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Revista de Derecho

versión impresa ISSN 0121-8697

Rev. Derecho  no.50 Barranquilla jul./dic. 2018

http://dx.doi.org/10.14482/dere.50.0008 

Artículos de investigación

La vejez que nadie imaginó: afectaciones a la preparación económica de las personas mayores de hoy y del mañana en el marco del conflicto armado en Colombia*

The old age that nobody imagined: affectations on the economic preparation of older people victims of the Colombian Armed Conflict

Lucas Correa Montoya**  , Juan Camilo Rúa Serna***  , Laura Tatiana Rodríguez Parra****  , Camila Andrea Suárez Ángel***** 

**Abogado de la Universidad de Medellín, LL. M en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University, magíster en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana. Actual director de Investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB). lcorrea@desclab.com.

***Abogado de la U. de A. y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Investigador asociado DescLAB. juancamiloruas@gmail.com.

****Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. laurodpa@gmail.com.

*****Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. suareza.camila@gmail.com.

Resumen

Este artículo muestra la forma en la que el conflicto armado en Colombia ha tenido consecuencias negativas sobre la preparación económica de las víctimas civiles. Los hallazgos son el resultado de una investigación que incorporó elementos cuantitativos y cualitativos y que privilegió la voz de las víctimas de tal confrontación. La desconfiguración de los roles ocupacionales y productivos, la pérdida de ahorros y activos productivos, las dificultades para acceder al mercado laboral y los daños sobre las viviendas son algunas de las afectaciones más graves sobre la preparación económica para la vejez. Colombia tiene el reto de garantizar mejores condiciones de vida a las víctimas, asegurar su ingreso y promoverles que vivan una vejez económicamente protegida.

Palabras-clave: Envejecimiento; vejez; seguridad económica; conflicto armado; víctimas

Abstract

This article aims to present the negative consequences of the Colombian armed conflict upon the economic preparation of older victims. The results presented here are based on a qualitative and quantitative research focused on the voice of the victims of the armed conflict. Changes on the victims' economic roles, loss of savings and productive assets, barriers to employment and damages upon the property of the victims are some of the most serious impacts on the economic preparation for older victims. Colombia must advance in enhancing the victims' life conditions and promoting and economic security for the older persons.

Key words: Aging; old age; economic security; armed conflict; victims

INTRODUCCIÓN

La Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores define el envejecimiento activo como un proceso de ampliación y fortalecimiento de las oportunidades de bienestar físico, mental y social que permite a las personas una participación plena en todas las esferas de la vida, a lo largo de los años (OEA, 2015). Un envejecimiento de esta clase depende de la garantía de todos los derechos humanos durante la vida, de forma que las personas continúen disfrutando realmente de condiciones dignas al final de su existencia. Para ello es indispensable que se garanticen algunas bases: una vida saludable, con acceso a servicios oportunos y de calidad; autonomía e independencia para decidir sobre el proyecto de vida y redes de apoyo en la familia y en la comunidad que permitan una participación efectiva. Sin tales condiciones, no es posible pensar en el envejecimiento como una "ampliación de oportunidades" (OMS, 2002), pues estas necesitan unos marcos políticos y legales, así como garantías económicas y materiales. Sin embargo, las personas mayores no cuentan con una protección suficiente, ni jurídica ni material.

Las personas mayores de hoy y del mañana1 no cuentan con suficientes y adecuados instrumentos jurídicos de protección, ni en el plano internacional, ni en el plano regional, ni en el plano nacional (Correa, Rodrí guez, Suárez y Rúa, 2017). A nivel internacional, las personas mayores no cuentan con un instrumento internacional específico que, como en el caso de las mujeres (Naciones Unidas, 1979); los niños, niñas y adolescentes (Naciones Unidas, 1989); los integrantes de las comunidades indígenas (Naciones Unidas, 2007) o las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2006), impongan a los Estados parte obligaciones concretas para la defensa de sus derechos. Regionalmente, si bien hay avances como la construcción de Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, no se reflejan en un instrumento jurídico vinculante, pues el Estado colombiano ni siquiera ha firmado esta convención. El panorama nacional tampoco ofrece suficientes garantías, a pesar de algunos avances, principalmente jurisprudenciales. No hay una legislación completa que ofrezca una protección integral y ni siquiera existe una política pública estructurada y vinculante.

El déficit de protección a las personas mayores, sin embargo, no es solo jurídico. Una base fundamental para un envejecimiento activo y una vejez digna demanda unas garantías económicas que provean seguridad y estabilidad a las personas con el paso de los años, como respuesta al hecho de su envejecimiento y la disminución de su capacidad de generar sus propios ingresos. Si mediante la garantía del mínimo vital se logra dicha seguridad y estabilidad, mediante la garantía del mínimo vital, todos los ciudadanos, sin distingo de edad, podrán participar efectivamente, adquirir nuevos aprendizajes y practicar actividades culturales significativas.

No obstante, la seguridad económica para un envejecimiento activo en Colombia está lejos de ser sólida. El sistema pensional en el país no ofrece una cobertura suficiente para quienes llegan a la vejez: tan solo el 23 % de las personas en edad de jubilación acceden efectivamente a la pensión, y el panorama es poco alentador: la tendencia apunta a que, de no mediar reformas estructurales, a 2050, el 85 % de las personas mayores de 65 años no tendrá pensión (Villar, Flórez, 2015). Esta situación obliga a que muchas personas mayores se encuentren en la obligación de continuar trabajando durante su vejez para poder sobrevivir, sufragar sus gastos y proveer a los gastos de otros miembros de la familia: más del 30 % de las personas mayores de 60 años trabaja en Colombia, en altas condiciones de informalidad (Martínez-Restrepo, Enríquez, Pertuz y Alzate Meza, 2015).

La necesidad de continuar trabajando se deriva no solo de la fragilidad del Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones del país, sino, además, de los bajos niveles de ahorro e inversión para la vejez de los colombianos en la edad adulta. Tan solo el 10 % de los hogares puede ahorrar y, en las zonas urbanas, más del 50 % de las personas mayores de 40 años dice no hacer nada para asegurar económicamente su vejez, porcentaje que aumenta al 70 % en las zonas rurales del país (Villar, Forero et al., 2015). Todo esto ha hecho que muchos colombianos hayan envejecido en circunstancias de pobreza muy marcadas. De hecho, las personas mayores de 60 años son más pobres que el resto de la población: para 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel nacional era del 27.8 % (DANE, 2016), mientras que el de las personas mayores era del 45 % (Villar et al., 2015).

Estas circunstancias, de suyo gravemente limitantes para el goce efectivo de los derechos de los colombianos desde una perspectiva del curso vital, se agravan en un contexto de conflicto armado y en concreto en las vidas de los 8.347.566 de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia (Red Nacional de Información, 2017). Las personas mayores víctimas del conflicto armado han tenido que sufrir no solo las precarias condiciones económicas que en el país impone un contexto históri co de marginación y exclusión, sino también las consecuencias de una violencia generalizada que ha afectado múltiples esferas de sus vidas. Las víctimas son más pobres que sus pares no víctimas, y dada la doble situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por su edad y por la victimización, se puede concluir que las víctimas mayores son aún más pobres que las víctimas más jóvenes y adultas y que las personas mayores que no han sido afectadas por la guerra. De acuerdo con la Encuesta del Goce Efectivo de Derechos (EGED), el nivel de pobreza de las víctimas del conflicto armado está cercano al 64 %, mientras que el de pobreza extrema llega al 33 % (DANE; UARIV, 2015).

A partir del análisis de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2013, puede verse que las personas mayores víctimas de desplazamiento tienen tasas de ocupación más altas que la población no víctima: mientras que los hombres mayores de 60 años, desplazados, trabajan en una proporción del 67 %, mientras que sus pares no víctimas lo hacen en una del 49.9 %; en el caso de las mujeres, el porcentaje es similar en ambos casos: las víctimas trabajan en una proporción del 19 % y las no víctimas en una del 20.7 % (Correa Montoya et al., 2015). Las víctimas mayores, producto de la necesidad y de su precaria situación económica se ven obligadas a seguir trabajando, bajo altas tasas de informa lidad -los hombres mayores de 60 años alcanzan tasas de 83.45 % y las mujeres mayores llegan a tasas del 98.95 % (Correa Montoya et al., 2015)- para poder proveer el sustento propio y el de sus familias.

A pesar de la importancia de comprender la realidad de estas víctimas, para iniciar procesos de reparación integrales, los estudios sobre goce efectivo de derechos no ofrecen respuestas pertinentes para entender los impactos del conflicto armado sobre la situación económica de las víctimas mayores de hoy y del mañana. En ese contexto, este artículo se enfoca en presentar los hallazgos de la investigación Envejecimiento, vejez y conflicto armado, que responde a una de las líneas estratégicas de la Fundación Saldarriaga Concha, en el 2016, relacionada con los impactos de la guerra sobre el envejecimiento y la vejez de las víctimas.

Por tanto, resaltaremos los resultados de la investigación que se centran en los efectos concretos sobre la preparación económica para la vejez de las víctimas del conflicto armado. Para exponer los hallazgos, se presenta, en primer lugar, la metodología de investigación en la que se basó el equipo de investigadores; en segundo lugar, se ofrece una reflexión sobre los imaginarios negativos que dificultan la preparación económica para la vejez -y que interactúan con las consecuencias del conflicto armado-; en tercer lugar, se presentan las principales afectaciones sobre las actividades económicas de las personas, sus ahorros y activos productivos, sobre su derecho al trabajo y sobre las afectaciones a las viviendas. El artículo finaliza con una sección de reflexiones finales en donde se explora la necesidad de entender la construcción de paz relacionándola con la seguridad económica de las personas mayores de hoy y del mañana.

METODOLOGÍA

Los resultados que aquí se presentan son producto de una metodología de investigación que entrelazó tanto componentes cualitativos y cuantitativos, al entender que una comprensión integral de la realidad requiere de amplitud en los métodos y herramientas de investigación (Driessnack, Sousa y Costa, 2007). Esta mixtura metodológica se expresó en el proyecto gracias a un diálogo permanente entre un conocimiento construido a partir de la mirada de los intervinientes -como el que nace de la entrevista a profundidad, los grupos focales y los instrumentos de observación participante- y una faceta objetiva de la realidad expresada en los datos sobre la victimización, a partir de datos proporcionados por la Uariv a través de la Red Nacional de Información (RNI), con corte a 19 de febrero de 2016. Una vez sistematizadas y depuradas, estas cifras aportaron un marco de las afectaciones, dotándolas de una dimensión mayor objetividad.

Esta apuesta metodológica se desarrolló mediante un ejercicio de investigación que se llevó a cabo en cuatro momentos. Un momento de análisis cuantitativo, transversal a todo el ejercicio, en donde se revisaron, ordenaron y sistematizaron los datos de victimización a partir de un ejercicio de estadística descriptiva (Martín y Munar, 2003), para derivar información sobre las características de las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones. Un momento de investigación documental, a partir de la revisión sistemática de 197 insumos -entre informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), documentos técnicos de diversas entidades del Estado, providencias judiciales de la Corte Constitucional y bibliografía secundaria-, logró formar categorías de análisis que orientaron tanto el análisis inicial como el momento del trabajo de campo. De esta manera se visitaron un total de 7 departamentos, 12 municipios y 15 puntos y centros de atención a víctimas en 7 territoriales de la Uariv.

Estos departamentos fueron Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Cauca, Cesar, La Guajira, Sucre y Valle del Cauca. Allí se realizaron un total de 100 entrevistas individuales a víctimas, 104 entrevistas individuales a funcionarios públicos y contratistas, 16 grupos focales sobre reparación individual con una participación de 102 personas y 11 grupos focales sobre reparación colectiva con una participación de 109 personas. En cada uno de estos espacios se aplicaron una serie de instrumentos de recolección de información cualitativa, los cuales permitieron comprender los riesgos, daños e impactos a los que han estado sometidas las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones. Estos instrumentos fueron los grupos focales usando la metodología "Huellas, ta lanqueras y puertas"3 y las entrevistas semiestructuradas a víctimas, funcionarios y contratistas. Unos y otros permitieron profundizar en ciertas temáticas a partir de relatos que aportaron libertad y riqueza en su discurso.

En el último momento, el de consolidación, sistematización y análisis, se interpretaron los hallazgos obtenidos en las etapas previas, facilitando un diálogo entre las diferentes fuentes, secundarias y primarias. En este análisis, como en todo el proceso de investigación, se hizo énfasis en la necesidad de incorporar un múltiple enfoque de derechos, de construcción de paz y de reparación transformadora que permitiera comprender de qué manera los hechos de violencia en el marco del conflicto han impedido el ejercicio pleno de los derechos humanos, para generar el conocimiento que permitiera la reparación integral a los daños que el conflicto armado produjo, identificándola como condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera.

La vejez en la que nadie piensa. Imaginarios negativos que dificultan prepararse para el futuro

Todas las personas, sin distinción, están envejeciendo, pero son pocas las que piensan en su vejez, a pesar de que vejez y envejecimiento son fenómenos de la experiencia humana que conciernen a todos. La vejez es un momento de la vida que trasciende la esfera de lo meramente biológico y fisiológico y que depende del contexto social e histórico en que tiene lugar (Beauvoir, 1970), y suele entenderse como la última fase del envejecimiento. Este, a su vez, es un proceso de cambios y transformaciones (Dulcey-Ruiz, Arrubla y Sanabria, 2013), tanto a nivel individual como familiar y poblacional. Se trata, como si fueran una moneda, de dos caras de la misma realidad. Aunque en los discursos académicos se entiende al envejecimiento y la vejez de esta mane ra, los imaginarios sociales son más permeables a la biología que a la cultura, y son estas visiones las que terminan interactuando con ciertos prejuicios e ideas preconcebidas que ligan a la vejez con la enfermedad, la inutilidad y las pérdidas. Esta es una de las razones que ayudan entender por qué las personas no piensan en su vejez ni se preparan económicamente para cuando lleguen a ese momento de la vida. Dado que la vejez y el envejecimiento representan una imagen social tan negativa, prepararse para ello no es una prioridad o algo que se haga con alegría o satisfacción, sino con miedo y tristeza. Esta sección sintetiza los principales imaginarios negativos sobre la vejez, presentes en las víctimas mayores de hoy y del mañana, que terminan por obstaculizar la preparación económica en esa etapa de la vida.

La vejez no es vivida por todas las personas de una forma homogénea. Esta experiencia vital varía de acuerdo al sexo, a las condiciones materiales de existencia, al género, a la pertenencia racial y étnica y a las discapacidades que pudieren presentarse, entre muchos otros factores diferenciales de la condición humana. Esa diversidad, sin embargo, no ha sido un obstáculo para que socialmente se haya construido una imagen de la vejez asociada a la inutilidad y la pobreza. El enaltecimiento de la juventud como paradigma de una productividad que no cesa, ha generado un temor a la propia vejez que se expresa en su negación y satanización (Beauvoir, 1970). Actividades que envuelven energía, gozo y fuerza se asocian a la juventud y su realización es prueba de que la vejez no ha llegado. Bajo esta mirada, los viejos siempre son los otros:

Pues ayer hacíamos el análisis con un señor que tiene 91 años y le dije yo: "¡Viejito, venga!" Y me dijo: "¡¿Viejito, viejito yo?!", y le dije: "No, es que para que me ponga este bombillo". "Sí, pero no soy viejito", me responde. Y él tiene 91 años y hoy me está haciendo mandados. Hoy lo despaché con una papelería a las 8 de la mañana. Aquí la gente no se siente vieja.

Mujer, líder de víctimas, mayor de 60 años, Medellín (Antioquia)

La imposibilidad de reconocerse como viejo, o como alguien que llegará a la vejez en un momento cierto y definido, ocasiona que las personas, generalmente, no se preparen para ese momento de la vida. Son pocos los que se preparan para algo que no quieren ser, para lo que te men ser. Ahorrar, cotizar al sistema de pensiones, invertir en la vivienda o en el negocio familiar para que genere rendimientos en el futuro puede ser visto como una forma de aceptar lo inaceptable: el paso de los años, las transformaciones sociales y biológicas que vienen con las actualizaciones en el calendario:

Cuando uno está joven no piensa que se va a volver viejo. En la vida de joven no se piensa que se va a envejecer, pero igual eso sucede y le toca a uno toda la vida seguir así. La vejez lo sorprende a uno [cuando] ya no hay nada que hacer.

Hombre, grupo focal, mayor de 60 años, Libertad (Sucre)

Otras personas suponen que la juventud se perpetuará, que, de alguna manera, no llegarán a ser el viejo que no quieren y temen ser; por ello, prepararse para ese momento de la vida no ocupa mayor interés, muchísimo menos si la preparación para la vejez implica ahorrar:

(...) Yo no pensaba que iba a ser vieja, sino que siempre iba a estar joven bailando y gozando. Pensaba que mi vida iba a ser así, pero ya no: tengo 83, y ya me llegó la vejez.

Mujer, grupo focal, mayor de 60 años, ANUC (Nacional)

(...) Yo no me preparo para la vejez porque Dios me prometió la vida eterna.

Mujer, grupo focal, entre 40 y 59 años, Medellín (Antioquia)

En la construcción social negativa de la vejez ha intervenido de manera notoria la imposición de un ideal que privilegia y sublima la juventud y la productividad, y todo aquello que se encuentre por fuera se desecha y olvida, cuando no se le persigue y teme (Beauvoir, 1970; Perales y Dulcey-Ruiz, 2002). De esta manera, la actividad laboral y económica termina por darle contenido a la vida, y el valor de las personas se define de acuerdo a su lugar en la cadena de producción: durante la juventud, las personas se preparan para el trabajo; en la adultez, desarrollan su potencial productivo y a partir de ahí se mide su estatus social, su utilidad y su poder; pero, una vez llegan la vejez, en muchos casos se definen por su inactividad y no ocupan un espacio significativo en ninguna esfera so cial (Giró Miranda, 2004). Como lo sostenía Beauvoir (1970), la sociedad solo se preocupa por los individuos en la medida en la que producen.

Estas reflexiones críticas ayudan a entender, en buena parte, los bajos niveles de preparación económica para la vejez. Es decir: explican de cierto el hecho de que más del 50 % de los mayores de 40 años no hagan nada para mantenerse económicamente en la vejez, en los contextos urbanos, porcentaje que en contextos rurales supera el 70 % entre los mayores de 40 años (Villar, Forero et al., 2015). Es muy probable que en muchos casos esto obedece a la dificultad que tienen de aceptar, cuando menos, que llegarán a viejos y que de alguna manera pueden y deben prepararse para ese momento.

Estos imaginarios negativos se ven reforzados y agravados en contextos de conflicto armados, pues la vejez, además de ser vivida e imaginada con pesimismo, se percibe como una etapa de la vida a la que se llega por voluntad del destino, y en la que poco se puede intervenir. Para las víctimas del conflicto armado, llegar a la vejez es una especie de milagro, pero al mismo tiempo no se vislumbra la gracia de sus recompensas, sino precariedades y dificultades. Así lo expresaba una mujer mayor en una entrevista realizada, al preguntársele sobre su idea de vejez:

Significa muchas cosas, porque tendría una vejez triste, sola, sin esperanza, sin orgullo, sin salida, [pues a mí] me pasa todo tipo de cosas malas. Y ser una persona mayor en medio de un conflicto, es como una tortura.

Mujer, entrevista, mayor de 60 años, Apartadó (Antioquia)

Otras mujeres entrevistadas asocian el envejecimiento en el marco del conflicto con los traumas y las consecuencias sobre su bienestar emocional. En su relato, el envejecimiento es un proceso en el que la vida se va yendo, poco a poco, sin la intervención ni la protección de nadie:

Pues estar envejeciendo en este conflicto armado me trae trauma, desilusión, depresión, de ver que se le apaga la vida a uno poco a poco y no tenemos respuesta de nadie.

Mujer, entrevista, mayor de 60 años, Tuluá (Valle del Cauca)

¿Ser vieja, desplazada por la violencia, enferma y pobre? Es como si la vida le hiciera a uno trampa.

Mujer, entrevista, mayor de 60 años, Bogotá

En este contexto, muchas de las acciones que realizan las personas para prepararse para la vejez, o son realizadas de manera inconsciente o están, de alguna manera, garantizadas por el entorno. La legislación laboral, que protege al trabajador formal y obliga a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a título de ejemplo, puede proveer desde el Fondo de Solidaridad Pensional un aporte parcial y temporal como amparo a la vejez, pero las personas, muchas veces, no valoran esta oportunidad. Esas acciones de preparación, pocas o no, conscientes o no, se ven afectadas por el conflicto armado. Es decir, a la dificultad que tienen muchas personas para pensar en su vejez y adelantar acciones provisorias planificadas, se suman los daños e impactos sobre aquellas hicieron. La siguiente sección aborda algunos de esos efectos perjudiciales producidos en algunos preparativos que las personas suelen realizar para la vejez.

La vejez que hay que vivir. Afectaciones a la preparación económica de las víctimas del conflicto armado colombiano

Las consecuencias del conflicto armado sobre la vida de las víctimas hacen que muchas de ellas experimenten serios obstáculos para asegurar el sostén económico propio y el de su familia, por múltiples causas: principalmente, la lenta materialización del derecho a la reparación económica garantizada por la Ley 1448/20113; por la desconfiguración de los roles ocupacionales y productivos como consecuencia de los hechos victimizantes; por la pérdida de ahorros y activos a causa de la guerra, y por las dificultades para acceder a condiciones dignas de vivienda. Muchas de las víctimas, en su mayoría mujeres, no tienen seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras y bienes inmuebles, lo que dificulta una preparación adecuada para la vejez y acentúa el riesgo de despojo; finalmente, a causa de su edad, a las personas se les dificulta acceder a oportunidades educativas, por imaginarios negativos respecto de sus capacidades y porque la oferta del Estado prioriza a las personas más jóvenes sobre las mayores.

Ser viejo y no tener cómo ganarse la vida: desconfiguración de los roles ocupacionales y productivos de las víctimas mayores de hoy y del mañana

El conflicto armado ha generado en las víctimas mayores de hoy y del mañana la desconfiguración de los roles ocupaciones y productivos que desempeñaban. Con el paso de los años y a lo largo de la vida, las personas asumen roles y actividades para las cuales se preparan y en las que adquieren la experiencia y las habilidades que les permiten ser productivos y derivar el sustento propio y el de su familia. Los hechos victimizantes obligan a los civiles víctimas a asumir, en nuevos contextos y espacios, roles y funciones para los cuales no estaban preparados ni habían previsto, lo que dificulta en muchos casos el acceso a oportunidades económicas que favorezcan una mejor preparación para la vejez y condiciones para superar su situación de vulnerabilidad, panorama que se agrava por otras razones estructurales, como son: las dinámicas de exclusión presentes en el mercado laboral fijadas por la edad en todos los segmentos de la población. Las víctimas mayores se encuentran en una encrucijada: la necesidad propia y familiar de subsistir choca con las dificultades personales para ganarse la vida y con los obstáculos socialmente impuestos.

La posibilidad de acceder a espacios formales de trabajo y a opciones eficaces de generar ingresos se ve disminuida por la percepción que tienen algunas personas mayores de ser discriminadas en razón de su situación de desplazamiento forzado. De acuerdo con la Encuesta SABE 2015, el 2,9 % de las personas mayores desplazadas se siente discriminada por ser desplazadas. La percepción más alta está en las personas que tienen entre 80 y 84 años, con un 3,2 %. Los hombres mayores son los que más advierten esta discriminación, con un 3,4 %, frente al 2,3 % que notan las mujeres. Dicha percepción es mayor para los estratos socioeconómicos más bajos, donde aparece con un 4,3 % para las perso nas que viven en el estrato 1, mientras que es de un 1,3 % entre los que están clasificados en los estratos 5 y 6. Geográficamente, las ciudades más afectadas por esta percepción son Medellín y Cali, con un 4,2 % y 1,4 %, respectivamente, y son las capitales de los departamentos con la mayor concentración de víctimas mayores (Ministerio de Salud, 2016).

La percepción de discriminación a causa del desplazamiento interactúa con la que se percibe por razón de la edad, con porcentajes muy altos. Cerca del 10 % de las personas mayores se sienten discriminadas en razón de su edad; los hombres son los que más discriminación sienten por este motivo, con un 11,7 %, mientras que las mujeres lo sienten en un 7,6 % de los casos. Nuevamente Medellín y Cali son las ciudades que registran los más altos índices de percepción de discriminación, con un 9,6 % y un 12,5 %, respectivamente (Ministerio de Salud, 2016). Que el mayor número de personas mayores se encuentren en las capitales de los departamentos donde se perciben los más altos índices de discriminación en razón del desplazamiento y la edad, da una dimensión del reto a seguir para generar condiciones que fortalezcan la seguridad en el ingreso de las víctimas que llegaron y están llegando a la vejez.

A pesar de todos los obstáculos, las personas mayores víctimas tienen que seguir trabajando. La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) deja ver que las personas mayores víctimas de desplazamiento tienen tasas de ocupación más altas que las no víctimas: mientras que los hombres mayores de 60 desplazados trabajan en una proporción del 67 %, sus pares no víctimas lo hacen en una del 49,9 %; en el caso de las mujeres, el porcentaje es similar en ambos casos: las víctimas trabajan en una proporción del 19 % y las no víctimas en una del 20,7 % (Correa Montoya et al., 2015). Esta circunstancia permite interpretar que las personas mayores víctimas han tenido niveles más bajos de preparación para la vejez, pues la mayoría no solo carece de un derecho efectivo a la seguridad social, sino que con el desplazamiento y demás hechos victimizantes también se produjo la pérdida de los activos y bienes que muchas de ellas acumularon como proyecto de seguridad para la vejez. La menor tasa de ocupación de las mujeres mayores debe considerar la dificultad que tienen para reconocer como trabajo las actividades que desempeñan, lo que podría generar un subregistro en las encuestas.

El conflicto armado ha agravado la situación económica de las víctimas de actuales y futuras generaciones, en la medida en que las ha obligado a asumir actividades productivas para las que no estaban preparadas, condenándolas así a olvidar y dejar de practicar aquello en lo que tenían experiencia, a la vez que les ha dificultado encontrar un reacomodo de sus actividades laborales y de trabajo en los nuevos lugares a donde debieron desplazarse. Todas estas situaciones hacen que la condición de vulnerabilidad económica de las personas mayores de hoy y del mañana, ya de suyo grave, se torne más precaria.

Según los relatos de los funcionarios y contratistas entrevistados en el trabajo de campo de esta investigación, uno de los impactos más graves, para el grupo poblacional de las personas con edades compren didas entre los 40 y los 59 años, fue el de no poder encontrar oportunidades laborales en los nuevos contextos a donde llegaron. Una interpretación común entre estos servidores es que el mercado laboral excluye a las personas en razón de la edad desde edades tempranas, lo que se profundiza conforme avanzan los años unido a la falta de preparación y educación. En ejercicio de su experiencia profesional, ellos indican que a estas personas solo les resta ingresar a mercados informales como los del reciclaje, en condiciones ambientales riesgosas, los oficios de la construcción y el servicio doméstico. A esto se suma, con alta frecuencia, las dificultades que supone el tránsito entre el campo y la ciudad para su adaptación económica.

Los años de preparación, las prácticas alcanzadas gracias a un esfuerzo continuo y a un trabajo constante se ven desdibujadas por causa del desplazamiento; de esta manera, las tareas para las cuales las personas se habían preparado se hacen de difícil realización en nuevos contextos. El conflicto armado, y especialmente el desplazamiento, no solo arrebatan los bienes materiales y el sustento económico: también res quebrajan el esfuerzo y la vida invertida en su adquisición:

Yo soy odontóloga. De hecho, cuando me desplacé tenía mi trabajo, con un contrato laboral, y a raíz de mi desplazamiento se me destruyó mi vida laboral. Se puede decir así. (...). Y pues por mi edad, ya uno de cuarenta años no lo quieren en ningún lado.

Mujer, grupo focal mixto, 40-59 años, Sincelejo (Sucre)

A la edad que uno tiene ya no... Yo iba a un restaurante, de ayudante de lavaloza. Ponía cuidado como cocinaba la señora. Eso me gusta mucho. Pero vea, el problema más grande para conseguir trabajo es la edad, porque les da miedo que uno se caiga o se queme y tengan que pensionarlo. Ese es el miedo que les da. Así uno quiera o tenga ganas de hacerlo.

Mujer, grupo focal mixto, mayores de 60 años, Cali (Valle del Cauca)

La dificultad para encontrar un trabajo es uno de los mayores impactos que se inscriben en la vida económica de los afectados después de los hechos victimizantes. Este menoscabo encuentra particularidades de acuerdo con el sexo de las víctimas, pues mujeres y hombres ven modificados sus roles y funciones, al tener que asumir nuevas responsabilidades de cuidado o al perder su estatus como proveedores. Así lo explica una de las participantes en los grupos focales:

¡Uy, no! Me tocó muy duro, porque yo con los pelaos acá, imagínese: ¡siete hijos! Para uno ser padre y madre al mismo tiempo pa' ellos. Eso es grave. Pero siempre uno va pegado a las manos de Dios. Él no lo deja morir a uno.

Mujer, Grupo focal mixto, 40-59, Medellín (Antioquia)

El fortalecimiento para obtener la recuperación de las prácticas productivas, o para poder crear nuevas formas de generación de ingresos, es vital si se quiere reversar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Dicho acompañamiento debe estar orientado a que adquieran las capacidades que requieren en nuevos contextos, encuentren facilidades para iniciar proyectos productivos y se incentive su inclusión en el mercado laboral formal.

Esta situación es especialmente grave cuando se hace un análisis con respecto a la oferta educativa y el acceso que ofrece a lo largo de la vida, para superar la condición de vulnerabilidad. El conflicto armado hace que se rompan los procesos educativos de las víctimas, lo que tiene consecuencias a futuro. De ahí la importancia de los procesos de formación y capacitación para el trabajo, pues abren oportunidades para que víctimas de todas las edades puedan acceder al mercado laboral formal o emprender sus propias iniciativas productivas con el fin de recuperar su estabilidad socioeconómica. Así mismo, las obligaciones derivadas de las nuevas relaciones de cuidado y de las responsabilidades económicas en los hogares impiden que muchas víctimas mayores de hoy y del mañana puedan acceder a la oferta educativa. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto en el que las personas mayores tienen bajos niveles educativos. Más del 61 % de las personas mayores no terminaron la educación primaria o ni siquiera la iniciaron, el 23,8 % solo completó el ciclo primario, tan solo el 5,6 % se graduó de bachiller y nada más que el 7,1 % alcanzó algún grado de educación superior (Martínez-Restrepo et al., 2015).

El conflicto armado ha interactuado con los imaginarios negativos que se tejen alrededor de las capacidades e intereses de las personas mayores de actuales y futuras generaciones para aprender habilidades nuevas a lo largo de toda la vida. Otras más, aunque tengan deseos de continuar formándose, encuentran programas educativos que no se flexibilizan a sus necesidades y características:

No, yo ya no aprendo. No recuerdo las cosas sino al rato. Me dijo el médico que ahí había un problema. Me paro un rato y ahí sí me acuerdo. Entonces, ¿qué voy a estudiar, si ya no recuerdo nada? Después de lo que pasó con mis hijos yo vengo de mal en peor.

Mujer, mayor de 60 años, entrevista, Cali (Valle del Cauca)

El derecho a la educación no termina cuando se llega a los sesenta años. La acción del Estado debe propender para garantizarlo a lo largo de la vida; por esta razón, los programas que se ofrezcan deben buscar la inclusión de personas de todas las edades, tomando en cuenta las circunstancias en las que se encuentren. En ese sentido, la protección constitucional debe buscar que los programas educativos se flexibilicen a las particularidades de las víctimas mayores de hoy y del mañana, incluyan el mayor número de personas que sea posible y sean puentes efectivos hacia el mercado laboral formal y la generación de ingresos.

Una reparación integral debe apuntar a que las personas puedan reconstruir sus roles y actividades productivas. El conflicto armado no es la única causa que explique las dificultades que tienen las personas mayores para lograr nuevos aprendizajes. La precariedad en el acceso a la educación a lo largo de la vida ha dificultado que las personas, cuando tienen que aprender nuevas actividades productivas -por causa de los hechos victimizantes que las obligaron a abandonar las que siempre desempeñaron-, no encuentren espacios formativos adecuados que se ajusten a sus necesidades e intereses. La construcción de una paz estable y con justicia social supone que quienes han vivido las consecuencias del conflicto armado puedan superar la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse, para lo cual es imprescin dible una mayor seguridad en los ingresos. El aprendizaje de nuevas prácticas productivas permite que se genere autonomía económica y un mayor respaldo financiero para la vejez.

Ser viejo y no tener ningún respaldo económico: la pérdida de ahorros y activos productivos de las víctimas mayores de hoy y del mañana

De igual forma, el conflicto armado ha generado la privación de numerosos bienes muebles e inmuebles sobre los cuales las personas de rivaban su sustento, que constituían el patrimonio personal y familiar y que eran percibidos como un respaldo económico para la vejez. Las víctimas han perdido sus negocios, la vivienda, las herramientas de trabajo, los animales y los cultivos.

Este despojo se ha dado en un contexto de país en el que los hogares colombianos tienen muy poca capacidad de ahorro, pues solo el 10 % de los hogares puede ahorrar (Villar, Forero, et al., 2015). En términos generales, las personas encuentran grandes dificultades para ahorrar, ya que antes deben asegurar la satisfacción de necesidades básicas. En esa satisfacción de necesidades básicas consumen gran parte de los recursos, por lo que el ahorro se vuelve precario y poco significativo.

Pese a todas esas dificultades, las personas desarrollan prácticas de ahorro e inversión para la vejez a partir de los recursos con los que cuentan. Muchas veces se trata de acciones que van más allá de lo financiero. Es decir: no siempre refiere a actividades relacionadas con el dinero de los negocios, los bancos y la bolsa. Las formas de ahorro incluso compren den el invertir en la educación y formación de los hijos -con la idea de que, cuando crezcan, se ocuparán del cuidado de sus padres-, la compra de animales productivos y otro tipo de bienes que pueden generar rendimientos a futuro. En esta lógica, la vivienda de habitación se vuelve una especial forma de ahorro en la que muchas personas cifran sus esperanzas para el futuro (Villar, Forero, et al., 2015).

Pero, tanto las formas de ahorro tradicionales como las alternativas se ven afectadas por un ambiente de guerra no internacional o de conflicto armado interno. Las víctimas, que ya experimentan dificultades para ahorrar en contextos de precariedad económica, ven ahora sus posibilidades aún más limitadas cuando enfrentan los riesgos de perder los activos acumulados a lo largo de los años. En ese sentido, las viviendas y las tierras son algunos de los bienes más arrebatados en medio de la violencia armada.

El despojo de las propiedades inmuebles ha ocurrido bajo múltiples modalidades (CNMH, 2011b), bajo lógicas de violencia y engaño que se han sintetizado en la expresión "negocio con usted o con su viuda", y que revela que además de tal presión, los actores se han valido de estrategias legales y económicas para adquirir las propiedades de su interés. Así, se han hecho usos ilegales de figuras jurídicas, acudiendo a poderes y resoluciones falsas, escrituras adulteradas o firmas falsificadas (CNMH, 2015); se han hecho apropiaciones de los predios sin la mediación de transacción comercial alguna o, en aquellos casos en los que sí se hicieron, con ventas a menores precios y con avalúos fraudulentos en los que se apoyaron los negocios lesivos para los propietarios que, al final, terminaban vendiendo sus bienes por precios muy inferiores a los del mercado.

Estas pérdidas han cambiado la posición de las víctimas, que pasaron de ser productores a consumidores (CNMH, 2014) y de propietarios a arrendatarios (Corte Constitucional, Auto 005 de 2009). A los negocios en quiebra y la pérdida de oportunidades laborales se han sumado la destrucción de viviendas y de enseres (CNMH, 2011a), de animales y de ropa (CNMH, 2011d), así como de diversos implementos necesarios para las labores cotidianas como bombas de fumigación, abonos y fer tilizantes (CNMH, 2015). La pérdida de estas propiedades que implican en muchos casos verdaderos medios de supervivencia, generan desestabilidad económica para las familias y pérdida de oportunidades de productividad.

Algunas víctimas recuerdan la manera como, de repente, los actores armados se convertían en dueños de todo lo que no era suyo, obligándolos a entregar sus propiedades y a trabajar para ellos según el ritmo de su voluntad. En los relatos de su memoria, sale que los actores armados no solo quebrantaban sus posibilidades de producir, sino que, además, hacían que produjeran para ellos y cubrieran sus necesidades:

Vivíamos temerosos. Se apoderaron de todo. Acabaron con mi nego-cito, donde aprendí las matemáticas. Me robaban la leche. Una vez me buscaron, yo estaba en mi bodeguita. Yo todo tembloroso no podía ni hablar. Me preguntaron si yo tenía un trasmallo... ¡Qué susto! Y me obligaron a ir con ellos, cogimos como 8 pescados. Me pusieron a pescar y a cocinar. De Guacoche no me fui, de mi pueblo no me fui, aunque pensé en irme, pero no me fui. Ellos eran los que mandaban, entraban a tu casa y hacían lo que querían, nos amenazaban.

Hombre, grupo focal, 60+ años, Guacoche (Cesar)

El ahorro y la acumulación de activos, así sean pocos y de bajo valor comercial, es especialmente importante para la vejez en la medida en la que ofrece una alternativa para quienes no logran acceder a una pensión de vejez. En Colombia, muy pocas personas acceden al derecho a la pensión. Apenas cerca del 23 % de quienes están edad de jubilación alcanzan una pensión efectiva (Villar et al., 2015), pero en el caso de las víctimas tan solo el 4,75 % de quienes tienen entre 60 y 69 años se en cuentran protegidas por una pensión. Es decir: casi cuatro veces menos que la población general.

La pérdida de los bienes y activos productivos interactúa con la precariedad en la cobertura del Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones, con las tasas de informalidad y con las lógicas de un mercado laboral precario y excluyente. La suma de estas circunstancias implica un duro golpe para la posibilidad de las personas mayores de hoy y del mañana de superar la situación de vulnerabilidad y prepa rarse adecuadamente para la vejez.

Yo tenía un negocio muy grande en Quibdó, en el Carmen de Atrato, y me quemaron todo.

Mujer, grupo focal mixto, mayores de 60, Medellín (Antioquia)

A las mujeres les ha tocado quedar como cabeza de familia, desprote gidas, sin un capital económico para volver a empezar. Es muy difícil porque prácticamente la mayor parte de las personas perdieron el capital económico que había, en el conflicto; las fincas [dejaron de ser (...)] agrícolas porque se enmontaron.

Hombre, grupo focal mixto, mayores de 60, Arenillo, Palmira (Valle)

En medio del conflicto armado cerca de 115.000 personas han perdido sus tierras, bienes muebles y hogares (Red Nacional de Información, 2017), lo que ha afectado especialmente a las mujeres. En Colombia han sido tradicionalmente los hombres quienes detentan y gestionan la propiedad de los inmuebles de la familia (CNMH, 2011c); por esta razón, con la muerte de sus parejas hombres, muchas mujeres no tienen conocimiento sobre la relación jurídica con la propiedad y son susceptibles de ser despojadas con mayor facilidad por los actores armados. Estas pérdidas se cruzan con la dificultad para ingresar al mercado laboral formal y obligan a las personas a derivar su sustento de actividades en las que no encuentran garantías mínimas de seguridad social.

Yo vivo dejando que el tiempo pase. O sea, pensar en una vejez tranquila. El irse uno a rodar le cambió las cosas, le entorpeció a uno el envejecimiento. Vea que yo tenía un negocito y esa entrada se dañó, porque el barrio quedó solo, entonces el negocio ya no fue lo mismo. Esos ingresos me iban a dar un bienestar.

Mujer, Grupo Focal Mixto, 40-59 años, Medellín (Antioquia)

Al tiempo que nos tocó desplazarnos pues todo se perdió, ya llegamos a sufrir por acá. Para conseguir un coco teníamos que comprarlo, y muchas veces pedirlo porque no teníamos con qué (…).

Hombre, 66 años, Turbo

De esta manera, se requiere de mayores avances en las garantías para la protección económica de las personas mayores y una mejor preparación para la vejez; la recuperación y fortalecimiento de activos productivos es vital para que las personas mejoren su capacidad de ahorro y de protección social; de igual forma, la vigilancia y control de la Corte puede aportarle impulso y seguridad respecto a la formalización de títulos y acceso prioritario a vivienda digna en beneficio de las personas mayores, con especial énfasis en las mujeres mayores.

Ser viejo y no tener dónde vivir: la ausencia de una vivienda digna para las víctimas mayores de hoy y del mañana

Un entorno habitacional digno y seguro es fundamental para vivir un envejecimiento activo (OMS, 2007). Las víctimas mayores, por causa de hechos victimizantes como el desplazamiento, enfrentan el riesgo agravado de tener que habitar viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios públicos y sin garantías de seguridad jurí dica (CNMH, 2013). De esta manera, las personas que hoy son mayores y quienes lo serán en el futuro cercano han tenido que envejecer, en muchas oportunidades, en entornos hostiles y precarios. De esta manera, las personas habían previsto vivir su vejez en espacios amplios, generalmente rurales, dotados de las comodidades y garantías necesarias para vivir dignamente. El conflicto armado ha roto esa estabilidad y obliga a las víctimas a realizar acomodaciones en las que se sacrifica el espacio para lograr la satisfacción de ciertas necesidades básicas:

Sí, pues al principio sí llegamos donde un amigo, en un barrio como de los más pobres, esos que son de rancho, y allá arrendamos un rancho entre dos familias. Duramos como 2 años así.

Mujer, grupo focal mixto, 40-59 años, Popayán (Cauca)

Se evidencia, además, en el relato de las víctimas, que la posesión de una vivienda, incluso en aquellos eventos en los que se tenía que luchar para la consecución de los servicios públicos esenciales o su calidad era precaria, está ligada a una cierta sensación de riqueza y bienestar personal, que rompe el desplazamiento forzado y el despojo. Es decir, la percepción sobre lo que implica el hogar para el bienestar de las familias, como proveedor no solo de refugio sino de riqueza, hace que su pérdida refuerce la conciencia de estar en una situación de pobreza y precariedad.

Entre las víctimas entrevistadas en el trabajo de campo hay un relato general que permite percibir la casa que tuvieron que dejar atrás como mucho más amplia y digna, aun en aquellos casos en los que tampoco había adecuada infraestructura de servicios públicos, o a pesar de la precariedad de su condición, e incluso cuando su tenencia muchas veces no era segura. Las víctimas hacen una construcción ciertamente nostálgica del espacio abandonado, pero lo que ello verdaderamente revela es que la tenencia de un espacio propio brinda ciertas características de mayor protección y dignidad mayores. Así lo recuerda Marcela, una mujer de más de 40 años, al preguntársele por sus condiciones de vivienda antes de los hechos de violencia:

La casa de donde me desplacé era muy amplia, era muy grande. Tenía andén, animales domésticos y comíamos mucho sancocho de gallina. Al principio el baño era un hueco, después pusieron alcantarillado, como a los dos años. El municipio hizo la gestión. Nosotros construimos un pozo de agua y yo les compartía a mis vecinos de mi pozo, que nunca se secaba. Cuando les comenté la situación, que me tenía que ir, se pusieron muy tristes.

Mujer, grupo focal, 40-59 años, Cali (Valle del Cauca)

En relatos como estos la casa no se convierte en espacio de protección inmediata contra el clima y las adversidades de la intemperie, sino que es, además, proveedora de necesidades básicas: es el hábitat en donde sucede la cotidianidad. Es, a la vez, refugio y aseguradora de ciertos mínimos para la alimentación, sobre todo en contextos rurales en los que se habitan tierras con cierta vocación productiva. El cambio, en la mayoría de los casos, se percibe también frente al pasar de un lugar espacioso a uno pequeño, de un espacio que brinda posibilidades a otro que simplemente "les tocó". Para Hernando fue como pasarse a vivir a un cajón:

Yo vivía en Palmitas. Yo allá tengo la tierrita, inclusive, porque pagaron la casita. Bueno, la casa no, porque la casa mía estaba bien, el material, todo con sembrado alrededor y vinimos a parar ahí en un cajón, donde uno tiene que comprarle hasta el saludo a la gente. Hay escándalos, borracheras; eso es un despelote. Sinceramente el Gobierno lo que hizo fue acabar con nosotros, del todo. Ningún favor nos hizo. Por eso digo: que nos aplaste una barranca de esas antes que vivir en eso.

Hombre, grupo focal, 60+ años, Medellín (Antioquia)

Las viviendas no son solo una necesidad esencial de las víctimas mayores, sino que constituye una verdadera forma de protección para la vejez para toda la población. De acuerdo con la MCE, la vivienda es el principal medio de ahorro de los colombianos y representa el 75 % de los activos de la población (Villar, Forero, et al., 2015). La EGED identificó la situación de precariedad en la que se encuentran las víctimas frente a esta necesidad. Apenas el 19,5 % de los hogares viven en condiciones dignas y solo el 38.7 % lo hace bajo condiciones de seguridad jurídica (DANE; UARIV, 2015), es decir, tiene vivienda propia con escritura registrada o vive bajo arriendo con contrato formal. Esta informalidad en la tenencia de los bienes inmuebles constituye una de las principales fuentes de desprotección económica para la vejez.

El acceso a la vivienda fue identificado en el trabajo de campo, precisamente, como una de las necesidades más sentidas de la población mayor y de la que se encuentra entre los 40 y los 59 años. Esta percepción fue consistente con muchos de los testimonios de las personas mayores entrevistadas, pues el deseo de acceder a una vivienda propia y digna fue una de las manifestaciones más recurrentes:

Me gustaría un bienestar mejor [(...) como], por ejemplo, aspirar a un subsidio de vivienda. Esa sí sería una puerta para un mejor bienestar. Eso es lo que yo tanto quisiera tener: una viviendita para no depender de los hijos, arrimado por ahí. Esa es una puerta que nosotros esperamos que se abra.

Hombre, grupo focal mixto, mayores de 60 años, Popayán (Cauca)

Las viviendas cumplen una doble función para el envejecimiento y la vejez de las víctimas. Por una parte, hacen parte del entorno en el que se viven estas experiencias de la vida, y pueden proveer espacios de parti cipación y de seguridad para quienes están en la vejez o llegarán a ella. Por otra parte, son una forma de preparación económica para la vejez, al proveer un espacio de habitación por el que no hay que pagar mensualmente un canon de arrendamiento, y que, en determinados casos, puede generar utilidades. Esa doble función se ha visto afectada por el conflicto armado, pues las víctimas han tenido que habitar viviendas que, en lugar de ser entornos amigables para su envejecimiento, son espacios hostiles e indignos, sin condiciones adecuadas para su habitabilidad. Además, afectaciones y daños directos contra estos bienes ha obligado a su abandono, con la pérdida de seguridad económica que ello significa y, con posterioridad a los hechos, las personas mayores de hoy y del mañana han enfrentado barreras para acceder a vivienda.

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones por causa del conflicto armado requiere de respuestas urgentes para que la reparación integral permita la reacomodación productiva, y así mismo que las personas, a lo largo de su vida, puedan prepararse adecuadamente para su vejez. Esto solo será posible si se llevan a cabo acciones urgentes para lograr que las personas satisfagan sus necesidades básicas y puedan emprender iniciativas productivas que les provean sustento a mediano y largo plazo.

La insatisfacción de necesidades básicas que actualmente viven las víctimas mayores de hoy, así como de las personas que están entre los 40 y los 59 años, se extiende a diferentes bienes esenciales para la garantía de los mínimos vitales, como seguridad alimentaria, vivienda digna, entre otros. Esta insatisfacción de necesidades y la dificultad de ver garantizado el mínimo vital puede generar, a futuro, consecuencias sobre la salud, la estabilidad y seguridad familiar y las posibilidades para participar en la comunidad. Bajos niveles en la calidad y cantidad de los alimentos pueden ocasionar detrimentos en la salud en el largo plazo. Vivir un presente en la pobreza reduce las oportunidades para prepararse adecuadamente para la vejez. De esta manera, es posible que quienes ahora viven en la pobreza sean todavía más pobres cuando llegan a la vejez.

REFLEXIONES FINALES: LA VEJEZ QUE SE PUEDE TENER EN UNA COLOMBIA EN PAZ

En un contexto en el que las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones enfrentan graves dificultades para garantizar su seguridad económica, por la pérdida de bienes y activos productivos, la desconfiguración de roles ocupacionales y de trabajo y por las afectaciones sobre bienes como la tierra y la vivienda, el Estado en su totalidad y la sociedad colombiana deben ir más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas.

Por consiguiente, esto supone la obligación ineludible de garantizar la plena restitución de derechos y la materialización de su condición de sujetos y ciudadanos, de tal manera que las estrategias de atención, asistencia y reparación integral trasciendan aportando efectivamente a la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esto exige la explicación de medidas tendientes a garantizar el ingreso a las víctimas, su preparación y formación para asumir nuevas tareas y la promoción de prácticas de ahorro y preparación alternativa para la vejez, cuando el acceso a la pensión no sea posible. Sin ello, el goce de una paz estable y duradera en donde la equidad y el bienestar social son el eje de la reconciliación y la convivencia no tendrá posibilidad alguna.

En razón de lo anterior, les corresponde a la sociedad y el Estado, y en especial a entidades como la Uariv, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Pública de Empleo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), proyectar estrategias y acciones a fin de que las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones aseguren ingresos realizando prácticas productivas ajustadas a sus necesidades y contextos, con las cuales, además de satisfacer su mínimo vital, puedan prepararse económicamente para la vejez. El trabajo articulado con el sector privado y empresarial es fundamental, no solo para la generación de empleos, sino para crear y consolidar alianzas estratégicas con las cuales los productos, bienes o servicios producidos por las víctimas tengan una salida al mercado.

Además, esto debe incluir un componente de seguridad económica, a partir del desarrollo de habilidades y conocimientos para el ahorro y la inversión adecuada de los recursos que obtengan las personas cuando en la medida de sus posibilidades comienzan a desarrollar estrategias que respaldan su vejez. El fortalecimiento del ahorro comunitario puede brindar mayores oportunidades para quienes tienen dificultades para acumular capital de manera individual. El beneficio de estas estrategias no solo se puede limitar a quienes estén vinculados a proyectos productivos y de generación de ingresos, sino que su implementación debe cubrir a todas las víctimas en general, especialmente a las que están en la vejez o cerca de ella.

Así mismo, todas las acciones en materia de generación de ingresos necesitan estar acompañadas de mayores garantías en la oferta de educación para el trabajo en la edad adulta que actualmente presentan entidades públicas y privadas; en ambos sectores es urgente tomar en cuenta que las personas adultas y mayores requieren capacitarse técnicamente para participar en el mercado laboral y tener mejores fuentes de ingresos.

Por otra parte, el acceso prioritario a la vivienda debe ser un derecho especialmente protegido para las personas mayores, dado que es un activo que permite una mayor protección económica en la vejez. En consecuencia, es preciso incluir estos criterios en los programas de vivienda gratuita para que un mayor número de víctimas mayores acce dan a este tipo de beneficios.

Pero, sobre todo, es importante que las personas mayores, tanto las que son víctimas como las que no, se apropien de la posibilidad de darle nuevos contenidos a la vejez (Beauvoir, 1970). Si es un momento de la vida que se suele entender como degradación y pérdida, como ausencia de aquello que se valora de la existencia, el reto está en lograr que las víctimas puedan construir una mirada y visión de futuro. El conflicto armado genera daños tan profundos que mucho de lo que se perdió se vuelve irrecuperable.

Sin embargo, ello no significa que las personas no puedan fortalecer sus capacidades y recursos sociales, familiares y personales para que puedan construir algo nuevo. La dificultad de ser pescador en Bogotá, cultivador de papa en el centro de Ibagué o concejal en una ciudad a la que recién se llega no necesariamente implica que las personas renun cien a aprender nuevas actividades y establecer nuevas redes con el fin de iniciar acciones de protección económica para la vejez.

La edad no debe ser un impedimento ni debe ser percibida como un obstáculo a este propósito. Las personas mayores de actuales y futuras generaciones, sobrevivientes de un conflicto armado que ha superado los límites de lo humano, tienen suficiente fortaleza para ser agentes activos de la transformación de sus vidas.

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* Artículo producto de la investigación «Vejez, envejecimiento y conflicto armado», ejecutada en el marco del Convenio de Asociación 1131/2016 entre la Fundación Saldarriaga Concha (FSC) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la FSC ni de la UARIV o de cualquier entidad con la que llegaren a estar vinculados.

1A lo largo de este artículo se usa la expresión "personas mayores de hoy y del mañana" para agrupar a las personas que actualmente, tienen 60 años o más —es decir, ahora son personas ma yores— y a las personas que están entre los 40 y los 59 años, y que lo serán en los próximos años.

3A 2017, «cerca del 93 % de las víctimas aún no [habían] accedido a este derecho, siendo (sic) la población desplazada la más perjudicada con un rezago del 97 % de la población incluida en el RUV» (Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448/2011, 2017, p. 12).

2Metodología desarrollada inicialmente por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), que fue inter venida y ajustada por los investigadores en el desarrollo del proyecto.

Recibido: 08 de Junio de 2017; Aprobado: 22 de Mayo de 2018

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