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Introducción
En la práctica, las elecciones -especialmente en democracias menos consolidadas- sufren niveles significativos de violencia durante los periodos de campaña, el día electoral y/o después de la votación. Este fenómeno es conocido como violencia electoral (Birch, Daxecker y Höglund 2020). La violencia con ocasión de las elecciones es una de las estrategias usadas por los actores políticos (legales o ilegales) para influir en el curso y el resultado de los procesos electorales (e. g. Birch 2011; Norris, Frank y Martínez i Coma 2015), que ha captado un amplio interés por la academia y los hacedores de política, debido a que viola la integridad electoral y disminuye la calidad de la democracia (Norris 2013). Para responder a ello, resulta importante explicar quiénes son sus víctimas y por qué sufren esta violencia, con el objetivo de brindar soluciones específicas a quienes la padecen y abordar las razones estructurales que la hacen persistente.
La literatura actual se ha enfocado principalmente en explicar el tipo de votantes (e. g. Bratton 2008), pero poco se conoce sobre los competidores, es decir, las candidaturas.1 Recientemente, algunos estudios empíricos en el ámbito internacional han comenzado a dar luces sobre los perfiles de las candidaturas que sufren violencia política (e. g. Bjorgo y Silkoset 2018; Herrick et al. 2019), aunque se refieren a democracias consolidadas, y poco se conoce sobre contextos donde la violencia electoral es más frecuente2 y cuya historia democrática ha estado atravesada por un conflicto armado interno, como es el caso de Colombia.
En general, las investigaciones sobre Colombia se han enfocado en describir el problema de la violencia política (Sánchez y Chacón 2005), la afectación a los votantes (García y Hoskin 2003) y la diversidad de formas en que los grupos no estatales, guerrillas y grupos paramilitares se han relacionado con los políticos (Gallego 2018; Gutiérrez Sanín 2007; López 2010). Sin embargo, poco conocemos sobre los perfiles de estas candidaturas, más allá del cargo de elección por el que competían, su partido político y el lugar de ocurrencia del hecho. Asimismo, la literatura se ha concentrado en las formas de violencia física y letal, como asesinatos y secuestros, y poco conocemos sobre otras formas de violencia no letales, como la psicológica y la sexual.
Esta brecha de conocimiento se puede explicar por dos razones. La primera es metodológica: las interpretaciones empíricas se basan principalmente en fuentes públicas, denuncias y reportes de autoridades sobre delitos de alto impacto (e. g. asesinatos). Si bien estas fuentes nos han permitido describir el problema, usualmente subestiman las reales magnitudes de la violencia electoral e ignoran otras formas de violencia no letales (Von Borzyskowski y Wahman 2021). La segunda se relaciona con que la literatura de la violencia electoral en Colombia ha estado principalmente dominada por las narrativas del conflicto armado, y ha ignorado el amplio abanico de actores políticos que la ejercen y la sufren. Por ejemplo, con el reciente cierre del conflicto bélico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), la violencia electoral no se ha extinguido, pues persisten las amenazas en contra de líderes políticos, pero desconocemos aún más a los perpetradores (MOE 2022).
En este sentido, el presente artículo busca establecer cuáles fueron las candidaturas para las elecciones legislativas del 2022 más propensas a sufrir violencia electoral durante sus campañas. Esto lo hacemos a través de una encuesta a candidaturas al Congreso en las elecciones del 2022, realizada en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE), mediante la cual investigamos si los factores de la identidad (edad, sexo, etnia, condición de víctima del conflicto) y la ideología (izquierda vs. derecha) están asociados al reporte de hechos de violencia electoral en nuestro instrumento.
Este estudio del caso colombiano hace dos contribuciones principales. Primero, por su abordaje conceptual y empírico del fenómeno de la violencia electoral en democracias menos consolidadas -también conocidas como democracias híbridas (Levitsky y Way 2010)-, con el que se busca dar cuenta de la incidencia y magnitud de la violencia electoral contra las candidaturas. Segundo, por la ampliación del concepto de violencia electoral a formas no-letales; con ello logramos identificar las candidaturas víctimas, y hacemos un análisis diferencial de los candidatos, de acuerdo con su edad, género, pertenencia étnica, su condición de víctimas del conflicto e identificación ideológica, lo que permite entender cuáles características están asociadas a que una candidatura esté expuesta a intimidaciones, amenazas, ataques, insultos y acoso durante su campaña electoral.
Para lo anterior, a continuación presentaremos, en primera instancia, un panorama conceptual de la violencia electoral, esto es, cómo se ha definido, sus consecuencias en la democracia y la forma en que ha sido abordada en la literatura. Posteriormente, describiremos el contexto de las elecciones legislativas del 2022 y las principales intuiciones teóricas e hipótesis de esta investigación. Seguidamente, mostraremos los resultados descriptivos de la encuesta y la recolección de los datos, para pasar a presentar los resultados de modelos estadísticos que nos permiten identificar los principales factores asociados con el reporte de hechos de violencia electoral. Finalmente, discutiremos los resultados y brindaremos una serie de conclusiones.
1. ¿Qué sabemos sobre la violencia electoral?
El abordaje de la violencia en el contexto electoral y político ha abarcado un espectro relativamente amplio sobre qué se considera como un hecho violento o las formas en las que se manifiesta la violencia, empezando por los asesinatos a políticos, agresiones físicas, secuestros, y atentados contra la vida de los candidatos, votantes y organismos electorales (Höglund 2009). Tales formas han encajado en el concepto de violencia física. De otro lado, recientemente, desde los estudios de género, se ha buscado ampliar las formas de violencia política a formas de violencia psicológica, simbólica, económica y sexual (Krook 2020). En consecuencia, la violencia electoral es variada y no se concentra solo en actos contra la integridad física, sino que reviste manifestaciones diversas que tienen el potencial de minar y limitar a los competidores (Iqbal y Zorn 2006), el electorado (Von Borzyskowski, Daxecker y Kuhn 2022) y las instituciones (Harish y Toha 2019), lo que afecta la participación libre y pacífica durante los periodos electorales.
Los estudios dan cuenta de que la violencia electoral usualmente coexiste con otras formas organizadas de violencia (Staniland 2014), y por tanto no es fácil distinguir qué tipo de acción puede catalogarse como violencia electoral. Por ejemplo, algunas acciones de grupos rebeldes en contra de las fuerzas militares durante el periodo electoral podrían ser interpretadas como acciones de violencia electoral porque ocurren cerca del día de elección, pero su propósito no era afectar a las elecciones. En cambio, acciones como la obstrucción o la coerción de comunidades para salir a votar por grupos armados pueden ser catalogadas directamente como hechos de violencia electoral.
De hecho, cuando la violencia electoral coexiste con otras formas de violencia, particularmente aquellas enmarcadas en conflictos armados, usualmente grupos armados no estatales tienden a intimidar, amenazar y asesinar a los competidores (Acemoglu, Robinson y Santos 2013). Algunos estudios han mostrado que los grupos armados buscan influir la elección durante la campaña (Alesina, Piccolo y Pinotti 2016; Sberna y Olivieri 2014) o usan la violencia después de las elecciones para presionar a los hacedores de políticas públicas (Dal Bó y Di Tella 2003), con lo que buscan, en términos generales, alejar a los políticos honestos que puedan ir en contra de sus intereses (Pinotti 2012) y mantener a políticos tradicionales en el poder (Albarracín et al. 2022).
Esto evidencia cómo la violencia durante periodos electorales tendría impactos fundamentales en la consolidación de la democracia. Estudios han señalado que la violencia electoral puede impactar negativamente la libertad de elección de los votantes (Bratton 2008; García 2008), afectar la competencia electoral entre candidaturas (Ponce 2019) e incluso detonar una guerra civil (Birch, Daxecker y Höglund 2020). Por esta y otras razones, el fenómeno de la violencia merece y necesita ser estudiado de manera independiente como otra manifestación de violencia política (Höglund 2009).
En Colombia, la literatura sobre violencia y elecciones no es poca. La democracia colombiana presume de ser una de más longevas en Latinoamérica, con pequeñas interrupciones en su trasegar.3 La literatura académica sobre violencia y elecciones puede rastrearse desde la época de La Violencia; el asesinato del precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán es tal vez uno de los hitos históricos más representativos de violencia electoral, que detonó una guerra civil entre las bases de los partidos políticos en Colombia (Pécaut 2001).
Posteriormente, con la aparición de guerrillas de izquierda y grupos paramilitares, la intensificación de la violencia durante las elecciones se hizo mucho más álgida (Sánchez y Chacón 2005). Una parte de la literatura sobre violencia electoral en Colombia, la cual usa de manera más común el término violencia política, se ha concentrado en describir la afectación a la participación electoral de los votantes por la presencia de estos grupos armados (Ceballos 2005; García y Hoskin 2003; García 2007). Dicha afectación se refiere, bien sea, a que los actores armados buscaron desincentivar el ejercicio del derecho al voto, o a que presionaron violentamente a los electores para que votaran por determinados políticos, fenómeno conocido como clientelismo armado (Eaton 2006; Trejos, Gutiérrez Gutiérrez y Guzmán Cantillo 2020).
También se ha estudiado la afectación causada por la presencia de los grupos armados en la competencia electoral (Matanock y Staniland 2018). Por ejemplo, Gómez Albarello y Rodríguez Raga (2009) encontraron una significativa relación entre la presencia de grupos armados y la baja competencia electoral. Asimismo, diversos investigadores han mostrado que los procesos de descentralización y apertura de la democracia subnacional en Colombia dieron lugar a una mayor injerencia de los grupos armados en la política local (Gutiérrez Sanín 2007), y al incremento de la violencia política contra candidaturas (Eaton 2006; Sánchez y Chacón 2005). Así, en 1988, cuando se eligieron por primera vez alcaldes en todos los municipios colombianos, se trasladó la lucha del poder electoral al nivel local (López 2010). Esta descentralización de la competencia por el poder político intensificó la competencia violenta por el poder local en múltiples zonas del país. De hecho, es ampliamente conocido que durante las elecciones de 1988 los militantes del nuevo partido Unión Patriótica fueron eliminados por grupos paramilitares, en alianza con las fuerzas militares en diferentes regiones del país, incluyendo el Urabá antioqueño, Arauca y Caquetá (Carroll 2011; Steele 2017).
Otra parte de la literatura se ha centrado en identificar los móviles de los grupos armados para participar en la política. Al respecto, se han encontrado dos principales respuestas. Por una parte, el interés de capturar los recursos del Estado (Rubio 2002 y 2005); de otra, el propósito de construir proyectos de dominación territorial entre las élites políticas regionales y actores armados para controlar al Estado (Carroll 2011; López 2010; Romero 2000; Trejos 2012; Trejos, Gutiérrez Gutiérrez y Guzmán Cantillo 2020; Valencia 2007 y 2009).
En términos generales, estos estudios de violencia política en Colombia se han referido a formas letales de violencia como asesinatos y secuestros contra políticos. Asimismo, han contemplado las amenazas y las alianzas entre los grupos armados y los políticos para afectar las elecciones mediante acciones violentas.
2. El contexto general de las elecciones legislativas del 2022
Las elecciones a Congreso del 13 de marzo de 2022 son las que han traído más reconfiguraciones en la reciente historia política del país desde la promulgación de la Constitución de 1991. Por primera vez, una coalición de izquierda y movimientos alternativos, representados por el Pacto Histórico, ganaron el número más alto de curules en las elecciones legislativas y la presidencia, con el liderazgo de Gustavo Petro Urrego.
En estas elecciones parlamentarias se presentaron en total 2.829 candidaturas, de las cuales el 79 % lo hizo mediante listas por partidos políticos. Sin embargo, la amplia gama de grupos, movimientos y partidos políticos que participaron da cuenta de la fragmentación que todavía sufre el sistema político colombiano. Se presentaron en total 17 partidos políticos, 29 listas de coaliciones -la mayoría de partidos de centro-derecha-, y 10 movimientos o grupos significativos. Los partidos políticos (e. g. Liberal y Conservador) y coaliciones más grandes (e. g. Pacto Histórico y Centro Esperanza) en promedio contaron con alrededor de 202 candidaturas para Senado y Cámara.
Adicionalmente, en estas elecciones se otorgaron 16 curules adicionales para la Cámara baja en las regiones más afectadas por el conflicto armado, denominadas circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep), como parte de uno de los puntos establecidos en el acuerdo final firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016. Estas curules tenían el propósito de contribuir a la apertura del Congreso a los movimientos y grupos sociales más afectados por el conflicto armado. A diferencia de las curules de la Cámara, solo se podían presentar candidaturas reconocidas como víctimas del conflicto armado por la Unidad de Víctimas, y que no hubieran sido elegidas o candidatizadas por partidos políticos en los últimos cinco años.
En términos de seguridad, los expertos afirmaron que fueron unas elecciones relativamente pacíficas, sin aumentos sustantivos de la violencia letal en comparación con las de la última década (Dávila 2022). No obstante, el Observatorio Político Electoral de la MOE (2022) reportó 280 hechos de violencia durante el calendario electoral contra liderazgos políticos4 entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de mayo de 2022. El 78 % de los hechos estuvieron relacionados con amenazas, y los restantes fueron de alto impacto, como atentados (38), asesinatos (19) y secuestros (2). De hecho, según la MOE, estas cifras representaron un aumento sustantivo de hechos de violencia con respecto a los hechos de violencia electoral de las últimas elecciones legislativas de 2018.
Al revisar estas estadísticas, la mayoría de quienes sufrieron estas violencias fueron hombres, políticos electos y que representaban a colectividades diversas, sin que existieran claras tendencias partidistas. Al observar los hechos señalados por la MOE, solo se identificaron 32 dirigidos específicamente a las candidaturas, de las cuales 28 fueron amenazas y 4, atentados contra la vida. Esto representaría solo el 1 % de las candidaturas afectadas por hechos de violencia.
Sin embargo, suponemos que la proporción de las candidaturas afectadas fue más alta, ya que en entrevistas con algunas de estas se encontró que algunos grupos políticos decidieron no reportar tales hechos para evitar el pánico en sus bases, líderes y votantes: “Lo que nosotros hicimos, de forma deliberada, fue atender caso a caso la gente que amenazaban en regiones sin sistematizarlo para no asustar a los electores […] yo nunca dejé que publicáramos un informe de ataques; eso lo que hace es quitar los votos. Es un poco horrible” (comunicación personal, candidato a la Cámara, 2 de septiembre de 2022, Bogotá, Colombia). La presente investigación busca develar los problemas de subreporte y explicar qué candidaturas para estas elecciones se vieron más afectadas por la violencia electoral.
3. Factores de riesgo asociados a la exposición de violencia electoral hacia las candidaturas a Congreso: hipótesis de la investigación
Basados en la literatura previa y en el contexto de violencia electoral en Colombia, se han identificado dos aspectos que se pueden considerar como factores de riesgo de violencia electoral hacia candidaturas al Congreso. En primer lugar, se encuentran factores relacionados con la identidad de las candidaturas, particularmente la pertenencia a grupos usualmente subrepresentados en el Poder Legislativo, tales como jóvenes, mujeres y minorías étnicas. En segundo lugar, hay aspectos más relacionados con la ideología o la posición política de las candidaturas, particularmente aquellas que se identifican como de izquierda. En el contexto colombiano, estos grupos políticos han sido los más vulnerables a la violencia política, en gran parte debido a las dinámicas del conflicto armado en el país.
a. Factores de riesgo asociados a la identidad
Cuando hablamos de factores relacionados con la identidad, nos referimos a la aspiración de candidaturas que representan a grupos poblacionales que suelen estar subrepresentados en la política formal. La literatura internacional ha identificado ampliamente a las mujeres (Paxton, Hughes y Barnes 2020), las minorías étnicas (Bird 2014; Hughes 2011) y los jóvenes (Stockemer y Sundström 2022) como grupos que a menudo enfrentan obstáculos para ingresar a la política y, por tanto, no tienden a ocupar posiciones decisorias en los espacios de representación. Estos obstáculos en parte se relacionan con estructuras de discriminación y estereotipos frente a tales grupos poblacionales. Por tanto, en línea con Iris Young y su teoría sobre las políticas de la diferencia, es importante entender un fenómeno social desde las particularidades de los grupos sociales en los que unos son privilegiados y otros oprimidos, y reconocer explícitamente estas desigualdades (Young 1990); para el caso del presente estudio, es central explorar cómo pueden ser reforzadas por la violencia. Más aún, la literatura ha argumentado que la violencia contra grupos discriminados o marginalizados tiene un impacto tal que irradia a la población en general (Ritholtz 2022). Por ejemplo, para el caso de las mujeres, se ha identificado que, dada su mayor aversión a la violencia y al riesgo (Dollar, Fisman y Gatti 2001), la violencia política es una razón central para no participar en política electoral (Salazar-Escalante 2021).
De hecho, estos grupos suelen tener intereses más diversos y fomentar discusiones políticas que pueden llevar a que actores políticos tradicionales, tanto armados como no armados, los perciban como una amenaza al statu quo. La posibilidad de que se conviertan en una alternativa de poder puede aumentar la probabilidad de que sus candidaturas sean objeto de diversas formas de violencia, desde agresiones en redes sociales y mensajes de texto hasta amenazas, ataques sexuales y atentados contra la vida.
En Colombia, los aspirantes jóvenes suelen apelar a la terminación de las prácticas políticas tradicionales, como el clientelismo, la corrupción y las alianzas con grupos ilegales. Aunque el clientelismo y la corrupción no son fenómenos idénticos, suelen estar fuertemente entrelazados y son una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones de políticos colombianos. Existe una amplia literatura académica que ha descrito la importancia de estas estrategias en regiones apartadas y rurales de Colombia, donde la compra del voto, las promesas de favores burocráticos y los beneficios económicos son medios comunes para ganar elecciones (Leal y Dávila 2010).
El Congreso elegido en marzo de 2022 se ha destacado por tener una de las mayores proporciones de políticos jóvenes (Saavedra 2022). Muchos de ellos, provenientes de diversos espectros políticos, han abogado por el cambio y la eliminación de la política tradicional en Colombia. Por ejemplo, candidatos jóvenes como Catherine Juvinao, Duvalier Sánchez, Jota “P” Hernández, Miguel Polo Polo, Susana Boreal y Jennifer Pedraza han propuesto eliminar las maquinarias políticas establecidas con el propósito de renovar el sistema político (“¿Compra de votos?” 2022). En este sentido, han buscado hacer política a través de medios alternativos; las redes sociales han sido su principal medio de campaña y les han dado aún más visibilidad (“De clic a las urnas” 2022).
Es posible que este tipo de candidaturas haya sido visto como una amenaza al statu quo de las maquinarias políticas, lo que podría haber provocado mayores niveles de violencia por parte de grupos armados, candidaturas rivales y partidos políticos opositores. Por lo tanto, podría sugerirse que estas candidaturas jóvenes fueron más propensas a sufrir la violencia electoral en comparación con aquellas de personas de mayor edad:
H1: Las candidaturas más jóvenes son más propensas a reportar ataques, tanto físicos como psicológicos, económicos y sexuales, en comparación con las de mayor edad.
Si bien las candidaturas jóvenes hacen parte de ese grupo subrepresentado, no son las únicas. En las últimas dos décadas, el movimiento de mujeres y feminista también han promovido una extensa discusión sobre la falta de mujeres en la política colombiana. Una de las principales razones para abogar por una significativa inclusión de las mujeres en los espacios políticos de decisión es que ellas amplían los debates democráticos para tratar temas que los hombres usualmente ignoran, como la violencia sexual, los derechos reproductivos y las políticas del cuidado (e. g. Beall y Barnes 2020).
En esta discusión, medidas de política que han buscado ampliar la inclusión de las mujeres en espacios de representación son las cuotas de género. En Colombia, la cuota de género, establecida por primera vez con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, consiste en que en todas las elecciones plurinominales se deben tener listas partidistas con el 30 % de mujeres candidatas. De hecho, en los dos últimos años el movimiento ha venido abogando por incrementar la cuota y obligar a los partidos a tener un 50 % de mujeres en la lista (Tamayo 2022). Esta tendencia se ha observado también en otros países de Latinoamérica (Hughes et al. 2019).
A raíz de la implementación de la cuota de género, la mayoría de países latinoamericanos ha venido observando un incremento sustantivo de las mujeres que son candidatas en los diferentes parlamentos. Pero, así como las mujeres vienen ocupando los espacios de poder, disputándoselos a los hombres, también ha habido un aumento en la violencia contra la mujer en la política. La literatura académica ha venido llamando la atención sobre este problema en varias democracias en el mundo y ha visibilizado estas formas de violencia basadas en género en la política (Krook 2020). Por lo tanto, esperaríamos que las mujeres, así como los jóvenes, sean más propensas que los hombres a sufrir formas de violencia electoral.
Estudios en Suecia, Inglaterra, Sri Lanka y Estados Unidos han identificado que las mujeres están más expuestas a la violencia y a la intimidación que los hombres (Bjarnegård, Håkansson y Zetterberg 2022; Collignon y Rüdig 2020; Håkansson 2021; Herrick et al. 2019). Particularmente, las investigaciones coinciden en que las mujeres sufren más formas de violencia psicológica como amenazas e intimidaciones (Håkansson 2021). Sin embargo, en otros contextos como Sri Lanka, donde la violencia política es más común en periodos electorales, se ha encontrado que las mujeres usualmente son más propensas a sufrir formas de violencia sexual (Bjarnegård, Håkansson y Zetterberg 2022). Teniendo en cuenta estas tendencias, podríamos sugerir las siguientes implicaciones empíricas:
H2: Las mujeres candidatas son más propensas a reportar hechos de violencia psicológica que las candidaturas de hombres.
H3: Las mujeres candidatas son más propensas a reportar hechos de violencia sexual que las candidaturas de hombres.
Finalmente, otro grupo que ha estado usualmente subrepresentado en la política colombiana son las minorías o grupos étnicos. En Colombia se reconoce como grupos étnicos a indígenas, afrocolombianos, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, y a los rrom o gitanos. En este sentido, la Constitución colombiana, como acción afirmativa frente a las discriminaciones históricas de estos grupos étnicos y como resultado de la apertura democrática que impulsó dicho proceso constituyente en 1991, definió circunscripciones especiales para las comunidades indígenas y, posteriormente, para los afrocolombianos, con el propósito de que los intereses de grupos minoritarios pudieran incluirse en los debates políticos en el Poder Legislativo (Echeverri y Villamizar 2018; Laurent 2014). De hecho, esta medida especial para garantizar la participación política no es exclusiva de Colombia. Varios países han utilizado formas diversas como las curules reservadas, las cuotas en listas o la transformación de distritos electorales (Bird 2014).
La literatura colombiana ha descrito con profundidad los desafíos y problemáticas de las circunscripciones especiales cuando se busca entender las dificultades que estos grupos poblacionales han tenido para entrar en los espacios políticos formales. Sin embargo, los análisis han ignorado los desafíos de candidaturas que, si bien no aspiran por las circunscripciones especiales, son de minorías étnicas que buscan representación en el Senado o la Cámara. Por ejemplo, en los departamentos de la región del Pacífico colombiano (Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca) la población afrocolombiana es de más del 25 %. Las estadísticas de candidaturas con identificación étnica no son públicas y pocos análisis existen al respecto; aunque estas no entran a competir por las curules étnicas, representan departamentos donde estos grupos son predominantes.
De hecho, los departamentos con mayor proporción de población étnica también son los más afectados actualmente por las dinámicas del conflicto armado. La Comisión de la Verdad destacó en su informe final que las comunidades étnicas sufrieron desproporcionadamente la violencia del conflicto armado (Comisión de la Verdad 2022, 137). Por lo tanto, es posible que muchas de estas candidaturas sean objeto de amenazas, atentados e intimidaciones durante la campaña electoral, puesto que los grupos armados ilegales pueden tener amplios intereses en influenciar los resultados electorales en estos territorios. Estudios previos han descrito con detalle cómo los grupos paramilitares y las guerrillas han impedido que las candidaturas se movilicen y hagan sus actividades de proselitismo (Eaton 2006). Adicionalmente, si se considera que estos grupos no tienden a tener una representación en los espacios de poder político nacional, las candidaturas de minorías étnicas que buscan interpelar el statu quo podrían ser percibidas como amenazas a los grupos políticos que detentan el poder y, por lo tanto, serían más propensas a sufrir hechos de violencia física como atentados o asesinatos.
H4: Las candidaturas que se reconocen como minorías étnicas son más propensas a reportar formas de violencia física y psicológica (amenazas) en comparación con aquellas que no se identifican con ningún grupo étnico.
Las elecciones legislativas del 2022 se destacaron por la inclusión de las Citrep, diseñadas para representar a las víctimas del conflicto armado. En los territorios donde la presencia del Estado es parcial o mínima, las candidaturas fueron más vulnerables a formas de violencia más severas, como amenazas contra la vida y violencia física. De hecho, la Defensoría del Pueblo (2022) declaró al 70 % de los municipios de las Citrep como de alto riesgo y riesgo extremo de violencia electoral. De hecho, desde el 2021 ya algunos precandidatos tenían miedo de ser asesinados por cruzar las fronteras invisibles en escenarios de disputas por el control territorial de grupos armados ilegales, en departamentos como el Putumayo (Pérez 2021).
Pero los actores armados no son los únicos que pueden poner en riesgo a estas candidaturas. En tanto las dieciséis curules de paz otorgaban un voto adicional en las decisiones del Congreso y acceso a nuevos recursos estatales, las élites regionales también tenían incentivos para aprovechar estas posiciones en su beneficio. Aunque se establecieron criterios para que solo las víctimas del conflicto armado pudieran postularse, estas reglas a menudo se vieron desafiadas. Sin embargo, varias de las candidaturas fueron denunciadas por contar con apoyos de grupos políticos tradicionales del nivel nacional o regional, e incluso algunas tenían ya experiencia en política (“Los candidatos a curules” 2022). Estos grupos, con sus estructuras clientelistas y tácticas intimidatorias, aumentaron el riesgo de violencia electoral para tales candidaturas, en comparación con las candidaturas ordinarias. Considerando este panorama, se puede plantear una última hipótesis:
H5: Las candidaturas de Citrep son más propensas a reportar formas de violencia física en comparación con aquellas que aspiraron a las curules ordinarias.
b. Factores de riesgo asociados a la posición política
Los estudios sobre violencia electoral han destacado la vulnerabilidad de los votantes de la oposición durante los procesos electorales (e. g. Collier y Vicente 2012). Las estadísticas mundiales sobre violencia electoral indican que la mayoría de los actos violentos son perpetrados por actores que representan al Gobierno (por ejemplo, fuerzas armadas, policía, partidos de gobierno), con el objetivo de reducir la probabilidad de éxito electoral de la oposición (Bekoe 2012).
En este tipo de contextos, los Gobiernos suelen disponer de un mayor número de recursos económicos y tecnologías de violencia para impedir, limitar y amedrentar a aquellos que se atreven a cuestionar el poder del partido de gobierno (Bekoe 2012). Por ejemplo, estudios africanos han demostrado que los votantes de la oposición reportan mayores niveles de intimidación, especialmente en áreas donde son mayoría (Gutiérrez-Romero 2014; Rauschenbach y Katrin 2019).
En Colombia, la oposición ha sido históricamente representada por la izquierda y una amplia literatura académica ha descrito cómo esta ha sido afectada de manera sistemática por la violencia política en Colombia (Gómez-Suárez 2013; López 2010). Este fenómeno está íntimamente ligado a las narrativas predominantes en el contexto del conflicto armado colombiano. Entre los hechos históricos más relevantes se destaca la violencia que sufrió el partido político de la Unión Patriótica durante el periodo comprendido entre 1980 y 2000, el cual ha sido recientemente declarado como genocidio político por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Taylor 2023).
La violencia en contra de la oposición de izquierda continuó y se incrementó aún más durante la década de los 1990. En este periodo, candidaturas de partidos de izquierda como ADM-19, Esperanza, Paz y Libertad y el Polo Democrático fueron objeto de intimidación y amenazas constantes en territorios donde los grupos paramilitares ejercían control territorial. En su estudio, Fergusson et al. (2021) demuestran que en las elecciones de alcaldes, donde los candidatos de izquierda ganaron por un margen muy estrecho, se encontró un incremento de la probabilidad de acciones paramilitares de entre el 27 % y el 30 %. Este aumento se debe, en parte, a que las élites locales se sintieron amenazadas por la llegada al poder de la izquierda.
Aunque los niveles de violencia armada han disminuido en los últimos años, especialmente con la desmovilización de las FARC-EP y los grupos paramilitares, la narrativa nacional todavía sostiene que la oposición de izquierda es más vulnerable a la violencia electoral. Esta idea cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que las elecciones legislativas de 2022 estuvieron marcadas por una amplia simpatía popular hacia la coalición del Pacto Histórico, la cual mostraba en las encuestas un éxito electoral por un margen muy estrecho, ya que las élites regionales o grupos armados con control territorial buscaban minar el éxito electoral de este grupo. Por lo tanto, se podría sugerir que las candidaturas que se identificaban como de izquierda fueron más propensas a la violencia electoral durante su campaña, en comparación con las que se identifican como de centro o de derecha. Es importante aclarar que esto no quiere decir que la violencia provenga del partido de gobierno, sino que puede estar más relacionada a las coaliciones con poder político en las regiones.
H6: Las candidaturas que se autorreconocen como de izquierda son más propensas a reportar violencia electoral en comparación con las que se reconocen como de centro o de derecha.
4. La metodología y los datos
Para poner a prueba las hipótesis planteadas, se realizó una encuesta en línea a las candidaturas de las elecciones al Congreso de 2022 en colaboración con la MOE. El cuestionario constó de 47 preguntas y se implementó entre el 6 y el 26 de junio de 2022.
El marco muestral utilizado se definió con la información proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las 2.829 candidaturas registradas. Esta lista contenía información demográfica y de contacto; sin embargo, para 346 candidaturas no figuraban los datos de contacto. Ante esta situación, se buscaron correos electrónicos o, en su defecto, cuentas oficiales de Twitter y Facebook. Se enviaron múltiples invitaciones a los correos electrónicos de las candidaturas. Para mitigar los posibles sesgos de selección, las invitaciones al estudio nunca hicieron explícito el interés de indagar sobre la exposición a la violencia electoral, sino que los participantes fueron invitados con el propósito de conocer y entender sobre sus experiencias durante la campaña electoral (ver material suplementario).
En total, se recolectaron 702 encuestas, de las cuales se consideraron para el análisis 512 encuestas completas. La tasa de respuesta fue del 20 % del total de candidaturas, lo que se ajusta a los promedios de estudios internacionales similares (Freire et al. 2020). A pesar de que una importante cantidad (n = 190) de encuestados abandonaron la encuesta, no encontramos sesgos que pudieran afectar en general la calidad de la muestra ni los resultados (ver material suplementario). Así, la encuesta recopiló información sobre las trayectorias políticas, su activismo político y social, el proceso de acceso a avales, sus actividades de campaña, sus experiencias de violencia y algunas opiniones sobre la democracia colombiana.
En general, la muestra de conveniencia tiene características similares con respecto a las variables observables del universo:5 sexo, tipo de cámara, circunscripción, tipo de lista, posición en la lista y distribución geográfica para las candidaturas. Sin embargo, encontramos que los candidatos que buscaron reelección y que ganaron una curul fueron menos propensos a responder. Una razón que podría explicar la menor participación de estas candidaturas fue el momento de realización del trabajo de campo, que ocurrió durante la segunda vuelta presidencial. Posiblemente los congresistas electos estaban alineando sus estructuras políticas con alguno de los presidenciables, por lo que tuvieron menor disponibilidad para participar.
Con respecto a la representación de partidos en la muestra, esta tiene una distribución parecida al universo con respecto al Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, la coalición Centro Esperanza - Alianza Verde y la coalición de Partido MIRA - Justa Libres. Sin embargo, las candidaturas del Pacto Histórico, de Cambio Radical y del Centro Democrático fueron menos propensas a responder la encuesta.6 En términos geográficos, las candidaturas a la Cámara baja de los departamentos de Caldas, Huila y Putumayo están sobrerrepresentadas, mientras que para el resto de los departamentos se tienen proporciones similares. Estas limitaciones de la muestra serán discutidas en relación con los resultados del estudio. Adicionalmente, realizamos 28 entrevistas a profundidad con algunos de los encuestados para entender con mayor detalle las circunstancias y las motivaciones de la violencia electoral entre septiembre y octubre de 2022.
a. Consideraciones éticas
Teniendo en cuenta que la investigación sobre violencia política implica temas altamente sensibles, se plantean aquí consideraciones particulares en relación con el acceso y la confianza, la garantía de la seguridad de los encuestados y el equipo de investigación, y la necesidad de proteger los datos y establecer cuáles pueden compartirse (Davis y Wilfahrt 2023; Eriksson Baaz y Utas 2019). En consecuencia, para la encuesta el equipo de investigación realizó acciones que redujeron las potenciales afectaciones a los participantes y al equipo.
Primero, el proyecto pasó por un riguroso chequeo por la autoridad sueca encargada de revisar las consideraciones éticas de la investigación (Etikprövningsmyndigheten). Segundo, antes de aplicar la encuesta a la muestra, el cuestionario fue probado con dos grupos focales: uno de solo hombres y otro de solo mujeres (personas que fueron candidatas o electas en comicios previos), con el fin de revisar y probar cómo eran interpretadas las preguntas y cuáles resultaban incómodas.
Tercero, antes de comenzar la encuesta, nos aseguramos de que los participantes conocieran sobre los actores involucrados en el proyecto (MOE, la Universidad de Uppsala y los investigadores principales), la importancia de sus opiniones y la confidencialidad de los datos. Para recolectar la información se hizo uso de Qualtrics, plataforma internacionalmente reconocida y utilizada para la realización de encuestas en línea, la cual permite garantizar la confidencialidad y la seguridad de almacenamiento de los datos cuando las encuestas son autodiligenciadas por los participantes.
Cuarto, antes de comenzar el módulo de violencia, incluimos la siguiente aclaración: “las preguntas pueden ser sensibles, por ello, las respuestas son completamente confidenciales y sus respuestas son totalmente voluntarias”. Finalmente, la MOE y el equipo investigador compartieron los resultados con la población que respondió la encuesta, e incluso un 80 % manifestó que quería ser entrevistada a profundidad.
b. Variables dependientes: violencia electoral
En la encuesta indagamos sobre las experiencias de violencia electoral, utilizando la pregunta “¿Durante su tiempo como candidato/a en la campaña lo han…?”, y se listaron diferentes tipos de conductas, desde ataques físicos y amenazas hasta violencia sexual (ver tabla 1). Se pidió a los participantes que indicaran la frecuencia de cada una de estas conductas, desde “no” hasta “sí, siempre” (0-4).
Las doce conductas reportadas fueron agrupadas en cuatro categorías, que se describen en la tabla 1: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. Las definiciones para los tipos de violencia electoral se inspiran en la literatura de violencia contra las mujeres en la política (Krook 2020). La violencia psicológica se refiere a formas que buscan afectar el estado mental de la víctima con acciones como amenazas, insultos, acoso, ofensas y difamación. La violencia económica o patrimonial comprende destrucción del material de campaña, de la propiedad o la infraestructura. Finalmente, la violencia sexual es un comportamiento o conducta sexual no deseada que puede ir desde la acción física a la conducta verbal con naturaleza sexual. Es importante resaltar que estas definiciones son conceptuales y no siempre son excluyentes. En otras palabras, algunos hechos pueden catalogarse, por ejemplo, como formas de violencia física y sexual. Sin embargo, utilizamos estas definiciones para simplificar y dar claridad al problema, para lo cual creamos opciones de conductas diferenciadas en la encuesta según la conceptualización.
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los niveles de violencia reportada por las candidaturas encuestadas
Fuente: elaboración propia.
Para las cuatro categorías, primero, creamos una variable dicotómica que identifica si el candidato reportó al menos una conducta por tipo de violencia. Sin embargo, estas medidas no tienen en cuenta la frecuencia de la exposición a la violencia electoral; para medirla, creamos un indicador que mide el promedio de las doce formas de violencia. Para esto elaboramos un índice del promedio de la frecuencia con que las candidaturas estuvieron expuestas a alguna de las doce formas de violencia, acoso o intimidación. Esta medida tiene valores que van de 0 a 4: 0 significa que no sufrió violencia; 1, “al menos una vez”; 2, “de vez en cuando”; 3, “seguido”; y 4, “siempre”. En promedio, las candidaturas tienen un valor de 0,5 y el 75 % está entre 0 y 1, lo que también da cuenta de que en general las candidaturas están expuestas esporádicamente a estas formas de violencia.
c. Variables independientes
Con base en las hipótesis planteadas al inicio del estudio, hemos identificado dos grupos de variables independientes relevantes. El primero se refiere a características o factores de identidad de las candidaturas (edad, género, etnia y conflicto). El segundo está relacionado con la posición política de los entrevistados (izquierda vs. derecha).
Primero, para identificar las candidaturas jóvenes, creamos una variable a la que denominamos edad, para la cual preguntamos a los participantes de la encuesta “¿En qué año nació usted?” y calculamos los años del candidato hasta junio de 2022. En promedio, las candidaturas tenían 45,8 años, en un rango de 25 a 78 años. El 60 % de las candidaturas se ubican en un rango entre los 36 y 55 años de edad.
Para identificar el sexo de la candidatura, en la encuesta preguntamos: “¿Cuál es su género?”. Además de incluir las opciones hombre y mujer, agregamos no binario, hombre trans, mujer trans y no responde. Solo dos participantes se identificaron como no binario y uno como mujer trans. Estas tres encuestas fueron excluidas del análisis, en tanto no tenemos un número de observaciones que nos ayude a distinguir patrones estadísticos. Para esta variable codificamos como 1 si la candidatura se identificó como mujer y 0 para hombre.
Para identificar si el candidato hacía parte de una minoría étnica preguntamos: “¿Cómo se considera usted?, con las siguientes opciones de respuesta: indígena; gitano rrom; raizal; palenquero; negro, mulato o afrocolombiano; blanco o mestizo; ninguno de los anteriores. En su mayoría, las candidaturas se autorreconocieron como blanco y mestizo (55 %) y, sorprendentemente, otra importante proporción, como ninguno de los anteriores (22 %). En una menor proporción están los indígenas (6 %), los afros (17 %), un candidato que se autorreconoce como gitano y otro como palenquero. Para esta variable decidimos codificar minorías étnicas con 1 si el candidato pertenece a los afros, indígenas, gitanos o palenqueros; y con 0 el resto. Finalmente, codificamos a todas las candidaturas que se identificaron como candidatos de las curules transitorias de paz (Citrep) como 1 y como 0 cuando no era el caso. En total, la muestra de análisis recolectó 70 candidaturas Citrep.
Para la identificación del espectro ideológico entre izquierda y derecha, les preguntamos a las candidaturas: “Teniendo en cuenta las tendencias políticas, entre el rango de derecha, centro-derecha, centro, centro-izquierda o izquierda, ¿cómo se describiría usted?”. Para esta pregunta, la mayoría de las candidaturas se identificó como de izquierda y centro-izquierda (34 %), seguido de derecha y centro-derecha (27 %) y, finalmente, de centro (26 %). Es importante advertir que una proporción importante de encuestados no quiso responder esta pregunta (14 %). Para esta variable se asignó el valor de 1 para las candidaturas que se identificaron como de izquierda y centro-izquierda, y 0 a los de centro, centro-derecha y derecha.7
d. Controles
La estrategia de análisis de este estudio prevé incluir como variables de control factores que posiblemente influencian la probabilidad de reportar violencia electoral. La primera variable es si la candidatura sufrió o no violencia electoral en elecciones pasadas. Suponemos que aquellas candidaturas con experiencia previa de violencia son más conscientes y, por lo tanto, más propensas a reportar. En la encuesta les preguntamos a las candidaturas: “Pensando en sus candidaturas previas, ¿alguna vez ha sido atacado físicamente, amenazado o intimidado durante sus experiencias previas de campaña?”. Para esta pregunta asignamos 1 si el candidato respondió sí y 0 si reportó no.
La segunda variable mide el nivel de visibilidad pública durante la campaña. Esto porque las candidaturas más visibles tienden a reportar mayores niveles de violencia (Håkansson 2021). En la encuesta les preguntamos a las candidaturas qué actividades realizaron. Asignamos el valor de 1 si el candidato realizó al menos alguna de las siguientes actividades: 1) entregar volantes, afiches y otro material de campaña en la calle; 2) discursos públicos y eventos en plaza pública; 3) propaganda en medios masivos (periódicos, radio o TV); y 4) campañas en redes sociales.
La tercera, cuarta y quinta variables de control hacen referencia a la experiencia político-electoral de la candidatura. Primero, identificamos si fue su primera experiencia de campaña político-electoral (1) o si habían sido candidatos previamente (0). Segundo, les preguntamos a las candidaturas “¿Cuántos años lleva usted participando en actividades político-electorales como voluntario, empleado y/o candidato?”. En promedio, las candidaturas afirmaron tener 12 años de experiencia, pero la mitad de las candidaturas reportaron entre 0 y 10 años. Tercero, usualmente la experiencia también está relacionada con el nivel de educación de las candidaturas. La encuesta identificó que un 75 % reportó algún nivel universitario (pregrado, maestría y doctorado), así que incluimos una variable que midiera si la candidatura tenía nivel universitario (1) o no (0).
La sexta variable identificó si la candidatura pertenecía a una lista abierta (1) o a una lista cerrada (0). Creemos que las candidaturas que reportaron mayores niveles de violencias fueron aquellas que se lanzaron por listas abiertas, pues hacían campañas a su nombre, por lo que es más plausible que, por el carácter personalista, fueran más propensas a sufrir violencia electoral.
Finalmente, identificamos si el candidato se lanzó por Senado (1) o por la Cámara de Representantes (0). En este caso esperamos que los senadores tuvieran menores riesgos de formas de violencia, considerando que sus campañas cuentan con amplias libertades para definir dónde realizan sus actividades proselitistas, mientras que las candidaturas de Cámara están más limitadas y su espacio de campaña esta circunscrito a los límites del departamento. En aquellos departamentos donde el Estado es más ausente, puede que las candidaturas estuvieran más propensas a reportar formas de violencia.
Para estimar la probabilidad de reportar o no hechos de violencia electoral durante las elecciones legislativas del 2022 de los diferentes perfiles de candidaturas, utilizamos modelos de regresión lineal. Aunque las variables dependientes son dicotómicas y, usualmente, se recomienda la estimación de regresiones logísticas o probit, recientemente estudios en econometría demuestran que las regresiones lineales son mejores para interpretar los coeficientes y no afectan considerablemente el análisis de estimaciones probabilísticas (Angrist y Pischke 2009). Adicionalmente, se incluyó en las estimaciones efectos fijos por departamento, con el propósito de tener en cuenta las características y dinámicas de contexto que los candidatos de Cámara debieron enfrentar, especialmente en aquellos departamentos donde la presencia de grupos armados ilegales es más notoria (i. e. Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Arauca).
5. Hallazgos para los factores de identidad
La tabla 2 presenta los resultados obtenidos al estimar la probabilidad de reportar violencia electoral durante la campaña legislativa de 2022, en relación con la edad, el género, la pertenencia a una minoría étnica y ser candidato a una curul de paz. Cada fila presenta los coeficientes de las variables independientes con sus controles y efectos fijos por departamento, utilizando diversas especificaciones del modelo estadístico.
Los hallazgos indican que hay una asociación negativa y significativa entre la edad y la probabilidad de reportar con mayor frecuencia violencia psicológica y sexual, y violencia electoral. Es decir, a medida que la edad de la candidatura aumenta, es menos probable que informe estar expuesta a violencia física, psicológica y sexual. Al estimar las probabilidades de una candidatura joven de reportar violencia electoral cuando las variables de control se mantienen en sus valores promedios, el efecto marginal de la edad muestra que las candidaturas más jóvenes (25 años) tienen una probabilidad del 66 % de reportar violencia psicológica y del 37 % de reportar violencia sexual, mientras las candidaturas mayores (65 años) tienen una probabilidad de reportar el 46 % y el 20 %, respectivamente.
Esto es coherente con la hipótesis H1, la cual afirma que las candidaturas más jóvenes fueron más propensas a reportar violencia electoral que las candidaturas de personas mayores. Una posible explicación para que los candidatos más jóvenes reporten mayores niveles de violencia psicológica podría estar relacionado con el mayor uso de las redes sociales que, como lo hemos explicado, es la estrategia predominante en sus campañas. Esto los hace más visibles, pero también los expone a ataques más frecuentes por los bajos costos de oportunidad que implica amenazar, insultar o acosar a candidatos en medios como Twitter, Facebook o Instagram.
Tabla 2. Tipos de violencia electoral asociados a factores identitarios de las candidaturas
| Variables dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de frecuencia | Violencia física | Violencia económica | Violencia psicológica | Violencia sexual | |
| Edad | -0,007*** | -0,002 | -0,003 | -0,005*** | -0,004** |
| (0,002) | (0,002) | (0,002) | (0,002) | (0,002) | |
| Mujer | 0,093* | -0,041 | -0,042 | -0,048 | 0,332*** |
| (0,049) | (0,039) | (0,042) | (0,036) | (0,043) | |
| Minorías étnicas | -0,045 | 0,032 | 0,020 | 0,038 | -0,043 |
| (0,075) | (0,059) | (0,065) | (0,055) | (0,066) | |
| Citrep | 0,127 | 0,205*** | 0,120 | 0,002 | 0,011 |
| (0,092) | (0,072) | (0,079) | (0,068) | (0,081) | |
| Violencia electoral previa | 0,620*** | 0,436*** | 0,396*** | 0,296*** | 0,222*** |
| (0,050) | (0,039) | (0,043) | (0,037) | (0,044) | |
| Visibilidad | 0,209 | 0,098 | 0,354** | 0,320** | 0,228 |
| (0,177) | (0,139) | (0,152) | (0,129) | (0,156) | |
| Primera vez | -0,130** | 0,019 | -0,086* | -0,040 | -0,080* |
| (0,055) | (0,043) | (0,047) | (0,040) | (0,048) | |
| Experiencia político-electoral | 0,003 | 0,003 | 0,004* | 0,002 | -0,001 |
| (0,002) | (0,002) | (0,002) | (0,002) | (0,002) | |
| Estudios universitarios | 0,090 | 0,063 | -0,001 | -0,023 | 0,051 |
| (0,059) | (0,047) | (0,051) | (0,044) | (0,052) | |
| Lista abierta | 0,030 | -0,027 | -0,021 | 0,054 | 0,030 |
| (0,061) | (0,047) | (0,052) | (0,044) | (0,053) | |
| Senado | 0,058 | -0,003 | 0,030 | 0,078 | -0,108 |
| (0,112) | (0,087) | (0,096) | (0,082) | (0,098) | |
| Constante | 0,599 | 0,178 | 0,643* | 0,750** | 0,390 |
| (0,427) | (0,334) | (0,365) | (0,310) | (0,375) | |
| Observaciones | 492 | 491 | 489 | 485 | 492 |
| R2 | 0,408 | 0,330 | 0,310 | 0,253 | 0,224 |
| R2 ajustado | 0,352 | 0,267 | 0,245 | 0,182 | 0,152 |
Nota: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: elaboración propia.
En relación con el género, los resultados revelan que las mujeres candidatas tienen una mayor probabilidad de reportar hechos de violencia sexual y de experimentar con mayor frecuencia la violencia electoral en comparación con los hombres. Sin embargo, los resultados relacionados con la frecuencia no son muy robustos (p < 0,1). Los efectos marginales para la violencia sexual dan cuenta de que las mujeres tienen un 33 % más de probabilidad de reportar violencia sexual que los hombres. Estos resultados confirman la hipótesis H3.
Sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa con la violencia psicológica (H2), lo cual difiere de lo hallado en contextos internacionales (Bjarnegård 2023; Collignon y Rüdig 2020; Håkansson 2021). Una posible explicación para estos resultados es que la violencia, la intimidación y el acoso psicológico son muy elevados en Colombia a raíz de los altos niveles de violencia política, que parecen no tener una preponderancia entre las mujeres. Resultados similares fueron encontrados en Sri Lanka (Bjarnegård, Håkansson y Zetterberg 2022).
En entrevistas con candidatos y candidatas, describían que los rumores, insultos, comentarios agresivos y amenazas ocurrían muy frecuentemente durante las campañas políticas. Por ejemplo, una candidata por el Partido de la U, sin trayectoria política y que entró sin conocer mucho de la política electoral, afirmaba: “La gente escribía que uribistas, que bla bla bla, que ojalá se vaya a morir por estar en ese partido, cosas más directas, como ‘ojalá le dé Covid por estar en ese partido’ […] cosas así, pesadas” (candidata al Senado, 24 de septiembre, 2022). Una mujer candidata del Pacto Histórico y con trayectoria política previa de Cambio Radical relataba: “[Según ellos] yo era mafiosa, era paraca, que tenía una fortuna, en no sé qué país escondido [según sus compañeros del Pacto]. Mi hijo menor monta bicicleta y a él lo cogieron a piedra. Es que ese es el tema de no manejar la responsabilidad de uno de botar mensajes y tú sabes que le estás hablando a chicos apasionados, pero entiendo que hay una radicalización” (candidata a Cámara de Representantes, 6 de octubre del 2022).
No obstante, a pesar de que tanto hombres como mujeres candidatas reportaron tasas similares de violencia psicológica, en la encuesta identificamos que esta tiene un contenido diferente para las mujeres y para los hombres. De hecho, las mujeres reportan más contenido que tiende a reforzar los estereotipos de género, como los roles en el hogar, formas de vestir, experiencia profesional, etc., en comparación con los hombres (Duque-Salazar, Salazar-Escalante y Sarmiento 2022).
Estos resultados también sugieren que puede existir una relación entre la edad y el género con respecto a la exposición a la violencia sexual. Con el propósito de identificar si hay aspectos interseccionales entre el sexo y la edad, se realizaron análisis complementarios en los que interactuaron estas dos variables (ver tabla C1 en el material suplementario). Los resultados de los análisis revelan que las mujeres más jóvenes son más propensas a reportar hechos de violencia sexual en comparación con las mujeres mayores y los hombres participantes. Además, esto también podría indicar que las mujeres más jóvenes son más conscientes y reconocen comportamientos que pueden ser considerados como acoso sexual.
En varias de las entrevistas a mujeres jóvenes, reportaban con más frecuencia eventos en los que se sentían acosadas sexualmente. Por ejemplo, cuando el votante se acercaba de una manera incómoda, las abrazaba o hacía comentarios sexuales sobre su apariencia física, mientras que las mujeres mayores, aunque habían escuchado de estos hechos en su carrera política, afirmaban nunca haber sido víctimas de tales vulneraciones. Por ejemplo, una de las candidatas afirmó: “Bueno, por el Messenger de Facebook, sí me escribían de todo. Me mandaban fotos y me acosaban todo el día. Sí, ahí sí, incluso ‘mamacita, voy a votar por ti. Estás rica’ […] un poco de comentarios así. Y un montón de fotos horribles de todo, eso sí, pero por el interés” (candidata a la Cámara, 23 de septiembre de 2022).
Ahora bien, con respecto a la hipótesis sobre minorías étnicas (H4) y candidaturas de Citrep (H5), los resultados confirman algunas de nuestras intuiciones teóricas. En primer lugar, no se encontró evidencia estadísticamente significativa que indique que las minorías étnicas sean más propensas a reportar niveles de violencia física, lo que rechaza nuestra H4. Esto es sorpresivo, considerando que muchas de estas candidaturas se lanzan en regiones donde hay actores armados ilegales y la presencia del Estado para proteger las candidaturas es mínima. Dado que la identificación étnica no ha sido una motivación de los actores armados o grupos políticos para amenazar, asesinar o atacar a las candidaturas, puede que esto parcialmente explique por qué no se observan diferencias significativas entre las candidaturas que se autodenominan como indígenas y afrodescendientes en comparación con el resto.8 No recolectamos información cualitativa que nos permita entender el porqué de estos resultados, por lo que este hecho debería ser atendido con más profundidad en nuevas investigaciones sobre este fenómeno.
Para las candidaturas de Citrep, los hallazgos dan cuenta de que estas candidaturas fueron más propensas a reportar violencia física (H5); los efectos marginales indican que tuvieron un 21 % más de probabilidad, en comparación con las candidaturas ordinarias. Realizamos un análisis complementario dividiendo la muestra entre candidaturas de Citrep y las ordinarias (ver tablas C2 y C3 en el material suplementario) para, primero, asegurarnos de que los resultados de género, edad y minorías se sostienen al dividir la muestra; y segundo, para identificar si la relación de género, edad y etnia es diferente para las candidaturas de Citrep. Inicialmente, los resultados principales se mantienen e incluso las diferencias estadísticas son más robustas al excluir las candidaturas de Citrep (tabla C3 en el material suplementario).
Para las candidaturas Citrep hay algunas diferencias que se pueden observar con más claridad con respecto a las candidaturas ordinarias. En general, los hombres de las curules de paz fueron más propensos a reportar exposición a violencia electoral, y ataques físicos y económicos, mientras que las mujeres fueron más propensas a sufrir hechos de violencia sexual (tabla C3 en el material suplementario). Para estas candidaturas, la edad no parece estar asociada a varios tipos de violencia, como se observó en las candidaturas ordinarias; sin embargo, las candidaturas de mayor edad de Citrep sí reportaron mayores hechos de violencia psicológica.
Esto indica que, en general, las candidaturas a las curules de paz fueron particularmente vulnerables frente a la violencia física, y los hombres fueron víctimas de las violencias más severas, como los ataques físicos y el ataque a sus propiedades y materiales de campaña. Las mujeres de las curules de paz también fueron afectadas y, siguiendo la tendencia de las candidaturas ordinarias, fueron también víctimas principalmente de violencia sexual. Específicamente, los hombres tienen 29 % más de probabilidad de reportar ser víctimas de violencia física en comparación con las mujeres, mientras las mujeres tienen un 27 % más de probabilidad de reportar violencia sexual en comparación con los hombres. Aunque fue un mecanismo creado para promover la participación política de las comunidades afectadas por la guerra, estos candidatos fueron los que sufrieron más violencia física.
6. Hallazgos para los factores de ideología
Finalmente, nuestros resultados respecto a la relación entre la ideología política y la exposición a la violencia electoral no muestran diferencias significativas (tabla 3) entre las candidaturas que se autorreconocen como de izquierda, en comparación con sus contrapartes de centro-derecha (H6). Las estadísticas descriptivas de la encuesta muestran que las candidaturas de izquierda reportaron tasas similares de violencia física (32 % vs. 28 %), violencia económica (60 % vs. 58 %) y violencia psicológica (84 % vs. 82 %), en comparación con las candidaturas de centro y derecha. Aunque se observan algunas diferencias porcentuales que indican que las candidaturas de izquierda son relativamente más afectadas, estas diferencias no son estadísticamente significativas. El único resultado significativo se relaciona con las candidaturas de izquierda que fueron más propensas a reportar hechos de violencia sexual en comparación con las de centro y derecha, pero los resultados no son muy robustos (p < 0,1). La probabilidad de que una candidatura de centro y de derecha reporte un hecho de violencia sexual es del 27 %, mientras para la candidatura de izquierda es del 50 %; es decir, hay una diferencia de 23 puntos porcentuales.
Tabla 3. Tipos de violencia electoral asociados a las candidaturas de izquierda
| Variables dependientes | |||||
| Índice de frecuencia | Violencia física | Violencia económica | Violencia psicológica | Violencia sexual | |
| Izquierda | 0,040 | -0,043 | 0,040 | 0,054 | 0,232* |
| (0,057) | (0,046) | (0,048) | (0,039) | (0,135) | |
| Violencia electoral previa | 0,593*** | 0,399*** | 0,390*** | 0,275*** | 0,635*** |
| (0,056) | (0,045) | (0,047) | (0,039) | (0,133) | |
| Visibilidad | 0,185 | -0,047 | 0,356 | -0,001 | 0,612 |
| (0,270) | (0,214) | (0,225) | (0,184) | (0,634) | |
| Primera vez | -0,059 | 0,061 | -0,058 | -0,006 | -0,011 |
| (0,060) | (0,047) | (0,050) | (0,041) | (0,140) | |
| Experiencia político-electoral | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | -0,008 |
| (0,003) | (0,002) | (0,002) | (0,002) | (0,006) | |
| Estudios universitarios | 0,116 | 0,064 | -0,027 | -0,005 | 0,098 |
| (0,071) | (0,056) | (0,059) | (0,049) | (0,166) | |
| Lista abierta | 0,018 | -0,025 | -0,050 | 0,126*** | 0,079 |
| (0,070) | (0,056) | (0,059) | (0,048) | (0,165) | |
| Senado | 0,086 | 0,007 | 0,040 | 0,073 | 0,070 |
| (0,112) | (0,089) | (0,094) | (0,077) | (0,264) | |
| Constante | 0,260 | 0,197 | 0,535 | 0,726** | -0,467 |
| (0,471) | (0,373) | (0,393) | (0,321) | (1,107) | |
| Observaciones | 406 | 405 | 403 | 401 | 406 |
| R2 | 0,383 | 0,284 | 0,298 | 0,209 | 0,144 |
| R2 ajustado | 0,317 | 0,208 | 0,223 | 0,124 | 0,053 |
Nota: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: elaboración propia.
Por un lado, es posible interpretar esta evidencia como que las mujeres de la izquierda han sido más afectadas por la violencia sexual, debido a las estructuras de poder masculinas que rigen los movimientos y partidos de izquierda, o por los ataques misóginos que pueden también venir de votantes radicalizados de la extrema derecha. Sin embargo, dado que nuestro método de recolección de datos es a través del autorreporte, los resultados revelarían que las mujeres de la izquierda son más conscientes y reconocen con más facilidad las conductas de acoso y abuso sexual en comparación con las de centro y derecha. De hecho, varias de las denuncias públicas que han sido realizadas recientemente sobre el acoso sexual en la política se refieren a hechos de violencia sexual perpetrados por hombres de izquierda (“‘Qué vergüenza esta vendedora’” 2023; Osorio 2023).
Adicionalmente, teniendo en cuenta que la encuesta tuvo como limitante la representación de candidaturas de los extremos ideológicos (i. e. Pacto Histórico y Centro Democrático), es probable que las estimaciones estén sesgadas por esta limitación. Seguramente, las estimaciones para ambos extremos en relación con la violencia pueden ser mucho más altas que las que identificamos. También es importante decir que el número de observaciones para el análisis de la ideología disminuye, ya que esta pregunta fue realizada al final de la encuesta, por lo que es posible que haya algunas diferencias sistemáticas por ideología debido al abandono sistemático.
Hemos realizado pruebas estadísticas complementarias que buscan, por un lado, revisar si los resultados son robustos y, por el otro, resolver algunas de las limitaciones de la muestra. Primero, hicimos el mismo análisis incluyendo las variables de identidad (edad, minorías, género y Citrep) (tabla D6, material suplementario) para identificar si los efectos son consistentes al incluir las otras variables independientes. Segundo, llevamos a cabo análisis separados entre candidaturas de, Citrep y no Citrep (tablas D1-2, material suplementario) para identificar si las candidaturas de Citrep afectan las estimaciones de los candidatos de izquierda, ya que una gran mayoría de estas candidaturas se ubican en dicho grupo ideológico. Tercero, incluimos la variable de control que identifica el estrato socioeconómico (tablas D3, material suplementario) como control que puede estar relacionado con la probabilidad de sufrir violencia electoral e identificarse como de izquierda. En Colombia, hay también una importante asociación entre la clase y la identificación ideológica. Cuarto, utilizamos las medidas de frecuencia para todas las formas de violencia (tablas D5, material suplementario) para observar si los resultados se mantienen al usar una medida alternativa para nuestra variable dependiente. Estos análisis confirman los resultados, pues no se ven sustancialmente afectados por los cambios en las especificaciones del modelo, las medidas alternativas y los cambios en la muestra.
Estos resultados son sorpresivos dada la narrativa histórica predominante sobre la violencia electoral en contra de la izquierda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta ha sido resultado de las disputas ideológicas que han predominado en los discursos de las campañas políticas durante los últimos treinta años (González 2014). Esto ha puesto a las guerrillas, los grupos paramilitares y la fuerza pública como los principales responsables de la violencia política, así como de la violencia electoral en periodos de álgida confrontación, y en un papel relativamente marginal a terceros (e. g. políticos y empresarios). Sin embargo, al ampliar la gama de conductas de violencia electoral, yendo más allá de la violencia letal o física, encontramos que las formas de violencia no siguen los patrones esperados de que las candidaturas de izquierda reporten más hechos de violencia que el resto del espectro ideológico.
En la encuesta preguntamos a las candidaturas sobre los responsables de la violencia electoral durante su campaña. El 69,5 % afirmaron que fueron miembros o líderes de sus propios partidos o de partidos rivales, el 63 % la atribuyeron a los votantes y medios de comunicación, el 46 %, a grupos armados ilegales y el 15 % afirmó que habían sido personas cercanas a su núcleo familiar. Esto confirma parte de nuestra intuición: adoptar unas conductas más amplias en la definición de la violencia electoral nos permite observar cambios en la jerarquía de los perpetradores. Es decir, los actores armados del conflicto dejan de ser los mayores responsables y los políticos ocupan este lugar. También puede darnos luces sobre el porqué no encontramos diferencias sistemáticas por ideología, puesto que puede ser que todos los grupos políticos utilicen formas de violencia no letal para ganar las elecciones.
De hecho, durante las elecciones presidenciales de 2022, las candidaturas con más opciones -Gustavo Petro Urrego por el Pacto Histórico, Federico Gutiérrez como candidato del Gobierno y de los partidos tradicionales, y posteriormente Rodolfo Hernández, quien recibió el apoyo del establecimiento- denunciaron amenazas contra su vida en algún momento de la campaña electoral (Toledo-Leyva 2022). Varias de esas amenazas no estuvieron asociadas a grupos armados. La literatura internacional en torno a la violencia electoral ha llamado la atención sobre la necesidad de entender las dinámicas de la violencia electoral haciendo una distinción entre los actores que están por fuera del sistema político y buscan evitar que la democracia funcione (i. e. FARC-EP), y aquellos que utilizan la violencia para competir y acceder al poder político bajo el sistema democrático (i. e. clanes políticos, maquinarias, élites regionales) (Staniland 2014). Esto debe ser profundizado en la academia para vencer los estereotipos.
En cualquier caso, debemos tener en cuenta las limitaciones de la muestra con respecto a los efectos de atrición, así como la subrepresentación de los partidos más extremos. Si bien estos resultados sugieren pocas diferencias en la afectación por la violencia de acuerdo a la ideología política de las candidaturas, consideramos que este asunto debe ser investigado más a fondo. No es una novedad que los estereotipos ideológicos sean usados por los votantes y los actores políticos para atacar a las candidaturas. Por esta razón, una investigación más detallada sobre las dinámicas de la ideología puede develar mejor por qué no encontramos resultados significativos.
Conclusiones
Los hallazgos del estudio demuestran que las características asociadas a la identidad fueron los principales factores de riesgo de violencia electoral para las candidaturas en las elecciones legislativas de 2022, incluso de manera más predominante que su identificación ideológica. Sin embargo, las formas de violencia que experimentan las candidaturas varían dependiendo de su perfil.
Primero, vale la pena resaltar que la encuesta permitió revelar datos más precisos sobre la incidencia de la violencia electoral en contra de las candidaturas. Mientras que la MOE había registrado que el 1 % de las candidaturas al Congreso fueron víctimas de alguna forma de violencia física como amenazas y atentados, la encuesta reveló que el 30 % de las candidaturas encuestadas fueron víctimas de violencia física. Esto muestra que la encuesta ayuda a resolver algunos de los problemas de subreporte sobre la violencia electoral que existen en el conjunto de candidaturas.
Segundo, los resultados sobre los perfiles dan cuenta de que las personas jóvenes y las mujeres son más propensas a sufrir hechos de violencia sexual y psicológica, mientras las candidaturas de víctimas del conflicto por las curules de paz fueron más propensas a sufrir violencia física. Si bien parecería contraético el ejercicio de jerarquizar las formas de violencia, quisiéramos resaltar aquellas que ponen en mayor riesgo la vida de las candidaturas. Al respecto, podríamos afirmar que, en principio, las candidaturas en zonas de conflicto armado son las que más constantemente pusieron su vida en riesgo. Así, si bien la implementación del acuerdo de paz quería darles representación a las víctimas, esta oportunidad no fue acompañada con condiciones de seguridad y, por tanto, muchas de estas candidaturas sufrieron múltiples atentados contra su vida (“Atentan contra dos candidatos” 2022).
De igual modo, es importante resaltar las preocupantes cifras de violencia sexual, ya que candidaturas jóvenes y mujeres reportaron haber sido acosadas durante su campaña. Los patrones indican que la violencia sexual también puede ser un problema de fondo en las esferas de los partidos, las campañas y en las elecciones, algo que ha sido poco investigado en Colombia. De hecho, nuestro resultado relacionado con que las candidaturas de izquierda reporten más hechos de violencia sexual puede estar relacionado con estás dinámicas, que están cobrando mayor atención pública y deben ser investigadas con mayor profundidad dentro de los partidos políticos. En un reporte previo sobre la encuesta, indicamos que las cifras de violencia sexual durante campañas electorales son significativamente más altas en comparación con estudios similares sobre candidaturas al parlamento en México y el Reino Unido (Duque-Salazar, Salazar-Escalante y Sarmiento 2022).
Tercero, los resultados obtenidos cuestionan la narrativa predominante sobre la violencia desproporcionada que ha sufrido históricamente la izquierda en Colombia. Sin embargo, es posible que estos resultados sean producto de un contexto en el que los móviles del conflicto armado ya no son la principal causa de la violencia electoral, como lo fueron en décadas previas. En la actualidad, es posible que la violencia sea producto de un contexto de elecciones extremadamente polarizadas y competitivas. Ambos espectros políticos están expuestos a la violencia electoral, lo que plantea la pregunta de si, en general, la violencia es per se parte de las estrategias electorales para ganar campañas. Esto es algo que ha recibido una amplia investigación en la literatura colombiana, pero siempre desde el marco del conflicto armado. No obstante, reiteramos la relevancia de desarrollar este aspecto con mayor profundidad en futuros estudios, teniendo en cuenta las limitaciones de la muestra y el problema de subrepresentación de algunos partidos.
Cuarto, esta investigación sobre violencia en las recientes elecciones en Colombia introduce la necesidad de abordar la identidad de los políticos, en relación con su edad, género y pertenencia étnica, como elemento clave para el abordaje del fenómeno desde las políticas públicas, los actores políticos y futuras investigaciones, con miras a responder ante las diferentes formas de violencia, más allá de la violencia física, para profundizar y ampliar la democracia en Colombia. La encuesta mostró que dependiendo de estos factores, se es más o menos propenso a ciertas formas de violencia, y permitió entrever cómo algunas identidades que padecen estructuras de discriminación por razones de género, edad y etnia pueden ser más propensas a reportar hechos de violencia electoral. De manera particular, para el caso de las mujeres, se encontró que los estereotipos de género hacen parte de la violencia psicológica reportada.
En este sentido, los resultados tienen implicaciones de política pública para el diseño de acciones preventivas desde el Estado y los partidos políticos orientadas a proteger a las candidaturas que sean más vulnerables a sufrir ciertos ataques y, en general, para abordar las violencias sexuales y psicológicas en los diferentes reglamentos, protocolos y directrices al respecto, tanto dentro de los partidos como por parte de las entidades estatales. De igual modo, es significativo que el Estado y los partidos políticos realicen ejercicios de autorreporte y diagnóstico de las violencias durante todas las etapas del ciclo electoral, con el objetivo de generar acciones de respuesta y protección a las víctimas de modo inmediato, que incentiven los reportes y denuncias por estos hechos. Países como Suecia utilizan estas estrategias para hacer seguimiento a la violencia en contra de sus funcionarios públicos.
Por último, queremos enfatizar que, a pesar de que la encuesta no indaga a profundidad sobre los actores responsables de la violencia, este es también un asunto relevante para comprender el fenómeno, puesto que las formas de violencia, a quién se dirigen y los móviles pueden variar dependiendo de quién la ejerce. En consecuencia, esta dimensión deberá ser estudiada con mayor detenimiento en futuras investigaciones.
