Las violencias contra las mujeres como injusticia social

Las violencias contra las mujeres han sido definidas desde los ámbitos sociales, políticos y legales, por lo que existe actualmente un relativo consenso en cuanto a su conceptualización. En Colombia, la Ley 1257 del 2008 las especifica como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Sin embargo, la adopción de marcos normativos no es suficiente para comprender sus orígenes e implicaciones, ni se traducen necesariamente en la eliminación de estas violencias. Como se observa en la figura 1, las cifras siguen siendo muy altas y algunas van en aumento.

Fuente: elaboración propia con base en Informes Forensis (2008 a 2018) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensis.

Figura 1 Cifras de violencias contra las mujeres en Colombia 

Específicamente en las universidades, el trabajo de campo identificó la existencia de los cuatro tipos de violencia establecidos por la Ley 1257 del 2008. Éstas van desde sesgos en exámenes de admisión³ que limitan su acceso a la Universidad, nombramiento de edificios sólo con nombres de hombres históricamente relevantes, chistes sexistas, hasta golpes por parte de sus parejas, actos sexuales no consentidos y el feminicidio. Los tipos de violencia más recurrentes son la violencia psicológica y la sexual, siendo las estudiantes las más afectadas. Este hallazgo coincide con investigaciones nacionales e internacionales (^{Fernández et al., 2005}; ^{Valls, et. al, 2008}; ^{Mingo, 2016}; ^{Koss et al., 1987}; ^{Fisher et al., 2000}; ^{Westat, 2015}; ^{Moreno et al., 2007}; ^{Castrillón et. al., 2010}; Hinojosa et al., 2013; Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá, 2016).

Un análisis de las violencias contra las mujeres desde el ámbito político y social resulta pertinente y complementario al jurídico y estadístico. Según Iris Marion Young, cuando la violencia se dirige específicamente hacia grupos que comparten características diferenciadas socialmente (género, etnia, edad, religión), constituye una forma de opresión y, por tanto, una injusticia social (^{Young, 2000}). En otras palabras, una violencia de este tipo implica que la sociedad en general, las instituciones y prácticas a través de las cuales se organiza, tienen responsabilidad en el origen, la ocurrencia y la continuación de tal injusticia. Aunque en Colombia la Ley 1257 establece desde hace más de una década normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, la organización social patriarcal y la cultura machista, que genera distribuciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, orientan los arreglos institucionales, las distribuciones de recursos (materiales e inmateriales) y las prácticas cotidianas (^{Young 2000}) que posibilitan y toleran las violencias contra las mujeres. Estas violencias, o privación de las necesidades básicas fundamentales de las mujeres -supervivencia, bienestar, identidad y libertad- en términos de ^{Galtung (1990)}, suponen la obtención de privilegios por parte de los hombres, como miembros de un grupo social diferenciado por el sexo (^{Young, 2000}).

La Universidad, al ser un espacio de socialización refleja las relaciones sociales, y también las crea⁴. De este modo, no sólo las violencias suceden en los ámbitos universitarios, sino que las IES están llamadas a reforzar las actividades que buscan erradicar la violencia, así como eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación superior y promover la participación efectiva de las mujeres (Declaraciones Mundiales de Educación Superior, 1998, 2009). En la misma línea, la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 1257 (2008) y el Decreto 4798 (2011) establecen la función social del bien público de la educación, que debe propender por los derechos humanos, la paz, la democracia y la justicia. La modificación de las prácticas cotidianas, los arreglos institucionales y las distribuciones de recursos en las universidades podrían entonces constituir un avance significativo en la eliminación de esta vulneración a los derechos humanos, ampliamente extendida en nuestro país.

Los procesos de respuesta: el papel de la acción colectiva feminista

La propuesta de Sidney Tarrow⁵ para comprender los movimientos sociales resulta útil al estudiar la acción colectiva universitaria feminista que ha tenido relación con la adopción de medidas para responder a las violencias contra las mujeres. Según Tarrow, los movimientos pueden definirse como "desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades" (1997: 21), de este modo, la acción colectiva sólo se convierte en un movimiento social cuando logra mantener su actividad frente a los antagonistas (^{Tarrow, 1997}).

Por un lado, los colectivos estudiantiles analizados se han organizado en torno al objetivo común de eliminar las violencias de género (principalmente contra las mujeres) en sus universidades, visibilizando la existencia de éstas y la falta de medidas y respuestas institucionales y demandando la adopción de protocolos para atender las violencias, políticas de equidad de género, nuevas instancias universitarias, campañas de prevención, capacitaciones a personal docente y administrativo.

Por otro, aunque no es posible establecer, debido a las limitaciones temporales de la investigación, la existencia de un movimiento social universitario y feminista, sí se identifica claramente la existencia de la acción colectiva mantenida en cierto periodo de tiempo (especialmente desde el 2014 hasta el 2018) y su papel fundamental en que las universidades den respuesta a las violencias contra las estudiantes.

La acción colectiva puede presentarse principalmente de tres formas: violenta, convencional o disruptiva; tiene tres fuentes de poder: la capacidad para desafiar a las autoridades, para generar incertidumbre y para incentivar la solidaridad; y su éxito depende de la posibilidad de explotar las oportunidades políticas y de crear marcos para la acción colectiva (^{Tarrow, 1997}). Lo que se plantea a continuación es una descripción de los procesos de adopción de medidas para responder a las violencias de las cinco universidades y su relación con las categorías que definen la acción colectiva, evidenciando su rol clave en la adopción de compromisos institucionales.

En primer lugar, los/as docentes que en sus respectivas universidades abordaban asuntos de género, derechos de las mujeres y señalaban la pertinencia de investigar y adoptar medidas para responder a éstas, iniciaron un proceso de enmarcado que no sólo incentivó la reflexión y la acción colectiva estudiantil, sino que la orientó teóricamente.

El enmarcado, como actividad clave de los movimientos sociales, consiste en inscribir agravios en marcos globales que identifican una injusticia (la violencia contra las mujeres), atribuir responsabilidades de ésta a otros (directivas universitarias) y plantear soluciones (visibilizar, apoyar, generar medidas de prevención, atención y erradicación) (Snow y Benford, 1992, citado en ^{Tarrow, 1997}). Pero, el proceso no es necesariamente fácil, claro o incuestionado, ya que quienes lideran el movimiento compiten con otros actores por la supremacía cultural (^{Tarrow, 1997}).

El marco de interpretación de las violencias contra las estudiantes en las universidades es fundamentalmente el feminismo, reflejado en que los colectivos estudiados, de manera explícita o implícita, en su accionar y discurso señalan al sistema patriarcal (categoría propia de la teoría feminista) como la raíz de esas violencias. Además, apelan al discurso de los derechos humanos y reivindican la educación de calidad.

Sin embargo, aunque las instituciones no prohibían el desarrollo de investigaciones o medidas de manera explícita, la falta de recursos destinados a investigaciones sobre este tema o las grandes cargas laborales terminaban por desincentivar o hacer inviable la continuidad y posterior adopción de estas medidas por parte del profesorado. A ello se suma el que en el trabajo de campo se identificó como la principal limitante al poder de la acción colectiva del profesorado la relación laboral con la Universidad.

Así, el surgimiento de los colectivos estudiantiles resulta ser el vínculo que da continuidad al proceso de enmarcado y de demandas de respuestas institucionales. Éstos han adoptado especialmente la forma convencional de la manifestación y diversas acciones disruptivas no violentas como plantones, tendederos, conversatorios y conmemoración de fechas relevantes como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Estas maneras de actuación -repertorios de acción colectiva, en términos de ^{Tarrow (1997} )- coinciden con las del movimiento feminista en sus diversas etapas y aproximaciones⁶.

A través de las acciones mencionadas, los colectivos han ganado poder y han desafiado el de las autoridades universitarias. Primero, han puesto en evidencia puntos débiles de las directivas como el temor a la afectación de la imagen institucional; segundo, crean incertidumbre al mostrar la ausencia de límites predecibles (^{Tarrow, 1997}); y, tercero, establecen vínculos que perduran con base en la solidaridad.

Esto se evidencia en los casos de los Andes, la UIS y de manera contrastada en la PUJ. En las dos primeras universidades se presentaron casos de violencia en los que las estudiantes agredidas se atrevieron a denunciar después del momento en que se marca la existencia de la acción colectiva estudiantil (PACA y "No es Normal", en los Andes y el Colectivo por las Mujeres UIS). En consecuencia, estas estudiantes contaron con el respaldo de los colectivos, que aumentaron su poder a través del aumento de la incertidumbre de la movilización.

A través de la incertidumbre se aumentan los costes potenciales de las autoridades, lo cual puede movilizar sus respuestas. La duración desconocida de las manifestaciones, la posibilidad de que las acciones se extiendan a otros y de que desencadenen en violencia son factores que aumentan la incertidumbre de la acción colectiva y con ello su poder (^{Tarrow, 1997}). En la información recopilada no hay evidencia de que las acciones hayan desencadenado actos violentos, sin embargo, éstas sí se han extendido y se han consolidado, demostrando la expansión de oportunidades para otros grupos movilizados y de herramientas que éstos pueden copiar o sobre las cuales pueden innovar (^{Tarrow, 1997}). Ejemplo de esto es la campaña "No es Normal" que nació en los Andes (con el apoyo clave de la docente Isabel Cristina Jaramillo) y hoy en día es replicada por colectivos de la PUJ, la Universidad Externado y la Universidad del Rosario. Las páginas de Facebook de estas campañas, hasta octubre del 2019, tenían un total de 7.947 seguidores/as.

En los Andes, según Sofía Díaz, fue el caso de una asistente graduada que trabajaba con un profesor de la Facultad de Economía lo que llevó a la adopción del Protocolo contra el Maltrato, el Acoso, la Amenaza y la Discriminación (Protocolo MAAD). La víctima que denunció ante las directivas universitarias haber sido violentada sexualmente por el docente, contó con el apoyo del grupo de la campaña "No es Normal" y de algunas profesoras, quienes lograron la movilización de la comunidad universitaria; durante junio del 2016 el caso fue difundido en El Tiempo, Blu Radio, W Radio, RCN Radio y El Espectador, y el 10 de agosto de ese mismo año el Comité Directivo adoptó el Protocolo MAAD.

De manera similar, en la UIS, en agosto del 2017, una estudiante denunció haber sido violentada sexualmente dentro del campus por parte de otro estudiante. De acuerdo con José Enciso (comunicación personal, mazo del 2018), la estudiante lo hizo público en Facebook y los colectivos se unieron y la empezaron a apoyar, se realizó una encuesta virtual para recoger casos contra estudiantes en la Universidad, se hicieron plantones, y esto alcanzó los medios de comunicación. En la revisión de prensa realizada se observó que el caso referido por Enciso fue divulgado en Las2Orillas, W Radio, Blu Radio, La FM y El Tiempo a finales de agosto del 2017, siendo la primera vez que un caso de violencia contra las mujeres en esa Universidad alcanzaba periódicos distintos a Vanguardia Liberal desde el 2008.

Esto llevó a que ese año se diera inicio a la formulación del Protocolo. Sin embargo, fue necesaria nuevamente la acción colectiva para dar celeridad a su aprobación. A mediados de febrero del 2018 docentes y estudiantes realizaron dos plantones frente al edificio de la Rectoría exigiendo la aprobación del Protocolo que habían contribuido a construir, el 21 de febrero Vanguardia Liberal reportó los plantones y cuestionó acerca de la demora para la aprobación del documento. El primero de marzo del 2018, mediante la Resolución 298, el rector aprobó el Protocolo de Atención a Hechos de Violencia basada en Género.

En el caso de la UIS cabe resaltar la influencia de los proyectos Feges y Miseal en el proceso de consolidación de un marco normativo para la equidad de género. No obstante, de acuerdo con el trabajo de campo, aunque la política de género fue formulada, ésta se archivó (Enciso, comunicación personal, marzo del 2018), lo cual refleja que la agencia de la cooperación internacional, aunque es relevante, si no cuenta con el contexto apropiado, no necesariamente se traduce en la adopción de medidas que busquen alcanzar los objetivos propuestos.

En el caso de la PUJ, se evidencia la acción colectiva como elemento necesario para la visibilización de casos de violencia particulares, así como el papel fundamental de la solidaridad como elemento de poder de la acción colectiva. Juanita Díaz, estudiante de Artes Visuales, fue violentada sexualmente por un estudiante en el 2011. En octubre del 2012 dio a conocer su caso a las autoridades universitarias, las cuales no tomaron acciones, por lo que Díaz inició un proceso judicial ante la Fiscalía en contra del agresor. Ante la demora judicial, en el 2014, Juanita inició el proyecto artístico "I de Insistencia". Sin embargo, "los actos de desafío individuales en sí mismos son fáciles de ignorar debido a la ausencia de solidaridad" (^{Tarrow, 1997}: 183) y Juanita no tuvo respuesta institucional.

La solidaridad es tal vez el factor de poder más importante para esta expresión universitaria del movimiento feminista. Los colectivos además de haber sido formados por la movilización de solidaridades (o sororidades) preexistentes entre un reducido número de mujeres conscientes de las vulneraciones comunes por ser mujeres, se consolidaron como grupos de apoyo y acompañamiento a las estudiantes víctimas, lo cual, de acuerdo con Gamson, Fireman y Rytina, es "esencial para activar la disposición de los individuos a alzar la voz contra una autoridad injusta, autoridad que quizá habrían tolerado en caso de tener que enfrentarla solos" (^{Tarrow, 1997}: 55). Estos mecanismos, según Tarrow, crean redes de solidaridad que permiten el mantenimiento de las redes de base a pesar de la disminución en el nivel de acción colectiva (1997).

El colectivo Polifonía surgió en octubre del 2014, de modo que cuando sus integrantes se enteraron del caso de Juanita Díaz, aunaron esfuerzos y fueron adoptando diversas formas de acción colectiva como charlas y manifestaciones que, después de algunos años de consolidación, estuvieron relacionadas con las respuestas institucionales: el 25 de julio del 2016 la Universidad divulgó al estudiantado a través del correo institucional una circular sobre "Procedimientos posibles para casos de violencia sexual" y algunos "Pasos para la orientación y acompañamiento en casos de violencia sexual para estudiantes". Éstos no respondían al problema y lo que hacían era revictimizar (Chavarro, comunicación personal, enero 19 del 2018), por lo cual fueron rechazados por los colectivos, movilizándose para el logro de nuevas medidas. Durante la segunda mitad del 2016 se crearon espacios de discusión entre los colectivos estudiantiles y el personal universitario encargado de la construcción y difusión de los pasos, sin llegar a consensos. En términos de Tarrow, no existían en ese momento las oportunidades políticas que lograran movilizar las demandas de manera exitosa.

El 25 de noviembre de ese año, Caracol Radio publicó una noticia intitulada "Colectivos estudiantiles consideran el acoso sexual como un secreto a voces en las universidades", en la cual se visibilizaba la problemática y se señalaba la existencia de protocolos para responder a ésta en los Andes, la PUJ y la Universidad del Rosario. A esto le siguió un informe especial de Vice Colombia⁷, cuyo primer artículo cuenta la historia de Juanita Díaz y es replicada por tres noticias diferentes de El Espectador. Luego, a mediados de febrero se hizo público el caso de María Paula Larrota, quien denunció haber sido maltratada físicamente en distintas ocasiones por su exnovio, un profesor de la PUJ, la noticia se publicó en Caracol Radio, Noticias RCN, RCN Radio, Publimetro y La FM, y también motivó una manifestación el 8 de marzo en el centro de Bogotá organizada por la fundación Maisa. Aunque, después de esto, parece haber un periodo de disminución de la acción colectiva, el papel de los medios de comunicación resulta clave en la apertura y expansión de las oportunidades para la acción colectiva. El eco generado por los medios de comunicación visibiliza los casos, potencializando el poder de la denuncia, pues genera, entre otras, afectación de intereses como el prestigio y la imagen de la Universidad.

El 24 de agosto del 2017, Polifonía, junto a otros colectivos y semilleros de investigación javerianos, llevó a cabo el evento Desarmar las Violencias Basadas en Género y Sexualidad en los Espacios Universitarios, al que asistieron colectivos de varias universidades del país y se organizaron mesas de trabajo en las que participaron trabajadoras del área de Bienestar Universitario de la PUJ con quienes se habían dado las interacciones previas. Días después del evento, los colectivos fueron invitados por el personal encargado de la Universidad a integrar la mesa de construcción de un nuevo protocolo. El Protocolo de la Javeriana fue adoptado el 25 de julio del 2018, mediante Resolución rectoral No. 665.

En contraste con los procesos de las tres universidades anteriores, la UN tenía adelantado el proceso de consolidación de un marco de interpretación para canalizar las demandas de transformación institucional, en términos de Tarrow. Esto resultó ser un elemento que facilitó la adopción de medidas y la construcción de un Protocolo que, como se verá, es tal vez el más completo e innovador. En el 2003, la UN firmó el Acuerdo Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres, y en el 2010 la Contraloría ordenó a la UN avanzar en los compromisos adquiridos en ese Acuerdo. Después, esta Universidad participó de los proyectos de cooperación internacional Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior (Feges)⁸ ejecutado entre el 2011 y el 2015, y Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (Miseal) implementado entre el 2012 y el 2014. En el contexto de estos proyectos, la UN adoptó la "Política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia" por medio del Acuerdo 035 del 2012, y como parte de su implementación se creó el Observatorio en Asuntos de Género en el 2016.

Estos proyectos con gran influencia en el caso de la UN reflejan una "tendencia global impulsada por la cooperación internacional, la cual ha hecho eco de la militancia académica feminista" (^{Fuentes, 2016}: 75). Esto, además de la cultura de movilización social históricamente arraigada en la UN, proporcionó un marco para el surgimiento de la Colectiva Blanca Villamil en el 2014, uno de varios colectivos que desde hace años abordan las violencias contra las mujeres en la Universidad⁹. La Colectiva creó en el 2015 la campaña En la Nacho no Más Machos, y sus integrantes llevaron a cabo acciones disruptivas pero que fomentaban la solidaridad, como la ubicación de buzones para recoger casos, tendederos y manifestaciones (Buitrago, comunicación personal, mayo 23 del 2018).

En ese contexto, tanto Cindy Caro como Jennifer Torres mencionaron que en el 2016 se empezó a desarrollar un proyecto en Bienestar Universitario para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre violencias de género en cuyo marco se llevó a cabo la investigación "Rompiendo el silencio" que generó cifras sobre violencia sexual en la UN, Sede Bogotá (comunicaciones personales, 2018). En paralelo, esta unidad empezó a brindar atención psicojurídica a personas victimizadas por violencias basadas en género. Con esto se abre la puerta de las oportunidades políticas, pues las cifras que arroja la investigación son noticia en diversos medios de comunicación. De acuerdo con la revisión de prensa realizada, la UN es la que registra menos noticias relacionadas con violencias contra las mujeres en el periodo analizado. Sin embargo, a finales de agosto del 2017, la revista Semana publicó una noticia con el titular "116 estudiantes de la Universidad Nacional afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual".

Aunque la Universidad venía adoptando medidas como respuesta a las violencias basadas en género, incluyendo la construcción de un protocolo y las atenciones psicojurídicas, la exposición en medios generó preocupación por parte de las directivas y motivó la celeridad del proceso de construcción y adopción del Protocolo (Torres, comunicación personal, febrero 10 del 2018). Finalmente, el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias basadas en Género y Violencias Sexuales en la UN fue adoptado por el rector mediante la Resolución 1215 del 16 de noviembre del 2017.

Por último, la UdeA era la única de las cinco universidades analizadas que en marzo del 2018 no contaba con un protocolo, ni estaba en proceso de construir uno. Esto, a pesar de que contaba con la investigación "Violencia de género en la Universidad de Antioquia" (2005), la más amplia en el país sobre violencia de género en la Universidad. Sin embargo, dicha investigación, a pesar de su importancia, fue archivada tras su publicación sin generar cambios en la institución (Fernández, comunicación personal, enero 18 del 2018). Ahora, aunque se identifica un caso de acoso sexual a una estudiante por parte de un profesor, situación que se hizo pública en el 2016 a través de los medios de comunicación, la UdeA es la unidad de observación que presenta la intensidad más baja en medios Este caso, aun cuando contó con el respaldo solidario del Colectivo Diversidades Sexuales y de Géneros que apenas nacía, no llegó a generar la fuerza necesaria para consolidar un protocolo por parte de las autoridades universitarias.

A diferencia de las otras universidades, las integrantes de este colectivo y las docentes que lo apoyan, no han adoptado acciones tan disruptivas, pues creen que esto puede llegar a generar más resistencia por parte de la Universidad (Fernández y Paradoja-Correa, comunicaciones personales, 2018). No obstante, en la UdeA las activistas, profesoras y estudiantes le han apostado a la conformación de estructuras amplias de movilización¹⁰, que si bien no ha sido la primera vez que ha ocurrido en el país, el hecho de que fuera liderado desde la UdeA sí pudo tener un impacto relevante a nivel interno.

Ello se refleja en la organización del Primer Encuentro Nacional Universitario por la Equidad de Género en Colombia que tuvo lugar en la UdeA entre el 23 y el 25 de noviembre del 2016. Allí se conformó la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia (en adelante, Red EGES) para construir y consolidar la política de equidad de género en todas las IES en Colombia (^{Red EGES, 2016}).

Aunque la conformación de esta Red pueda parecer un paso tímido en el alcance de las medidas universitarias dentro de la UdeA, ésta ha constituido un canal de movilización unificado ante las directivas institucionales, logrando tener impacto en procesos como la construcción del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2027. De acuerdo con la entrevistada Coral Paradoja -Laura Correa-, la Red, representada por Fernández, se encargó de moderar la mesa del PDI sobre Paz, Equidad e Inclusión (comunicación personal, mayo 24 del 2018). Como resultado, la UdeA asumió en esta política la perspectiva de género y se comprometió al cumplimiento de objetivos relacionados con la eliminación de diversas formas de violencia, como la ejercida por razón del género. Luego, en este marco, fue adoptada a finales del 2018 una estrategia de campaña llamada "No genero violencia", liderada por la Dirección de Bienestar Universitario, y cuyo propósito es prevenir las violencias sexuales y de género. También fue adoptada a finales de ese año una ruta interna de atención que se articula a la ruta local de Medellín (figura 2).

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo y análisis de medios.

Figura 2 Procesos universitarios