ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

DOI: 10.15446/hys.n29.50594

Estrategias de negociación y resistencia indígena a la colonización del occidente de  Antioquia, 1880-1920

Negotiation strategiesand indigenous resistance to colonization in Antioquia's west between 1880 and 1920

Elizabeth Karina Salgado Hernández**

** Master en Historia de América Latina, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide; estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Porto Alegre-Brasil. Correo electrónico: ekarinasalgado@gmail.com

Artículo recibido el 17 de marzo de 2014 y aprobado el 1 de octubre de 2014.

Resumen

Este artículo analiza las acciones políticas, sociales, culturales y económicas emprendidas por las comunidades indígenas del antiguo resguardo de San Carlos de Cañasgordas frente el proceso colonizador del occidente de Antioquia entre 1880-1920, temporalidad en la se realizaron las reparticiones definitivas de la propiedad colectiva en las hoyas de los ríos Sucio y Murrí. Estas estrategias permitieron a los grupos indígenas continuar cohesionados por su identidad étnica, aunque su territorio físico fue fraccionado con las posesiones de colonos.

Palabras clave: Antioquia, colonización, indígenas, Resguardo de San Carlos de Cañasgordas.

Abstract

Keywords: Antioquia, colonization, indigenous, Indigenous Reservation of San Carlos de Cañasgordas.

Introducción

En marzo de 2012 la Organización Indígena de Antioquia (OIA) convocó al Foro Minero Indígena por la Defensa del Territorio y los Sitios Sagrados, en el municipio de Frontino, localizado en el occidente antioqueño. Con el evento se pretendía socializar las problemáticas de los resguardos indígenas de Antioquia en relación a la actividad minera-energética, en un contexto nacional de incremento y promoción del país como una potencia en ese sector económico. Un año antes, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia (ONU) informó que el 80% de las tierras de los resguardos indígenas legalmente constituidos en el país habían sido otorgadas a concesiones mineras. En Antioquia este porcentaje llega al 23%.¹

Frente a esto la organización indígena regional ha liderado diferentes estrategias, entre ellas: denuncias ante la opinión pública nacional e internacional sobre las incursiones de compañías mineras a sus territorios; acciones jurídicas ante instancias gubernamentales; marchas y plantones en territorios que consideran sagrados; e invalidación de cualquier tipo de acuerdo realizado entre las autoridades indígenas locales y las instituciones privadas y oficiales.²

Es importante señalar que el asedio sobre las propiedades colectivas no configura una novedad para las comunidades indígenas del occidente antioqueño, las cuales han sobrevivido defendiendo sus territorios ancestrales, sus modos de vivir y pensar el mundo de las amenazas e intereses externos. Esta problemática contemporánea ha motivado la presente reflexión académica, de tal manera que ella contribuya a las explicaciones sobre las raíces históricas de esta realidad social que perfila una clara relación entre pasado y presente.

Las investigaciones que desde una perspectiva histórica han indagado por las comunidades indígenas del occidente del departamento y zonas circundantes pueden ser clasificadas en tres grupos. En primer lugar se encuentra la bibliografía sobre la historia indígena en tiempos prehispánicos y coloniales.³ En segundo lugar están los trabajos que tratan la transición al proceso de independencia y la primera mitad del siglo XIX.⁴ Y en tercer lugar están las publicaciones que abordan el tema de la colonización en el occidente del departamento y el resguardo de San Carlos de Cañasgordas.⁵ En este artículo se examinan las acciones políticas, sociales, culturales y económicas emprendidas por la población indígena de Cañasgordas frente a ese proceso colonizador, entre 1880-1920. Se privilegia una lectura de estas poblaciones como actores políticos que tuvieron la capacidad de crear respuestas individuales, grupales y colectivas.

La confluencia de intereses económicos, tanto oficiales como privados, en los territorios colectivos de esta subregión data de siglos atrás, pero adquirió notabilidad durante el siglo XIX, principalmente desde 1850, con el inicio de la expansión de las relaciones de mercado bajo las nociones del liberalismo económico, a partir de las cuales la tierra fue considerada como el principal motor de la riqueza. Lo que nos remite a la importancia de los procesos de colonización y su relación con los grupos étnicos en la configuración de la sociedad colombiana.

Al respecto, Fernán González indica que fue desde la segunda mitad del siglo XVIII, pero sobre todo un siglo después, cuando se registraron en Colombia una serie de migraciones de carácter espontáneo hacia los espacios que él llama ''tierras calientes''. Tales desplazamientos fueron motivados por el crecimiento demográfico asociado al mestizaje, además por las tensiones propias de una desigual estructura agraria en las zonas centrales y densamente pobladas.⁶ A su vez, autores como Catherine LeGrand⁷ y Darío Fajardo⁸ se refieren a esta misma experiencia histórica considerándola como un amplio proceso de expansión y desbordamiento de la frontera agraria durante los siglos XIX y XX. LeGrand incorpora una visión problematizadora sobre la colonización en tanto que la percibe como una alternativa social al creciente desarrollo de la gran propiedad terrateniente.

La colonización antioqueña se produjo inicialmente debido a la insuficiencia de tierras que alojaran una población mestiza en constante crecimiento desde el siglo XVIII, a lo que respondieron los gobernantes provinciales y departamentales incentivando migraciones dirigidas y espontáneas hasta mediados del siglo XX. Estas formas de poblamiento antioqueño comenzaron desde el interior de Antioquia hacia sus fronteras internas en el suroeste, sur, norte, occidente, Urabá, oriente y magdalena medio. Una primera ruta fue definida desde 1750 por un reducido número de vecinos de Santa Fe de Antioquia, que en calidad de colonos buscaron, hacia el occidente de esta ciudad, en los valles de Urrao y Murrí, una salida por el río Atrato que garantizara el comercio provincial y la explotación de los recursos naturales. Pero esta iniciativa logró su finalidad geoestratégica sólo hasta principios del siglo XX, cuando las gestiones políticas en el centro del poder nacional lograron la anexión de Urabá a la territorialidad de Antioquia.⁹

[...] Se fueron estos indios agregado a un paraje llamado Cañasgordas, como cosa de tres días de camino distantes de esta Capital, estos han solicitado la protección de este gobierno en estos últimos años, y voluntariamente han pagado sus tributos con la cera que en aquellos montes fabrica una especie de abejas, que es bastante negra, pero no deja de venderse en esta ciudad. Como no hallasen todo aquel abrigo que deseaban, no se verificó en el todo, formasen Pueblo, y solo algunos permanecieron en aquel paraje; pero el más del tiempo se mantenían en los montes. El año pasado de setenta y seis el gobernador interino, Don Francisco Silvestre, facilitó que un tal José de Lorza pasase aquel paraje a catequizarles y enseñarles la doctrina Cristiana [...] me valí del dicho Lorza para que pasase al mencionado paraje de Cañasgordas y ofreciese al Capitán y Cacique la protección de este gobierno y que yo les atendería en cuanto mis facultades alcanzaren.¹²

El valle selvático del medio y bajo Atrato fue una de tantas espacialidades coloniales fronterizas, escenario de resistencia indígena, cimarronaje, piratería y contrabando, motivos por los cuales las autoridades provinciales se interesaron en tener una mayor presencia en el territorio. Incluso, en los siglos XVII y XVIII los gobernadores ofrecieron exonerar del pago de tributos a los indígenas de los resguardos que participaran de la ''reducción'' y ''pacificación'' de los chocoes y de la contención de los extranjeros que incursionaban en el Atrato.¹³

La dinámica sociocultural del resguardo y las zonas circundantes permite considerar ese territorio como una frontera interna en el proceso expansionista promovido por la élite regional antioqueña.¹⁴ Se comprende por frontera al espacio impreciso donde interactúan distintos grupos sociales y que adquiere características materiales y simbólicas. En las fronteras se expresan las relaciones de poder al igual que las prácticas políticas, sociales, culturales y económicas. En las fronteras étnicas, en tanto zonas con gran capacidad de transformación, son propios elementos como la resistencia, la integración, la adaptación, la transformación, la desetnización y la reetnización.¹⁵

1. ''Para que nos dejen en paz y salgan de nuestra propiedad''. Uso indígena de instrumentos jurídicos y administrativos

 La disolución de este territorio colectivo está asociada a la legislación independentista y republicana. Para considerar el proceso histórico de esta territorialidad en el siglo XIX y principios del siglo XX se propone la siguiente periodización.¹⁶ Una primera etapa, de 1810 a 1832, en la que se aprobaron las leyes sobre la repartición de resguardos indígenas en la Nueva Granada, luego República de Colombia. En la segunda etapa, de 1833 a 1886, estas disposiciones comenzaron a ser aplicadas en el resguardo de San Carlos de Cañasgordas. Con la primera división de la propiedad colectiva, iniciada en 1833, se repartieron terrenos a 135 jefes de familia y se destinaron otros lotes para la escuela y para los gastos de repartimiento. Los numerosos errores e irregularidades en las diligencias profundizaron las disputas por territorio entre indígenas y colonos.¹⁷ En la tercera etapa, de 1887 a 1919, se generaron nuevas disposiciones legales de carácter regional y se realizaron las reparticiones definitivas de la propiedad colectiva en las hoyas de los ríos Sucio y Murrí.¹⁸

Desde el primer repartimiento del resguardo indígena de Cañasgordas y a lo largo del siglo XIX sus habitantes presentaron reclamos ante las autoridades locales, regionales y departamentales. En los años cincuenta Agustín Codazzi se enteró de esas demandas, lo que lo llevaría a asegurar: ''El Gobierno Superior y las autoridades locales nunca niegan protección a los indígenas; pero las quejas de éstos quedan sometidas a los agentes subalternos que siempre hacen por eludirlas, por ser partícipes de los excesos que se han cometido, o por indiferencia''¹⁹. Hasta mediados de siglo XIX fueron usuales memoriales colectivos que reunían denuncias de varios grupos de afectados por la usurpación de territorios a manos de colonos, buscando de esta forma soluciones a sus conflictos. Este aspecto es relevante si se considera que se trataba de poblaciones con un patrón de asentamiento disperso y con una forma de gobierno no centralizada, como el mismo Codazzi lo retrató en sus observaciones etnográficas.²⁰

La escasez de ese tipo de memoriales en un periodo posterior, entre 1880 y 1920, parece sugerir que el uso de las vías jurídicas y administrativas escritas no fue recurrente. Las peticiones escritas permiten un acercamiento a las problemáticas y percepciones indígenas, en contraste con las verbales, cuyo rastro es difícilmente detectable. Generalmente las denuncias orales eran dictadas a funcionarios que las registraban por escrito y las remitían a las autoridades pertinentes. Llama la atención que en varios documentos producidos por las alcaldías locales se alude a la presencia de indígenas en diferentes instancias gubernamentales y a sus exigencias sobre el derecho a sus posesiones, declaraciones de las que no se encuentran soportes físicos.

Esas situaciones nos invitan a reflexionar y a interrogarnos por la frecuencia con que algunas poblaciones se valieron de los medios escritos para efectuar reclamos, cuando desde su estructura cultural la comunicación por mucho tiempo estuvo medida por la oralidad, con una gran distancia de la escritura. A continuación se exponen un par de casos en los que es posible identificar características de estas estrategias jurídicas y administrativas, escritas y verbales, utilizadas por indígenas como respuesta al proceso de colonización.

El 11 de junio de 1894, desde la Prefectura de Occidente, con sede en Santa Fe de Antioquia, le escribieron una comunicación al Secretario de Gobierno del Departamento informándole sobre una sanción al alcalde de Dabeiba con motivo de la desprotección a dos indígenas:

En virtud de su atenta comunicación de fecha 8 del presente mes, distinguida con el No. 758, hoy he reiterado la orden dada desde el 30 de Marzo último al Alcalde de Dabeiba para que proteja, si es caso, a los indígenas Carmelo Majoré y Nepomuceno Domicó de los ataques a la propiedad de estos, efectuados por los colonos Nemesio David, Ignacio Sepúlveda, Ángel María Echavarría y otros, para que las órdenes de su secretaría y de este despacho tengan eficaz cumplimiento, he conminado al referido Alcalde con la multa de veinticinco pesos y señalándole el perentorio término de quince días a fin de que lleve sus haberes al respectivo sindicado. Dejo así constatada la expresa multa.²¹

Lamentablemente la carta no permite acceder a otro tipo de información más allá de la resolución de la prefectura, los directos implicados y los motivos difusos del

conflicto. La comunicación no proporciona los datos del lugar exacto dónde estaban los lotes ni los medios por los cuales se instauraron las quejas. La lectura entre líneas permite afirmar que Majoré y Domicó tuvieron que presentarse en repetidas ocasiones ante la Prefectura de Occidente provocando a su vez redundantes llamados de atención hacia la autoridad local. La poca importancia dada al caso pudo haber sido interpretada por el prefecto de occidente como desidia de estas autoridades y quizás por eso resolvió contrarrestar la situación mediante una sanción monetaria.

El 24 de agosto de 1907 fue remitida desde la Alcaldía Municipal de Dabeiba otra comunicación al Secretario General de la Gobernación de Antioquia y firmada por Juan J. Pineda. La carta inició así:

Hace como 18 años que los indígenas domiciliados en este Distrito y residentes en el paraje denominado ''Chimadó'' de esta jurisdicción, vienen quejándose con mucha frecuencia ante esta alcaldía, ante la Prefectura de Occidente, ante la Gobernación y ante la Prefectura de esta Provincia últimamente, de que el señor Ángel María Echavarría les quitó la mayor parte de su terreno en el paraje ya indicado y de que les hace daño a sus sementeras que alcanzan un valor no despreciable.²²

Se evidencian entonces varios asuntos, el primero a destacar es la permanencia en el tiempo de las denuncias legales por parte de indígenas contra del usurpador de su territorio, ya que el remitente alude a casi dos décadas de frecuentes quejas. En segundo lugar, Pineda reconoce que los reclamos se habían efectuado ante diferentes instancias y autoridades de administración territorial, lo que refleja una búsqueda sistemática en el objetivo de resolver el conflicto. Y en tercer lugar, se alude al gran valor de las sementeras, de las que Pineda no fue testigo ocular, pero creyó en el testimonio recibido.

Ese funcionario, que escribe con el objetivo dejar en limpio el papel de la alcaldía, afirmó que los empleados municipales brindaron la protección a los indígenas enviando Jueces de Policía y que no se podían hacer más diligencias porque los afectados no tenían quien los representara. En la comunicación también informó que una de las instancias visitadas por los indígenas, la Prefectura de Urabá, acató las denuncias y tuvo una respuesta favorable al iniciar un proceso de investigación judicial en contra del denunciado, a quien le comprobaron el delito de falsificación de documento público. Por ese motivo, en 1906, el Tribunal Superior había ordenado poner en prisión a Echavarría; no obstante, el sumario no llegó a Dabeiba y las autoridades no pudieron ejecutar la orden. Pineda además advertía que por el tiempo transcurrido seguramente el proceso había prescrito.²³ Como consecuencia de esta situación, informaba: ''Aquí tenemos así todos los días a los indígenas mencionados solicitando se les amparase a sus derechos y la alcaldía tropieza con los títulos legalmente registrados del señor Ángel María Echavarría y por esto no puede dar la protección solicitada''²⁴.

Otro aspecto a subrayar, además de la permanencia en el tiempo, es la insistencia indígena evidenciada con su desplazamiento casi diario desde sus domicilios hasta la alcaldía para presionar a las autoridades locales por algún tipo de solución. Aunque se buscó en los documentos de archivo otras pruebas escritas de esa presencia indígena en el recinto municipal, como memoriales o peticiones, estas no fueron localizadas, lo que apunta a varias posibilidades, entre ellas: el extravío de las quejas o que estas fueron presentadas verbalmente. No se descartan, además, las múltiples situaciones relacionadas con los procesos selectivos por los que pasó la documentación para preservarse o no hasta nuestros días, y en las que se pueden considerar decisiones de personas e instituciones, proceso de catalogación, desastres naturales e, incluso, calamidades biológicas.

Pero el caso no terminó allí, el final de la carta enuncia el verdadero detonante de su redacción: se trataba de la advertencia de los demandantes para continuar agotando las vías legales y administrativas, acudiendo a una autoridad superior. Aunque en la carta del 24 de agosto no se alude a un número específico de indígenas y solo se refiere a ellos en plural, uno en especial inquietaba a las autoridades locales, José María Domicó, quien amenazó con tratar el tema directamente con la máxima instancia departamental:

Hoy se ha presentado el indígena José María Domicó, mismo de los interesados en el terreno mencionado, manifestando que va a presentarse ante Su Señoría el Gobernador a tratar este asunto y como de este resulta una queja contra esta alcaldía porque no se le ha dado protección, este es el motivo para poner en su conocimiento los hechos que he relatado.²⁵

Otro caso conocido en la época fue el de Indalecio Celis y Calixto Majoré, quienes en febrero de 1911 enviaron desde Frontino una comunicación al gobernador del Departamento reclamando el cumplimiento de una sentencia emitida por ese despacho el 6 de diciembre de 1910 y mediante la cual se ordenaba su amparo en la posesión y propiedad de las tierras de Dacidocito.²⁶ En el memorial los remitentes manifestaron su inconformidad con el proceder del prefecto de occidente y los inspectores, que al no autorizar el desalojo del terreno, propiciaban la continuidad de los hostigamientos por parte de Eladio Monroy:

[...] pues aunque pedido al Señor Prefecto que personalmente cumpla la sentencia, él no ha accedido y se ha concretado a comisionar Inspectores que no han sabido hacer las cosas y el mal continua y al Señor Eladio Monroy ó Puerta no le han hecho desocupar y le han dado asidero, pero no obstante, repetimos, la sentencia, continúa la perturbación, y más todavía, el Señor Prefecto, últimamente niega la petición última sobre desocupación de Monroy ó Puerta y nos deja a nosotros dizque los derechos a salvo para que los hagamos valer, contrariando así la sentencia dictada a nuestro favor y pecando contra las varias circulares de la Prefectura y aprobadas por la Gobernación en su canon en los asuntos de resguardos y de indígenas.²⁷

Ambos indígenas solicitaron una pronta respuesta del gobernador y el acatamiento de la sentencia por parte del prefecto. Desde su óptica, este último funcionario debía desplazarse al paraje que se localizaba a corta distancia del pueblo, pues era a quien le correspondía hacer cumplir las disposiciones legales. El memorial está acompañado por una nota de telégrafo remitida por la alcaldía municipal de Frontino al gobernador departamental, Eduardo Vásquez Jaramillo, a quien comunicaban que Celis y Majoré estaban siendo engañados por su abogado, que les hacía creer que tenían derecho a una porción de terreno superior.

Siete meses después, en septiembre de 1911, nuevamente Celis y Majoré autodenominándose ''indígenas y vecinos de Frontino'' volvieron a reclamar. Esta nueva misiva permite conocer más detalles sobre su caso, entre ellos la forma como habían obtenido la posesión del territorio, las acciones de las autoridades locales y departamentales, así como la disputa por otro terreno:

Por la correcta resolución de esa Gobernación, y fecha seis (6) de Diciembre de 1910, se dispuso que se nos ampare en la venpación, posesión del terreno de Dacidocito, mientras se declare que no nos pertenece y basada tal resolución en que leyes, ordenanzas, decretos, circulares especialísimos [que] nos rigen y sobre todo, digamos, paguen los terrenos de Dacidocito que se encuentran comprendidos dentro de la adjudicación No. 34 hecha a nuestros ascendientes José Ignacio Domicó [...] A pesar de tal proveído no se nos ha protegido contra el detentador Eladio Monroy y por eso pedimos que se reitere la orden de Señor Alcalde de Frontino para que nos dejen en paz y salgan de nuestra propiedad. [...] La gobernación del extinguido Departamento de Antioquia también dispuso que el Sr. Antonio María Góez y familia no nos perjudique y salga de nuestra propiedad de ''Caimas'' sitio en jurisdicción de Frontino y a linde con las fincas de Chontaduro.²⁸

La gobernación respondió dos días después requiriendo oficiar el caso al alcalde de Frontino y solicitándole la protección de los indígenas. Para el mes de diciembre, desde la alcaldía de este municipio, le comunicaron al gobernador: ''los indígenas Indalecio Celis y Calixto Majoré quedaron definitivamente en posesión del terreno de Dacidocito de cuya posesión habían sido privados''²⁹. Se dejaba constancia explicita quede esa forma se cumplía con lo ordenado por la Gobernación. Es notable entonces cómo las gestiones alcanzaron ''formalmente'' los efectos esperados.

Pero Celis y Majoré volvieron a pronunciarse con su estrategia discursiva de ser amparados en sus derechos y estar regidos por leyes especiales. Aunque reconocieron el apoyo dado por el alcalde de Frontino y el inspector de Ríoverde, denunciaron el embargo de sus otros terrenos en Chontaduro y Caimas por parte de Eladio Monroy: ''[...] pero los detentadores y usurpadores mismos, se han valido del pretexto, disque de embargar preventivamente el terreno y secuestrarlo, todo para impedir que permanezcamos en él y no quieren que nosotros ni hagamos nada, quien sabe hasta cuándo y ellos si continúan con su indebida venpación''³⁰.

De nuevo desde la Gobernación se solicitó a la alcaldía de Frontino un informe con la mayor brevedad posible explicando el porqué de los tropiezos que habían tenido los indígenas. En el informe el alcalde desmintió a los reclamantes alegando que ellos ya se encontraban en Dacidocito y acusó otra vez al abogado de informarles de mala fe que la orden de la Gobernación era extensiva al segundo terreno. Sin embargo, el alcalde también se vio obligado a informar que fue el inspector de Ríoverde, quien al dar posesión de Dacidocito la hizo extensiva por ''error'' a Caimas, perjudicando a Monroy, quien acudió al juez del circuito para solicitar el embargo y el depósito preventivo de sus propiedades. De esta forma explicó la autoridad local lo que sucedía y auguró que las quejas continuarían.³¹

De este caso es clave destacar los cuestionamientos indígenas al desempeño del prefecto y su iniciativa de exponer los problemas ante el gobernador, hecho que, como ya se indicó, puede interpretarse como la forma de buscar una solución definitiva ante la inoperancia de la burocracia y los procedimientos locales. Poner en duda la eficacia y la gestión administrativa municipal seguramente fue causa de animadversión y eso es perceptible, al menos en la última respuesta del alcalde, quien minimizó la responsabilidad de Inspector en el proceso.

Las quejas de Celis y Majoré contra el prefecto de la Provincia de Occidente contrastan con la voluntad que existía en esta entidad para acatar la Ley 89 de 1890, al menos para Urrao, zona colindante con Frontino. En 1907 desde la Prefectura se solicitaba respaldo de la gobernación para exigir el cumplimiento de dicha ley sobre protección de indígenas, en vista de la ''ambición de baldíos despuntada en todos por el porvenir que se abre en aquella región al Comercio, por motivo de la vía que se construye para el Atrato''³². Carlos Villegas, comisionado del gobierno para el arreglo de los resguardos de Murrí entre 1914-1919, llegó a proponer la organización de cabildos indígenas acorde a la Ley 89 y con el objetivo de dinamizar la reducción y la colonización en ese territorio.³³ Estos hechos llevan a pensar que las autoridades departamentales y locales, en tanto intermediarios entre el Estado central y las comunidades indígenas, se vieron obligadas a evaluar los posibles efectos de dicha ley y su acatamiento en esta subregión de Antioquia.³⁴

En Antioquia la Ley 89 de 1890 no parece haber sido una herramienta de lucha indígena por la conservación de la unidad territorial en la temporalidad estudiada. Y como lo señala Pérez, después de su promulgación tampoco se constituyeron cabildos, como se disponía.³⁵ Incluso, en los dos casos expuestos no se citó como arma de defensa. Fueron otras disposiciones legales de carácter local, regional y departamental las que se usaron para ello.

La Ley 89 de 1890 sí era conocida entre las comunidades, o por lo menos se tenía una noción de ella. Una carta del Juzgado del Circuito de Frontino al gobernador del departamento, dirigida en 1893, permite conocer que, en algunos casos, los descendientes de quienes recibieron tierra por repartimiento acudieron a las instancias administrativas para obtener permisos de venta, desacatando la Ley 89. En la carta se planteaba que por las diferentes interpretaciones dadas a esa norma se estaban generando graves inconvenientes y prejuicios a la compra y venta de fincas raíces. También se verifica que las mismas autoridades estaban actuando en contravía de lo dispuesto legalmente:

Varias personas a quienes se les entregó porciones de tierras en la última distribución hecha por la Prefecto de Occidente, como hijo ya viejo o como nieto ya viejo de una salvaje y como herederos de este vienen al Notario a otorgar sus escrituras de compraventa, éste se niega por temor de esa ley y algunos han venido a pedir licencia para el efecto y he tenido que negárselas declarando que no los comprende la expresada ley, que en este Departamento aún no está vigente o por lo menos no se le puede dar aplicación, que no puede ponerse en ejecución.³⁶

2. ''Se ponen rara vez en comunicación con la raza pobladora del resto del Estado''. Desplazamiento a zonas de  baja presión colonizadora

Varias fuentes señalan que, a raíz de la colonización en el occidente del departamento, grupos de indígenas intensificaron su desplazamiento a zonas inaccesibles, al menos para quienes no eran indígenas. En la segunda década del siglo XX, Fray Severino de Santa Teresa, misionero carmelita de los pies descalzos, advirtió que desde hacía un siglo el gobierno había intentado educar y ''civilizar'' a los indígenas mediante el establecimiento de escuelas, pero estos respondieron internándose en los bosques y evadiendo trato y roce con los libres. Argumentaba que era comprensible dados los abusos que contra ellos y sus territorios se cometían: ''Tan pronto como llegan algunas familias de civilizados con el fin de trabajar en los resguardos de indígenas, éstos abandonan sus viviendas y se van remontando río arriba, por la desconfianza que les inspira el comercio y el trato con los libres'' ³⁷.

No era un comportamiento nuevo; más bien puede ser comprendido como la intensificación de un patrón cultural de posesión del territorio instrumentalizado en esta época como una estrategia de defensa y autopreservación. Las zonas selváticas y ribereñas, como los alrededores de los ríos de San Jorge, Sinú, Atrato, Arquía, Ocaidó y la Costa Pacífica, que en otros tiempos eran habitadas por temporadas, representaban una opción para radicarse en vista de la constante presión sobre el territorio.³⁸ Aunque también la bibliografía ha indicado que grupos indígenas permanecieron en porciones del extinguido resguardo de Cañasgordas sin respaldo legal y en condiciones de sedentarización forzada.³⁹

Esta actitud indígena fue determinante para la construcción de un imaginario en torno al aislamiento y al disgusto por estar cerca de otros grupos sociales, lo que se percibe en las monografías municipales y en los relatos históricos de finales del siglo XIX y principios del XX: ''Quedan todavía algunas parcialidades en el territorio de Frontino, que conservan sus viejas costumbres y que se ponen rara vez en comunicación con la raza pobladora del resto del Estado''⁴²; ''[...] aún hoy se encuentran en el occidente antioqueño familias de esta raza que conservan intactas sus costumbres, y son reacias a entrar en contacto con la civilización''⁴³; ''viven aún allí muchos de esos hombres de tez cobriza, un tanto renuentes al contacto con los blancos''⁴⁴.

El entorno geográfico, a menudo descrito como montañoso, selvático y ribereño, al que no estaban acostumbrados los colonos que provenían del interior del departamento u otras regiones, permite comprender lo efectivo que pudo haber sido el desplazamiento indígena a zonas de baja presión colonizadora como una estrategia de resistencia contra el proceso colonizador y contra la sedentarización. No obstante, este comportamiento implicaba relaciones débiles o inexistentes con las autoridades municipales, lo que a su vez dificultaba el uso de instrumentos legales. Además de una primacía de la comunicación oral, esta que puede ser otra explicación parcial para comprender por qué son escasos los memoriales durante esos años.

De otro lado, existía una amplia legislación que respaldaba el derecho de las municipalidades sobre los lotes ''vacantes''. En todo caso es importante subrayar que las divisiones legales de los resguardos indígenas en el occidente de Antioquia no tuvieron la recepción que las autoridades esperaban y, por el contrario, parece que hubo una tendencia de las familias indígenas a incrementar su dispersión y su movilidad.

3. ''Conservan relaciones de negocios con los habitantes de la cabecera y otros municipios''. Relaciones económicas locales 

La acción de trasladarse a zonas de baja presión colonizadora debe matizarse, y por tanto no puede entenderse como un aislamiento total y prístino de las familias indígenas, aún más cuando se ha enfatizado que esa territorialidad era una frontera étnica. Hay fuentes que describen que participaban de intercambios de productos agrícolas y algunos animales domésticos a cambio de armas, sal, tabaco, aguardiente, herramientas y mantas con otras poblaciones. Carlos Villegas ratificó esto al mencionar: ''su comercio se limita a la compra de lienzos, anzuelos y escopetas y al canje de productos naturales por estos mismos artículos''⁴⁵. Excedentes de la pesca, la cría de gallinas y cerdos, les permitía a indígenas el acceso a la tecnología necesaria para actividades cotidianas como la caza. Una monografía de Dabeiba también nos acerca a esta idea:

Abundan en las comarcas de Dabeiba, conservándose intactas en sus costumbres, familias descendientes de los pobladores aborígenes de la vasta región occidental, que aunque han entrado en contacto con la civilización y conservan relaciones de negocios con los habitantes de la cabecera y otros municipios, permanecen aferrados a sus costumbres.⁴⁶

En el repartimiento del resguardo en la hoya del río Murrí Villegas observó que era frecuente entre la población indígena el arrendamiento de predios a libres por varios años a cambio de diversos productos y enseres. Pero también indicaba el comisionado que los colonos ''[...] no tienen buena seguridad de poder comprar al indio, porque éste es generalmente refractario a la venta''⁴⁷. Historiadoras como Beatriz Patiño y Margarita González demostraron que el arriendo de terrenos comunales era una práctica observada desde tiempos coloniales que transgredía las prohibiciones de las autoridades; por tanto, no es de extrañar que esta se mantuviera en épocas posteriores.

Según María Teresa Uribe, en Cañasgordas, luego de la descorporativización de la tierra, más por la apropiación ilegal que por la vía legal, persistió el problema jurídico de la titulación; no obstante, buena parte de esos territorios pasó a manos de mineros, proyectos de obras públicas o pequeños colonos, fortaleciéndose la pequeña parcela campesina independiente, como también concluiría Lina González. Esto no significó la expulsión total de los antiguos pobladores, pues también se produjo cooptación de mano de obra indígena como eventual recurso de trabajo independiente en renglones como la minería, la agricultura, la construcción de obras públicas y los transportes, lo que implicó relaciones más monetizadas.⁴⁸ La participación en estas actividades, a su vez, constituyó para algunos grupos formas de adaptación al nuevo contexto en que vivían.

En otros lugares del país, como Tolima y Cauca, con la expropiación de tierras de antiguos resguardos se fundó la hacienda republicana de tabaco y añil, que subsumió mano de obra indígena en modalidad de arrendamiento o terrajaría, lo que de una u otra forma permitió la conservación y transmisión de valores y prácticas culturales de los grupos étnicos; de ahí que la disgregación se hiciera de forma más lenta. En Cundinamarca, la hacienda ganadera de la sabana capitalina descorporativizó los territorios expulsando a sus antiguos propietarios y generando una dispersión del grupo étnico.⁴⁹

4. ''Ofrecen parumas gratis con tal que dejen el vestido de libres''. La persistencia de la identidad cultural

La persistencia de la identidad cultural, entendida como el conjunto de símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, tradiciones y demás rasgos culturales inherentes a la vida social fue posible en gran medida por las estrategias antes explicadas en medio de acciones claras de despojo simbólico y material.⁵⁰ Con múltiples testimonios se puede asegurar que la oposición a la pérdida de rasgos culturales fue una resistencia cotidiana que se evidenció en diferentes dimensiones de la vida indígena. Margarita Serje ha puntualizado que ''la resistencia se presenta como uno de los signos esenciales y emblemáticos de la alteridad''⁵¹, entendida como la relación con la otredad.

De acuerdo con las impresiones de Fray Severino de Santa Teresa se puede establecer que incluso en los ámbitos más privados de la vida se presentaron resistencias a la adopción de rasgos culturales externos:

Los indios no cambian por nada su primitivo vestido. Conocí un proyecto de matrimonio que se deshizo porque el novio había tenido la osadía de vestirse como libre o civilizado. Algunas niñas que se ponen su batita para comulgar, al poco tiempo como por un encanto transformista, aparecen con su vestido indígena [...] Los indios mayores de edad, creyendo que los niños han degenerado de la raza les ofrecen parumas gratis con tal que dejen el vestido de libres.⁵²

Estas actitudes indígenas frente a la continuidad del uso del vestido, un marcador identitario casi instantáneo, recuerda los postulados de James Scott frente a la divergencia entre los ''discursos públicos'' y ''los discursos ocultos'' de los dominados y sus formas de resistencia. Para él los grupos subordinados, a partir de su situación, producen discursos ocultos que representan críticas no frontales al poder, aunque terminan manifestándose abiertamente.⁵³ Entonces, si bien en presencia del sacerdote las niñas hacían uso de sus batas para comulgar, al dar él la espalda realizaban otras acciones en las que finalmente se desechaba el uso de esas prendas. Otros rasgos culturales también permanecieron. En las fuentes etnográficas y fotográficas de la época se constata la continuidad de la pintura facial y corporal.⁵⁴

Valga anotar que esos ''discursos ocultos'' no solo se produjeron frente a personas que representaban algún tipo de poder eclesiástico; también fueron recreados hacia civiles que, por diferentes motivos, tenían contactos o sostenían relación de subordinación con ellos. Esto por lo menos lo observó Carlos Segismundo de Greiff, quien estuvo a cargo de la construcción del camino hacia el Atrato en los años cuarenta del siglo XIX, labor en la que usó mano de obra indígena. Una década después, Codazzi, recapitulando las memorias de este ingeniero sueco, citaba:

El señor Carlos Greiff, que ha vivido bastante tiempo entre ellos, asegura que profesan una religión y veneran aún ciertos objetos visibles, muchos han andado conmigo, dice, y por semanas enteras y siempre se me han perdido por la mañana; los he buscado en el baño, que tan frecuentemente usan, sin encontrarlos y preguntándoles dónde se habían ido, me han dado respuestas evasivas y diferentes cada uno. Algunos entre ellos son reputados adivinos, brujos y médicos, y parecen tener un carácter sacerdotal.⁵⁵

Para de Greiff el agua parecía ser el elemento favorito de los indígenas en esa zona, lo que afirmaba al observar las frecuentes inmersiones diarias y el papel central de este recurso en ceremonias de bautismo, pubertad y casamiento, dirigidas por sus ''sacerdotes''.⁵⁶

A propósito de los médicos tradicionales, en 1918 la misionera Laura Montoya escribía reportajes sobre su experiencia en el occidente de Antioquia para el periódico El Colombiano. En una de las columnas afirmó que pocos civilizados, como los integrantes de las misiones, conocían la labor de los jaibanás. Todo esto a propósito de una enferma que no pudo curar, y para evitar desacreditarse como mediadora de Dios decidió acudir a un experimentado jaibaná: ''[...] puesto que me toca acreditar ante ellos todo lo que es de Dios y en tal concepto me tienen, resolví decirle al marido de la enferma que con mis remedios, la curación, sería muy larga y que, si quería, trajera un doctor indio. Inmediatamente trajo a Valeriano, experimentadísimo doctor y tan entendido en todo''⁵⁷.

Laura Montoya describió con detalles todo el ritual de Valeriano y la ayuda que ella le prestó: ''Valeriano se puso a mascar tabaco para formar una masa, que bien impregnada de saliva, le sirvió para una fricción general de la pobre paciente. Luego, con toda la fuerza de que fue capaz le aplicó los puños cerrados de ambas manos en el estómago, haciéndole tan fuerte presión que pareció juntarle las membranas del estómago con la columna vertebral''⁵⁸. El reconocimiento a la sabiduría del jaibanáqueda explícito y se descubre la negociación cultural como un aspecto relevante en este tipo de fronteras étnicas.

La misionera también se refirió a una lista de bautizos en los cuales mencionaba para cada persona el nombre indígena y el nombre cristiano. Probablemente la mención al nombre en lengua nativa se debió al uso cotidiano que se seguía haciendo del mismo. Además, anotaba Laura Montoya: ''Definirles el apellido es cosa dificilísima, pues no dan cuenta de sus padres unos pocos, aparte de que los indios, en general, toman el apellido que se antoja. El que más les agrada es Domicó''⁵⁹. Seguro que este apellido no era casual, como ella lo entendía, pues representa la pervivencia de una de las familias más destacadas para los embera y significa en su lengua el dominador de las aguas.⁶⁰

De acuerdo con Julián Pérez, las poblaciones indígenas que habitaban el antiguo resguardo de San Carlos de Cañasgordas practicaron la endogamia étnica como una característica de su supervivencia.⁶¹ Al parecer, las relaciones de parentesco también se convirtieron en un instrumento para conservar el territorio. Para los no indígenas ese tipo de relaciones familiares resultaban complejas e incompresibles, aún más si eran asociadas a poblamiento móvil y disperso. Roger Brew y María Teresa Uribe anotaron que la forma como estaban constituidas las familias indígenas tendía a ''complicar'' más la situación legal de la propiedad cuando no se habían terminado de realizar los repartimientos.

Brew particularmente manifestó: ''Por otra parte, la poligamia de los indios se presentaba para que una cantidad de supuestos herederos, cuya verdadera identidad era imposible de verificar, se presentara a reclamar las tierras del padre''⁶². Esto se corresponde con una observación de Carlos Villegas para el caso de Murrí, cuando decía en 1916 que se habían presentado seiscientos herederos de las primeras adjudicaciones, por lo que afirmaba: ''muchos pueden ser ficticios'', otros desconocidos y otros ausentes, ante lo que era imposible autentificar la legitimidad de los reclamos''⁶³. Aunque se ha enfatizado en las formas móviles y dispersas de habitar el territorio y el tipo de gobierno descentralizado en estas comunidades, no se desconoce la eventual coordinación de acciones comunes por parte de familias o grupos alrededor de un líder. Esto lo reveló Fray Severino de Santa Teresa: ''Las relaciones de los indios se estrechan más cuando se trata de defenderse contra los civilizados, y en este asunto sí que acatan el parecer de sus capitanes. Un indio tiene seguras las espaldas en donde hay otro de su raza''⁶⁴.

La continuidad de rasgos culturales indígenas pudo ser realmente desalentadora para las iniciativas con las que se pretendía ''reducirlos a la vida civil''. Se coincide aquí con una afirmación de Lina González según la cual la actitud indígena de rechazo frente a la homogenización cultural emprendida por la élite antioqueña fue la que impidió que dicho modelo se consolidara en esta región.⁶⁵

Consideraciones  finales

El uso de instrumentos jurídicos y administrativos, el desplazamiento a zonas de baja presión colonizadora, las relaciones económicas con otros pobladores de las localidades y la persistencia de rasgos culturales fueron estrategias de resistencia, negociación y adaptación indígena frente al proceso de colonización en el occidente de Antioquia. Aunque en este artículo esas acciones se hayan examinado de forma separada, ello no invisibiliza la simultaneidad con que fueron implementadas por las propias comunidades.

Si evaluamos los efectos del uso de instrumentos jurídicos y administrativos, tanto escritos como verbales, es posible considerar que los indígenas lograron propósitos importantes: expresar abiertamente su inconformidad con las gestiones de las autoridades de diferentes ámbitos, motivar sanciones para las autoridades locales, lograr resoluciones a su favor y dejar huellas en una forma de comunicación que no les era habitual, pero que respondía a las exigencias de las lógicas de poder con las que estaban interactuando.

La vinculación indígena a actividades económicas locales garantizaba la continuidad de algunas actividades cotidianas, transformadas con la incorporación de objetos de fabricación especializada, como las armas para la caza y otros artefactos. Los indígenas también se articularon como mano de obra en diferentes sectores económicos, lo que implicó en algunos casos relaciones más monetizadas con los nuevos pobladores.

El territorio del resguardo de San Carlos de Cañasgordas no era ni espacio vacío ni tierra de nadie que la élite antioqueña pretendía incorporar a uno de los proyectos económicos más importantes de esos años, a saber, la salida de Antioquia al mar. Por el contrario, era un territorio con un modo poblamiento disperso y discontinuo, uno de los rasgos culturales más emblemáticos e históricos de las comunidades indígenas del occidente de Antioquia en esos años.

1 Naciones Unidas, ''Resumen del informe y recomendaciones de la misión a Colombia del Foro Permanente. Situación de los Pueblos Indígenas en Peligro de Extinción en Colombia'' (2011), http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2011_3%20.pdf (consultado el 3 de abril de 2015); Brigadas Internacionales de Paz, ''Minería en Colombia: ¿A qué precio?'', Colompbia. Boletín Informativo n.^° 18 (2001): 15, http://www.pbicolombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111122_boletin_final_web.pdf (consultado el 3 de abril de 2015); Observatorio de Territorios Étnicos, ''Resguardos indígenas y minería en Antioquia'' (2012), http://www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=470, (consultado el 3 de abril de 2015).

2 Organización Indígena de Antioquia, ''Empresas mineras burlan los derechos de los pueblos indígenas en Antioquia'', Prensa Rural, 5 de septiembre de 2008, http://prensarural.org/spip/spip.php?article1482, (consultado el 3 de abril de 2015).

3 Ver, por ejemplo, Patricia Vargas, Los embera y los cuna: Impacto y reacción ante la ocupación españolaSiglos XVI y XVII (Bogotá: CEREC, Instituto Colombiano de Antropología, 1993); Erik Werner Cantor, Nianiquilados, nivencidos. Los Emberaylagentenegradel Atratobajoeldominioespañol. Siglo XVIII (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000); Sofía Botero Paéz, ''De los hevexicos a los catíos en la Provincia de Antioquia'', Boletín de Antropología Vol: 18 n.^° 35 (2004): 15-50; Caroline Williams, Between Resistance and Adaptation. Indigenous Peoples and the Colonisation of the Chocó 1510-1753(Liverpool: Liverpool University Press, 2005); Juan David Montoya, ''Guerra, frontera e identidad en las provincias del Chocó, siglos XVI y XVII'', Historia y Sociedad n.^° 15 (2008): 165-189.

4María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, ''El proceso de apropiación de la tierra: políticas estatales e intereses regionales'', en Poderes y regiones: Colombia. 1810-1850 (Medellín: Universidad de Antioquia, 1987), 139-223; Lina Marcela González Gómez, ''Indios y ciudadanos en Antioquia 1800- 1850. Demografía y Sociedad'' (tesis de pregrado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1993); Wither Amalia Salazar, ''Resguardos en Antioquia. Crisis y desintegración, 1780-1850'' (tesis de pregrado en Historia, Universidad de Antioquia, 1994); Yoer Javier Castaño Pareja, ''De menores de edad a ciudadanos: los indígenas de Antioquia y otras zonas neogranadinas frente a los postulados libertarios de la primera república, 1810-1816'', Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol: 13 n.^° 1 (2008): 47-57; Elizabeth Karina Salgado Hernández, ''Indios, ciudadanía y tributo en la Independencia neogranadina. Antioquia (1810-1816)'', Trashumante. Revista Americana de Historia Social n.^° 4 (2014): 26-43.

5James Parsons, Roger Brew y Roberto Luis Jaramillo reiteraron que la inestabilidad y la fragilidad de los títulos de tierras fue una de las causas del estancamiento económico y del proceso colonizador hacia occidente. Ver: James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar: geografía e historia de la colonización (Medellín: Gobernación de Antioquia, 2010 [1967]); Roger Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920 (Bogotá: Banco de la República, 1977); Roberto Luis Jaramillo, ''Colonización antioqueña'', en Historia de Antioquia, dir. Jorge Orlando Melo (Medellín: Suramericana de Seguros, 1991), 176-208. Lina González, en su tesis de maestría, indaga por el papel de las comunidades indígenas en la configuración social de la subregión de occidente. Por ello realiza un seguimiento al proceso de disolución del resguardo, las propuestas de integración civil y eclesiástica que la élite regional planteó para la zona y los mecanismos de resistencia y defensa indígena frente al proyecto cultural paisa. González también argumentó que la exclusión fue en doble vía, tanto indígena como autoridades. En contraste, María Teresa Uribe ha sostenido que estos ''territorios vastos'' fueron excluidos en el siglo XIX por parte de las élites regionales y que Cañasgordas fue una barrera al ethos sociocultural antioqueño. Ver: Lina Marcela González Gómez, ''Territorio, poblamiento y presencia indígena en el occidente antioqueño durante el siglo XIX'' (tesis de Maestría en Ciencias Sociales, énfasis en Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, 1997); María Teresa Uribe de Hincapié, Nación, soberano y ciudadano (Medellín: Corporación Región, 2001). Por último, revitalizando los estudios se encuentra la reciente investigación del antropólogo Julián Pérez, en la que examina la última etapa de la disolución oficial del territorio comunal. Pérez da cuenta de las múltiples estrategias de dominación que ejercieron diferentes actores sociales sobre la población indígena. Aunque también evidencia el interés indígena por la conservación de los territorios mediante la implementación de pleitos, formas de movilidad hacia lugares más alejados, continuidad de los patrones culturales y la endogamia. Ver: Julián Pérez, ''Indígenas y Colonos. Configuración del territorio en los resguardos del occidente de Antioquia (1886-1920)'', Informe final de investigación (Medellín: Instituto de Estudios Regionales-Universidad de Antioquia, 2012); '''Los indígenas no saben más que tejer canastros'. Despojo sobre las tierras del resguardo de Cañasgordas, al noroccidente de Colombia (1886-1920)'', Boletín de Antropología Vol: 26 n.^° 43 (2012): 11-41.

6 Fernán González, ''Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana'', en Territorios, regiones y sociedades, ed. Renán Silva (Bogotá: CEREC-Univalle, 1994), 14.

7 Catherine LeGrand, ''Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debates'', en El agro y lacuestión social, comp. Absalón Machado (Bogotá: Tercer Mundo, Banco Ganadero, Caja Agraria, Vecol, 1994), 26.

8 Darío Fajardo Montaña, ''La colonización de la frontera agraria colombiana'', en El agro, 44.

9 Roberto Luis Jaramillo, ''Colonización antioqueña'', 176-208.

10 James Parsons, Urabá, salida de Antioquia; Roger Brew, El desarrollo económico; María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones; María Teresa Uribe de Hincapié, Nación, soberanoy ciudadano; María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Urabá: región o territorio: un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad (Medellín: Iner, Cornare, 1992); Juan Carlos Vélez Rendón, Los pueblos allende al río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio en Antioquia,1830-1875 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2002); Hermes Tovar, ''Los baldíos y el problema agrario en la Costa Caribe de Colombia, 1830-1900'', Fronteras de la Historia n.^° 1 (1997): 35-55.

11 James Parsons, Urabá, salida de Antioquia, 64; Roger Brew, El desarrollo económico, 189-190; María Teresa Uribe de Hincapié, Nación, soberano y ciudadano, 105; Roberto Luis Jaramillo, ''Colonización antioqueña'', 207; Lina Marcela González Gómez, ''Indios y ciudadanos''; Julián Pérez, ''Indígenas y Colonos''; Julián Pérez, ''''Los indígenas no saben'', 11-41.

12 ''Expediente sobre las instancias hechas a don Cayetano Buelta'' (Sevilla, 1783), en Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Santafe, leg. 582, ff. 13v-14r. Este reguardo fue creado cuando se hacían efectivas las políticas de eliminación y agregación de pueblos indígenas por parte de los gobiernos borbónicos para incrementar los ingresos de la Real Hacienda. En Nueva Granada estas políticas fueron promovidas por el Fiscal Antonio Moreno y Escandón. Ver: Margarita González, El resguardo en el NuevoReino de Granada (Bogotá: El Áncora Editores, 1992), 112-129.

13 Beatriz Patiño Millán, Riqueza, pobreza y diferenciación en la Provincia de Antioquia durante el sigloXVIII (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2011), 76.

14 En lo que fue otrora la territorialidad histórica del resguardo se crearon durante el siglo XIX y principios del XX los municipios de Cañasgordas, Dabeiba, Frontino y Urrao. Por eso cuando se alude al occidente, se hace referencia marcada a estos municipios. No se ignora que para la temporalidad aquí tratada el occidente –como había ocurrido antes en otras subregiones como el suroeste– había empezado a inscribirse, delimitarse, fijarse en relación a criterios como ocupación del espacio, representaciones colectivas internas y convenciones administrativas. Juan Carlos Vélez Rendón, Los pueblos allende, xx. Ese antiguo territorio indígena abarcaba además los actuales municipios de Abriaquí, Caicedo y Murindó. Aída Gálvez y Gloria Alcaraz et al., El mañana que ya entró. La fecundidad en los pueblos indígenas deAntioquia (Medellín: Universidad de Antioquia, 2002), 24.

15 Gloria María Vargas López de Mesa, ''Fronteras: espacios conceptuales y materiales en el contexto de la geografía'', en Fronteras, territorios y metáforas, comp. Clara Inés García (Medellín: Hombre Nuevo, 2003), 35-45; Clara Inés García, ''Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios de frontera interna en Colombia'', en Fronteras, territorios, 47-61; David Weber y Jane Rausch, ''Introduction'', en Where Cultures Meet. Fronteirs in Latin América History, eds. David Weber y Jane Rausch (United States of America: Scholarly Resources, 1994), xviii.

16 Esta periodización fue elaborada en base a: María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones, 139-223; Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', en Memoria presentada al Sr.General D. Pedro Justo Berrío. Asamblea de Antioquia 1916, Francisco de P. Pérez (Medellín: Imprenta Oficial, 1916), 100-108.

17 No hay un consenso sobre extensión del resguardo. Juan Henrique White aseguró que se trataba de 210 000 hectáreas aproximadamente, que a grosso modo estaban localizadas 100 000 de ellas en la hoya del río Sucio y 110 000 en la hoya del río Murrí. Carlos Villegas hablaría de 215 000 hectáreas en total. Entre las consecuencias de la primera repartición se pueden mencionar: figuración de varias personas como dueñas del mismo terreno, incongruencias entre la boleta de adjudicación y el libro original, lotes sin adjudicar, movimiento de linderos, inexistencia de linderos, incumplimiento de prohibición de enajenaciones, ventas de tierras por parte de indígenas a precios irrisorios, venta de tierras por parte de un heredero indígena sin consultar a coherederos, entre muchas otras. Todas estas irregularidades se complicaron por la falta de supervisión de un protector de indígenas. Ver: Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 100-112; Juan Henrique White, ''Resguardos de indígenas'', en Memoria presentada al Sr.General D. Pedro Justo Berrío. Asamblea de Antioquia 1915, Pérez, Francisco de P. (Medellín: Imprenta Oficial, 1915), 116-118.

18 La ley 182 de 1884 dispuso la rectificación de la división, pero las guerras civiles de esos años impidieron su cumplimiento. Luego, por el decreto 848 del 3 marzo de 1887, el gobernador Marceliano Vélez ordenó el arreglo definitivo, lo que fue respaldado mediante un decreto del gobierno nacional. Para este fin se nombró como comisionado al prefecto de Occidente, Alejandro Restrepo, quien en poco más de un año logró definir cerca de 1240 escrituras en una extensión de 100 000 hectáreas, mayoritariamente en el valle de río Sucio. Las resoluciones de este repartimiento fueron elevadas como Ordenanza 18 del 25 de julio de 1888. Finalmente, entre 1916-1919, Carlos Villegas fue el comisionado para el arreglo en la hoya del río Murrí. Ver: Juan Henrique White, ''Resguardos de indígenas'', 116-118; Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 100-112; Juan Henrique White, Historia del camino nacional de Frontino a Turbo, pasando por Dabeiba y Pavarandocito al golfo de Urabá (Medellín, 1914), 4-10. http:// tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/393/1/CaminoFrontinoTurbo.pdf (consultado el 3 de abril de 2015).

19 Comisión Corográfica, Jeografía física y política de las provincias de la Nueva Granada (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1958), 42. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/jeografia/indice.htm, (consultado el 3 de abril de 2015).

20 Análisis de estos memoriales se encuentran en: Lina Marcela González Gómez, ''Territorio, poblamiento y presencia indígena''; Julián Pérez, ''Indígenas y Colonos''.

21 (Dabeiba, 11 de junio de 1894), en Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Fondo Gobierno Municipios, t. 36, f. 659r.

22 (Dabeiba, 24 de agosto de 1907), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 109, f. 254r. Julián Pérez en su investigación se interesó por establecer las redes de poderes locales que despojaron a los indígenas de sus propiedades, de tal modo que se pueden conocer los prontuarios de quienes fueron denunciados por los indígenas, entre los que se encuentra el de Ángel María Echavarría.

23. (Dabeiba, 24 de agosto de 1907), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 109, f. 254v.

24. (Dabeiba, 24 de agosto de 1907), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 109, f. 254v.

25. (Dabeiba, 24 de agosto de 1907), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 109, f. 255r.

26 (Frontino, 20 de febrero de 1911), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 138, f. 325 r.

27 (Frontino, 20 de febrero de 1911), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 138, f. 325 r.

28 (Frontino, 23 de septiembre de 1911), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 138, ff. 369r-369v.

29 (Frontino, 16 de diciembre de 1911), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 138, f. 385r.

30 (Frontino, 28 de diciembre de 1911), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 148, f. 507r-507v.

31 (Frontino, 6 de enero de 1912), en AHA, Fondo Gobierno Municipios, t. 148, f. 509 r-509v.

32 (Medellín, 23 de Abril de 1907), en Archivo General de la Nación (AGN), Ministerio de Fomento Baldíos, t. 42, f. 368r.

33 Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 129.

34 En el departamento de Cauca la Ley 89 de 1890 fue defendida tenazmente por Manuel Quintín Lame, ya que era el único mecanismo legal de la época que reconocía los resguardos como territorios indígenas y los cabildos como forma de gobierno propio. Además permitía recuperar las tierras que, respaldadas con títulos, habían sido arrebatadas a sus poseedores ancestrales, ya fuera de forma violenta o por transacciones económicas. En el suroccidente esta ley resultó ser un alivio al proceso acelerado de disolución y parcelación de resguardos que venía aconteciendo desde el siglo XIX, en el que las comunidades indígenas tenían una población mucho más numerosa y una organización política más centralizada. Roque Roldán Ortega, Fuero indígena colombiano: normas nacionales, regionales einternacionales, jurisprudencia, conceptos administrativos y pensamiento jurídico indígena (Bogotá: Presidencia de la República, 1990), 46-58.

35 Julián Pérez, ''Indígenas y Colonos'', 78.

36 (Frontino, 1893), en AHA, Gobierno Municipios, t. 28, f. 358r.

37 Fray Severino de Santa Teresa, Los indios Catíos y los indios Cuna, Ensayo etnográfico de dos razas deindios de la América Española (Medellín: Autores Antioqueños, 1959 [1924]), Vol. 7, 120.

38 Manuel Uribe Ángel, Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia(Medellín: Imprenta Departamental de Antioquia, [1885] 2006), 251; Juan Henrique White, ''Resguardos indígenas'', 119.

39 Aída Gálvez y Gloria Alcaraz et al., El mañana que ya entró, 26.

40 Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 107.

41 Juan Henrique White, ''Resguardos indígenas'', 121.

42 Manuel Uribe Ángel, Geografía General, 251.

43 Cervecería Unión, ''Cañasgordas'', Monografías de Antioquia (Medellín: Cervecería Unión, 1941), 132, http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/21/counties-monografia-ant.pdf (consultado el 13 de julio de 2012).

44 Cervecería Unión, ''Frontino'', Monografías de Antioquia, 226.

45 Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 117.

46 Cervecería Unión, ''Dabeiba'', Monografías de Antioquia, 188.

47 Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 122.

48 María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones, 166-176.

49 María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones, 166-177.

50 Gilberto Giménez, ''Territorio y Cultura'', Estudios sobre las culturas contemporáneas Vol: II n.^° 004 (1996):13.

51 Margarita Serje, El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie (Bogotá: Uniandes-Ceso, 2005), 253.

52 Fray Severino de Santa Teresa, Los indios Catíos y los indios Cuna, 89. La paruma es una tela que utilizan las mujeres embera de la cintura a media pierna.

53 James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia (México D.F.: Ediciones Era, 2000), 21.

54 La fotografía con referencia BPP-F-010-0862 del acervo de la Biblioteca Pública Piloto, tomada por Compañía Fotográfica Rodríguez, permite apreciar el uso de la pintura facial y corporal en los tres indígenas que se encuentran acompañados de la misionera Laura Montoya. Aunque la imagen aparece fechada en 1899 debe tenerse en cuenta que la llegada de las misioneras de la Madre Laura se dio en Dabeiba en 1914. Ver: http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-010/0862.jzd&fn=9862 (consultado el 3 de abril de 2015).

55 Comisión Corográfica, Jeografía física y política, 46.

56 Comisión Corográfica, Jeografía física y política, 46. Investigadores como Roberto Pineda Giraldo y Virginia Gutiérrez de Pineda concluyeron que para los embera los constantes baños, más allá del aseo, siguen costumbres ceremoniales y mágicas. Roberto Pineda Giraldo y Virginia Gutiérrez de Pineda, Criaturas de Caragabí. Indios chocoes: emberaes, catíos, chamíes y noanamaes (Medellín: Universidad de Antioquia, 1999), 91.

57 Laura Montoya Upegui, ''Las misiones de Urabá'', El Colombiano, Medellín, 13 de Noviembre de 1918, 2. Investigaciones antropológicas, como las realizadas por Luis Guillermo Vasco, han demostrado que el Jaibaná tiene un papel social y cultural determinante en la sociedad embera, ya que constituye el centro de la visión del mundo y de las formas de reproducción e integración social. Luis Guillermo Vasco, Jaibanás. Los verdaderos hombres (Bogotá: Banco Popular, 1985).

58 Laura Montoya Upegui, ''Las misiones de Urabá'', El Colombiano, Medellín, 13 de Noviembre de 1918, 2.

59 Laura Montoya Upegui, ''Las misiones de Urabá'', El Colombiano, Medellín, 13 de Noviembre de 1918, 2. Sobre la misión de Laura Montoya en occidente se recomienda consultar: Laura Montoya, CartasMisionales (España: Coculsa, 1960).

60 La genealogía de este apellido se remonta a los dioses, cuando después de la ordenación del mundo el dios creador Caragabí castigó a una pareja de hermanos que se unieron, por considerarlo indebido, y para evitar que esto se repitiera estando los indígenas reunidos en una bebezón, él decidió ponerle apellido a cada familia y los designó: Sinigüí, Domicó, Bailarín, Uaseruca, Carupia, etc. Ver: Estefanía Martínez, Diccionario Katío-Español y Español-Katío (Dabeiba: Imprenta Departamental, 1992), 260-261.

61 Julián Pérez, ''Indígenas y Colonos'', 72.

62 Roger Brew, El desarrollo económico, 192.

63 Carlos Villegas, ''Resguardos de indígenas'', 110.

64 Fray Severino de Santa Teresa, Los indios Catíos y los indios Cuna, 120.

65 Lina Marcela González Gómez, ''Territorio, poblamiento y presencia indígena'', 44.

Bibliografía

Fuentes primarias

Archivo

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Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia. Ministerio de Fomento Baldíos.         [ Links ]

Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Medellín-Colombia. Fondo Gobierno Municipios.         [ Links ]

Publicaciones periódicas, etnográficas y geográficas

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Villegas, Carlos. ''Resguardos de indígenas'', en Memoria presentada al Sr. General D. Pedro Justo Berrío. Asamblea de Antioquia 1916, Pérez, Francisco de P., Medellín: Imprenta Oficial, 1916.         [ Links ]