ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

Formación y sindicalización de la clase trabajadora en la ciudad de Córdoba (1919-1925)

Oranization and unionization of the working class in the city of Cordoba (1919-1925)

Velia Luparello** Muriel Nogues***

** Licenciada en Historia. Integrante del proyecto Historia del socialismo en América y Europa y sus ramificaciones locales (1848-1976) FONCyT. Dirección de contacto: velu_l@hotmail.com

*** Muriel Nogues. Estudiante de la carrera Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades–Universidad Nacional de Córdoba. Dirección de contacto: muriel_nogues@hotmail.com

Artículo recibido el 12 de diciembre de 2013 y aprobado el 9 de abril de 2014

Resumen

En este trabajo, analizamos el proceso de formación de la clase trabajadora y los comienzos de su sindicalización en la ciudad de Córdoba entre 1919 y 1925. Consideramos que la conformación de las identidades en los trabajadores no puede estar separada de su creciente grado de concientización social. No obstante, tampoco podemos soslayar la relación política y dialéctica que existía, por un lado, entre los grupos que buscaban la transformación de su realidad económica y social y, por el otro, el Estado. Es por eso que abordamos el papel del Estado en relación a las demandas obreras y las repuestas que el primero les brindaba.

Palabras clave: Clase trabajadora, sindicalización, arbitraje estatal, represión.

Abstract

In this paper, we analyze the organization of the working class and the beginning of their unions in the city of Córdoba between 1919 and 1925. We believe that the organization of workers' identities can not be separated from its growing level of social awareness. Nonetheless, we can not ignore the political and dialectical relationship that existed between, on one hand, the groups who were seeking the transformation of their social and economic reality, and on the other hand, the state. That's why we approach the role of the state in relation to labor demands and the responses that the first one gave them.

Key words: Working class, unions, state arbitration, repression.

El tema que tratamos es el proceso de formación de la clase trabajadora y los comienzos de su sindicalización en la ciudad de Córdoba entre 1919 y 1925. Entendemos dicho proceso como la conformación de grupos en pos de la búsqueda de intereses comunes, en este caso, reivindicaciones salariales y reconocimiento de las entidades gremiales. Consideramos que la conformación de las identidades en los trabajadores no puede estar separada de su creciente grado de concientización social. No obstante, no podemos soslayar la relación política y dialéctica que existe entre los grupos que buscan la transformación de su realidad económica y social y el Estado. Es por eso que nuestro trabajo aborda el papel del Estado en relación a las demandas obreras y las repuestas que este les brindaba.

Partiendo de esta base, nuestro problema de investigación se centró en analizar cuáles son las reivindicaciones principales del movimiento obrero de la ciudad de Córdoba y su relación con las políticas laborales de los distintos gobiernos provinciales del período (Rafael Núñez de 1919-1921, y Julio A. Roca de 1921-1925). La delimitación temporal 1919-1925 se definió por ser el período de mayor actividad sindical y luchas reivindicativas, tanto por el número de conflictos producidos, como por la notable combatividad que la clase obrera pone en juego con el objeto de aumentar su participación en el ingreso que genera la expansión agroexportadora¹; de este modo, podemos observar un momento huelguístico álgido entre 1919-1924, que comenzó a declinar a partir de 1925.

Ordenamos el trabajo en dos partes: una primera sección en la que describimos la composición y características de la clase obrera en la ciudad de Córdoba durante el periodo seleccionado. Asimismo, realizamos una breve caracterización acerca del tipo de injerencia que tuvieron los sindicatos en las movilizaciones y cuáles eran las principales influencias ideológicas a las que se adscribían. La segunda sección está centrada en la acción estatal. Analizamos el rol que jugaba el Estado provincial entre las empresas y los trabajadores; cómo se abordaba la llamada ''cuestión social'' desde el parlamento; y cuáles fueron las principales reformas y legislaciones acerca del tema.

1. Composicion y estado de los trabajadores en la ciudad de Córdoba

Durante el periodo 1880-1930 se conformó en Argentina un capitalismo dependiente, cuya tónica dominante fue un notable crecimiento del sector externo, estimulado por la creciente demanda internacional de alimentos. Los mecanismos dinamizadores del proceso fueron las inversiones del capital extranjero, la importación masiva de mano de obra a través de la inmigración y la incorporación de tierras al sistema productivo. Paralela a la transformación agraria, se produjo una notable urbanización en la zona de la pampa húmeda, fenómeno que afectó sobre todo a las ciudades de Rosario y Córdoba. El rápido desarrollo del país hasta 1914 se vio ayudado por circunstancias internacionales favorables acompañadas por un programa económico y político de los gobiernos de la generación del ochenta. La gran expansión agrícola y el desarrollo de una red de transporte impulsaron al sector industrial, aunque no llegó a la altura de la expansión agrícola; la mayoría de los establecimientos fabriles podía ser considerada todavía como talleres artesanales.

La provincia de Córdoba participó del cambio socioeconómico mediante la incorporación de los departamentos del sur al proceso de colonización y expansión agrícola del litoral, al mismo tiempo que la instalación del ferrocarril la integró al naciente mercado nacional. En la ciudad de Córdoba se originó un movimiento comercial por ser punto terminal del comercio del centro y norte de la república. La expansión agropecuaria, el crecimiento demográfico y el desarrollo del comercio fueron los factores que determinaron el desenvolvimiento de ciertas industrias de bienes de consumo y las relacionadas con el crecimiento urbano como la textil, la alimentación, los productos químicos y de construcción.

La elaboración de los artículos cordobeses hacia 1871 era netamente artesanal, pero, a partir de 1880, los talleres artesanales fueron reemplazados por establecimientos fabriles equipados con maquinaria altamente tecnificada y con capacidad para absorber un número considerable de trabajadores, fenómeno que cobró mayor impulso a partir de 1896 con la instalación por capitales norteamericanos de una usina eléctrica.² Sin embargo, esto no significó la desaparición de los talleres y oficios artesanales. La coexistencia entre ambos tipos de producción y, por lo tanto, de trabajadores artesanales y de los ''nuevos'' industriales, fue una marca distintiva del periodo y de la clase obrera de la región. La Primera Guerra Mundial cerró el comercio de importación, produciéndose una contracción en el mercado de productos elaborados, poniendo de manifiesto la dependencia argentina frente a los países centrales.

Esta contracción provocó en el país, y también en Córdoba, la necesidad de suplir los productos importados, abriéndose una etapa de sustitución de importaciones. Esta situación benefició al país y a la provincia, pues consolidó las industrias ya establecidas y permitió el surgimiento de otras, relacionadas siempre al rubro de alimentación, vestidos y construcción.

De esta manera, la transformación fundamental que experimentó el sector industrial a partir de 1880 consistió en la paulatina implantación de nuevas formas de producción. Este cambio en el campo productivo implicó el establecimiento de nuevas relaciones sociales como consecuencia de la formación del grupo empresarial y del proletariado industrial. Según los datos proporcionados por el Censo Nacional de 1914, la clase obrera cordobesa estaba constituida en su gran mayoría por argentinos, sobre todo migrantes del interior de la provincia, antes que por extranjeros. En su interior encontramos tanto mano de obra calificada, como los obreros molineros, cerveceros, ferroviarios, tranviarios; y mano de obra no calificada como era la de manufacturas y talleres artesanales. En la época en estudio, el problema para la clase trabajadora consistía en la satisfacción de necesidades vitales para la reproducción de sus vidas, es por eso que se hace necesario considerar la relación entre el costo de vida y el salario. Se evidenció un aumento constante de la vida a partir de 1914 y para todo el periodo, comenzando a variar la situación a partir de 1922. Los salarios, en cambio, fluctuaron considerablemente una vez estallada la primera guerra, disminuyendo en el periodo 1915-1919 y elevándose entre 1920 y 1924.³

En promedio, los jornales oscilaban para los obreros entre $1,85 hasta $4,90; para las obreras entre $1,39 hasta $2,03 y para los niños de $0,75 a $1,75; en cambio las niñas de $0,50 a $1,25.⁴ Al compararlos con los niveles de 1904⁵ vemos que no variaron significativamente y, de hecho, los salarios máximos disminuyeron en el caso de mujeres y niños, ya que para dicho año un obrero cobraba entre $1,50 y $4; una obrera entre $1 y $3; y los menores entre $0,5 y $0,8. Por otra parte, de acuerdo con el cuadro confeccionado por González y Howe⁶, vemos que existía una diferenciación salarial entre los trabajadores contratados por el sector privado, como en la rama de alimentación y de la construcción, cuyas mensualidades van desde los $50 a los $200, y los contratados por la administración pública, por ejemplo, los pintores que trabajaban en el parque sarmiento con un salario de $90, hasta un jefe de taller que recibe $150. Otra diferenciación se ve al comparar el nivel de salario industrial de Córdoba con el de la Capital Federal; estando el primero un 20% por debajo del costo de alimentación y vivienda.

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores, las fuentes consultadas nos muestran los problemas estructurales que se presentaban, sobre todo en el problema de la vivienda. En su mayoría, habitaban en las viejas casonas o conventillos alquilando una sola habitación para la familia, cuyo precio era fluctuante y dependía del propietario.⁷ Aparentemente, esta situación fue agravándose a medida que el número de trabajadores que llegaba a la ciudad creció⁸, y el nivel de hacinamiento llegó a generar problemas no solo en la infraestructura inmobiliaria, sino también en la salud de las personas que allí vivían.⁹ Una de las enfermedades que en esta época afectó a la provincia fue la peste bubónica, de fácil propagación en condiciones de salubridad precarias. Se registraron casos de fallecimiento de inquilinos que contrajeron la enfermedad debido a las malas condiciones higiénicas en las que vivían, a las que podrían haber contribuido las de los lugares de trabajo.

El nivel de marginalidad de la clase obrera, por sus condiciones de vida como por su acceso a los servicios y bienes materiales, era real y preocupante, como se manifestaba en los periódicos locales y en los debates parlamentarios. Los lugares donde residía el grueso de los proletarios estaban alejados del centro de la ciudad de Córdoba, es decir, vivían en los suburbios; a los que en esta época llegaban difícilmente, o en algunos casos no lo hacían, los servicios básicos como agua corriente, electricidad y recolección de residuos. No es casual que esta fuera su realidad, si se toma en cuenta que los niveles salariales del periodo (si bien había un salario mínimo establecido) no llegaban a cubrir todas las necesidades básicas que requería la familia para reproducir su modo de vida: alimentación, techo, ropa. Para apreciar realmente el poder adquisitivo de los salarios, tomamos el ejemplo que explicita Gordillo en su trabajo sobre el movimiento obrero ferroviario, en el que muestra el presupuesto de gastos de un obrero miembro del Sindicato de Tráfico y Talleres para el año 1921:

''Restan $32.00 que repartimos en ropa, calzado, yerba y azúcar, cuota gremial y…basta ya para convencer al mas incrédulo. Soy solo, no tengo, como algunos compañeros, hijos para mantener, educar y vestir. Es un lujo!''¹⁰

En cuanto al régimen laboral, la ley de la jornada de ocho horas de trabajo sancionada en 1919 no siempre era cumplida. Dicho incumplimiento no puede atribuirse solo al sector privado, ya que si esta situación sucedía y se mantenía en el tiempo, evidentemente era por la indiferencia o complicidad del Estado. Las excepciones a la ley en determinadas festividades para extender los horarios de trabajo en ciertas ramas, como alimentación y comercio, eran llevadas a cabo por iniciativa estatal para favorecer el consumo, previo acuerdo mutuo entre trabajadores y patrones. El mismo Estado que otorga una legislación favorable a la clase obrera, en contra de su sobreexplotación, en determinados momentos atiende a las necesidades económicas de la burguesía.

Si bien es notable el avance en la legislación laboral del período (tanto provincial como nacional), en la realidad no cambió la vida de los trabajadores sustancialmente. En el fondo de la cuestión, había una intención de paliar un problema que afectaba a la mayor parte de los habitantes más que de solucionarlo. Esta posición política excedía a Córdoba y fue parte de un contexto mayor relacionado con la inserción nacional en el mercado mundial como proveedor de materias primas, garantizado por la burguesía dependiente en crecimiento y el Estado. El arbitraje del Estado fue la estrategia elegida para contener la agitación obrera, a la vez que jugaba un rol importante en las negociaciones entre patrones y obreros. Sin embargo, no logró resolver eficazmente los problemas cotidianos que tenían no solo los trabajadores, sino la población en general, en cuanto a la urbanización acelerada, la suba de los precios y el acceso igualitario a los servicios.

2. Sindicatos y reivindicaciones obreras

Al momento de analizar el punto de las movilizaciones y demandas de la clase obrera, nos pareció pertinente tomar en consideración ciertos factores estructurales que contribuyeron a su génesis y, a su vez, fueron marcando el carácter y el camino que siguieron las mismas en el periodo estudiado. Nos referimos a la estructura económicopolítica de la sociedad en cuestión, en este caso la de la ciudad de Córdoba, y a la estructura ideológica propiamente dicha de las organizaciones sindicales. La lectura conjunta de estos elementos, permite especificar las características particulares que tomó el movimiento obrero cordobés en estos años.

Como constatamos en el punto anterior, la situación del obrero se degradó fuertemente durante la guerra. A las malas condiciones de trabajo se le sumaron la desocupación, la miseria, la subalimentación y la enfermedad. El costo de vida aumentó a lo largo de todo el periodo, sobre todo desde 1915. Sin embargo, el panorama empezó a cambiar hacia fines de 1917: la merma de la inmigración durante la guerra disminuyó el exceso de oferta de trabajo y, por tanto, de la desocupación; por otra parte, el cese de las importaciones favoreció la actividad industrial y con ello la demanda de mano de obra en ese sector. Los efectos acumulativos de estos indicadores señalan la recuperación de un nivel ocupacional favorable para la acción sindical de los trabajadores; a esta situación hay que agregar salarios notoriamente rezagados desde el periodo de desocupación entre 1914 y 1916, frente a un notable incremento de los precios de los artículos de consumo producido por la disminución de las importaciones. La conjunción de estos factores crearon las condiciones para que se produjera un alza de las luchas reivindicativas.

El recambio político que se generó a partir de 1916, con la llegada del radicalismo al poder en el ámbito nacional y el nuevo gobierno del partido demócrata en la provincia desde 1919, creó un nuevo escenario para la acción gremial. La actitud de ambos niveles de gobierno se muestra similar en varias ocasiones, tomando como política principal la intervención estatal y el arbitraje en cuanto a conflictos de trabajo se trate; lo que dio lugar a un importante número de manifestaciones obreras (anteriormente reprimidas) y a un aumento en las demandas exigidas en las mismas. Sin embargo, esto no significó el fin de la represión a los trabajadores, ya que tanto el presidente Hipólito Yrigoyen como el gobernador Rafael Núñez consideraron necesario el uso del accionar policial y permitieron las actividades de otras fuerzas parapoliciales, como la Liga Patriótica, para contener y evitar que el desarrollo del movimiento obrero lleguara a niveles ''peligrosos'' desde el punto de vista de los grupos dominantes.

En el marco nacional, el movimiento obrero comienza a tomar forma en las últimas décadas del siglo XIX. En el año 1857 se funda la primera asociación obrera: la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Entre mediados de la década del sesenta e inicios del setenta aparecen los primeros periódicos obreros, y una década después se crean nuevos sindicatos: carpinteros, ebanistas y anexos, albañiles, panaderos, etc. En 1887, en una de las principales concentraciones obreras, como son las del sector de los ferrocarriles, se funda La Fraternidad, que agrupaba a maquinistas y fogueros. A partir de la creación del club Worwarts en 1890 aparecen nucleamientos obreros en Córdoba orientados por el anarquismo y el socialismo. La existencia de estos grupos es efímera porque responde a la especial coyuntura de 1890 favorable a la protesta social. Pasados los efectos de la crisis, y coincidiendo con la fundación del Centro Socialista en 1895, se afianzó cierto número de organizaciones sindicales que desarrollarían luchas reivindicatorias y políticas particularmente violentas en 1902, 1904 y 1905. Luego de varios ensayos, en mayo de 1901, se crea la Federación Obrera Argentina (FOA), central sindical que reagrupaba a la mayoría, sino casi a todos, de los sindicatos existentes. Esta misma central, bajo la dirección anarquista, se da como nombre Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y adopta su definición en su quinto congreso en 1905, el anarco-comunismo.

En la provincia de Córdoba, hasta 1904, los trabajadores se nuclearon en asociaciones católicas de tipo paternalista como el Círculo de Obreros Católicos y la Asociación de Josefinos. El Círculo de Obreros Católicos se afianzó en la ciudad después de 1895. Funcionaba como sociedad de socorros mutuos, sostenía escuelas nocturnas para trabajadores y encaraba planes de vivienda. Contaba con subsidios oficiales y sus comisiones directivas estaban integradas por individuos del grupo social dirigente. La Asociación de Josefinos tenía similares características a la anterior y confiaba en que los conflictos se resolverían a través de los nucleamientos católicos de obreros, donde ''las clases trabajadoras encuentran el freno de la religión para limitar las ambiciones desmedidas y donde las sanas doctrinas enseñan a respetar a los patronos y a la autoridad'' ¹¹.

En el terreno ideológico se destacaron los primeros anarquistas que promovían el terrorismo individual, pero rápidamente se impusieron los ''organizadores'', aquellos que impulsaban la organización sindical para defender los derechos obreros (anarcosindicalistas). La ideología fundamental del anarquismo rechaza todo tipo de autoridad e impugna las formas políticas burguesas; junto con el parlamentarismo, rechazan también la construcción de partidos obreros. Partidarios de la huelga general revolucionaria, ven en ella un medio permanente para destruir al Estado e imponer de manera automática el comunismo anárquico a través de la espontaneidad de las masas, espontaneidad que los anarquistas van a reivindicar como estrategia política. La ideología anarquista que influirá a la Federación Obrera Regional Argentina terminará escindiendo a esta organización, alejando luego a muchos obreros que no adherían a sus posiciones.

La otra corriente predominante en la época fue el Partido Socialista (PS). Su fundación data del año 1894. La plataforma principal del partido se basaba en un programa de reivindicaciones mínimas (salario igualitario entre varones y mujeres, ocho horas, etc.) y se pronunciaba por el librecambio con el exterior a favor del ingreso de productos más baratos. No proponía el derrocamiento del estado burgués sino que abogaba por una estrategia reformista, y así como en el plano económico aspiraba a la modernización del país capitalista, en el político se orientaba a ocupar espacios dentro del régimen y, a través del parlamentarismo, ir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Para el PS, la organización de los obreros en sindicatos, cooperativas y partido era la condición para conquistar el progreso social y democratizar el país.

La lucha política entre anarquistas y socialistas por la dirección del movimiento obrero se dio desde el principio. En este ambiente donde abunda la represión, la combatividad obrera y la lucha de ideas entre trabajadores anarquistas y socialistas, surgirá el sindicalismo revolucionario (SR). Su origen se remonta a 1905, tiempo en el cual el Estado oligárquico aplicaba una dura política de represión con escasas reformas. La lucha de clases y el debate ideológico dentro del PS generaron la escisión del mismo. Un sector dirigente se alzó en lucha política enfrentando el legalismo y el pacifismo de la mayoría de la dirección del partido. Así, desoyendo la postura oficial, el sector encabezado por Aquiles Lorenzo y Luis Bernard va a instar a los obreros a defenderse con todos los medios posibles a su alcance. Esta nueva línea política marca el surgimiento del sindicalismo revolucionario.

La nueva corriente va a concentrar sus fuerzas en la Unión General de Trabajadores (UGT), vinculada al PS y fundada en 1902, y a pronunciarse por la lucha de clases, por los métodos de acción directa y por la huelga general. Además, va a impulsar la unidad del movimiento obrero proponiendo la creación de un ''pacto de solidaridad'' entre la UGT y la FORA. Si bien los SR coincidían con los anarcosindicalistas en el principio de que la huelga general era el único medio para liquidar la sociedad burguesa, los primeros afirmaban que el sindicato cumplía un doble objetivo: por un lado, es la organización que unifica a la clase obrera en su lucha contra los patrones en pos del mejoramiento de su nivel de vida; por otro, capacita a los trabajadores en la dirección técnica de la producción, aportando a la preparación practica de una nueva sociedad. En su papel de productores, los trabajadores mantienen la unidad de clase y, mediante la pelea cotidiana por mejoras, la lucha económica se encamina a cuestionar directamente el sistema capitalista. La política (entendiendo por esta solo al parlamentarismo) es para los SR un terreno ajeno que no se debe pisar.¹² En términos generales, a la central anarquista de la FORA V se hallan ligadas las federaciones local bonaerense, la del Mar del Plata, Rosario, la Federación Provincial de Santa Fe y de Tucumán. Por el contrario, la FORA IX, de extracción sindicalista revolucionaria, domina las federaciones locales de La Plata, Bahía Blanca y de la ciudad de Santa Fe.

Las federaciones provinciales de Mendoza y Córdoba no adhieren a ninguna de las dos centrales, pero la cordobesa se halla más próxima ideológicamente a la FORA IX.¹³

Estas corrientes ideológicas eran las que predominaban en las organizaciones sindicales en el plano nacional y provincial. Remarcamos esto porque las orientaciones ideológicas guardaban estrecha relación con el tipo de comportamiento conflictivo; es decir, las formas de acción que emplearon los trabajadores en su lucha reivindicativa fueron la expresión de una concepción ideológico-política dentro de una entidad gremial. Por otra parte, la representatividad de esta orientación ideológica estaba dada por el acato y el comportamiento (en paros, huelgas, boicots, métodos violentos de lucha) de los trabajadores respecto a las directrices dadas por la entidad gremial.

Según las investigaciones previas sobre el tema¹⁴, en la ciudad de Córdoba, la Federación Obrera Local (FOL), adherida a la Federación Obrera Provincial (FOP), es la entidad de mayor representatividad y la que lidera las luchas de la clase obrera urbana y, en menor medida, la de los trabajadores rurales. Algunos de los gremios federados en la FOL eran los siguientes: Cerveceros, Albañiles, Molineros del Molino Letizia, Unión General Obreros del Calzado, Empleados de Bar y Confitería, Pasteleros y Carameleros, Federación Obrera Ferroviaria - sección del Central Argentino y Central Córdoba, Conductores de Carruajes, Tabacaleros, Centro Empleados de Comercio, Carpinteros, Repartidores, Molineros Unidos, Unión Tranviarios, Metalúrgicos, Plomeros, Gráficos, Sociedad Oficios Varios, Constructores de Carruajes, Mimbreros y Escoberos.

También existían gremios autónomos a la FOL como el que agrupaba a los trabajadores del Ferrocarril Central Córdoba, dentro de La Fraternidad y La Confraternidad, que funcionaba por medio de Comisiones Ejecutivas que se limitaban a comunicar y hacer cumplir a los socios las disposiciones de los organismos centrales; ninguna sección podía, por ejemplo, declararse en huelga, gestionar ante la autoridad pública, solidarizarse con algún otro gremio, sin la previa autorización de la Comisión Directiva.¹⁵

El ala socialista revolucionaria era en Córdoba mayoritaria en relación a los reformistas, ya que controlaba los ''Centros'' de Jesús María, Malagueño, Las Varillas y La Calera, en el interior, y en la Capital los de las Seccionales Segunda, Sexta y Décima. Esta mayoría, a su vez, les permitía controlar la sección local del Comité de Propaganda Gremial (CPG). El CPG tuvo el rol principal en la creación de muchos sindicatos en Capital y en la unificación de las luchas gremiales frente a la ausencia de un organismo sindical único. Finalmente, montados en la ola de beligerancia reivindicativa del agitado año 1917, en septiembre se conforma la primera central obrera de la Capital: la ''Federación Obrera Local de Córdoba'' (FOLC). Como resultado de ese trabajo de solidaridad y organización se constituyen muchas ''Federaciones Departamentales'' obreras, que en abril de 1919 coinciden con la FOLC para crear la más amplia ''Federación Obrera Provincial de Córdoba'' (FOPC).¹⁶

Respecto a la influencia del anarquismo en el sector urbano, resultó minoritaria en relación a la alcanzada por los socialistas internacionales. No hay referencias acerca de un organismo gremial que funcionara de forma orgánica y contara con la adhesión de algunos gremios, no obstante es posible que la práctica política de esta tendencia se realizara a través de pequeños grupos de militantes que ejercieron su influencia en determinados gremios, como el de los panaderos. El alza en los niveles de sindicalización que se produce entre 1917 y 1919 trajo aparejado un incremento en las movilizaciones y luchas obreras en todo el país, en las que fue un hito el conflicto que se dio a conocer luego como la ''semana trágica'', en enero de 1919. En el caso de la ciudad de Córdoba, vemos reflejada esta situación en la asiduidad con que son relatados y seguidos los conflictos laborales por los medios de prensa. Durante 1919 y hasta 1921, las huelgas y manifestaciones más importantes (sin contar las del interior de la provincia) son llevadas a cabo por la Unión de Tabacaleros¹⁷, el Sindicato de Fideeros¹⁸, los obreros ferroviarios y llamados de la FOP y la FOL¹⁹ en solidaridad con los conflictos en Buenos Aires y en apoyo a las reivindicaciones de los gremios que estaban en lucha en ese momento en la ciudad y la provincia.

Entre las reivindicaciones exigidas en los diferentes conflictos, tres puntos que se presentaron como constantes: reconocimiento del gremio como representante legítimo de los trabajadores, aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Esta última relacionada con el incumplimiento por parte de las empresas de la legislación laboral vigente en esos años y la falta de supervisión estatal sobre el tema. Un buen ejemplo de esto fue el pliego de condiciones presentado por los obreros constructores de carruajes, carrocería y anexos en el año 1921. En primer lugar ubicaban al reconocimiento del gremio, seguido por una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales y el pago de las horas extraordinarias.²⁰ Como así también lo es el de la Sociedad Unión de Obreros Carpinteros, que expresaba la continuación de la huelga hasta obtener la aceptación íntegra del pliego y exigir el pago de los días perdidos por tal causa en vista de la negativa de la casa Francisco Alsina de aceptar el pliego de condiciones presentado por el personal y ante la expulsión de los delegados.²¹

Asimismo, se produjo una huelga de barrenderos municipales debido a la falta de pago y la readmisión de un empleado despedido,²² y de albañiles que trabajaban en la construcción de un sanatorio para tuberculosos en la calle Belgrano a quienes hacia seis semanas que no se les pagaba el salario.²³

Por otro lado, en el ámbito local, uno de los sindicatos más combativos era el de los obreros ferroviarios. Sus luchas por los derechos laborales se remontan a 1917 cuando comienzan a exigir la reglamentación del trabajo y la ley de jubilaciones²⁴. Si bien ambas demandas fueron reconocidas y sancionadas como leyes durante dicho año, la Reglamentación, además de no haber respondido al pliego de condiciones de la Federación Ferroviaria, no era, en la mayoría de los casos, cumplida por las empresas. Esta situación dará lugar a que la FF, en los primeros meses de 1918, se lance a una serie de huelgas con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la reglamentación o su mejora en algunos aspectos, la readmisión de los trabajadores dejados cesantes con motivo del conflicto anterior y el pago de los salarios de los días no trabajados. Al terminar el año 1919, los logros obtenidos por los obreros ferroviarios estatales eran muy importantes. En abril se había sancionado la ley N.o 10 650 de jubilación y pensiones de los empleados ferroviarios y fue constituida la Caja Nacional de Jubilaciones, presidida por un Directorio que contemplaba como miembros a las asociaciones de empleados ferroviarios con representación legal. Tal era el caso de La Fraternidad, que consiguió tener dos miembros en la Caja de Jubilaciones y avanzar así en el reconocimiento institucional como organización legitima de los trabajadores ferroviarios.

En febrero de 1923 una huelga de quinteros en protesta por el aumento de los impuestos municipales generó un gran revuelo en la ciudad de Córdoba.²⁵ La huelga se mantuvo hasta el 15 de marzo de ese mismo año y contó con la adhesión de la mayoría de los gremios de la ciudad, como los conductores de carruajes, los almaceneros minoristas, los matarifes, los lecheros y panaderos y las patronales, llevándose a cabo una huelga general en la ciudad los días 24 y 25 de febrero. El conflicto finalizó con la derogación de la ordenanza municipal y la renuncia de algunos concejales. Si bien este no fue un conflicto especialmente obrero, ya que contó con el apoyo de las patronales y se dirigía contra el aumento de los impuestos, fue clara la disposición de todos los gremios de apoyo solidario con el gremio de quinteros y verduleros. Podría decirse que se manifiesta una consciencia colectiva de todos los trabajadores, impulsados además por sus organizaciones sindicales. Al respecto de este último punto, nos pareció relevante citar el documento que el sindicato de los Gráficos publicó en marzo de 1921:

1. Recomendar a todos los gráficos secundar en forma entusiasta, valiente y decidida, la huelga general decretada por las FOP y FOL, a fin de que el gremio ocupe su puesto en el frente único que es necesario oponer frente a la reacción sangrienta y rencorosa desencadenada en contra de los trabajadores organizadores de la provincia.

2. Hacer saber a los componentes de este sindicato que mientras dure la huelga general, deben reafirmar su condición de clase, no traicionando en ninguna forma a sus compañeros de infortunio y de miseria.²⁶

Así, para la ciudad de Córdoba, el lapso entre 1917 y 1923 también se muestra con un alto grado de conflictos laborales y movilizaciones obreras en defensa del reconocimiento de sus derechos como trabajadores o del cumplimiento de los mismos por parte de las empresas y el estado. El papel de las organizaciones sindicales en esta lucha fue fundamental, tanto en la conquista de derechos como en la concientización de los propios trabajadores. No obstante, casi ninguna de ellas tenía reconocimiento por parte del Estado como legítimas representantes de los obreros, por lo que les fue negada la personería jurídica. Por otro lado, si bien la FOP y la FOL agrupaban a casi todos los sectores obreros y llamaban a su cohesión y solidaridad, las reivindicaciones y las formas de lucha que impulsaban no apuntaban tanto a una emancipación de clase como a la obtención de mejoras inmediatas. Pocas veces durante este período se registraron llamados a la huelga general por parte de ellas. El gremialismo de la ciudad de Córdoba se alejaba de estrategias de grupos radicales, como eran los anarquistas, optando por el camino de la negociación y la mediación del Estado en los conflictos. Esta decisión se relaciona, como antes lo dijimos, con la ideología imperante en cada organización, que en el caso de Córdoba era reformista antes que revolucionaria. La preponderancia de estas organizaciones en las luchas obreras tuvo asimismo su lado negativo en el interior del movimiento obrero, ya que marginalizó otras luchas impulsadas por ideologías y estrategias distintas como, por ejemplo, los anarquistas en el ámbito rural.

De todas maneras, esta distinción no era advertida por los sectores más altos de la sociedad que calificaban a toda protesta sindical como producto de ''agitadores''. Caso diferente encontramos en los periódicos de la época que sí hacían dicha distinción, pero llamaban a los gremios a la sensatez y al sano criterio de sus dirigentes. ''La huelga revolucionaria no puede ni debe prosperar en ninguna forma, pues es precisamente, la política inversa a las conveniencias de la clase trabajadora y la que menos ventajas puede acarrearles''²⁷. El discurso del ''progreso'' estaba instalado desde el Estado y era legitimado por los medios de comunicación.²⁸ Vemos que en la práctica, como medida apaciguadora hacia la clase trabajadora, el Estado otorgaba ciertas concesiones (tales como la Ley de Jornada laboral, la Reglamentación del Trabajo de Mujeres y Menores, etc.). Constatamos su mediación en los conflictos de la época a través de la Oficina de Trabajo que tomaba la función de árbitro entre las empresas y los trabajadores. Esto implicó un reconocimiento implícito o informal de aquellas organizaciones sindicales a las que llamaba a la mesa de negociación. Ahora bien, es importante destacar que los sindicatos más importantes como la FOL y la FOP coincidían en este punto con las autoridades en que los conflictos entre capital y trabajo se podían resolver mediante acuerdos sin llegar a medidas extremas como la huelga general.

Luego del incidente de los quinteros entre febrero y marzo de 1923, las noticias acerca de la cuestión obrera son escasas y tienen poca trascendencia. Este declive de la movilización se produce en general en todo el país. En el periodo transcurrido entre los años 1923 y 1927, Argentina atraviesa una etapa de prosperidad económica y de aumento de las inversiones extranjeras. Durante ese lapso no hubo conflictos de envergadura; no obstante, el gobierno nacional sanciona algunas leyes como el pago de salarios en moneda nacional en yerbatales y obrajes del norte (1923); la reglamentación del trabajo de mujeres y menores (1923); el sábado inglés y la reglamentación del trabajo nocturno en panaderías (1924).²⁹

3. Accion estatal

El siglo XX significó un cambio en el accionar del Estado en cuanto a las necesidades de la sociedad civil. El papel arbitral fue encarnado por el Estado cada vez en mayor proporción, a fin de resolver la conflictividad social. En un primer momento primaba la visión de que los conflictos, en este caso los laborales, eran una cuestión a resolver entre privados, ya que era en esta esfera privada donde se habían suscitado, aunque la faz represiva era mantenida por el estado, cuando este sentía que el desorden social resultaba inmanejable y afectaba al modelo económico vigente, es decir, el modelo agroexportador. La ley Sáenz Peña de sufragio universal masculino significó una ampliación del mercado político al incorporar al censo electoral a un sector significativo de los trabajadores.³⁰ Si bien esta ampliación solo incluía a la mitad de la población masculina (las mujeres no votaban), era un avance en el ejercicio de los derechos civiles. La democratización de la política argentina y la incorporación de sectores populares (entre ellos un sector importante de los trabajadores) a la misma, implicó más injerencia por parte del Estado en temas que antes dejaba librados a la correlación de fuerzas, por ejemplo, los conflictos laborales. El ascenso del radicalismo en el plano nacional marcó un cambio en la relación entre el Estado y los conflictos obreros. A partir de este momento, el Estado arbitró las relaciones entre capital y trabajo, muchas veces poniéndose del lado de los trabajadores. Durante el período en que el partido centenario gobernó el país se avanzó en el tratamiento de legislaciones laborales que, muchas veces, no pudieron ser aprobadas por falta de quórum, ya que el radicalismo era minoría en el Congreso.

Durante el período estudiado en la provincia de Córdoba, aunque no gobernaba el Partido Radical sino el Partido Demócrata, puede observarse cierta sintonía con el gobierno nacional en materia laboral. Esta coincidencia se debe no tanto a acuerdos ideológicos ni programático-partidarios, sino a una cuestión coyuntural. El constante avance de un sector social como el de los trabajadores generaba cada vez mayores dificultades para mantener la paz social. Más aún cuando estos trabajadores sindicalizados se desenvolvían en el ámbito productivo, que era el corazón del modelo económico agroexportador, o cuando la agitación social hacía tambalear el sistema. Los gobiernos alternaron represión cuando el desorden se generalizaba, pero también se intentaba negociar si las consecuencias de la insurgencia eran de suma importancia, como el caso de la Semana Trágica. El objetivo de la negociación era lograr la paz social y, de este modo, evitar futuros conflictos.

Una de las explicaciones que pueden darse para la decisión que tuvieron tanto el estado provincial como el nacional de legislar sobre las relaciones laborales tiene que ver directamente con el nivel de insurgencia que se produjo tras el fin de la primera guerra mundial. La situación de posguerra había creado un clima particular signado por la existencia de numerosos conflictos laborales. Detrás, estarían la baja de los índices de desocupación respecto de los años de la guerra (lo que favorecía cierta predisposición huelguística) y al mismo tiempo el descenso del salario real por el incremento del costo de vida.³¹ Este proceso de insurgencia tuvo su punto más álgido en Buenos Aires en 1919 con el episodio conocido como La Semana Trágica y en la Patagonia en 1921. Con respecto a este episodio, podemos decir que tuvo repercusión en Córdoba. Si bien el diario local La Voz del Interior manifestaba que no había tenido en ningún momento el carácter que algunos le querían dar de movimiento social revolucionario; la reacción se hizo ver por parte del gobierno. Ese mismo año se trataron las leyes de jornada de ocho horas de trabajo y de trabajo femenino e infantil.

Es importante mencionar dos aspectos relativos al tratamiento de la ley de ocho horas de trabajo. Por un lado, tal como desarrollamos anteriormente, las condiciones materiales y laborales de la clase trabajadora eran preocupantes. Esta realidad no era desconocida por los legisladores provinciales. En las sesiones parlamentarias se manifestaba tal situación y se entendía la urgencia de hacer algo para morigerar los efectos negativos que estaba teniendo. La virulencia de algunas manifestaciones era entendida, en cierto punto, debido a la situación de pauperización en que vivían los trabajadores, a lo cual se sumaban extensas jornadas laborales con una exigua remuneración. Por tal motivo, era una situación que había que revertir. En este contexto, se impulsó el tratamiento de la Ley de Salario Mínimo. Por otro lado, el proyecto de ley de las ocho horas de trabajo estaba inspirado en otro proyecto que había sido presentado en el marco nacional en 1904 por el Ministro Joaquín V. González. En ese momento, el Ministro González le pidió un relevamiento al Dr Bialet Massé sobre la situación de la clase obrera nacional. El resultado del mismo fue que las condiciones de vida de los trabajadores eran de importante pauperismo, lo cual generó alarma entre los funcionarios nacionales.

Es comprensible que dadas esas circunstancias socioeconómicas de la población trabajadora, como también el avance de los gremios en la concientización de la clase trabajadora sobre la importancia de la lucha por las mejoras en sus condiciones de vida, de trabajo y la legalización de los centros obreros, el gobierno diese algún tipo de señal en pos de un acuerdo con los trabajadores para evitar la agudización de los conflictos. El fin del proyecto del Ministro González era establecer un sistema de relaciones laborales estables que disminuyera la posibilidad de conflicto social e incorporaba a las organizaciones representativas de los trabajadores a los procesos de decisiones políticas que les concernían. A su vez, se regulaba la organización de las asociaciones profesionales, industriales y obreras, se creaba una Junta Nacional del Trabajo como autoridad administrativa en el campo de las relaciones laborales y se establecían tribunales de conciliación y arbitraje para solucionar las disputas laborales. Este proyecto finalmente no fue tratado en el Congreso Nacional, pero de todos modos sentó un precedente importante en cuanto a los intentos del Estado en la mediación de la conflictividad laboral. Asimismo, simbolizó un cambio de perspectiva sobre la cuestión social, en cuyo abordaje comenzó a primar el problema obrero.

3.1. La Cuestión Social

Entendemos por cuestión social las consecuencias producidas por el proceso modernizador y la industrialización reflejada en ámbitos tan variados como el problema de la vivienda, la salubridad, la atención médica, el ingreso masivo de inmigrantes desde Europa y, consecuentemente, el desarrollo de ideologías foráneas que buscan movilizar y organizar a los trabajadores en lucha contra el capital y, muchas veces, contra el Estado (por ejemplo, los anarquistas o los socialistas revolucionarios de la primera década del siglo XX). Aunque no fue la primera manifestación de la cuestión social, el problema obrero está en el centro del debate y cruza la gran mayoría de problemas inherentes a la cuestión social.³² Esta situación tomará más vigor aún a finales de la década de 1910 y comienzos de la década de 1920. Córdoba es un buen ejemplo de esta afirmación, ya que el parlamento se convirtió en el terreno de intensos debates sobre el tema.

El año 1919 fue una bisagra, ya que comenzó con una huelga general que se extendió desde Buenos Aires al resto de las provincias y que llevó, por la magnitud y las consecuencias de la misma, al replanteamiento de las diversas políticas de Estado; en el marco de esta discusión, se plantearon distintos posicionamientos políticos ideológicos sobre el tema. Finalizando el año 1919, se presentó una minuta de intervención pidiendo que el Ministro de Gobierno Demócrata compareciera ante el parlamento para dar explicaciones sobre la brutal represión acaecida en la Ciudad de Córdoba a causa de un paro de tranviarios. La explicación dada por parte del Ministro de Gobierno al cambio de estrategia utilizado para intentar solucionar la conflictividad obrera se basó, esencialmente, en la difícil resolución que los distintos representantes del Estado, no solo el provincial ni el nacional, sino también en los distintos países, debían tomar frente al problema obrero. La causa se hallaba, según el Ministro, en la exacerbación de la violencia que se había producido en los últimos tiempos, la cual estaba invadiendo todas las esferas de la vida social.

Para el gobierno demócrata, el Estado representaba el papel de guardián del orden. En este contexto, para mantener la armonía era preciso legislar. La legislación de las relaciones laborales correspondía a un tipo de intervención preventiva mediante la cual se buscaba evitar la confrontación directa entre los trabajadores y las patronales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los obreros. El próximo paso era la intromisión en las huelgas mismas. Este tipo de accionar tendía a evitar los conflictos sociales y, de este modo, lograr la paz social en la sociedad cordobesa.

Por tal motivo, se justificaba la acción represiva: ''el gobierno asumió el rol de supremo guardián del orden y de la seguridad pública y merced a su acción decidida para garantizar la libertad de trabajo y del orden público la ciudad ha tenido limpieza, luz tranvías, alimentos, de todo lo cual habría carecido de no ser por la eficacísima acción de la policía de esta capital''³³.

Por otra parte, las luchas cotidianas entre el capital y el trabajo se entendían como una regularidad de la edad contemporánea, por lo cual las soluciones que pudieran darse eran paliativas, pero no definitivas, ya que eran parte estructural del sistema económico-social imperante. El sistema de clases era la parte central de este sistema económico capitalista, que nunca fue puesto en cuestión, sino que fue justificado por el gobierno, que asumía las diferencias entre las personas como naturales: hay quienes tienen más habilidad para alguna actividad y quienes son hábiles en otras. Por medio de una explicación filosófico-naturalista se justificaban las diferencias de clase existentes en el seno de la sociedad. En este sistema de clases, el gobierno era acusado por los miembros del Partido Radical de estar coaligado con el capital. Para los representantes del partido radical, la intromisión del gobierno mediante la fuerza represiva pública generaba que el estado tomara partido en la lucha entre el capital y el trabajo por el primero. Esta aseveración era mantenida porque a través de este accionar los obreros quedaban derrotados, y esto iba en detrimento de su conciencia de clase. La definición que hacía el Partido Radical de la cuestión obrera era estrictamente económica. La cuestión obrera se explica, entonces, como la forma de distribución inequitativa entre los tres factores de la producción, es decir, tierra capital y trabajo, y, por ende, la distribución injusta de la riqueza producida por los tres factores de la producción.

En este sentido, los trabajadores luchaban por una distribución equitativa; el método utilizado para tal fin era la huelga. En esta línea de pensamiento, el radicalismo consideraba al gremialismo como la congregación de los obreros en un centro que busca reivindicaciones económicas. Por tal motivo, consideraba que una ley de reconocimiento gremial era esencial para el encauzamiento de la conflictividad social. Pensamos que el radicalismo se refería a la corriente sindicalista, ya que los socialistas tenían una fuerte tendencia político-ideológica en sus gremios, que no se reducían a hacer planteos económicos. Por otra parte, los anarquistas, aunque en decadencia para el período, no buscaban ningún tipo de negociación con el Estado, por lo tanto, mucho menos querían una legislación que emanase de este.

3.2. Legislación Laboral

La legislación sobre las relaciones laborales era bastante compleja ya que se interponían las distintas jurisdicciones, es decir, la jurisdicción provincial y la nacional en lo referente a las leyes que regulaban el mundo del trabajo. La postura del Partido Demócrata era que las provincias no tenían facultades para legislar sobre los contratos y, por ende, se veían reducidas a afrontar como podían el estado en que se encontraba el derecho provincial. Por esta causa, los gobiernos provinciales solo oficiaban de árbitros en las huelgas. Tanto el Partido Radical como el Partido Demócrata compartían el diagnóstico sobre la necesidad de elaborar una ley de fondo que ayudase a regular las relaciones laborales. No obstante, ante la resistencia del Partido Demócrata para avanzar en este tipo de legislación, el Partido Radical insistía en que podían regularse las relaciones laborales, pero que debían empezar por legislar el reconocimiento de los sindicatos. Esta última afirmación se explica por el hecho de que los representantes del Partido Radical veían la cuestión social desde el punto de vista económico.

Mediante este tipo de legislación, el Estado encarnaba el papel de árbitro entre el capital y el trabajo, dando lugar a alguna de las demandas de los obreros. De todos modos, no era escuchada la petición de legalización de los gremios a los que los trabajadores pertenecían. El diputado radical Mariconde manifestaba: ''La ley de los sindicatos, la ley que reconoce la personería de las asociaciones gremiales (…) esa es la ley que reclaman los momentos actuales''³⁴. El Estado se negaba a legislar en el reconocimiento jurídico de las asociaciones gremiales por dos motivos. Por una parte, existía un sector del sindicalismo que era muy intransigente y que tenía un amplio poder de movilización. Esto, sumado a los ecos de la Revolución Rusa que todavía se hacían sentir y que generaba un miedo desmesurado en un una parte importante de la sociedad, provocaba la negativa del gobierno a discutir este tema. Existía un temor de que los acontecimientos rusos fuesen solo un eslabón de una cadena mucho más grande de acontecimientos que incluyesen a Argentina. Además, Europa se había visto sacudida por una serie de revoluciones fallidas, como la alemana o la aplastada revolución ucraniana.

Los representantes del Partido Radical ejercían presión para que las leyes tuviesen un carácter más social, entendiendo este como mayores concesiones a los trabajadores con respecto a sus patrones. Encontramos como un dato interesante en la lectura de los diarios de sesiones el hecho de que algunos de los miembros del Partido Radical se vean a sí mismos como abanderados de la causa proletaria frente al poder ejecutivo. Creemos que esta visión está íntimamente relacionada con la posición tomada por el partido en el gobierno nacional. Irigoyen tenía un amplio apoyo de la corriente sindicalista y, por ende, de una parte importante del movimiento obrero. Fue justamente este líder político quien medió en más de una ocasión en beneficio de los trabajadores. Consideramos que esta situación se reproduce en la provincia de Córdoba, solo que en esta el radicalismo es opositor al gobierno demócrata, y por esta razón la identificación con el movimiento obrero es tan enfática.

Como consecuencia de la movilización obrera del año 1919, el poder ejecutivo, tanto nacional como provincial, decidió elevar una serie de proyectos sobre legislación laboral que incluyeran a los obreros de las fábricas y a las mujeres trabajadoras.

El Estado consideraba de máxima importancia reglamentar el trabajo en general, incluso, el infantil, razón por la cual se trató una ley al respecto. El Estado no solo actuaba legislando, sino que también se situaba en el papel de veedor, ya que mediante sus oficinas públicas, las disposiciones aprobadas en la Legislatura podían ser denunciadas. Dicha situación resultó un mecanismo a favor de los trabajadores, debido a que a partir de ese momento un organismo de control del Estado se encargaría de velar por sus derechos, ejerciendo el control contra los abusos que pudieran realizarse desde las patronales.

La ley de jornada laboral de ocho horas resultó ser lo suficientemente amplia, ya que incluyó a los trabajadores dependientes del Estado y también a los trabajadores que dependían del sector privado. El proyecto de ley fue sancionado el 3 de septiembre de 1919 y fue un avance significativo, ya que permitió la normalización de las relaciones laborales en la provincia. Esta ley de regulación del tiempo trabajado se aplicaba a los obreros de fábricas, talleres, minas, canteras, empresas de construcción, de los empleados o mozos de casa de industria o comercio, de los oficiales de peluquería y lustra calzados, y en general, a toda persona que tuviera tarea del mismo género que los obreros y empleados indicados anteriormente. Quedaban comprendidos también los empleados que trabajaran en obras públicas al servicio de la provincia. La cantidad de horas trabajadas no podría exceder a las ocho horas por día ni las cuarenta y ocho horas semanales. A partir de esta ley, el Estado se ubicó como intermediario en los conflictos entre el capital y el trabajo tras la creación de la Oficina de Trabajo. En la misma, cualquier vecino o sindicato obrero podía denunciar si las patronales cometían infracciones que fueran en contra del espíritu de esta ley desde el momento de su entrada en vigencia. Es evidente que si bien no se reconocía a los gremios desde el punto de vista jurídico, sí se lo hacía como los intermediarios de los trabajadores. Es por esta causa que son estas mismas entidades las que pueden realizar las denuncias en la Oficina de Trabajo frente a las irregularidades que pudieran existir en el ámbito laboral.

En cuanto al trabajo femenino, es importante mencionar que, por primera vez, se entendió a la mujer en su doble rol como fuerza de trabajo y como parte esencial de la reproducción de la misma. Esto se tradujo en un importante avance en los derechos sociales de la mujer en particular, y en la política familiar en general. Un ejemplo de esto es la intervención por parte del Estado para que las embarazadas no perdieran su puesto laboral por encontrarse en tal situación. Desde el momento de la aplicación de la ley de trabajo femenino, la mujer que estuviese embarazada no dejaba de percibir su salario, sino que el estado se hacía cargo en un 50% para que no estuviese desprotegida. Este procedimiento se llevaba a cabo durante sesenta días, es decir treinta días antes y después del parto. El objetivo de esta legislación no era solo cuidar a la madre, sino también al bebé. El trabajo femenino e infantil era legislado en forma conjunta en una misma ley, separado de la ley que regulaba el trabajo masculino. La Ley Provincial N.o 2790 estaba sujeta a la Ley Nacional 5291 y, al igual que con la ley de Jornada Laboral de ocho, el estado intervenía mediante la Oficina de Trabajo. El proyecto de ley fue sancionado por la Cámara de Senadores el 16 de octubre de 1919. Dicho proyecto concluía que ningún menor de catorce años sería empleado u ocupado en establecimientos industriales o comerciales si no tenía su libreta de trabajo en la que constara su edad, la autorización del defensor de menores y jueces de paz, un certificado que acreditase haber cumplido con la obligación escolar y certificado médico en que constara su salud y aptitid física para el trabajo que ha de efectuar. Por otra parte, la edad mínima para trabajar fue estipulada en dieciséis años. Por esa razón, las mujeres y menores de diesiseis años no podían trabajar en máquinas que no les proporcionaran la debida protección ni expender bebidas alcohólicas. Al igual que en la ley de jornada laboral de ocho horas, las mujeres y menores mayores de dieciséis años no podían trabajar más de ocho horas diarias, ni cuarenta y ocho horas semanales.

La extensión de derechos sociales no fue solamente hacia las mujeres, sino que también se dirigió en 1920 hacia una Ley de Protección Obrera y de Auxilio a la Vejez. Esta ley apuntaba a salvaguardar a las personas que por diversos motivos no estuviesen en condiciones de trabajar o que, siendo dependientes de un trabajador o trabajadora, hubiesen quedado desamparados ante la muerte de este familiar. En este sentido, se exigía que quienes solicitaran el derecho de auxilio tuviesen más de sesenta años, fuesen argentinos, con quince años de residencia en el país y diez en la provincia. Para obtener este beneficio no debían poseer ningún tipo de renta o subsidio ni haber sufrido una condena por delito en los cinco años anteriores. La ampliación del sistema social se extendió para su funcionamiento a otras esferas del espacio público, no se quedó en el recinto parlamentario ni en al marco político. Los jueces de primera instancia en lo civil eran quienes proveían del certificado necesario para poder percibir el subsidio. En el caso de las viudas y huérfanos, el cálculo del subsidio se realizaba en base al importe equivalente a los tres meses de salario que el extinto percibiera en su último trabajo, o el equivalente a dos sueldos si el fallecimiento se producía en un período de tres meses en el cual el obrero estuviese desempleado.

En la Oficina de Trabajo se creó una sección denominada de ''Protección Obrera'' para canalizar las demandas correspondientes a los subsidios anteriormente explicados. Es significativo que para el financiamiento de los gastos que produjese la ley se creó La Caja de Ahorros Populares dependiente de Gobierno de la Provincia de Córdoba.³⁵ En el compromiso que asumió el gobierno al implementar este tipo de legislación podemos encontrar otro ejemplo de la idea de la armonía de clases que planteábamos anteriormente. Más allá de la preocupación que existiese por la clase trabajadora, lo cual era una realidad, no podemos soslayar el hecho de que los trabajadores ya habían demostrado su capacidad de organización. La cuestión salarial era de máxima importancia, ya que con el fin de la primera guerra mundial los costos de vida se habían encarecido, lo cual afectaba principalmente a la clase obrera, debido a sus escasos recursos. En las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento y la modernización representaron un incremento del bienestar general, que se distribuyó de modo inequitativo entre los distintos sectores sociales. En la época, la pobreza era una realidad de vida para una parte significativa de la población cordobesa, compuesta por pauperizados y, mucho más aun, por pauperizables.³⁶

Es por esto que era necesario legislar sobre los ingresos de los trabajadores, no solamente sobre sus montos máximos y mínimos, sino sobre la forma de pago, ya que los contratistas usualmente pagaban por medio de proveeduría, lo cual generaba que el jornal no fuese suficiente para cubrir los gastos de todo el mes. En palabras de un legislador: ''Este salario tan insignificante que pagan los contratistas, permite a éstos ganar una gran cantidad de dinero a cuestas del pobre trabajador, lo que constituye un verdadero abuso al cual es necesario poner límites de una buena vez, a fin de que en lo sucesivo esta gente (…) no sea explotada de una manera tan injusta''³⁷. Por tanto, se estipuló, para los trabajadores provinciales o que trabajasen en obras públicas para esta entidad, que no trabajarían más de ocho horas, y se fijó un salario de tres pesos al día o setenta y cinco pesos mensuales. No solo se monetarizó la economía de los trabajadores impidiendo a los patrones que abonasen en especie a los trabajadores, sino que se declaró la inembargabilidad de los salarios, evitando de este modo que los patrones intentasen cobrar supuestas cuentas a sus empleados.

Con estas dos medidas el Estado buscó lograr una estabilidad económica y social de la clase trabajadora, ya que, de esta manera, no estaría sometida a un trato desigual por sus patrones, según el cual estos pudieran elegir cómo y cuánto pagarle, de acuerdo a lo que considerasen correcto en ese momento, sino que tendrían que atenerse a la normativa vigente y realizar todos los pagos en efectivo. Por otra parte, imponiendo la moneda como única forma de pago por un trabajo realizado, se lograría que todos los trabajadores ingresaran al circuito del mercado interno. La monetarización de la economía no solo beneficiaba a los trabajadores, sino también a la burguesía nacional que ampliaría su mercado, ya que posibles nuevos compradores asistirían a intercambiar parte de su salario por los productos de consumo necesarios para la subsistencia. Si bien esta ley no cambiaba las relaciones de producción, sí bajaba la tasa de ganancia de los dueños de las fábricas, talleres, minas, etc. y aumentaba los ingresos de la clase trabajadora, los cuales se conducían hacia otros sectores. Es importante tener en cuenta cómo una medida que, aparentemente, estaba destinada solo a los trabajadores y a regular sus las relaciones con los patrones tenía sus ramificaciones hacia otros sectores de la sociedad.

La mayoría de los proyectos de legislación laboral fueron formulados, tratados y sancionados durante la segunda mitad de 1919 y principios de 1920. Los años en los que la agitación descendió, particularmente, después de 1922, los debates parlamentarios se centraron en otro tipo de cuestiones referidas, por ejemplo, a la construcción de infraestructura, pero la cuestión obrera no tenía la misma relevancia que entre 1919 y 1921 para el gobierno. No es que las huelgas hubieran terminado, sino que su nivel de conflictividad había descendido. Probablemente esto se debiera a un mejoramiento en las condiciones materiales de los trabajadores gracias la legislación laboral vigente a partir de 1919 y 1920. No obstante, no hemos de olvidar que durante el período estudiado se produjeron grandes cambios en el movimiento obrero. Por un lado, el descenso de la influencia del anarquismo. Por otro lado, el avance del sindicalismo, que era el más proclive a negociar con el Estado.

3.3. Represión estatal

El desorden social era algo temido por el gobierno, por tal razón el Ministro manifestaba: ''Las huelgas constituyen un mal periódico y constante en los pueblos modernos (…) los obreros (…) agitan al mundo y amenazan los cimientos mismos de la sociedad''³⁸. La agitación y las huelgas se naturalizaban como parte del modelo social vigente, no era algo que pudiera evitarse; en cambio, debía buscarse la forma de encauzar las manifestaciones sociales del tal manera que no pusieran en riesgo el modelo económico social. En este contexto, se elaboraron diversas estrategias que incluyeron desde la legislación hasta la represión. Constantemente es posible ver quejas de los obreros por la represión a las huelgas. Podemos comprobar la creciente importancia del mecanismo represivo del Estado porque cada vez que aumentaba la conflictividad social, proporcionalmente, aumentaba la represión; particularmente entre 1919 y 1921. En 1919 el Partido Demócrata propuso aumentar el número de fuerzas policiales. Esta situación generó acalorados debates en el recinto de la Legislatura ya que el Partido Radical se negó. Los miembros del Partido Radical refutaban la teoría esgrimida por los demócratas de que Córdoba estaba convulsionada y cerca de una revolución social. Asimismo, dos años después, el periódico La Voz del Interior se quejaba de la represión contra los obreros: ''El gobierno que preside el Dr. Núñez es el enemigo del obrero (…) No se registra una sola huelga en la que no se haya atentado en contra de la vida de los trabajadores organizados''³⁹. Ante estas acusaciones, el gobierno aseveraba que quienes producían los disturbios eran elementos ajenos al movimiento obrero, ya que los miembros pertenecientes a este no eran agitadores.

Es importante recalcar que la polarización entre el movimiento obrero y el Estado como el enemigo de aquel tampoco permitía el arribo a una solución de los conflictos debido a que había una alianza entre el capital y el Estado. Si bien legisló en beneficio de la clase obrera, cuando las protestas se descontrolaban, el procedimiento implementado para detener a los huelguistas o manifestantes era la represión. Con relación a esto, creemos que no es un hecho aislado al aumento de fuerzas policiales propuesto por Núñez, ya que 1919 fue el año de mayor agitación de los trabajadores y todavía estaban presentes en Buenos Aires las consecuencias producidas por la Semana Trágica. En su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias el 4 de mayo de 1921, el gobernador afirmaba:

Las bombas explosivas colocadas en Corral de Bustos, La Falda; y en casas de obreros pacíficos en Alta Córdoba, confirman los datos policiales demostrativos de que la mayoría de esos movimientos han sido promovidos por elementos exaltados o por agitadores de profesión, ajenos, a los gremios, que ofuscados por las ideas que convulsionan la vieja Europa, sin que existan las mismas causas, pretenden romper con los moldes de nuestra sociedad, destruir nuestra tradición y sentimiento patrio''⁴⁰

Por parte del Estado también se ofrecía un relato polarizado, pero el Estado mismo no formaba parte de este discurso. En cambio, diferenciaba entre el movimiento obrero y los agitadores o elementos exaltados, los cuales se dejaban llevar por ideas foráneas. Era esta exaltación la que permitía justificar los actos represivos por parte del Estado. Además, con esta descripción, el gobernador de Córdoba realizaba una división entre un movimiento obrero bueno, y otro pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, la represión no solo emanaba del Estado propiamente dicho, sino que provenía de los particulares, tal es el caso de La Liga Patriótica. La Liga Patriótica era un grupo paraestatal que actuaba nacional y públicamente. La existencia de este grupo demuestra dos cosas: por un lado, la desconfianza que había entre los miembros de la fuerza parapolicial con respecto a que el estado fuese capaz de actuar en la conflictividad social. Por otro lado, para que un grupo de esta índole existiera, tenía que haber al menos un acuerdo tácito entre los distintos sectores de la sociedad que se sentían amenazados por aquella conflictividad. Uno de esos sectores sociales era el Estado. Explicando la relación de la política y la Liga Patriótica, su presidente, Dr Carlés manifestaba:

Nuestras filiales se encuentran esparcidas en todos los ámbitos de la República con las que mantenemos relaciones constantes sobre cuestiones que no admiten dilación, mucho menos interrupción. Formamos un ejército de vanguardia que actúa incesantemente para impedir que el malhechor disfrazado de agitador, que el perverso con cara de reformista, que el haragán simulando funciones de delegado gremial, altere la paz social que nos hemos propuesto mantener, actuando con la autoridad legítima al mismo fin.⁴¹

Es notable como, tanto en el discurso de Núñez como en la afirmación de Carlés, la figura de agitador se repite, solo que para el representante de la Liga Patriótica tiene un tinte delictivo. La forma de análisis social como la de una oposición polarizada que mencionábamos más arriba, era un signo de la época, ya que la compartían los distintos grupos sociales e ideológicos. Tanto el Estado como la Liga tenían el deseo de mantener la paz social y las tradiciones típicas de la sociedad burguesa de principios de siglo. La diferencia fundamental consistía en que, por medio del Estado, las clases poseedoras tenían una doble vía para obtener tal fin: por un lado, la legislación laboral, por otro, la represión estatal. En cambio, La Liga Patriótica era un grupo armado paraestatal que respondía a las necesidades de las clases dominantes y actuaba sin control del gobierno.

La represión era una estrategia que apuntaba a detener las demandas sociales cuando estas se salían de los márgenes que ciertos sectores de la burguesía o el estado consideraban aceptables. Asimismo, el Estado combinaba la acción represiva con la legislación que intentaba mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. De este modo, se intentaba satisfacer las demandas socioeconómicas y evitar las confrontaciones con la clase trabajadora. No obstante, esta metodología no siempre fue suficiente.

Conclusiones

A partir de la década de 1910, y aun con más fuerza durante los años veinte, el ''problema obrero'' estuvo en el centro del debate de las clases dominantes y cruzó la gran mayoría de problemas inherentes a la cuestión social en Argentina. Para la ciudad de Córdoba, el lapso entre 1917 y 1923 también se mostró con un alto grado de conflictos laborales y movilizaciones obreras en defensa del reconocimiento de sus derechos como trabajadores o del cumplimiento de los mismos por parte de las empresas y el Estado. La agitación y las huelgas se naturalizaban como parte del modelo social vigente; no era algo que podía ser evitado, sino que debía buscarse la forma de encauzar las manifestaciones sociales de tal manera que no pusieran en riesgo el modelo económico social. El arbitraje del Estado fue la estrategia elegida para contener la agitación obrera, a la vez que jugaba un rol importante en las negociaciones entre patrones y obreros. Sin embargo, no logró resolver eficazmente los problemas cotidianos que tenían no solo los trabajadores, sino la población en general, en cuanto a la urbanización acelerada, la suba de los precios y el acceso igualitario a los servicios.

La relación entre el Estado y el movimiento obrero en la ciudad de Córdoba estuvo atravesada por la institucionalidad. La Oficina de Trabajo tomó la función de árbitro entre las empresas y los trabajadores. Esto implicó un reconocimiento informal de aquellas organizaciones sindicales a las que llamaba a la mesa de negociación.

Ahora bien, es importante destacar que los sindicatos más importantes coincidían en este punto con las autoridades en que los conflictos entre capital y trabajo se podían resolver mediante acuerdos sin llegar a medidas extremas como la huelga general. El papel de las organizaciones sindicales en esta lucha fue fundamental, tanto en la conquista de derechos como en la concientización de los propios trabajadores. Entre las reivindicaciones exigidas en los diferentes conflictos, hay tres puntos que se presentan como constantes: reconocimiento del gremio como representante legítimo de los trabajadores, aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. Si bien la FOP y la FOL agrupaban a casi todos los sectores obreros y llamaban a su cohesión y solidaridad, las reivindicaciones y las formas de lucha que impulsaban no apuntaban tanto a una emancipación de clase como sí a la obtención de mejoras inmediatas.

Notas al pie

¹. Ofelia Pianetto, ''Mercado de trabajo y acción sindical en la Argentina (1890-1922)'', Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales Vol.: 24 n.º 94 (julio-septiembre 1984).

². Ofelia Pianetto, ''Industria y formación de la clase obrera en la ciudad de Córdoba, 1880-1906'', Separata del volumen Homenaje al Dr. Ceferino Garzón Maceda (Córdoba: Instituto de Estudios Americanistas de la UNC, 1972).

³. Mónica Gordillo, El movimiento obrero ferroviario desde el interior del país (1916-1922) (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1988), 50.

⁴. ''Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados 1919'', Tomo I, Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

⁵. Ofelia Pianetto, Industria y formación de, 87.

⁶. M. Luisa González y Silvia M. Howe, ''1919-1924 movimientos sociales en Córdoba'' (Tesis de Licenciatura en Historia, en Universidad Nacional de Córdoba, 1976), 70-71.

⁷. La Voz del Interior, Córdoba, 1 de abril de 1920, 7.

⁸. Los Principios, Córdoba, 12 de febrero de 1920, 15-16.

⁹. La Voz del Interior, 4 de enero de 1923, 12.

¹⁰. Mónica Gordillo, El movimiento obrero ferroviario, 31.

¹¹. Los Principios, 22 noviembre de 1905, 14.

¹². Hernán Aragón, Historia crítica del sindicalismo: desde los orígenes hasta el Partido Laborista (Buenos Aires: Ediciones IPS, 2009), 27.

¹³. Edgardo Bilsky, La semana trágica (Buenos Aires: CEAL, 1984), 56.

¹⁴. M. Luisa González y Silvia M. Howe, ''1919-1924 movimientos sociales'' y Ofelia Pianetto, ''Mercado de trabajo''.

¹⁵. Mónica Gordillo, El movimiento obrero ferroviario, 58

¹⁶. Roberto Ferrero, ''Pablo B. López, líder proletario de Córdoba'', Deodoro n.º 3 (noviembre de 2010): 20.

¹⁷. La Voz del Interior, 14 de febrero de 1919, 21-22.

¹⁸. La Voz del Interior, 7 de enero de 1919, 10-11.

¹⁹. La Voz del Interior, 14 de noviembre de 1919, 9.

²⁰. La Voz del Interior, 8 de abril de 1921, 14-15.

²¹. La Voz del Interior, 3 de marzo de 1920, 13.

²². La Voz del Interior, 6 de marzo de 1920, 22-23.

²³. La Voz del Interior, 5 de marzo de 1920, 18.

²⁴. Mónica Gordillo, El movimiento obrero ferroviario, 75-76.

²⁵. La Voz del Interior, 16 de febrero de 1923, 14-15.

²⁶. La Voz del Interior, 3 de marzo de 1921, 23.

²⁷. La Voz del Interior, 19 de marzo de 1920, 20.

²⁸. Aunque siempre contenían alguna crítica, sobre todo en La Voz del Interior eran diferencias partidarias más que del modelo de desarrollo que se estaba impulsando.

²⁹. Hernán Aragón, Historia critica del sindicalismo, 58.

³⁰. Ricardo Falcón, ''Estado, empresas, trabajadores y sindicatos'', en Nueva Historia Argentina Tomo VI: Democracia, confiicto social y renovación de ideas, ed. Ricardo Falcón (Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 2000), 157.

³¹. Ricardo Falcón, ''Estado, empresas, trabajadores y'', 167.

³². Juan Suriano, La Cuestión Social en Argentina 1870-1943 (Buenos Aires: Editorial La Colmena, 2000), 25.

³³. ''Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados''. Minuta de Intervención 10 de diciembre, diciembre de 1919, 18-25.

³⁴. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ''Minuta de Intervención 10 de diciembre'', diciembre de 1919, 23.

³⁵. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de 1920, 305.

³⁶. Beatriz Moreyra, ''Los avances en la construcción del estado social en Córdoba (1914-1930): Legislación social y prácticas asistenciales'', Población y Sociedad n.º 16 (2006): 78.

³⁷. Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de 1919, 502-503.

³⁸. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ''Minuta de Intervención 10 de diciembre'', diciembre de 1919, 20.

³⁹. La Voz del Interior, 25 de mayo de 1921, 18.

⁴⁰. La Voz Del Interior, 4 de mayo de 1920, 19-20.

⁴¹. Los Principios, 8 de enero de 1920, 14.

Bibliografía

Fuentes primarias

Periódicos

La Voz del Interior, Córdoba, 1919-1925.         [ Links ]

Los Principios, Córdoba, 1919-1925.         [ Links ]

Diarios de Sesiones Legislativas

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Fuentes secundarias

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