Respuestas estratégicas a partir de la relación organización-entorno

Las organizaciones empresariales están inmersas en un entorno dinámico e incierto que las afecta, pero a su vez las organizaciones con su accionar pueden modificar el entorno. Aunque en la perspectiva clásica de la teoría de la organización estas eran consideradas principalmente como sistemas cerrados, casi aislados de su entorno, los desarrollos teóricos ulteriores han dado valor al análisis de la organización como un sistema abierto influido por las variables del entorno. El enfoque propuesto por ^{Bertalanffy (1989)} le apuesta a una comprensión más amplia y general de los sistemas, lo que da cuenta de los procesos de interacción que se presentan entre sus componentes; esto supera la visión de sistemas insertos en entornos estables (^{Morgan, 2006}).

Autores como ^{Emery y Trist (1965)} se refirieron a las diversas definiciones del entorno en función de sus condiciones, estructura y clasificación. En un abordaje inicial del concepto de entorno, se comprende como un ensamble de aspectos que rodean a la organización, y que establecen restricciones a su actuar y, asimismo, al alcance de estas acciones, lo que incide en la dinámica propia de la organización y de quienes la conforman (^{Dill, 1958}; ^{Katz y Kahn, 1966}; ^{Lawrence y Lorsch, 1967}, ^{Duncan, 1972}).

En consecuencia, una definición inicial del entorno incluye a los factores que rodean la organización e impactan su comportamiento, bien sea facilitando o restringiendo sus acciones. Los cambios que se dieron en el mundo a partir de la posguerra implicaron grandes modificaciones en los sistemas socioeconómicos y políticos, así como una oleada de transformaciones tecnológicas, que a la luz de la aparición de las grandes corporaciones y la consecuente rivalidad en los mercados hizo posible el surgimiento de diferentes herramientas que le permitieron a las organizaciones una mayor comprensión del entorno y su impacto (^{Sanabria, 2004}; ^{Etkin y Schvarstein, 2005}). Esto llevó a una visión mucho más amplia del entorno, y dio cuenta de la infinidad de elementos que lo conforman y de su carácter externo, con lo cual se asumió la imposibilidad organizacional de establecer acciones directas para modificar su propio entorno, lo que limita las elecciones estratégicas (^{Osborn y Hunt, 1974}; ^{Ford y Slocum, 1977}; ^{Astley y Fombrum, 1983}).

Por aquella época se consolidaron organizaciones empresariales en diferentes latitudes, en parte, gracias a medidas proteccionistas que llevaron a la creación y consolidación de grupos empresariales, y de esta manera se adquirió un poderío político y económico que les permitió tener una cierta injerencia en la configuración de algunas variables del entorno. Esta dinámica permitió la estructuración de un nuevo esquema de relaciones bajo una lógica de doble vía. Así, se fueron dejando de lado las nociones de equilibrio y estabilidad, usadas para aproximarse a la comprensión de las organizaciones hasta mediados de los años setenta (^{Ferrandon, 2004}; ^{Navarro, 2000}).

Hacia los años setenta, surge un autor representativo en el área de la estrategia, Michael Porter, quien desarrolla aproximaciones que dan cuenta del nuevo panorama competitivo que enfrentan las empresas, a partir de una comprensión de las fuerzas del entorno y de la configuración de la industria, como determinantes de las elecciones estratégicas (^{Porter, 1979}, ¹⁹⁸⁰). A partir del desarrollo de su concepto de ventaja competitiva, Porter deja de poner la industria en el centro y le da un lugar más preponderante al entorno en el marco de una relación complementaria (^{Porter, 1985}; ^{Pulgarín y Rivera, 2012}).

A medida que el concepto de entorno se involucraba más activamente en el estudio de las organizaciones, específicamente en la estrategia, se sumaban aspectos a su análisis para una visión más amplia de este, incluyendo aspectos económicos, sociales, culturales y políticas (^{Scott y Meyer, 1994}; ^{Thompson, 2003}). Autores como ^{Lemaire (1997)} proponen un abordaje del entorno a partir de tres ejes: político-reglamentario, socioeconómico y tecnológico.

En la propuesta de ^{Lemaire (1997)} se sobreentiende la relación organización-entorno como un vínculo en el cual este presiona a las organizaciones, a través de diferentes mecanismos y de forma asimétrica en función de la dinámica del entorno. La incertidumbre propia del entorno lleva a cambios abruptos o graduales en las organizaciones, que deben generar mecanismos de adaptación de estas, que el autor denomina respuestas estratégicas. Si bien se asume que el entorno afecta a la organización, se puede dar una relación inversa en la cual la organización incide y modifica el entorno, particularmente en el caso de grandes corporaciones y grupos empresariales (^{Smircich y Stubbart, 1985}; ^{Stiglitz, 2007}). Aunque existen diferentes niveles de impacto por parte de las variables del entorno sobre la organización, se dan respuestas estratégicas, que deben integrar las restricciones y condiciones del entorno y la organización (^{Rodríguez-Romero y Duque, 2008}; ^{López y Mariño, 2010}).

Las organizaciones y su entorno están en constante interacción, dejando de lado la concepción estática y, a su vez, tornando la relación compleja.

Por esta razón, resulta conveniente recurrir a conceptos que puedan involucrar estas consideraciones, como el de turbulencia. Según ^{Rivera (2010)}, Ansoff fue el encargado de popularizar este concepto tras manifestar que la razón de ser de la actividad gerencial está en gestionar las condiciones cambiantes propias de la organización (^{Ansoff, 1965}). Para Rivera, el concepto de turbulencia acoge factores internos y externos, por lo que la relación entorno-empresa constituye tan solo uno de los aspectos por analizar respecto a la turbulencia, en lugar de definirlo en su totalidad. De allí, la importancia de estudiar el dinamismo de una situación turbulenta, con sus particularidades y mutaciones.

Conglomerados empresariales o grupos económicos

La noción de conglomerado está vinculada a la evolución del capitalismo. De acuerdo con ^{Ayala (2000)}, hasta los años treinta las corporaciones funcionaban de manera "unitaria"; sin embargo, las dinámicas de la economía condujeron a formas distintas de la organización empresarial. Según este autor:

Hasta los años treinta las corporaciones se organizaba de acuerdo con la forma U, esta consistía en una estructura unitaria que dividía la empresa por función: manufactura, mercadotecnia, finanzas y otras [...]. Con el crecimiento de las corporaciones surgieron problemas de control que llevaron al establecimiento de una estructura multidivisional [...]. Con este modelo se separaron las decisiones estratégicas y el control asignados a una oficina general o CEO de las decisiones operativas. Una vez que se entendieron las ventajas de la forma multidivisional, alrededor de los años sesenta, surgieron las corporaciones conglomerados. (p. 302)

De acuerdo con ^{Rodríguez-Romero (2011)}, estos esquemas organizacionales constituyen "un fenómeno extendido en el capitalismo moderno y los encontramos en muchos países bajo diversas denominaciones, como el konzern en Alemania, el keiretsu o kigyo shudan en Japón, el chaebol en Corea o los grupos económicos en América Latina" (p. 137). En Latinoamérica se asume una función tal vez más relevante para estos conglomerados, pues "algunos autores argumentan que los grupos económicos pueden contribuir al desarrollo de los países, en particular de los emergentes. Los efectos positivos surgirían porque los grupos llenan los vacíos dejados por la ausencia de instituciones" (^{Murcia y García, 2011}, p. 189).

El impacto que generan los grupos económicos en este tipo de economías guarda relación con sus características básicas. ^{García (2010)} sostiene que los grupos se caracterizan por una fuerte diversificación de sus actividades y el control de su propiedad por un número reducido de personas. De acuerdo con ^{Medina, Sepúlveda y Rojas (2009)}, estos pueden clasificarse de maneras diferentes en función de la forma como actúen: por estrategias de integración (vertical particularmente), buscando una mayor participación en el mercado, estructurando una relación de propiedad y control, entre otras.

De acuerdo con ^{Medina (2008)}, los grupos económicos pueden adoptar diferentes estructuras: plana, por medio de una casa matriz que controla a un grupo de empresas, o a través de un holding, que vincula a las empresas filiales y coligadas. ^{Medina et al. (2009)} mencionan que estos conglomerados toman decisiones estratégicas corporativas dependiendo del mercado, el financiamiento y la inversión. Para estos autores, las estrategias según el mercado son de crecimiento, de ajuste o adaptación. En función del financiamiento, estos permiten adoptar uno agresivo o conservador y, de acuerdo con la inversión, logran desarrollar estrategias de externalización o internalización.

El Grupo Empresarial Antioqueño

Uno de los conglomerados más influyentes en Colombia es el GEA dado sus aportes a la economía del país: "para 2015, los ingresos del GEA se acercaron a los $50 billones -más de 5% del PIB colombiano- sus empresas son protagonistas de la Bolsa y en su expansión internacional ha invertido cerca de US$12.000 millones" (^{Dinero, 2016}). En efecto, las empresas referidas corresponden al Grupo Sura, Nutresa e Inversiones Argos y sus subsidiarias, las cuales corresponden al 55,64% de las acciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia (^{Dinero, 2018})

Si bien el GEA es reconocido en el sector empresarial como tal desde 1978 (^{Singh, 1994}), aunque no sea un grupo empresarial como lo dispone la Ley 222 de 1995 expedida por el Congreso de Colombia, sus inicios se ubican desde el siglo XVIII, época cuando la economía giraba en torno a la minería de oro y plata, el comercio y la agricultura, todas articuladas gracias a la arriería (forma de transporte a través de animales denominados mulas) (^{Pasachoa, 2010}). Gracias a estas actividades, la región de Antioquia evidenció un desarrollo importante en otras regiones del país, por dos aspectos fundamentales: la bonanza económica derivada de las actividades descritas y las características propias de las personas que habitaban en esta zona, por ejemplo, su forma de pensar y actuar, el "trabajo duro"¹, la diversidad de productos con los cuales trabajaban y la innovación (^{Dávila, 2012}).

En las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del siglo XX, los antioqueños evolucionan sus actividades empresariales a través de la creación de las sociedades por acciones, alianzas, fusiones, adquisiciones, y de esta manera buscan oportunidades de mejora dentro del ámbito económico (^{Martínez, 2011}). Luego, durante las décadas de los 30 y 40 las empresas antioqueñas se enfocan en tres actividades económicas principales: textiles, bebidas y tabaco, sin dejar de lado otros negocios como transformación de acero, cementos, empaques, financiero, entre otros. Para la década de 50 y 60, las empresas se expanden y se crean pequeñas empresas proveedoras de las anteriores, siempre priorizando el concepto de nexos patrimoniales entre unas y otras (^{Pasachoa, 2010}).

Por estas razones, en un contexto de conflicto armado en Colombia, las posturas estratégicas del GEA frente a este son referentes para entender cómo actúan las organizaciones colombianas en situaciones sociopolíticas complejas.

El conflicto armado en Colombia durante 1978-2017

En 1978 uno de los actores más fuertes del conflicto armado fue el grupo Movimiento 19 de abril (M-19); por esta razón, el Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) expidió el Estatuto de Seguridad que tenía como objetivo debilitar militarmente las guerrillas de carácter urbano, y se designan a las Fuerzas Militares de Colombia derechos para actuar como policía judicial, lo que genera prácticas como retención de personas que se consideraban sospechosas, abusos de poder, consejos de guerra sin derecho a defensa, entre otras acciones.

Lo anterior llevó al fracaso del Estatuto de Seguridad, paralelo al fortalecimiento y la expansión de otro actor armado importante, las FARC (^{Zuluaga, 1996}; ^{Caviedes, 2007}; ^{Parada, 2012}). Como consecuencia se genera una crisis política, dado que los partidos de tendencia izquierdista comienzan a ser perseguidos por grupos de derecha como los paramilitares, quienes a su vez se gestan como organización y fortalecen su operación militar durante este periodo como consecuencia de la seguridad que buscan empresarios y narcotraficantes, lo que llevó a la formulación de la Ley de Amnistía y conformación de la primera comisión orientada a tratar temas de solución al conflicto denominada Comisión de Paz (^{García-Peña, 1993}; ^{Zuluaga, 2009}; ^{Parada, 2012}; ^{Muñoz, 2013}).

Para 1982, es elegido Belisario Betancur como presidente de Colombia, gracias a sus críticas frente a las posturas del Gobierno anterior respecto al fortalecimiento y crecimiento de la guerrilla y el paramilitarismo (^{Zuluaga, 1996}; ^{Muñoz, 2013}). Sin embargo, en su periodo presidencial aumentan las incursiones guerrilleras (por ejemplo la del M-19 al Palacio de Justicia en 1985), el aumento del sicariato por parte de grupos mafiosos, además de su fortalecimiento e intromisión en diferentes sectores (^{Quintero, 2009}). No obstante, la postura del presidente es más conciliadora que su antecesor e intenta el acercamiento con mecanismos más amigables y menos bélicos, denominando a los grupos que permanecen por fuera de la ley como "actores políticos" y afirmando que era imperante dialogar con ellos y generar una apertura democrática en el país (^{Chernick, 1996}).

Por ello, se conforma en 1982 nuevamente la Comisión de Paz, compuesta por diversos sectores de la sociedad como sindicalistas, políticos y empresarios (^{Restrepo, 2011}); también se crean varias comisiones en torno a la paz, la propuesta de Ley de Amnistía, ante lo cual los tres grupos guerrilleros, la fuerza pública y los partidos políticos toman distintas posturas.

Por una parte, el M-19 afirma que dada la formulación unilateral de la ley, este grupo no se acogería a ella. Por su parte, el ELN se mostró indiferente. Las FARC-EP² dan su visto bueno de la ley y manifiestan su intención de acogerse a ella (^{Ramírez y Restrepo, 1991}; ^{Medina y Sánchez, 2003}). Las Fuerzas Militares de Colombia tampoco acogieron la ley por considerarla una "intromisión" por parte de la sociedad civil, y como acto de rebeldía algunos de ellos se unieron a grupos paramilitares, lo cual los fortaleció aún más. De igual manera, los partidos políticos tradicionales no avalaron la ley (Ramírez y Restrepo, 1991; ^{García-Peña, 1993}; Medina y Sánchez, 2003; ^{Arias, 2008}; ^{Zuluaga, 2009}). Si bien Betancur deseaba realizar reformas sociales, estas no lograron ser materializadas ni consolidadas, en parte porque no obtuvo apoyo de diferentes sectores (^{Chernick, 1996}; Zuluaga, 1996).

Por otro lado, Virgilio Barco Vargas es elegido presidente para el periodo 1986-1990, tiempo cuando se agudizan actividades terroristas como asesinatos y secuestros de personajes públicos (incluyendo candidatos presidenciales), además de la cooptación de sectores del Estado por parte de los narcotraficantes (^{Leal, 2008}; ^{Quintero, 2009}). Barco argumenta durante sus primeros dos años de mandato que es infructuoso el diálogo con grupos guerrilleros, dada la experiencia en el Gobierno anterior (^{Bejarano, 1990}; ^{Zuluaga, 1996}; ^{Chernick, 1996}). El presidente deseaba hacer presencia en los territorios y así legitimar la presencia del Estado colombiano; después de ello sí se realizaría el acercamiento con los grupos guerrilleros. Barco buscaba normalizar la situación y no tenía la postura de lograr la paz pues consideraba que era algo utópico (^{Arias, 2008}).

Sin embargo, es la guerrilla (especialmente el M-19) la que presiona al Gobierno para que formule una política de paz a través del secuestro del político Álvaro Gómez Hurtado. Como consecuencia, se reúnen varios sectores sociales en la Cumbre de Salvación Nacional, lo que finalizaría con la conversión del M-19 a partido político y la firma del Acuerdo Político (^{Bejarano, 1990}; ^{Zuluaga, 2009}). Durante el mismo periodo, los paramilitares se robustecen, y amplían sus ataques no solo a la guerrilla, sino también a personas que trabajaban en sectores como el judicial, artístico, medios de comunicación, entre otros (Bejarano, 1990; Zuluaga, 1996).

En medio de las elecciones más fuertes y violentas que ha experimentado Colombia (en las cuales fueron asesinados tres candidatos presidenciales) es elegido César Gaviria Trujillo, para el periodo 1990-1994. Durante este tiempo en materia del conflicto armado suceden varios eventos relevantes que redefinirían la historia del país: se desarticula uno de los carteles más relevantes del país (el cartel de Medellín), los narcotraficantes se atomizan, los paramilitares cobran más fuerza, se dan acciones de reincorporación de guerrilleros a la vida civil, se evidencian actos violentos contra diferentes sectores, además de la formulación de la Constitución Política Colombiana de 1991, para la cual participó el M-19 ya como partido político, pero en la que no se incluyó a las FARC-EP en la Asamblea Constituyente (^{Zuluaga, 1996}; ^{Chernick, 1996}; ^{Cubides, 2009}).

En medio del panorama descrito, se vuelve a convocar al sector empresarial para la comisión asesora de paz, con el fin de negociar con las FARC-EP. A pesar de ello, las incursiones y el crecimiento de este grupo guerrillero continúan, igual que los grupos paramilitares apoyados por algunos miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, así como alianzas con empresarios que buscaban defender sus negocios (^{Castaño, 2002}; ^{Arias, 2008}; ^{Valencia, 2009}). El conflicto armado al comienzo de la década de los 80 se definía como delincuencia común, narcotráfico y guerrilla-paramilitares; sin embargo, al finalizar los años 80 estos grupos se integran, dado que la guerrilla comienza a financiarse a través de cultivos ilícitos y los paramilitares reciben apoyos económicos por parte de narcotraficantes, empresarios y políticos (^{Zuluaga, 2009}; ^{Muñoz, 2013}).

En 1994 es elegido Ernesto Samper Pizano como presidente de Colombia, quien no pudo cumplir con su plan de Gobierno a cabalidad debido al escándalo por una posible financiación de su campaña con dineros de narcotráfico (^{Rettberg, 2001}). Aprovechando la falta de Estado, las FARC-EP se fortalecen y dan golpes militares, y así se consolida y se agudiza el conflicto interno. Los paramilitares aprovechan la desintegración de los dos carteles que azotaban el país en ese momento (Medellín y Cali) para incursionar en el narcotráfico, apoyados por empresarios a cambio de seguridad para sus negocios. Aparece en la escena nacional Carlos Castaño, quien funda las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se expanden por todo el país. Este es un grupo integrado por miembros y exintegrantes de las fuerzas militares y apoyados por políticos y élites económicas (^{Leal, 2008}; ^{Zuluaga, 2009}).

Si bien Samper reconoció el carácter político de la guerrilla y solicitó al Alto Consejero de Paz un informe al respecto para una posible negociación, así como la creación de consejerías y comisiones para facilitar los procesos de paz en el país (^{Arias, 2008}) en las cuales participaron presidentes de diferentes gremios empresariales (^{Restrepo, 2011}), sus reales esfuerzos se vieron enfocados en demostrar su inocencia en el Proceso 8000³ (^{Chernick, 1996}).

Andrés Pastrana Arango asume la presidencia en 1998 y lidera el proceso de paz con el grupo FARC-EP, dentro de lo cual se encuentra la concesión de la Zona de Despeje o de Distención que consistía en 40.000 km² de zona sin presencia de Fuerzas Militares de Colombia, destinadas para las FARC-EP (^{Zuluaga, 2009}), con el fin de finalizar el conflicto armado y establecer mesas de negociación, dentro de las que se encontraba la posibilidad de canje de prisioneros.

En la mesa de diálogo y negociación se incluyeron políticos, gremios y empresarios para acompañar el proceso (^{Restrepo, 2011}). Durante el periodo de Pastrana, tanto guerrilla como paramilitares tomaron fuerza y a la vez las Fuerzas Militares de Colombia se robustecieron gracias al Plan Colombia y al apoyo militar de Estados Unidos (^{Leal, 2008}; ^{Ahumada, Cancino y Chávez, 2008}). Las relaciones Gobierno-guerrilla se empezaron a deteriorar cuando el comandante máximo de las FARC-EP, alias "Tirofijo", no asistió a la mesa de diálogo, paralelo a incursiones militares fuertes por la guerrilla (^{El Tiempo, 2010}). Algunos sectores de la sociedad no ven viable la negociación dada la falta de voluntad por parte de las FARC-EP y una favorabilidad a una resolución militar del conflicto (^{Zuluaga, 2009}).

Dado que Estados Unidos tenía como prioridad vencer el terrorismo a nivel mundial, además de la inclusión de los grupos AUC, FARC-EP y ELN en las listas de actores terroristas (^{Cardona, 2001}), se formula el Plan Colombia que busca reformas en términos fiscales, judiciales y tributarios, y también poner fin al conflicto armado, luchar contra el narcotráfico, fortalecer las fuerzas militares, entre otros. Esto último también para cuidar la inversión hecha por los mismos norteamericanos (^{Tokatlian, 2001}; ^{Ahumada et al., 2008}; ^{Yepes, 2011}).

Debido a que los militares adquieren mayor poder, las FARC-EP cambia la estrategia y así fortalece y controla los territorios estratégicos (^{Cubides, 2009}), mientras que las AUC al no ver positivamente el acercamiento del Gobierno con las FARC-EP se fortalecen (^{Valencia, 2009}). Debido a que el conflicto interno se encontraba en su punto más álgido por el rompimiento de las negociaciones Gobierno y FARC-EP, y la consolidación de las AUC, para 2002 es elegido presidente Álvaro Uribe Vélez con la promesa de ejercer "mano dura" (acciones militares directas) con los guerrilleros a través de la política denominada Seguridad Democrática (^{Vargas, 2004}; ^{Zuluaga, 2009}).

El conflicto armado toma otra denominación, cuyos actores son considerados terroristas financiados con el narcotráfico (^{Zuluaga, 2009}), por ello se fortalece el Plan Colombia con apoyo internacional, pues se promete garantizar la seguridad a los extranjeros y sus inversiones en el país (^{González y Godoy, 2007}). Dentro de los propósitos, el Gobierno de Uribe busca desintegrar los grupos guerrilleros a través del Plan Patriota, la desmovilización de las AUC y la negociación con el ELN. Durante este periodo se reducen los espacios de las FARC-EP, se deterioran los medios de comunicación entre ellos y varios cabecillas de las FARC-EP mueren en golpes militares (^{Zuluaga, 2009}).

Así, pues, se crea en 2005 la Ley 975 (Justicia y Paz) y se llevan a cabo acercamientos con los paramilitares a través del Alto Comisionado, además de realizar la reforma jurídica que beneficie a las AUC (^{Arias, 2008}). Se suscribe el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, con el fin de establecer los mecanismos de reincorporación a la vida civil de los integrantes del grupo en mención (más de 31.000 desmovilizados), a cambio del perdón de delitos atroces. Este proceso no acabó con los paramilitares, sino que emergieron nuevos grupos más atomizados dedicados al narcotráfico que actuaron en los mismos territorios que las AUC (^{Zuluaga, 2009}).

Por esta razón, fue criticada la función desempeñada por el Alto Comisionado, ya que no se estructura una política de paz sostenible. El presidente Uribe es acusado de manejar clientelismo con grupos afines a los paramilitares (^{Galindo, 2007}) evidenciando participación del narcotráfico y autodefensas en altas esferas militares y del Gobierno; de esta manera, surge el escándalo de la parapolítica, en la cual varios miembros del gabinete Uribe son investigados por vínculos con grupos paramilitares (^{González y Godoy, 2007}; ^{Leal, 2008}). Pese a lo anterior, Uribe gozaba de popularidad entre la sociedad, razón por la cual es reelegido para el periodo 2006-2010 (^{Galindo, 2007}), en el cual continúan el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, golpes duros a guerrilla y la aparición de bandas emergentes del paramilitarismo.

Para 2010, es elegido Juan Manuel Santos, quien durante la campaña presidencial se presentó como continuidad del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su lema "mano dura". Sin embargo, el Gobierno Santos se destacó por trabajar en el proceso de paz con las FARC-EP (^{El Espectador, 2013}), el cual se materializó a través de los seis acuerdos de paz de La Habana, Cuba, ya conocidos por la opinión pública y cuyo cumplimiento se encuentra en vigencia.

Identificación de las estrategias por parte del Grupo Empresarial Antioqueño frente al entorno del conflicto armado

En el Gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) la inflación presentó un aumento considerable, así como una recesión económica; por ello, el sector empresarial percibió falta de eficacia en el Gobierno en estos temas macroeconómicos (^{Muñoz, 2013}). Lo anterior llevó a que los grandes grupos económicos (en particular el GEA) adquirieran deudas considerables con el sector bancario, lo que llevó a una concentración del capital financiero (^{Caviedes, 2007}).

En la era presidencial de Belisario Betancur (1982-1986) se crean comisiones de paz que tenían como fin establecer diálogos en procura de generar propuestas sociales, políticas y económicas para el país (^{Ramírez y Restrepo, 1991}; ^{Afanador, 1993}; ^{Medina y Sánchez, 2003}). En especial se destaca la participación de Nicanor Restrepo Santamaría, integrante de la élite empresarial antioqueña, cuya tradición familiar incluye a su ancestro Carlos E. Restrepo, quien fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914⁴.

El narcotráfico adquiere mayor fuerza en 1986-1990, durante el Gobierno de Virgilio Barco, ante lo cual muchas organizaciones colombianas optaron por realizar actividades ilícitas a través de lavado de activos y operaciones ilegales. Por el contrario, el GEA para defenderse de posibles tomas financieras por parte de grupos ilegales, opta por llevar a cabo mecanismos de protección en sus organizaciones. Una de las acciones es el enroque accionario realizado hacia finales de la década de los 70. Se conoce del intento de toma financiera en empresas como Proleche y Everfit (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

Respecto a las negociaciones de paz con el M-19, no se evidencia una presencia fuerte por parte del GEA. Si bien el señor Nicanor Restrepo fue invitado a participar en la construcción de testimonios de hechos violatorios convocado por este grupo guerrillero, nunca se concretó (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}). No obstante, se creó en 1989 la Comisión de Notables para realizar acercamientos de paz con las FARC-EP. En esta comisión participó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fabio Echeverri, como cuota del GEA (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

César Gaviria, como candidato presidencial antes de su periodo de 1990-1994, realizó acercamientos con integrantes del GEA, quiénes lo apoyaron económicamente para su campaña política. Cuando fue elegido presidente, parte de su gabinete estuvo conformado por algunos miembros de la élite antioqueña; ejemplo de ello son los siguientes nombramientos: Juan Gaviria (Ministro de Minas y Energía), Juan Camilo Restrepo (sucesor de Juan Gaviria en el Ministerio de Minas y Energía) y Gilberto Echeverri (gobernador de Antioquia) (^{Restrepo, 2011}).

Respecto a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), los grandes grupos empresariales (incluyendo el GEA) conformaban una organización ad hoc que estaba al tanto de los distintos temas tratados, en especial lo concerniente al sector empresarial, que además aportaron a la formulación de la Constitución de 1991 en temas como la propiedad privada y la subordinación del derecho económico empresarial frente a los derechos individuales (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

Durante el Gobierno Gaviria (1990-1994), fueron convocados los empresarios con el fin de participar en la Comisión Asesora de Paz para apoyar políticas de paz y dialogar con las FARC-EP. El señor Nicanor Restrepo nuevamente fue invitado (^{Arias, 2008}); sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos, dado que durante este periodo no solo se fortaleció este grupo guerrillero, sino también los paramilitares y la delincuencia común (^{Castaño 2002}; ^{Valencia, 2009}). El presidente Gaviria delegó entonces una consejería especial para Medellín, dado que fue el epicentro del narcoterrorismo de la época -labor reconocida por el GEA-, que buscaba mejorar la convivencia a través de la lucha contra la pobreza y fortalecer la presencia del Estado (^{Restrepo, 2011}).

En 1994 fue elegido el presidente Ernesto Samper Pizano, quien debido al proceso 8000 enfocó sus esfuerzos en demostrar su inocencia, y dejó en un segundo plano temas prioritarios para el país, como el conflicto armado. Los empresarios del GEA frente a esta situación tuvieron opiniones divididas: los presidentes de Nacional de Chocolates y Suramericana (Fabio Rico y Nicanor Restrepo, respectivamente) manifestaban su descontento con el presidente por su falta de moral; por otro lado, el presidente de Argos (Adolfo Arango) asistía a las reuniones convocadas por Samper, en las cuales buscaba el apoyo de los empresarios para continuar como presidente de la República. A pesar de lo anterior, las relaciones entre los antioqueños jamás se deterioraron (^{Nieto, 1997}).

Para la investigadora ^{Rettberg (2002)}, esta apuesta doble fue exitosa para el GEA, dado que a pesar de las posturas opuestas entre los presidentes de las tres compañías que eran emblemas de los antioqueños, estas no se retiraron de los gremios; por el contrario, garantizaron intereses en el país y quedaban bien ante los organismos internacionales, en particular con el Departamento de Estado Norteamericano.

Debido al fortalecimiento de las FARC-EP durante el Gobierno Samper, los grandes empresarios solicitaron al presidente realizar gestiones del proceso de paz, a pesar de las opiniones de Fabio Rico y Nicanor Restrepo, que consideraban que el Gobierno no tenía la autoridad moral para realizarlo. No obstante, se conformó el Consejo Nacional de Paz (Ley 434 de 1998) en el que participaban los presidentes de diferentes gremios, así como la ANDI a través de Luis Carlos Villegas (empresario del GEA) (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

Después de ser elegido Andrés Pastrana Arango para el periodo presidencial 1998-2002, los miembros del GEA trabajaron de manera cercana con el presidente y ocuparon diferentes cargos públicos importantes. En especial, se brindó apoyo frente al proceso de paz que estaba liderando Pastrana en esos momentos (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

Por otro lado, a raíz de la profundización del conflicto armado, se creó la mesa de diálogo y negociación a la cual fue invitado nuevamente el señor Nicanor Restrepo, quien consideraba pertinente que los empresarios participaran dadas las consecuencias para sus negocios en términos de costos, inversión y comportamientos del mercado y del consumidor. Dentro de los procesos de negociación se resalta la visita de empresarios importantes a la zona de distención, como Nicanor Restrepo, presidente de Suramericana en ese momento (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

En 2002 fue elegido Álvaro Uribe Vélez en el marco del rompimiento de negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP; Uribe había prometido rigurosidad en el trato con los guerrilleros (^{Vargas, 2004}). Los empresarios antioqueños apoyaron la candidatura de Uribe, pues propuso la lucha contra el terrorismo para así favorecer a sus empresas en términos de oportunidades de crecimiento y rentabilidad; además, con la promesa de mejorar la situación económica y social (^{Vargas, 2004}; ^{Zuluaga, 2009}; ^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}).

Uribe logró durante su Gobierno la continuidad del Plan Colombia, en el cual se hace énfasis en la lucha contra el terrorismo (FARC-EP, ELN, AUC) y el mejoramiento de condiciones de inversionistas y visitantes extranjeros (^{González y Godoy, 2007}).

Asimismo, a través del "Plan Patriota" se derrotaron militarmente a gran parte del secretariado (altos mandos) de las FARC-EP, además de otros logros como la Operación Jaque (^{Zuluaga, 2009}). Paralelamente, en 2003 se creó una Comisión de Facilitación para negociación con este grupo guerrillero, pero las FARC-EP no prestaron atención, por tanto, el proceso no continuó.

Luego fue elegido en 2010 como presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien representaba la continuidad de Uribe Vélez y cuyos postulados incluían seguir con el lema de "mano dura" con los terroristas (en especial con las FARC-EP). Sin embargo, se formuló durante su mandato la propiedad de un proceso de paz en el cual se establecieron mesas de diálogo. Ante esta situación, se encontraron en la revisión bibliográfica dos posturas por parte del GEA.

Por una parte, los empresarios mostraron incomodidad en los primeros años del Gobierno Santos por el manejo que se les daba a temas como el paro camionero y el tratado de libre comercio (TLC) con Chile (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}). Además, varios integrantes del GEA en septiembre de 2011 enviaron una carta al expresidente Uribe en solidaridad con su postura, después de que el gobierno Santos tomara otro rumbo y generara el distanciamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe (^{Restrepo, 2011}; ^{Muñoz, 2013}). No obstante, según menciona ^{Restrepo (2013)}, el proceso de paz fue respaldado por los empresarios antioqueños, cuyo vocero, el señor Nicanor Restrepo, apoyó en ese momento al presidente Santos para materializar el proceso de paz (^{Muñoz, 2013}).