Introducción

En el primer semestre de 2022 se celebraron en Colombia las elecciones nacionales. Con el triunfo de Gustavo Petro, por primera vez en la historia del país, fue elegido presidente un exmiembro de las guerrillas en nombre de una coalición progresista denominada Pacto Histórico. El proceso electoral y la campaña política para llegar a tal resultado tuvieron sus particularidades. Por un lado, el reacomodamiento de las fuerzas políticas y de las candidaturas presidenciales pasó de la recolección de firmas, en el segundo semestre de 2021, a la definición de candidatos únicos de coalición a través de las consultas interpartidistas, en el mes de marzo de 2022. A su vez, la definición de las candidaturas presidenciales conllevó la selección de fórmulas vicepresidenciales con marcada orientación inclusiva. Desde el punto de vista de las elecciones legislativas, estos comicios tuvieron la peculiaridad de elegir dieciséis nuevos congresistas para las denominadas circunscripciones transitorias especiales de paz (CTEP), hecho que contrastó con la reaparición de la creciente violencia política en contra de candidatos. Asimismo, estas elecciones dibujaron una nueva composición del Congreso con aires progresistas.

Este artículo introductorio al dosier sobre elecciones legislativas y presidenciales de 2022 de Colombia Internacional busca describir rasgos importantes de la campaña electoral de dicho año, así como presentar la configuración del sistema de partidos a partir de los resultados tanto de las elecciones legislativas como de las presidenciales. Lo anterior con el objetivo de ofrecer un contexto general de las elecciones nacionales, y complementar los aportes y hallazgos específicos de los artículos que componen este número. Igualmente, este texto propone una lectura de los resultados electorales de 2022 en función de las elecciones territoriales en 2023. En este sentido, se ofrecen algunas reflexiones en torno al impacto de la composición de las fuerzas en las elecciones nacionales sobre las elecciones locales, las relaciones Ejecutivo-Legislativo que resultan de la nueva configuración del sistema de partidos y la puesta en práctica del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018). Sin duda, el principal hecho político es el triunfo del Pacto Histórico en el Legislativo y de Gustavo Petro en el Ejecutivo; no obstante, la negociación política para el cumplimiento de las metas del nuevo Gobierno dependerá de las relaciones entre los partidos políticos.

Este dosier retoma algunas de las particularidades del proceso electoral de 2022, así como profundiza en algunos fenómenos políticos que dan cuenta de la reconfiguración del sistema político colombiano. Con ello continuamos con una tradición existente en la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Javeriana,¹ de presentar, tanto a la comunidad académica como a la ciudadanía en general, artículos producto del riguroso análisis de datos y desde diversas aproximaciones metodológicas. Aunque las trayectorias de los estudios electorales en Colombia no han sido estáticas,² existen algunos temas cuyo interés se mantiene en el tiempo por parte de los investigadores, a la vez que aparecen nuevas agendas. Los análisis en torno al comportamiento electoral, y partidista, el clientelismo, la violencia política y la fragmentación del sistema de partidos han estado presentes con mayor o menor énfasis; sin embargo, aparecen trabajos que hacen hincapié en el análisis de contenido y el impacto del discurso político. Ante estas continuidades y cambios, presentamos en este dosier un conjunto de artículos que se ubican bajo esta misma dinámica.

El análisis del comportamiento partidista fue abordado, no a partir de estudios sobre clientelismo o la fragmentación del sistema de partidos, sino de las consultas interpartidistas para la selección de candidaturas presidenciales. Un artículo se centró en la proliferación de candidaturas y partidos, y el uso de coaliciones preelectorales como mecanismo de coordinación de la competencia electoral. Esto hizo viable y popular las consultas realizadas en marzo de 2022, entre los sectores de derecha, centro e izquierda. Camilo Alipios Cruz Merchán, Fabián Alejandro Acuña Villarraga y Cristhian José Uribe Mendoza hacen un análisis sobre el tema en el artículo “¿Elección a cuatro vueltas? El uso de primarias interpartidistas en las elecciones presidenciales de Colombia de 2022”. Sobre esta línea de investigación es importante destacar que los investigadores en este dosier dejaron de lado el estudio de los partidos tradicionales y el sistema de partidos. Es decir, los partidos políticos no son la unidad de análisis central en los estudios electorales.

Continuando con la tradición alrededor del estudio del comportamiento de los votantes, y teniendo en cuenta que este es un tema no siempre presente en los estudios electorales nacionales, se presentan dos artículos que giran en torno a dicho tema, a partir de los resultados electorales presidenciales. El primero propone, desde una dimensión geográfica, el estudio del comportamiento electoral con base en un clivaje territorial centro-periferia: “El clivaje centro-periferia en las elecciones colombianas: una estructura y sus matices (2014-2022)”, de Yann Basset, se centra en la configuración de patrones geográficos que oponen comportamientos electorales recurrentes entre municipios del centro y de la periferia, a excepción de Bogotá, que se ubica con los patrones de la periferia en los últimos diez años. El segundo, titulado “Gustavo Petro y el triunfo de la izquierda en Colombia: análisis de las preferencias de voto en la primera vuelta presidencial de 2022”, de Sebastián Bitar, Saruy Camilo Tolosa Bello y Yachay Julián Tolosa Bello, explora los determinantes de las preferencias de voto por Gustavo Petro en la primera vuelta. Teniendo en cuenta factores sociales y económicos, los autores establecen qué variables asociadas a las características personales de los electores, al contexto en donde viven y a la importancia que les otorgan a los issues determinan la preferencia de voto por Petro.

La violencia política como una variable para explicar la participación política en Colombia, presente en el análisis electoral en el país desde finales de los años noventa, es analizada en el artículo “Entre la identidad y la ideología: factores de riesgo de violencia electoral para las candidaturas a las elecciones legislativas del 2022 en Colombia”, de Luisa Salazar Escalante y Juan Diego Duque-Salazar. Este texto define la violencia electoral y se centra en el caso de los candidatos al Congreso. Así, a partir del análisis de los factores de riesgo frente a la posibilidad de ser víctima de hechos de violencia electoral, a saber, las características identitarias (edad, sexo, pertenencia étnica) y la posición política (ser de izquierda), se busca identificar el perfil de los candidatos asociado con las diferentes formas de violencia electoral reportadas en campaña.

En contraste, en continuidad con ciertas temáticas propias de los estudios electorales del país, y en línea con los estudios sobre comunicación política, se presenta un artículo que analiza los marcos interpretativos de la prensa frente a la figura de Petro. En “The Role of Social Forgiveness and Non-Forgiveness in Shaping the Political Discourse around Gustavo Petro during the 2022 Colombian Presidential Elections”, de Constantin Treisch, se destaca el papel que cumple el encuadramiento de un determinado discurso político a través de los medios, en la medida en que el manejo de las emociones y los sentimientos con respecto al perdón y la reconciliación son esenciales en una sociedad en posconflicto con procesos de reintegración.

Con esto en mente, este artículo introductorio se organiza de la siguiente manera. El primer aparte presenta una descripción general del contexto en que se llevó a cabo la campaña electoral 2021-2022. En esta sección se destacan algunas de las particularidades del año electoral: el uso de las consultas interpartidistas para definir los candidatos presidenciales de las coaliciones electorales, la elección de las fórmulas vicepresidenciales basada en nichos poblacionales (ej. mujeres afro), el incremento de la violencia política y, finalmente, la campaña a la elección legislativa. El segundo aparte se centra en los resultados electorales tanto para Congreso como para Presidencia. Con ello se ofrece información en torno al número efectivo de partidos, los rasgos del sistema multipartidista y la composición del Legislativo. En el tercer aparte, ofrecemos reflexiones alrededor de las dinámicas partidistas, electorales y legislativas, la gobernabilidad del actual Gobierno y la relación de estos elementos con las elecciones locales de 2023. Para cerrar, ofrecemos una reflexión final sobre la agenda de investigación que ofrece este dosier para los estudios electorales en Colombia.

1. Algunas particularidades de la campaña electoral 2021-2022

El año electoral que comenzó en marzo de 2021 con la inscripción de candidaturas³ apoyadas por movimientos significativos de ciudadanos⁴ para Congreso y terminó en junio de 2022 con la elección de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial⁵ fue convulsionado. La ola de protesta social que empezó el 28 de abril de 2021 acompañó la campaña electoral tanto al Congreso como a la Presidencia. El paro nacional que movilizó a miles de colombianos en varias regiones del país “mostró el amplio descontento tanto con el sistema político como con el económico” (^{Restrepo Sanín 2022}, 268, traducción del autor). Esto se manifestó en la amplia gama de demandas sociales (ej., retiro de la reforma fiscal, eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios ENT#091;EsmadENT#093;, denuncias sobre violencia policial, demanda de políticas sociales, etc.), así como en la diversidad de repertorios de acción puestos en práctica en el ámbito local (ej., la primera línea, barras futboleras, cacerolazos, ollas comunitarias) (^{Cepeda-Másmela 2022}). Demandas y repertorios fueron un insumo utilizado por las campañas electorales, bien para posicionarse en apoyo a los reclamos sociales, o bien para insistir en el apoyo a la fuerza pública, las autoridades y la defensa del statu quo.

La movilización social impactó también la imagen del presidente Iván Duque, y agudizó la crisis de gobernabilidad que venía desde 2020 y que se haría extensiva a lo largo de la campaña política (^{Muñoz y Pachón 2021}). Tal situación fue motivada no solo por la crisis social producto de la pandemia por el Covid-19, sino también por la tenue implementación de lo acordado en La Habana y por el incremento en el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo final de paz. La pandemia afectó a todos los ciudadanos; sin embargo, su impacto socioeconómico fue más sensible entre las clases más vulnerables. Este hecho reforzó las desigualdades estructurales ya existentes en el país y animó el descontento social (^{Cepeda-Másmela 2022}; Muñoz y Pachón 2021; ^{Restrepo Sanín 2022}). Asimismo, y de acuerdo con datos de Indepaz (2021), 1.286 líderes sociales fueron asesinados desde la firma de los acuerdos hasta el 31 de diciembre de 2021, de los cuales 888 fueron cometidos durante el gobierno de Duque. En ese mismo informe, Indepaz afirmó que también fueron asesinados 48 firmantes y que 96 masacres tuvieron lugar en 73 municipios del país en 2021.

En consecuencia, la percepción de un mal desempeño del Gobierno, de una respuesta inadecuada a las brechas socioeconómicas que se profundizaron con la pandemia, de un desinterés por la implementación de los acuerdos, así como la presentación de una fallida reforma fiscal fueron el caldo de cultivo para la movilización. La respuesta del Estado fue el uso de la fuerza física, lo cual generó tanto una percepción entre los ciudadanos del rechazo a la protesta social por parte del Gobierno de Duque como excesos en el uso de la violencia por los cuerpos armados oficiales (^{Restrepo Sanín 2022}). Como si lo anterior fuera poco, el clima de tensión social provocado no solo por la protesta social, sino por esta en medio de la pandemia con un número escaso de ciudadanos vacunados, incentivó la participación de ciudadanos armados en apoyo a las fuerzas policiales y en oposición a la movilización social. Como resultado, diferentes demandas políticas se fueron configurando, unas con peticiones de cambios estructurales y profundos, como la lucha contra la desigualdad; otras en defensa del orden establecido y de las instituciones políticas.

Lo anterior significó un reacomodamiento de las fuerzas políticas que se expresó en diferentes dinámicas. Primero, en el uso de la recolección de firmas para presentar precandidaturas presidenciales y movimientos significativos de ciudadanos. Así, cerca de cuarenta precandidatos presidenciales se dieron a la tarea de recolectar apoyos ciudadanos (“El viacrucis” 2021; “La proliferación” 2021). Aunque muchos lo intentaron, pocos lograron el número necesario. Sin embargo, cada vez se usa más este recurso como estrategia electoral porque algunos candidatos que se presentan como independientes tienen mayor tiempo para realizar acercamientos con el electorado, en comparación con aquellos que lo hacen con el aval de un partido, quienes deben esperar a la inscripción de candidatos presidenciales para iniciar la campaña. Igualmente, liderazgos personalistas organizaron movimientos significativos de ciudadanos como vehículo electoral. Ejemplo de ello fue el movimiento Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo (“El viacrucis” 2021).

Una segunda dinámica fue la proliferación de candidatos por firmas, que también se interpretó como un indicador del desprestigio de los partidos políticos (“Firmas y pandemia” 2021). De acuerdo con Invamer, la imagen desfavorable de los partidos era del 89 % en julio de 2021 (“Nadie quiere” 2021). Igualmente, una encuesta del Centro Nacional de Consultaría contratada por Semana mostró que el 53 % de los colombianos no se identificaban con ningún partido. Solo el 11 % se identificó con el Partido Liberal, el 6 %, con el Centro Democrático y el 5 %, con Colombia Humana (“Nadie quiere” 2021). Esta realidad coincidió con el hecho de que varios de los precandidatos que recolectaron firmas habían militado en partidos, como Roy Barreras, Enrique Peñalosa, Miguel Ceballos o Federico Gutiérrez. A pesar de estas cifras y realidades, los partidos políticos terminaron ofreciendo avales a los candidatos presidenciales y, como se verá más adelante, obtuvieron una representación nada despreciable en las elecciones legislativas de marzo de 2022. Además, en el proceso electoral varios partidos recuperaron su personería jurídica, como el Nuevo Liberalismo (“Nuevo Liberalismo” 2021), Verde Oxígeno o el Movimiento de Salvación Nacional (“Las movidas” 2021).

La tercera dinámica fue el establecimiento de coaliciones electorales, algunas de las cuales se hicieron visibles desde las elecciones legislativas, como el caso del Pacto Histórico y Coalición Verde Esperanza; otra, la de Equipo por Colombia, se conformó de cara a las consultas interpartidistas a celebrar el día de las elecciones legislativas. Es interesante destacar que las coaliciones se fueron identificando como de izquierda, centro y derecha (“Los temas” 2022). Así, la coalición de izquierda se asoció con el Pacto Histórico y agrupó a diferentes movimientos progresistas, como Soy Porque Somos (^{Rueda 2022}), y partidos políticos, como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Unión Patriótica (“La guerra” 2021). Por su parte, la Coalición de la Esperanza fue reconocida como de centro, conformada por el partido Alianza Verde y candidatos independientes. Finalmente, Equipo por Colombia, coalición de la derecha, estuvo conformada por algunos candidatos independientes (exalcaldes o exgobernadores) y otros con aval de partidos establecidos.

Sin embargo, no todas las fuerzas políticas hicieron parte de coaliciones desde el inicio. El Centro Democrático y el movimiento de Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción, decidieron no hacer alianzas con nadie (“El fenómeno” 2021; “Sin alianzas” 2021). No obstante, solo el movimiento de Hernández se mantuvo independiente, mientras que el Centro Democrático participó como partido en las elecciones legislativas, pero terminó uniéndose a la candidatura de Federico Gutiérrez para hacer viable la candidatura de la derecha. Aunque tuvo lugar todo un proceso de consultas internas para escoger candidato único (“Apoyo presidencial” 2022), las decisiones tomadas por el Gobierno de Duque tuvieron un impacto sobre su partido, el Centro Democrático (^{Muñoz y Pachón 2021}; “Sin alianzas” 2021). Sin lugar a dudas, el hecho político fue la prelación de las coaliciones interpartidistas sobre las candidaturas partidistas.

De otro lado, un hecho interesante después del resultado de las consultas interpartidistas fue la selección de las fórmulas vicepresidenciales. En estas elecciones, las fórmulas vicepresidenciales fueron en su mayoría candidatos de origen afro: Francia Márquez, Luis Gilberto Murillo, Sandra de las Lajas Torres, Marelén Castillo y Ceferino Mosquera (^{Carmona Caraballo 2022}). Este detalle es importante porque habla del proceso de cambio cultural que se viene dando en Colombia como consecuencia del reconocimiento de la diversidad y de las políticas de inclusión social (^{Hernández Salgar 2023}), así como de las estrategias de campaña que buscan complementar los perfiles de las candidaturas para llegar a un más amplio y complejo electorado. Así, la elección de Francia Márquez como vicepresidenta marcó un hito en la historia política del país (“Así quedó” 2022) y puso ante la opinión pública la discusión sobre el racismo en Colombia (“Erradicar” 2022; “Necesitamos avanzar” 2022).

Finalmente, es importante destacar un rasgo adicional de la campaña electoral de 2022. Esta estuvo también caracterizada por el retorno de la violencia contra candidatos. Los hechos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los Pelusos, las Autodefensas Gaitanistas, el narcotráfico y las rentas ilegales aumentaron la preocupación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes expresaron que en departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Tolima y la región Caribe fue muy difícil la campaña electoral, la inscripción de cédulas, la movilización de candidatos, el acceso al material electoral, entre otros (“Candidatos que buscan” 2022; “En el Caribe” 2022). De hecho, se afirmó que tales denuncias estaban sucediendo en territorios donde se disputaban las curules de paz (“La escalada” 2022). Por ejemplo, El Tiempo afirmó que, en zonas rurales de los municipios de Rioblanco, Planadas y Chaparral, 11 de los 22 candidatos a dichas curules recibieron amenazas (^{Espinosa Borrero 2022}). Igualmente, la Misión de Observación Electoral (MOE) destacó que en 66 de los 167 municipios CTEP existieron riesgos por violencia y fraude electoral (“La MOE” 2022).

2. Resultados electorales: ¿fortalecimiento de la democracia en Colombia?

Las elecciones nacionales de 2022 marcaron un hito en la historia política del país. Por primera vez fue elegido un presidente de izquierda con una fórmula vicepresidencial con la misma ideología; y por primera vez, partidos políticos también de izquierda lograron coordinarse y armar una lista que los llevó a sumar la más alta cantidad de curules y proporción de poder en el Congreso de la República. Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron la elección presidencial en segunda vuelta, con el 50,4 % de los votos válidos, y en el parlamento lograron conformar, en un primer momento, una coalición de gobierno suficientemente amplia para sacar adelante algunas reformas estructurales fundamentales. La transición de un gobierno a otro fue pacífica y hubo respeto por los resultados.

Las elecciones presidenciales de 2022 tuvieron dos vueltas. La primera se llevó a cabo el 29 de mayo y la segunda, el 19 de junio. Antes de esto, se llevaron a cabo las consultas populares interpartidistas, las cuales se realizaron el mismo día que las elecciones legislativas, el 13 de marzo. Como lo muestra la tabla 1, hubo tres consultas, que se promovieron popularmente como la de izquierda, la de centro, y la de derecha. En cada una compitieron cinco precandidatos, cada cual avalado por un partido político o grupo significativo de ciudadanos (GSC). De estas consultas resultaron elegidos Gustavo Petro, de la coalición Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP); Sergio Fajardo, de Alianza Social Independiente (ASÍ); y Federico Gutiérrez, del GSC Creemos Colombia. De estos tres candidatos, el primero y el último obtuvieron, en la consulta correspondiente, más de la mitad de los votos, mientras el segundo fue elegido con un tercio del apoyo electoral. En ningún caso, el partido o movimiento que avaló al candidato obtuvo una porción significativa de poder en el Congreso de la República. Por eso, en la primera vuelta presidencial, los tres candidatos integraron coaliciones ya existentes (v. g., Pacto Histórico), o nuevas que, en principio, fueron apoyados por sus excompetidores (v. g., Equipo por Colombia y coalición Centro Esperanza).

En la primera vuelta presidencial, participaron ocho candidatos. En la tabla 2 se ven los resultados de esta contienda. Los dos candidatos que encabezaron los resultados fueron Gustavo Petro quien, con su fórmula vicepresidencial, la exprecandidata Francia Márquez, obtuvo el 40,34 % de los votos, y Rodolfo Hernández quien, con Marelén Castillo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sacó el 28,17 % de los votos. Este último se autodefinió como un outsider, es decir, como un candidato alejado del establecimiento político. Su discurso en torno a su eventual programa de gobierno se enfocó en la lucha contra la corrupción, y su campaña se caracterizó por su bajo costo y por priorizar el uso de redes sociales, en particular Facebook, TikTok y WhatsApp. Con muy pocos recursos materiales y organizativos, Hernández derrotó a candidatos que contaban con estructuras organizativas y recursos económicos para desarrollar actos de campaña masivos.

La segunda vuelta se llevó a cabo el 19 de junio. La fórmula ganadora fue la de Gustavo Petro y Francia Márquez, con el 50,44 % de los votos y una diferencia de 3,13 puntos porcentuales sobre Rodolfo Hernández y Marelén Castillo. A esta última fórmula, se sumaron votantes que, en la primera vuelta, apoyaron a Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia. Hernández estuvo cerca de duplicar su votación de la primera vuelta, mientras que Petro sumó 2.700.000 votos y logró con ello la más alta votación conseguida por un candidato presidencial. A pesar del éxito que obtuvo Hernández, la ausencia de una maquinaria política, así como los pocos recursos invertidos en su campaña son dos de los posibles factores que explican su derrota (^{Piñeiro, Rosenblatt y Wills-Otero 2023}). El candidato y su fórmula vicepresidencial obtuvieron el derecho de ocupar dos curules en el Congreso de la República, según lo establecido por el Estatuto de la Oposición de 2018. Así, a Hernández le fue asignado un escaño en el Senado, y a Castillo, otro en la Cámara de Representantes. Una vez inició la legislatura, la Liga de Gobernantes Anticorrupción se declaró en la oposición y Hernández renunció a la curul en los primeros meses del primer año legislativo. La tabla 3 muestra los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Las elecciones legislativas se llevaron a cabo el 13 de marzo. En ellas la lista de la coalición Pacto Histórico fue la que mayor poder obtuvo, con el 16,6 %. En el Senado ganó 20 escaños (18,69 %) y en la Cámara de Representantes, 29 (15,43 %). Fue superada solamente por el Partido Liberal (PL) en esta última cámara legislativa, en donde obtuvo 32 curules (17,02 %). En la tabla 4 se ve la configuración partidista que resultó de las elecciones legislativas. Adicional a la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o lista y el porcentaje que representa, se ofrece información sobre el tipo de lista que cada partido usó, así como sobre el grupo al que, a la luz del Estatuto de la Oposición, cada uno se adscribió una vez Petro se posesionó en la Presidencia.⁶

Como se puede ver en la tabla 4, la cantidad de partidos, listas o coaliciones es de 11 en el Senado y de 27 en la Cámara de Representantes. Al tener en cuenta el peso relativo de cada uno, el número efectivo de partidos electorales (NEPE) disminuye a 8,74. El sistema es multipartidista, con tendencia a aumentar su fragmentación, como lo muestra la tabla 5. La mayoría de las listas les dieron a los votantes la posibilidad de elegir a sus candidatos de preferencia. Es decir, escogieron el voto preferente sobre la lista cerrada. Solamente el Pacto Histórico (PH) y el partido Comunes presentaron a sus candidatos en listas cerradas en Senado y en Cámara, y en esta última también lo hizo la Liga de Gobernantes Anticorrupción. En el caso del PH, las listas en Senado y Cámara introdujeron el sistema cremallera, y con ello contribuyeron a elegir el más alto número de mujeres en la historia en el Congreso de la República (28 %). Mujeres de otros partidos también ocuparon escaños, pero en menor proporción que en el PH. El uso más frecuente del voto preferente, en comparación con las listas cerradas, muestra un sistema electoral que promueve la personalización de la política, por encima de los logos partidistas.

Adicional a las listas partidistas, diferentes organizaciones de la sociedad civil eligieron, por primera vez, a 16 miembros de las CTEP en representación de las víctimas del conflicto. Estas circunscripciones son el resultado de la implementación del acuerdo final de paz, firmado y ratificado en 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Por primera vez, y durante dos periodos consecutivos (2022-2026 y 2026-2030), organizaciones de víctimas de los territorios afectados por la violencia postularon candidato/as que compitieron en las elecciones de la Cámara de Representantes de 2022. Trece hombres y tres mujeres ganaron las elecciones. Después del triunfo, declararon que actuarían como una bancada, a pesar de pertenecer, cada uno/a de ello/as a diferentes organizaciones de la sociedad civil. Esta reforma, que aumenta el tamaño del Congreso temporalmente, se suma a otra que se implementó en 2018, que también incrementó el tamaño de la institución, al otorgarle, durante dos periodos consecutivos (2018-2022 y 2022-2026), diez curules a Comunes, partido que resultó de la desmovilización, desarme y reintegración a la sociedad civil de los excombatientes de las FARC-EP (^{Bolívar et.al. 2023}).

Por su parte, a la luz del Estatuto de la Oposición, sancionado como la Ley 1909 de 2018, en respuesta también al acuerdo de paz de 2016, la coalición de gobierno en el primer semestre del nuevo Gobierno se constituyó en el grupo más grande, y llegó a sumar el 73,9 % del poder en el Senado y el 78 % en la Cámara de Representantes. El grupo de la oposición sumó el 13 % del poder en el Senado y el 10 % en la Cámara, y los independientes, el 14 % y el 12 %, respectivamente. El inicio del gobierno le dio un alto nivel de gobernabilidad al presidente, quien logró sacar adelante reformas económicas importantes, como la tributaria, el presupuesto nacional, y otras como la Paz Total y el Plan Nacional de Desarrollo. Más adelante, después del primer semestre, algunos partidos o listas se reacomodaron, y como resultado de la disminución de la coalición de gobierno y el crecimiento de la oposición, la agenda del presidente, relacionada con reformas sociales estructurales, ha encontrado dificultades para avanzar.

El aumento sostenido del NEPE y del NEPP muestra un sistema de partidos cada vez más fragmentado. El incremento en el número absoluto de partidos, así como en el NEPE y el NEPP se explica, en parte, por la creación de nuevos partidos (ej., Centro Democrático en 2013; Comunes en 2017), y de listas o coaliciones (ej., Pacto Histórico en 2022), así como por la sobrevivencia de otros que han logrado adaptarse y mantener porciones de poder más o menos significativas (ej., partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical). Además, en 2022, partidos que en los años 1990 y los 2000, como resultado de la violencia política, sufrieron su declive electoral hasta perder su personería jurídica (ej., Unión Patriótica ; Nuevo Liberalismo ; Movimiento de Salvación Nacional ) lograron renacer gracias al acuerdo final de paz de 2016 que así lo estableció. Estos partidos participaron en las elecciones de 2022. La UP hizo parte de la lista del PH, y el NL y MSN obtuvieron muy pocos votos.

A pesar de la fragmentación que aumenta, la flexibilidad del sistema de partidos permite que haya cabida para nuevas opciones y que se propongan agendas programáticas alternativas. Esta flexibilidad, explicada parcialmente por las reformas políticas que se han introducido como resultado del acuerdo de paz, ha ampliado la pluralidad de voces en el Congreso, y ha creado incentivos para que partidos y congresistas se ubiquen en diferentes espacios del espectro ideológico entre la izquierda y la derecha. Igualmente, partidos resilientes que han sido capaces de adaptarse a contextos políticos diferentes han podido sobrevivir y dar continuidad a sus trayectorias. El reordenamiento del sistema, que en Colombia no se ha traducido en colapso como sí ha ocurrido en otros países (ej., Perú, Venezuela, Ecuador), tiene como desafío la superación de una crisis de representación política y de gobernabilidad presidencial que resulta de altos niveles de clientelismo, de vínculos personalistas estrechos entre políticos y votantes, de agendas programáticas que se bloquean o no se traducen en políticas públicas, entre otros elementos.

3. Las difíciles relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara a las elecciones territoriales de 2023

Las relaciones entre el Congreso de la República y el Gobierno de Gustavo Petro han pasado en el primer año por tres momentos que pueden caracterizarse de la siguiente manera. Primero, la configuración de una coalición mayoritaria que prometía ser una “aplanadora”, expresión coloquial que recuerda gobiernos más tradicionales, cercanos a la derecha y centro-derecha del país. Un segundo momento que está marcado por el fin de la coalición mayoritaria, decretado a finales de abril de 2023 por el mismo presidente Petro, y que trajo como consecuencia la recomposición del gabinete presidencial y una crisis de gobernabilidad de la que aún el país no sale. Y un tercer momento que inicia con una nueva legislatura (julio de 2023), en la que el Gobierno no parece encontrar, al menos de entrada, las mayorías necesarias para sacar adelante su agenda.

Comencemos por el primer momento. Muy al contrario de lo que analistas políticos y buena parte de la opinión pública pudieran creer, el gobierno de Gustavo Petro comenzó con grandes mayorías en el Congreso de la República. De los 108 senadores, 79 empezaron siendo parte de la coalición de gobierno. Así mismo, 103 de 188 representantes a la Cámara apoyaban al gobierno Petro en sus inicios. Solamente 14 senadores y 19 representantes a la Cámara se alinearon expresamente como opositores al Gobierno. Parte de la explicación de esta “luna de miel” entre el Congreso y el nuevo Gobierno, inesperada por la inédita elección de un presidente de izquierda en Colombia, puede guardar relación principalmente con dos razones: primero, la estrategia de campaña electoral de Petro en esta ocasión fue mucho más pragmática al rodearse y recibir apoyo de políticos y partidos tradicionales, así como al tender puentes con sectores económicos. Y segundo, la presidencia del Senado quedó en manos de uno de los más experimentados congresistas del país, Roy Barreras, político profesional que conoce la mecánica y el manejo del Congreso, y que fue artífice fundamental en la configuración de la coalición mayoritariamente cercana al Gobierno.

Durante los primeros meses, el impulso de la coalición mayoritaria le permitió al Gobierno concretar algunas de sus iniciativas, como la reforma tributaria, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley de Paz Total. La configuración plural, y en general bien recibida, del gabinete ministerial conformado por el presidente Petro era también una manera de enviar señales de tranquilidad a quienes avizoraban una catástrofe de grandes proporciones en el país. Pero sin duda, y con esto comienza el segundo momento de este primer año de relaciones Ejecutivo-Legislativo, el bloque principal de reformas sociales no encontró el respaldo necesario en el Congreso y, por el contrario, el debate en torno a esas reformas constituyó el inicio del fin de las buenas relaciones entre las dos ramas y generó la primera crisis ministerial dentro del Gobierno Petro, con la salida de tres de los ministros que más confianza generaban en la opinión pública y en los mercados internacionales: Cecilia López, quien fuera titular de la cartera de Agricultura; Alejandro Gaviria, ministro hasta entonces de Educación; y José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. La reforma a la salud, especialmente, constituyó el detonante de la implosión del gabinete y la fisura estructural en la coalición en el Congreso. Unido a lo anterior, el daño que había ya comenzado a causar el caso Nicolás Petro, hijo del presidente, la salida de Roy Barreras del Senado y las explosivas conversaciones del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, anunciaban un panorama difícil para el Gobierno.

El tercer y último momento de este primer año, y del inicio de la segunda legislatura, parece marcado también por las dificultades del Ejecutivo para atraer a los líderes de los partidos tradicionales y recomponer una coalición que permita algunos márgenes de gobernabilidad. La pérdida del pulso en la presidencia del Senado y del control de algunas de las comisiones más importantes no parece buena señal, pese a que el Gobierno arranca con un empate técnico en las fuerzas del Senado y una mayoría escasa en la Cámara de Representantes. Frente a la dificultad para convencer a los líderes de las bancadas, al Gobierno le queda un camino que ya ha empezado a recorrer: negociar con cada congresista para la aprobación de su paquete de reformas. Una apuesta frágil en la que en nada ayudan los escándalos del círculo más cercano al presidente.

Lo dicho en este acápite puede cerrarse con dos aparentes paradojas. La primera es que la gobernabilidad del primer presidente de izquierda en el país está, hoy más que nunca, en manos de la clase política tradicional. Y, en segundo lugar, el bloqueo en el Congreso al paquete de reformas sociales, de acuerdo con algunos analistas, parece haber jugado en favor del actual Gobierno, especialmente en el ámbito internacional y en los mercados. Obviamente la credibilidad y el papel de los ministros de Hacienda en el manejo económico del país ha sido indudable. Pero estamos en un escenario que también recuerda épocas pasadas de la política en nuestro país: la economía va bien (o al menos ha empezado a mostrar algunos signos de franca recuperación), pero el país va mal. El presidente ha encontrado una feroz oposición en los partidos que cumplen esta función, pero obstáculos y un daño más letal entre sus más cercanos: su hijo Nicolás Petro; el político con el que empezó a armar la coalición que ganó la presidencia, Armando Benedetti; y algunos exministros, especialmente Alejandro Gaviria, que dentro y fuera del gabinete ministerial se ha convertido en el opositor más cualificado del actual Gobierno.

En medio de esas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y atravesadas incluso por esas relaciones, el país se prepara para unas elecciones regionales que prometen ser un nuevo termómetro para las distintas fuerzas políticas. Veamos los dos posibles escenarios que estas fuerzas pueden afrontar en los comicios de 2023.

El primer escenario es que estas elecciones territoriales continúen teniendo patrones de comportamiento distintos a los de las elecciones nacionales, como ha pasado en anteriores ocasiones, y que mantengan algunos niveles de autonomía. Es decir, que el sello de cada territorio, las disputas regionales y los temas propios de cada localidad primen sobre las dinámicas, tensiones y disputas nacionales.

Este primer escenario, quizás el más probable, está sustentado tanto en la tradición electoral mencionada en el párrafo anterior como en la avalancha de candidaturas de todo tipo inscritas ante la Registraduría. De acuerdo con esta entidad, a las elecciones locales del 29 de octubre de 2023 se inscribieron 132.553 candidatos para todos los cargos (13,73 % más que en 2019), de los cuales, si bien la mayoría se presentaron por partidos políticos con personería jurídica (118.317), una cantidad importante lo hizo por coaliciones (12.773) o por GSC (1.440).

Es importante mencionar igualmente que el número de partidos con personería jurídica en el país se ha incrementado considerablemente entre 2019 y 2023. Al momento de la inscripción para las elecciones de este año había 35 partidos reconocidos legalmente (19 más que hace cuatro años). De modo que, con un panorama como el descrito, las posibilidades de que se reedite en lo local y lo regional lo vivido en las elecciones nacionales de 2022 son francamente muy pocas.

El otro posible escenario que se plantea, sobre todo por opositores al actual Gobierno, es que las próximas elecciones se puedan convertir en una especie de “plebiscito” en contra de Petro. Este es un escenario mucho más improbable y que no está respaldado ni por lo que ha pasado en ocasiones anteriores -es decir, las elecciones regionales generalmente no se constituyen en un plebiscito del gobierno de turno- ni por evidencia empírica alguna.

Por lo dicho en este acápite, ha sido un año más agrio que dulce para el Gobierno en sus relaciones con el Congreso, y la legislatura que inició en julio de 2023 puede ser más adversa a las posibilidades de tramitar las reformas prometidas. Las dificultades para mantener la coalición mayoritaria y el desarrollo de las elecciones territoriales, en las que los congresistas tienen como siempre intereses concretos, son factores que en nada favorecen la gobernabilidad del actual presidente.

4. Agenda de investigación: estudios tradicionales y nuevas temáticas

A lo largo de este artículo introductorio al dosier sobre elecciones nacionales en Colombia en 2022, hemos señalado los temas en torno a los cuales las y los autores de los artículos acá incluidos centraron su atención. Nuevos clivajes político-electorales entre el centro del país y la periferia (Basset), los factores individuales de los votantes, que explican el triunfo del primer presidente de izquierda del país (Bitar, Tolosa y Tolosa), los factores de riesgo que explican la violencia electoral hacia candidatos y candidatas al Congreso de la República (Salazar y Duque), el desarrollo de las consultas interpartidistas previas a las elecciones presidenciales (Cruz, Acuña y Uribe) y la importancia del uso del perdón social en los discursos de Petro (Treisch) son los fenómenos de interés que atraviesan este número especial. Estas investigaciones abren campos de estudio en el área de las elecciones en el país y más allá. En Colombia, son análisis novedosos sobre problemas de investigación que surgieron a raíz de la coyuntura política que se vivió en 2022 (v. g., Treisch; Cruz, Acuña y Uribe). También hay trabajos que recogen estudios previos, los cuales sirven para replantear o replicar teorías existentes a partir de condiciones específicas del país (Basset; Bitar, Tolosa y Tolosa; Salazar y Duque). En síntesis, los estudios que se presentan acumulan conocimiento en el área de los procesos electorales que se han desarrollado en el país. La coyuntura política que se presentó en 2022 fue una oportunidad para plantear nuevas preguntas de investigación, como la que se refiere a los nuevos clivajes o el análisis en torno a las consultas interpartidistas y, a la vez, para identificar algunas continuidades, como ha sido la ocurrencia de hechos de violencia en estos procesos o las características individuales de los votantes para explicar sus decisiones de voto. Algo novedoso acá son las unidades de análisis observadas por los y las investigadores (v. g., individuos, candidatos y coaliciones), así como la acumulación de información original que construyeron para responder a sus preguntas (ej., encuestas de intención de voto a ciudadanos y encuestas a candidatos y candidatas al Congreso). La mirada a candidatos individuales, a las coaliciones interpartidistas y a las candidaturas independientes puede ser indicador de la personalización de la política por el desprestigio creciente de los partidos políticos. Más adelante mencionamos la importancia de volver a esos otros temas que en este número no se abordaron en profundidad.

Los artículos acá incluidos son variados en las estrategias metodológicas que emplean para conducir sus estudios. Se desarrollan análisis de clústeres de resultados electorales a nivel municipal de las segundas vueltas presidenciales (Basset), estimación de modelos cuantitativos a partir de datos de encuestas originales a votantes (Bitar, Tolosa y Tolosa) y a candidaturas a las elecciones legislativas (Salazar y Duque), estudios de caso empírico-descriptivos en torno al surgimiento y la trayectoria de coaliciones pre y electorales (Cruz, Acuña y Uribe) y análisis de contenido de noticias aparecidas en la prensa nacional (Treisch). Esta variedad en los diseños de las investigaciones se explica no solo por las preguntas diversas que se plantean, sino también por la acumulación de datos originales y las múltiples oportunidades de indagación que ofrecen.

Agendas de investigación futuras pueden profundizar los temas que acá se presentan. Otros fenómenos que no deberían desconocerse son aquellos que tradicionalmente hemos estudiado en la disciplina y en el país. Por ejemplo, sería valioso retomar el estudio de los partidos políticos como organizaciones complejas que interactúan en sistemas de partidos en diferentes niveles; que compiten entre sí y a la vez se coaligan estratégicamente para ganar cargos públicos; que sobreviven a coyunturas desafiantes, pero que también mueren cuando no logran adaptarse a ellas (^{Escobar Escobar, García Sánchez y Nieto Palacio 2023}; ^{Pino 2018} y 2020; ^{Wills-Otero 2015}). Por otro lado, volver a los estudios sobre la influencia que tiene el clientelismo en la competencia electoral y otros fenómenos relacionados, así como sobre las condiciones que lo explican, es fundamental para comprender las dinámicas entre los actores políticos inmersos en el régimen (Palacios ^{Luna 2022}). La representación política de grupos identitarios (v. g., afrocolombianos, indígenas, mujeres, religiosos; etc.) y la competencia entre las candidaturas que aspiran a ocupar escaños especiales (^{Camargo y Ortega 2022}; ^{Villamizar Chaparro y Echeverri Pineda 2022}), los efectos que producen las reglas del juego electoral sobre las estrategias de campaña y sobre la repartición del poder, la participación y la abstención por parte de los votantes (García Sánchez y Cantor 2018), entre otros, son temas que tradicionalmente se han estudiado y sobre los que se ha acumulado mucho conocimiento. Continuar con esos análisis permite tener reflexiones sistemáticas sobre esos fenómenos y a la vez lleva a los investigadores a identificar nuevas variables que influyen sobre los resultados.

Finalmente, algunos temas más recientes sobre los que se han hecho algunos esfuerzos, y que merecen mayor atención, tienen que ver con mandatos producidos por el acuerdo de paz de 2016: las curules reservadas para Comunes y para CTEP, el Estatuto de la Oposición y sus efectos, la representación identitaria y de mujeres, entre otros. Adicionalmente, la polarización ideológica que, aunque no es nueva en el país, se expresó fuertemente en la coyuntura política del acuerdo y posteriormente es un fenómeno de gran interés, no solo en el país sino en el ámbito global. El impacto de las movilizaciones sociales sobre los resultados electorales, el surgimiento de candidaturas personalistas o populistas, así como de movimientos ciudadanos, entre otros, son temas sobre los que también se puede centrar la atención. Algunos de estos asuntos se abordaron en este dosier y, mediante ellos, esperamos hacer aportes al conocimiento de los estudios electorales en el país, que beneficien tanto a la comunidad académica como la ciudadanía.