Las potencias insurrectas de lo montuno

Para abordar esta pregunta es necesario comprender la relación política y libidinal que estableció Cartagena de Indias con el Sinú: la economía de poder y deseo que proyectó la ciudad caribeña en dicha región. Luego del saqueo sistemático de las sepulturas zenúes, los españoles dejaron, en parte, de interesarse en este territorio y concentraron su actividad hacendataria en las sabanas de Tolú (^{Ocampo, 2007}; ^{Meisel, 1980}; ^{Tovar, 1980}). Con el tiempo, las cuencas del Sinú y el San Jorge se convirtieron en territorios rebeldes habitados por "indios bravos" -llamados Urabaes por los españoles- que extendían su control territorial hasta la margen occidental del río Sinú (Paolo y Solano, 2011; Vargas, 1993). Además, allí vivían múltiples comunidades de cimarrones que crearon un complejo sistema de palenques insurrectos y blancos desertores que no estaban dispuestos a obedecer a la monarquía católica (^{Bell, 1991}).

El Sinú se afirmó como un territorio de fuga en el que no operaba del todo el gobierno de las autoridades civiles y eclesiásticas, lo que proyectaba en dicha geografía imaginaria un inquietante temor y, al mismo tiempo, un insondable deseo. La aristocracia colonial vivió bajo la zozobra que le producía el riesgo de ser atacada por los cimarrones e "indios bravos" que habitaban los montes o conjurada por las "brujas" que realizaban sus juntas clandestinas en los arcabucos. Estas gentes conspiraban obstinadamente contra la monarquía católica, por lo que eran temidas (^{Maya, 1993}, 1996, 1998; Sánchez-Mojica, 2017). A la par, de manera ambivalente, la aristocracia también deseó con delirio las imágenes de libertad y desenfreno que proyectaba en el paisaje montuno: el revés de sus propias frustraciones.

En consecuencia, desde mediados del siglo XVIII se instauraron una serie de reformas poblacionales en la Provincia de Cartagena, en respuesta al interés de los Borbones por aumentar la recaudación de impuestos, desarrollar la agricultura para el abastecimiento urbano y controlar las poblaciones insumisas; así como a la geografía imaginaria que proyectaba la aristocracia colonial en la región. Entre 1774 y 1778 se ejecutó la campaña de poblamiento y congregación de pueblos de Antonio de la Torre y Miranda; entre 1779 y 1780, la visita pastoral de Fray José Fernández Díaz de la Madrid y entre 1787 y 1788, la campaña de congregación de pueblos de Fray Joseph de la Vega (Herrera, 2002; Fals, [1979] 2002; Meisel, 2000; Moreno, 1993; Paolo y Solano, 2011). Eran intentos por controlar lo incierto, ambivalente e inconmensurable de aquellos parajes: políticas poblacionales inspiradas por un imaginario colonial que programaba -por parte de las clases dominantes- una racialización libidinal del paisaje sobre lo montuno.

El resultado fue la conformación de una compleja sociedad de agricultores parcelarios, autogestionarios y autónomos que se valían de tierras comunales para el pastoreo y que no se situaban bajo la subordinación de la soberanía hispánica. Además, ni la burocracia estatal ni la sacerdotal contaban con los funcionarios y misioneros requeridos para controlar a estas gentes libres, quienes tampoco estaban dispuestas a dejarse someter: preferían la transgresión paródica de la sociedad colonial (Fals Borda, [1979] 2002; Herrera, 2002; Paolo y Solano, 2011; ^{Posada, 1998}).

Después de la desterritorialización de las relaciones ambientales que habían sido establecidas -antes de la primera invasión hispánica- por las sociedades zenúes, los bosques cubrían gran parte de la región (^{Ocampo, 2007}). Los zenúes habían construido el sistema de riego más extenso del continente, gracias al análisis inmanente de las condiciones climáticas, geomorfológicas e hidrográficas de la región, el cual quedó prácticamente abandonado luego del cataclismo de la conquista. En el siglo XVIII la transformación del paisaje fue radical: donde habían existido canales de irrigación diseñados para aprovechar las temporadas de lluvias -que permitían el uso agrícola de los sedimentos que arrastraban los ríos Sinú, San Jorge y Cauca-, ahora existían espesas selvas habitadas por sociedades nómadas.

El desmonte

Después de las guerras de independencia, en la segunda mitad del siglo XIX, favorecidos por las concesiones que otorgó el Estado colombiano a compañías francesas, belgas y estadounidenses, el extractivismo forestal y la ganadería hacendataria modificaron el paisaje selvático. El auge de la ganadería hacendataria, por otro lado, estuvo relacionado con el crecimiento de la demanda para proveer el comercio internacional -particularmente con Cuba y Panamá- y para abastecer el mercado de los Estados Unidos de Colombia (Fals, [1979] 2002; Garcés, 2008; ^{Ocampo, 2007}; ^{Posada, 1998}; ^{Viloria, 2004}). En 1843, el alsaciano Luis Striffler participó de una expedición al Sinú, sobre la que escribió:

El alto Sinú desde Montería hasta la población de Naín, estaba entonces completamente inhabitado, y su fertilidad natural no producía ninguna clase de alimentos, a no ser el pescado, y esto sólo en verano. Las grandes manadas de puercos salvajes que el pueblo llama mamados, y las dantas, muy numerosas también, no son objetos que el viajero pueda conseguir de paso.

Por otra parte, los comestibles vegetales que solo produce el sudor del hombre, no se encuentran en aquellas comarcas. Las pequeñas tribus de indios en su vida semierrante, cultivan apenas lo suficiente para su propia subsistencia ([1844] 2008: 29-30, cursivas propias).

Para Striffler, esta era una tierra inculta. Su mirada hiperbólica identificó allí la existencia de un lugar "prácticamente inhabitado", apto para la explotación capitalista aurífera y forestal. No concebía que las prácticas de "subsistencia" de las sociedades locales constituyeran relaciones con los ecosistemas que propiciaban su exuberancia biodiversa. La "vida semierrante" de aquellas sociedades implicaba que "cultivaban apenas lo suficiente para su propia subsistencia". En contraste, para Striffler la economía capitalista era la única que podía considerarse como una forma de apropiación civilizada del territorio. Todo lo demás lo percibía como rústico.

Al salir de Montería tuvimos que decir adiós a la civilización. De allí en adelante ya no había esperanza de encontrar una casa para dormir.

Una región inculta, inhabitada se abrió para nosotros, triste perspectiva para un hombre habituado a las comodidades de la vida. De allí en adelante, antes de pensar en lo confortable, había que proveerse de lo más necesario y esto en la proporción en la que se podía conseguir (2008: 41).

Las relaciones ambientales no capitalistas que existían entre las sociedades locales y los ecosistemas selváticos fueron estereotipadas por Striffler como un desperdicio improductivo. Argumentó que la región estaba "inhabitada". Aquellas gentes fueron percibidas como parte orgánica del paisaje selvático, no como sociedades en estricto sentido. Cuando Striffler indicaba que la "fertilidad natural no producía ninguna clase de alimentos" se imaginó, a contrapelo, la posibilidad de diseñar un tipo de agricultura que "solo produce el sudor del hombre" y que se basa en la acumulación capitalista.

Este proyecto se hizo real, lo que llevó a que en pocos años los cambios en el modelo de apropiación territorial generaran calamidades para sus habitantes, por efecto de las inundaciones. En un informe elaborado en 1874 por José Zarante -gobernador de la Provincia de Lorica- se afirmaba:

El Sinú es el mas rico granero del Estado Soberano de Bolívar; pero de esa fertilidad no podemos gozar completamente, porque el terreno donde se ha trabajado i puesto en depósito las cosechas aparece sumerjido, cuando la lluvia ha comenzado a darle el valor de su riego. Así, el infeliz labriego vé desaparecer inevitablemente el fruto de su afán, de sus privaciones i trabajos, que una queja arrancada por la ira o por el dolor del sufrimiento, pueda lanzar contra el Hacedor Supremo, porque él lo ayuda con el raudal de sus benéficas aguas, dejando al hombre que con sus esfuerzos complemente la obra (Zarante, [1874] 2009: 77).

La profunda transformación del territorio del Sinú fue realizada por un grupo de compañías estadounidenses, belgas y francesas -amparadas por el Estado colombiano- que llevaron a la práctica económica la interpretación según la cual las relaciones ambientales de reciprocidad que las sociedades indígenas mantenían con el entorno montuno eran prácticas incultas que desaprovechaban ingenuamente la riqueza de "recursos" del Sinú. Este discurso civilizatorio tuvo un efecto inusitado en la destrucción de los ecosistemas selváticos. Al respecto, en 1880 Rafael Pineda -gobernador de la Provincia de Chinú- informaba:

El distrito de Ayapel, por su topografía, por su larga distancia de esta capital [Cartagena de Indias], i mas que todo por su atraso social e intelectual, requiere particular atención de parte del Gobierno, a fin de hacer fecundas las inmensas riquezas que contiene en sí.

La agricultura i la minería tienen allí un campo escojido, como en mui pocas partes, para su desarrollo; i sus bosques producen en abundancia, caucho, canime, taguas, zarza, ipecacuana i toda clase de maderas de construcción i ebanistería. Esto prueba la necesidad que hai que hacer cambiar las ideas sociales de aquel pueblo, sometido desde tiempo inmemorial a la tiranía del mas degradante i gamonalismo, a fin de habituarlo a respetar la Constitucion i las leyes, como encarnación suprema del órden. Mientras así no suceda, toda situación será precaria, i continuarán abandonados e infecundos los jérmenes de prosperidad que encierra su suelo ([1880] 2009: 184-185).

Según Pineda la región de Ayapel era prometedora para la explotación forestal y agrícola. Se trataba de tierras que tenían "inmensas riquezas". Sin embargo, si se querían obtener beneficios había que "hacer cambiar las ideas sociales de aquel pueblo", era imperativo tomar medidas conducentes a "habituarlo a respetar la Constitucion i las leyes, como encarnación suprema del órden". De lo contrario, no sería posible gozar de los "jérmenes de prosperidad que encierra su suelo". La explotación económica de Ayapel demandaba una detallada intervención gubernamental sobre la forma de ser de la gente que vivía allí. Esta intervención permitirá hacer "fecunda" la tierra.

En este contexto, en 1880 inició el extractivismo forestal de las selvas del Sinú, por obra de la Casa Helbert C. Emery y Cía., radicada en Boston. En su primera operación comercial, esta compañía envió a Estados Unidos tres buques con cargas de cedro, actividad que se extendió por 35 años; exportaba anualmente entre 2 y 2.5 millones de tablones de madera de alta calidad: cedro, caoba, roble, carreto y dividivi. Al mismo tiempo, una asociación comercial franco-belga llamada Compañía francesa del rió Sinú enviaba al año un millón de tablones a Europa. La explotación alcanzó tal magnitud que en 1892 se advertía que las selvas del Sinú estaban al borde de su inminente extinción (^{Ocampo, 2007}). Años después, el 5 de septiembre de 1914, en una carta que José María Cabrales -un político de Montería- dirigió al presidente conservador José Vicente Concha Ferreira (1914-1918) argumentaba que:

En Cispatá todos los meses cargan con madera tres o cuatro grandes buques procedentes de los EE. UU y Europa. Esas maderas vienen siendo explotadas desde 1882, en los ricos e inagotables bosques del Sinú, los cuales han sido casi arruinados con gran provecho para compañías extranjeras -sobre todo yanquis- sin recibir ningún beneficio la nación ni los municipios de aquella privilegiada región (Citado en ^{Ocampo, 2007}: 15).

La explotación imprudente condujo a que en pocos años la región del Sinú adquiriera una faceta totalmente distinta a la que había descrito Luis Striffler ([1844] 2008), en la década de los cuarenta del siglo XIX, la cual le había despertado fantasías relacionadas con la explotación capitalista que civilizaría aquellas "tierras incultas". De la exuberancia montuna y la biodiversidad ecosistémica quedaba poco. Las recias maderas de aquellos bosques tuvieron como destino la fabricación de muebles lujosos y la elaboración de finos acabados decorativos en Europa y en Estados Unidos. La elegancia en el norte global tuvo como delirante reflejo -en el sur global- la destrucción de los ecosistemas selváticos.

Es interesante que, a pesar de advertir que los bosques se encontraban "arruinados" por la acción de las "compañías extranjeras", Cabrales los consideraba como "inagotables". Tal era la magnitud de estos ecosistemas selváticos y la ingenuidad de aquel juicio insaciable. La preocupación de Cabrales era que la explotación forestal no significaba beneficios económicos para la nación ni para los municipios. Exigía una parte substancial de las ganancias que producía el lucrativo negocio. Sin embargo, aquellos bosques no eran "inagotables", como pensaba Cabrales. Las selvas dejaron de ser territorios supuestamente incultos y tribales para subsumirse en la modernidad capitalista neocolonial.

Una carta enviada el 29 de diciembre de 1881 a la redacción del semanario cartagenero El Porvenir, firmada por un "admirador ocular", presentaba el siguiente panorama respecto de las transformaciones que habían ocurrido durante un año:

El viajero observador que hubiese visitado el río Sinú i fijado su atencion en el estado de sus márgenes hasta a finales del año próximo pásado, en la comarca que se estiende desde el simpático i laborioso pueblo de Montería, subiendo el rio, hasta el punto nombrado el "Remolino de las Tortugas" i fuese hoi a examinarlas, se quedaría asombrado al contemplar el sorprendente cambio que en tan pocos días se ha verificado en aquellos pórtentosos lugares.

Las oscuras i frondosas selvas de que se hallaban cubiertos, se han convertido como por encanto, en bellísimos campos donde lucen las espigas del arroz i del maíz, los racimos del útil i socorrido plátano, del majestuoso mango i varios otros árboles frutales.

Estensos potreros de yerba del Pará, rodeando las ricas ciénagas abundantes en nutritivas plantas de pasto natural para el verano i sombreados por erguidas palmeras i coro-zales, dan a aquellas riberas un aspecto encantador.

Inmensos bosques entresacados i desmontados por debajo, para recibir o que tienen ya bajo su protección la privilegiada planta del cacao, ostentan el lujo de aquella poderosa vejetacion e invitan para detenerse a gozar de un rato de solaz, bajo su fresco sombrio, aspirando aquel aire oxijenado que ensancha los pulmones, alegra el alma y robustece la voluntad.

Las modestas cabañas de palma, se han trocado por las risueñas casas de campo al estilo europeo, pregonando así que la cultura i la civilización han posado ya su planta bienhechora en aquella rejion. [...]

Ya el mensajero del progreso, se deja ver surcando las aguas del Sinú en aquellos apartados sitios, turbando la gravedad silenciosa de ellos con el ruido de su potente máquina, el fuerte resoplido de sus válvulas, el chirrido retumbante de su pito i sus espesas bocanadas de humo, i los ganados i los atajos de bestias que pastan tranquilamente en las orillas, sorprendidos por su presencia huyen despavoridos, creyéndose tal vez perseguidos por un monstruo terrible i de aspecto descomunal.

En fin, todo allí es bello i todo revela abundacia, bíenestar i progreso. Los terrenos que mui poco valian antes, hoy tienen gran importancia, i los poseedores no los cederian sino a precio de oro, pues no se mira solo lo que hoy valen, sino lo mucho que de seguro valdrán mañana.

Esa súbita transformación ¿a quién la debemos? en primer lugar a Dios que todo lo dispone, i en segundo lugar al intrépido plantador frances i filantrópico caballero señor Augusto Dangaud. (El Porvenir, 1 de enero de 1882: 2)

Esta carta anónima nos permite constatar los efectos que la explotación agrícola cacaotera tuvo sobre los ecosistemas selváticos. Según la descripción del anónimo "observador ocular", entre 1880 y 1881 las "oscuras selvas" habían sido convertidas en "bellos campos". En los que se podían contemplar "las espigas del arroz i del maíz, los racimos del útil i socorrido plátano, del majestuoso mango i varios otros árboles frutales". Este extraordinario cambio del paisaje producía en quien lo percibía una experiencia que incitaba a "detenerse a gozar de un rato de solaz". La destrucción de los bosques sinuanos -que estaban presuntamente poseídos por una siniestra oscuridad- daba paso a la luminiscencia. Por gracia de la intervención civilizatoria capitalista, ahora era posible respirar el "aire oxijenado que ensancha los pulmones, alegra el alma y robustece la voluntad". Un metafísico placer contemplativo abrazaba a quien observaba la grandiosa obra del progreso.

Pero tan excelsa obra civilizatoria no se extinguía en la transformación de los ecosistemas selváticos que habían sido convertidos en "campos" y "potreros de yerba de Pará". Además, para el "observador ocular" era posible identificar una virtuosa metamorfosis de las viviendas de esos parajes. "Las modestas cabañas de palma, se han trocado por las risueñas casas de campo al estilo europeo, pregonando así que la cultura i la civilización han posado ya su planta bienhechora en aquella rejion". Las estructuras habitacionales locales habían sido desterradas: fueron sustituidas por casas al "estilo europeo". El gracioso observador anónimo no cabía de la dicha.

Todo esto indica que las pretendidas "tierras incultas" habían sido tocadas "como por encanto" por la civilización. Asimismo, el silencio de los bosques estaba siendo alterado por un sonido peculiar: el del barco de vapor, que adquiría el premonitorio estatuto de "mensajero del progreso" y que turbaba "la gravedad silenciosa de ellos [los bosques selváticos si-nuanos] con el ruido de su potente máquina, el fuerte resoplido de sus válvulas, el chirrido retumbante de su pito i sus espesas bocanadas de humo". Para nuestro remitente, constituía una deliciosa ocasión la manera como el barco de vapor espantaba los ganados: "creyéndose tal vez perseguidos por un monstruo terrible i de aspecto descomunal".

La carta tiene un interesante trasfondo: fue redactada por un personaje enigmático que buscaba congraciarse con el empresario francés August Dangaud. Era una manera de propiciar cierta sensación de curiosidad en el ciudadano extranjero, que le llevara a preguntarse ¿quién estaba reconociendo tan valioso papel civilizatorio a su labor agrícola capitalista en las selvas del Sinú? Una vez Dangaud cayera preso de la curiosidad, el escritor anónimo se revelaría para conseguir que el francés lo tuviera en buen concepto: ganaría su refinada gentileza.

Además de la estrategia de adulación que evidencia la carta, el documento permite constatar la abrupta transformación del paisaje. Tal cosa fue posible gracias a una concesión otorgada por el Estado colombiano para la explotación comercial de cacao. Se trata de la concesión que sirvió de base para la conformación de la célebre hacienda Marta Magdalena (Fals Borda, [1979] 2002; ^{Ocampo, 2007}). La concesión fue hecha a favor de Manuel Narciso Jiménez Gómez, un ciudadano colombiano que operaba en realidad como intermediario de Leonce Boiteau, pues según la legislación de la época los ciudadanos extranjeros no estaban autorizados para solicitar concesiones, sólo las compañías. Esto, sin embargo, como expone este caso, no era un impedimento para acaparar las tierras.

Boiteau era un francés interesado en invertir en la producción de cacao. Había sido seducido por la idea de adelantar esta empresa capitalista debido a los relatos exóticos que Auguste Dangaud le había narrado en París sobre las fabulosas riquezas de la región del Sinú (El Tiempo, 5 de marzo 1997). El empresario francés adquirió de Jiménez Gómez 5.440 hectáreas para realizar su empresa. Así, las tierras de la concesión terminaron en manos de los europeos.

Al cabo de ingentes esfuerzos, la empresa cacaotera de los franceses utopistas cayó en desgracia. La humedad y las "plagas" destruyeron los cultivos de cacao. Los sueños que prometían el deleite aventurero de amasar enormes riquezas en el Sinú se erosionaron de manera definitiva a un costo nada despreciable. Al mismo tiempo, aquellos terrenos habían experimentado un lucrativo proceso de valorización predial ya que "los poseedores no los cederian sino a precio de oro, pues no se mira solo lo que hoy valen, sino lo mucho que de seguro valdrán mañana" (El Porvenir, 1 de enero de 1882: 2). Por su parte, la acelerada deforestación que produjo la explotación forestal permitió que dichas tierras fueran destinadas a un nuevo tipo de actividad económica: la ganadería hacendataria.

Alambre de púas

Como hemos visto, durante el siglo XVIII la ganadería fue una actividad concentrada en las sabanas de Tolú (Herrera, 2002; ^{Meisel, 1980}; ^{Tovar, [1980}] 1988). Los españoles dispusieron de aquel territorio como un área de producción de carnes y derivados de la caña para abastecer a Cartagena de Indias. Esto se propició gracias al dinamismo económico producto de las inversiones del imperio español, que buscaban fortalecer el sistema defensivo, pues el crecimiento demográfico de la ciudad -generado por las obras- demandaba bienes de consumo. En la segunda mitad del siglo XIX, la ampliación de la frontera agraria -favorecida por el ex-tractivismo forestal de las compañías francesas, belgas y estadounidenses- abrió la posibilidad de extender la ganadería al Alto Sinú.

Este desplazamiento espacial, hacia tierras distantes de los márgenes de los cauces de los ríos, se realizaba por medio de la ganadería sedentaria. Cuando la ganadería se desarrollaba en los márgenes de los ríos, las reses debían ser trasladadas -durante las temporadas de lluvias- a zonas que no fueran anegables (Herrera, 2002). Hubo entonces ciclos de movilidad acompasados en función de las temporadas de lluvias y por los consecuentes desbordamientos de los ríos. En tanto la explotación deforestó los territorios ubicados más allá de los márgenes fluviales, la ganadería pudo establecerse como una actividad que ya no requería la trashumancia, sino que podía realizarse mediante desplazamientos destinados únicamente a la comercialización de las reses (^{Ocampo, 2007}).

Ahora bien, antes de la extensión sistemática de la ganadería hacia el Sinú, aquella actividad se realizaba por medio de cadenas productivas que articulaban varios sectores sociales. El ganado era criado por pequeños ganaderos que proveían los novillos, de entre uno y dos años, a otros ganaderos, porque no contaban con los recursos económicos para terminar de levantar las reses. Luego, los ganaderos que los compraban levantaban el ganado hasta que tenía más o menos cuatro años, para venderlo a ganaderos más acaudalados que lo conducían a lugares cercanos a los centros de consumo, donde terminaban de cebarlo para su comercialización. El encadenamiento productivo de la ganadería implicaba, entonces, por lo menos tres secuencias, adelantadas por ganaderos de diferentes condiciones socioeconómicas (^{Ocampo, 2007}; ^{Posada, 1998}). Al respecto, en 1882, Juan Burgos -gobernador de la Provincia de Lo-rica- informaba:

Su principal industria [de la Provincia de Lorica] es la cría de ganados, i para ello cada cual en proporcion tiene su potrero. Aproximadamente puede decirse que no baja el número de cabezas de ganado vacuno, de veinte mil, la caballar de trescientos, la asnal de seiscientos, i la cerduna de quinientos; así como que tiene trescientas veintisiete fanegas de potrero ([1882] 2009: 117).

Para Burgos, en dicha provincia "cada cual en proporción tiene su potrero", lo que significa que la ganadería era una actividad que realizaban varios sectores sociales de manera diferenciada: en razón de los recursos económicos con los que contaban. No obstante, los procesos territoriales relacionados con la expansión de la ganadería capitalista se tradujeron en intensos conflictos sociales. En primer lugar, se desató un proceso de concentración de la tierra que llevó a que muchos campesinos se vieran envueltos en formas de peonazgo y de explotación laboral. Sobre esta situación Juan Burgos menciona:

(... ) se ha dado el caso de sirvientes aburridos del trabajo i cansados de pedir su ajuste de cuentas, se fugan del establecimiento, ocurriendo unas veces a la autoridad para q' haga se les liquide, i otros cambiando por completo de domicilio, ya por mala índole o por la poca fe que tengan en el resultado de sus gestiones, que generalmente son nugatorias, porque como se es sabido, los patrones son mejor atendidos por las autoridades, debido a la falta de independencia o a la tendencia que hai de despreciar la parte menesterosa de nuestra sociedad ([1881] 2009: 93-94)

A finales del siglo XIX, al igual que en otras regiones del país, en el Sinú se vivió un acelerado proceso de ampliación de las haciendas (LeGrand, 1988), que aprovecharon la falta de delimitación de predios (comunales) para incorporar tierras de pequeños campesinos y tierras colectivas a las grandes propiedades hacendatarias (Fals Borda, [1979] 2002; ^{Meisel, 1980}; ^{Tovar, [1980}] 1988). En las haciendas más grandes, los trabajadores eran sometidos a mecanismos de endeudamiento que se basaban en formas irregulares de salario. Se les pagaba anticipadamente con productos ofrecidos en las tiendas de las haciendas y cuando llegaba el momento del pago este se equiparaba con las deudas de los trabajadores. Aquel mecanismo permitía mantener a los trabajadores empeñados: garantizaba que no abandonaran las haciendas. Asimismo, las cuentas eran manipuladas por parte de los hacendados y, de tanto en vez, aumentadas de manera inescrupulosa (Fals Borda, [1979] 2002).

Sin embargo, en otros casos, el pago a través de los productos comercializados por las tiendas de las haciendas fue usado por los trabajadores para garantizar el pago de su salario, pues -como afirma Burgos- los trabajadores no estaban respaldados por garantías laborales que les permitieran contar con un salario regular, y obligaran a los hacendados a pagarles a tiempo por su trabajo (^{Posada, 1998}).

Por otro lado, en la década de 1880 se introdujo en la región la delimitación de los predios de las haciendas con alambre de púas. El cercado se impuso. Además, se dio inicio en 1883 a un amplio proceso de adjudicación de baldíos a empresarios nacionales y extranjeros; en el caso de estos últimos -como hemos visto- por el recurso de intermediarios. Esto condujo a que el acceso a la tierra "no apropiada" por los campesinos y colonos se hiciera extremadamente difícil (^{Ocampo, 2007}: 18). Muchas zonas comunales que solían ser utilizadas por los campesinos para actividades agrícolas de pan-coger, o para levantar terneros y venderlos a ganaderos acaudalados, fueron cercadas. El conflicto desatado por esta dinámica de expropiación impidió el pastoreó a pequeña escala y confinó las posibilidades vitales de pequeños campesinos y ganaderos (^{Posada, 1998}). En este sentido, Burgos afirma:

En todos i cada uno de ellos [los distritos de la Provincia de Lorica] reina una lucha permanente entre el agricultor i el ganadero, por los constantes daños que mutuamente se hacen, debido a que pocos son los distritos que tienen terrenos propios, por lo que los Concejos no pueden hacer la demarcacion para ambas industrias, i a título de propietarios los ganaderos no remuneran el perjuicio al pobre agricultor, que cansado de sufrir, se lanza en las vías de hecho. De aquí resultan las luchas que absorben el tiempo de los Jefes de policía. En concepto del infrascrito, la Asamblea [del Estado Soberano de Bolívar] debe adoptar una medida que ponga fin a esa situacion; i en mi humilde opinion, bastaría que se hiciesen mensurar los terrenos a cada propietario con vista de los títulos legítimos que se exhibieran, pues la mayor parte de los titulados propietarios no lo son legítimamente; que se adjudique a cada distrito la porcion de terrenos necesarios para sus industrias; i que se expidan las leyes respectivas, tanto para premunir los daños, como para garantir la propiedad territorial. Bien comprende el infrascrito que la operacion de mensurar demanda un gasto de consideracion; pero tambien sabe, la multitud de documentos que ha leido, el exceso considerable de terrenos que cada uno tiene, i por consiguiente eso basta para erogar el o los gastos, que áun dado el caso de no darlos ese sobrante, es forzoso hacerla, por exigirlo así una necesidad pública ([1881] 2009: 103).

A pesar de que en principio la actividad ganadera se estableció a través de encadenamientos productivos que permitían a varios sectores sociales obtener beneficios, los mecanismos de ampliación de las haciendas, los discursos civilizatorios, la concentración de la propiedad de las tierras, el alambrado de predios y la adjudicación de baldíos presionaron a los pequeños productores y ganaderos, y redujeron sus posibilidades de vivir en la región, más allá de ser empleados como peones en las haciendas o mantener pequeños espacios cultivados en los márgenes de los latifundios (Fals, [1979] 2002). Sobre este asunto, Rafael Pineda -gobernador de la Provincia de Chinú- aseguraba en 1881 que:

La administración de justicia, no es generalmente protección segura de la propiedad i de otros legítimos intereses de los asociados, pero no me atrevo a señalar a conducta de ningún, Juez en particular, sino que estimo la causa como de carácter social: la mira en la relajación de las costumbres de los pueblos; porque [...] nada puede el esfuerzo aislado de la autoridad; necesita el concurso de los ciudadanos. Pero cuando los empleados judiciales, así como los de instrucción pública, logren dominar su propia pasión política i se abstengan de toda participación en asuntos de este género, habrá mejorado notablemente este importantísimo ramo de la administración pública.

La venganza personal, el halago i el temor respecto de los hombres influyentes de los distritos, son circunstancias que neutralizan la independencia i rectitud de los Jueces (Pineda, 1881 [2009]: 201).

Según el gobernador, la administración de justicia en la región estaba parcializada. Tal vez por ello prefirió no informar al presidente del Estado Soberano de Bolívar sobre casos particulares, ni realizar investigaciones detalladas al respecto. Se cuidó de no dar nombres, lo que habría podido significarle enfrentamientos desafortunados con dichos funcionarios. Para evitar contratiempos, prefirió mencionar el asunto de manera escueta. No obstante, el gobernador de Chinú afirmaba que la administración de justicia parcializada no era responsabilidad exclusiva de los jueces. Eran los mismos ciudadanos quienes no ejercían sus derechos de manera efectiva. Según su interpretación, esto se debía a la "relajación de las costumbres de los pueblos", aseveración que concordaba con el diagnóstico del obispo de Cartagena fray José Fernández Díaz de Madrid a finales del siglo XVIII sobre este mismo territorio (^{Bell, 1991}; ^{Herrera, 2007}).

En otras palabras, los habitantes de la región no se preocupaban por los asuntos públicos y esto los hacía, de alguna manera, responsables de que la administración de justicia no fuera expedita. Además, el informe del gobernador señalaba que los jueces mantenían estrechas afiliaciones políticas en favor de sus copartidarios, en detrimento de la imparcialidad judicial. Por tanto, en el momento en que dichos funcionarios lograran "dominar su propia pasión política i se [abstuvieran] de toda participación en asuntos de este género, habrá mejorado notablemente este importantísimo ramo de la administración pública".

Para el gobernador existía una dificultad adicional para alcanzar la administración imparcial de justicia. Se trataba de prácticas jurídicas orientadas por la "venganza personal, el halago i el temor respecto de los hombres influyentes". Los jueces estaban involucrados en una serie de relaciones políticas, económicas y culturales encadenadas a la reverencia frente a los poderosos y, por supuesto, al temor que producían estos "hombres influyentes". Era un asunto de micropolítica: las relaciones de poder eran gamonales.

Así las cosas, la influencia de los grandes propietarios conducía a que se entorpecieran las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso. Esta situación favoreció a los latifundistas, especialmente en los litigios relacionados con la propiedad de los predios. La desprotección jurídica (de quienes no ostentaban el poder político instituido) fue informada por Burgos para el caso del resguardo de Momil, que pertenencia a los indígenas zenúes:

La aldea [Momil], de origen indígena, fué tributaria, i conforme a las leyes españolas, obtuvo la concesion del resguardo, que aún conserva con algun menoscabo i nó sin camorras, pues es bien sabida la tendencia de los gamonales, a destruir esa tan justa propiedad a esa pobre raza. Más, el Concejo Municipal de Momil, de donde hace parte la aldea, legisló sobre la administracion de sus terrenos, entre los que comprendió de un modo disimulado los de Sabaneta, pues se dió el caso, en el mes de setiembre del año ppdo. [próximo pasado], que el Tesorero tomara de S. Herrera dos bueyes, i de Juan Antonio Hernández una burra, para hacerse pagar el impuesto sobre los potreros que están ubicados en los terrenos de los referidos indígenas; de cuyas circunstancias tiene conocimiento el C.P. [Ciudadano Presidente del Estado Soberano de Bolívar], por la nota número 516, fecha 29 de noviembre del año próximo pasado; i de la verdad de los hechos tuvo ocasion la Gobernacion, de imponerse, en la visita que practicó en el distrito de Momil i a aquella aldea; por lo que ordenó devolver al dueño de la burra este animal, que encontró aún en poder del Alcalde; i al de los bueyes, dispuso que por el Tesorero se le abonasen los cincuenta i dos pesos en que aparece fueron rematados por el Señor José de los Sántos Puente, quien los había mandado para la isla de Cuba en noviembre del año ppdo. [próximo pasado], circunstancia que impidió hacer la devolucion en las mismas especies ([1882] 2009: 125).

El Concejo del Distrito de Momil habría cometido un atropello contra los indígenas del resguardo al usurpar dos bueyes y una burra bajo el amañado argumento de un cobro de impuestos. Los indígenas no se quedaron de manos cruzadas: decidieron acudir a la instancia contenciosa superior de la gobernación de Lorica. Por lo visto, la burra fue devuelta a sus propietarios, pero en el caso de los dos bueyes fue necesario el reintegro del costo de los animales; pues habían sido enviados a Cuba para su comercialización. Este suceso deja entrever que los funcionarios locales despojaban los bienes de los indígenas, y evidencia -como vengo argumentando- que las instancias judiciales no tenían suficiente independencia frente a las partes para procurar procesos de administración de justicia transparentes: estaban amalgamadas con intereses gamonales.

Después de las transformaciones que vivió la región del Alto Sinú por la erradicación de sus ecosistemas selváticos, los discursos civilizatorios, la integración de dichas zonas a la ganadería hacendataria, los procesos de alambrado, la concentración de la propiedad y la adjudicación de baldíos a empresarios, se presentó una inesperada situación que se sumó dramáticamente a los factores articulados regionalmente, para producir una inusitada presión contra los campesinos y los pequeños ganaderos; así como contra sus formas comunales de territorialidad.

Un manto de exterminio

En 1882, Burgos -ejerciendo las funciones de gobernador de la Provincia de Lorica- informaba que la "infernal langosta" había llegado hacía tres años a la región ([1882] 2009: 117). Esto quiere decir que el primer enjambre de langostas fue avistado en 1879. Pasado un año de la llegada de los insectos, Rafael Pineda, gobernador de la Provincia de Chinú, aseguraba que la langosta se extendía "como un manto de esterminio en una gran parte del territorio de la provincia" ([1880] 2009: 193). Sobre el peculiar panorama que habían producido esos insectos -apenas dos años después de su arribo- el gobernador le informaba en 1881 a la administración del Estado Soberano de Bolívar que:

La agricultura, la industria i el comercio tienen fecundados gérmenes en la provincia; pero su desarrollo, creciente hasta el año próximo pasado, hoi se encuentra paralizado por la destructora plaga de la langosta.

La situación es alarmantísima; jamás por crisis semejantes había pasado los pueblos de la provincia i los de las sabanas i el Sinú, en donde aquellos pudieran proveerse de viveres i mantener las relaciones i el apoyo de su comercio. El capital huye de la circulación, el crédito está abatido; de toda clase de sementeras de las que constituyen nuestra agricultura, han sido destruidas por la enunciada plaga, con mui raras excepciones; los robos se cometen en proporciones asombrosas respecto de la estadística hasta ahora conocida; el hambre, en fin, parece verse pintada en el semblante de las clases pobres. No hai quien emprenda hoy ninguna clase de trabajos, i los individuos que sólo viven del jornal, no encuentran donde ganar escasamente el pan de su familia (Burgos, [1881] 2009: 197).

El cuadro era desalentador. Las nubes de langosta habían arrasado los cultivos, creando una "alarmantísima" situación de escasez de víveres y otros bienes de consumo. La soberanía alimentaria de los campesinos se vio perturbada y el aumento exponencial de la demanda de alimentos disparó el precio del arroz, el ñame, la yuca y el maíz: "La fanega de maíz que en tiempos normales no ha pasado de dos pesos, está hoi a algo más del doble, i la yuca, el ñame i el arroz, han sufrido más todavía" (Pineda, [1880] 2009: 193). Pronto empezaron a ser importados cereales de otras regiones debido a la destrucción de la producción local. Las operaciones comerciales agrícolas se paralizaron por la crisis, aumentaron los robos y la oferta de trabajo para los jornaleros desapareció. Todo esto condujo a una situación generalizada de empobrecimiento: el hambre empezaba a "verse pintada en el semblante de las clases pobres". El semanario El Provenir, de Cartagena de Indias, presenta el suceso de la siguiente manera:

Es alarmante el número de trabajadores que dejan las poblaciones agrícolas del Estado para ir en busca de trabajo. Llama también la atención el número de mujeres i niños que llegan a esta capital en busca de trabajo para ganar el sustento para la vida.

Hai males que si se dejan arraigar, dan mayor trabajo para curarlos, i muchas veces cuando se atienden tarde, ya no es posible detener sus perniciosos efectos.

La langosta ha arruinado a muchos infelices que vivían únicamente del producto de sus siembras (El Porvenir, 19 de febrero de 1882).

La langosta desencadenó un significativo proceso de destierro y migración forzada del Sinú hacia Cartagena. Los campesinos abandonaron masivamente sus tierras ante la carestía de los víveres y la ausencia de trabajo. Se veían constreñidos a desplazarse a la capital del Estado con la esperanza de garantizar su sustento, basado hasta entonces en la economía comunal y en la suficiencia. De esta forma, en los primeros años de la década de los ochenta del siglo XIX, Cartagena de Indias se convirtió en receptora de un inesperado éxodo, panorama que no pasó desapercibido para las élites cartageneras emergentes. Los campesinos que llegaron a la ciudad cargaron con la marca despótica de ser comparados con una enfermedad, como se ve en el comentario de El Porvenir: "Hai males que si se dejan arraigar, dan mayor trabajo para curarlos, i muchas veces cuando se atienden tarde, ya no es posible detener sus perniciosos efectos".

Los desterrados sinuanos fueron calificados como gentes peligrosas que podían poner en apuros la incipiente articulación de Cartagena de Indias con las dinámicas del mercado capitalista internacional: por ser personas sospechosas y "perniciosas" que acarrearían problemas para la ciudad. Además, fueron marcados con una serie de estereotipos relacionados con el lugar que ocupó dicha región en el imaginario colonial. Eran recelosamente percibidos por las élites cartageneras como herederos de las gentes rebeldes de aquellos parajes montunos: "indios bravos", cimarrones, arrochelados y "brujas".

Ecología política de la plaga

Ahora bien, podría pensarse que la langosta llegó a la región del Sinú de manera casual y que solo después se convirtió en un fatídico desastre natural que afectó inevitablemente a los pequeños campesinos y ganaderos al propiciar su desarraigo. Pero las cosas no fueron de esa manera. En realidad, la noción de desastre natural que tiende a proscribir a la naturaleza objetivada -y, por lo tanto, a las conjeturadas leyes inevitables de la vida- la responsabilidad sobre dichos fenómenos catastróficos es inexacta para comprender lo que sucedió en el Sinú y entender las razones inherentes a la llegada de los desterrados a Cartagena de Indias, quienes, a partir de sus potencias interculturales insurrectas, crearían los primeros barrios afro y populares extramuros de la ciudad caribeña: Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo.

Para comprender lo que sucedió, más que una perspectiva apocalíptica, requerimos una interpretación posicionada desde la ecología política que permita entender todo esto a la luz de las relaciones socioambientales -políticas, económicas y culturales- que se instauraron en la región, pues "los desastres no son naturales, sino el resultado de un proceso histórico, social y cultural que construye contextos vulnerables ante ciertas amenazas" (^{Peraldo y Huertas, 2015}: 160). En su momento, la llegada de las langostas a la región del Sinú fue considerada como una funesta plaga, noción que envuelve un contenido moral desde la tradición ju-deo-cristiana que vincula este tipo de fenómenos con ciertos comportamientos indebidos: transgresores de la ley política, sexual o teológica. Estos comportamientos desobedientes son atribuidos a las gentes que viven en los lugares a los que arriba la plaga. En el caso del Sinú, serían los mismos campesinos quienes habrían propiciado la desconcertante situación.

No obstante, estudios biológicos contemporáneos han permitido constatar que la aglomeración de langostas en enjambres -que devastan territorios enteros- está vinculada con cambios en los ecosistemas y en los factores bioclimáticos, principalmente con variaciones en la humedad relativa y la temperatura de los ecosistemas (^{Peraldo y Huertas, 2015}). Las langostas son insectos que comúnmente viven de manera individual y en poblaciones de baja densidad, que se repelen entre sí. Pero, bajo determinadas condiciones ambientales, mutan hacia su forma gregaria: conforman colonias de decenas de millones de individuos que se concentran en altas densidades poblacionales. En esta metamorfosis cambia incluso su fisionomía. Las langostas en fase individual son verdes, y cuando mutan a su fase gregaria adquieren un color rojizo. Hay entonces procesos relacionados con la transformación antrópica del entorno que pueden favorecer la aparición de las langostas en forma de enjambres (Peraldo, 2015; Rodríguez, 2012). Las nubes de langostas no aparecen espontáneamente, ni tampoco brotan de manera abrupta como expresión de un azote divino.

Este planteamiento de la ecología política permite inferir que la magnitud de la "plaga de langostas" que experimentó el Sinú a finales del siglo XIX fUe efecto de la acelerada transformación capitalista de los ecosistemas regionales: la articulación heterogénea del extractivismo forestal que adelantaron las empresas francesas, belgas y estadounidenses con los discursos civilizatorios, la ampliación de las haciendas, los proyectos agrícolas intensivos y la ganadería sedentaria. Más que como un "desastre natural", la amplificación de los enjambres de langosta puede interpretarse como resultado de la instauración regional de las relaciones socioambientales capitalistas.

Todo parece indicar que la langosta que llegó al Sinú provenía de Costa Rica, donde había hecho su desafortunada aparición en 1877 (^{Peraldo, 2015}). Esta línea de migración suroriental de la langosta afectó también -entre 1881 y 1885- al Valle del Cauca, Riohacha y el norte de Venezuela (^{Alarcón, 2012}). Sin embargo, esto no explica la sorprendente magnitud que alcanzó el fenómeno en el Sinú. Fueron las abruptas variaciones que padecieron los ecosistemas regionales las que causaron dicha amplificación: la tala indiscriminada, el cercamiento y la política civilizatoria de arrasamiento del paisaje montuno transformaron para siempre las condiciones ecosistémicas de temperatura y humedad relativa de la región, debido a la erradicación de la densa capa vegetal que abrigaba un caleidoscopio de microclimas bajo el dosel del bosque selvático. La migración de la langosta provenía de Costa Rica, pero la transformación capitalista del paisaje en la región del Sinú incrementó extraordinariamente la magnitud del fenómeno: creó las condiciones ecosistémicas de posibilidad para que las langostas se convirtieran en un desastroso fenómeno que afectó a los pequeños campesinos y ganaderos, desterrados de la región y obligados a desplazarse a Cartagena de Indias.

Conclusión

Este artículo constata que el destierro de los campesinos sinuanos a finales del siglo XIX no fue resultado de su libre elección -en tanto que agentes económicos autónomos- ni, mucho menos, de sus comportamientos moralmente indebidos: la "universal relajación de las costumbres". No fue un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia demográfica de la instauración regional del patrón civilizatorio capitalista que devastó los ecosistemas regionales. No es otra cosa que una deriva del proyecto político, económico y cultural que codiciaba transformar las tierras "incultas" -y las sociedades supuestamente ignorantes y atrasadas que las habitaban- con el objetivo de convertirlas en cuerpos modernos y civilizados; por medio de su subsunción al trabajo hacendatario. El efecto fue la instauración indeleble de geografías del destierro.

No cabe duda que los campesinos que migraron a Cartagena de Indias a finales del siglo XIX -y crearon los primeros territorios afro y populares extramuros de la ciudad- fueron víctimas históricas del capital y del racismo; hacen parte de lo que Frantz Fanon denominó los condenados de la tierra ([1961] 2007). Las políticas contemporáneas de ordenamiento urbano, implementadas en la ciudad caribeña, deberían diseñarse a partir de un criterio de reparación histórica (económica, política y cultural), como posibilidad de superación crítica de la exclusión y la discriminación, fenómenos expresados en la actual segregación espacial racializada de la ciudad. Dicho enfoque de ordenamiento urbano, implica sospechar de la premisa neoliberal según la cual las comunidades afro y populares actuales se niegan a integrarse al modelo de ordenamiento competitivo de la ciudad, debido a la presunta falta de actitudes de emprendimiento requeridas para la vida en ambientes urbanos globalizados (Sánchez-Mojica, 2015; Sarmiento, 2008). La exclusión que padecen es, de hecho, el corolario histórico de la discriminación racial.

La analítica de las geografías del destierro que he presentado, exige como conclusión lógica el diseño de políticas territoriales contemporáneas que dispersen el racismo latente que opera como matriz gubernamental del ordenamiento urbano de Cartagena de Indias: la segregación espacial racializada. Para afirmar la memoria histórica de los desterrados, así como las potentes estrategias que agenciaron en un contexto histórico de "acumulación por desposesión" (^{Harvey, 2005}); diagramado por parte del proyecto civilizatorio del capital.