El acceso libre y sin restricciones a la ciencia por parte de la ciudadanía no anula un hecho, pues su difusión y conservación en Open Access (OA) implica unos costos que alguien debe asumir. Comúnmente las instituciones educativas, los Gobiernos, entre otros, han subvencionado estos costos; en otras situaciones los autores y sus financiadores han asumido los cargos por procesamiento (Article Processing Charges [APC]), que pueden oscilar entre 500 y 5000 dólares por documento (^{Camargo, 2018}).

Varias iniciativas han surgido para conseguir que la ciencia se comunique de forma abierta. El Plan S es una de estas, que surgió como una idea europea (extensible a todo el mundo) para que en 2021 los resultados de investigación financiados con recursos públicos se publiquen en revistas o plataformas de OA (Science Europe, 2018), lo que implica que las instituciones financiadoras paguen por los APC que tienen journals híbridos o por suscripción. Además, proponen que los APC tengan topes y se estandaricen (^{Johnson, 2019}), lo cual resulta poco factible porque, como manifiesta ^{Khoo (2019)}, estos han venido aumentando en los últimos años por encima de la inflación, con el consecuente incremento en el volumen de artículos que se publican bajo este esquema de financiación. Esto ha llevado a considerar a las publicaciones que pagan APC como un bien de lujo, situación entendible si se considera el creciente afán por divulgar lo investigado, obtener citaciones y figurar en el mundo académico, no solo a nivel personal, sino también institucional. Este fenómeno muestra la inelasticidad de los APC por parte de la demanda de quienes se interesan por publicar.

El OA falló al inducir la reducción de los costos de publicación por el aumento de opciones para los autores a más bajos precios, porque las revistas que cobran APC no han perdido escritores y los APC no han bajado por efecto de una mayor competencia en el mercado de las ediciones periódicas y arbitradas. Así, para los autores y financiadores, agregar un costo más a los ya acaecidos en el desarrollo de los proyectos investigativos es irrelevante, si se tiene en cuenta que estas revistas tienen como factores diferenciadores el "prestigio" y la legitimidad científica, a pesar de tener altos APC (^{Khoo, 2019}).

Esta dinámica del mercado deja bien paradas a las grandes casas editoriales y revistas que cobran APC porque mejoran su financiación; le es indiferente a la comunidad científica ávida de publicar, por la explicada insensibilidad de su demanda a los APC; favorece a los consumidores de las publicaciones en OA porque alguien en el ecosistema subvenciona el consumo que hacen de los contenidos, e impide que en el corto o, incluso, mediano plazo, funcionen propuestas de mercados regulados para los APC, como el que propone el Plan S.