Incorporando la nación: mujeres africanas ante la comisión de verdad y reconciliación sudafricana^*

Incorporando a nação: mulheres africanas ante a comissão de verdade e reconciliação da áfrica do sul

Incorporating the nation: african women and the south african truth and reconciliation committee

Natalia Cabanillas^**

^* El presente artículo es parte de la investigación doctoral en curso "Incorporando la nación. Performance y victimización en las audiencias de mujeres en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (1996-1997)" (2012-2016), radicada en el Doctorado en Sociología de la Universidad Nacional de Brasilia, con beca CNPq. Esta investigación tiene como precedente la investigación de maestría publicada en el 2011 con el título Género y memoria en Sudáfrica posapartheid. La construcción de la noción de "víctima" en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (1995-1998), México, El Colegio de México. Financiamiento: beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado mexicano.

^** Profesora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Maestra en Estudios de Asia y África por El Colegio de México (México). Actualmente es doctoranda en Sociología en la Universidad Nacional de Brasilia (Brasil). E-mail: nataliacabanillas@gmail.com

{original recibido: 2/11/2012 · aceptado: 30/01/2013}

El presente artículo estudia los regímenes de verdad instituidos en el Comité de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en relación con la cuestión racial y de género en Sudáfrica posapartheid. Se presenta un análisis documental y bibliográfico sobre cómo la categoría jurídica de víctima y la noción implícita de integridad corporal reinventaron las jerarquías de género y raza. Se afirma que estas categorías encuadraron los testimonios y normalizaron las memorias de las víctimas en el marco de la CVR.

Palabras clave: posapartheid, memoria, raza, género, víctima, integridad corporal.

O presente artigo estuda os regimes de verdade instituídos no Comitê de Graves Violações aos Direitos Humanos da Comissão da Verdade e a Reconciliação (CVR) em relação com a questão racial e de gênero na África do Sul pós-apartheid. É apresentada uma análise documental e bibliográfica sobre como a categoria jurídica de vítima e a noção implícita de integridade corporal reinventaram as hierarquias de gênero e raça. Afirma-se que estas categorias enquadraram os testemunhos e normalizaram as memórias das vítimas no marco da CVR.

Palavras-chave: pós-apartheid, memória, raça, gênero, vítima, integridade corporal.

The article studies the truth regimes created within the Human Rights Violations Committee and the Truth and Reconciliation Committee (TRC) related to the racial and gender issues in post-apartheid South Africa. Through a documentary and bibliographical analysis it is shown how the legal concept of victim and the implicit notion of physical integrity re-invented the gender and race hierarchies. It is stated that within the TRC the said categories gave a frame to the testimonies and restored to normal the victims' memories.

Key words: post-apartheid, memory, race, gender, victim, physical integrity.

El presente artículo se enfoca en los regímenes de verdad (Foucault, 2011) instituidos en el Comité de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (en adelante, CVR) en relación con la cuestión racial y de género en Sudáfrica posapartheid. Dichos regímenes de verdad enmarcaron los testimonios de las víctimas, y fueron construidos en, al menos, tres niveles. En primer lugar, la Ley 34 para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación instituyó la CVR y estableció una definición de quién calificaba como víctima de una grave violación a los derechos humanos, por tanto, quiénes podrían declarar ante la CVR. En segunda instancia, la construcción-recolección de testimonios de las víctimas por el Comité de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la CVR en diversas regiones del país, se dio a través de instrumentos variables¹. Dentro de este trabajo, las audiencias públicas (1996-1997) fueron masivamente difundidas por radio y televisión, y constituyeron un pilar para la imaginación de la nación posapartheid en tiempo récord (Cejas, 2008a). En éstas, la nación victimizada encarnó en las víctimas que testimoniaron públicamente, con un fuerte trabajo de la Comisión para instaurar la reconciliación como imperativo para la construcción del presente-futuro. En una tercera instancia, la escritura del Informe Final de la CVR significó la cristalización del macroprocesamiento de las miles de memorias y narraciones expuestas en forma de relato histórico, que como tal, formaría parte del Archivo Nacional.

Teniendo en cuenta el peso que tuvo la CVR, resulta relevante preguntarse de qué manera aparece en ésta el reordenamiento y la configuración simbólica de las articulaciones género-raza, en tanto dos ejes centrales dentro de la trama de opresión (Lugones, 2008), y constitutivos de las jerarquías sociales sudafricanas. El presente artículo intenta responder esa pregunta a través del análisis documental y bibliográfico.

Contexto breve de la comisión de verdad y reconciliación sudafricana

Desde 1948 a 1994, la minoría blanca –único grupo con derecho a voto²– eligió al ultrarracista y afrikáaner Partido Nacional³ para gobernar Sudáfrica. Dicho Partido instauró el apartheid y, con él, todo tipo de mecanismos de ingeniería social para la profundización de la segregación y la explotación racista y sexista.

En la década de los años cincuenta se instituyeron las leyes fundacionales del apartheid. La Ley 30 de Registro de la Población aprobada en 1950 impuso la clasificación racial de toda la población en cuatro categorías –europeo, coloured (mestizo), asiático y africano– en función de las cuales se determinaba todo lo que una persona podía o no podía hacer, a partir de otras leyes. Para 1955 ya se habían legalizado la segregación racial y el acceso (o denegación) a derechos diferenciados (racializados) en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada, desde la propiedad mueble y áreas de residencia, hasta las relaciones sexuales, pasando por el transporte, el trabajo, la salud, la educación y los derechos políticos (Posel et ál., 1993). El proceso de desciudadanización alcanzó su máximo nivel de paroxismo cuando comenzó a exigirse a los mismos africanos (supuestamente originarios de las reservas nativas o homelands) permisos de carácter migratorio (el pase) para el ingreso y la permanencia en las ciudades blancas.

El Congreso Nacional Africano⁴ (ANC por sus siglas en inglés) y desde 1959 el Congreso Pan Africanista⁵ (PAC por sus siglas en inglés) se opusieron activamente a la institucionalización del racismo a través de manifestaciones masivas, campañas de desafío y boicots para colapsar la capacidad represiva del Estado. Estas actividades se centraron en la oposición al control de la movilidad. Si bien la población no blanca ya era obligada a vivir en áreas segregadas –townships– y distante de sus trabajos en las ciudades blancas, esta política buscaba endurecer el control de la movilidad, de manera que la persona no blanca sólo podía dirigirse a determinados lugares, dependiendo del permiso laboral otorgado y el lugar de residencia autorizado. La obligatoriedad de llevar consigo el documento o pase significaba que la policía podía requisar a la población no blanca en cualquier circunstancia.

La oposición al régimen se centró en las demandas de tipo ciudadanas y redistributivas, que buscaban leyes no discriminatorias, derechos políticos, civiles, protección al trabajo e implementación de un régimen democrático –Carta de la Libertad (Congress of the People, 1955); Carta de las Mujeres, 1955 (National Coalition of Women, 1994)–. El movimiento de mujeres emergió como una de las fuerzas antiapartheid nacionales, especialmente con la fundación de la Federación de Mujeres Sudafricanas en 1954 (Gasa, 2007).

En 1960, el PAC organizo una manifestación contra el control de la movilidad; allí, la policía abrió fuego contra la multitud, hecho conocido como la Masacre de Sharpeville. El ANC y el PAC se movilizaron contra la represión, en tanto el gobierno declaró el estado de emergencia, realizó detenciones masivas y proscribió el ANC y el PAC (Worden, 1994). Para 1964, los/as líderes estaban presos, bajo vigilancia o en el exilio. Las organizaciones fundaron sus brazos armados en 1961, el Umkhonto we Sizwe del ANC y el Poqo del PAC⁶.

En la década de los años sesenta, el Gobierno dio un paso más en la segregación, implementando la política de tribalización (y ruralización): comenzaron los traslados forzados de millones de africanos/as desde los townships a sus supuestos territorios "de origen" (homelands). De acuerdo con el Gobierno, todo africano debía pertenecer a un homeland y sería considerado extranjero en el resto de Sudáfrica. Dichos territorios en su conjunto representaban un 13% de la superficie del país⁷ y, por tanto, eran inviables económicamente: la población forzada a vivir en éstos sería mano de obra cautiva para las industrias cercanas instaladas ad hoc (Posel et ál., 1993).

Para administrar los homelands, el gobierno del apartheid impulsó la formación de una élite africana masculina gerontocrática, generalmente conservadora y descendiente de las antiguas casas reales. La agrupación étnica más importante fue el Inkhata Freedom Party, fundado en 1975 y dirigido por Mangosuthu Buthelezi⁸. Apelaba al orgullo cultural y al fortalecimiento de la identidad zulú, combinados con la defensa del libre mercado. Tuvo influencia en la actual región de KwaZulu Natal y participó de una cruenta lucha con el ANC por dirigir la transición, llegando incluso a ser sospechoso de tener acuerdos con los cuerpos parapoliciales (Marks, 1991).

En las universidades para africanos surgió y se expandió rápidamente el Movimiento Conciencia Negra (Black Conciousness, BC) y su ideología entre jóvenes y adolescentes. El BC buscaba superar todo complejo de inferioridad forjado en el racismo, así como la explotación material del régimen; politizó la categoría racial negro (black), considerando como tal todo oprimido (no blanco) que estuviera luchando contra el apartheid (SASO, 1971).

Esta generación, nacida y criada bajo el apartheid, protagonizó en 1976 el Levantamiento de Soweto (South Western Township). Éste estalló cuando el Gobierno intentó imponer el afrikáans como lengua de enseñanza en las escuelas para africanos; tuvo como telón de fondo la opresión extrema y la crisis económica. El levantamiento se extendió a los townships del Rand, y constituyó un hito de la historia sudafricana (Worden, 1994).

Fruto de las condiciones represivas, muchos/as de estos/as jóvenes activistas se exiliaron en Angola y Mozambique para integrarse a los campos de entrenamiento guerrillero del ANC. De esta manera, se encontraron dos generaciones y dos tradiciones de militancia. Tanto el ANC fue influenciado por las ideas más radicales del BC, como la presencia de estos jóvenes logró reposicionar al ANC en el escenario interno de Sudáfrica (Suttner, 2007).

Cabe mencionar que el ANC ya había planteado un cambio de rumbo respecto de la política no racialista de los años cincuenta: con éste desarrolló la lucha armada desde 1961, aumentaron las alianzas con los movimientos de liberación de África, se produjo un estrechamiento de lazos con el movimiento sindical y cierta adhesión a las ideas africanistas y, en particular, marxistas, así como la incorporación de coloured e indios "que ya estuvieran preparados" en las filas del Umkhonto we Sizwe y del ANC. Estos cambios cristalizaron en el Encuentro de Morogoro en 1969, y están presentes en el documento resultante Strategy and Tactics (ANC, 1969). El nuevo marco de alianzas incluía a los movimientos de liberación de Angola (MPLA), Mozambique (Frelimo), Zimbawe (ZAPU) y Namíbia (SWAPO), de orientación marxista, y, por supuesto, amistad política con la Tanzania de Julius Nyerere.

Durante los años ochenta, el gobierno recrudeció la respuesta subordinando todas las políticas a la estrategia de "seguridad": militarizó los townships, aumentó la actividad parapolicial, creó la red de impimpis (espías africanos) e impulsó la participación de Sudáfrica en la guerra contrainsurgente en países limítrofes. En los años ochenta se generalizó la resistencia y se dio un empate de poder, donde el régimen era incapaz de gobernar los townships, y los movimientos de liberación no conseguían tomar las ciudades blancas (Worden, 1994). Ese proceso desembocó en las negociaciones para la transición a la democracia.

En 1990, el entonces presidente Frederic de Klerk anunció la liberación de los principales presos políticos, entre ellos, Nelson Mandela, y la abolición de algunas leyes fundantes del apartheid.

Se creó la Convención para una Sudáfrica Democrática compuesta por todas las fuerzas políticas, con el objetivo de sentar las bases para la transición⁹. La Convención aprobó la Constitución Interina de 1993, que derogó 69 leyes racistas, y fue el marco legal de las primeras elecciones democráticas y multirraciales (1994). En palabras de Nelson Mandela (1993): "[...] el tema central de la Constitución para la Transición es la unidad de nuestro país y de nuestro pueblo", y agrega, interpelando a la minoría blanca: "[...] tenemos un lugar (para ustedes) en nuestro país", entiéndase, "si se acogen al nuevo Estado de derecho" (1993:s/p), frase que refleja las tensiones existentes, donde no se los ubica como miembros con derechos preexistentes, y en este sentido, dista enormemente de la retórica no racialista de la histórica Carta de la Libertad (Freedom Charter) de 1955: "Sudáfrica pertenece a todos los que habitan en ella" (Congress of the People, 1955:s/p).

Sin embargo, la Constitución Interina (Republic of South Africa, 1993) –instrumento central de la transición– no nombra el apartheid ni el racismo en sus 123 páginas. Sólo 4 veces aparece la prohibición de la discriminación por "raza, sexo u orientación sexual, religión" y la necesidad de acciones afirmativas que garanticen la representatividad por raza y género en diversos ámbitos estatales. En el apartado "Unidad nacional y reconciliación" se sientan las bases de la Ley 34 que creará la CVR.

La Coalición Nacional de Mujeres se formó para intervenir en las negociaciones para la transición, en vistas de la deliberada exclusión de esta parte de la población. Fue una alianza política con participantes de todas las fuerzas políticas, espectro que quedó plasmado en la Carta de las Mujeres para una Igualdad Efectiva (Women's Charter for Gender Equity): "Reconocemos la diversidad de nuestras experiencias y nuestra propia subordinación común como mujeres" (National Coalition of Women, 1994: preámbulo). Las condiciones de la transición, precedidas de una fuerte participación política y mayor conciencia de las necesidades de las mujeres durante la lucha antiapartheid en los años ochenta (Suttner, 2007; Cock, 2007; Cherry, 2007) permitieron que la Coalición tuviera influencia nacional (Gouws, 2005).

La Coalición centró gran parte de su actividad en garantizar los derechos de las mujeres en el nuevo régimen. La Carta de las Mujeres (National Coalition of Women, 1994) establece que la igualdad racial, económica, social y legal son indivisibles (artículo 1), entendiendo que no se puede gozar de un derecho si los otros no se ejercen; plantea principalmente la igualdad de derechos respecto a los hombres; reconocimiento del trabajo doméstico; derechos laborales; conciliación vida familiar-laboral; acceso a educación, justicia, salud, a puestos de toma de decisiones, a espacios libres de violencia sexual; y a decidir la frecuencia de las relaciones sexuales en el matrimonio o relación íntima. Estas demandas se cristalizaron tanto en la Constitución de 1996 (Cejas, 2008b), como en la creación de la Comisión de Igualdad de Género, y en la representación femenina descriptiva, que de hecho superó el 30% promedio de presencia de mujeres en el ejecutivo y legislativo entre 1994 y 1998 (Hassim, 2003).

En las primeras elecciones democráticas de 1994, el ANC resultó vencedor por amplia mayoría: Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente africano de su país, elegido por el conjunto de la población sudafricana.

En su discurso inaugural, se dirigió a los "sudafricanos/as, nuestro pueblo: africanos, coloured, indios y blancos se ven a sí mismos como ciudadanos de la nueva nación"; destacó el derecho a ser iguales ante la ley, y a la no discriminación; apeló al derecho como fundamento de esa nueva nación unida, a la "humanidad" en común y a metáforas que diluían la tensión racial. Entre éstas, la nación arcoíris es una metáfora de inclusión, resignificando la diferencia como derecho y no como imposición estatal. El arcoíris como imagen presenta una diversidad de colores dispuestos en unidad y armonía, juntos sin mezclarse, representados igualitaria y no equitativamente. El arcoíris, además, aparece después de la tormenta; como la transición, es temporal y tiene un carácter ilusorio, únicamente visual (Petersen, 2000). Como metáfora de la diversidad racial y de la voluntad de inclusión, el arcoíris carece de blanco o negro, evadiendo tanto las jerarquías históricamente construidas, como el hecho de que la distribución histórica de los recursos se estructuró en favor de una minoría blanca.

En este contexto, es importante destacar que la minoría blanca como conjunto –apoyara o no al régimen– se benefició con el empleo y el acceso a los bienes públicos y a derechos como salud y educación. En contraposición, toda la población no blanca fue de una forma u otra, víctima del apartheid, y cualquier infracción a una ley racista podría considerarse un acto político¹⁰. No obstante, la CVR consideró víctimas de una grave violación a los derechos humanos principalmente a quienes se organizaron contra el apartheid en un movimiento de liberación y fueron reprimidos por ello.

Durante la transición, la dirección del ANC fue abandonando las versiones más radicales de la negritud politizada para retomar su matriz no racialista como imperativo para la paz. El énfasis en la reconciliación y el olvido inducido de beneficiarios y perjudicados racializados del apartheid fue parte de este proceso y se construyó especialmente en los marcos de la CVR.

La comisión de la verdad y la reconciliación

En este contexto en que se privilegiaba la reconciliación y la construcción de una nación incluyente, en 1995 se aprobó la Ley 34 para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, específicamente para crear la CVR¹¹, órgano que revisaría las graves violaciones a los derechos humanos cometidas "en el pasado" (1960-1994). Tenía como objetivo principal "promover la unidad nacional y la reconciliación en un espíritu de entendimiento que trascienda los conflictos del pasado" (Ley 34, 1995: cap. 2, artículo 3). El Comité de Graves Violaciones a los Derechos Humanos recibió 21.198 testimonios de víctimas sobre más de 40.000 violaciones a los derechos humanos, declaradas en más de 11 lenguas distintas, en alguna de las 4 oficinas regionales, 2 subregionales y las decenas de audiencias itinerantes de orden nacional (Truth and Reconciliation Commission, 1998: cap. 1); cerca de 2.000 testimonios (un 10%) fueron llevados a Audiencia Pública, difundidos por radio y televisión en vivo y simultáneamente en todo el país.

La CVR fue una institución central de la transición, creada para ser un puente entre el pasado y el futuro (Truth and Reconciliation Commission, 1998: Vol. 1, preámbulo). En la Ley 34 el apartheid no es mencionado, siendo éste un régimen de explotación, discriminación y desciudadanización basado en la producción sistemática y normativizada de la diferencia racial, sexual y étnica. El racismo, motor principal de todos los crímenes del apartheid, también es un gran ausente. Raza aparece 2 veces en el texto de la ley para mencionar la importancia de la no discriminación de los/as ciudadanos/as y de las víctimas por razones de raza, sexo, orientación sexual, entre otras. Resulta evidente que el carácter de normalidad –legalidad– del apartheid quedó fuera del escrutinio público.

El masivo trabajo de memoria (Jelin, 2002) realizado por la CVR abarcó desde la recopilación-construcción de testimonios, la selección de testimonios para ser llevados a Audiencia Pública, su traducción de una declaración oral en alguna de las lenguas africanas o afrikáaner al inglés escrito y su integración fragmentaria en el Informe Final (Truth and Reconciliation Commission, 1998). Fueron procesadas miles de declaraciones orales individuales, institucionales, partidarias, de asociaciones profesionales y sindicales, desagregadas en decenas de miles de graves violaciones a los derechos humanos producidas durante 1960 y 1994 (Truth and Reconciliation Commission, 1998). De una historia de segregación extrema y de conflictos violentos se buscaba reconstruir lo multirracial como virtud y, sobre todo, pensar una nación en ruptura radical con el apartheid: en palabras de Desmond Tutu: "El pasado es otro país", y donde dice "el pasado", se refiere al apartheid.

La CVR intentó (y hasta cierto punto logró) aumentar la representatividad descriptiva en términos raciales, culturales, religiosos, lingüísticos, regionales y de género de sus miembros y de los/las declarantes. Entre las medidas inclusivas podemos mencionar: la integración de personal de la comunidad para la toma de testimonios, lo que en términos lingüísticos y político-culturales facilitó la recolección-producción de testimonios, y criterios de representatividad por raza y género para la selección de comisionistas y de las víctimas que darían testimonio público. Las audiencias itinerantes de la Comisión, y los servicios de transporte que ofrecía, intentaban llegar a la población no urbana. El hecho de que todos los procedimientos fueran gratuitos también es un criterio de inclusión socio-racial, ya que en virtud de las mismas condiciones históricas era prácticamente imposible enriquecerse siendo africano. La creación de las Audiencias de Mujeres estaba destinada a mejorar la representación sustantiva de las mujeres en la CVR, aunque también repercutió negativamente, ya que cristalizó la imagen de las mujeres como víctimas secundarias o como víctimas de violación sexual.

En el trabajo de la Comisión es posible ver los límites de la política no racialista sobre la base de la reconciliación y la unidad nacional. Aunque hasta cierto punto se borrara el racismo de la retórica de la CVR, y se desapareciera el carácter sistémico del apartheid en en los marcos jurídicos de la comisión, los testimonios no podían volverse públicos sin evaluar la representatividad racial. Ésta es una forma de mostrar e imaginar la nación posapartheid, donde la condición de víctima –por lo tanto, la posibilidad de redención– es extensible al conjunto de los grupos racializados. La sobrerrepresentatividad de la población blanca en el rol de víctima fue duramente cuestionada (Ross, 2003): en parte se debió a un afán deliberado por incluirlos dentro de esta categoría, y también es real que los criterios de representatividad iban siendo decididos en el día tras día, lo cual daba un amplio margen de resultados discrecionales.

Hay que mencionar también los aspectos positivos en el nivel simbólico en que la TRC afectó las jerarquías raciales preestablecidas. El simple hecho de que un enorme número de africanas/os se presentaran a declarar ante la Comisión en tanto institución estatal, sus relatos adquirieran el estatus de verdaderos y fueran contemplados y legitimados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ya representa en sí mismo un cambio en la relación Estado-grupos racializados respecto al apartheid. Otro impacto fueron los relatos de los perpetradores blancos, ya que debían asumir públicamente toda la gama de delitos cometidos para tener derecho a la amnistía. Esos testimonios dejaron un precedente importante sobre el pasado reciente, disminuyendo las posibilidades de los pactos de silencio y del negacionismo. Hay que situar ello en una Sudáfrica donde la comunidad blanca no tenía necesidad de entablar relaciones horizontales con otros grupos raciales, y, por tanto, era capaz de generar discursos autolegitimados. En este sentido, la CVR buscaba modificar las relaciones Estado-sociedad, o Estado-grupos raciales. En esa búsqueda, los criterios de inclusión eran necesarios pero no fueron suficientes, en gran medida porque el mandato de la Comisión era excesivamente amplio para poder ser cumplido.

La CVR puede ser considerada un dispositivo de normativización (Cabanillas, 2011) y administración (Rufer, 2008) de las memorias, ya que estableció criterios estrictos sobre qué y cómo sería recordado. La Ley 34 define que quien padeció "una grave violación a los derechos humanos" de manera directa (en su propio cuerpo) es una víctima primaria, mientras que los familiares o allegados de la primera serían víctimas secundarias o indirectas; siempre que la motivación del o los perpetradores fuera política (entendida como la pertenencia a un movimiento de liberación, o a las fuerzas represivas del Estado). Se trata de un crimen sin beneficiarios (Mamdani, 2002) ni perjudicados en términos económicos y políticos.

El concepto de víctima se volvió la puerta de acceso para declarar en la CVR, y, como tal, un encuadramiento de normalización de los testimonios (Cabanillas, 2011). Una "grave violación a los derechos humanos" se definió mayoritariamente como violaciones contra la integridad corporal: "[...] muerte, tortura, secuestro o maltrato físico o psicológico severo"(Ley 34). De esta preocupación e insistencia por la corporalidad, se desprende que el sujeto de derechos de la Ley 34 es efectivamente un individuo íntegro corporalmente, en tanto que, durante el apartheid, la población no blanca estaba sujeta a la violación (o amenaza de violación) sistemática de su integridad corporal. Haber sido clasificado como africano/a equivalía a: amenaza a la supervivencia (acceso restricto a los escalafones laborales, propiedades, educación y salud, traslado forzado de residencia); hostigamiento policial por infringir (o sospecha de infringir) cualquiera de las leyes racistas; persecución y represión en cualquiera de sus modalidades; en el caso de las mujeres, además, ser objeto de torturas por medios sexuales y situaciones de violencia sexual-racial.

Conforme el contexto histórico antes citado, la integridad corporal como derecho y ejercicio durante el apartheid sólo podría corresponderse con un sujeto blanco no opositor al apartheid y masculino, ya que sólo la población blanca tenía garantizados sus derechos y un Estado a su servicio para ejercerlos.

Para el caso de las mujeres, y conforme al ideal colonial y calvinista de mujer blanca, la integridad corporal equivale a la impenetrabilidad (fuera del matrimonio), con las connotaciones morales que ello supone. Por ende, ser víctima directa de una grave violación a los derechos humanos, ante la CVR, equivalía a haber sido vulnerada en el derecho a la integridad corporal, y si la víctima era mujer y africana, se producía una asociación inmediata con haber sufrido de una violación sexual. En parte, de ahí se desprende la insistencia de los/as comisionistas en que las mujeres declarasen sobre eventos de violación sexual.

Sin embargo, esta insistencia contrasta con que la violencia política por medios sexuales (Segato, 2006) contra las mujeres quedaba mayoritariamente fuera de la categoría jurídica de víctima: la violación sexual es un ítem entre muchos del "maltrato físico severo", pero no aparece dentro de la "tortura". Tampoco aparecen otras acciones generizadas que atentaron contra la maternidad, como la esterilización forzada, la inducción de abortos y la utilización de los hijos para el quiebre de las militantes. Es decir, la violencia generizada quedó fuera de esa normalidad sobre cómo debía entenderse la lucha y la violencia políticas: ésta fue al mismo tiempo inducida al silencio, por ser una memoria inaudible (Motsemme, 2004); y excepcionalizada (Du Toit, 2005), por el trato que se le dio cuando fue (d)enunciada. En este sentido, el racismo expresado en la elevación de la supremacía blanca a ley de Estado no constituye –en términos de la ley– una motivación política para una grave violación a los derechos humanos. Fiona Ross (2003) y Mahmood Mamdani (2002) señalan que ello desaparece el racismo como crimen, así como el carácter sistemático y estructural del apartheid: éste deja de ser nombrado como tal, transformándose en "los conflictos del pasado", individualizados como hechos específicos de "graves violaciones a los derechos humanos". Con ello, los testimonios de una multitud de víctimas directas de la trama de opresión –entre ellas, las mujeres africanas– caen fuera de los límites normalizados de la CVR. Por ejemplo, quienes sufrieron un traslado forzado de población como parte de la política de tribalización no serían víctimas de una grave violación a los derechos humanos en términos de la ley, mientras que quienes lo resistieron y fueron reprimidos por ello, sí (Cabanillas, 2011; Coombes, 2011). El legislador que aprobó una ley racista en el parlamento no sería un perpetrador, pero el policía que reprimió legal o ilegalmente aplicando esa ley sí lo sería (Cabanillas, 2011).

El tipo de violaciones a los derechos humanos reconocidas por la ley y la forma de demostrar la motivación política redundaba en que la CVR reconociera casi exclusivamente la experiencia masculina de la lucha contra el apartheid. Una experiencia de militancia activa y encuadrada en las estructuras de los movimientos de liberación tales como el ANC o el Azapo¹² (Cabanillas, 2011). Debido al mismo orden de género, buena parte de la militancia de las mujeres estaba en el desarrollo de actividades comunitarias y la participación en las redes de los movimientos de liberación a través de actividades feminizadas (tales como cocina, alojamiento, etcétera) y consideradas "de apoyo", aunque no por ello menos importantes ni menos riesgosas (Suttner, 2007).

Las 2.000 audiencias públicas de víctimas fueron el aspecto más difundido y conocido de la Comisión. Se desarrollaron en las distintas sedes regionales de la TRC, emitidas por radio, televisión y prensa escrita nacional e internacional (Ley 34, 1995: cap. 6, artículo 33). El carácter diario de la presentación pública de testimonios puede considerarse una iteratividad performática (Bhabha, 1998) que normativizó (Cabanillas, 2011) y administró (Rufer, 2008) las memorias sobre el apartheid, impactó en la forma de percibir y vivir la nación posapartheid y en las formas de narrar el pasado, estableciendo lo socialmente audible (Motsemme, 2004) y la cristalización de quiénes eran las víctimas del apartheid.

Dentro de las audiencias públicas especiales, se abrieron las de mujeres como demanda de las comisionistas y organizaciones de víctimas (Goldblatt y Meintjes, 1996), pero acabaron siendo administradas por la CVR como un "espacio separado" para que las mujeres "pudieran hablar" (Truth and Reconciliation Commission, 1998: Vol 4, cap. 10), léase, entre ellas (Cabanillas, 2011). La presencia de las mujeres en la lucha antiapartheid y en la CVR como víctimas y perpetradoras aparecerá también como un apéndice del Informe Final en un documento llamado "Alegato de Género", escrito en 1996 por Bett Goldblatt y Sheila Meitjies, y en un subapartado de las audiencias especiales (Truth and Reconciliation Commission, 1998: Vol. 4, cap. 10). En las audiencias de mujeres se pretendía que se pudieran declarar las violaciones a los derechos humanos generizadas, entendidas como hechos de índole sexual. Dado que una violación a los derechos humanos se entendía como una violación a la integridad corporal (Ross, 2003), los delitos generizados se tradujeron como atentados a la integridad física del cuerpo de las mujeres, enfocándose en uno de los episodios menos narrables: la violación sexual. Con esta afirmación no quiero indicar que no debía denunciarse la violación sexual ni atribuir un valor positivo o negativo al testimonio sobre violencia sexual contra las mujeres en la TRC, solamente quiero llamar la atención sobre la dificultad que una víctima de este tipo de delitos enfrentaría en caso de declarar sobre éstos, las tensiones presentes a la hora de declarar y las consecuencias de la declaración para la propia víctima.

Dentro de la TRC y conforme a la Submission on Gender de 1996 (Alegato de Género), de Goldblatt y Meintjes, las mujeres habrían sufrido más violencia sexual que los hombres, por el hecho de ser mujeres, y como tal, debían declarar sobre sí mismas incluyendo tales sucesos. En ese sentido, las víctimas mujeres fueron impulsadas a exponer las violaciones a los derechos humanos sufridas en sus propios cuerpos, lo cual las hacía caer inmediatamente bajo sospecha de haber sido violadas, con el estigma que ello implicaba, tal como lo señalan la misma Comisión en el Informe Final y diversas autoras y organizaciones de mujeres (Du Toit, 2005; Ross, 2003; Khulumani Support Group¹³, entre otras).

El carácter público de las audiencias complicaba la posible "curación" producto de "hablar" tal como se publicitaba. En esta visión, cuerpo y mente están escindidos jerárquicamente y la palabra, como expresión de la mente, tiene un poder curativo sobre el cuerpo, que es un canal de expresión de los "traumas" (Theidon, 2004). Detrás de estas suposiciones también estaba aquella, según la cual, la violación sexual sería uno de los hechos más traumáticos en la vida de las mujeres africanas, lo cual ignoraba los mismos testimonios centrados en otros hechos que las mujeres consideraban más dolorosos (Ross, 2003; Madlala-Routledge, 1997). Por ejemplo, resulta evidente en el testimonio público de Thandi Shezi ante la Primera Audiencia de Mujeres de Johannesburgo, el primero de julio de 1997. Ella destaca su actividad militante en la Liga de la Juventud y de Mujeres del ANC y como parte de la red logística de su guerrilla Umkhonto we Sizwe. Relata las inúmeras torturas sufridas durante su detención, privilegiando sus actos de resistencia a la delación, y las dificultades para reinsertarse en la vida comunitaria, política y laboral una vez en libertad. No obstante, de las 29 preguntas que le formularon las comisionistas, 16 (73%) fueron específicamente sobre un hecho de violación tumultuaria durante su detención. En cambio, se le realizaron sólo 8 preguntas sobre su actividad política, de las cuales, 5 (62%) ponían en duda su participación política (Cabanillas, 2009: 196-219). La idea de que la violación sería "lo más traumático" (Gobodo-Madikizela, 1997) la vuelve hasta cierto punto excepcional (Du Toit, 2005), y aquello que es excepcional no puede pensarse como estructural (Segato, 2003). El enfoque de la CVR parece espectacularizar y excepcionalizar la violencia sexual, lo cual pasa por alto el carácter sistemático y cotidiano de la violencia sexual en Sudáfrica.

En la CVR predominó un enfoque en el que las mujeres africanas serían el sector más vulnerable en varios sentidos: sujetas al hostigamiento policial, con más dificultades que los hombres africanos para conseguir un trabajo formal, obligadas a emplearse en sectores informales de la economía, y, especialmente, perseguidas cuando sus compañeros estaban presos o habían sido asesinados; igualmente fué negado su acceso a un sistema de salud y a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y transporte; en algunos casos documentados, fueron víctimas de abusos y violaciones sexuales por parte de sus propios compañeros de militancia; y en ocasiones, por parte de sus parejas. El enfoque de la Comisión sobre las mujeres africanas únicamente como víctimas desconoce y omite el posicionamiento con que muchas de ellas ingresaron –o no ingresaron (Madlala-Routledge, 1997)– su testimonio en la CVR, priorizando no ser tratadas como víctimas, sino como sobrevivientes. Esta última categoría enfatiza el carácter general de la lucha, y no se centra en el sufrimiento o el dolor. Una de las organizaciones que impulsó esta resemantización fue Khulumani Support Group.

Dicha organización surgió en 1995 como una agrupación de víctimas para ayudar al trabajo de la CVR, asistiendo psicológica y legalmente a éstas. No obstante, conforme avanzó su trabajo se fue distanciando cada vez más de la Comisión, e intervino denunciando que la experiencia de las mujeres africanas no estaba representada en los marcos de la CVR, aunque ellas hubieran sido víctimas de diversas violaciones de sus derechos fundamentales dentro y fuera de los parámetros de la Comisión (Makhalemele, 2004). Parte de ese distanciamiento se refleja en que privilegió la categoría de sobreviviente por sobre la de víctima. La Organización de Mujeres de Natal planteaba que las experiencias de luchas y represión de las mujeres militantes estaban ausentes en el relato principal de la CVR (Madlala-Roudledge, 1997), siendo que ellas de ninguna forma se presentarían a declarar como víctimas (Ross, 2003).

Comentarios finales

En su definición jurídica de víctima, la CVR reconoce mayormente la experiencia de militancia y represión masculina, y, como tal, ubica a las mujeres en el lugar de víctima secundaria de una grave violación a los derechos humanos, es decir, como pariente de una víctima primaria –masculina (Truth and Reconciliation Commission, 1998)–. Cuando las mujeres se presentaron a declarar sobre sí mismas, y en particular en las audiencias especiales de mujeres, pesaba sobre ellas la presión de declarar sobre hechos de violencia sexual, en un contexto en que tales delitos no estaban específicamente tipificados como una grave violación a los derechos humanos, y tampoco existían las condiciones sociales para la escucha. Puede decirse, entonces, que la CVR privatizó las memorias de mujeres al considerarlas parientes o víctimas de violación sexual.

Además, la noción de víctima presupone un sujeto de derecho corporalmente íntegro, y siguiendo a Chandra Tlapalde Mohanty (2008a; 2008b), este concepto articuló la separación entre comisionista y víctima en el marco de las audiencias de mujeres, donde la primera supone tener un cuerpo íntegro, a diferencia de la declarante vulnerada –pensada como víctima de violación sexual–. Esto acentuó el estereotipo colonial de las mujeres africanas como violables, ubicándolas al mismo tiempo en el lugar de lo excepcional y de penetrabilidad inevitable. De esta manera, la noción de integridad corporal supuesta en el sujeto de la Ley 34, en términos de género, estableció una frontera entre las mujeres victimizadas (estigmatizadas como violadas) y las no victimizadas. Es preciso mencionar que no por casualidad, la mayoría de las mujeres que declararon lo hicieron como víctimas secundarias.

El presupuesto de un sujeto corporalmente íntegro de los derechos humanos performado por los comisionistas a la hora de dirigir las audiencias de víctimas, universaliza la experiencia de cuerpo íntegro y psiquiatriza los cuerpos vulnerados como sujetos traumatizados. De esta forma, una experiencia mayoritaria, sistemática y estructural como la violencia sexual, fue tornada exótica y excepcional, exhibida para el debate público, re-inventando las jerarquías, en este caso, racial-sexuales. La excepcionalización apoya el estigma de la víctima, y, en este sentido, va de la mano con el silencio sobre la violación sexual: en ambos casos las mujeres serían definidas por su penetrabilidad. Y en su correlato moral, un cuerpo íntegro supone un sujeto íntegro, una mujer "honrada". Es fundamental señalar que los testimonios de mujeres, tales como el de Thandi Shezi (2011), las declarantes no apelan a la integridad corporal como sustento de la integridad moral. Muy por el contrario, el posicionamiento refiere a la capacidad de resistir primero sin que la integridad moral sea quebrada.

La reinvención de las jerarquías racial-sexuales tuvo en las audiencias públicas un escenario privilegiado donde se performaron los rituales de paso (Goodman, 2006) de la victimización a la reconciliación nacional. En éste, la incorporación performática (Butler, 1993) del discurso de la nación arcoíris y el perdón eran centrales para transitar hacia la reconciliación, y prerrequisito implícito para ser considerada dentro de las víctimas que prestarían declaración pública (Ross, 2003). La victimización como experiencia aestética de la nación (Mookherjee, 2011) en un performance insistentemente repetitivo era la precondición para la homogeneización de los/as ciudadanos/as y para el establecimiento de lazos horizontales que permitieran imaginar la nación. Sino un pasado común, un dolor común era la amalgama para la unión del pueblo sudafricano.

Los cuerpos-sujetos (cuerpas-sujetas) que dieron declaración pública –atrapados en las inscripciones normativas y de poder de la CVR– encontraron canales de resistencia para evitar adquirir la marca (De Lauretis, 1989) de cuerpo vulnerado, con daño severo, físico o psicológico (Ley número 34, 1995). Mientras la CVR construyó un sujeto mujer como víctima secundaria de violaciones a los derechos humanos, las mujeres reales y concretas buscaron posicionarse como sobrevivientes en lugar de víctimas, o bien de relatar las violaciones a los derechos humanos sufridas por sus parientes, enfatizando las consecuencias de tales pérdidas sobre sus propias vidas, procurando, por tanto, evitar el estigma de la violación (Ross, 2003; Du Toit, 2005) y, al mismo tiempo, consolidando una narrativa propia que no respondiera al imperativo moderno (y colonial) donde un sujeto íntegro se corresponde necesariamente con un cuerpo íntegro. Es decir, posicionando sus cuerpos y subjetividades en una trama de poder (Pedraza, 1999) que no las deglutiera a ellas mismas ni a su legitimidad para enunciar y narrar el pasado.

Notas

¹ La CVR tenía un sinnúmero de procesos burocrático-administrativos mediante los cuales aplicaba el concepto de víctima, a partir del entendimiento que de éste tenían sus funcionarias/os (Posel, 2002). A eso debe sumarse que el protocolo para tomar testimonios fue modificándose de un modelo de entrevista abierto que duraba en promedio 3 horas por declarante a un cuestionario de opciones semicerradas con 48 clasificaciones posibles de violaciones a los derechos humanos sufridas por la víctima en cuestión, y con un atendimiento que promediaba 45 minutos (Wilson, 2001).

² En sentido estricto, la población mestiza o coloured votó en la provincia de El Cabo hasta 1954. La única tentativa de incluir otros grupos raciales se dio cuando en 1984 el gobierno militarista de Botha creó dos cámaras legislativas: una india y una coloured, que se sumarían a la ya existente cámara legislativa de representantes blancos. La intensa politización de los años ochenta y el nivel de confrontación hicieron fracasar estrepitosamente dicha iniciativa, ya que la misma elección de representantes fue boicoteada.

³ El National Party estaba integrado por afrikáaners y encarnaba un nacionalismo étnico racista que buscaba, entre otras cosas, diferenciarse de las opciones de "unión y convivencia" con la población de origen inglés. Dentro de su lógica racista, cada grupo racial requería desarrollarse de manera separada y pura. Es imposible pensar que no tuvo el apoyo electoral del resto de la comunidad blanca, ya que la articulación de beneficios y derechos era para el conjunto poblacional blanco.

⁴ El ANC es uno de los principales movimientos de liberación. Fundado en 1912 como organización africana de tipo peticionista, se masificó en los años cuarenta y cincuenta, cuando la Liga de la Juventud impulsó un cambio de estrategia en la lucha contra el régimen de privilegios raciales. Como partido político gobierna Sudáfrica desde 1994 hasta la fecha.

⁵ El PAC nació fruto de una ruptura con el ANC en 1959 en torno a cómo entender la cuestión racial y la política de alianzas. Para el PAC debían estrecharse lazos con los movimientos de liberación del resto del continente y no centrarse en la conformación de frentes multirraciales. Revindicaban lo africano y rechazaban la convivencia con los blancos, a quienes consideraban colonizadores, por lo tanto, sin derechos sobre África. El PAC fue desarticulado en su capacidad operativa por la represión, no obstante, varias de sus ideas influenciaron la política de oposición al régimen y el movimiento posterior Black Conciousness.

⁶ Umkhonto we Sizwe, brazo armado del ANC, significa "punta de lanza de la nación", y Poqo del PAC podría traducirse como "por nosotros mismos" (los africanos), en inglés "We Stand Alone".

⁷ En 1913, en Sudáfrica se dió la expropiación masiva de tierras con base a la Ley de Tierras; el 87% del territorio fue apropiado por blancos, mientras que el 13% restante fue asignado a distintos grupos africanos (llamados bantustanes y homelands, después) con distintos grados de autonomía, estatus administrativos, etcétera.

⁸ No pretendo decir que el Inkhata sea un subproducto de la política de tribalización, de hecho, como movimiento cultural, es preexistente. Sin embargo, crece al amparo de esta nueva situación.

⁹ El inicio de la transición no significó en modo alguno la pacificación ni el cese de los conflictos violentos. El baño de sangre continuó, teniendo como foco de los ataques la policía, grupos parapoliciales y el Inkhata Freedom Party contra los movimientos de liberación, en particular, el ANC, ya se tratara de su estructura clandestina o de su marco de alianzas: Cosatu (central sindical), Partido Comunista y Frente Democrático Unido (UDF). Los ataques de la derecha amenazaron las negociaciones, siendo su crisis más aguda en 1992 con el asesinato de Chris Hani, dirigente sindical, combatiente y miembro del ANC.

¹⁰ Especialmente durante los años ochenta, cuando los movimientos de liberación llamaron a "hacer ingobernable el país".

¹¹ La CVR tenía tres comités: el Comité de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, el Comité de Amnistía y el Comité de Reparaciones. Cada uno de éstos con atribuciones y mandatos específicos. En el presente artículo únicamente me referiré al primero.

¹² Sigla de Azanian People's Organization, inspirada en las ideas del Black Conciousness Movement y fundada en 1978.

¹³ Véase su sitio electrónico oficial, disponible en: <http://www.Khulimoni.net>.

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