El género como categoria y propuesta metodológica en la hístoríografía sobre la cuestión social

En la historia de las políticas sociales se ha atribuido el protagonismo a agentes como el movimiento obrero, los gremios empresariales, filántropos, médicos, activistas sociales o religiosos y personajes de la vida política. Los derechos sociales y laborales, incluyendo la atención en salud, la pensión de jubilación, la cobertura por desempleo o las regulaciones de los salarios y las condiciones laborales, se han planteado como el resultado de procesos históricos que trascendían las medidas exclusivamente asistencialistas cimentadas en las prácticas de caridad y beneficencia. De este modo, los sistemas de protección social, al llevar a la esfera pública los debates en torno a los derechos sociales, han sido explicados como un proceso histórico de ampliación de la ciudadanía; es decir, como una forma de situar en el centro del debate político la discusión sobre las necesidades de amplios grupos de la población y sobre la igualdad sustantiva.

La historia de las mujeres y la crítica feminista de la economía política han subrayado, por su parte, que esta historiografía estableció un modelo explicativo de la historia de las políticas sociales que tomaba como referencia la experiencia de los hombres y marginaba la compleja experiencia histórica de las mujeres en relación con el trabajo, los derechos sociales y las políticas sociales. Esto ocurría cuando en la investigación se omitían aquellas evidencias que mostraban que las representaciones de género sobre la feminidad y la masculinidad fueron fundamentales para estructurar las políticas sociales en el contexto del Estado social¹. Financiadas con transferencias de recursos captados a través distintos sistemas de cotización, dichas políticas sociales remitían a la noción de derechos legítimos sustentados en un contrato de trabajo asalariado generador de riqueza, con lo que evitaban las connotaciones peyorativas que menoscababan los subsidios asistenciales o de beneficencia dirigidos a personas pobres, "dependientes" o "improductivas" que no podían valerse por sí mismas y representaban una "carga" para la sociedad.

La propia distinción entre derechos de los cotizantes "activos" y prestaciones sin carácter de derecho para beneficiarios "pasivos" ha sido permeada por un imaginario de género binario que ha atribuido los primeros a los hombres y la masculinidad y los segundos a las mujeres y la feminidad. La historiografía de las mujeres también ha mostrado que las organizaciones y activistas feministas jugaron un papel decisivo en el diseño e implementa-ción de políticas sociales que incluyeran un contenido emancipador para las mujeres, y ha insistido en que la influencia de estos agentes históricos debe ser tomada en cuenta para comprender los efectos de las políticas sociales en la transformación o permanencia de los órdenes sociales de género².

Como señalaron hace tiempo Nancy Fraser y Linda Gordon, entre otras, la división de trabajo por género, que delimita los roles de "proveedor" y "cuidador", los presenta como complementarios y los codifica como masculino y femenino respectivamente, constituyó uno de los cimientos del orden de género patriarcal que sustentó y dio forma al Estado social en la era del capitalismo industrial. Aunque, en la práctica, la vida de muchas personas no se acomodaba a este esquema binario, su importancia reside en que se erigió en un ideal normativo que perduró incluso durante el desmantelamiento progresivo de las políticas sociales y de los Estados de bienestar³.

En la discusión y la investigación histórica sobre cómo el orden de género patriarcal estructuró las ideas y presupuestos fundamentales subyacentes a políticas sociales se han tomado en cuenta diversas aristas, como la legislación laboral dirigida a las madres trabajadoras (licencia maternal); las medidas que hacían más llevadera la obligación de las mujeres de conciliar trabajo asalariado y trabajo reproductivo no remunerado (guarderías, salas cuna y servicios de atención a la infancia); la brecha salarial de género y otros aspectos del mercado laboral (informalidad, precariedad, discontinuidad laboral) que, con frecuencia, condicionaban el acceso de muchas mujeres a ciertas prestaciones sociales a su ubicación como dependientes de un varón proveedor⁴. Sin embargo, el caso del salario familiar ha sido considerado paradigmático entre las políticas sociales y muchas historiadoras han señalado que operó como uno de los principales escenarios de disputa acerca de la feminidad, la masculinidad y la producción de un orden social de género patriarcal.

El presente artículo aborda el establecimiento del salario familiar en Colombia a fines de la década de 1950 y su implementación durante los primeros años de la década de 1960 desde la perspectiva de la historia de las mujeres. Se expone la importancia que tuvieron las representaciones sociales y culturales de género en las discusiones que dieron lugar a esta política social y se evidencia el papel relevante que jugó la primera generación de mujeres asistentes sociales profesionales como mediadoras en la implementación del subsidio familiar en Medellín.

La investigación se sustenta principalmente en dos tipos de fuentes documentales que han recibido poca atención en la historiografía colombiana: las tesis de grado de las asistentes sociales profesionales y los informes anuales de la gerencia de una de las Cajas de Compensación pionera en la implementación del subsidio familiar en Colombia⁵. Ambas fuentes presentan varios rasgos en común: no solo contribuyeron al debate social de su época sobre el orden social de género, sino que también produjeron conocimiento sobre la situación económica y social de las mujeres de familias obreras y de barrios populares, asunto que abordaron de manera concreta y contextualizada a través de trabajo de campo consistente en la observación mediante visitas sociales y entrevistas. Esto hace que se puedan incluir entre los pocos documentos escritos de su época que consideraron a las mujeres urbanas menos privilegiadas y las relaciones de género en la familia y la sociedad como un aspecto relevante para entender las dinámicas sociales del país.

Por otra parte, ambas fuentes muestran la postura ambivalente que los productores de la narrativa adoptaron en relación con las amas de casa y madres de las familias obreras y las trabajadoras urbanas pobres frente a las que exhibieron alternativamente cercanía y distanciamiento, solidaridad y tutela, reivindicación y compasión. Como sucede en la mayoría de las ocasiones en que la investigación histórica trata de recuperar las voces y experiencias de los grupos subalternos, y esta no es la excepción, tal aproximación solo puede ser indirecta. En los documentos estudiados no es posible encontrar una narrativa elaborada por las amas de casa y madres de familias obreras sobre su condición, sus necesidades o las políticas sociales en general, pero es posible hallar evidencias de formas concretas de agencia cotidiana, al realizar una lectura entre líneas o "a contrapelo".

Aunque lo que se presenta es un estudio de caso relacionado con el proceso puntual de creación e implementación del salario familiar, este adquiere pleno sentido si se observa como culminación de un periodo de ampliación histórica de las políticas sociales en Colombia y si se toma en cuenta que este episodio se sitúa en la coyuntura en que las colombianas obtuvieron los derechos políticos, como culminación de un proceso de movilización feminista y de incremento de la participación de las mujeres en la esfera pública. Ya ha sido documentado que esta intervención feminista en la vida política colombiana tuvo un marcado carácter maternalista, por lo que al tiempo que denunció las desigualdades de género, también promovió el reconocimiento de que las actividades asignadas a las mujeres como madres y cuidadoras constituían aportes significativos al desarrollo y al bienestar social, con lo cual adelantaron una politización discursiva de la maternidad no exenta de cierta instrumentalización⁶. En este artículo se indican algunos factores que podrían explicar las dificultades que encontró este nuevo sujeto político para materializar esos discursos maternalistas en términos de derechos y políticas sociales. En tal sentido, esta investigación se inclina por analizar los discursos en acción; es decir, por hacer explícitos los contextos en que las representaciones sobre el género, la masculinidad y la feminidad se encarnan en prácticas concretas que movilizan la producción de regímenes normativos, estrategias institucionales y acciones individuales y colectivas.

Este artículo comienza presentando los debates feministas frente al salario familiar y sus propuestas alternativas emancipatorias en la primera mitad del siglo XX y, a continuación, expone los contextos de algunas políticas sociales dirigidas a mujeres, así como del origen del salario familiar en Colombia en el mismo periodo. Después pasa a examinar con detalle el proceso de implementación del subsidio familiar, para poner de relieve cómo ese proceso puede analizarse razonablemente como un campo de producción discursiva sobre el orden de género que permea dicha implementación; este examen resalta las diferentes formas de agencia de las mujeres situadas en distintos lugares de la producción discursiva y los efectos prácticos e institucionales derivados de las representaciones puestas en juego. El apartado conclusivo recoge algunas reflexiones sobre la producción del orden de género a través de las políticas sociales en Colombia y la relación de estas con la extensión de los derechos sociales y de la ciudadanía de las mujeres, a la vez que propone algunas implicaciones que pueden considerarse relevantes para los debates de las políticas públicas actuales y de las nuevas ciudadanías.

Mujeres, derechos sociales y ciudadanía: entre el subsidio familiar y el salario de madre

La carestía, el empobrecimiento y las tensiones sociales del periodo de entreguerras en los países industrializados llevaron a empresarios y sindicatos a establecer el salario familiar en forma de subsidios o complementos salariales para los trabajadores cabeza de familia, pese a que algunas organizaciones obreras se opusieron argumentando que dichos subsidios beneficiarían a unos pocos a costa de un recorte general de los salarios. Muchas organizaciones de mujeres y activistas feministas también manifestaron su oposición; denunciaron que el subsidio familiar lesionaba el principio de igualdad salarial que venían defendiendo hacía décadas -igual pago por el mismo trabajo- y que la medida beneficiaría poco a las trabajadoras, pues la mayoría eran solteras sin hijos, laboraban en empresas pequeñas exentas de la obligación de implantaría este beneficio o que no reconocerían a las mujeres el estatus de cabeza de familia. Además, argumentaban que con esa medida se menoscababa la relevancia social del trabajo de cuidados no remunerado que las amas de casa y madres realizaban en los hogares.

Para las activistas feministas, el subsidio familiar era solo una de las opciones que estaban en consideración, y no la que más favorecía la emancipación de las mujeres; desde su perspectiva, se debía propender por otros programas de bienestar social como comedores, guarderías y lo que se denominó "salario de madre"⁷. El salario de madre, que ocupó un lugar central en la agenda política de las feministas europeas entre las décadas de 1890 y 1930, consistía en una retribución económica al trabajo doméstico y la crianza de los hijos otorgada en consideración a que la maternidad era una función social relevante⁸. En Francia, la activista Hubertine Auclert fue pionera en demandar la instauración de un "Estado Madre" que sustituyera al "Estado Minotauro" existente; exigía que las madres obtuvieran un salario por los servicios indispensables que prestaban al Estado⁹. La idea pronto fue acogida por las principales organizaciones de mujeres francesas¹⁰ y antes de 1930 ya se había extendido por Europa y Norteamérica: el salario de madre debía asegurar a las mujeres la dedicación exclusiva, voluntaria y personal al cuidado de los hijos y del hogar como tarea única o principal. En Noruega y Suecia el salario de madre fue defendido por las influyentes activistas de los partidos laboristas; en Alemania, dirigentes socialistas y feministas exigieron un salario de madres a cargo del sistema fiscal, reclamaron independencia económica para las madres y amas de casa y denunciaron la doble explotación de la mujer trabajadora¹¹.

En Gran Bretaña, las mujeres del Partido Laborista agrupadas en la Women's Labour League concretaron la propuesta en la plataforma del partido¹². La activista británica Eleanore Rathbone publicó en 1925 The Disinherited Family, un estudio sobre la pobreza femenina e infantil donde planteó la necesidad de prestaciones independientes para las madres¹³. Todos estos movimientos demandaban que se estableciera el salario de madres y que los subsidios familiares y otras compensaciones salariales que el Estado y las empresas pagaban a los varones cabeza de familia, fueran pagados directamente a las esposas. Estas propuestas se fundamentaban en el supuesto -ampliamente compartido- de que la crianza de los hijos así como el trabajo doméstico eran un atributo distintivo de la feminidad. No obstante, en las toldas feministas también surgieron opiniones críticas: algunas activistas consideraron que esta iniciativa alejaría a los hombres de sus responsabilidades como proveedores económicos, mientras otras lamentaron que así se obligaría a las mujeres a cumplir funciones maternales que de otro modo habrían rechazado y que, en su lugar, sería mejor socializar y profesionalizar estas labores.

Entre las décadas de 1930 y 1950, varios países europeos implantaron algún tipo de subsidio familiar. Estas prestaciones se pagaban, por lo general, al varón cabeza de familia, pero la presión de las organizaciones de mujeres logró que, en muchos casos, los pagos se transfirieran directamente a las esposas dedicadas al hogar¹⁴. Así ocurrió en Francia, donde en 1938 se crearon ayudas económicas a las madres que renunciaban a trabajar, allocations de la mère au foyer, que incluían tanto a las amas de casa como a las madres trabajadoras cabeza de familia, y se pagaban aparte de los salarios y otros subsidios¹⁵. En 1946, se elevó la cuantía de este conjunto de bonificaciones a las que se denominó prestations familiales; en opinión de las expertas, los pagos directos a las madres de familia redistribuyeron hacia las amas de casa una parte importante de la renta nacional¹⁶.

En 1936, los regímenes totalitarios de Alemania e Italia establecieron asignaciones por cada hijo a los padres asalariados. En 1938, el régimen franquista español promulgó el Fuero del Trabajo, en el que se incluyeron las dotes matrimoniales y el subsidio familiar: las dotes otorgaban a las mujeres una pequeña compensación por renunciar obligatoriamente a su trabajo al casarse; los subsidios se pagaban al varón cabeza de familia como un suplemento salarial que aumentaba proporcionalmente al número de hijos. Fue característico de los regímenes autoritarios que las prestaciones se pagaran a los padres cabeza de familia y que solo excepcionalmente las madres pudieran cobrarlas, algo que contrariaba las expectativas de las organizaciones feministas y de mujeres, que pretendían que los salarios de madres reforzaran la autonomía económica y el reconocimiento social de las madres¹⁷.

En el periodo de posguerra, el debate sobre el salario de las madres quedó relegado a un segundo plano, y la discusión se centró sobre el impacto de las prestaciones extraordinarias sobre los salarios, la inflación y el desarrollo económico. Además, las disposiciones comenzaron a centrase en los hijos en lugar de las madres. En Gran Bretaña, las family allowances se introdujeron en 1945 para "romper la espiral infernal de salarios y precios"; las protestas de las organizaciones de mujeres lograron modificar el proyecto de ley original para que el pago se realizara directamente a las madres, independientemente de su estatus conyugal o laboral¹⁸. En la década de 1940 se impusieron este tipo de prestaciones en Australia, Canadá, Noruega y Suecia. En 1954 se crearon en Alemania occidental asignaciones por hijo siguiendo el modelo francés, pero a diferencia de Francia, lo más común era que las recibieran los padres¹⁹.

Estos sistemas de prestaciones no colmaron las expectativas de las organizaciones de mujeres, pues nunca alcanzaron un estatuto análogo al de los derechos sociales basados en la noción de contrato, con carácter vinculante para los Estados, como los seguros sociales; por el contrario, estas prestaciones mantuvieron, en muchos casos, la connotación asistencialista de los programas de beneficencia. Además, quedaron lejos de constituir fuentes de ingresos que garantizasen la independencia económica de las madres y amas de casa; se trató más bien de suplementos a la renta familiar que de verdaderos salarios²⁰. Pese a ello, las mujeres crearon un fuerte sentido de apropiación respecto a las mismas, al tiempo que reforzaron su rol como responsables de la administración del presupuesto y los recursos familiares.

En la historiografía de las mujeres latinoamericanas, las investigaciones sobre la ciudadanía social de las mujeres se han centrado, por una parte, en las condiciones del acceso de las mujeres al mercado laboral y las luchas por sus derechos vinculados al trabajo remunerado²¹ y, por otra, en destacar su protagonismo como activistas y receptoras de los programas de asistencia social y beneficencia²². El análisis de la dimensión de género en las políticas sociales de algunos países como Argentina también ha sido abordado por historiadoras como Asunción Lavrín o Marcela Nari. Pero, aunque estas autoras han analizado el fortalecimiento de la autoridad patriarcal como resultado de las políticas de salario mínimo o familiar y las ambigüedades de la perspectiva maternalista en relación con la demanda de asignaciones económicas a las mujeres en compensación al valor de su trabajo de cuidados, este aspecto no ha sido desarrollado de manera amplia; por este motivo aún carecemos de una perspectiva general del desarrollo o posible alcance de estas políticas en la región²³.

Las políticas sociales dirigidas a las mujeres en Colombia: entre la precariedad y la ambigüedad

En la década de 1930 se produjeron avances legales en la protección social a las madres trabajadoras en Colombia. Las Leyes 10 de 1934, y 53 y 197 de 1938 establecieron y reglamentaron la licencia remunerada de maternidad de ocho semanas; sin embargo, su aplicación dejaba mucho que desear. En un estudio realizado en 1944, la abogada Gabriela Peláez Echeverri afirmaba que:

[...] Para datar de fecha tan reciente, nuestra legislación en este aspecto de protección a la Maternidad no es tan incompleta y en muchos aspectos es superior a algunas otras de países americanos que tienen leyes en este campo de la Previsión social desde hace muchísimo más tiempo. [...] aun cuando hay también excepciones determinadas por una extrema necesidad de dedicarse a la ordinaria ocupación, cuando la mujer o no trabaja como empleada u obrera, o lo hace en empresas que burlan la ley y que aprovechándose de su pobreza no dan a ésta las prestaciones a qué tiene derecho, pues saben que ella no tratará de hacérselas efectivas.[...] Frente a la población femenina que cobija en la realidad la ley de protección a la maternidad, se reduce casi exclusivamente a las empleadas y obreras de instituciones o empresas de cierta categoría económica o social, tales como las grandes fábricas y nunca alcanza a aquellas mujeres a quienes su ninguna habilidad o preparación las obliga a emplearse en talleres o industrias que siempre escapan al control oficial.²⁴

La mayoría de las empresas evadían la ley para evitar contratar a mujeres casadas; las trabajadoras que se casaban recibían una especie de indemnización o "dote" y eran invitadas a abandonar sus puestos de trabajo, aunque algunas esquivaron estas discriminaciones y se alzaron voces de protesta desde el incipiente movimiento feminista. La idea extendida de que la maternidad y el trabajo asalariado fuera del hogar eran incompatibles explica que la sobrecarga de trabajo y la dependencia económica de las mujeres no fuesen considerados una prioridad para los sindicatos o los partidos políticos involucrados en una amplia movilización en demanda de derechos sociales. Por el contrario, siguieron considerándose como temas privados y no propios del debate público²⁵.

La cuestión de la pobreza femenina, relacionada con el acceso desigual al mercado laboral así como con la ausencia de políticas para conciliar el trabajo asalariado con las responsabilidades domésticas y familiares, fue abordada, en cambio, por las primeras asistentes sociales profesionales quienes, sin embargo, mantuvieron una postura ambigua respecto a las madres trabajadoras. Consideraban que las madres debían tener la oportunidad de obtener ingresos y atender al cuidado de los hijos en el hogar al mismo tiempo, aunque los hechos mostraban que la estrategia del trabajo a domicilio no representaba una alternativa viable: "La industria casera, la modistería o algún pequeño negocio a domicilio [que aparentaban ser una solución más conforme] a los intereses del hogar y la dignidad de la mujer, son agotadores y pésimamente retribuidos"²⁶. Frente a la evidencia, las asistentes sociales propiciaron el aumento de la cobertura de salas cunas²⁷, que ofrecían un servicio fundamental para las madres que tenían que ir trabajar. No obstante, las asistentes sociales esperaban que el recurso a las salas cunas fuera algo temporal, en lugar de que las madres de la clase trabajadora se habituaran a ellas como una forma normal de crianza:

[...] Quiero decir con esto, que la sala cuna no debe fomentar el trabajo que ésta [la madre trabajadora] desempeña sea absolutamente indispensable, porque ellas se acostumbran a trabajar y al hacerlo descuidan muchas veces las funciones que les corresponden y someten a los niños al cuidado institucional que, como hemos visto, no es deseable para ningún niño en edad preescolar.

[...] La sociedad ha venido acostumbrando a la madre pobre a que ella no es la persona más indicada para educar sus propios hijos y que éstos se benefician más con el cuidado institucional y con la dirección de personas que han recibido una educación superior.²⁸

Al mismo tiempo, afirmaban que la pobreza -y no el trabajo asalariado de las madres- era la verdadera causa de la desintegración de las familias y denunciaban la precariedad de las políticas sociales del Estado colombiano dirigidas a las mujeres y la infancia. Reclamaban que las madres tenían derecho a recibir ayudas eficaces para poder dedicarse al cuidado de sus hijos:

Hemos visto también que entre las madres viudas, abandonadas y solteras existen problemas que es preciso estudiar, y que la madre tiene derecho a que la sociedad, por medio de las instituciones adecuadas, se preocupe por brindarle en la medida de sus capacidades, la ayuda que ella necesita para dar a su hijo el cuidado y la atención que exige. Los derechos que tienen [las madres y las familias] no son basados en la piedad, sino en la justicia [...]²⁹

No se trata de una mera donación caritativa, sino de un auxilio económico suficiente y estable para mantener a la madre dentro del hogar dedicada al cuidado y educación de los hijos.

[...] La teoría es que es más conveniente para el país, invertir una cantidad considerable de dinero en mantener unidos estos hogares, de manera que los hijos crezcan normalmente, y no que la madre se vea obligada a trabajar fuera del hogar, descuidando la educación de sus hijos, o que éstos se vean lanzados tempranamente al trabajo.³⁰

Es probable que el marco general de estas demandas estuviera inspirado en la tradición caritativa católica, pero también es razonable pensar que un enunciado tan concreto como el de solicitar "un auxilio económico suficiente y estable para mantener a la madre dentro del hogar" fuera resultado del estudio de los modelos de subsidios y salarios de madres implementados en los países con políticas sociales más avanzadas³¹. Aun así, se trataba de propuestas que carecían de planes concretos para su puesta en práctica, aunque se enmarcaban en un requerimiento más amplio de acción estatal enérgica contra la pobreza:

[...] Me pregunto si no son causa de la desintegración de la familia los esfuerzos que sus miembros hacen continua y vanamente para alcanzar niveles de vida humanos [...] aspiraciones que son para la mayoría de nuestras familias un lujo imposible de conseguir. No es de extrañar, entonces, que abunde el abandono del hogar, la delincuencia, las uniones ilegítimas, el trabajo de la mujer y del menor y los levantamientos obreros que luchan por conseguir a toda costa una estabilidad en su trabajo [...]. Es necesario, ante todo, la acción directa e inmediata del Estado [...] Este es antes que un deber patriótico, un deber de JUSTICIA, y para aquellas personas que como las Asistentes Sociales, trabajamos ayudando a las familias, y conocemos mejor que la gran mayoría de la sociedad los males que la afligen, constituye un deber denunciar la injusticia y hacer oír nuestra voz respaldada por la experiencia y el conocimiento.³²

De este modo, desde los años cincuenta, la cuestión de la pobreza de las mujeres, las madres trabajadoras y la infancia contribuyó a afirmar la necesidad de una intervención específica del Estado en la cuestión social:

El problema reviste extensión tan considerable que no puede solucionarse sin ayuda fuerte del Gobierno. Mientras no se logre que el Estado considere la asistencia social como una de sus obligaciones principales, este programa [ayudas económicas a las madres y las familias] está muy lejos de realizarse.³³

La propuesta de las asistentes sociales colombianas, a diferencia del salario de madres de las feministas europeas y norteamericanas no parecía encontrarse articulada con las agendas políticas de movimientos sociales, partidos o sindicatos. Tampoco se desarrollaban sus implicaciones como parte de un programa político de emancipación femenina. Sin embargo, de un modo poco previsto, la idea de asignar a las madres algún tipo de subsidio económico que les permitiera mantenerse en el hogar atendiendo a sus deberes domésticos y a la crianza de sus hijos llegó a materializarse en los años cincuenta, cuando se implantó el subsidio familiar.

Familia y cuestión social en la implantación del subsidio familiar en Colombia

En Colombia, como en otros lugares, la doctrina social católica fue uno de los referentes intelectuales del salario familiar. Esta planteaba que el salario vital o salario familiar era un deber de justicia y concordia en la sociedad cristiana³⁴. La noción de justicia social o distributiva exigía que los padres de familia recibieran una remuneración suficiente para atender a las necesidades ordinarias del hogar y afirmaba que constituía un grave abuso que, a causa de la escasez de salario del padre, las mujeres se vieran obligadas a trabajar, abandonando sus deberes domésticos. Los sindicatos habían discutido algo similar desde los tiempos de la Primera Internacional, de manera que, en los años treinta, esta idea formaba parte tanto del acervo del Partido Conservador colombiano como del ideario de los Gobiernos liberales que crearon las instituciones modernas de previsión social³⁵. En ambos casos, se hacía evidente una perspectiva patriarcal del orden familiar que, mediante la división sexual del trabajo, asociaba la masculinidad con el rol de proveedor económico y la feminidad con la dependencia y las actividades del cuidado de los hijos y el hogar.

En 1945, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) sugirió implantar el subsidio familiar en sus empresas afiliadas, para aliviar "el problema social" y contribuir a "fortalecer la familia y mejorar las condiciones humanas del trabajador"³⁶. Aunque la idea no se generalizó, la empresa textil Coltejer anunció un complemento salarial mientras se establecía el sistema:

Subsidio Familiar. La Junta Directiva y la Gerencia de Coltejer han ordenado el establecimiento del subsidio familiar para atender a los hijos legítimos de sus trabajadores, conforme a una reglamentación que se hará conocer próximamente. La empresa quiere poner en práctica esta forma cristiana y eficaz de atender a las necesidades de los trabajadores que tienen mayores cargas y acoge de una vez la magnífica idea expuesta en la última reunión de Industriales de la Andi, mientras se establece la caja de compensación que la misma entidad fundará en próximos meses.³⁷

Por entonces se acababa de promulgar la primera compilación del derecho laboral; la Ley 6 de 1945 (Ley General del Trabajo) dio potestad al Gobierno para establecer el salario mínimo y la Ley 90 de 1946, que creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), incluyó entre sus funciones abrir Cajas de Compensación que administraran los subsidios familiares que se preveía crear en el futuro, aunque en la práctica no ejerció esta función. El Código Sustantivo del Trabajo, promulgado mediante los Decretos 2663 y 3747 de 1950, en plena declaración del Estado de sitio, reiteró que el salario mínimo debía definirse como un salario vital o familiar.

El contexto internacional también se mostró favorable: la IV Conferencia Interamericana del Trabajo reunida en México en 1952 incluyó entre sus recomendaciones establecer los subsidios familiares en América Latina³⁸. La primera empresa pública que instauró el subsidio familiar en la convención colectiva, a petición de los sindicatos, fue el Ferrocarril de Antioquia en 1949³⁹. En marzo de 1954, la Unión de Trabajadores Colombianos recomendó a sus sindicatos católicos afiliados exigir el subsidio familiar en las futuras convenciones colectivas. Por su parte, la ANDI ordenó realizar estudios de viabilidad que mostraron datos alarmantes: las familias obreras con muchos miembros tenían un déficit nutricional crónico porque los salarios no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas alimentarias. Entre 1930 y 1953, los salarios reales de los obreros se habían deteriorado a tal punto que dedicaban cerca del 74 % del salario a la alimentación. Solo el 11 % de los obreros de Medellín tenía ingresos por encima de los niveles de subsistencia⁴⁰. En mayo de 1954, la XI Asamblea General de la ANDI aprobó crear una caja para administrar el subsidio familiar entre sus empresas afiliadas que quisieran asociarse voluntariamente:

Considerando. Primero: Que ha sido tradición de los dirigentes industriales del país promover el bienestar de los trabajadores y que algunas empresas tienen establecidas diversas clases de subsidios a favor de las familias de éstos. Tercero: Que esta Asociación concibe la industria como un todo del cual son partes esenciales tanto el capital como el trabajo, Cuarto: Que el establecimiento de un subsidio familiar constituiría un estímulo eficaz a la consolidación de la familia, que es la base de la nacionalidad [...].⁴¹

Los empresarios se habían opuesto durante años al sistema estatal de seguridad social y al salario mínimo, al afirmar que los sistemas de seguros y medicina privados prestaban mejores servicios; que el ICSS era una entidad ineficiente, burocratizada y clientelista; y que el salario mínimo desincentivaba la inversión⁴². Pero en la coyuntura de 1954, en medio de una espiral inflacionaria, la ANDI decidió poner en marcha el subsidio familiar de forma autónoma, asegurándose de administrar los subsidios según sus propios criterios, para evitar así que fuera creado y administrado por el Estado a través del ICSS, que tenía atribuciones legales para ello.

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia "Comfama" se fundó en junio de 1954. Al día siguiente, la prensa nacional publicó la noticia en primera plana. El Tiempo titulaba: "Subsidio a la familia del obrero. La reunión de Industriales lo acordó ayer"; en la nota, el presidente de la ANDI presentaba la iniciativa como un impulso "generoso y espontáneo de solidaridad social" que permitiría elevar la capacidad de consumo y el bienestar de las familias obreras sin provocar un alza general de salarios que reforzaría el círculo vicioso de la inflación. En 1955 empresas estatales como el Municipio de Bogotá y las Empresas Públicas de Medellín implantaron el subsidio familiar y en junio de 1957, el Gobierno creó y reglamentó el subsidio familiar obligatorio mediante los Decretos 118 y 1521. La coyuntura del momento era explosiva: tras sucesivas movilizaciones de estudiantes y trabajadores y un paro patronal, el general Gustavo Rojas Pinilla había renunciado y una junta militar gobernaba transitoriamente, mientras se preparaba un plebiscito para legitimar el tránsito del país a un nuevo orden institucional. En los meses inmediatos se crearon veintiuna cajas en las principales ciudades del país y el pago del subsidio familiar se generalizó entre los sectores obreros urbanos. El Decreto 1521, que reglamentó el subsidio, estaba copiado casi literalmente del vigente en Comfama; su artículo primero afirmaba:

El establecimiento del subsidio familiar tiene por objeto básico la defensa integral de la familia como estructura y núcleo social, desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su preparación para la vida y de su protección económica.⁴³

Generaban derecho a subsidio los hijos legítimos, legitimados, naturales legalmente reconocidos y adoptivos, menores de 14 años o de 18 que estuvieran estudiando, que convivieran con el trabajador o trabajadora beneficiarios y dependieran económicamente de ellos. Si el trabajador varón convivía simultáneamente con su esposa legítima y una compañera, el subsidio solo sería reconocido por los hijos de la primera⁴⁴. En caso de que tanto el padre como la madre fueran asalariados con derecho a percibir el subsidio, se le reconocería solo al padre en cuanto a los hijos comunes, y a cada uno separadamente por los hijos de matrimonio anterior o naturales que convivieran con ellos⁴⁵.

Aunque hacía visibles a las madres trabajadoras y trataba de evitar discriminaciones hacia las madres solteras, los hijos naturales y las uniones de hecho, el reglamento procuraba fomentar el modelo católico y patriarcal de familia, al dar prelación a las esposas e hijos legítimos sobre las compañeras e hijos naturales y al varón cabeza de familia sobre la madre trabajadora. En cuanto al receptor del subsidio indicaba que:

El pago del subsidio se hará ordinariamente al padre trabajador, pero las Cajas de Compensación podrán disponer, cuando a su juicio sea más conveniente, que en determinados casos sea pagado a la esposa del trabajador, a la madre natural o a otra persona que ofrezca mejores seguridades respecto al empleo del subsidio.⁴⁶

Esta disposición abría la posibilidad de que las esposas o compañeras, madres y amas de casa, fueran receptoras directas de un subsidio que, en ocasiones, podía superar en cuantía al salario ordinario. Esta disposición fue copiada del reglamento de Comfama para "garantizar que éste se empleara en las verdaderas necesidades del hogar"⁴⁷. En enero de 1958 una junta de directores de Cajas de Compensación de Medellín decidió crear el "cuerpo de visitadoras sociales" para definir el modo de entrega más adecuado del subsidio⁴⁸. El resultado fue que, si a principios de los años sesenta, la entrega a las esposas se aplicaba en el 56 % de las empresas afiliadas a Comfama; en 1965, esta práctica se había extendido al 90 % de los subsidios⁴⁹. Por entonces, las directivas de dicha institución afirmaron: "De entre todos los logros obtenidos por la Caja, en nuestro concepto, su más preciada realización consiste en la generalización del pago del subsidio directamente a la esposa"⁵⁰. Lo mismo sucedió en la caja de compensación familiar "Comfenalco", fundada en 1957⁵¹.

Tabla 1 Cajas de Compensación Familiar en funcionamiento en Antioquia, 1954-1960 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Gilma Jaramillo Londoño, "Monografía sobre el subsidio familiar" (tesis de grado, Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica Bolivariana, 1961).

Aunque el subsidio familiar colombiano distaba de los logros obtenidos en países industrializados, donde se transferían a las madres y amas de casa prestaciones económicas regulares y de una cuantía que favorecía más su autonomía económica y personal, ambos casos compartían premisas comunes: se sostenían en representaciones culturales sobre la división del trabajo y las identidades sociales de género que prescribían que los hombres debían trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias, mientras las mujeres debían velar por la crianza de los hijos y las labores del hogar. Asumir las responsabilidades del cuidado doméstico les daba derecho a las mujeres a intervenir en la administración del presupuesto familiar y a tener acceso a una parte, al menos, de los ingresos del esposo. Esto era una forma indirecta de reconocer que las tareas domésticas que las mujeres realizaban gratuitamente tenían un valor económico, si bien el subsidio no tomaba como sujeto de referencia a las esposas/madres/amas de casa, sino a las hijas e hijos de la persona cotizante.

El subsidio familiar como escenario de la disputa sobre el orden social de género

Aunque las razones esgrimidas para implantar el subsidio familiar en Colombia tuvieron que ver, principalmente, con el cálculo macroeconómico y el interés por contener los conflictos sociales, estos motivos no alcanzan a explicar por qué se adoptó como práctica generalizada el pago de los subsidios familiares a las madres. El planteamiento de que las representaciones de género que subyacían al subsidio familiar únicamente apuntalaron el poder patriarcal y la subordinación de las mujeres tampoco resulta completamente satisfactorio en este caso⁵². Al observar el proceso por el cual se terminó pagando el subsidio directamente a las madres, se hace preciso matizar tales generalizaciones, para lo que debemos adentrarnos en el juego de representaciones de género en que se hallaron inmersos los gerentes de las Cajas de Compensación, las asistentes sociales que las administraban y las mujeres y hombres beneficiarios⁵³.

Desde sus inicios, Comfama procuró influir en los hábitos de gasto familiar. Con este fin contrató asistentes sociales, egresadas de la Escuela de Servicio Social de Medellín, para que verificaran la información familiar declarada por los trabajadores, realizaran investigaciones sobre el gasto y el presupuesto familiar y educaran a las madres sobre la correcta administración de los recursos hogareños:

La Institución no se limita a proporcionar una ayuda económica a las clases trabajadoras, sino que debe abarcar una labor aún más trascendente en orden a que el suministro del subsidio estimule el levantamiento del nivel moral y cultural de los beneficiados. Es así como a través y con ocasión del suministro del subsidio, se ha logrado la regularización de varias uniones ilegítimas, el reconocimiento de muchos hijos naturales y un notable incremento de los hijos de los trabajadores en las escuelas. porque dado el control que la Caja ejerce en la inversión efectiva del subsidio en las verdaderas necesidades del hogar, constituye un tipo de ayuda que no se presta para el vicio y el despilfarro.⁵⁴

Los informes anuales explicaban la importancia de los efectos "indirectos" o "sociológicos" del subsidio, entre los que destacaban la regularización de las uniones de hecho, el reconocimiento de hijos naturales por sus padres y un refuerzo de la convivencia familiar:

[...] El consejo prudente y cristiano del personal de la Caja ha logrado la legitimación de varias uniones porque al facilitarse el acceso al obrero con el ascendiente que comunica el suministro de una prestación que no es obligatoria, se predispone el ánimo de los trabajadores, quienes se hacen más accesibles para aceptar discretos consejos a favor de ellos mismos.⁵⁵

Dichos informes apuntaban también a un aumento en la escolarización de los hijos, el incremento de la natalidad -"porque ya los padres no se sienten tan desamparados ante el duro enemigo de la pobreza"-, un sentimiento de vínculo del conjunto de la familia hacia la empresa en que laboraba el cabeza de familia y una menor rotación de estos en los empleos. En reiteradas ocasiones, las directivas de Comfama señalaron que esta característica distinguía el caso antioqueño:

Estamos convencidos que si bien la Caja de Compensación Familiar de Antioquia no es ni mucho menos la que reparte el subsidio más alto, cabe a ella indiscutiblemente la satisfacción de ser la entidad de su género que ha desarrollado la más amplia labor social en el país, lo cual se debe de manera particular al invaluable apoyo de la Asociación Nacional de Industriales, fundadora de la Institución; al tino, inteligencia y desprendimiento de los integrantes de sus Consejos Directivos, que en forma encomiable han dedicado su tiempo a la dirección de la Caja en forma absolutamente gratuita, sin devengar honorarios de ninguna clase, hecho un tanto desacostumbrado fuera de Antioquia, y en forma similar al personal subalterno de la Institución que desempeña su diaria labor con afán y con acierto, en una manifestación de apostolado totalmente opuestos al carácter mercenario de quienes están pendientes de una remuneración primero que del cumplimiento de sus obligaciones.⁵⁶

El establecimiento del subsidio familiar tiene por objeto básico la defensa integral de la familia como estructura y núcleo social... de lo cual se desprende que las Cajas de Compensación no pueden concebirse como meras entidades de recaudo y de reparto, automáticas e inanimadas [...].⁵⁷

Todo ello obedecía a la visión paternalista que los empresarios tenían de las relaciones sociales y familiares, basada en un entramado de obligaciones mutuas jerarquizadas. La vida moderna y las doctrinas "materialistas", que afectaban especialmente a los varones trabajadores, generaban desequilibrios, por lo que correspondía a las élites reencauzar la situación a través de las políticas sociales como el subsidio familiar. En su informe de 1958, el Director Administrativo de Comfama, afirmaban que:

[...] por primera vez se estableció una norma encaminada firmemente hacia la práctica de la doctrina social católica en cuanto busca que la remuneración por el trabajo sea en lo posible familiar y se orientó el sobrepago hacia la familia entera, poniendo freno a la mal entendida libertad del padre para disponer a su antojo a favor de sí mismos o de terceros de un ingreso otorgado en razón de sus descendientes... en defensa de la familia, a fin de evitar que mediante el abandono del hogar los parientes legítimos queden en situación de miseria mientras los hogares sustitutos e irregulares disfrutan de los ingresos del responsable. No puede perderse de vista que en la vida de sociedad todos somos interdependientes y que el despilfarro del salario aunque afecta directamente a la familia, sus malos efectos se traducen también en perjuicio de la sociedad y del patrono o empresa cuyos salarios serán siempre deficientes mientras no se empleen debidamente.⁵⁸

Si bien la relajación de los mecanismos tradicionales de control social y el fenómeno del abandono de mujeres e hijos por parte de los hombres parecían haber aumentado en diversos sectores urbanos, el argumento se usó para desprestigiar a la clase obrera como conjunto:

En nuestro medio las clases trabajadoras han adquirido claras nociones de sus derechos, pero con cierta frecuencia olvidan las obligaciones para con sus propias familias. La Caja de Compensación Familiar vela por el empleo del Subsidio Familiar, lo cual incita al trabajador a cumplir sus deberes de esposo y padre para evitar que el pago se haga directamente a la madre. Naturalmente su buen comportamiento en el hogar se traduce en mejor comportamiento en el trabajo.⁵⁹

La consideración de que, a diferencia de los varones, despilfarradores e irresponsables, las amas de casa de la clase trabajadora administraban los recursos atendiendo a las verdaderas necesidades del hogar y de los hijos, llevó a pensar en pagar los subsidios directamente a las esposas legítimas de los asalariados:

La Caja se ha preocupado especialmente por este problema y ante el convencimiento de que la mujer por regla general es más responsable que el hombre y tiene menos vicios y de su temperamento afectivo y sensible, agregado a su permanente contacto con sus hijos menores, no le permite permanecer impasible ante las necesidades del hogar, desde el año pasado inició el ensayo paulatino de cubrir el subsidio directamente a la esposa en algunas empresas, lo cual ha dado resultados ampliamente satisfactorios. El pago por regla general directamente a la esposa tiende, por otra parte, a disminuir la tirantez en las relaciones conyugales al evitar las represalias del varón contra la mujer cuando la última solicita que el subsidio le sea cubierto por excepción a ella. Esta medida que hoy se está cumpliendo con quince afiliados en beneficio de 1538 hogares con 6618 hijos y que por otra parte tiene la ventaja de facilitar el control del empleo del subsidio y disminuir los gastos de éste, merece extenderse.⁶⁰

En un principio, el pago a las madres se consideró una decisión excepcional, adoptada después de verificar cada caso a través del servicio social. Se esperaba que, al verse expuestos, los trabajadores recapacitarían; pero estos comenzaron a quejarse, a su vez, de que al hacerse público el pago del subsidio a sus esposas, se sentían públicamente desacreditados ante sus compañeros, patrones y familiares. Además, varias asistentes sociales afirmaron que el malestar de las esposas respecto a la administración que sus maridos hacían de los ingresos ocurría en casi todas las familias, aunque muchas no se atrevían a hacerlo público por temor a represalias o a empeorar las desavenencias conyugales⁶¹. Algunas encuestas realizadas por el servicio social de Comfama revelaron que un porcentaje alto de las esposas -en algunas empresas más del 70 %- desconocía los ingresos del hogar y era el marido quien disponía sobre los asuntos económicos y los demás aspectos de la vida familiar⁶².

En 1960, se encargó a la empresa Asistentes Sociales Ltda. un estudio sobre el empleo del subsidio. Las entrevistas con los beneficiarios y sus esposas por separado concluyeron que "todos los beneficiarios estaban de acuerdo en que sus esposas recibieran el subsidio y así se informó a la Caja"⁶³. Descubrieron que un 11.6 % de las esposas no sabían cuánto cobraban sus maridos en concepto de subsidio familiar ni en qué lo gastaban, mientras un 88.4 % declaró ejercer alguna influencia o administrarlo de común acuerdo con sus maridos. Aun así, el 87 % de las esposas creía que el subsidio se les debía pagar a ellas directamente "porque se sienten más responsables y más íntimamente ligadas a las necesidades de los hijos", por lo que la asistente social Gilma Jaramillo concluyó: "[...] se llegó a la conclusión de que el subsidio era mejor utilizado por las esposas y más de la mitad de estas opinaron que lo deberían recibir ellas directamente, en atención a lo cual se recomendó pagarlo a las esposas"⁶⁴. No sin antes advertir que esto podría tener resultados opuestos a los esperados, al alejar a los varones de sus responsabilidades:

Aun cuando [sic.] las esposas están interesadas en recibir el Subsidio Familiar directamente, no se hace muy necesario el cambio de este sistema de pago, pues como puede observarse en los datos estadísticos, un alto porcentaje de señoras toman parte activa en el manejo del subsidio. Es muy importante que el hombre, como jefe de hogar, reciba este dinero, porque adquiere o conserva su responsabilidad como padre, asegurándose de este modo la estabilidad social y económica de las familias.⁶⁵

A mediados de los años sesenta, las directivas de Comfama decidieron implantar paulatinamente el pago directo a las esposas, hasta que esta medida se generalizara. Con ello evitaban:

[...] Tanto los denuncios como la investigación particular para cada caso y porque la sensación de culpa del trabajador quedaba tan diluida que nadie podía sentirse ofendido. Ninguno se sintió afectado por esta medida en los hogares en donde el subsidio era bien empleado y en los que sucedía lo contrario, ella fue recibida con júbilo por la mujer y los hijos. Hemos llegado hasta el punto de que en Antioquia actualmente se está haciendo el pago a la mujer en algo más del noventa por ciento de los casos, o sea que ella está recibiendo directamente una suma un poco mayor de un millón novecientos mil pesos ($1.900.000,00) mensuales.⁶⁶

Esto significaba que Comfama transfería a las esposas casi 23 000 000 de pesos anuales, alrededor del 3.2 % de la nómina salarial global de las empresas asociadas a la Caja. Esta pequeña contribución tenía escaso valor material, pero presentaba un valor simbólico que contribuía a equilibrar un poco la balanza del poder doméstico. Desde el punto de vista de la institución, se trataba de reajustar el mecanismo que armonizaba el sistema de derechos y obligaciones familiares, pues "La justicia social aplicada solamente a favor del padre ni es justicia ni es social, y rompe el equilibrio del hogar"⁶⁷.

No cabe duda de que el subsidio familiar se fundó sobre supuestos tradicionales, como la idea de que la división del trabajo se sustentaba en roles de género naturalmente distintos y complementarios, y trató de reforzarlos⁶⁸. Pero las acciones con las que los empresarios y el Estado quisieron instituir/restituir el orden familiar y doméstico entre las clases trabajadoras -que consideraban alterado por la aparición de "doctrinas disolventes" sobre derechos y libertades individuales que habían favorecido de manera desproporcionada a los hombres sobre las mujeres- terminaron haciendo visibles a las amas de casa, esposas y madres de la clase obrera como sujetos merecedores reconocimiento, si no acreedores de derechos. Se trataba de un reconocimiento ciertamente ambiguo, una versión renovada de ideas tradicionales sobre la complementariedad y el equilibrio entre hombres y mujeres que podía ser fácilmente asimilada dentro del orden familiar patriarcal.

No es posible levantar el nivel de la familia a base de fomentar desequilibradamente y hasta el desorden los derechos del padre, al mismo tiempo que se conculcan los derechos de la madre, porque la familia constituye la dualidad en la unidad de dos seres que necesitan complementarse física, económica y espiritualmente. Defender los derechos de la mujer es buscar el equilibrio del hogar, la comprensión entre los esposos y aliviar la situación de la familia. Así lo demuestra el hecho de que a pesar de estar cubriendo el subsidio a la esposa en veinte un mil ochocientas veinte familias (21,820), solamente se han presentado a la Caja tres (3) reclamaciones fundamentadas sobre mal empleo de él.⁶⁹

Pese a ello, la práctica de entregar el subsidio familiar a las esposas se planteó como un derecho legítimo de las madres, coherente con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y otros cambios sociales, aunque el planteamiento no dejaba de presentar cierto carácter instrumental. El balance de Comfama de 1965 afirmaba:

Así como en la política se ha venido a comprender la importancia del voto femenino como factor moderador de esa lucha y como medio de asegurar la vigencia de las instituciones democráticas, en el aspecto social aparece aún más claro que la vinculación directa de la mujer a los ingresos familiares es factor de estabilidad y comprensión doméstica, y de seguridad económica, cuando por el contrario el pago al hombre que no sabe cumplir con sus obligaciones constituye un incentivo para el abandono del hogar [...] Mientras el auxilio de maternidad se pague a quien no tiene matriz, el subsidio por hijo muerto a quien no lo llevó en el vientre y por hijo vivo a quien no hizo más que engendrarlo, los pliegos de peticiones, aun cuando a ellos se acceda en su totalidad, jamás solucionarán las necesidades de la familia. La norma universal de justicia según la cual no debe haber diferencia de derechos por razón de sexo, es letra muerta en nuestra organización social.⁷⁰

La emergencia de las amas de casa y madres de la clase obrera como sujeto de derechos coincidió con la culminación del largo camino de las colombianas por la obtención de los derechos políticos. Aunque no hay evidencia, en esta o en otra documentación consultada, que permita reconocer una articulación explícita entre ambos procesos, es posible observar algunas conexiones entre ellos. En 1954, al poco de ser nombrada en la Comisión que presentó la propuesta de acto legislativo sobre el voto femenino a la Asamblea Nacional Constituyente, la directora de la revista femenina Letras y Encajes publicó un editorial donde destacó los elementos clave de una agenda política común de las mujeres:

Queremos el voto para implantar el salario familiar, que permita a la mujer pobre atender a las necesidades de su hogar sin tener que salir de él a trabajar fuera, dejando sus hijos a merced del azar, mientras el marido dilapida su jornal en licor, juego y malas amistades. [...] Queremos el voto para elevar a un alto grado los oficios hogareños [...] para llevar a cada casa pobre o de la clase media la industria casera, las obras de artesanía que permitan a la madre trabajar y ayudar a su esposo sin abandonar el hogar. [...] para implantar el servicio social femenino obligatorio [...].⁷¹

Una década más tarde, la reconocida activista Ofelia Uribe de Acosta dedicó un capítulo de su libro sobre la historia del movimiento feminista colombiano, Una voz insurgente (1965), a explicar las escasas consecuencias del subsidio familiar para reducir las desigualdades de género o transformar el orden patriarcal:

A las Asistentes Sociales me dirigí para informarme sobre las consecuencias del subsidio y recibí el más desolador informe: en los hogares bien avenidos, en donde el padre es jefe responsable, que por desgracia no alcanza al 5 por ciento, las benéficas repercusiones del subsidio sobre el mejoramiento integral de las condiciones de vida del núcleo familiar son sorprendentes. Pero en el resto, es decir, en el 95 por ciento de los hogares de trabajadores que reciben subsidio, éste solo ha servido para hacer ostensible y escandalosa la irresponsabilidad del varón, que ahora dispone de más dineros para el juego, la bebida y los hogares clandestinos.⁷²

Uribe de Acosta puso en evidencia cómo las relaciones de poder patriarcales anulaban la labor de las asistentes sociales y los fines del subsidio:

Otro caso no menos conmovedor denunciado por una Asistente Social fue el de un hogar con ocho hijos, a donde no llega un centavo del subsidio familiar; la madre comunicó su situación a la Asistente y ésta obtuvo, por medio de los más sutiles sistemas de convicción, que el marido diera una autorización escrita a la esposa para percibirlo, pero a la hora de hacerlo, ésta se presentó ante la Asistente para contarle, sigilosamente, que su marido le había ordenado, bajo la amenaza de una paliza, que devolviera la autorización y convenciera a la Asistente de que no la necesitaba, porque su marido ya le había entregado todo el valor del subsidio.

La benéfica labor de la Asistente Social tropieza con obstáculos insalvables que emanan de la prepotencia del varón convencido de que es un amo absoluto para cargar sobre la mujer todos los deberes, pero totalmente libre de responsabilidades.⁷³

La activista y escritora no solo reclamó que se extendiera el pago a las madres en todo el país, sino que enunció la cuestión en términos feministas de disputas por el orden de género, al señalar que, si sobre las asistentes sociales se cernía "un turbión de enemigos, injurias e intrigas para lanzarla del puesto. Alegan que insubordina a las mujeres, que les predica rebeldía y que está sembrando la guerra de sexos", ello se debía a una interpretación maliciosa de la agenda feminista: "No se diga, pues, que hablo contra los hombres: exhibo una realidad que nadie reconoce ni se atreve a denunciar"⁷⁴.

Al mismo tiempo, denunció que la obtención del derecho al voto no se había traducido en una incorporación de la perspectiva feminista a la vida política, debido en buena medida a las resistencias patriarcales. Pero sus palabras, que tienen una resonancia inquietantemente contemporánea, contenían una crítica apenas velada a la ausencia de una verdadera agenda política de las mujeres: "Y las representantes del pueblo, ¿Qué se ficieron? ¿En dónde está su voz que no se deja oír en cuestiones de esta magnitud? ¿Será que temen desagradar a los señores, quienes pueden apodarlas 'feministas'?"⁷⁵.

Reflexiones finales: antecedentes del debate sobre la economía política de los cuidados

La práctica de pagar el subsidio familiar a las amas de casa y madres de la clase obrera en las principales Cajas de Compensación Familiar de Colombia fue resultado tanto de los fuertes reclamos que estas formularon, como de la mediación de las asistentes sociales profesionales que las reconocieron como interlocutoras válidas de la política social ante las directivas empresariales. Esto hizo posible el hecho inédito de que la subordinación de las mujeres en el orden familiar patriarcal saliera de la esfera de lo privado para ser discutida en la esfera pública, donde se debatían los derechos sociales.

Aunque el subsidio familiar constituía una porción demasiado pequeña como para equilibrar las relaciones de poder entre mujeres y hombres en las familias, y aún menos para invertirlas, pudo contribuir a paliar la situación de algunos casos de abandono y abuso. Su mayor impacto, sin embargo, debería atribuirse a la denuncia de los excesos del poder patriarcal en la familia y, con ello, a la producción de nuevas representaciones sobre el orden de género. Dichas representaciones implicaban reconocer implícitamente el valor de los trabajos de cuidados que realizaban las amas de casa y madres de la clase obrera sin recibir a cambio remuneración económica ni otros derechos vinculados a un contrato laboral; por primera vez, esta valoración no se limitó a la habitual exaltación de las cualidades morales de las madres, sino que se materializó en asignaciones económicas concretas.

Pero estos alcances estuvieron limitados por un subtexto esencial que, como ha mostrado la historiografía de las mujeres, se fundaba en presupuestos patriarcales sobre el orden social de género y no podía ocultar su carácter instrumental al reforzar la idea de la mujer/ madre como principal responsable de la subsistencia, el cuidado y el bienestar de los hijos y la familia. La forma de implementar el subsidio familiar no cuestionó la tradicional división del trabajo por género, ni propendió por el reparto equitativo entre mujeres y hombres de las responsabilidades sobre las tareas de cuidado y reproducción social. La política del salario familiar en Colombia no se fundó en los valores de emancipación y autonomía de las mujeres; tampoco se relacionó con las demandas de igualdad salarial, mejor acceso de las mujeres al trabajo asalariado y los beneficios sociales derivados de este o protección a las madres trabajadoras mediante la licencia materna, que habían reclamado Uribe de Acosta y las feministas sufragistas colombianas. Durante las décadas de movilización feminista y sufragista de la primera mitad del siglo XX, el asunto nunca llegó formularse como enunciado explícitamente articulado en la esfera pública sobre el derecho de las mujeres de recibir una compensación o un "salario de madre" por sus trabajos no remunerados en el hogar.

La puesta en juego de las representaciones de género en relación con el salario familiar -considerado una de las políticas distintivas del Estado social- constituye un antecedente significativo de los debates actuales sobre la economía del cuidado y los sistemas nacionales del cuidado. La crisis social y económica provocada por la primera pandemia que nos asuela en el siglo XXI ha acercado, de nuevo, la cuestión de los trabajos de cuidados al centro de la agenda política. Vale la pena reflexionar sobre cómo se desplegaron, en el pasado, las disputas entre los usos emancipatorios e instrumentales de las representaciones de género, ya que hay muchas evidencias de que estamos asistiendo a una coyuntura con potencial para dar lugar a un reacomodamiento profundo de las divisorias entre el trabajo asalariado y los trabajos de cuidados, entre las esferas pública y privada, y entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad, que afectará a la manera cómo experimentaremos el orden de género en las próximas décadas.