1. INTRODUCCIÓN

En distintos países latinoamericanos el cierre o superación de los conflictos armados protagonizados por organizaciones guerrilleras tuvo un común denominador: la transformación de esas guerrillas en movimientos políticos con aspiraciones electorales. Es el caso de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia y el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) en Uruguay. Estos cinco grupos subversivos cambiaron, por distintas vías, las balas por los votos y decidieron participar en la política legal de sus países.

En el caso de Guatemala, la URNG firmó en 1996 un acuerdo de paz con el Gobierno, pero se convirtió en un partido político hasta 1998, y hasta el momento su desempeño electoral ha sido bastante marginal (^{Nasi, 2007}).

Por su parte, el FMLN, en EL Salvador, sí logró consolidarse como una alternativa de poder real desde el momento en que dejó las armas. Esa guerrilla participó oficialmente en las elecciones presidenciales de 1994, donde se posicionó como la segunda fuerza electoral en el país. Desde entonces su porcentaje de votación creció con cada elección y logró obtener las mayorías en el Congreso en varias oportunidades. Finalmente, en 2009 el FMLN ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el partido de gobierno (^{Nasi, 2007}; ^{Martí, Garcé y Martín, 2013}; Almeida, 2010).

En Colombia, el M-19 aglutinó la participación en política de sus integrantes y de miembros de otras organizaciones armadas que se acogieron a los acuerdos de paz de finales de los años 80. Compitieron en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990 y obtuvieron la segunda votación más alta del país, lo que les permitió jugar un rol de liderazgo en la elaboración de la Constitución de 1991. No obstante, a pesar de este éxito electoral inicial, el M-19 y demás organizaciones fueron poco a poco cooptadas por el sistema y rápidamente desaparecieron del panorama político (^{Boudon, 2001}). En los últimos años, antiguos miembros de esa guerrilla han desempeñado, a título individual, importantes cargos de representación, como la alcaldía de Bogotá en 2011 y la gobernación del departamento de Nariño en 2008.

En Nicaragua, el FSLN logró tomarse al poder por la vía armada en 1979. A partir de ese momento se convirtió en la primera fuerza política del país y gobernó hasta 1990, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a una coalición de partidos políticos de oposición. En 2005 ganaron de nuevo las elecciones presidenciales y hasta el momento se mantienen en el poder (^{Nasi, 2007}).

Los Tupamaros, por su parte, fueron derrotados por el Ejército a principios de los 70; posteriormente, con el regreso de la democracia a Uruguay, algunos de los líderes, entre ellos José Mujica, fueron liberados. En 1989 el MLN-T decidió participar legalmente en política a través del Movimiento de Participación Popular (MPP) e ingresaron formalmente a la coalición de izquierda el Frente Amplio. Posteriormente, el MPP se convierte en el sector más poderoso de este partido y José Mujica, uno de los fundadores de la guerrilla tupamara, es elegido presidente de Uruguay en 2010 (^{Martí, Garcé y Martín, 2013}). El Frente Amplio continúa actualmente en el poder con el presidente Tabaré Vásquez, elegido en 2015, quien ya había sido elegido para el periodo 2005-2010.

Partiendo de lo anterior se pone de manifiesto la justificación del artículo, pues la violencia política, los alcances de los respectivos conflictos armados y la naturaleza de los grupos guerrilleros en la región han sido ampliamente documentados, mientras que la llegada de las antiguas guerrillas a las urnas ha recibido una menor atención, especialmente desde una perspectiva comparada. De allí que en este artículo se busque identificar diferentes elementos que permitan entender mejor el desempeño electoral de esas organizaciones, una vez superadas las confrontaciones. Más específicamente, se pretende establecer en qué medida características clave de los grupos guerrilleros, de los conflictos armados y de las condiciones en que ocurre el fin del conflicto permiten establecer relaciones causales con respecto al desempeño electoral de las cinco organizaciones mencionadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se analiza la relación entre el control territorial que ejercieron los grupos durante el enfrentamiento armado y su desempeño electoral una vez se convierten en actores políticos legales. En la segunda se discute la estructura organizativa de los grupos objeto de estudio. En la tercera se revisan las posturas ideológicas de los grupos, así como las alianzas que lograron establecer con otras organizaciones de carácter político y social. En la última sección se discuten las conclusiones del trabajo.

La estrategia metodológica de la investigación se apoya en los planteamientos del Process Tracing, expuestos principalmente por Henry Brady y David Collier en su texto Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards (2010). De acuerdo con sus partidarios, esta metodología consiste en llevar a cabo una observación de los procesos causales que explican un fenómeno partiendo de inferencias descriptivas basadas tanto en el conocimiento previo sobre el fenómeno como en la evidencia disponible sobre el mismo (^{Collier, 2011}, p. 823). Para llevar a cabo dichas inferencias hace falta, plantea Collier, identificar un hecho o circunstancia que tenga una trayectoria en el tiempo y que, a la vez, pueda desagregarse en momentos puntuales susceptibles de ser descritos con claridad (^{Collier, 2011}, p. 824). Igualmente son relevantes para este estudio los aportes de ^{Falleti (2016)} a la metodología del Process Tracing, en la medida en que propone que este puede desarrollar mayor relevancia en la comprobación de hipótesis y en la construcción de teorías si se combina con el método comparado. Según Falleti, la capacidad del Process Tracing para analizar temporal y causalmente un fenómeno es fortalecida por la perspectiva comparada, en tanto esta permite identificar "patrones de secuencias" y sus respectivas causas y consecuencias (^{Falleti, 2016}, p. 456)

Teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que la aproximación desde el Process Tracing a un fenómeno como el desempeño electoral de movimientos guerrilleros convertidos en partidos políticos es pertinente. No solo se trata de un fenómeno que se puede desagregar en momentos puntuales, en términos de Collier, sino también es posible identificar secuencias y patrones causales relevantes para cada caso y para la comparación con los demás, siguiendo a Falleti.

En ese sentido, una vez establecido el desempeño electoral de los antiguos grupos guerrilleros como la variable dependiente de la investigación, se exploran algunas variables independientes que permitirán la identificación de los procesos causales. Como se mencionó anteriormente, estas variables son incidencia territorial, estructura organizativa y alianzas e ideología. A partir de estas variables se desarrolla un ejercicio de comparación con el fin de encontrar diferencias y similitudes entre los cinco casos de estudio, y así determinar en qué medida las variables estudiadas pueden explicar el desempeño electoral de las antiguas guerrillas.

2. INCIDENCIA TERRITORIAL

Uno de los factores que, de manera intuitiva, puede asociarse con el desempeño electoral de los grupos guerrilleros convertidos en partidos políticos es la presencia geográfica que tuvieron durante el conflicto. Sin embargo, típicamente los grupos subversivos establecen la ubicación de sus estructuras con la intención de convencer y ganar seguidores para su causa entre las poblaciones en las que hacen presencia¹. En ese sentido, debe tenerse en cuenta un componente que podría denominarse de influencia sobre la población que está estrechamente ligado a la presencia sobre el territorio pero que no se limita a ella. Por lo tanto, se sugiere la categoría incidencia territorial para hacer una alusión más cualificada de la presencia que ejercieron las antiguas guerrillas en los territorios.

La intención de esta sección es explorar la relación entre la incidencia territorial que tuvieron los grupos guerrilleros durante el conflicto armado -medida en localidades (municipios o ciudades)- y el éxito electoral que obtuvieron cuando decidieron participar en la política legal de sus países -medido en alcaldías o circunscripciones regionales en el congreso-. Así, a partir de un ejercicio de confrontación de la información electoral² se busca determinar si la incidencia territorial de cuatro³ de los grupos estudiados impactó en algún sentido los resultados que estos lograron en las urnas una vez desarmados.

El primer caso de observación es el colombiano. Allí es posible asegurar que prácticamente no hubo coincidencia entre los municipios donde tuvo incidencia territorial el M-19 y las localidades donde obtuvo alcaldías en tres elecciones desde 1992 a 1997. Mientras que la mayor parte de los hombres, las acciones y la influencia de ese grupo guerrillero se concentró en grandes ciudades como Bogotá y Cali a finales de los 70 y departamentos como Cauca, Putumayo y Caquetá desde mediados de los 80 (^{Luna Benites, 2006}), las alcaldías que ganó son municipios en los departamentos de Sucre, Cesar y Antioquia. La única alcaldía que corresponde en cierta medida con el carácter urbano que predominó en el M-19 es Riohacha, capital del departamento de La Guajira, la cual obtuvieron en 1994. Sin embargo, este grupo subversivo no tuvo una incidencia preponderante en este departamento del norte del país.

Un segundo grupo guerrillero de talante casi exclusivamente urbano es el MLN- los Tupamaros de Uruguay. En este caso se expresa una relación mucho más coherente entre las localidades donde los Tupamaros tuvieron una incidencia muy fuerte, como Montevideo y Bella Unión, en el departamento de Artigas⁴, y los resultados electorales en circunscripciones regionales y locales alcanzados por el Partido Frente Amplio (PFA). En seis elecciones, entre 1989 y 2015, el PFA ganó, sin excepción, la Intendencia (Gobernación de departamento) de Montevideo, y entre 1994 y 2015 logró poner, sin falta, alcaldes, concejales y ediles en casi todos los municipios del departamento de Montevideo y en Bella Unión, Artigas.

En el caso de El Salvador, la correlación también es muy fuerte. En 8 elecciones a alcaldías realizadas entre 1994 y 2015, el partido FMLN obtiene resultados, marcando una constante en la que figuran casi sin excepción los cinco departamentos en los que tuvo incidencia territorial histórica como grupo subversivo en el norte del país: Cabañas, Chalatenango, Cuscatlan, Morazán y San Salvador. Las únicas excepciones se registran en las elecciones de 1994, cuando no gana alcaldías en San Salvador, y 2009, año en el que no obtiene alcaldías en Cabañas. Asimismo, debe resaltarse el caso del municipio de Tenancingo, departamento de Cuscatlan, donde miembros del FMLN protagonizaron una de sus primeras tomas en 1983 (^{Van der Borgh, 2003}), cuya alcaldía ha sido ganada por miembros del partido FMLN en 6 de las 8 elecciones realizadas hasta hoy.

En cuanto a la incidencia territorial de la URNG, se observa una correspondencia intermedia entre la presencia que tuvo como movimiento guerrillero y los cargos que ha obtenido como movimiento político después del acuerdo de paz. Ese grupo guerrillero tuvo presencia desde los años 80 en los departamentos de la región occidental del país: San Marcos, Quiché, Sololá, Quezaltenango y Chimaltenango (^{CEH, 1999}, pp. 175 y 192), y entre 1999 y 2015 ha alcanzado, en promedio, 7 alcaldías entre las que figuran, en cada elección, mínimo dos de estos departamentos. Sin embargo, no hay localidades que sean realmente constantes a través de las distintas elecciones, pues en cada ocasión ganan alcaldías en distintos municipios de distintos departamentos.

En suma, es posible resumir la tendencia descrita anteriormente como una relación positiva entre la incidencia territorial de las guerrillas y los resultados obtenidos por estas en elecciones a nivel regional. Mientras los partidos derivados de las guerrillas en Colombia y Guatemala muestran poca o nula correlación entre sus bastiones históricos y los distritos en los que obtuvieron cargos de elección popular, en los casos del FMLN y el MLN-T se evidencia una fuerte concordancia entre la antigua presencia armada y la injerencia política actual. Por lo tanto, en el esfuerzo de hallar líneas causales que ayuden a explicar el desempeño electoral de los antiguos grupos subversivos, la variable incidencia territorial hace una contribución que no se puede descartar.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Algunos de los estudios sobre la conversión de organizaciones guerrilleras en partidos políticos llaman la atención sobre factores de tipo organizacional, que pueden explicar el éxito o fracaso electoral de esas colectividades (^{Allison, 2006}, p. 2016). En este caso se busca hacer lo propio revisando la forma en la que estaban organizadas en lo político y militar, así como el nivel de fraccionamiento que llegaron a tener durante su vida clandestina inmediatamente anterior a incursionar en la política legal.

Algunas de las preguntas clave que dirigen este apartado tienen que ver con el nivel de jerarquización, el grado de organización y las tensiones o divisiones internas que tuvieron las estructuras guerrilleras bajo estudio. La intención es evaluar si alguno de estos factores organizacionales es relevante para entender por qué una vez pasan a la legalidad algunos partidos tienen más éxito que otros en las urnas.

Revisando el caso del FMLN en El Salvador, se encuentra que esta organización no funcionó como una entidad cohesionada con mando unificado ni fluidez entre sus componentes. Por el contrario, el FMLN fue desde su nacimiento en 1980 una especie de organización sombrilla bajo la cual accedieron a ubicarse las cinco organizaciones político- militares que venían trabajando en proyectos revolucionarios desde comienzos de los 70. Estas organizaciones, a saber, el Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), convergieron bajo el nombre del FMLN, pues compartían la idea que por las vías electorales y el reformismo de la izquierda legal no era posible solucionar los problemas de injusticia, inequidad y represión que vivía el país en ese momento. Sin embargo, todo lo demás se mantuvo fraccionado entre 1980 y el inicio de las exploraciones de paz con el gobierno de Cristiani en 1983. Cada organización mantuvo sus propios estatutos, conservó su estructura orgánica, procuró su financiamiento y escogió sus líderes de forma independiente (Zamora, citado en ^{Allison y Álvarez, 2012}, p. 95).

En ese sentido, aunque las organizaciones integrantes del FMLN lograron un buen nivel de coordinación en el desarrollo de operaciones militares como la Ofensiva general de 1981 y la Ofensiva final de 1989, con las cuales lograron causar importantes reveses a las Fuerzas Militares, en términos programáticos permaneció la tensión y las divisiones internas fueron la regla.

Sin embargo, algunos factores exógenos intervinieron en favor de la cohesión del Frente a partir de 1983. Por una parte, Cuba hizo evidente su incapacidad para continuar proporcionando armas y apoyo económico a esta organización guerrillera, y tanto Fidel Castro como el gobierno sandinista abogaron para que el FMLN incursionara en una estrategia de guerra combinada con exploraciones de paz (^{Krujit, 2008}). Adicionalmente, la muerte del comandante de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, uno de los más insistentes en la vía militarista, contribuyó a que los componentes más jóvenes de esa y otras organizaciones sobrepusieran el enfoque político al militar y condujeran los destinos de la naciente organización política de forma más condescendiente (^{Allison y Álvarez, 2012}, p. 97).

Asimismo, una vez constituido como partido político el FMLN vivió un proceso de fuerte tensión entre el ala que abogaba por la moderación de las ideas del partido y otra que impulsaba el mantenimiento del pensamiento socialista de forma ortodoxa. No obstante, una vez la facción ortodoxa toma el control organizacional del partido en 2004, este experimenta un proceso de cohesión y coherencia ideológica que le permite establecer alianzas a corto plazo con organizaciones no revolucionarias, permitiéndole, al mismo tiempo, mejorar su desempeño electoral al contar con votos de sectores más moderados (^{Allison y Álvarez, 2012}, p. 109).

En lo que tiene que ver con el FSLN, desde 1974 hasta poco antes de su entrada en Managua en el 79 fue una organización que se esforzó por mantener un equilibrado carácter político-militar. Sin embargo, su estructura se basaba en un fuerte centralismo, que privilegiaba los enlaces verticales y los compartimentos rígidos asociados a las jerarquías (^{Martí i Puig, 2002}, p. 12).

Se trataba de una estructura organizativa en la que los militantes debían cumplir sus responsabilidades de manera "casi religiosa", bajo el entendido de que cada una de las acciones en la clandestinidad comprometía la imagen y el futuro del Frente (^{Martí i Puig, 2002}, p. 13).

Sin embargo, en contraste con esa rígida estructura organizacional, tanto en la comandancia como en los lineamientos programáticos del Frente primó la fragmentación. Desde sus primeros años hasta mediados de los 70, el FSLN promulgó una tendencia ideológica de Guerra Popular Prolongada (TGPP), consistente con la concentración de las fuerzas revolucionarias en áreas rurales para concientizar paulatinamente a los campesinos y sectores marginados, con el objetivo de tomarse el poder cuando las condiciones estuvieran dadas. Sin embargo, surgirían dos nuevas tendencias a partir de 1974, fecha en la que una gran ofensiva del Frente (en la que logran la liberación de varios de sus miembros en poder del régimen, entre ellos Daniel Ortega) y la consecuente oleada represiva de Somoza, obligaría a las estructuras a ponerse a la defensiva y a muchos de sus líderes a salir del país (^{Monroy, 2015}, p. 29).

Así, debido a su aislamiento, los comandantes del Frente no tuvieron la oportunidad de discutir sus posiciones sobre el destino programático de la organización. En esa medida tomó fuerza la denominada Tendencia Proletaria (TP), impulsada por quienes buscaban una organización de carácter netamente proletario y sindical en las zonas urbanas, mientras que, de otro lado, también avanzó la Tendencia Insurreccional (TI o terceristas), que consideraba que las condiciones para una ofensiva insurreccional estaban dadas y que debía orquestarse su avanzada con aliados estratégicos en las élites y los sectores influyentes contrarios a la dictadura (^{Martí i Puig, 2002}, p. 10).

Al final, para 1978 y 1979 el Frente, dominado hasta ese momento por la TI, entró en un proceso de reunificación gracias a que estos últimos decidieron apoyar el trabajo que venían impulsando las otras dos tendencias en los campos y centros urbanos, al tiempo que los terceristas endurecieron su postura frente algunos sectores de la élite salvadoreña y con respecto a Estados Unidos. De esa forma, en marzo de 1979, cuando la sociedad y el grupo guerrillero se alistaban para el derrocamiento de Somoza, el FSLN anunció la creación de la Dirección Nacional Conjunta, compuesta por comandantes de las tres tendencias y una visión relativamente cohesionada del proceso de insurrección que se daría pocos meses después (^{Monroy, 2015}, p. 133).

Para el caso de la URNG puede decirse que el esquema organizativo era bastante similar al del FSLN. La jerarquía y verticalidad fueron componentes fundamentales para la operación de esta organización y, al contrario de lo sucedido con el FMLN en El Salvador, las estructuras que se agruparon bajo el esquema de la URNG sí lograron consolidar una dirección nacional marcada por el centralismo (Martí y Figueroa, 2008, p. 104). Este nivel organizativo le permitió incluso conformar una Comisión política-diplomática en el marco de las negociaciones de paz para poner mayor atención a las decisiones tomadas en las conversaciones.

No obstante, lo anterior no implica que las organizaciones integrantes de la URNG mantuvieran una cohesión ideológica o programática. Por el contrario, a pesar de estar organizadas en una forma más centralizada que el FMLN, la dirección nacional no logró mantener la unidad en los asuntos sustantivos. Durante el proceso de negociaciones de paz, e inmediatamente después de él, la URNG no tuvo la capacidad de mantener unidos a sus miembros. Una buena porción de ellos abandonó la organización y se unió a otras colectividades de izquierda y a organizaciones de la sociedad civil (^{Allison, 2016}, p. 1051).

Pueden mencionarse dos momentos críticos en términos de tensiones internas. El Primero tuvo lugar en mayo de 1995, cuando en la mesa de diálogos con el Gobierno, los delegados de la Unión aprobaron un documento sobre cuestiones agrarias y reformas económicas, lo cual ocasionó que los miembros de la Comisión política-diplomática renunciaran, al considerar que dichas reformas no solo no se aproximaban a una transformación estructural, sino que además iban en detrimento de lo que se había intentado negociar por parte de los sectores más comprometidos de la URNG desde un año atrás (^{Rosada-Granados, 1997}, p. 10). El segundo momento ocurrió cuando la URNG ya era una colectividad política legal antes de las elecciones presidenciales de 2003. En ese punto se creó una disidencia llamada Corriente Revolucionaria que obtuvo mejores resultados electorales que aquel grupo (^{Martí y Figueroa, 2008}, p. 14).

Por su parte, el MLN-T se diferencia de las organizaciones guerrilleras ya reseñadas en lo relativo a la estructura organizativa. Debido a la heterogeneidad ideológica en sus filas y a la preferencia por el pragmatismo, los Tupamaros concedieron bastante autonomía a sus distintas estructuras (^{Garcé, 2010}, p. 1602). Sus propios miembros han reconocido que los Tupamaros privilegiaron desde sus inicios la práctica sobre la teoría, lo que implicaba que no había una directriz ideológica única excluyente y rígida por el contrario, buscaban construir una batería teórica a partir de la praxis. La organización se estructuraba sobre la base del centralismo democrático, esto es, decisiones con talante de órdenes que provenían de la aprobación de la mayoría. No obstante, "el MLN-T fue una organización desorganizada, una guerrilla invertebrada, mutante, camaleónica, dotada, eso si, de una llamativa habilidad para la comunicación política" (^{Garcé, 2010}, p. 1602). Además, debido a la incidencia del anarquismo en su matriz ideológica, los miembros de los Tupamaros privilegiaron la toma de decisiones a nivel colectivo sobre las jerarquías, lo cual implicó no pocas tensiones internas.

Durante los últimos años de la década del 60 tuvo lugar un proceso de rompimiento dentro del MLN-T que dio origen a dos organizaciones: Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores y el Movimiento 22 de Diciembre. El primero fue un grupo de personas que abandonaron los Tupamaros por considerar que su accionar estaba demasiado enfocado en lo militar y se descuidaba el componente ideológico, mientras que el segundo se formó con miembros que no compartieron la decisión del MLN-T de participar con un brazo político⁵ en la coalición del Frente Amplio, por considerar que era una decisión populista y antirrevolucionaria (^{Alonso y Figueredo, 2011}).

Estas y otras expresiones de fraccionamiento que se hicieron evidentes durante la etapa de aislamiento de los miembros del MLN-T tras su derrota militar en 1972, no impidieron que en 1989 esa guerrilla decidiera reorganizar su estructura para participar en la política desde la legalidad, moderar su discurso y establecer alianzas como la que llevó a cabo con el Frente Amplio (^{Garcé, 2010}, p. 1599).

Por último, sobre el M-19 puede decirse que en términos generales fue una guerrilla centralizada. Contaba con una Comando Superior que definía los destinos del movimiento a nivel nacional, una instancia encargada de coordinar y autorizar las operaciones militares denominada Fuerza Militar (FM) y otra coordinadora del trabajo político denominada Organización Político-militar (OPM) (^{Velásquez, 2000}, p. 339). Asimismo, se estructuraba en frentes regionales principalmente ubicados al sur del país y en pocas ciudades capitales con comandos pequeños en barrios marginales. Sin embargo, de acuerdo con algunos de sus militantes, siempre primó dentro de sus estructuras un talante heterogéneo similar al del MLN-T. Como organización militar no privilegiaba la jerarquía ni la verticalidad del mando. Durante los años 80, principalmente después de la muerte en 1983 de su máximo comandante, Jaime Bateman Cayón, el grupo guerrillero actuaba mostrando un alto grado de desarticulación entre sus estamentos militares y políticos (^{Velásquez, 2000}, p. 339).

El grueso de las divisiones presentes en el M-19 tenía que ver con esa escisión, anclada en su misma estructura organizacional, entre los aspectos políticos y los de carácter militar. En el marco de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, así como en las negociaciones de paz que culminaron en el 90, se hicieron evidentes estas divisiones entre el ala militarista, que privilegiaba las vías de hecho y la confrontación directa para tramitar sus demandas, frente a un ala más interesada en desarrollar un programa de paz con el Gobierno. Es posible afirmar que mientras en lo sucedido en el Palacio de Justicia triunfó el ala militarista, en los acuerdos de finales de los 90 se impuso la perspectiva de la negociación. No obstante, estas tensiones no representaron una problemática crítica ni constante en la historia del movimiento (^{Gómez, Herrera y Pinilla, 2010}, p. 328).

La llegada de Carlos Pizarro a la comandancia del M-19 en 1985, fue un hecho que permitió la cohesión del grupo guerrillero en tanto se trataba de un hombre con experiencia en lo militar, pero con una visión clara en torno a la salida negociada del conflicto, que además recogía los principales planteamientos del desaparecido comandante Bateman (^{Grabe, s.f}., p. 11). Ese esfuerzo de unificación contribuyó con fuerza a la positiva votación alcanzada por este grupo en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando este éxito no logró sostenerse en el mediano plazo.

Se observa entonces que en el desempeño electoral de los partidos estudiados tienen más peso los factores asociados a la fragmentación del grupo que su estructura organizacional. Como vimos, los aspectos relacionados con la jerarquía y la centralización en la toma de decisiones se desarrollaron de manera disímil en movimientos guerrilleros cuyo desempeño en las urnas ha sido exitoso, como es el caso del FSLN, el FMLN y el MLN-T. Así, mientras que en el FSLN la jerarquía y la verticalidad eran valores imprescindibles, en el FMLN y el MLN-T eran requisitos con poca relevancia. Asimismo, en los dos casos menos exitosos también se observan tendencias diferentes, pues la URNG se caracterizó por ser una guerrilla con estructuras jerárquicas rígidas, a diferencia del M-19, que privilegió una forma de organización más horizontal. Por lo tanto, con la información disponible no es posible trazar una tendencia que relacione de manera efectiva el esquema organizativo de estos grupos guerrilleros con su desempeño en la política legal.

Ahora bien, en lo que se refiere al fraccionamiento y los procesos de cohesión de estas organizaciones, se observa que las divisiones internas son un fenómeno bastante común en procesos de acción colectiva como los que convergen dentro de un movimiento subversivo. Sin embargo, y más importante para este caso, la cohesión del grupo en torno a unos pilares mínimos de su proyecto político, en el momento clave en el que se plantean cambiar las armas por los votos, aumenta las posibilidades de tener un buen desempeño electoral.

En tal sentido, lo más relevante en términos de cohesión para una organización guerrillera que se transforma en partido político no es tener un historial de aparente unificación o de fuertes tensiones, sino afrontar el momento de transición a la vida legal de manera unificada. Así lo lograron, luego de múltiples dificultades, el FMLN, el FSLN y los Tupamaros e incluso el M-19, cuyas comandancias lograron, por distintos medios, aglutinar a sus militantes de cara al momento de transición. En Contraste, la URNG no tuvo la capacidad de unificar a sus miembros y quedó inmersa en un escenario de marginalidad electoral que se mantiene hasta la actualidad.

En conclusión, puede sugerirse que mantener el control y la cohesión de sus integrantes al momento de incursionar en la política legal permite al naciente partido político no solo tomar decisiones estratégicas (como alianzas o modificaciones sustanciales) de manera más eficaz, sino también transmitir una imagen de mayor coherencia ante sus potenciales votantes, condiciones ambas que pueden convertirse en factores de éxito en los comicios.

4. ALIANZAS E IDEOLOGÍA

Los diferentes estudios que discuten el proceso de adaptación partidista de organizaciones guerrilleras que incursionan por primera vez en entornos electorales, concentran su atención en aspectos organizacionales propios de estos grupos o del diseño institucional existente en cada país⁶, solamente los trabajos de ^{Garcé (2010)} y ^{Martí, Garcé y Martín (2013)} abordan los factores ideológicos que incidieron en la adaptación del MLN-T, el FSLN y FMLN a la política electoral de sus respectivos países. Este acápite busca recoger esa perspectiva sobre la composición ideológica de las organizaciones guerrilleras, para entender su incidencia en el posterior desempeño electoral de las mismas.

Así, se busca discutir en qué medida una postura radicalizada de los antiguos grupos guerrilleros facilitó o entorpeció su desempeño en las urnas, prestando especial atención a la capacidad de estas organizaciones para establecer alianzas con otros partidos o movimientos, con antelación o durante su proceso de incursión a la política legal.

Iniciando con el M-19, puede decirse que fue una organización representativa de las tradiciones revolucionarias latinoamericanas influenciadas por el triunfo del Che Guevara en Cuba y la consigna de "Vencer o morir". En esa medida, desde su surgimiento y hasta finales de los años 70, el M-19 mantuvo una postura radical respecto a la realidad del país y a las vías de acción disponibles para su transformación. Aunque sus planteamientos ideológicos no estaban alineados con el marxismo-leninismo reinante entre la izquierda colombiana y en general de la región, su perspectiva si privilegiaba el uso de las armas y la toma violenta del poder como únicas posibilidades de lograr un cambio en favor de las mayorías en el país.

Sin embargo, poco antes de terminar la década del 70, varios factores impulsaron al M-19 a replantear el radicalismo y orientar su lucha política y militar en favor de la democracia y de una negociación con el Establecimiento. El primer hecho fue la respuesta multitudinaria de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos frente a la represión militar que venía recibiendo la sociedad civil a causa de las acciones del M-19 y otras guerrillas. El segundo fue el desencanto del M-19 respecto a la posibilidad de llegar a unificar y cooperar con las demás organizaciones guerrilleras en el país, y el tercero fue la toma de la Embajada de República Dominicana por uno de sus comandos en febrero de 1980, donde lograron forzar una negociación con el Gobierno para que liberara a varios de sus presos y permitiera que los responsables de la toma salieran a Cuba, lugar donde recibieron asilo. Juntos, estos factores contribuyeron a la moderación del discurso del M-19 en tanto convencieron a la comandancia y a buena parte del grupo guerrillero de que la vía democrática podía ser instaurada en el país y que, a juzgar por lo sucedido en la toma de la embajada, la salida negociada al conflicto tenía buenas posibilidades de éxito (^{Patiño, Grabe y García-Durán, 2000}, p. 60).

En lo que tiene que ver con las alianzas, el M-19, en concordancia con el cambio estratégico que sufrió su organización desde comienzos de los 80, se aproximó a sectores con los que estableció coaliciones aun antes de su desmovilización y enfrentó las elecciones del 11 de marzo de 1990. Es el caso de la Acción Nacionalista por la Paz, que involucró a organizaciones de izquierda como el Frente Democrático, Colombia Unida, así como la Democracia Cristiana y un grupo de demócratas independientes (^{Patiño, Grabe y García-Durán, 2000}, p. 83). Lo propio sucedió en el mes de abril de 1990 para enfrentar las elecciones a la presidenciales cuando un nuevo movimiento, encabezado por el partido AD-M19, en el que confluyeron sectores de la Unión Patriótica, el Frente Popular, Socialismo Democrático, Colombia Unida, Movimiento Inconformes y otras agrupaciones cívicas y políticas de alcance regional (^{Patiño, Grabe y García-Durán, 2000}, p. 84).

De otra parte, el FSLN mantuvo un debate ideológico protagonizado por las tres facciones que pujaban dentro de la estructura, para imponer su perspectiva sobre la labor revolucionaria y los actores sociales con los que esta debía ejecutarse. Aun poco antes del triunfo sandinista en 1979, la tendencia GPP mantenía el planteamiento más radical, en el sentido de que serían los campesinos liderados por la vanguardia armada del FSLN quienes se tomarían el poder. Por su parte, la tendencia Proletaria buscaba el protagonismo de los sectores obreros con conciencia de clase, pero sería una radical negativa a aliarse con sectores sociales no proletarios de las ciudades, a los cuales denominaba genéricamente como la "burguesía" (^{Monroy 2015}, p. 89).

En contraste, la Tendencia Insurreccional implementó desde 1977 un abordaje de alianzas estratégicas con grupos sociales pertenecientes a la burguesía (representantes de la iniciativa privada, intelectuales y dirigentes religiosos da alto reconocimiento en Nicaragua) (^{Monroy, 2015}, p. 96). Esta aproximación implicaba dos movimientos clave para el posterior éxito revolucionario: por una parte, una moderación ideológica del FSLN, liderada por la facción Insurreccional, para atraer a la lucha a sectores con intereses privados aunque de carácter democrático, y por otra, la aceptación de esos sectores élites, opuestos a Somoza, de apoyar la lucha armada en el país.

Esa disposición para establecer alianzas fue una característica clave, pues, aunque generó fuertes divergencias entre las tendencias del grupo guerrillero, la postura estratégica Insurreccional logró interpretar bien la coyuntura de descontento con el régimen que venía tomando fuerza en los sectores más influyentes del país. Una expresión de lo anterior fue la consolidación del denominado Grupo de los Doce, organización integrada en julio de 1977 por distintos notables de Nicaragua con poder económico, político y simbólico y una visión desde la Social Democracia. Este Grupo, junto con los representantes de la Iglesia católica afines a la propuesta Insurreccional y otras colectividades políticas, ejercieron presión para la salida de Somoza de la presidencia y posicionaron al FSLN como interlocutor relevante en el proceso de transición (^{Martí i Puig, 2002}, p. 12).

Con posterioridad al triunfo sandinista en julio de 1979, la postura sobre las alianzas tuvo mejor acogida entre las facciones del Frente. Aunque la TGPP y la TP mantuvieron algunos planteamientos radicales en contra de los dueños de los medios de producción en el país, en la práctica privilegiaron la política de alianzas liderada por la TI, con la intención de consolidar un gobierno más amplio y fuerte que capitalizara el avance revolucionario (^{Monroy, 2015}, p. 140). De hecho, en la junta de gobierno instaurada desde 1979 denominada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el FSLN comulgó de forma eficiente no solo con el Grupo de los Doce, sino también con el Movimiento Pueblo Unido, donde tenía lugar el Partido Comunista de Nicaragua y con el Frente Amplio Opositor donde convergían los partidos Socialista, Social Cristiano, agremiaciones sindicales y hasta el partido Conservador (^{Monroy, 2015}, p. 123).

En el caso de la URNG, sus comandantes mantuvieron una postura recalcitrante con respecto a las transformaciones que creían necesarias para el país aún incluso cuando avanzaban las conversaciones de paz con el gobierno. Las organizaciones pertenecientes a la URNG persistieron en una interpretación radical asociada a la revolución social en Guatemala y asumieron los acercamientos de paz como una instancia táctica para mantener y prolongar su proyecto político subversivo (^{Martí y Figueroa, 2008}, p. 10). Únicamente el curso de las negociaciones y los acuerdos alcanzados con el Gobierno convencieron paulatinamente a los miembros de la Unidad de la apuesta por la salida negociada al conflicto y por un proyecto democrático, lo que vino acompañado de un proceso de moderación ideológica.

Desde mediados de 1995, cuando se aproximaban las elecciones presidenciales, la URNG hizo evidente la reconfiguración de sus líneas de pensamiento y propuso, sin que terminaran las negociaciones de paz, un proyecto político reformista que se apartaba de los pilares socialistas que promulgaba apenas meses atrás (^{Martí y Figueroa, 2008}, p. 11). En ese orden de ideas, la Unidad abrió la posibilidad de establecer alianzas con otras organizaciones de la izquierda guatemalteca en un proceso que tuvo más torpezas que aciertos.

De cara a los comicios electorales de finales de 1995, la URNG participó en un proyecto político de coalición que buscó integrar partidos políticos de la izquierda legal del país como el Partido Social Cristiano y el Partido Revolucionario, organizaciones sociales y estructuras que aún estaban en la clandestinidad como las que integraban la misma URNG. La alianza, denominada Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) no logró llegar unida a las elecciones, pues la imposición, por parte de los dirigentes de la URNG, del candidato presidencial causó el descontento y desvinculación de una de las organizaciones sociales que apoyaba una candidatura diferente. Aunque el FDNG logró un desempeño nada despreciable (7 % de los votos para presidente) para una organización aún anclada a la lucha subversiva, no pudo mantener su frágil cohesión para las siguientes elecciones (^{Martí y Figueroa, 2008}, p. 12). Para 1999, la URNG ya había firmado los acuerdos de paz y se había constituido en partido político, lo que contribuyó a que se auto concibiera como la nueva vanguardia de la izquierda en Guatemala, prescindiera de la coalición con el FDNG y afrontara las elecciones de ese año con una alianza de menor alcance denominada Alianza Nueva Nación (ANN), que tampoco tendría una proyección muy sólida (^{Allison, 2016}, p. 1050).

En lo que tiene que ver con el FMLN, las organizaciones que lo componían promulgaron en los años 70 una postura intransigente en favor de la vía violenta para la toma del poder, y esta fue reproducida desde la comandancia del Frente a partir de su nacimiento en 1980. Sin embargo, el progresivo robustecimiento de las Fuerzas Militares salvadoreñas, sustentado económicamente por el Gobierno norteamericano desde mediados de la década de los 80, y las represalias cada vez más fuertes contra la guerrilla y sus bases sociales, convencieron al Frente de explorar otras posibilidades para persistir en su lucha revolucionaria (^{Álvarez, 2011}, p. 221).

Dadas las condiciones de empate en las que terminó la ofensiva final lanzada por el FMLN en noviembre de 1989 y la necesidad de buscar visibilidad y apoyo entre los países promotores de las negociaciones de paz en la región, el Frente se convenció de la necesidad de una proyecto democrático para el país y asimiló la solución negociada del conflicto como una propuesta seria de prolongación de su lucha, "de forma que a la altura de 1990 el tipo de revolución que proponía era cualitativamente diferente a la que defendía originalmente y su estrategia combinaba la lucha armada y la negociación como forma de poner fin al conflicto" (^{Álvarez, 2011}, p. 209).

Este cambio de perspectiva por parte del FMLN no solo permitió el avance de las negociaciones de paz hasta su culminación en febrero de 1992, sino que también se vio expresado en un lento pero exitoso proceso de asociación del partido político FMLN con sectores sociales populares clave en la coyuntura salvadoreña de finales de los 90. Durante los gobiernos de derecha alineados con los principios de privatización y libre mercado que estuvieron en el poder en los años inmediatamente posteriores a la firma de los acuerdos, el FMLN mantuvo una postura de oposición vehemente pero ceñida a las vías democráticas en favor de los trabajadores urbanos y campesinos desde la Asamblea Legislativa. El Frente incrementó paulatinamente su poder en el legislativo y en las alcaldías de varios municipios hasta casi igualar la influencia del partido de coalición de gobierno en 1997 (^{Almeida, 2012}, p. 206). Esa representación creciente y la presión que ejercía el Gobierno sobre los trabajadores y sindicatos de empresas públicas estrecharon los lazos existentes de tiempo atrás con el FMLN.

La coyuntura incentivó el proceso de asociación y movilización de múltiples organizaciones sociales centralizadas en la denominada Concertación Social y Laboral (CSL), conformada en 1999. Allí convergieron estudiantes, organizaciones campesinas, profesores y trabajadores de la salud, quienes protagonizaron una nutrida huelga que fue apoyada por el partido FMLN. Esa reivindicación de las demandas del fortalecido movimiento social salvadoreño le significó al partido un mayor apoyo en las elecciones del año 2000, en las que superó al partido gobernante en la Asamblea y ganó cargos de representación en ciudades grandes, incluyendo San Salvador. A partir de ahí sería oficial la alianza del FMLN con el movimiento social y popular del país, al punto que el partido presentaría un líder de las huelgas populares como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2004 (^{Almeida, 2012}, p. 208). Esta asociación representaría un empoderamiento creciente del FMLN que lo llevaría a ganar la presidencia de El Salvador en 2009.

Finalmente, en el caso del MLN-T es posible sugerir que no era una guerrilla radicalizada, debido a que entre sus miembros siempre comulgaron distintas fuentes doctrinarias, como el marxismo, leninismo, anarquismo, liberalismo y nacionalismo, y esa heterogeneidad ideológica abrió espacio a una postura relativamente moderada para dirimir sus tensiones internas y concebir la transformación de la sociedad uruguaya de forma más comprensiva (^{Garcé, 2010}, p. 1602). Una muestra de ello es que en su intención de anteponer la práctica a la teoría revolucionaria, los Tupamaros se enfocaron en las acciones de impacto mediático y en manejar un lenguaje comprensible para el uruguayo del común, lo que significó una especie de blindaje contra las posiciones intransigentes típicas de otras organizaciones de izquierda revolucionaria (^{Garcé, 2010}, p. 160). Como consecuencia de lo anterior, el MLN-T mantuvo, en sus primeros años de accionar, una férrea distancia con los sectores tradicionales de la izquierda uruguaya. Para el grupo guerrillero, los sectores de izquierda del país privilegiaban la ideología y olvidaban la importancia de las acciones (^{Gatto, 2004}, p.132).

Sin embargo, tras la finalización de la dictadura en 1985, el MLN-T se debate entre conformar un nuevo foco guerrillero o reestructurar su organización en el marco de la democracia. En ese arduo proceso de decisión que no tomó poco tiempo ni estuvo exento de tensiones, el MLN-T abre la posibilidad de aliarse con el Frente Amplio (existente desde 1971), del que hacían parte el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, Democracia Avanzada y otras organizaciones de izquierda (^{Garcé, 2011}, p.118). Para 1989, haciendo formalmente parte del FA a través de la colectividad Movimiento de Participación Popular (MPP), los Tupamaros lograron llegar a puestos de representación en la Cámara de Diputados (1994), el Senado (1999) y finalmente la presidencia de la República (2009) (^{Garcé, 2011}, p.118).

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar una relación positiva entre la disposición a despojarse de las posturas radicales y el éxito a la hora de afrontar un proceso de transición hacia la actividad política legal. Con las particularidades de cada caso, se observa que las organizaciones que lograron superar los planteamientos intransigentes con los cuales interpretaron la etapa temprana de su lucha armada, tuvieron un proceso más efectivo de adaptación a la vida electoral. Adicionalmente, la capacidad para construir alianzas y coaliciones parece un indicador efectivo del proceso de moderación ideológica, en la medida en que una organización política tiene mejores posibilidades de establecer vínculos con otras si cuenta con mecanismos para lidiar con el radicalismo y adaptarse al dinamismo de la acción política electoral.

En ese sentido, los grupos como el FSLN, FMLN y M-19, que pasaron por un proceso efectivo de moderación ideológica y lograron establecer alianzas con otras colectividades para enfrentar la coyuntura de cambio de cara a las urnas, lograron un mejor desempeño electoral, mientras que la URNG demostró dificultades para superar el radicalismo, y eso se ha visto reflejado en la constante marginalidad electoral de esa colectividad política.

En el caso del MLN-T, se encuentra que su estructura ideológica contaba desde el principio de su lucha revolucionaria con mecanismos para tramitar el radicalismo, lo que le permitió reestructurar su colectividad después de su desarticulación orientándola hacia la actividad política con una visión de alianzas altamente exitosa hace el presente.

Así, bien para entrar en un proceso de negociación (URNG, FMLN, M-19) o para reestructurar su colectividad dentro del ordenamiento institucional (MLN-T y FSLN), la construcción de una postura temperada basada en la moderación ideológica parece constituir un factor de éxito para las organizaciones guerrilleras que buscan entrar en la política legal.

5. CONCLUSIONES

En este artículo se discutieron características clave de los grupos guerrilleros, los conflictos armados y las condiciones en que ocurre el fin del conflicto. Elementos que aportan a la comprensión del proceso de adaptación partidista de la URNG en Guatemala, el FMLN en El Salvador, el FSLN en Nicaragua, el M-19 en Colombia y el MLN-T en Uruguay. Específicamente, se analizaron las variables incidencia territorial, estructura organizativa y alianzas e ideología, con el fin de establecer en qué medida existe una relación positiva entre estos elementos y el desempeño electoral de los grupos guerrilleros mencionados. A respecto es posible concluir lo siguiente:

Primero: Se observa una relación positiva entre la incidencia territorial de las guerrillas y los resultados obtenidos por éstas en elecciones regionales. En el caso de la URNG y el M-19 se presenta una mínima correlación entre las zonas donde tradicionalmente ejercieron una presencia territorial y los distritos en los que ganaron cargos de elección popular. En los casos del FMLN y el MLN-T se evidencia una fuerte concordancia entre sus bastiones históricos y la injerencia política actual.

Segundo: En lo que se refiere a la cohesión y a la estructura organizativa de una organización guerrillera que se convierte en partido político, lo esencial no parece ser la unidad o la división que caracterizó al grupo cuando se encontraba en armas, sino la forma como este afronta la transición. En otras palabras, la cohesión en el momento exacto de incursionar en la vida política legal parece ser un factor de éxito determinante en los comicios.

Tercero: En lo relativo a las alianzas y las ideologías es posible identificar una relación positiva entre el éxito electoral y la disposición del grupo a despojarse de las posiciones intransigentes. En otras palabras, aquellos que lograron superar los planteamientos intransigentes que los caracterizaron durante la lucha armada, tuvieron un proceso más efectivo de adaptación a la vida electoral. Adicionalmente, la capacidad para construir alianzas también parece ser un indicador de moderación ideológica, pues son las organizaciones políticas menos radicales las que tienen mejores posibilidades de establecer vínculos con otros sectores, lo que a su vez facilita su proceso de adaptación a la vida política legal.