1.1 Contenido y alcance del derecho al mínimo vital: Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

En el anterior apartado se puede advertir algunas consideraciones de la CCcol como del CEcol sobre el salario mínimo y el mínimo vital; sin embargo, la construcción de la línea jurisprudencial de la CCcol no ha transitado por un sendero pacífico, sino por un camino accidentado y divergente; quizá en razón de la encomiable tarea que le fue asignada como guardiana de la integridad constitucional en el ESDD.

Ha de reiterarse que Colombia, al ser un ESDD, erige su legitimidad en la eficacia, protección y otorgamiento efectivo de derechos (Sentencia C-158 de 1998), consignados en el ordenamiento jurídico y fundamentados en la CPN. En consecuencia, es un Estado Constitucional de Derecho¹⁵, donde toda la actividad jurídica del Estado se debe ceñir al marco constitucional (Sentencia SU- 747 de 1998), desarrollando el cumplimiento de los principios y derechos allí consagrados.

De este modo, la CPN es lo que Saffon y García denominan aspiracional¹⁶, persigue un cambio radical al presente y la promoción del cambio social por medio de la aplicabilidad y protección de los derechos constitucionales en general y los prestacionales en particular; por consiguiente, la CPN no es solamente el sustento de la vigencia formal del Derecho estatal (^{Pérez, 2014}, pp. 34-75)¹⁷, es una norma jurídica obligatoria de aplicación inmediata (^{Alexy, 1993}, p.159), cuya parte orgánica adquiere sentido y razón de ser a través de la aplicación formal y material de los principios, derechos y valores inscritos en la parte dogmática (Sentencia T- 406 de 1992).

Desde 1991, la salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución se confirió a la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 241 constitucional; en virtud de ello, es el órgano de cierre, convirtiéndose en el último eslabón del poder público en Colombia (^{López, 2011}, pp. 169-193); por lo tanto, sus pronunciamientos constituyen precedente judicial vinculante. En razón de ello, la construcción del contenido de cualquier derecho con la categoría de derecho fundamental innominado, como el derecho al mínimo vital, debe hacerse forzosamente por medio de un análisis de la jurisprudencia del juez constitucional, priorizando el de la alta Corporación; claro está, acompasándolo con la doctrina y la dogmática jurídica general.

En este sentido, uno de los estudios pormenorizados y más completos sobre la línea jurisprudencial del mínimo vital en Colombia lo realizaron Arango y Lemaitre, revisando la jurisprudencia de la CCcol desde 1991 hasta el 2002. El estudio demuestra, por un lado, que la Corporación en sus pronunciamientos no estableció un criterio fijo sobre el contenido del mínimo vital; por otro, en todos los casos el desarrollo del concepto se relacionó con una persona o grupo de personas en situación de indefensión ante el incumplimiento de obligaciones por un particular o por el Estado, situación que amenazaba su subsistencia (^{Arango, Lemaitre, Burbano, Lamprea y Rueda, 2002}, pp.7-22).

En el análisis Arango y Lemaitre evidencian lo que hasta hoy es contundente: la magna dimensión del derecho al mínimo vital en la jurisprudencia nacional, exteriorizada en la adopción de diversas funciones, entre ellas, como i) derecho fundamental, ii) criterio fundante de otros derechos prestacionales, iii) condicional empírico para establecer conexidad entre derechos fundamentales y de prestación, iv) núcleo sustancial del derecho al trabajo, y v) condición de procedibilidad de la acción de tutela (^{Arango et al., 2002}, pp.7-22).

Esta multiplicidad de funciones del derecho al mínimo vital obedece principalmente a: i) la tipología de Estado, ya que el ESDD exige el respeto y cumplimiento de una serie de principios, derechos y valores, vinculados y complementarios, pero interdependientes, que forman una amalgama jurídica compleja; ii) ser un derecho abstracto, por tanto multifacético, pluriconceptual y multifuncional; hasta tanto no se logre un consenso de criterios que lo doten de contenido determinado y determinante; ii) la ausencia de método, técnica y conceptualización de la CCcol (Arango et al., pp. 7-21), que en los primeros años de funcionamiento de la jurisdicción constitucional fue más acentuada, pero que hoy aún está presente.

En esta investigación se revisaron 21 sentencias de unificación jurisprudencial sobre el tema, analizando el nicho citacional, para realizar de manera más precisa un acercamiento a la línea jurisprudencial de la CCcol. El estudio se hizo desde 2002 a 2017; el examen confirmó la continuidad de la problemática referida a la concreción del derecho al mínimo vital con un criterio fijo en la jurisprudencia. La tendencia sigue siendo la misma: en las sentencias de unificación, el 62 % de los casos resuelven problemas relacionados con el reconocimiento de la pensión, su actualización y pago; el 38 % restante tiene como núcleo el derecho al trabajo y el pago de los salarios, las prestaciones sociales, entre otros; en tanto que en el análisis del nicho citacional, entre ellas sentencias de constitucionalidad y de tutela, si se encontraron temas relacionados con la distribución de la carga tributaria y el límite de la potestad impositiva del Estado referido al mínimo vital.

Dentro de los casos evaluados, en 2017 la CCcol, en la revisión de un caso de indexación de la primera mesada pensional, citando las sentencias SU- 1073 de 2012, SU- 131 de 2013, SU- 415 de 2015, T- 906 de 2005, C- 862 de 2006, vincula el mínimo vital con el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, en la medida que este se ve amenazado por la pérdida del poder adquisitivo vía inflación para aquellas personas que dependen de una prestación periódica para el mantenimiento de una vida digna y congrua (Sentencia SU- 168 de 2017). Este mismo año, al analizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corporación le da sentido así: "... el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud (CPN arts. 1, 53, 93 y 94) (Sentencia SU- 049 de 2017)", fijándolo como una de las disposiciones articuladas sistemáticamente en la Constitución y otras normas que fundan la estabilidad laboral reforzada.

Posteriormente, al revisar la orden de clausura de las actividades que se llevaban a cabo en la mina de Villonza, para diferenciar la minería de hecho y la minería ilícita relaciona la obtención de recursos económicos con el derecho al mínimo vital, afirmando:

La primera abarca la minería a pequeña escala, generalmente tradicional, artesanal o de subsistencia que se desarrolla "en las zonas rurales del país, como una alternativa económica frente a la pobreza y como una forma de obtención de recursos económicos que permite asegurar el mínimo vital de las familias que por tradición se han ocupado del oficio minero como herramienta de trabajo (minería de hecho)¹⁸" (Sentencia SU- 133 de 2017).

En ese mismo sentido la Sentencia SU- 336 de 2017, en la que la Corporación, al analizar una tutela para amparar el pago de sanción moratoria de docentes oficiales del Estado y la definición del proceso judicial, acude a la conexión del mínimo vital con el pago oportuno de las cesantías, así:

La razón por la cual en algunas normas sustantivas el legislador ha incorporado la sanción de un día de salario por cada día de mora es, precisamente, porque una persona sin trabajo sufre cada día una lesión intensa a su mínimo vital¹⁹. (Sentencia SU- 336 de 2017)

Aquí, el derecho al mínimo vital se liga primariamente con la obtención de ingresos a tiempo; a la vez que parece comportarse como un condicionante, un límite que demarca conductas permitidas y las no permitidas cuando se presenta un cese de labores por parte de un docente oficial.

En 2016, citando la Sentencia SU- 415 de 2015, la Corporación mantiene la línea jurisprudencial al sostener que la actualización de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital que presupone el principio de inmediatez, operando como una garantía de conservación del poder adquisitivo, hecho que posibilita la satisfacción de las necesidades, más aún para las personas de la tercera edad²⁰.

Este mismo año la Sentencia de Constitucionalidad C- 388 de 2016, que sometió a examen la Ley 1184 de 2008 con referencia a la fórmula establecida para liquidar la cuota de compensación militar a cargo del enlistado que no ingrese a prestar el servicio militar, por presunta vulneración al principio de equidad tributaria comprometiéndose el mínimo vital de la persona que debía asumir dicho gravamen. La CCcol parte del alcance de la competencia del legislador en materia tributaria enmarcada en la relación entre el principio de ESDD y el deber de contribuir desde dos perspectivas: i) con fundamento en el principio de solidaridad y ii) la protección del mínimo vital. La providencia en cuestión llama jurisprudencia anterior, entre ellas las sentencias C- 251 de 1997, T- 426 de 1992, C- 1064 de 2001, C- 776 de 2003, C- 426 de 2005, C- 876 de 2002, C- 492 de 2015, C- 393 de 2016, para con base en ella fijar la cláusula del ESDD como variable dependiente del deber solidario de contribuir con los gastos e inversión del Estado por parte de los particulares; pero al amparo de la garantía del respeto de unas condiciones materiales mínimas de existencia; hecho que presupone (reitera la Corporación) asegurar a los habitantes una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance, lo cual demanda mantener o mejorar el nivel de vida. Dicho de otro modo, la realización de los DESC cumpliendo con el mandato de igualdad formal y real; por lo tanto, el tributo se constituye por su naturaleza en un mecanismo esencial de financiación del Estado tendiente a la garantía de lo que la Corporación llama el principio del derecho fundamental al mínimo vital.

En la providencia resulta interesante el recorrido de la jurisprudencia y doctrina española, al igual que fallos del tribunal de Argentina y Perú²¹ en los salvamentos de voto, para precisar la línea de interpretación del principio tributario rector e implícito de no confiscatoriedad del ST en Colombia; pero es menos que desafortunada la conclusión a la que llega la alta Corporación, pues si bien ofrece argumentos razonados sobre la dificultad de definir un límite cuantitativo de la tasa impositiva y delinea de manera correcta los efectos de la confiscatoriedad sobre la propiedad, la libertad de empresa y el derecho al mínimo vital, es estéril su pronunciamiento sobre el alcance y límites de que tal principio impone:

... el impuesto adquiere connotaciones confiscatorias en todos aquellos casos en que absorbe la totalidad del objeto gravado y, por lo tanto, erosiona completamente la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya sea porque la tarifa alcanza esa proporción o porque, debido a la composición de la base gravable del tributo, se arriba al mismo resultado. (Sentencia C- 388 de 2016)

Tal posición jurisprudencial anuncia lo evidente: cualquier tributo, ya sea tasa, contribución o impuesto, que prive de la propiedad, detraiga toda la renta o deteriore las condiciones de vida digna, libertad, igualdad y, por tanto, invada las condiciones mínimas materiales de una persona, su «mínimo vital», es manifiestamente confiscatorio y, por tanto, inconstitucional; las inconsistencias tanto como la insuficiencia argumentativa se analizarán más adelante.

En la línea de tiempo, en 2013 es de especial importancia la Sentencia SU- 856, en la cual la CCcol reafirma la línea jurisprudencial hasta hoy sostenida, acudiendo a jurisprudencia anterior, entre ellas las sentencias T- 055 de 2006 y T- 634 de 2002, recuerda que el derecho al mínimo vital es una condición de procedibilidad de la acción de tutela, convocando la observación cuantitativa y cualitativa para cada caso en concreto²². Igualmente, cita la Sentencia T- 603 de 2008 para dar alcance al concepto de mínimo vital y subsistencia afirmando que su naturaleza cualitativa debe "... permitir llevar una vida acorde con el nivel de vida alcanzado por el trabajador durante su vida activa laboral", reforzando su tesis con la Sentencia T- 1207 de 2005 para complementar el concepto:

... Corresponde a aquellos requerimientos básicos de toda persona para asegurar la digna subsistencia, el cual depende en forma directa de la retribución salarial, pues de esta manera también se estará garantizando la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social. Así entendido el derecho al mínimo vital, no puede ser restringido a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar.

... el mínimo vital no equivale al salario mínimo, sino que depende de una valoración cualitativa que permita la satisfacción congrua de las necesidades, atendiendo las condiciones especiales en cada caso concreto²³. (Sentencia T- 1207 de 2005)

La Corporación demarca la línea sobre la cual debe interpretarse, vincularse y dar alcance al mínimo vital y el salario mínimo; sin embargo, no se detalla qué permite la «satisfacción congrua de necesidades», dejando el tema a discrecionalidad del juez en la resolución de cada caso en concreto.

De lo expuesto se puede llegar a varias conclusiones: i) el mínimo vital como derecho, es reconocido por la jurisdicción constitucional como tal, por conexidad o derivación con otros derechos de categoría constitucional, en consecuencia, es y sigue siendo un derecho innominado, pero que a través del tiempo se le ha otorgado el estatus de derecho fundamental; ii) la línea jurisprudencial de la CCcol no ha sido uniforme; sin embargo, se han ido reconciliando una serie de criterios sobre los cuales se puede cimentar con más certeza el contenido del mínimo vital como derecho fundamental; iii) en sentido extenso y comprensivo, el derecho al mínimo vital llena su contenido desde los requerimientos básicos e indispensables garantes de la subsistencia humana en condiciones de dignidad para la persona, como individuo, como parte de una familia y de una sociedad, lo que, consecuentemente, debe reflejarse en calidad de vida; iv) el derecho al mínimo vital ligado a la congrua satisfacción de las necesidades materiales de la persona tiene un amplio alcance: alimento, vestido, movilidad, salud, vivienda, educación, medio ambiente, ingresos, entre otros; por tanto, la observancia de tal derecho deberá, sin duda, ajustarse a cada caso en concreto en consideración de las condiciones fácticas y formales; v) sin duda, los ingresos dinerarios que una persona perciba son innegablemente necesarios para el disfrute de esas condiciones mínimas que demanda la dignidad humana y, por ende, la calidad de vida; vi) desde una perspectiva procedimental, el derecho al mínimo vital se convirtió y sigue siendo un requisito de procedibilidad para la interposición de la acción de tutela.

1.2 El deber de contribuir en el Estado Social de Derecho y el mínimo vital

Realizado el acercamiento a un posible contenido del derecho fundamental del mínimo vital en perspectiva de la jurisprudencia constitucional, se da paso a la naturaleza del deber de contribuir y su linde jurídico en términos de tal derecho.

En perspectiva del Derecho Comparado de España y Colombia, es preciso recordar que la doctrina más respetada y avalada por el mundo de la ciencia del Derecho Tributario²⁴ converge en el reconocimiento de un principio medieval: Nullum tributum sine lege; no taxation without representaron, como cortapisa idóneo de las acciones arbitrarias del legislador y el operador jurídico frente al ejercicio de los derechos y garantías individuales de las personas, como contribuyentes y miembros de un sistema democrático, que propende por la construcción participativa y solidaria de un ST con el mayor grado de justicia deseable y posible, al exigir que todo tributo tenga origen en una ley (^{Rodríguez, 1998}, pp. 593-626)²⁵.

De este modo, es considerado como uno de los principios raizales que fundamentan el cumplimiento del deber solidario de los miembros de un Estado el de contribuir con sus gastos e inversión, como miembros de una comunidad política en su calidad de ciudadanos²⁶. Es así que Bereijo, en un análisis del principio del deber de contribuir como un deber político y solidario fundamental, ve en la «capacidad económica» una suerte de derecho de los ciudadanos españoles, vinculado estrechamente con los criterios de equidad, eficiencia y economía del gasto público; en tanto es un límite real a la exigencia de la contraprestación patrimonial del ciudadano con el Estado, sobre el que recae la obligación de contar con una política presupuestaria idónea que dé cuenta de la pretensión de corrección de las desigualdades sociales; sin embargo, ello no legitima lo que el autor llama la «objeción fiscal», es decir, una resistencia fiscal ante el Estado, en la medida que existen instancias «Parlamento»²⁷ y procesos «Examen, enmienda, aprobación» del presupuesto del Estado, propio de la democracia representativa y el ESDD (^{Rodríguez, 2015}, pp. 120-123).

El planteamiento de Bereijo suscita una cuestión básica a efectos de esta investigación y sobre la cual ha de repararse. Si bien es cierto e indiscutible que basta la existencia previa de una ley para que nazca un impuesto, ello no es sinónimo de suficiencia al rasero de la justicia; en tanto y en cuanto son constantes los cuestionamientos sobre aquello que es objeto del impuesto, «hecho imponible», sobre quién recae la obligación, «sujeto pasivo», sobre aquellas rentas, costos, deducciones y descuentos que se deben sumar o detraer, «base imponible», o por qué se debe en razón de una u otra tasa, «tarifa»; pues el principio de justicia tributaria, como una síntesis de todas las exigencias constitucionales que encuadran la actuación del poder impositivo del Estado (Sentencia C- 052 de 2016), debe dar cuenta de la adecuación de la carga tributaria a la persona como individuo, como miembro de una familia y de una sociedad; en razón de la capacidad económica, la capacidad contributiva y la capacidad disponible.

Razones, entre otras, por las cuales el imperioso deber de contribuir no es una sujeción pasiva del «sujeto» como miembro de una comunidad política ante el poder del Estado como ordenador de la misma, sino que se cimienta en una verdadera relación de reciprocidad. Así, el sujeto como «ciudadano» y el Estado como «organización política» adquieren deberes, obligaciones y derechos que deben armonizarse en pro de los principios propios preconizados en el Estado constitucional²⁸. De este modo, es el ordenamiento jurídico el que debe describir de manera taxativa deberes, obligaciones y derechos que subyacen de la imposición. Por tanto, al Estado solo le compete exigir aquello consignado en el ordenamiento jurídico; y ello no es una negación del poder del Estado, es el reconocimiento de que su poder estará mediado por la función legislativa y su capacidad de crear normas que ordenen un ST justo, en las que se definan claramente los elementos que darán origen a la carga tributaria a la cual estará sujeta la persona en el desempeño de sus roles, entre ellos aquel dimanado de su calidad de ciudadano contribuyente, dentro los estrictos y precisos límites ahí definidos; esta es la verdadera soberanía tributaria, aquella que se fundamenta en la ley y se legitima en justicia.

En Colombia, el deber de contribuir, proclamado en el artículo 95.9 CPN, es, sin duda un mandato con verdaderos efectos jurídicos para el poder público y los ciudadanos, en razón de la solidaridad, económica y social, propia del ESDD. Así, el Estado exterioriza el mandato en la potestad de exigir a través de la ley, y el ciudadano pone de manifiesto tal mandato en el cumplimiento de la obligación de «dar». Pero solo será exigible lo que es dable y se dará aquello que es exigible. Dicho de otro modo, la exigibilidad de una imposición, pese a tener origen constitucional, «es» en virtud de una ley que la define dentro las fronteras de los principios inspiradores del ST: equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad, enunciados en el artículo 363 CPN, aunados a los principios propios del ESDD, siendo este el contexto sobre el cual ha de fundamentarse un ST legal, legítimo y justo.

Al respecto Bereijo señala que la formulación constitucional del deber de contribuir cumple una triple función: i) legitimar el tributo, en razón del deber solidario del sujeto como parte de una organización política al que le interesa contribuir y mantener (^{Rodríguez, 2015}, pp. 138-139)²⁹; ii) limitar y ser garantía jurídica; ello en la medida que como norma constitucional impone las fronteras al deber de contribuir a las cuales sujetarán las exigencias del Estado; por tanto, no podrá en ningún caso ir más allá de los criterios cuantitativos, proporcionales y razonados consagrados en el mismo texto constitucional «capacidad económica», «capacidad contributiva» y «capacidad disponible»; en este contexto obra igualmente como una garantía en la configuración jurídica; en tanto esta hará observancia de la capacidad económica real, y en razón de ella se tipificarán los presupuestos de hecho, sujetos a la imposición; y iii) orientación programática, para el poder público, en esencia el poder legislativo, al que compete la configuración jurídico-tributaria para la construcción de un ST justo, en cumplimiento del deber de contribuir (^{Rodríguez, 2015}, pp. 139).

De otra parte, como lo plantea Pauner Chulvi, el deber de contribuir tiene una dimensión objetiva, al estar enmarcado dentro de una gama de normas jurídicas de orden nacional y de índole internacional, entre ellos la CPN, las leyes y los tratados, pactos y convenios internacionales, que presuponen la aceptación tácita de los deberes impuestos por ser parte de esa comunidad política; es decir, una obligación objetivada en la posibilidad misma de la exigencia de un derecho; y subjetiva, en tanto ese mismo marco se dirige a otorgar un status de la persona dentro de la sociedad (^{Pauner, 2008}, pp. 22-71); por lo tanto, derechos y deberes son categorías jurídicas inherentes, y es indeseable un catálogo de derechos sin el cumplimiento mínimo de deberes; pero tampoco al Estado le es dable un régimen unilateral de deberes.

Ahora bien, se debe añadir a este contexto que el Estado liberal redireccionó su actividad productiva, dando marcha a la apertura comercial y la promoción del ajuste fiscal (^{Bresser y Cunill, 1998}), este modelo en crisis, como un Estado mínimo, dio paso del ESDD al Estado social contributivo, de deberes (^{Latorre, 2015}, p 15-39); coyuntura que encuentra amparo en el Estado constitucional, constitucionalizando el ESDD imponiendo un mayor control al legislativo como desarrollador del texto constitucional, en el que la eficacia de los fines y valores pende del diseño institucional, y el juez está llamado a la ponderación de valores y principios jurídicos que posibiliten la efectivización de los derechos y deberes que dimanan de la forma de Estado.

Este es el modelo colombiano, en el que el juez, para efectos de un Derecho tributario justo que contribuya directamente a la concreción de esos fines estatales constitucionalizados, deberá ponderar los principios constitucionales que inspiran la tributación en cumplimiento de los objetivos financieros y redistributivos que el sistema impone, y el desarrollo real de las condiciones materiales mínimas de la persona que le permitan concretar su proyecto de vida, en igualdad, dignidad y libertad, entiéndase derecho fundamental al mínimo vital.

La ponderación teleológica a la que está llamado el juez no es sencilla, pero tampoco imposible. La aplicación del principio de ponderación es en esencia el reconocimiento de la función correctora del derecho de distribuciones y compensaciones, que desde la teoría de Robert Alexy es entender, aplicar y conseguir el mayor grado de justicia deseable y posible para cada caso en concreto, definiendo una relación medio a fin (^{Alexy, 2005}, pp. 161-173). Así, los fines del Derecho serán: la certeza jurídica y la protección de los derechos fundamentales; por lo tanto, en un conflicto de principios, el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios del ESDD, en colisión, demandará un mayor grado de importancia y satisfacción del principio favorecido.

La teoría de Robert Alexy ya ha sido acogida parcialmente por los altos tribunales en Colombia; bajo esta teoría, las decisiones correctas obedecerán a juicios fundamentados racionalmente desde elecciones preferentes que cumplan ciertas condiciones stricto sensu: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con rigurosa observancia de un orden jurídico preestablecido con centro en la CPN, la voluntad del constituyente y el precedente judicial vinculante, que se reconstruirá paulatinamente en ocasión a los principio de igualdad (^{Alexy, 1993}, p. 49), en la medida que de la aplicación de la ponderación resultan reglas aplicables a todos aquellos casos semejantes; reglas y subreglas de derecho.

En este sentido, se cree, al igual que el profesor Pedro Herrera Molina³⁰, que con la aplicación del principio de ponderación al Derecho Tributario, en la solución de casos complejos en los cuales este se vea amenazado o vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital, se puede dar un alcance interpretativo más preciso del cual se derive el contenido de este derecho, fijando linderos infranqueables ante la potestad impositiva del Estado.

Por ahora, en la primera parte de esta investigación se dará el alcance conceptual desde la doctrina y la jurisprudencia sobre los límites visibles impuestos por el mínimo vital y el cumplimiento del deber de contribuir un ESDD como el colombiano.

1.3 Criterios para la definición de los límites que impone el derecho fundamental al mínimo vital

Se asume la posición jurisprudencial de la CCcol en términos de la denominación de «derecho fundamental del mínimo vital». Sin embargo, se cree que, como lo afirmó R. Alexy en 1986, sobre la estructura de los derechos fundamentales y la iusfundamentación de las normas de derechos fundamentales, no hay un consenso, ni unánime ni claro, hasta hoy. Una de las razones del disenso y ausencia de claridad estructural radica en su connotación axiológica, dependiente de la noción de «valor» (^{Mazzarese, 2003}, pp. 687-716), dada la diversidad de valores acuñados en las concepciones socialmente aceptadas por cada comunidad política; sin embargo, pese a la disparidad conceptual sobre este tipo de derechos, como lo expone Díez Picazo, sí se ha llegado a mayor consenso desde un aspecto formal sobre la mayor fortaleza jurídica derivada de su inclusión en la Constitución, y desde el aspecto material sobre la incidencia de factores políticos, culturales, económicos, ambientales, entre otros, para su protección (^{Díez, 2005}, pp. 32-43).

La diversidad conceptual sobre estructura y la iusfundamentación se extiende tanto en la identificación del catálogo de derechos fundamentales y su constitucionalización como su protección. En consecuencia, pese a que la CCcol a través de su jurisprudencia proclama el mínimo vital como un derecho fundamental, salvando el primer obstáculo, deja abierta la problemática de su protección y, por tanto, efectiva realización. Este es el caso del Derecho Tributario referido al ejercicio de la potestad impositiva del Estado, que en aras de lograr la financiación de sus gastos e inversión y redistribuir la riqueza, reclame el cumplimiento del deber solidario de contribuir y de alguna forma ponga en riesgo esos mínimos materiales garantizados por el derecho fundamental del mínimo vital, que el mismo está llamado a garantizar.

Como se afirmó en líneas anteriores, el poder impositivo estatal existe en razón de la esencialidad del impuesto como instrumento para logro de los objetivos y fines estatales, pero dicho poder no está revestido de una facultad ilimitada y unilateral; este, justamente al ser un mandato y una facultad constitucional, debe ejercerse en respeto de la cláusula de ESDD anclado en la justicia, la equidad y el rechazo total de todo tipo de arbitrariedad.

Si bien los derechos fundamentales pueden ser restringidos, como lo expone Robert Alexy³¹, este no es el caso del mínimo vital, en tanto, al ser un mínimo, se comporta como un principio constituyente por derivación de reglas o subreglas delineantes del lindero infranqueable para el Ejecutivo en la presentación de proyectos de índole tributario, el legislador en la configuración de la ley tributaria y el administrador de justicia en la interpretación y aplicación del Derecho Tributario.

En este sentido, del recorrido jurisprudencial de la CCcol, como se ha expuesto hasta el momento, la Corporación ha cimentado algunos criterios delimitantes. Sin embargo, como se afirmó al comienzo, se observa una insuficiencia de técnica, una disparidad conceptual, dada su permeabilidad por factores, financieros, políticos y económicos, lo que ha llevado a conceptualizaciones vacías y yerros interpretativos, por citar algunos casos:

• Sentencia C- 264/2013, que resolvió la posible inconstitucionalidad del artículo 771-5 del E.T, al limitar los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos a depósitos, giros, transferencias, cheques, tarjetas por medio del sistema financiero y bonos regulados por el Gobierno nacional, rechazando un porcentaje progresivo de los pagos en efectivo. La Corporación declaró la exequibilidad de la norma desconociendo la realidad socio empresarial de las MiPyMes, colombianas que no cuentan con grandes capitales, no cotizan en bolsa y son objeto de tratamiento diferenciado por el sistema financiero con altas tasas de interés y gastos bancarios, en razón de la carta de riesgos con la cual las califican las instituciones financieras.

• Sentencia C 291/2015, que analizó los cargos por violación al principio de equidad tributaria presentes en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. Presupuesto normativo que, contrario al impuesto sobre la renta, no permitía la compensación de pérdidas en la depuración de la base gravable del CREE. La Corporación en su examen extendió las categorías conceptuales de una contribución a un impuesto, para justificar la destinación específica del recaudo generado por este nuevo impuesto, situación taxativamente prohibida por el artículo 359 CPN, que establece que no habrá rentas nacionales con destinación específica, y el CREE se catalogó como el Impuesto de la Renta para la Equidad, desde su motivación hasta su sanción.

• Sentencia C 388/2016, en esta ocasión el cargo en análisis fue presunta vulneración al principio de equidad tributaria y compromiso del mínimo vital de las personas llamadas a soportar la cuota por compensación militar, liquidada según la fórmula establecida en la Ley 1184 de 2008.

La CCcol aclara que dicha cuota es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que se estableció con fundamento en el patrimonio y los ingresos, excluyendo de tal gravamen las poblaciones más vulnerables, grupos especiales como los indígenas o quienes estén en condición de discapacidad; en consecuencia, al ser una compensación, al realizar consideraciones objetivas y subjetivas, la Corporación declara la exequibilidad de los preceptos demandados.

Los cuestionamientos a esta providencia se derivan de los argumentos en contra del fallo extractados de los cuatro votos salvados³². Tres magistrados solicitan la inexequibilidad diferida por un año, tiempo durante el cual, en su criterio, no se generaría una lesión o un riesgo de vulneración efectivo y grave sobre los derechos fundamentales; la justificación de la petición la encuentran mediante el método analógico desde un conjunto de casos en los que la aplicación de la fórmula revela una cuota excesiva con claras implicaciones confiscatorias. El cuarto voto salvado fue el de la magistrada María V. Calle, quien ofreció juicios racionales jurídicamente relevantes y suficientes para rechazar la decisión tomada por la CCcol en la citada sentencia.

La magistrada Calle expuso acertadamente cómo los argumentos resultaban insuficientes e inconsistentes, por varias razones: i) la norma fue acusada por inconstitucionalidad en la tarifa; sin embargo, la Sala concentró el análisis sobre la base gravable; por lo tanto, no se detuvo en la teleología de una tarifa proporcional y no progresiva para la cuota de compensación familiar y la interferencia objetiva sobre la equidad tributaria, al aplicar el 1 % sobre el patrimonio y el 60 % de los ingresos para todos los llamados a soportar el gravamen, imponiendo, así, un sacrificio desigual, mayor para quienes tienen menos ingresos y menor para quienes tienen más; ii) la CPN proscribió la afectación al mínimo vital tanto transitorias como permanentes; si bien la cuota de compensación se pagaba una sola vez y por 90 días, se obvió el reconocimiento del número de hijos en una familia y la afectación real del mínimo vital para las familias de menores ingresos; iii) la CCcol legitimó la acción de tutela como mecanismo de protección para casos excepcionales en los que circunstancias especiales impiden cumplir el pago de la contribución, dejando en evidencia una clara inconsistencia; iv) la «exigencia legal» de la existencia de evidencia empírica para concluir la violación del derecho al mínimo vital que trató de sostener la CCcol no se soportó en referente normativo alguno y citó erradamente la Sentencia C- 776 de 2003³³, providencia en la que se declaró afectación del mínimo vital por el artículo 34 de la Ley 788 de 2002, y, en efecto, se realizó constatación de indicadores de pobreza, pero igualmente sostuvo que tanto indicadores como evidencia empírica no eran condiciones jurídicas o requisitos para efectos de control abstracto que realiza la Corporación; v) la CCcol rompió la jurisprudencia constitucional al exigir evidencia probatoria para enjuiciar la vulneración al mínimo vital³⁴; sin embargo, no declaró explícitamente el cambio de jurisprudencia, y mucho menos ofreció argumentos poderosos que lo sustentaran.

Por casos como los expuestos, por demás comunes en la jurisprudencia de la CCcol, resulta una tarea compleja la construcción de una línea jurisprudencial concreta sobre los límites que se derivan del mínimo vital como derecho fundamental y, por tanto, como principio constitucional para efectos de la justa distribución de la carga tributaria; pese a ello, de un primer recorrido doctrinal y jurisprudencial se coligen inicialmente algunos criterios que podrían ser considerados dentro de las proximidades de un Derecho Tributario más justo, así: