LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ESCUELAS DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Silvia M. Gloria De Vivo¹

1 Decana División de Ciencias Jurídicas Universidad del Norte

Según un informe revelado por el grupo técnico "Misión para el empalme de las series de empleo pobreza y desigualdad" (MESEP), conformado por el DNP, en Colombia existen veinte millones de pobres y ocho millones de indigentes, pese a que ha habido una muy leve mejoría durante los últimos años. Además, la brecha de pobreza sigue aumentando entre el campo y la ciudad; la distribución del ingreso no ha mejorado y seguimos siendo uno de los países de América Latina con indicadores sociales más deficientes.

Estas cifras no son ajenas a lo que, sin ir muy lejos, pudieron ver nuestros ojos en una reciente visita a algunos de los barrios más deprimidos de Barranquilla: conciudadanos, habitantes de las cabeceras de nuestras ciudades capitales, que viven sin acceso a los más básicos servicios públicos de salud, educación, saneamiento básico, agua potable o energía; con viviendas ubicadas en zonas de riesgo, insalubridad y sin vías de acceso, que en ocasiones deben albergar a cuatro y hasta cinco familias hacinadas en espacios calurosos y oscuros; que viven la desocupación a la que se ven enfrentados por su falta de preparación académica; personas que, por desconocimiento o inaccesibilidad no aplican ningún mecanismo para el control de la natalidad y que luego deben sostener a esas nuevas vidas que llegan en iguales o cada vez peores condiciones; familias que padecen los más temibles flagelos de violencia, pandillas, inseguridad; en fin, personas que no reconocen ni respetan las instituciones, pues no se reconocen a sí mismas como parte de una nación, pues sienten que el Estado les ha negado todo.

Y sin embargo, pudimos ver gente optimista, llena de esperanza, con una gran expectativa en que los gobiernos puedan ayudarles a cambiar su destino; vimos gente con la que tenemos el deber de trabajar.

Durante los últimos 40 años, la planeación estratégica ha sido una im portante herramienta para el desarrollo y la calidad en la Universidad del Norte. Todos los integrantes de la organización nos damos periódicamente un espacio para repensar nuestro papel en la institución y, por supuesto, el papel que la universidad misma debe cumplir en la sociedad; para lo cual estas visitas son el mejor insumo, pues nos permiten ver, sin mediadores, las condiciones reales de nuestro entorno.

Ha sido precisamente en este espacio en el que hemos definido como una prioridad para nuestros programas de derecho y ciencia política, el apoyo permanente a la comunidad: desde el diagnóstico y dimensión de los problemas que la aquejan, hasta el diseño de las herramientas sociales, institucionales, jurídicas o de política pública adecuados para que sea posible su solución.

Desde el Programa de Derecho hemos venido trabajando fuertemente con nuestro Consultorio Jurídico, que, además de prestar los básicos servicios de asesoría jurídica a la población vulnerable, ha comenzado a trabajar por comunidades enteras en uso de la metodología de clínicas de interés público: un espacio académico que pretende acercar a grupos de personas que padecen una misma problemática a las herramientas que la Constitución y la Ley les ofrecen para solucionarla.

Estas clínicas se han constituido en pilar fundamental de nuestra gestión académica porque, de una parte, permiten que nuestros jóvenes conozcan de manera directa las condiciones de vida de sus conciudadanos y se motiven a convertirse en actores de cambio social; y por la otra, al tiempo que aprenden su disciplina, contribuyen efectivamente en la solución de los problemas que nos aquejan.

Por su parte, desde el Programa de Ciencia Política y Gobierno, trabajamos en la consolidación del que se ha denominado Centro de Desarrollo Político e Institucional, una unidad académica que se dedica a hacer diagnósticos sociales y mediciones, además de algunas intervenciones, por ejemplo en evaluación y apoyo para el rediseño de políticas públicas, así como el seguimiento a las acciones de intervención social. El Centro trabaja coordinadamente con el Consultorio Jurídico y participa activamente con él en las clínicas de interés público, con mucho éxito hasta ahora.

Pero esa mirada a nuestra gente nos deja con la convicción de que tenemos que seguir fortaleciendo el esquema y lo estamos haciendo a partir de una de las actividades que le son esenciales a la universidad y a nuestra escuela: la investigación.

La actividad investigativa de la División se realiza a partir de nuestro Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política - GIDECP, hoy Categoría A (Conciencias), que integra a todos los investigadores de nuestra división y cuyo objetivo es hacer un trabajo que cuente con las miradas, tanto de quienes estudian el derecho constitucional y administrativo, como de los que se dedican a observar la democracia, la sociedad civil y los partidos políticos; el derecho civil, la familia y la infancia; la bioética; la dogmática penal; el medio ambiente; la justicia y el conflicto; las relaciones de comercio; etc.

El Grupo ha definido como su principal filosofía de trabajo la necesidad de que los trabajos de investigación que se aborden, a pesar de no desconocer la dogmática del derecho y la teoría política, ni dejar de lado la rigurosidad que requiere la investigación seria y de calidad, estén orientados a solucionar problemas de nuestra comunidad: tenemos el deber de que nuestros resultados de investigación, producto del trabajo riguroso de los integrantes de nuestro grupo, puedan ser útiles a la sociedad; que puedan ser transferidos a la comunidad a la que debemos nuestro esfuerzo y estudio. Esa sociedad debilitada por sus circunstancias, que demanda un apoyo calificado desde la academia.

Para ello, el Grupo ha venido trabajando en la definición de las que serán sus áreas estratégicas de acción, temáticas en las que aspiramos concentrar nuestros esfuerzos durante los próximos años, en la búsqueda de un real y positivo impacto social. Igualmente, nuestro Grupo ha apadrinado al semillero de investigadores, muchachos jóvenes e inquietos, con intereses y habilidades para la investigación y que se han organizado en lo que ellos mismos denominaron el Grupo Estudiantil de Investigación en Derecho y Ciencia Política - GEIDECP, grupo que se viene constituyendo en importante apoyo de nuestros procesos investigativos y que de paso ha fomentado la participación de nuestras futuras generaciones de abogados y politólogos en los asuntos de su ciudad y su región, desde una perspectiva investigativa.

Asimismo, la división cuenta con la Revista de Derecho, categoría B (Publindex - Conciencias), principal herramienta de difusión, no sólo de nuestros productos científicos, sino de los de estudiosos del derecho y la ciencia política que trabajan con nosotros desde otras latitudes y que apoyan nuestro proceso investigativo como una red académica.

El objetivo al que le apuntamos es hacer investigación científica, con la rigurosidad y la alta calidad que exigen los estándares internacionales, al servicio de nuestra región.

Igualmente, venimos trabajando en una estrategia para integrar estas actividades a la cátedra y enlazar las experiencias académicas teóricas de los estudiantes a la práctica social con valor agregado, desde sus primeros semestres.

Y es que hoy, más que nunca, tenemos claro que nuestra responsabilidad, como escuelas de derecho y ciencia política, no puede alejarse nunca de esta realidad de que hablan las cifras y que ven nuestros ojos: una sociedad que demanda de nosotros una permanente actividad de apoyo, desde nuestros saberes y desarrollos académicos. Todo lo que hacemos perdería su sentido de no ser útil para el desarrollo de nuestra comunidad.