1. INTRODUCCIÓN

El objetivo que pretendemos con este escrito es doble. De un lado, buscamos exponer, de forma muy general, la expansión del derecho social (tanto de las ideas académicas como de la legislación social) en Occidente, expansión que solo se pudo llevar a cabo gracias a la fuerte comunicación atlántica (no aludimos al mundo pacífico, pues no ha sido nuestro campo de investigación) entre iusfilósofos y escuelas jurídicas en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, comunicación dinámica, a la vez que compleja, que nos permite considerarla como un claro ejemplo de globalización del derecho; además, exponer los tremendos debates nacionales surgidos con ocasión de dicha comunicación en aquellos años, debates que lograron la localización de las ideas globalizadas del derecho social. Dicho con otras palabras, queremos hacer un retrato panorámico de la complejidad de la circulación de dichas ideas y normas, lo que supone ya cierto ejercicio reduccionista (un retrato nunca será lo retratado), pero que, de todas maneras, cumple una labor importante: evita creer que la circulación de ideas y normas puede ser vista como un proceso simple, en una sola vía, con pocos actores en movimiento.

Del otro, buscamos poner en evidencia la necesidad de hacer una historia de la filosofía del derecho que vaya más allá de los estrechos límites de la historiografía institucionalista y nacional, que se ha quedado rezagada al estudiar una escuela o un autor iusfilosófico como si los límites de sus ideas jurídicas fuesen los mismos de su país o, a lo sumo, al exponer los casos de relaciones de esa escuela o autor con movimientos académicos de otros países como una mera anécdota superficial. Sin embargo, tampoco puede llegar a ignorarse la visión nacional o local, pues si bien los conceptos suelen circular más allá de las fronteras, buena parte de los debates que se han dado con esos conceptos transnacionales son locales.

Para lograr este doble propósito expondremos, con algunas generalizaciones por cuestiones de espacio, el caso alemán, francés, italiano, español, estadounidense y latinoamericano, para dejar en claro tanto esa comunicación atlántica de ideas académicas y normas sociales en el derecho como el debate glocal (global y local) entre formalistas y antiformalistas.

Otra aclaración necesaria para el lector, antes de entrar en materia, es recordar que no se puede confundir el derecho social o socialismo jurídico con el derecho ni con la academia jurídica de los países comunistas, en especial con los de la Unión Soviética y los de la extinta Cortina de Hierro, aunque puedan tener algunos nexos por compartir algún punto de partida: la denuncia de los excesos del capitalismo en lo económico y del individualismo en lo político-jurídico (sobre los aspectos en común, ver Crespi, 1974-1975, pp. 845-867). En consecuencia, en este escrito aludiremos a las formas glocales del socialismo jurídico occidental que, si bien fueron muy críticas con el modelo político-económico dominante, no por ello se les puede considerar como comunistas, pues incluso muchos de los autores que mencionaré habrían estado a gusto en un sistema capitalista moderado por las ideas sociales.

2. ALEMANIA

La academia jurídica alemana, en la segunda mitad del siglo XIX, giraba en torno a debates universitarios (fruto del matrimonio entre ciencia del derecho y universidad a partir de Savigny [1779-1861]), destacándose el que se dio entre la Jurisprudencia de conceptos (con Puchta [1798-1846] a la cabeza y ampliamente aferrada a las cátedras universitarias), la Jurisprudencia de intereses (especialmente su ala más social y menos academicista), y, poco tiempo después, la Jurisprudencia del derecho libre (donde militaron Bülow [1837-1907], Ehrlich [1862-1922] y Kantorowicz [1877-1940], entre otros, aunque esta última más inclinada por lo procesal), sobre la función del derecho positivo y la forma que debía asumir la ciencia jurídica. Aquí denominaremos socialismo jurídico en sentido general a esa parte del debate que privilegió la función social del derecho y que defendió una ciencia jurídica activista y socialista.

Como todos saben, la Jurisprudencia de intereses tenía un ala academicista en cuanto sus pretensiones y moderación, liderada por Heck [1858-1943] (García, 2011), Max von Rumelin [1861-1931] y, parcialmente, el segundo Ihering [1818-1892]. A la par de ella, podríamos ubicar, para efectos pedagógicos, un ala o sector más social en cuanto sus temas de investigación, pero además en cuanto su ideario político. Esta ala social consideró que el derecho debía enfocarse no tanto a las elucubraciones teóricas y lógicas de la Jurisprudencia de conceptos, sino a la construcción de instituciones jurídicas que respondiesen a intereses y problemas sociales concretos (y no a intereses abstractos, como estos socialistas veían las ideas de Heck), en especial en el campo de la propiedad, los servicios públicos y el Estado. Muchas de estas ideas socialistas continuaron, con desarrollos propios en la Jurisprudencia del derecho libre y en otros movimientos como el Socialismo jurídico en sentido estricto de Gierke [1841-1921] y Anton Menger [18411906] (Ramm, 1974-1975, pp. 7-23).

En este sentido, tanto la Jurisprudencia de intereses, en especial su ala socialista, como varios miembros de la Jurisprudencia del derecho libre y del Socialismo jurídico se hicieron notar como teorías antiformalistas por su rechazo a una escuela que fue considerada desde muy temprano como formalista, conservadora e individualista, esto es, la Jurisprudencia de conceptos.

Pero dentro de dicho debate contra los formalistas, quienes se llevaron la mayor parte de las miradas fueron el filósofo del derecho culturalista y poeta Josef Kohler [1849-1919] (quien consideró que el derecho es la causa y el efecto de una cultura que, para ser ética, debe estar al servicio de la voz social), el historiador del derecho Otto von Gierke (quien logró un importante reconocimiento por sus críticas, desde el socialismo, a las posturas individualistas presentes en los primeros borradores del Bürgerliches Gesetzbuch o BGB que entró a regir en 1900) y el austriaco Anton Menger (Reich, 1974-1975, pp. 157-182). Este último, procesalista civil, recibió una doble influencia: de un lado, el socialismo teórico y económico (pero uno que va más allá del marxismo, en tanto se enfrentó con los ortodoxos en más de una ocasión (Orrù, 1974-1975, pp. 185-186), llegando a considerar a Marx como un reproductor de ideas previas); y, del otro, de los movimientos jurídico-socialistas concomitantes a sus reflexiones, en especial del Socialismo jurídico en sentido general del que ya hemos hablado. Menger, al igual que Gierke, fue un duro crítico del BGB por considerar que dicho código estaba redactado para la protección de los intereses individuales de los poderosos. Por demás, sus ideas tuvieron un reconocido eco en el jurista socialista suizo Eugen Huber [1849-1923] y en su Schweizerische Zivilgesetzbuch (o ZGB, Código Civil Suizo) de 1907 (Caroni, 1974-1975, pp. 273-318).

Las posturas de estos tres autores, que ayudaron a irradiar buena parte del socialismo jurídico [(Seelmann, 1974-1975, pp. 73-102) y (Dilcher, 1974-1975, pp. 319-365)], las podemos sintetizar de la siguiente manera: un error del marxismo fue creer que desde la economía podía encontrarse respuesta y solución a los problemas sociales, cuando en verdad la mejor herramienta para ello no sería otra que el derecho. En este sentido, una legislación social sería la meta del socialismo jurídico reformador, lo que supondría destruir el enemigo en este campo: el instituto jurídico tradicional, construido, según el socialismo jurídico, en el utilitarismo y, por tanto, en el egoísmo propio del derecho romano privado tal cual como fue reconstruido por el liberalismo del siglo XVIII y de principios del XIX. Este tradicionalismo jurídico estaría representado en el mundo de las facultades de derecho, según los socialistas, en los remanentes de la Escuela Histórica y la Jurisprudencia de Conceptos.

En contraposición a este tradicionalismo, se propuso pues un socialismo jurídico que luchase por la trasformación del derecho, con el fin de ponerlo al servicio de las clases trabajadoras. Esto se manifestaría de mejor manera en el cambio mismo del concepto de la propiedad, que dejaría de ser una libertad absoluta de la persona para pasar a atribuirle una función social que limite lo que el propietario puede hacer con su bien (Orrù, 1974-1975, p. 207). Se trataba entonces de poner al concepto de propiedad y persona, bases del derecho, en un contexto social, en contra de los conceptos abstractos de propiedad privada absoluta y persona con voluntad y libertad económica ilimitadas propios del pensamiento formalista tradicional (Cimbali, 1885, p. 11), tradición que propugnaba por la defensa de las libertades negativas (derechos o intereses subjetivos), la democracia liberal [con un sistema electoral censitario que le garantizaba a las élites económicas el control de los órganos representativos (Giannini, 2017, p. 698)] y el individualismo como modelo constitucional (Fioravanti, 1995, pp. 28-41).

Según los socialistas, el instituto jurídico tradicional propio de la forma en que realmente operaba el Estado liberal¹, impedía la solidaridad social, considerada por aquellos como una necesidad de justicia en momentos de tensión como los que en ese entonces se vivía. Igualmente, los socialistas jurídicos elogiaban el "derecho vivo" (concepto ampliamente desarrollado por Ehrlich, entre otros²), uno que se conectara con la realidad y potencializara su desarrollo histórico-social, en contraposición al "derecho muerto" propio de la tradición jurídica conservadora (esto es, del derecho liberal-individualista) que impedía el desarrollo de las comunidades y la justicia social.

Estas ideas socialistas tenían tanta potencia en sí mismas, atendiendo el contexto sociopolítico, que su expansión fue casi que inmediata. Y entre los autores socialistas, la figura de Menger tomó un inusitado renombre, hasta llegar a recibir el calificativo de "padre del socialismo jurídico", pero sin olvidar que también ayudó a la expansión del derecho social por medio de su colección privada de textos sobre el socialismo en general, y el socialismo jurídico en particular, colección que fue considerada la mejor de Europa y que potencializó este campo al ser de obligatoria consulta por parte de sus colegas socialistas. A lo que se suma su asiduo trabajo epistolar con colegas de todo el mundo, a lo que le dedicaremos una reflexión posterior.

Ahora bien, este giro a lo social en las escuelas jurídicas alemanas estaba muy en consonancia con el progresivo fortalecimiento del Sozialdemokratische Partei Deutschlands, que se remonta a la fundación, en 1863, de la Asociación General de Trabajadores de Alemania por parte del jurista Ferdinand Lassalle [1825-1864], de un lado; y como una respuesta institucional, democrática y jurídica para salirles al paso a los reclamos marxistas más radicales, buscando así que, con normas sociales, el fantasma del comunismo dejase de recorrer amplios sectores sociales alemanes, del otro. De esta forma, el discurso socialista decimonónico, en términos generales, consideró que una nueva democracia, una que se centrase más en sus aspectos sustantivos y no reducida a las elecciones, permitiría, mediante normas sociales, la superación más o menos pacífica de la cuestión social (^{Schirò, 2020}), es decir, de los conflictos socio-económicos del momento (v.gr. límites a la propiedad privada y la voluntad contractual, protección al trabajador frente a accidentes laborales, implementación de seguros sociales como la pensión, derecho a casas baratas, derechos de las mujeres y los niños, derecho al descanso dominical, límites a la jornada laboral diaria, participación en beneficios económicos, instauración de la jurisdicción del trabajo, etc.). Por demás, el efecto decisivo de varias normas de este derecho social a favor de los desfavorecidos propició un aireado debate entre los socialistas con los comunistas. Veamos.

Resulta que, generalizando, Marx cuestionó varias medidas jurídicas a favor de los obreros y las mujeres, a lo que se denominó "legislación social", por considerarlas insuficientes y meros paliativos que no resolvían el problema de fondo y terminaban siendo cantos de sirena de una burguesía que, de esta manera, buscaba aplacar las masas. Pero el propio Marx también llegó a elogiar algunas medidas en concreto al considerarlas logros de la organización obrera y síntomas de la creciente "conciencia de clase" (^{López, 1985}, pp. 51-52). Esta actitud ambivalente ante el "derecho social" del siglo XIX llevó a muchos marxistas posteriores (como el comunismo soviético de los primeros años, con Stucka [1865-1932] a la cabeza, y a ciertos marxistas italianos de los que hablaremos luego) a considerar que el derecho, como función y efecto de las relaciones económicas, no está habilitado para modificar la economía política, como estructura y causa de las relaciones jurídicas, políticas y sociales. La verdadera transformación solo vendría con una revolución; esto es, con la violencia del proletariado. De allí que el reformismo del derecho, especialmente del privado, defendido por los juristas socialistas no debía llamarse socialismo, por lo menos no en sentido estricto (^{Schirò, 2020}). En cambio, otros marxistas, inspirados en algunos trabajos de Marx³, y especialmente en Engels⁴, consideraron que el derecho positivo sí puede influir en transformaciones estructurales, esto es, que la función puede condicionar y modificar la estructura, en este caso, que la legislación social puede lograr la emancipación de los más desfavorecidos.

Pero por fuera de estos debates, si se nos permite ser muy generales, la sociedad alemana de ese entonces no estaba para respuestas normativas ni estudios jurídicos más del cielo que de la tierra⁵, más logicistas que sociales, más teóricos que prácticos. Ante la creciente opinión pública alemana y europea⁶, a la que se creía base del derecho y la justicia⁷, favorable a que la democracia (pero ya no la liberal-individualista), mediante normas jurídicas, limitase los excesos del individualismo, del industrialismo y del capitalismo, no había otra manera que propender, según los juristas que estudiamos, por un derecho social, para lograr así un equilibrio entre realidad y norma, y para volver a restituir la importancia de lo social en la configuración de lo público⁸.

Esta idea social en el derecho (especialmente en el derecho privado, la propiedad, los servicios públicos, el trabajo, la constitución y el Estado), en la medida en que logró, poco a poco y con no pocas peleas de por medio, hacerse un lugar en la universidad y en la academia alemanas (es decir, la Kathedersozialismus), se transmitió a los jóvenes juristas (quienes en el siglo XIX y principios del XX tenían roles sociales más proactivos y políticos que los limitados roles estrictamente laborales que tienen hoy día los abogados) mediante dos vías que queremos resaltar, sin ser las únicas. La primera, mediante la formación directa, con clases y seminarios universitarios liderados por los juristas socialistas. La segunda, mediante la formación indirecta, por medio de los textos que dichos juristas escribieron y que circularon especialmente por medio de traducciones, y la correspondencia que tuvieron con colegas no solo alemanes sino también de otras latitudes (recordemos que el género epistolar, en ese entonces, tenía funciones más allá de la meramente personal, como lo recordaremos más adelante).

En relación con la vía de formación directa queremos resaltar que, por la fama que logró la universidad alemana en general, y las facultades de derecho en especial, en este período de tiempo, a las aulas asistían estudiantes de todo el mundo, quienes luego, al regresar a sus países de origen, replicaban lo aprendido, sirviendo además de traductores de los libros de sus maestros alemanes socialistas. Estamos ante una nueva especie de ius commune, si se nos permite -con indulgencia- la comparación, en tanto que se replicó por dicha vía, por todo Occidente, las ideas del derecho social que empezaban a surcar los recintos universitarios del centro de Europa.

Con respecto a la circulación de libros y traducciones, y a la correspondencia, debemos decir que fueron motores, incluso más fuertes que la vía directa, de la circulación atlántica de estas ideas de un derecho social, pero eso sí, no en una sola vía, pues la retroalimentación en la comunicación igualmente afectó el pensamiento matriz, y esto es algo que se suele pasar por alto, al creer que estamos ante un sistema de formación en el que alguien enseña y el otro aprende, y no como un sistema de circulación, en el que el formador es, simultáneamente, formado.

Sobre esta formación indirecta, los juristas, por su particular visión fragmentaria que les impide ver la complejidad del mundo real, suelen pasar por alto la importancia de la transformación postal mundial ocurrida desde el último cuarto del siglo XIX, específicamente desde 1863 año en el cual se realizó la Conferencia de París que inició los canales diplomáticos que darán lugar, en 1874, con el Tratado de Berna, a la Unión General de Correos que luego terminará por llamarse la Unión Postal Universal (^{Ascandoni, 1983}), auspiciada por la necesidad cada vez mayor de una internacionalización de las relaciones (económicas, sociales, políticas y jurídicas), el aumento considerable del número de paquetes y cartas que se remitían desde todos los rincones e incentivada por creciente red de comunicaciones propiciada por los ferrocarriles y los nuevos barcos trasatlánticos⁹, todo lo cual permitió se tejiesen redes de intercambio de libros, cartas, manuscritos, en fin, de ideas, como las que aquí aludimos del derecho social, que cambiaron la cara de la gobernanza¹⁰, de la cultura y, también, del derecho. Sin embargo, no podremos ahondar más en este aspecto, so pena de alargarnos en exceso y alejarnos de nuestras pretensiones formuladas en la introducción.

En conclusión, varios movimientos que se autocalificaban como antiformalistas, por su rechazo al formalismo de la Jurisprudencia de conceptos, fueron pioneros de una respuesta más social a la crisis que en su momento enfrentaba el derecho, y que gracias a las posibilidades que la modernidad abría a las comunicaciones, lograron abrirse al mundo, en una compleja de red o urdimbre que funcionaba en doble vía.

2. FRANCIA

Por su parte, Francia vivía su propia historia de disputas locales. Los juristas que articularon su concepción del derecho con un socialismo jurídico se consideraban antiformalistas por su rechazo al individualismo y al liberalismo del Código Civil de 1804, y al formalismo de los comentadores de dicho texto. Recordemos que era algo generalizado en la segunda mitad del siglo XIX acusar al Código napoleónico de partir de una visión agraria, de un lado, e individualista, del otro. Entonces, con la llegada del capitalismo decimonónico, con el paso de una sociedad agraria a una industrial, el Código no pudo contener los efectos nocivos de tales cambios; por el contrario, por haber sido concebido para otro tipo de sociedad y por su individualismo marcado en el respeto casi que absoluto a la voluntad contractual, el Código terminó promocionando dichos efectos perversos.

Incluso, en el seno de estos movimientos franceses de derecho social (articulados con un ius-naturalismo católico que unió fuerzas en su crítica al individualismo del Código) fue que surgió el nombre peyorativo con el que se conocerá a su enemigo: exégesis, mote que era desconocido a los comentarios decimonónicos del Código Civil pero que tendrá un éxito en el siglo XX como término desdeñoso para designar a los odiados juristas civilistas supuestamente apegados a la obra de Napoleón. Y digo supuestamente apegados, porque hay que diferenciar lo que dijeron realmente esos comentadores del Código en el siglo XIX de lo que la leyenda negra -que vendieron los socialistas, los iusnaturalistas y los antiformalistas franceses- dijo que ellos dijeron. Pero ese no es nuestro asunto y, además, ya está muy bien tratado por otros colegas (por ejemplo, ^{Halperin, 2003}, pp. 681-685 y ^{Hespanha, 2012}, pp. 13-52).

Ahora bien, los antiformalistas franceses estaban en íntima conexión con los defensores alemanes (pero también austriacos, italianos, etc.) del derecho social, ora porque varios de ellos se formaron en Alemania, ora porque leían asiduamente sus textos en su idioma original o traducidos (en su mayoría, traducidos al francés por los que recibieron clases en Alemania). A lo anterior se suma la abultada correspondencia entre juristas y académicos de estos países que lograron afinar, al compás del otro, sus propias ideas, a pesar de tener enemigos académicos diferentes a cada lado de la frontera, todo lo cual terminó por cuajar las ideas del derecho social en ambos países como si se tratase de la misma cosa.

Además, no perdamos de vista que Francia vivía problemas sociales similares a los alemanes, pero no idénticos, generados por los excesos del industrialismo y el capitalismo, dentro de una sociedad muy desigual (más información en Arnaud & Arnaud, 1974-1975, pp. 25-54). Claro está que estos problemas se vieron alimentados por una fuerza inexistente en Alemania en el siglo XIX: un Código civil, el de 1804, que, como dijimos, había quedado obsoleto para responder adecuadamente ante la nueva realidad. Lo peor es que este Código, en tanto se convirtió en un mito de identidad nacional (^{Martin, 2015}, pp. 1-6), no fue reformado en la misma medida en que la sociedad lo requería, de manera tal que la cultura jurídica francesa del período que estudiamos partió de un Código vetusto, pero más o menos intocable para el legislador por ser mito nacional, y una opinión pública tortísima que reclamaba derecho para limitar los excesos del sistema económico. Al finalizar, esta paradoja -entre lo que hay y lo que se desea- no logró democratizar el Código, por medio de una reforma sustancial, por lo que terminó resolviéndose de alguna manera empoderando a los jueces (^{Herrera, 2011}), como si fuesen los nuevos jurisconsultos romanos que encarnaban la justicia concreta (equidad), mediante fórmulas como el método histórico (Saleilles [1855-1912]) y los principios generales del derecho (Gény [1861-1959]), por dar dos casos, para que así ellos pudiesen aportar un contenido social y actualizar, en sus sentencias, la ley civil que ya era obsoleta e incapaz de controlar el egoísmo capitalista en la sociedad.

En ese contexto, abundaron los congresos (v.gr. el Congrès International des habitations à bon marché de 1889 en París, que siguió realizándose en años posteriores en otras ciudades europeas), los textos y las conferencias sobre la cuestión social en el derecho, ambiente en el que brillaron académicos como Gény¹¹, Duguit¹² [1859-1928], Saleilles¹³ y Lambert [1866-1947], entre otros, quienes citaban continuamente a los socialistas locales, así como a alemanes y austriacos (como Huber y Menger); a la par, en ese mismo contexto, resaltaron abogados litigantes (^{Lekeal, 2020}), funcionarios estatales y jueces antilegalistas como Magnaud [1848-1926], juez del Tribunal de Distrito de Cháteau-Thierry (^{Leyret, 1909}), quien logró ribetes de mito judicial, de nuevo Salomón del socialismo jurídico (Weyl & Picard, 1974-1975, pp. 367-382). Claro está que sería algo desproporcionado señalar que todos los autores acabados de citar fueron parte de un socialismo jurídico francés en sentido estricto, pues sus inclinaciones iusnaturalistas católicas (siguiendo la Doctrina social de la Iglesia) fueros fuertes en muchos de ellos (salvo en Lambert), pero el uso de las ideas sociales, como réplica al formalismo individualista de la exégesis, fue algo común en sus obras.

Llama la atención, eso sí, cómo el francés, por ser lengua romance y, por tanto, más cercana al español, fue la principal vía, junto con el italiano y las traducciones al castellano hechas en España, mediante la cual las ideas del derecho social atravesaron el Atlántico rumbo a América Latina, asunto del que hablaremos luego.

Y esta apertura francesa hacia el comercio de las ideas jurídicas, país que seguía considerándose como el contrapeso a la academia alemana y centro del mundo de las doctrinas, se vio igualmente favorecida por el surgimiento de la disciplina del derecho comparado, surgida de y con la iushistoria¹⁴ y que, poco a poco, desplazaba a la disciplina universitaria del derecho romano¹⁵. El derecho comparado surgía con fuerza por toda Europa (primero con asociaciones, con bastante comunicación entre ellas, como la Société de législation comparé, con sede en París, en 1869, y la Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, constituida en Berlín, en 1894, entre otras), e inspiró a muchos de estos antiformalistas franceses como Saleilles (1900, pp. 383-405) y Lambert (1903)¹⁶, quienes jugaron un rol destacadísimo en el Congrès international de droit comparé, realizado en París con ocasión de la Exposición Universal de 1900¹⁷. La naciente disciplina científica del derecho comparado entabló, a lo largo de los años y en posteriores congresos de derecho comparado, como el de 1932 en La Haya, puentes entre Francia y Estados Unidos, por mencionar una sola vía de comunicación, lo que tuvo eco en famosos juristas americanos, como Wigmore [1863-1943], Pound[1870-1964] (Pound, 1955, pp. 70-84) y Radin [1880-1950] (Petit, 2001b, p. XLIV). Y sobre esos puentes comparatistas circularon, en las primeras décadas del siglo XX, las ideas del derecho social con gran éxito, como lo veremos más adelante. Entonces, no solo fue espontánea la comunicación atlántica de la que hemos venido hablando, sino también consciente, pues se volvió una forma más de hacer ciencia del derecho. Por tanto, el derecho comparado, con fuerte sabor europeo y francés¹⁸, como nuevo campo científico, fue determinante, pero no la única vía, en la exportación y la importación de ideas sociales en el derecho.

3. ITALIA

Italia no fue ajena a esta circulación de ideas. Antes que nada, hay que partir de la buena tradición universitaria italiana, que se remonta, en largos intercambios académicos, a la tradición alemana y austriaca. Igualmente, las presiones sociales por un derecho más social se vivían con fuerza entre los espíritus reformadores italianos, tanto así que la Iglesia, más italiana que europea en aquel entonces, dio lugar a su Doctrina social, de la que hablaremos más adelante. Además, esta opinión pública favorable a un derecho social fue una impronta diferenciadora que debía asumir el nuevo derecho del país italiano (reunificado en 1861), frente a los vetustos sistemas jurídicos rivales, especialmente el austriaco (enemigo político por excelencia del nuevo reino italiano) y el francés (caracterizado por su Código Civil en obsolescencia).

Valga señalar que la influencia de los movimientos socialista-jurídicos italianos, a la que podemos llamar Escuela Social del Derecho, estuvo más presente en España¹⁹ que en Latinoamérica²⁰, donde, por motivos ya dichos, predominaron un poco más los autores socialistas franceses. Lo anterior explica en parte esa abultada traducción de la literatura jurídica italiana a la lengua española y la fuerte influencia de esta en España a finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, lo cual fue llamado la "fiebre de las traducciones" (Unamuno, en 1912) (^{Petit, 2004}, p. 1440). Podría decirse entonces que la ciencia jurídica italiana, incluyendo su socialismo jurídico, encontraba amplio eco en la doctrina española (v.gr., Petit, 2012, pp. 223-248).

En relación con el socialismo jurídico italiano, encontramos autores de la talla de Vadalà-Pa-pale [1854-1921], Cimbali [1855-1887], Gianturco [1857-1907], Brini [1856-1941], Salvioli [1857-1928], Simoncelli [1860-1917] y D'Aguanno [1862-1908], entre otros. Toda una generación interdisciplinaria (que quería conectar el derecho con las ciencias sociales del momento), conocedora del socialismo que se gestaba en otras latitudes, con una extraordinaria capacidad intelectual y política, y portadora de una revolución, tanto en las formas de hacer ciencia jurídica como en sus contenidos, que trastocó por completo el modelo heredado, el positivismo legicentrista, al afirmar que los intereses económicos de ciertas organización no debían regir al derecho ni al Estado, so pena de fragmentar la soberanía²¹, sino justo lo contrario. Vale la pena resaltar entre los miembros de dicha generación a Enrico Cimbali²² y Giuseppe Salvioli²³, quienes jugaron un rol decisivo en su conformación.

El socialismo jurídico italiano fue muy productivo bibliográficamente (Sbriccoli, 1974-1975a, pp. 873-1035), a la vez que estuvo siempre atento a lo que sobre el tema se hacía en otros países (verbigracia, la traducción al italiano de ^{Menger, 1894}). Entre sus particularidades locales está que tomó como propio, como un asunto de urgencia nacional, el rechazo a la pena de muerte, adoptando el debate liderado en aquellos momentos por el jurista alemán Carl Joseph Antón Mittermaier [1787-1867], a la vez que tomaba partido en la escena local en el enfrentamiento doctrinal entre la tradición romanística alemana de la Escuela Histórica y la Jurisprudencia de Conceptos, de un lado, y la tradición civilística de los comentadores franceses del Código Civil, del otro, buscando así un punto intermedio que sería la apuesta por una guía científica, desde el profesor universitario al legislador italiano, en la unificación de un derecho para el recién creado país, pero una legislación que, a diferencia de los movimientos formalistas citados, diera respuesta contundente a los reclamos sociales exigidos en todos los ramos, no solo en el derecho civil (con su Código de 1865) y en el procesal, sino también en lo penal (Sbriccoli, 1974-1975b, pp. 557-642). Así, se buscaba por medio de un estatuto epistemológico anclado en la Universidad, como guía del legislador, la implantación de un derecho solidario que evitase que la nueva normativa de la unificación se dejase llevar por los errores del pasado, esto es, del derecho egoísta.

Como sucedió con otros casos ya vistos, las ideas del socialismo jurídico italiano aparecieron casi que simultáneamente (y en comunicación permanente) con las ideas sociales de los movimientos antiformalistas alemanes, austriacos y franceses²⁴, aunque dicho socialismo italiano, hoy día, suele ser invisibilizado en la historia del derecho social. Lo anterior no debe entenderse como una anécdota en la búsqueda de quién fue primero, sino, más bien, como una confirmación de la hipótesis planteada en la introducción de que el derecho social fue fruto de una mundialización tanto en sus causas (la opinión pública favorable a cambios del industrialismo y el capitalismo, y la crítica a un sistema jurídico tradicional que no podía responder a los nuevos reclamos) como en sus medios (una ciencia jurídica cada vez más crítica con el entorno económico y político, sumado a una nueva cultura de la comunicación de cosas e ideas) y en sus efectos (un derecho que introdujo aspectos de defensa de lo social en muchísimas instituciones jurídicas, no solo del derecho privado). Dicho con otras palabras, existió, sin lugar a dudas, "una sensibilidad común, una coincidencia en el método y una fusión de ideas" (^{Mazzarella, 2015}, p. 164) entre los juristas europeos, que dificulta muchísimo seguir en planteamientos de quién fue el Adán del derecho social.

En este sentido, al igual que experiencias previas, el socialismo jurídico italiano se consolidó gracias a la intensa comunicación, directa e indirecta, con las escuelas socialistas de otros países, pero igualmente gracias a debates locales en el contexto de la unificación del reino, donde el formalismo y el individualismo se consideraron como errores que no podían cometerse en la nueva normativa nacional que debía expedirse, de manera tal que más que un enemigo real se está ante un enemigo derivado de la comparatística con otros Estados.

Claro está que, aunque aquí no podamos desarrollarlo de mejor manera, no todos los marxistas italianos estuvieron de acuerdo con este socialismo jurídico, por motivos muy similares a los vividos en Alemania. Por ejemplo, Antonio Labriola [1843-1904], Claudio Treves [1869-1933] y Sergio Panunzio [1886-1944] criticaron el socialismo jurídico de su país al considerar que el bienestar del proletariado pasa más por un ajuste de cuentas revolucionario al poder real y no a partir de cambios normativos enfocados al derecho privado, de un lado, y que la legislación social pedida por los socialistas jurídicos terminaría siendo usada por los partidos conservadores para calmar los ánimos, ya sea prometiendo reformas sociales a cambio del apoyo al gobierno burgués, ya sea haciendo reformas puntuales que hicieran creer que la burguesía, por fin, se preocupaba por el proletariado, del otro (Gerratana, 1974-1975, pp. 55-72; Cassese, 1974-1975, pp. 495-505 y Martone, 1974-1975, pp. 103-144). En otros términos, estos críticos marxistas consideraron excesivo llamar socialistas a esos juristas italianos, pues aquellos consideraron a estos últimos como burgueses ingenuos o, peor aún, cretinos (^{Schirò, 2020}).

Finalmente, la Iglesia no pudo ser pasiva en estos debates y, gracias al magisterio de León XIII (período 1878-1903), expidió la encíclica Rerum Novarum en 1891²⁵, con una tremenda²⁶ influencia global (^{Misner, 1991}), que reconoció la problemática moderna del trabajo como un auténtico signo de los nuevos tiempos (^{Berríos, 2009}, pp. 549-563) y que sirvió de tercera vía entre el socialismo-comunismo y el liberalismo-capitalismo²⁷. Frente al marxismo, la encíclica, sin ser en esto muy innovadora, le cuestionó su intención de eliminar la propiedad privada, lo que supone atentar contra la propia libertad del trabajador; su determinismo económico, pues esto llevaría a negar el libre albedrío del cristiano; su deriva estatalista y totalitaria, pues encarga todo lo público a la dictadura del proletariado; su ateísmo, que niega la dignidad trascendente del hombre; y, en conclusión, su visión violenta fruto de la "la lucha de clases" que desplaza el deber cristiano de la armonía y la hermandad entre todos. Pero más interesante aún es que, frente al capitalismo, la Encíclica le acusa de promover la injusticia social al glorificar excesivamente al individuo y de haber cooptado al Estado, llegando al extremo reprochable de subordinar la política y el derecho a sus intereses. Es que, para dicha encíclica, el Estado y su derecho están claramente al servicio de la clase obrera, de los campesinos, de los pobres, de los desprotegidos (^{Vélez, 1992}, pp. 7-16). Así, la Iglesia romana global, no sin muchos debates internos que hasta hoy día se mantienen, tomó partido a favor de un socialismo y un sindicalismo cristianos, dando un impulso en los países de ascendencia católica a las ideas y las normas sociales.

4. ESPAÑA

España en aquel entonces vivía a la expectativa de los movimientos académicos europeos, pero especialmente por la vía italiana y, en menor medida, francesa, que sirvieron, como se dijo, en puente de comunicación (en doble vía) entre lo que acaecía en el centro de Europa con los países de lenguas latinas. Obviamente, no puede absolutizarse la afirmación anterior, por dos motivos: por la gran capacidad hispánica del mestizaje que les facilitaba la reconversión y la adaptación de todo tipo de teorías, y porque hubo juristas españoles que accedieron a la literatura en lengua alemana directamente -de los que daremos un ejemplo más adelante-, pero no fue la regla general.

En este sentido, los movimientos sociales del derecho de aquel entonces recibían ideas foráneas globales que eran transformadas localmente para ser nuevamente puestas en circulación con destino, especial pero no únicamente, a Latinoamérica. Este contexto de transformación local partía de varios aspectos, de los que mencionaremos solo algunos para dar cuenta de la complejidad del retrato español de principios de siglo XX. En primer lugar, los juristas socialistas ibéricos se distanciaron, generalizando, de los del centro de Europa al mixturar las ideas de derecho social recibidas con visiones religiosas moderadas (como las propiciadas en el pontificado de León XIII) y con la filosofía del alemán Karl Christian Friedrich Krause [1781-1832], pues este autor permitió una lectura que buscaba, a como fuese lugar, una conciliación entre la Modernidad (como el liberalismo y el positivismo científico) con la tradición (el iusnaturalismo, la religión cristiana, etc.) (^{Manzanero, 2019}, pp. 135-158).

Por todo lo anterior, el socialismo jurídico español estaba mucho más lejos del marxismo y el comunismo que el del centro de Europa. Incluso, el marxismo y el comunismo eran criticados por varios progresistas al considerarlos teorías de la confrontación y el revanchismo, lo que iba en contra del ideal social-católico de armonía social y humanidad como hermandad pregonados en la Doctrina social de la Iglesia. Entonces, los debates locales españoles no eran de la misma dimensión de los de otros países, pues sus experiencias jurídicas y el enemigo a ser derrotado eran bien distintos.

En segundo lugar, el enemigo de estos socialistas ibéricos sería, en el papel, el capitalismo egoísta y salvaje (que no había llegado a la Península), pero en realidad sería el tradicionalismo jurídico (representado en ese momento, aunque expuesto con exageraciones retóricas por parte de los progresistas, por el derecho histórico) y la ortodoxia católica; de esta manera, el incipiente capitalismo español, con un nivel de desarrollo muy diferente del que tenía en Inglaterra o en el centro de Europa, no fue visto de la misma manera por los socialistas ibéricos, si se compara con la visión que de él tenían los socialistas de esos otros países, pues, para empezar, en España el capitalismo no fue considerado como un sistema egoísta que se había apropiado del derecho codificado individualista (codificación que apenas inició en 1889), sino que el capitalismo era más una expectativa que un logro, ya que de todas maneras la economía española era más agraria que industrial-urbana en dichos momentos. Así, lo que definía el antiformalismo del jurista social español era un enemigo más teórico que real en sus territorios, el Estado y el derecho liberales, y uno más concreto, el historicismo corporativista religioso. Entonces, el enemigo (el formalismo) fue muy diferente en los otros países a los que he aludido. Pero se entendió, gracias al criterio de apertura que caracteriza la comunicación de ideas jurídicas, que había un enemigo común entre las culturas jurídicas sociales que hemos visto, el "formalismo", como si fuese algo identificable más allá de las disputas locales, aunque realmente no era así.

En tercer lugar, el socialismo jurídico tuvo un importante eco en el pensamiento político y económico español, a pesar de que tuvo sus contradictores. Este ambiente de relativa aceptación de las ideas socialistas (en lo que mucho tuvo que ver la Doctrina social²⁷de la Iglesia) se ejemplifica con las continuas publicaciones y conferencias a favor de un derecho social de políticos reconocidos de la época, como es el caso de Raimundo Fernández Villaverde [1848-1905], jurista, político y economista (con una importante incidencia en la reorganización de la hacienda pública) del Partido Moderado, quien ofreció, al asumir -nada más y nada menos- la presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, un famoso discurso en 1900 denominado "La cuestión social y el derecho civil" (seguido, al año siguiente, de otro discurso del mismo talante: "Las Coligaciones industriales y las huelgas de obreros ante el Derecho"), publicado como libro (Fernández, 1900a) y, además, en la Revista general de legislación y jurisprudencia, en tres partes (Fernández, 1900b, pp. 365-388; Fernández, 1901a, pp. 361-382 y Fernández, 1901b, pp. 78-119).

Otro buen ejemplo de estos socialistas puede ser el asturiano Adolfo Posada [1860-1944], quien logró ser uno de los promotores del derecho social en general y del derecho del trabajo en particular en España (^{Martín, 1987}, pp. XLVIII-LXXVII). Posada logró con sus textos [entre los que destaca Socialismo y reforma social (Posada, 1904)], sumado a sus influencias (en la que fue determinante Krause) y gran actividad académica y política (al ser actor fundamental en la puesta en práctica de las agencias estatales de reforma del derecho del trabajo español), propiciar el derecho social (^{Valera, 2010}, pp. 623-638). Igualmente, vale la pena destacar su trabajo de anfibio cultural²⁹, en calidad de traductor de obras de ^{Ihering (1892} y 1896) y Menger (1898), entre otros, obras que circularon ampliamente en el mundo hispanoamericano, y como autor que fue traducido al francés, italiano y alemán; además, sus viajes al Cono Sur en 1910 y 1922 fueron aportes significativos a la circulación atlántica de ideas del derecho social. Le debemos a Posada, por dar un ejemplo, en su obra Constituciones de Europa y América, que editó con su discípulo Nicolás Pérez, una difusión importante a la constitución socialista mexicana de 1917, de la que hablaremos luego, y la alemana de 1919 (Posada y Pérez, 1927).

Otro caso que ejemplifica la comunicación de ideas sociales está en la ley española de "Casas Baratas" de 1911, en la que Adolfo Posada jugó un papel importante, que respondió a una creciente exigencia tanto de la opinión pública como de los socialistas locales, y que estuvo influida por la ley belga del tema de 1889 y la ley francesa "des habitations á bon marché" (o ley Siegfried, en homenaje al político que le dio vida [1837-1922]] de 1894, entre otras normas europeas. Sin embargo, la ley francesa no fue trasplantada o recibida, sino que fue transformada atendiendo los contextos de aplicación local y el desarrollo doctrinal de los Congresos Internacionales de Casas Baratas a los que aludimos antes (^{Castrillo, 2003}, pp. 27-35). A su vez, la ley española inspiró desarrollos jurídicos en Latinoamérica, como el caso chileno (^{Hidalgo, 2000}), país que, a su vez, reconstruyó las fuentes de cara a los debates y las necesidades locales y, de nuevo, pone a circular el resultado final en otros lugares.

En conclusión, España se convirtió en un puerto de ideas y normas sociales, a las que tuvieron acceso los juristas españoles por las dos vías antes señaladas: la directa y la indirecta. Así, ante el tránsito de juristas por toda Europa, los libros que iban y venían gracias al incremento del servicio postal, las traducciones que se hacían de los libros que se incorporaban luego a los flujos comerciales atlánticos, la abultada correspondencia entre colegas, las noticias de los periódicos -fuente de la opinión pública- de lo acaecido en otros países, etc., hacen que sea imposible pensar en una red de circulación con pocos puertos, máxime que en la relación entre dos puntos se cruzaban líneas provenientes de otros lugares, ni mucho menos creer que estamos ante una recepción pasiva, un trasplante o una importación, sino una circulación, profundamente veloz y en múltiples direcciones, de ideas y normas, que se convierten en agentes globales que interactúan en contextos locales.

5. ESTADOS UNIDOS

Siendo muy generales, a principios del siglo XX, en Estados Unidos existió una disputa de fondo entre juristas defensores de la visión individualista y liberal de la Constitución (que podríamos llamar como originalistas) y los juristas progresistas que recibían -y reconstruían- encantados las ideas de un derecho social de Europa. Paradójicamente, los primeros fueron denominados conservadores (a pesar de ser liberales económicos) y los segundos liberales, antiformalistas o socialistas. Esta disputa se volvía cada vez más intensa dado el carácter ultraconservador de la Corte Suprema de dicho país, que solía liquidar las iniciativas de legislación social, tanto federales como estatales, al considerar que dicha normativa social atentaba contra el espíritu originario de la Constitución: el respeto más absoluto por la propiedad privada y la libertad contractual³⁰. Así, mientras los conservadores elogiaban dicha línea jurisprudencial, los antiformalistas progresistas reclamaban un cambio de punto de mira por parte de la Corte, pues con el individualismo, decían ellos, se estaba defendiendo la injusticia, de un lado, y se echaba leña al fuego que podría dar lugar a un colapso social sin precedentes, del otro. Valga señalar que este debate, que no solo se dio en los ámbitos académicos, logró su máximo tope cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional varias partes del paquete de medidas denominadas como el New Deal de Roosevelt, con el que pretendía enfrentar el gran colapso económico de 1929, que obligó al Senado y al presidente, Franklin D. Roosevelt [1882- 1945], al famoso Court Packing Plan [1937]³¹, que consistió en amenazar con nombrar jueces adicionales, aprovechando un vacío constitucional, para lograr la mayoría necesaria para aprobar las reformas sociales requeridas en ese momento según el criterio del gobierno, amenaza que nunca se llevó a efecto pero permitió la aplicación parcial del New Deal.

Pero lo anterior no nos dice mayor cosa si no lo articulamos con las redes académicas de dicho país. A finales del siglo XIX brillaba la primera ola del realismo judicial americano, como la tradición iusfilosófica suele denominarla, conformada en su mayoría por jueces federales que consideraban que el núcleo del derecho estaba centrado en su particular forma de concebir el Common Law estadounidense. Esta primera ola tuvo uno que otro ribete exagerado que llegó a confundir el derecho con el precedente de los jueces, e incluso, que el derecho era producto del estado (anímico, social, económico, cultural, político, etc.) del juez. Pero en términos generales, las vertientes más numerosas, que eran a su vez moderadas (^{Jiménez, 2010}, pp. 1471-1477), concebían que el derecho no se reducía a la actividad de los jueces y que si bien el contexto del juez era importante para sus decisiones, no era el único criterio para tener en cuenta sobre cómo un juez fallaba de tal o cual manera. Lo que sí era más claro en esta primera ola era un aire optimista con que se describía la forma en que operada el derecho estadounidense.

A esta primera ola le siguió una más academicista, a la que podríamos denominar Jurisprudencia sociológica, centrada ya no en jueces federales sino en profesores e investigadores universitarios que intentaban emular, en cierta medida, el rol institucional de y el derecho propuesto por los profesores universitarios alemanes y franceses. Esta nueva ola enfatizó sus estudios en cómo los jueces administraban justicia, pero esta vez con un tono cada vez más crítico contra el enemigo formalista local: el Classical Legal Thought (^{Kennedy, 1980}, pp. 3-24). Justo en esta segunda ola es en la que podemos ubicar la recepción creativa de las ideas del derecho social europeo en Estados Unidos. En esta ola o generación, que por su interés por lo social dará lugar a la sociología del derecho³², encontramos a Wigmore [1863-1943]³³, Kocourek [1875-1952] y Pound, por citar algunos casos relevantes. De este último ya hemos hablado antes en este escrito (en especial como una parte clave en la recepción del derecho comparado, lo que lo puso en contacto con Lambert (^{Petit, 2000}, pp. 503-554), y por su tesis del derecho vivo, que mostraba la influencia que en él ejerció la sociología del derecho europea), pero valga recordar que Pound logró un reconocimiento temprano (en 1906) por sus críticas constantes al conservadurismo de la Corte Suprema, que se manifestó con su decisión del caso Lochner (1905)³⁴, mediante el cual dicho tribunal dejó sin efectos una ley neoyorquina que fijó la jornada laboral de los panaderos por considerar que así se atentaba contra el derecho de propiedad y la libertad contractual, consideradas como derechos absolutos en la Constitución.

Al igual que en otros países, en Estados Unidos los antiformalistas estaban al tanto de los movimientos europeos a favor de las ideas sociales en el derecho, gracias al desarrollo de su servicio postal nacional³⁵ articulado con los aportes que le generó la Unión Postal Universal³⁶. Ya hay abundante literatura que muestra cómo Wigmore, Pound y Llewellyn [1893-1962], por dar tres ejemplos, no solo eran receptores asiduos de lo que se producía al efecto en Europa (por ejemplo, ^{Petit, 2000}, pp. 503-554; Petit, 2001a, pp. 53-98; Petit, 2007, pp. 801-900 y Petit, 2019, pp. 1-14), sino también que por correspondencia (la vía indirecta a la que antes aludimos) reafirmaron sus ideas a la que vez que aportaron otras a los juristas franceses, italianos, alemanes, etc. Todo esto explica cómo los textos de estos juristas progresistas y sus centros académicos estadounidenses fuesen focos de promoción de autores europeos (en especial por medio de traducciones y congresos) como Duguit, Gierke, Kohler, Hauriou [1856-1929], Ehrlich, Cammeo [1872-1939] y Kantorowicz, por mencionar unos pocos casos.

Otro ejemplo de esta circulación de ideas sociales, que a su vez pone en evidencia la importancia de los discursos locales ante dichas ideas globales, está en el efecto histórico diferenciado que se provocó a ambos lados del Atlántico con la obra de Lambert El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos [1921, en español (Lambert, 2010)]. Este libro, sintetizando, expuso los peligros que implicaría para el derecho social francés, eminentemente legislativo, la recepción de instituciones jurídicas estadounidenses como su derecho judicial y el judicial review, llamando la atención de los riesgos de un gobierno de los jueces, mucho antes de la famosa tesis de la tiranía judicial de Schmitt en contra de los tribunales constitucionales kelsenianos. Este libro fue interpretado por la mayoría de los juristas estadounidenses como un análisis crítico contra el papel conservador y, por tanto, antisocial de su Suprema Corte, mientras que en Europa continental fue interpretado como una denuncia de los peligros de la recepción de ciertas instituciones estadounidenses y de la intromisión del poder judicial en los asuntos propios del legislador.

6. LATINOAMÉRICA

Si se nos permite generalizar, la vía indirecta de formación fue la más determinante. La literatura europea, leída en sus fuentes originales o por medio de las traducciones hechas en Francia y España, fue importantísima para la recepción y la reconstrucción de las ideas sociales en el derecho latinoamericano en las primeras décadas del siglo XX, aspecto del que ya hemos dado cuenta en varios apartados anteriores. Es de destacar que, entre las obras leídas directamente, prevalecía la literatura socialista francesa, lo cual es más que entendible, dada la facilidad de acceso al francés, en tanto era segunda lengua para la mayoría de las clases cultas en aquel entonces [a fin de cuentas, la abogacía, en aquellos años, era una profesión del poder (Botero, 2011, pp. 161-216)].

Entonces, como la literatura socialista que llegaba de Europa hablaba de un enemigo terrible, el capitalismo egoísta que se travestía de formalismo jurídico (exegético en el caso francés), los juristas progresistas latinoamericanos se identificaron rápidamente como antiformalistas, pero al momento de identificar al enemigo se encontraron con apuros, pues el temido capitalismo apenas se vislumbraba en algunas regiones latinoamericanas y la codificación civil, si bien no era nueva en teoría, apenas empezaba su práctica eficaz y no era comparable plenamente con lo que pasaba en Francia frente a su Código de 1804. Por ejemplo, el Código Civil chileno (que fue el adoptado y reconstruido en Colombia) no era, por más que algunos profesores anacrónicos lo hayan querido ver así, copia del Código napoleónico, que era más agrario que urbano, más individualista que solidario y más laico que escolástico (^{Botero, 2018}, pp. 155-173).

Generalizando, y de forma similar a España, el enemigo local pasó a ser la visión tradicional del derecho, auspiciada por una visión muy conservadora católica (acorde con el Primer Concilio Vaticano de 1869). Por demás, la Iglesia latinoamericana en ese momento se encontraba dividida entre un sector conservador, dominante, y uno progresista, desde los criterios de la época (^{Andes & Young, 2016}, pp. XX-XXI). Estos últimos, agrupados en diferentes movimientos, como la Acción Social Católica, círculos obreros y sindicatos, y para el caso colombiano (^{Roldán, 2016}, pp. 245-274), varias veces bajo tutelaje jesuita, reivindicaban continuamente la encíclica Rerum Novarum y la Doctrina social como señales determinantes de que la Iglesia debía cambiar su sentido y su discurso, buscar su renovación y repensar su puesto en una sociedad que cambiaba a ritmos impensados para una teología que seguía viendo en la rutina medieval como los tiempos de Dios (los tiempos ideales de la sociedad cristiana patrística)³⁷; sin embargo, esta ala progresista tenía la dificultad de superar los embates de la jerarquía conservadora, profundamente anticomunista, de un lado, y de dotar de sentido a la encíclica en un contexto local, tan diferente al europeo en lo que se refiere al capitalismo y a las relaciones de trabajo existentes, del otro³⁸. A pesar de estas dificultades lograron crear circuitos eficaces de asistencia social, como sucedió en Colombia (^{Castro, 2007}, pp. 157-188), e influir en movimientos académicos y políticos que con el tiempo promocionaron el derecho social en la región.

Empero, este segundo sector, moderado si se quiere (a pesar de su fiereza contra el marxismo), fue visto con sospecha al considerarlo como una concesión indebida al comunismo desde los púlpitos de las parroquias rurales y barriales, desde la catequesis de varios obispos reaccionarios y desde las editoriales de varios periódicos conservadores (para el caso colombiano, ver ^{Figueroa, 2005}, pp. 103-130 y 2016, pp. 237-259). Esta división en la Iglesia latinoamericana de la época pone en evidencia que la doctrina papal global no siempre fue acatada en lo local (^{Edwards, 2016}, pp. 6-7 y 13-20). Por todo esto, varios socialistas jurídicos latinoamericanos, tocados e influidos por el discurso global de la Doctrina social de la Iglesia, pero viendo la ambivalencia del clero local ante la cuestión social, prefirieron acercarse a movimientos anticlericales, los más radicales, o a posturas políticas que si bien eran creyentes, consideraban como necesario para la región la separación entre Iglesia y Estado, los más sobrios.

Hay que agregar, además, que estos juristas sociales distaban mucho de la claridad conceptual propia de los movimientos académicos antiformalistas alemán, francés e italiano, en la medida que en Latinoamérica se impone y funciona el mestizaje, a la vez que el enemigo interno variaba significativamente del de los formalistas europeos.

Por ejemplo, en el caso colombiano, era relativamente común que los estudiantes y los profesores estudiasen el Código Civil de Andrés Bello, que si bien era de mediados del siglo XIX, apenas a inicios del XX empezó su reinado efectivo en el derecho, justo cuando aparecían los primeros movimientos asociados a la Doctrina social y cuando predominaba la recepción del krausismo (^{Orden, 1999}, pp. 139-179) y de la literatura antiexégeta francesa y la socialista europea; es decir, si bien el Código fue elaborado en otro contexto, su aplicación fuerte apenas inició cuando el ambiente había cambiado por completo, lo que trajo no pocos conflictos jurídicos y extranormativos (^{Botero, 2018}). Entonces, a inicios del siglo XX, los profesores, especialmente los del Partido Liberal y que hacían parte de la generación de los "expertos"³⁹, partido más cercano al socialismo político -sin confundirse con él (^{Flórez, 2010}, pp. 167-191)- y que recibió las lecciones que circulaban del socialismo jurídico, solían iniciar sus clases y conferencias criticando la exégesis y el formalismo en el derecho (representados, según los liberales-socialistas, en los juristas conservadores de la generación anterior, conocida como la de los "gramáticos"⁴⁰), pues de ellos (de la exégesis y el formalismo) se tenían noticias terribles por los manuales civilísticos europeos, especialmente franceses; y luego de las críticas iniciales, dichos profesores perfectamente podían pasar a explicar las instituciones jurídicas del Código Civil de Bello, con las reformas que a lo largo del tiempo se le impusieron, muy apegados al texto de la ley. Así, se podía ser de alguna manera, exégeta criticando el odiado formalismo, y un tradicionalista aparentando ser un jurista a la moda de los tiempos. Dicho de otro modo:

en las obras civilísticas y en las clases de derecho civil de las primeras décadas del siglo XX colombiano, se podía ser formalista y legicentrista mientras se criticaba de palabra la EXÉGESIS, ya maldita en Francia en ese entonces, para luego aplicar su método exegético, dando eso sí algún lugar a los principios generales y al derecho natural, citando en la misma página a uno que otro jurista francés y alemán, todo al momento de interpretar y enseñar tal o cual artículo del código civil. Se podía ser legicentrista (exégeta de obra) criticando la exégesis francesa ya mandada a recoger en los círculos académicos europeos (^{Botero, 2018}, p. 172).

Habrá que esperar una nueva generación de socialistas (que militaban en la izquierda del Partido Liberal), en su mayoría juristas, para ver los efectos de la circulación de las ideas del socialismo jurídico en este país, aplicadas para comprender y auspiciar diferentes movimientos agrarios y obreros en las primeras décadas del siglo XX (Morales, 1987, pp. 17-27), Partido Liberal que fue el que auspició, una vez retoma el poder [entre 1930-1946], varias reformas al sistema jurídico en temas sindicales, laborales, de asistencia social, de pensiones, etc. (^{Muñoz, 2010}). Entre dichas reformas se destacan la constitucional de 1936 [que introdujo elementos socialistas a una constitución tradicional conservadora como lo era la de 1886 (Tirado y Velásquez, 1982)] y la Ley 200 del mismo año [que instaura, entre otras cosas, los jueces agrarios especializados, experiencia que es replicada en otros países (Morales, 1987, p. 22)], ley promovida especialmente por la dupla de juristas y políticos liberales Darío Echandía [1897-1989] y Carlos Lleras Restrepo [1908-1994]⁴¹. Estas reformas introdujeron la solidaridad y la función social (artículo 10, Acto Legislativo n.° 1 de 1936) en el concepto normativo de propiedad privada, siguiendo así no solo los moldes europeos, sino también el del constitucionalismo mexicano de 1917 (Arboleda, 2008, pp. 97-121 y Mercado, 2013). Pero como dato anecdótico de la particularidad local de las ideas globales, estas reformas sociales a la propiedad privada se vendieron, con éxito, no como una crítica al capitalismo (que apenas existía en Colombia), sino como una forma de potencializarlo [ver las notas de prensa presentes en Arboleda (2008, p. 118)].

Y esto nos lleva al caso latinoamericano de circulación de ideas sociales más estudiado de todos, el mexicano, pues con ocasión de su Revolución [1910-1917] se impuso una Constitución, la de Querétaro en 1917, que fue la primera en instaurar a ese nivel (el constitucional) ideas sociales en el derecho y en el Estado (Martínez, 2017, pp. 300-336 y Zuluaga, 2019, p. 471), aunque con una relativa ineficacia material de sus disposiciones durante sus primeras décadas⁴². Influencia socialista que llegó hasta el Código Civil de 1928 (Narváez, 2004, pp. 201-226) y la configuración del derecho y la justicia laboral (Morales, 2019, pp. 257-277). El origen de estas ideas socialistas en el derecho mexicano se debe a una confluencia de muchas fuentes, como ya lo hemos retratado para otras latitudes: algunas políticas (en especial del ideario de cierto sector de la Revolución victoriosa e incluso del socialanarquismo magonista⁴³), otras religiosas⁴⁴ y otras jurídicas (como el socialismo jurídico europeo, recreado según los contextos locales).

Centrándonos en esta última, los constituyentes que propiciaron dicha Constitución recibieron una fuerte influencia del socialismo europeo, especialmente en su vertiente francesa, y en buena medida por las traducciones españolas de las que ya hemos hablado, sumado al intercambio epistolar. Pero, no perdamos de vista, la Constitución de 1917 no fue un punto de llegada, sino que logró ser un foco de irradiación mundial del constitucionalismo social, pues fue ampliamente difundido, en el resto de los países latinoamericanos y en la Europa de Entreguerras, como un éxito americano de las ideas socialistas que debía ser emulado: un ir y un venir.

CONCLUSIONES

En Alemania, gracias a la cantera propiciada por el marxismo y el ala social de las escuelas iusfilosóficas antiformalistas, se propuso una concepción más social del derecho y del Estado y la expedición de una legislación social, todo lo cual posibilitó reformas socioeconómicas en aquel momento, como las realizadas bajo el gobierno de Otto von Bismarck [1815-1898, período 1871-1990]. En Francia se hizo algo similar por medio de los movimientos antiformalistas que tenían entre ojos, como enemigo, a la moribunda exégesis y que aprovecharon al máximo los renovadores aires que ofrecía el derecho comparado para reconstruir internamente y para exportar su socialismo jurídico. En Italia, las preocupaciones por la reunificación, sumado a un continuo comparativismo, lograron propiciar un socialismo jurídico muy productivo y con gran incidencia en España. En este último país, el derecho social fue recibido y reconstruido, de cara al enfrentamiento con el tradicionalismo católico, logrando, además, tender un puente entre el socialismo jurídico europeo con el latinoamericano. En Estados Unidos, la segunda ola del Realismo estadounidense se enfrentó a los jueces conservadores (quienes defendían el liberalismo individualista de la Constitución de 1787), y propuso una renovación ideológica del derecho más socialista (pero no por ello comunista), siempre en una asidua comunicación con los centros y los autores europeos. Y podríamos seguir la lista de países, incluyendo los latinoamericanos, donde movimientos político-jurídicos, que se catalogaron como liberales y socialistas, pregonaron, algunos con más éxito que otros, la necesidad de una legislación social, enfrentándose así a fuerzas locales enemigas, catalogadas como conservadoras y formalistas⁴⁵.

Incluso, este vuelco a lo social no solo se vio en el derecho, sino en la religión y la cultura misma: la Iglesia respondió globalmente a ese llamado con su Doctrina social, en especial -pero no únicamente- con la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII, y el arte (en todos los niveles) se empecinó en mostrar las deficiencias del modelo liberal económico. Sobre esto último, pensemos, para seguir solo dos líneas, en la literatura con Tiempos difíciles [Ch. Dickens, 1854], por dar un ejemplo entre muchos posibles, y el cine de la primera mitad del siglo XX, con filmes como Metrópolis [F. Lang, 1927] y Tiempos modernos [Ch. Chaplin, 1936], por señalar dos cintas relevantes.

Pero este movimiento global que en el derecho se tornó como la defensa del "derecho social" solo se comprendería si se observan esos movimientos iusfilosóficos como agentes en comunicación constante entre ellos, de un lado, y con la cultura que los rodea, del otro.

Agregamos que estos movimientos glocales del socialismo jurídico lograron también avanzar las ciencias sociales en tanto desarrollaron una protosociología que, a pesar de sus contradicciones internas desde el saber sociológico posterior y lo rudimentario de sus instrumentos de lectura del entorno, aportó enseñanzas importantes para aquellos que observan el derecho como un instrumento de transformación social y para quienes reclaman una mayor democratización de los códigos (^{Narváez, 2005}).

Pero mal se sería creer que este movimiento social en el derecho fue en una sola vía (un grupo que emite y otro que recibe) y eminentemente un discurso transnacional (en el que lo local es casi que irrelevante). Frente a lo primero, porque la correspondencia y los textos publicados (en su idioma original o en traducciones), que iban y venían gracias al lucrativo comercio de libros y al reciente sistema moderno de correo internacional, las ideas de los sistemas emisores de una idea o norma social se reformaban o ajustaban según las experiencias en los sistemas receptores más periféricos, de manera tal que no es posible creer que se estuvo ante un sistema básico de comunicación (emisor, código y receptos), sino ante una complejísima urdimbre en la que las ideas, que en cada pasada se modificaban, iban y venían sin parar, por cientos de caminos que es difícil retratar, pero no por ello se puede ignorar. Dicho con otras palabras, para el académico siempre será más fácil indagar por la recepción de unas pocas ideas sociales en un sistema o autor concreto, pero esto puede hacerle perder de vista al lector la complejidad del fenómeno, pues la realidad de esa circulación de ideas fue mucho más compleja de lo que cualquier retrato o texto pretenda hacer.

Frente a lo segundo, porque la recepción y la reconstrucción de las ideas sociales del derecho se hacía de cara a las necesidades locales y en confrontación con teorías propias, que también estaban insertas en el comercio atlántico de ideas, normas y textos. Así, mientras en Alemania el formalismo enemigo era la Jurisprudencia de conceptos, en Francia era la Exégesis, en Estados Unidos el Classical Legal Thought y en Latinoamérica la política conservadora y clerical. Esto ratifica que, si bien es posible retratar la comunicación atlántica de ideas y normas sociales como un elemento común o globalizado, al momento de poner a operar esas ideas y normas en un contexto específico, lo local entra en juego, dando diferencias sustanciales en procesos que parecían comunes.

Vale la pena resaltar el alto espíritu cooperativo y colaborativo, muy propio de un derecho social que constituye la solidaridad como su baluarte, de los autores y los movimientos estudiados. Esa comunidad de ideas y normas se logró gracias a muchos factores, uno de ellos con la consolidación de un sistema internacional de correo, sumado a las facilidades para la comunicación y el comercio de libros gracias a los adelantos tecnológicos en el transporte, etc., pero nada de eso habría sido importante si no hubiera existido entre los socialistas jurídicos de las regiones aquí expuestas ese espíritu de apertura al otro, lo que aumentó la velocidad y la cantidad de información que circuló en la urdimbre. Qué falta hace hoy día ese espíritu de comunión en la labor académica.

En conclusión, mirar solo la circulación atlántica no permitiría una comprensión general del fenómeno, como tampoco lo permitiría una mirada solo nacional. Así las cosas, la historia de la filosofía del derecho requiere tener puesto los ojos tanto en lo transnacional como en lo nacional, aunque así se corra el riesgo de aquello que dice la canción de Silvio Rodríguez "Fábula de los tres hermanos" (del álbum Rajo de nube de 1980): "ojos puesto en todo ya ni saben lo que ven".