemente (^{Buzan 2006}). Ello se asocia a la reducción en el presupuesto de defensa, que se redistribuye hacia otras áreas del Estado. El ejemplo más citado de cómo la resolución de conflictos impacta en el gasto militar y, por ende, en el tamaño de la organización militar es el de las Fuerzas Armadas europeas luego de la Guerra Fría. La lógica del argumento es que la caída de la Unión Soviética implicó la desaparición de la principal amenaza para Europa Occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, algo que incentivó la disminución de la organización militar. Así, el número de batallones activos en Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña se redujo de 550 a 171 entre 1990 y 2015 (International Institute for Strategic Studies 2016, 24; ^{Meijer y Brooks 2021}). Sin embargo, esta asociación entre desaparición de amenazas externas y reducción del tamaño de las fuerzas armadas no se produjo en América Latina.

Este desmantelamiento de la organización militar europea luego de finalizada la Guerra Fría ha sido explicado por la literatura sobre conflictividad y gasto militar que sostiene que los niveles presupuestarios en esta área están directamente relacionados con la percepción de amenaza de los Estados (^{Brzoska 2004}; ^{Nordhaus, Oneal y Russett 2012}; ^{Smith y Tasiran 2005}; ^{Yakovlev 2007}). En la medida en que los Estados enfrentan amenazas para su defensa, incrementan el presupuesto militar y viceversa.

Por otra parte, la democratización permitió avanzar en la subordinación de las fuerzas armadas y en el establecimiento del control civil (^{Pion-Berlin y Martínez 2017}). La literatura sobre el impacto del tipo de régimen en el presupuesto militar es extensa y sostiene que las democracias tienden a reducir el gasto militar. ^{Russett y Oneal (2001)} muestran que los Gobiernos de América Latina han invertido menos en defensa en la etapa de la transición democrática. ^{Garfinkel (1994)} afirma que la competencia democrática acelera la reducción del gasto en defensa. ^{Lebovic (2001)} compara a los países de América Latina en el periodo 1974-1995 y sugiere que la reducción del gasto militar es más pronunciada en periodos democráticos. Por su parte, ^{Hunter (1997, 71)} sostiene que el establecimiento de la democracia electoral lleva a una reducción en los recursos presupuestarios para las fuerzas armadas.

Aunque la literatura sobre percepción de amenazas y democratización no ha analizado de manera directa la cuestión de las bases militares, la reducción del gasto militar, que ambos enfoques identifican como resultado de la resolución de conflictos y del advenimiento de la democracia, tiene un impacto directo en el tamaño de las fuerzas armadas al afectar sensiblemente la posibilidad de mantener la misma organización con un presupuesto militar que se ha reducido considerablemente. Ello se debe a que un promedio del 90 % del presupuesto de la defensa se destina al pago de salarios y al funcionamiento. Esta masa de recursos se invierte principalmente en las bases que son los espacios donde se asientan los integrantes de las fuerzas armadas y desde donde se llevan a cabo gran parte de sus actividades.

Los hallazgos de este artículo contradicen los argumentos de la literatura dominante sobre el tema que establece una relación entre los procesos de democratización y de reducción en la percepción de amenazas con el achicamiento de la organización militar. De hecho, en un contexto donde la democracia se ha establecido en todos los países analizados y de marcada reducción de la conflictividad regional, el número de guarniciones no solo se ha mantenido, sino que, en la mayor parte de los casos, se ha incrementado considerablemente. Las bases militares en América del Sur crecieron un 98 % en promedio en el periodo 1981-2020.³ ¿Por qué la organización militar no solo ha logrado permanecer inalterada, sino que también se ha expandido en un contexto de democratización y déficit de amenazas? ¿Qué factores han favorecido tal persistencia y expansión? Este artículo desarrolla una explicación alternativa a las narrativas dominantes sobre el impacto de la resolución de conflictos y la democratización en la reducción del gasto militar y, como consecuencia, en el número de guarniciones.

El artículo sostiene que el crecimiento en el número de bases es el resultado de lo que conceptualizamos como política de las bases. El origen de esta dinámica política se encuentra en la problemática de la debilidad estatal de los países de Sudamérica que, a diferencia de los casos analizados por la literatura tradicional sobre el tema, poseen poderes infraestructurales no suficientemente desarrollados (^{Mann 2008}). Ello convierte a las guarniciones militares en espacios que proyectan la presencia del Estado en todo el territorio y que contribuyen a resolver desafíos de diversa índole, no solo los de defensa nacional, sino los de seguridad pública, de construcción de infraestructura, de supervivencia de localidades y regiones, de empleo, entre otros.

Esta dinámica tiene efectos políticos. Las bases militares son estructuras estatales que cumplen numerosas funciones, más allá de las relacionadas estrictamente con la defensa nacional, que son funcionales para las necesidades de los gobiernos nacional y subnacionales y que, al mismo tiempo, son fuentes no tradicionales de poder e influencia para las fuerzas armadas. Las bases benefician a las fuerzas armadas y a los políticos; esta doble utilidad contribuye a su creación, persistencia y expansión.

Las bases cumplen funciones económicas, de seguridad y de ayuda a la comunidad que compensan déficits de otras áreas del Estado y que, por ello, pueden incidir en la competencia político/electoral si tales funciones dejan de ser prestadas. En otras palabras, la provisión de diversos bienes públicos por parte de las guarniciones permite conjeturar un impacto electoral negativo para aquellos políticos que promuevan su disolución, que generalmente son el presidente o el ministro de Defensa y sus aliados en las provincias/estados. El argumento sobre el impacto electoral negativo que tendría el cierre de una base militar es puramente deductivo y se deriva de las numerosas ventajas que la presencia de estas instalaciones tiene para una localidad. Así, su inactivación podría inducir un cambio en las preferencias electorales de la población afectada hacia quienes son considerados responsables de la medida. Este argumento presenta también algunos límites. En primer término, la escasez de cierres de bases en los casos analizados dificulta determinar su impacto electoral; segundo, los datos sobre resultados en elecciones presidenciales desagregados por localidades de poca población son muy difíciles de obtener para todos los casos. Pese a ello, un ejemplo que puede mencionarse es el del cierre de la guarnición de Las Lajas en la provincia de Neuquén, en la Argentina, que ofrece alguna evidencia en apoyo del argumento previo.⁴ Por un lado, la base fue cerrada en 1996 pese al rechazo del intendente local quien poco tiempo después fue reelegido cómodamente en la elección de 1999. Aunque no se encontraron datos de los resultados de la fórmula presidencial para la ciudad de Las Lajas, si está disponible esa información a nivel provincial, la cual revela que el Partido Justicialista, que gobernó el país entre 1989 y 1999, sufrió una pérdida del 37 % de los votos para la fórmula presidencial si se comparan las elecciones de 1995 con las de 1999 (Gobierno de Argentina 2022). Cabe destacar que el regimiento se reactivó en 2004 por la continua presión local y del gobernador de la provincia (“Se reactivo el regimiento” 2004).

La política de las bases es un tema que no ha sido analizado previamente en la región. No existen investigaciones que hayan examinado el impacto de las bases militares en perspectiva comparada en América Latina. La literatura sobre el tema se ha concentrado principalmente en el caso de las bases militares de los Estados Unidos en el exterior y en las resistencias locales que desatan (^{Vine 2015}; ^{Yeo 2009, 2011}). En este sentido, este artículo realiza un abordaje exploratorio y se limita a señalar los límites de las teorías dominantes para explicar este tema en América del Sur, y a presentar un diseño de investigación para futuras indagaciones que incluye la identificación de variables y de dos mecanismos causales principales que dan cuenta de la dinámica desatada por la política de las bases: el de conversión y el de retroalimentación positiva. De este modo, se aspira a contribuir a la literatura sobre relaciones civiles militares al desarrollar un marco conceptual que explica la persistencia y expansión de las bases militares en los casos de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en el periodo 1981-2020.

1. La evolución del número de bases militares en América del Sur

Las bases militares son la esencia de la organización militar; allí se concentran sus efectivos y equipamiento. El despliegue territorial de las bases en América del Sur se ha dado en Estados geográficamente extensos y con niveles de pobreza y desarrollo de infraestructura estatal que en general son deficientes, aunque en diverso grado según el caso (^{Kurtz 2013}). En este marco, la organización militar es en esencia una estructura estatal con una importante presencia nacional que cuenta con instalaciones en centros urbanos de diverso tamaño o que se encuentran cerca de estos.

Cuando una base se establece provoca numerosos efectos en las comunidades; en particular, proyecta la presencia militar hacia la política, la economía y la sociedad. En el pasado, esto facilitaba llevar a cabo intervenciones militares; en el presente, refleja una dinámica de intensa interacción de estas instalaciones con su entorno que, aunque siempre existió, había quedado subsumida en la lógica más amplia de la militarización de la política.

Las bases militares se han expandido en todos los casos analizados, aunque de manera desigual. En el cuadro 1 se sistematiza la evolución del número de bases militares del ejército, la armada y la fuerza aérea en el periodo 1981-2020. Cabe mencionar que en este trabajo se utiliza de manera indistinta los términos de base militar, cuartel o guarnición. En todos los casos nos referimos a instalaciones edilicias que albergan, al menos, una unidad militar del tamaño de un batallón/regimiento para el caso de los ejércitos, o unidades similares para el caso de la fuerza aérea y de la armada. Este ha sido el criterio mínimo de inclusión de bases en esta investigación. Este recorte se fundamenta en que las unidades de este tipo se componen de al menos trescientos a cuatrocientos efectivos que viven en instalaciones que consumen distintos bienes y servicios, que contratan personal civil del área circundante y que reclutan efectivos en la localidad. La base no solo recibe recursos para su funcionamiento operativo, sino también una masa importante de dinero que se destina al pago de salarios de los efectivos militares y civiles que allí residen o trabajan.

El rango de tiempo seleccionado, 1981 a 2020, permite comparar el número de bases en la etapa de predominio de regímenes militares y de conflictos limítrofes militarizados con el periodo posterior, cuando ambos fenómenos fueron debilitándose. El principal hallazgo que evidencia el cuadro 1 es que las bases han crecido durante la etapa de democratización y reducción de la conflictividad interestatal.

Los casos analizados se pueden clasificar en tres grandes grupos: los de muy bajo crecimiento en el número de bases (Argentina), el de bajo crecimiento (Chile), los de medio crecimiento (Brasil, Perú y Venezuela) y el de muy alto crecimiento (Colombia).

2. La política de la creación y persistencia de las bases militares

Las bases ejercen un impacto en las localidades debido a las funciones económicas, de seguridad, de apoyo a la comunidad y construcción de infraestructura que cumplen; sin embargo, sus efectos están mediados por la distancia. Las bases contribuyen a sostener a los pueblos y ciudades, aunque no en todos los casos. Cabe destacar que no existe un criterio metodológico establecido en la literatura para determinar cuál es la distancia a partir de la cual una base ejerce efectos sobre una localidad y cuál debería ser el tamaño de la ciudad/pueblo para que la guarnición desate la política de las bases. Los supuestos que aquí se plantean están basados en evidencia empírica limitada y en cálculos estimados del impacto de la base en una localidad.

La política de las bases es más intensa en relación con el tamaño que tenga la ciudad/pueblo y su distancia respecto a la guarnición. El tipo ideal sería el de un cuartel de importancia, que incluya al menos un regimiento, localizado en el centro de una ciudad/pueblo de tamaño reducido. En este ejemplo, la base se convertiría en sostén de la localidad. Por el contrario, las guarniciones aisladas o lejanas de los centros urbanos o pueblos pierden capacidad para desatar la dinámica de la política de las bases. Como criterio metodológico, se considera que las que se encuentran en un radio menor a los 30 kilómetros de ciudades con menos de 50.000 habitantes tienen la capacidad de transformarse en actores relevantes para la supervivencia de estas. Ello se debe a que una ciudad de esta magnitud debería sentir el impacto del traslado de una instalación militar que supone entre 300 y 400 salarios mensuales gastados en gran medida en el sector de servicios, que adquiere toda clase de bienes en los comercios de la localidad, que consume combustible, que emplea a pobladores locales, que provee seguridad, que colabora en la construcción y el mantenimiento de infraestructura local y que es indispensable para enfrentar las consecuencias de catástrofes naturales, entre otros aspectos.

Por el contrario, el impacto de una instalación militar ubicada en un centro urbano habitado por millones de habitantes se diluye. Por este motivo, el traslado de una base de este tipo de una gran ciudad a otra área pasaría desapercibido, mientras que cuando se intenta reubicar o cerrar una base cercana a un centro urbano de menor tamaño se suele desatar un movimiento de resistencia liderado por coaliciones formadas por autoridades de los gobiernos subnacionales, actores económicos y la población de la lWocalidad.⁵

Cabe destacar que la investigación tiene la limitación de no contar con datos de cantidad de efectivos militares por base, dado que se trata de una información que no es de carácter público. Una unidad del tamaño de un regimiento o batallón puede tener de 300 a 700 efectivos. Como criterio conservador se adoptó la cifra menor.

El cuadro 2 indica que un porcentaje relevante de las bases de los casos analizados (49 %) se halla en un radio de 30 kilómetros de localidades con una población menor a los 50.000 habitantes. Para realizar este cuadro se identificaron las principales bases militares de los casos analizados y se determinó su ubicación geográfica. Luego se exploró un radio de 30 kilómetros alrededor del cuartel y, en el caso de encontrarse alguna localidad, se precisó el tamaño de su población.

La relación entre las funciones que cumplen las bases y su impacto en su persistencia y expansión esta mediada por dos mecanismos distintos. El de retroalimentación positiva, que favorece el mantenimiento de políticas dado que favorecen la reproducción y creación de una constituency propia, y el mecanismo de conversión, que incentiva la adopción de nuevos objetivos, funciones y propósitos para instituciones existentes (^{Falleti y Lynch 2009}).

Las bases dinamizan la economía de las localidades cercanas al consumir todo tipo de bienes y servicios que en la mayoría de los casos son adquiridos en el pueblo/ciudad en la que se encuentra establecida. Por otra parte, los efectivos desplegados reciben mensualmente una masa salarial que, en su mayor parte, es destinada a consumos que se realizan en la misma localidad, de modo que es un soporte fundamental del sector servicios. Asimismo, las bases favorecen la creación de empleo no solo por el movimiento económico que generan, sino también por la demanda que crean al contratar personal civil local para realizar distintas tareas administrativas o de mantenimiento de las instalaciones. Es evidente que la existencia o apertura de una base afecta la economía de una localidad. Si se cierran o trasladan, la vida económica se resiente. Por ello, los políticos tienen incentivos electorales para crearlas, mantenerlas y ampliarlas.

Las bases proveen seguridad. La percepción de amenazas ha sido una variable que ha impactado el crecimiento de la organización militar en algunos de los casos, aunque no de la manera anticipada por la literatura sobre este tema. A diferencia de los países europeos, en América Latina la percepción de amenaza tiene en general un origen interno, aunque el efecto ha sido finalmente el mismo, un aumento en el número de guarniciones. En América del Sur la percepción de amenaza externa no parece ser la principal causa de creación de bases, ya que esta se ha reducido en las últimas décadas en paralelo al incremento de las guarniciones. Por el contrario, los militares de la región han sido desplegados para confrontar problemáticas de seguridad pública construidas como amenazas que requieren del despliegue militar. La presencia de grupos guerrilleros, narcotraficantes o el crimen organizado han sido los disparadores para el envío de las fuerzas armadas o la creación de unidades militares para la provisión de seguridad y la protección de actividades económicas. Esto no es una novedad en la región, ya que la misión interna de los militares representa una continuidad de su orientación de los años sesenta y setenta (^{Pion-Berlin 2016}).

En los casos de Colombia, Ecuador y Perú, por ejemplo, los militares obtienen recursos de tal participación (^{Hough y Richani 2003}; ^{Jaskoski 2013}). Esta literatura sostiene que es la intensidad de la percepción de la amenaza interna lo que favorece la expansión de la organización militar; ello explica por qué en el caso de la Argentina los militares no han participado en tales misiones, más allá del estricto marco normativo que prohíbe ese rol y del rechazo social que generan.

Finalmente, las bases cumplen la función de ayuda a la comunidad y de construcción de infraestructura (^{Pion-Berlin 2016}). El déficit de poderes infraestructurales es la principal razón para ello. Las agencias de defensa civil son generalmente débiles para enfrentar los desafíos de una geografía extensa que sufre todo el tiempo desastres naturales y otros provocados por la acción del hombre. La organización militar tiene grandes ventajas para desarrollar estas actividades: hace presencia en todo el territorio, y cuenta con una jerarquía para movilizar rápidamente un gran número de efectivos en cualquier época del año y horario. Además, posee equipamiento pesado y conocimiento del terreno, lo que permite llevar a cabo acciones comunitarias de toda clase: construcción de infraestructura, distribución de alimentos, ayuda en catástrofes o, como ha quedado demostrado recientemente, participar masivamente en el combate contra el COVID-19. Todo ello ubica a las bases y a sus integrantes como actores principales y valorados de las comunidades.

Las funciones que desempeña una base tienen efectos políticos. El interior y exterior de las guarniciones constituyen espacios habitados por militares y civiles con derecho al voto. Con las bases se puede hacer política y, por ello, tanto las fuerzas armadas como también intendentes, gobernadores y representantes están interesados en que permanezcan, se expandan o se establezcan. En otras palabras, las bases contribuyen a la creación y consolidación de coaliciones que luego favorecen su existencia y expansión.

Desde el punto de vista de los políticos, el contexto de debilidad de los Estados latinoamericanos representa un fenomenal incentivo para que las bases se conviertan en una herramienta de los Gobiernos que contribuya a la solución de problemas no vinculados a la misión tradicional de las fuerzas armadas. ^{Pion-Berlin (2016)} sostiene que los desafíos de seguridad pública, desarrollo/infraestructura o catástrofes se enfrentan con la institución militar en lugar de crear nuevas organizaciones civiles que demandarían un prolongado periodo de organización y elevados recursos para su creación y sostenimiento.

Desde la perspectiva militar, en un contexto de fuertes restricciones estructurales (régimen democrático y déficit de amenazas), las fuerzas armadas tienen un claro incentivo para adaptarse a las necesidades del entorno político. En esta lógica de isomorfismo institucional, los militares tienden a favorecer cambios en su organización que permitan replicar las funciones de otras instituciones estatales (^{DiMaggio y Powell 1999}).⁶ Así, las fuerzas armadas se adaptan a las necesidades del contexto para adquirir legitimidad y, de ese modo, obtener recursos para mantener y expandir la organización. Cuanto mayor es el isomorfismo, mayor su legitimidad (^{Deephouse 1996}). Ello explica la creación de unidades especiales con funciones de seguridad interna, ayuda en catástrofes o construcciones; así como también la creación específica, en los ministerios de Defensa y en las fuerzas armadas, de áreas que gestionan la participación militar en tales actividades.

3. Las bases y su proyección de seguridad pública

El despliegue de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna se ha generalizado en América Latina (^{Flores-Macías y Zarkin 2021}). A excepción de algunos pocos países que limitan su rol a la defensa externa, los militares, en la mayoría de los casos, desempeñan misiones de seguridad pública, como por ejemplo mantenimiento del orden público; control de fronteras; lucha contra el tráfico de personas, el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, el contrabando y tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro, la extorsión, entre otras. Esta participación generalizada se lleva a cabo desde bases militares establecidas, en muchos casos, en zonas de alta y baja densidad poblacional donde se realizan distintas actividades ilícitas. Por ello, las ciudades y pueblos en los que se asientan las bases se benefician de la provisión de seguridad que estas proyectan, algo que favorece su permanencia y expansión.

A pesar de que existe un debate sobre la eficacia de la intervención militar para enfrentar fenómenos de delincuencia y de que los propios militares no siempre ven con agrado este tipo de misiones (^{Pion-Berlin y Carreras 2017}), el hecho de que la región se haya convertido en una zona de paz incentiva la adopción de misiones de seguridad interna al representar una fuente de recursos, legitimación y expansión para las fuerzas armadas.

En el caso de la Argentina, la expansión de las bases ha sido muy baja, en gran medida debido a que no solo el nivel de amenaza interna es bajo, sino también a que su legislación prohíbe la participación militar en misiones de seguridad interna. La normativa establece, desde 1988, una clara distinción entre defensa externa (reservada para las Fuerzas Armadas) y seguridad interior (ámbito de acción de las fuerzas de seguridad como las policías o las fuerzas intermedias) (^{Sain 2010}). Así, las Fuerzas Armadas perdieron la prerrogativa legal de participar en misiones de seguridad interna; su ámbito de empleo se limitó exclusivamente a la defensa exterior frente a amenazas de origen estatal. La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional establece que las Fuerzas Armadas no podrán contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos, ni en las actividades relativas a la inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior. Este cambio normativo ha tenido como principal consecuencia que el Estado argentino reforzara progresivamente las policías y las fuerzas intermedias como respuesta a la delincuencia común y al crimen organizado. De hecho, la Argentina es el país de la región con la mayor cantidad de fuerzas de seguridad por cada 100.000 habitantes en todo el continente (UNODC 2022).

El aumento en el número de bases en el caso de Brasil ha tenido lugar en un contexto marcado por la creciente participación militar en misiones de seguridad interna. Esta potestad tiene rango constitucional, ya que el artículo 142 permite que las Fuerzas Armadas sean desplegadas en misiones para “garantizar la Ley y el Orden” (GLO), algo habitual en los últimos años. Entre 1992 y 2018 se llevaron a cabo 133 operaciones de GLO de distinta índole (^{Donadelli y Macieira 2019; Succi 2017}).Brasil fue sede de grandes eventos internacionales en la última década. En todos ellos hubo un masivo despliegue militar para garantizar la seguridad pública. En la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, la Copa de las Confederaciones en 2013, la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016 se desplegaron miles de militares para controlar el tráfico de personas, las ciudades y los accesos a los principales centros de los eventos. Las Fuerzas Armadas también han sido utilizadas para combatir delitos ambientales o destruir pistas clandestinas, principalmente en el Amazonas. Las distintas ediciones de las operaciones Ágata son un ejemplo de este tipo de misiones. La Operación Ágata 7 movilizó a 25.000 soldados. Otro formato de intervención militar en misiones de seguridad interna lo constituye la ocupación y pacificación de favelas mediante las unidades de policía pacificadora (UPP) que se instalaron principalmente en las favelas de Río de Janeiro, dominadas por el crimen organizado, con el objetivo de aumentar la presencia del Estado (^{Saint Pierre y Donadelli 2014}). También se ha recurrido a los militares para el control de las manifestaciones que tuvieron lugar en las principales ciudades de Brasil en junio de 2013. La utilización de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interna ganó mayor impulso con la intervención federal en el estado de Río de Janeiro en febrero de 2018 (Observatório da Intervenção 2019).

Cabe mencionar que la participación de los militares en este tipo de operaciones ha favorecido la instalación de bases. Por ejemplo, en 2005 se creó una brigada organizada especialmente para esta clase de misiones que tiene su asiento en el estado de San Pablo y que alberga el Centro de Instrucción de Operaciones de GLO. Asimismo, otras unidades militares han sido creadas para entrenar a los efectivos acciones de esta clase (^{Rodrigues y Morato Maciel 2019}).

Tales roles ocupan un lugar central en la última edición del Libro blanco de defensa de Brasil (Gobierno de Brasil 2020), que establece misiones subsidiarias para los militares, como supervisar la producción y el comercio de productos controlados, actuar mediante acciones preventivas y represivas en toda la franja de frontera terrestre contra delitos transfronterizos y ambientales, aisladamente o en coordinación con otros organismos del Poder Ejecutivo. Así mismo, para cooperar con organismos federales en la represión de delitos en el territorio nacional, con apoyo logístico, de inteligencia, de comunicaciones y de instrucción.

En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas están autorizadas constitucionalmente a cumplir funciones de seguridad pública en tres situaciones distintas: a) votaciones populares y escrutinios, b) estados de excepción constitucional y c) mantenimiento del orden público. En este último caso, los militares han sido desplegados ampliamente para reprimir las masivas movilizaciones que tuvieron lugar a partir de octubre de 2019 y que dejaron un saldo de 34 muertos y más de 3.400 heridos. El bajo crecimiento en el número de guarniciones se debe a la resolución de gran parte de los conflictos limítrofes y a la gestión diplomática de los que aún persisten.⁷ A ello se agrega el hecho de que la participación en misiones de seguridad interna ha sido reducida. La creación de bases parece estar motivada por la necesidad de contar con fuerzas militares con capacidad para ser utilizadas en operaciones multinacionales determinadas por la política exterior (^{Yopo y Ruz 2011}). En este sentido, fue creada una Brigada Anfibia Expedicionaria en 2011. Se trata de una fuerza de despliegue rápido compuesta por cuatro batallones y un buque de proyección estratégica.

El gran crecimiento en el número de bases militares en el caso colombiano guarda una estrecha relación con la amplia participación de sus Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interna. Los militares han sido desplegados para enfrentar a los distintos grupos armados ilegales como la guerrilla o grupos asociados con el narcotráfico, y ello ha tenido un gran impacto sobre la organización militar en su dimensión infraestructural. La gran cantidad de efectivos y presencia territorial de los grupos armados ilegales como la guerrilla o aquellos asociados con el narcotráfico ha sido el principal incentivo para la expansión nacional de las bases militares (^{Ardila Castro 2022}). Cabe mencionar que hacia 1998 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reunían una fuerza de 18.000 combatientes y habían llegado a controlar 622 municipios de los 1.071 que para entonces tenía el país; ello implicaba un control virtual del 40 % del territorio colombiano (^{Leech 2011}; Ministerio de Defensa Colombia 2018, 2022).

Una dimensión importante del Plan Colombia y de la Estrategia de Seguridad Democrática fue la creación de nuevas unidades militares y de sus respectivas instalaciones. Ello permitió una mayor presencia territorial, el incremento en su movilidad y capacidad de reacción y, por lo tanto, mayor capacidad para proyectar seguridad en municipios que no tenían demasiada presencia estatal. El periodo 2002-2018 representa la etapa de expansión organizacional más importante de las Fuerzas Armadas colombianas. Se crearon 3 nuevas divisiones, 15 brigadas móviles, 8 brigadas territoriales, 8 batallones de alta montaña, 60 batallones de contraguerrilla, 11 agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, 9 batallones y 14 compañías de apoyo y servicio para el combate, 24 centros de instrucción y entrenamiento, y 12 compañías Plan Meteoro para las carreteras (Ministerio de Defensa de Colombia 2018, 2022; ^{Schultze Kraft 2012}).

La seguridad que proyectan las bases permitió que entre los años 2002 y 2015 disminuyeran en un 66 % las acciones armadas de estos grupos, así como el número de hombres reportados en sus filas. Las FARC pasaron de tener 25.000 hombres en 2002 a 6.000 en 2015, lo cual representa una reducción del 76 %. Al tiempo se produjo una disminución substantiva de su presencia en los municipios, pues pasó de tener presencia en 555 en 2002 a 103 en 2014 (Ministerio de Defensa de Colombia 2018, 2022).

La estrategia de expandir y consolidar la presencia en el territorio continúa hasta la actualidad. En el documento de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, se establece la importancia de seguir recuperando territorios del país en los que haya problemas de seguridad y falta de institucionalidad (Gobierno de Colombia 2019). Las bases son la herramienta principal para ejecutar esta estrategia.

En el caso de Venezuela, la expansión de las bases militares ha estado motivada por consideraciones de seguridad pública y de defensa externa. La participación militar en la lucha contra la problemática de las drogas ilegales, por ejemplo, se consolidó a fines del 2002 con la sanción de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) (Gobierno de Venezuela 2002). Por otra parte, la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas hizo extensiva la participación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, incluso en materia de investigación penal, en el combate contra el fenómeno del narcotráfico (Gobierno de Venezuela 2005a).

Los militares fueron empleados en la lucha contra el narcotráfico mediante distintas versiones del plan Patria Segura de seguridad pública y combate a la criminalidad. La primera versión se implementó en mayo de 2013 e incluyó el despliegue de personal militar en los ochenta municipios con mayores índices delictivos, incluyendo Caracas (^{Jácome 2012, 2010}). Adicionalmente, la LOSN sentó las bases para una nueva doctrina militar que se elaboraba en un contexto signado por una seria posibilidad de agresión bélica de Estados Unidos a Venezuela. La nueva doctrina fue concebida como respuesta a la amenaza militar estadounidense (^{Dieterich 2004}) y se estructuró en torno al concepto de defensa integral de la nación. La percepción de un potencial conflicto militar con los EE. UU. ha modificado por completo la doctrina y la organización de las Fuerzas Armadas venezolanas (^{Trinkunas 2005}, 2009). La respuesta a tal escenario ha consistido en una importante reorganización militar que incluye el diseño de una estrategia de defensa en dos fases: la primera supone el mantenimiento de un enfrentamiento convencional de corta duración para luego pasar a una etapa de guerra popular de resistencia prolongada.

En el caso de Perú, el aumento en el número de bases fue motivado principalmente por la expansión de los fenómenos del narcotráfico y la guerrilla a partir de la década de los ochenta. En 1983, ante el avance del grupo Sendero Luminoso, el presidente Fernando Belaúnde declaró el estado de emergencia en la ciudad de Ayacucho y dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas (^{Chiabra 2012}). El fenómeno se difundió con la aparición del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la expansión del tráfico ilícito de drogas en la zona del Huallaga y su difusión a diferentes regiones de la selva alta, para finalmente focalizarse en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) a partir del año 2000 (Chiabra 2012).

En la actualidad es posible distinguir tres fuentes de amenazas a la seguridad pública en el Perú: las que provienen de los remanentes de la organización Sendero Luminoso, las organizaciones criminales dedicadas a mercados ilegales (como la cocaína, la madera y el oro), y las dedicadas a delitos predatorios (en especial, extorsión y secuestro) (^{Ríos y Sánchez 2018}; ^{Taylor 2017}).

La normativa del Perú les asigna a las Fuerzas Armadas la misión de mantener el orden interno. En 2012, fue promulgado el Decreto Legislativo 1129 que regula el sistema de defensa nacional y que incorpora la cuestión del mantenimiento del orden interno (Gobierno de Perú 2012). Asimismo, el Libro blanco de defensa nacional incluye entre las amenazas a la seguridad nacional la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas (Gobierno de Perú 2006, 63). En 2017 el Decreto Supremo n.° 012-2017 aprobó la Política de Seguridad y Defensa Nacional y luego se emitió la Resolución Ministerial 1975 sobre Lineamientos para el Empleo de las Fuerzas Armadas en los valles Apurimac, Ere y Nantano (Vraem), que autorizó a las Fuerzas Armadas para participar en la interdicción contra el tráfico de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia (Gobierno de Perú 2017; Ministerio de Defensa de Perú 2017). En el 2009, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas creó el Comando Especial VRAE que se estableció como una unidad de operaciones contra el tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilegales en zonas declaradas en emergencia, cuyo ámbito territorial inicial fueron los departamentos de Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Cusco. Numerosas bases militares se crearon como resultado de ello.

El hecho de que la principal amenaza en la mayor parte de los casos seleccionados sea de orden interno parece ser un factor determinante en el incremento de bases en casos como los de Colombia y Perú y, en menor medida, Venezuela y Brasil. Ello refleja un patrón que no es nuevo en la región: las amenazas internas han sido más intensas que las externas. Por ello, los postulados de la literatura sobre déficit de amenazas o democratización no son aplicables para la mayoría de los casos analizados.

Un aspecto ulterior que se desprende del análisis previo es que los países que padecen mayores problemas de seguridad pública y que poseen una normativa que permite la intervención militar en tales cuestiones han tenido un aumento más significativo de bases. Ello explica el incremento de instalaciones militares en los casos de Colombia, Perú o Venezuela, pero también el bajo incremento en el caso de la Argentina.

4. La política de las bases y el apoyo a la comunidad

El apoyo a las comunidades es una de las misiones subsidiarias o secundarias que cumplen las fuerzas armadas de la región (^{Pion-Berlin 2016}). Los Estados sudamericanos se han construido sobre extensas geografías que poseen vastas zonas de difícil acceso. Ello ha generado que regiones muy significativas de sus periferias no cuenten con la infraestructura adecuada para hacer frente a las demandas de sus habitantes ni a las catástrofes naturales que hacen colapsar los servicios existentes, y ponen aún más en evidencia los déficits estatales. Es por ello por lo que las fuerzas armadas se han convertido en una herramienta fundamental para compensar tales déficits.

Las fuerzas armadas son una organización que puede ser desplegada con rapidez para dar respuesta a estos desafíos que, de otro modo, demandarían el fortalecimiento de estructuras civiles paralelas, como la de defensa civil, que serían muy costosas de organizar y mantener. Las bases militares son las principales responsables de ofrecer ayuda en situaciones de catástrofes naturales, pero también de actuar como sostén de comunidades que requieren de la construcción de infraestructura o de servicios que no son provistos por las agencias civiles de los Estados. De este modo, la presencia militar es un factor fundamental para la supervivencia y reproducción de muchas comunidades.

En el caso de la Argentina, el Ministerio de Defensa es parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En 2013 se incorporó a las funciones del Ministerio de Defensa el tema de la coordinación y despliegue de Fuerzas Armadas en situaciones de emergencias o desastres. A ello siguió la creación de una Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, como una coordinación civil que media entre la intervención militar en situaciones de emergencia y el sistema de protección civil que involucra a otros organismos del Estado. Al mismo tiempo se crearon unidades militares de respuesta en emergencias que están capacitadas y equipadas para afrontar distintos tipos de emergencias (inundaciones, incendios, cortes de energía, sismos, estructuras colapsadas), distribuidas en diferentes zonas del país sobre la base del despliegue militar territorial existente. El ejército, en particular, tiene un papel preponderante en la asistencia, el apoyo logístico, la provisión de sanidad y el transporte de todos los organismos del Estado que intervienen ante las situaciones de riesgo. Todo ello bajo el comando del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto (Gobierno de la Argentina 2015).

En el caso de Brasil, la Estrategia de Defensa les asigna a las Fuerzas Armadas el rol de contribuir a la unidad nacional y la integración territorial, lo que permite el desarrollo y el acceso a puntos estratégicos del territorio mediante la construcción de infraestructura (Gobierno de Brasil 2008). Asimismo, la Ley Complementaria 97 (Gobierno de Brasil 1999) prevé la utilización de las Fuerzas Armadas en las siguientes acciones subsidiarias: la asistencia temporal, episódica o programada a comunidades necesitadas en diferentes regiones del país para resolver problemas inmediatos y apremiantes; realizar, con el apoyo de ingenieros, obras de construcción de caminos, vías férreas, represas, entre otras para favorecer el desarrollo nacional; apoyar las actividades de defensa civil, participando en las labores de socorro y asistencia a las víctimas de desastres naturales (^{Meneghim Donadelli, Saint-Pierre y Vitelli 2021}).

Asimismo, la Política Nacional de Protección y Defensa Civil (Gobierno de Brasil 2012a) establece que el ejército participa en todo el territorio nacional en acciones de socorro y asistencia a víctimas de desastres naturales, ya sea en etapas de rápida respuesta o de recuperación y reconstrucción. Las acciones realizadas por el ejército son: remoción de personas en áreas de riesgo por medios fluviales, terrestres y aéreos; distribución de agua potable y alimentos para las personas aisladas que no estaban en el área de riesgo; distribución de medicamentos; atención médica; vacunación; reconocimientos aéreos. Por otra parte, el ejército asumió la responsabilidad de garantizar la ocupación efectiva de áreas remotas y escasamente pobladas. En la Amazonia, el ejército tiene la misión de “garantizar la soberanía” a través de unidades de frontera que constituyen polos de desarrollo territorial que favorecen a la población con la provisión de servicios básicos e infraestructura. A través de acciones cívico-sociales, el ejército distribuye alimentos, ropa, medicamentos y vacunas a la población en zonas de difícil acceso. Sus médicos atienden en comunidades que no cuentan con hospitales cercanos (Gobierno de Brasil 2012b, 2020).

En Chile, el Ejército participa activamente ante situaciones de emergencia, desastres y catástrofes que afecten al país, de acuerdo con la Ley n.° 16282 (Gobierno de Chile 1965). Dentro del Plan de Protección Civil, los medios del ejército desempeñan un rol principal en la respuesta que se elabore; parte de ellos se destinan a la conformación de unidades fundamentales de emergencia (UFE), brigadas forestales de refuerzo (Brife) y patrullas de auxilio y rescate (Parme), las cuales se encuentran insertas en las unidades militares a lo largo del territorio nacional. En total fueron creadas 35 UFE, 6 secciones de emergencia y 52 Brife (Ejército de Chile 2019)

En el Plan de Desarrollo Estratégico del Ejército al año 2026 (Ejército de Chile 2017), se desarrolla el concepto de operaciones distintas a la guerra, es decir, aquellas que se despliegan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, y la responsabilidad social institucional, que busca el involucramiento con las comunidades de las que forma parte la institución, a través de diversas acciones (Ejército de Chile 2019). De acuerdo a lo establecido en el Manual de operaciones militares distintas a la guerra en territorio nacional (Ejército de Chile 2011), el ejército apoya a la población del país y cumple las siguientes actividades: búsqueda y rescate de personas aisladas, distribución de ayuda humanitaria, trabajo de ingenieros (despeje de vías, remoción de escombros, habilitación de puentes, purificación de agua, etc.), distribución de alimentos, control del orden y la seguridad interior, transporte, evacuaciones aeromédicas, atención y/o apoyo sanitario, y coordinación y apoyo a agencias estatales de control de emergencias (Ejército de Chile 2011).

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2020-2021 del Ejército de Colombia, la primera línea estratégica para cumplir con los objetivos de la institución consiste en contribuir en el control institucional del territorio y la construcción de una paz estable y duradera (Ejército de Colombia 2020). Este plan ha priorizado 160 municipios, entre ellos antiguos territorios con presencia de las FARC. Además, se creó el programa Fe en Colombia, que articula al Ejército con diferentes organizaciones gubernamentales y privadas con el fin de mejorar la calidad de vida en diferentes comunidades, mediante la intervención en factores como infraestructura, economía y productividad regional, reintegración social, entre otros, en departamentos como Putumayo, Nariño, Caquetá y Amazonas.

En el caso de Perú, las constituciones de 1979 y de 1993 establecieron funciones sociales para las Fuerzas Armadas con el fin de acercarlas a la población y a sus necesidades. Además, definieron a los militares como un actor central para el desarrollo económico del país (Otárola 2009). Ambos documentos habilitan a los militares a intervenir en acciones cívicas, situaciones de emergencia y en el auxilio frente a desastres naturales.

Durante el 2020, el apoyo social que brindan las Fuerzas Armadas a las comunidades pobres y aisladas de Perú se amplió con la instalación de los llamados batallones de desarrollo fronterizo que tienen como principal objetivo promover la construcción de infraestructura vial y productiva. Asimismo, las unidades militares de asentamiento rural (Umares) serán transformadas en batallones de desarrollo fronterizo para promover el desarrollo vial y productivo de su área de influencia. Estos batallones se ubicarán en zonas estratégicas, a donde no llega la presencia del Estado, y contarán con maquinaria para la construcción de infraestructura vial (“Batallones militares” 2020).

En Venezuela, los militares han asumido importantes funciones de ayuda a la comunidad. En el marco del Plan Bolívar 2000, más de 40.000 soldados fueron desplegados para acondicionar escuelas, llevar a cabo tareas de vacunación y construir infraestructura social. Asimismo, participaron activamente en distintas “misiones”, entre ellas, Barrio Adentro (salud), Robinson (educación primaria), Ribas (educación primaria), Sucre (educación superior), Milagros (oftalmología en el marco de un acuerdo con Cuba), Mercal (alimentación) y Ciencia (cultura y científica). Este proceso de expansión de misiones también fue legitimado en la propia normativa del área. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, aprobada en septiembre de 2005, asigna a las Fuerzas Armadas una “participación activa en el desarrollo nacional” (Gobierno de Venezuela 2005b). La expansión militar también ha quedado de manifiesto a través de su inclusión en los consejos comunales, que poseen presupuesto propio para llevar a cabo políticas sociales y de construcción de infraestructura (^{Jácome 2012}; ^{Trinkunas 2005})

5. El impacto económico de las bases

Las bases militares proyectan seguridad pública y proveen toda clase de ayuda a la comunidad lindante. Pero, además, son instalaciones estatales habitadas por oficiales, suboficiales y soldados que reciben regularmente una importante cantidad de recursos para el pago de salarios, para las operaciones y para el mantenimiento de las instalaciones. Las guarniciones son también empleadoras de civiles de la zona y reclutan todos los años a personal militar de la localidad.

El impacto económico que ejerce una guarnición es el más difícil de establecer, dada la escasa información empírica sobre el gasto concreto que se realiza en cada instalación militar. No existen datos públicos de este tipo en ninguno de los casos analizados. Tampoco es posible obtener información detallada sobre las compras que las guarniciones realizan en su entorno o la cantidad de empleados civiles que contratan. En este contexto de ausencia de información, se priorizó el análisis del presupuesto para deducir su impacto en la esfera económica de las localidades.

Una parte predominante del presupuesto de defensa se consume a través de las bases. Y el presupuesto militar es uno de los cinco más importantes del gasto estatal en los países analizados. En el 2021 fue de 2.907 millones de dólares en Argentina, 19.736 en Brasil; 4.601 en Chile; 9.216 en Colombia y 2.633 en Perú (International Institute for Strategic Studies 2021).

Cabe mencionar que el 80 % del presupuesto, en promedio, se destina al pago de salarios y alrededor del 10 %, al pago del funcionamiento y las operaciones. Esto implica que gran parte de los recursos destinados a la defensa se gastan en las bases y sus alrededores, algo que contribuye de manera decisiva al sostenimiento y la expansión de las economías subnacionales (Resdal 2016).

En el caso de Brasil, el 85 % del presupuesto se consume en salarios (Gobierno de Brasil 2020, 163), mientras el 30 % de los efectivos militares se despliegan en zonas de baja densidad poblacional divididos de la siguiente manera: en el Comando Militar Amazonas, el 9,64 %; en el Comando Militar Norte, el 4,49 %; en el Comando Militar Noreste, el 11,65 %; y en el Comando Militar Oeste, el 7,02 % (Gobierno de Brasil 2020). Cabe mencionar el caso del impacto económico de la creación de un batallón de infantería de selva de alrededor de 370 efectivos en el municipio de Barcelos, en el Amazonas, en el 2010 (^{Arantes de Moraes, Pereira y Franchi 2021}). La instalación de la guarnición ha influido positivamente en el desarrollo económico regional. Ello queda demostrado por el aumento del PIB per cápita municipal, de la tasa de ocupación de los mayores de 18 años y de mayores niveles de consumo en los comercios locales (Arantes de Moraes, Pereira y Franchi 2021).

En el caso de Chile, el gasto en personal es del 82 % y aunque el 43,47 % se destina a la región metropolitana, el resto se ejecuta en zonas de baja densidad de población. Lo mismo sucede con el gasto en operaciones: el 39 % se consume en regiones de escasa población (Gobierno de Chile 2019).

En Colombia el gasto militar pasó de 5.300 millones de dólares en 2002 a 10.000 millones en 2022; asimismo, los efectivos crecieron sustancialmente. Mientras que las Fuerzas Armadas desplegaban 263.000 efectivos en 2002, alcanzaron los 481.000 en 2015 (Ministerio de Defensa Colombia 2022).

En el caso de la Argentina, se puede destacar el impacto positivo que provocó en la comunidad local la reapertura en 2004 del Regimiento en Las Lajas, inactivado en 1996. Un concejal que había sido protagonista de las protestas de 1996 en contra del cierre de la unidad recordó que, al poco tiempo de haberse disuelto el regimiento, se cerraron numerosos comercios y hubo un importante proceso de emigración (“Con el RIM 21” 2005). Por el contrario, la reactivación implicó una transferencia de recursos a la ciudad por parte del Ejército de 4 millones de pesos anuales para el pago de sueldos de todo el personal de la unidad. La comparación con el presupuesto de Las Lajas para el año 2005, de un total de 6 millones de pesos, revela el impacto económico que la reapertura tuvo para la ciudad. Por ejemplo, el número de licencias comerciales se incrementó en el 12 % en el primer mes de la reactivación, como un efecto directo de la demanda de distintos servicios por parte de la guarnición y sus integrantes y familiares, como internet, lavandería, gastronomía, jardinería, reparaciones, cuidado de niños, entre otros. La reactivación del regimiento fue posible por la intervención del gobierno provincial que comprometió aportes económicos para llevar a cabo las obras de reacondicionamiento y remodelación de los edificios del cuartel (“Con el RMI 21” 2005).

En todos los casos, los soldados que forman parte de las bases gastan una proporción importante de sus salarios en la localidad en donde están destinados. Aunque es difícil determinar el porcentaje del gasto local de los efectivos, el hecho de que se trate de guarniciones que se encuentran cerca de localidades de baja población y relativamente aisladas permite concluir que un parte considerable de sus ingresos son utilizados en la misma localidad, algo que contribuye de manera decisiva a que el sector servicios sobreviva y se expanda y a que la política de las bases se reproduzca.

Comentarios finales

Los casos analizados revelan que la literatura sobre disminución de amenazas externas o la que enfatiza la democratización como variables independientes de la reducción de la organización militar no explican por qué se ha incrementado el número de bases en América del SuR.

Ello se debe a que las guarniciones militares son un actor de suma trascendencia para la supervivencia de cientos de pequeñas comunidades en la región. Las bases tienen un impacto apreciable en actividades económicas, sociales y en la política. Favorecen el comercio, crean empleo, construyen infraestructura y proyectan seguridad. En otras palabras, la organización militar ha persistido y se ha expandido, a pesar de importantes cambios estructurales en su entorno, porque cumple funciones que benefician a los Gobiernos y a la oposición. Su supervivencia es el resultado de un cálculo racional de costo y beneficio que efectúan actores civiles y militares. Mientras los políticos encuentran que las bases favorecen el desarrollo nacional y les permiten ganar elecciones, para los militares la adaptación a las demandas del contexto se convierte en un modo de adquirir legitimidad que contribuye a su supervivencia y expansión. Las bases son una fuente de poder e influencia para los militares, pero también para los políticos.

Esta dinámica además conlleva el problema de la dependencia de las fuerzas armadas y el impacto que ello puede tener en el equilibrio de poder en las relaciones civiles-militares. Al mismo tiempo, las misiones de seguridad interna han provocado violaciones de los derechos humanos y limitación de las libertades civiles. Asimismo, la política de las bases puede favorecer una dinámica de rigidez de la organización militar que impida su adaptación a cambios en su entorno estratégico.

De los seis casos analizados se desprenden tres trayectorias principales en el incremento del número de bases. Por un lado, las de Colombia, Brasil y Perú que podrían definirse como de alto y medio crecimiento. En estos países, el aumento de instalaciones militares parece estar principalmente motivado por la función de seguridad pública que cumplen. A ello se sumaría, en el caso de Brasil, la importancia atribuida a la función “desarrollista” y de ocupación efectiva del territorio de las bases, en particular, en todo lo relativo a lograr una mayor presencia del Estado en el Amazonas. Finalmente, en los casos de bajo y muy bajo crecimiento, Chile y Argentina, las cuestiones de seguridad pública no desempeñaron un rol de importancia dado que se trata de países donde la participación de los militares en ese tipo de misiones se reduce a su mínima expresión, en particular en la Argentina. En Chile, el incremento de las bases puede relacionarse con la modernización de las Fuerzas Armadas llevada a cabo gracias a los ingresos de la Ley del Cobre que ha permitido adquirir equipamiento moderno, ampliar la organización militar y desarrollar capacidades de despliegue expedicionario e interoperabilidad con fuerzas armadas de fuera de la región.

Es importante que el planteo exploratorio de este trabajo sea profundizado por investigaciones que puedan profundizar en las distintas trayectorias de incremento en el número de bases, y que determine el peso relativo y la temporalidad del impacto de las distintas variables en el porcentaje y la velocidad del aumento de guarniciones. Es necesario, además, realizar estudios de caso en profundidad que permitan obtener mayor cantidad y calidad de datos sobre el impacto de las bases como actores económicos, políticos y sociales.