El grupo de investigación Socialización y Violencia, de la Universidad Central, junto con la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana, perteneciente a uno de los 46 Consejos Comunitarios de la zona rural de Buenaventura, denominado: "Consejo comunitario de la parte alta y media del río Dagua", presentaron un informe de investigación ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El propósito no solo fue el de aportar al esclarecimiento de la verdad en territorios y con pueblos afrocolombianos, en el marco del conflicto armado en el Pacífico colombiano, sino de ofrecer aportes metodológicos que pudieran servir de referente en los procesos de construcción de memoria, acordes con las prácticas culturales, los propósitos y los deseos de reparación de dichos sujetos étnicos.

La investigación, adscrita ontoepistémicamente a las prácticas de investigación social solidarias (^{Beltrán-Barrera, 2016}), tomó posición ética y política por las víctimas del pueblo negro, toda vez que son ellas el epicentro de la labor de las Comisiones de la Verdad -tal y como se explicita en el informe-. Sin embargo, producto de la interacción solidaria en campo, a través de la categoría del ecogenoetnocidio como horizonte de sentido metodológico, y el sentipensar de la cosmovisión del pueblo negro y su relación con el territorio, lograron dar cuenta de las afectaciones a la naturaleza en el marco de la guerra. Con ello, los diversos seres no humanos de la naturaleza afectados fueron tratados como sujetos víctimas del conflicto armado.

Lo anterior, sin parangón en los procesos de construcción de verdad, en el marco de las comisiones de la verdad en el mundo, permite afirmar que ya no son solo los sujetos humanos las víctimas de una guerra, sino también las naturalezas. Así las cosas y gracias al sentipensar del pueblo negro en su relación cultural con el territorio del Pacífico colombiano, el informe permite afirmar que el centro de las comisiones de la verdad debe constituir el ser de una cultura en relación con su territorio. Desde el debate académico y político que propicia el informe, aporta inusitadamente en un giro biocéntrico al campo de las afro-reparaciones, lugar en el que el informe ubica el debate.

Específicamente, el informe reporta a la CEV veintidós hechos victimizantes perpetrados contra seres humanos (mediante prácticas genocidas y etnocidas) y cinco contra seres no-humanos (mediante prácticas ecocidas), a saber: bomba a poliducto, fumigación aérea con glifosato, minería a gran escala, megaproyecto doble calzada Cabal Pombo y cultivos ilícitos. Esos hechos victimizantes, llevados a cabo por diversos actores armados (paramilitares, bacrim, fuerza pública y guerrilla) y no armados (como el Estado mediante instituciones como Invías, empresarios y políticos), afectaron a diversos seres no humanos como: ríos y bosques (bomba a poliducto, minería a gran escala y cultivos ilícitos) o cultivos de pan coger (fumigación aérea con glifosato). Por ello, en el informe se demanda la necesidad de reparar a esos sujetos no humanos, con el fin de que el pueblo negro pueda llevar una vida digna en sus territorios y para que, junto con ellos, sane también la madre tierra.

Tres fueron los métodos que, bajo el horizonte de sentido metodológico del ecogenoetnocidio, se imple-mentaron en campo: talleres, entrevistas y etnografía. Estos dos últimos devinieron en lo que en el informe se denomina como conversaciones corpo-emocionales, dada la compenetración sensible entre el equipo de investigación y la Asociación, principalmente sus "fuentes": relatos desde las víctimas, familiares, testigos y memoria colectiva. Dichas conversaciones se establecieron en torno a la relación de sus experiencias con el conflicto armado y las afectaciones al territorio (ecocidio), los cuerpos (genocidio) y la cultura (etnocidio). Por su parte, el primer método permitió de manera participativa, construir lo que conjuntamente se denominó como el mapa de la memoria del conflicto armado en el territorio, a partir del cual se construyó una línea de tiempo territorializada, que va desde 1974 (primer hecho violento que recuerda la memoria colectiva en el territorio) hasta 2019. Dicho método permitió también establecer un continuum de la violencia contra el pueblo negro, al establecer que miembros de las comunidades llegadas al Consejo Comunitario (antes de 1974), provenían de otras dinámicas de violencia ejercidas contra su pueblo y sus territorios originarios (como es el caso de los desterrados del Chocó y llegados al territorio del Consejo). Esto, junto con otros hallazgos del informe, permite establecer la relación entre conflicto armado y racismo histórico estructural.

Otro de los hallazgos importantes fue el uso de feminicidios y otras violencias de género, como estrategias de acción de los grupos armados que operaron en el territorio, para desestabilizar, desarticular y obligar al destierro masivo de la población negra, con el fin de llevar a cabo el megaproyecto de desarrollo de la construcción de la doble calzada Cabal Pombo (Cali-Buenaventura). Posteriormente a dicha estrategia, las masacres y los asesinatos selectivos fueron el orden de la avanzada paramilitar en la zona: un territorio estigmatizado por ser negro y de influencia guerrillera. Dos imaginarios (negro y guerrillero) sin valor para los proyectos de desarrollo de la nación, que atravesaron las prácticas violentas diferenciadas de los actores armados contra los pueblos negros y sus territorios, fortaleciendo la relación entre conflicto armado y racismo en el esclarecimiento de la verdad de la guerra en Colombia.

Aquella práctica de guerra contra las mujeres y el pueblo negro permitió ampliar la categoría usada como horizonte de sentido al ecogenoetnofeminicidio. Sin embargo, se advierte que las cifras que presenta el informe pueden no ser determinantes o concluyentes desde el punto de vista cuantitativo, no así cualitativo. Por ello, se sugiere ampliar el análisis de los feminicidios y las violencias de género en su relación con el conflicto armado en el territorio. No obstante, el problema es complejo de abordar dado que es un tema tabú en las comunidades y de riesgo de revictimización inminente, en tanto que aún permanecen actores armados en el territorio. Esto último también hizo singular el desarrollo del trabajo en campo, ya que fue un proceso de construcción de verdad -literalmente- en medio de la guerra.

El informe también permitió registrar otras afectaciones que van más allá del ecogenoetnofeminicidio, mostrando los límites de una categoría y las complejidades de la guerra. Entre dichos hallazgos se encuentran los problemas psicológicos y de salud derivados de las experiencias con el conflicto, entre otros. Asimismo, emergieron hechos victimizantes que, a la luz de la gramática convencional del conflicto armado y el derecho internacional humanitario, no se conocen, como es la pena moral. Por este último hecho victimizante -así nombrado por las mismas víctimas del pueblo negro-, muchos miembros de las comunidades del Consejo Comunitario han muerto, configurándose como parte de la verdad negra en Colombia.

De acuerdo con todo lo referido, el informe de investigación contribuye al debate de la verdad en el marco del posacuerdo en nuestro país porque, desde un enfoque étnico con perspectiva antirracista, decolonial y biocéntrica, permite sentar algunas bases (analíticas y metodológicas) para la construcción de la verdad negra en Colombia, entendida como la interpretación y narración de las víctimas desde el lugar de enunciación del pueblo negro. Y lo que dicho enfoque y perspectiva posibilita es una lectura singular de la relación entre racismo estructural y conflicto armado en Colombia, anclado a proyectos de desarrollo de las economías legales e ilegales de la región.

El informe concluye con una serie de recomendaciones que hace a la CEV, a quien va dirigido, relacionadas con las peticiones de las víctimas en torno a sus desaparecidos y las prácticas metodológicas que ellos, como pueblo negro, quisieran que se puedan seguir llevando a cabo en sus territorios por las instituciones responsables de la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición en nuestro país, tal y como lo imple-mentaron conjuntamente el grupo de investigación y la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana.