En la conmemoración de los veinte años de la actual Constitución Política de Colombia, y teniendo en cuenta que la década de los noventa representa para América Latina un momento de inflexión caracterizado por reformas a sus cartas constitucionales, las cuales proponen la reconstitución de la relación entre el Estado y la sociedad civil, este número de NÓMADAS quiso extender en la región la pregunta por ¿cómo podemos evaluar las experiencias democráticas en los países latinoamericanos? Desde la perspectiva de los movimientos sociales, de sus luchas por el reconocimiento, de las identidades y diferencias culturales, y por la defensa de los derechos culturales, sociales, económicos y políticos en el contexto globalizador.

El espacio problemático se plantea a partir de la posibilidad de construcción de la ciudadanía y la democracia, con la definición constitucional de un Estado social de derecho y el reconocimiento de la composición de las sociedades como plurales, diversas, pluriétnicas y multiculturales. De un lado, por la manera conflictiva y paradójica en que los cambios en el orden formal constituyen la relación Estado-sociedad civil, orientada hacia la construcción democrática frente a su énfasis económico neoliberal. De otro lado, por las tensiones que afronta la construcción democrática frente a las realidades sociales y políticas históricamente construidas y las condiciones de la sociedad contemporánea.

La pregunta logró convocar recientes estudios en algunos países latinoamericanos: Ecuador, Bolivia, Argentina, México y Colombia. Los artículos que componen este número monográfico, en su mayoría, analizan y reflexionan sobre las experiencias democráticas de diversas colectividades de jóvenes, artistas, indígenas, campesinos, afrodescendientes y de trabajadores, históricamente afectadas por la violencia, la exclusión social, la desigualdad y la discriminación. Estas condiciones de vida han sido el motor de su organización, movilización y lucha por la defensa y protección del derecho a la cultura, a la educación, al territorio y al trabajo, es decir, por su democratización.

Las autoras/es muestran cómo la defensa de los derechos culturales por parte de las colectividades, y también de los demás derechos anotados, es inseparable de la lucha por el reconocimiento de sus diferencias, de sus prácticas, saberes y significados culturales, frente a aquellos reconocidos oficialmente por las políticas culturales, educativas y socioeconómicas. Así, la interlocución y negociación en la esfera pública oficial y no oficial es conflictiva, tensa y paradójica, dinamiza las relaciones de poder entre las colectividades y el aparato estatal e institucional y enfrenta, entre estos actores, prácticas políticas e interpretaciones de la ley, sus contenidos culturales e ideales normativos.

En ese sentido, las autoras/es y los grupos que hablan a través de ellos, valoran positivamente los cambios constitucionales en cuanto logros de la participación de las organizaciones y movimientos sociales diversos en los procesos constituyentes en América Latina, y en cuanto marco formal para la defensa de los derechos y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia cultural. De otro lado, esos poderes colectivos configuran nuevas experiencias organizativas, nuevas formas de participación y acción política en las que se reconstruyen sentidos colectivos y comunes, que confrontan y desafían aquellos consolidados en el proyecto del Estado-nación: la cultura política, el sentido de lo político, la democracia liberal y el sentido de la inclusión social. Como sujetos activos reconstruyen y reinterpretan las formas en las que "queremos" construir la democracia, y las formas económicas, sociales y políticas en las que "deseamos" ser incluidos.

Así, esas experiencias adquieren sentido y lugar como apuestas político-culturales en términos de su capacidad de transformación y de construcción de un proyecto de Estado plurinacional, pluriétnico, multicultural, desde lo propio cultural, desde la perspectiva del reconocimiento de la diversidad y la diferencia cultural. De otro lado, generan procesos de identificación personal y colectiva, configurándose como espacios de constitución de nuevas ciudadanías en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

Nuestros investigadores convocados dan cuenta de cómo la defensa del derecho a la educación por las comunidades afrodescendientes e indígenas implica el reconocimiento de lo propio, de las particularidades culturales y locales, en términos de la relación intercultural, en el campo educativo. Los proyectos, programas y realizaciones educativas interculturales no están separados del proyecto de vida de las comunidades. Surgidos de sus experiencias organizativas y políticas, y de la participación de la comunidad, sus apuestas de educación intercultural buscan transformar las relaciones interculturales asimétricas, con la sociedad y el Estado, que han sido configuradas sociohistóricamente. Por lo que las transformaciones interculturales de las instituciones educativas en el nivel básico, medio y superior, confrontan las instituciones educativas convencionales y oficiales que persisten en la exclusión de la cultura.

La construcción de la interculturalidad en la educación, requiere introducir cambios significativos que configuran contextos complejos, exigentes y en permanente reconstrucción para los maestros/as, sean miembros o no de las comunidades. La introducción de contenidos culturales y conocimiento propio, la articulación de los sabe res particulares y los convencionales, la necesidad de reactivar la memoria histórica de las comunidades y de modificar significados y prácticas, implican la transformación de las experiencias pedagógicas, del sentido de éstas y de la relación maestro/a-estudiante en los procesos de formación, como en los de generación de conocimiento.

Las transformaciones interculturales en el contexto educativo constituyen de esa manera escenarios de reconstrucción de las subjetividades, tanto de maestros/as como de estudiantes, y de reidentificación de las comunidades, estos cambios se convierten en apuestas político-culturales diversas que trascienden a las comunidades y se proyectan hacia la reconstrucción de la sociedad.

Las formas en que la dinámica de la globalización económica afecta a las sociedades latinoamericanas en la actualidad, son estudiadas desde la perspectiva de su impacto en la vida del trabajo y el contexto laboral. La manera como las relaciones globales impactan los territorios y la manera en que cada país, su Estado y gobierno, enfrenta los cambios globales en sus políticas y modelos de desarrollo económico son relevantes para ello. En este terreno destaca la experiencia de participación del movimiento indígena boliviano en el proceso constituyente, con la modificación del modelo de desarrollo económico y social, a partir del reconocimiento de "otras formas económicas de producción" para enfrentar los procesos globales. Finalmente, en un registro menor, y por fuera de esas experiencias democráticas, se muestra la profundización de la desigualdad, la exclusión social y la discriminación en contextos laborales directamente afectados y reconstruidos por los cambios globales y las políticas neoliberales: el de la privatización de las empresas estatales y el de la empresa de reconversión productiva global.

Nos acercamos aquí a una serie de resultados y propuestas de estudio del proceso democrático en un contexto globalizador, como problemática actual de América Latina, en la cual el sentido de la participación en el Estado social de derecho por parte de las organizaciones y movimientos sociales, se valora en los procesos constituyentes por los logros normativos y prácticos alcanzados para combatir la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la inequidad. Pese a que las constituciones, configuradas por intereses opuestos, sostienen valores y normas incompatibles, la fuerza de los colectivos supera los factores que instituyen dimensiones profundizadoras de esos problemas sociales.

El sentido de la participación en el Estado social de derecho se orienta también en la defensa de derechos que se consideran como individuales, pero que a través de dichas experiencias se les suministra un contenido como derechos colectivos. En el devenir de las luchas por el reconocimiento ciudadano, la diferencia y diversidad cultural, los sujetos se piensan a sí mismos no sólo como sujetos de derecho, sino sobre todo como sujetos políticos, que en sus apuestas político-culturales trascienden la relación con lo estatal, transforman sus condiciones locales y se proyectan globalmente. Tales apuestas, en la medida en que se nutren de la vida cotidiana y colectiva, imbrican las dimensiones cultural, social, política y económica, independientemente del escenario de lucha.

Cabe destacar, finalmente, las propuestas teóricas, metodológicas y conceptuales de las autoras/es para abordar los procesos sociales y culturales latinoamericanos, por las perspectivas de las ciencias sociales que en Latinoamérica se ubican en una posición de discusión y crítica frente a las propuestas modernas o posmodernas, y como ocasión para reconstruir la relación entre los intelectuales y la sociedad frente al desafío que representa hoy construir lo que somos como sociedad, lo que significa para nosotros el derecho a la igualdad y el derecho a ser diferentes.