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Prospectiva

versión impresa ISSN 0122-1213versión On-line ISSN 2389-993X

Prospectiva  no.31 Cali ene./jun. 2021  Epub 01-Ene-2021

https://doi.org/10.25100/prts.v0i31.10334 

Artículos

Reflexiones sobre inseguridad social y cuestiones penales. Una respuesta estratégica a partir de experiencias de cooperativismo con ex detenidos en Argentina

Reflections about Social Insecurity and Criminal Matters. A Strategic Response Based on Cooperative Experiences with Former Detainees in Argentina

Analia Elizabeth Otero1 
http://orcid.org/0000-0001-6774-1434

Yael Yanina Barrera2 
http://orcid.org/0000-0002-4347-8384

1 IICSAL (FLACSO-CONICET). Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: aotero14@gmail.com.

2 Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: yaelbarrera@gmail.com.


Resumen

La literatura sobre jóvenes de sectores populares da cuenta de las múltiples dificultades de accesibilidad al mundo del trabajo que tiene esa población. Aquellos que además portan el estigma de la condena penal, se encuentran en una situación aún más desventajosa, no solo por el impacto degradante de haber transitado por la cárcel sino también por sus antecedentes penales que los hace particularmente vulnerables. Como contracara, son visibles experiencias que expresan la construcción de caminos inclusivos a personas que egresan de la cárcel a partir de trabajos colectivos, como son las cooperativas de ex detenidos. Este artículo busca, a través del análisis de una experiencia conformada mayormente por jóvenes de sectores populares con antecedentes penales, contribuir al estudio sobre estrategias posibles para ampliar sus oportunidades de acceso al mundo del trabajo. Seguidamente, se mapea la grave situación actual del sistema carcelario y se analiza una valiosa experiencia cooperativa argentina surgida en el 2015. Por último, reflexionamos sobre cómo esta experiencia cooperativa y autogestiva logró consolidarse en el tiempo y ampliar sus áreas de trabajo a aquellas que buscan promover la integración socio laboral de ex detenidos.

Palabras clave: Jóvenes de sectores populares; Cooperativas; Cuestiones penales; Inseguridad social

Abstract

The literature on young people from popular sectors shows the multiple difficulties of accessibility to the world of work that this population has. Those who also carry the stigma of criminal conviction find themselves in an even more disadvantageous situation, not only because of the degrading impact of having spent time in prison, but also because of their criminal record, which makes them particularly vulnerable. On the other hand, there are visible experiences that express the construction of inclusive roads to people who leave prison from collective work, such as cooperatives of former detainees. This article seeks, through the analysis of an experience made up mainly of young people from popular sectors with a criminal record, a contribution to the study of possible strategies to expand their opportunities to access the world of work. Next, the serious current situation of the prison system is mapped and a valuable Argentine cooperative experience that emerged in 2015 is analyzed. Finally, we reflect on how this cooperative and self-managed experience managed to consolidate over time and expand its work areas to those who seek promote the social and labor integration of former detainees.

Keywords: Young people from low-income neighborhoods; Cooperatives; Criminal matters; Social insecurity

1. Introducción

Los jóvenes de sectores populares1 se ven afectados por múltiples dificultades a la hora de acceder y posicionarse en el mundo del trabajo. Aquellos que, además, portan el estigma de la condena penal se encuentran en una situación aún más desventajosa, por el impacto degradante de haber transitado por la cárcel y porque la condena penal figura diez años en el registro de antecedentes penales lo cual los hace particularmente vulnerables. No obstante, son visibles experiencias de cooperativas de trabajo de ex detenidos que permiten generar modos de inclusión social y laboral. Las prácticas del cooperativismo, en tanto experiencia colectiva delinean un horizonte diferente al empleo individual, se edifican sobre relaciones de confianza, colaboración y solidaridad. Asimismo, las estrategias productivas, financieras y laborales de una cooperativa no responden prioritariamente, como en una empresa convencional, a la acumulación de capital, puesto que aquí será relevante y sustantivo el bienestar de los socios, así como los aportes al entorno comunitario y ambiental. Entendemos que estas experiencias cobran especial relevancia para promover la integración socio laboral de las personas que egresan de la cárcel, resultando ser una de las pocas oportunidades de acceso al mundo del trabajo.

Este artículo se organiza del siguiente modo: en primer lugar, presentamos el proceso metodológico empleado. Luego analizaremos el contexto y la situación particular de este grupo poblacional en Argentina y en el período reciente, para lo cual utilizaremos estadísticas e informes elaborados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Profundizaremos, también, en los aspectos relacionados con la educación y el trabajo. Posteriormente, retomaremos autores como Wacquant, y exponentes de la criminología crítica latinoamericana como Daroqui y Del Olmo; trataremos la dimensión penal que alude a que dentro del entramado social las personas que tienen antecedentes penales son un grupo que está en una situación aún más desventajosa, expuestos a una intensa y persistente desigualdad, así como escasas oportunidades de acceso al trabajo. Avanzaremos luego en el planteo de la opción del cooperativismo como modo de inclusión social y laboral para aquellos con antecedentes penales, para luego adentrarnos en el caso testigo. Concluiremos con una breve reflexión sobre el desarrollo elaborado y algunas inquietudes pendientes sobre la compleja temática.

2. Metodología

El material base del análisis aquí presentado surge en el marco de una investigación, aún en curso titulada “Jóvenes y cooperativismo. Caminos en construcción. Otras miradas de lo posible, experiencias cooperativas recientes en el contexto argentino (2019-2021)”; cuyo objetivo general es contribuir al campo de los estudios de la juventud a través de una investigación que aborda las especificidades de la vinculación entre los jóvenes y el cooperativismo. El proyecto aborda aspectos propios de las discusiones del cooperativismo y sus principios, así como en los obstáculos que limitan la inclusión juvenil en dichos espacios retomando la singularidad de las cooperativas de trabajo y su desarrollo en el contexto local.

Como parte de la primera etapa del proyecto se realizó un sondeo de actores y participantes activos del cooperativismo en el ámbito nacional, se llevó a cabo un relevamiento sobre el sector y trabajo cualitativo sobre los aspectos destacables de las experiencias de este tipo y su vinculación en lo que hace a la inclusión de jóvenes. La estrategia metodológica utilizada fue la cualitativa indagando, a partir del discurso de los propios actores sus perspectivas acerca de la cuestión. Para ello se utilizó como técnica la entrevista semi - estructurada sobre una muestra no representativa que quedó conformada por 14 registros, abordados luego desde un análisis reflexivo. Para la construcción de la muestra se utilizó una doble estrategia: intencional y bola de nieve. Intencional ya que partiendo de un primer sondeo en páginas www, se localizaron actores activos del cooperativismo en el ámbito nacional bajo el criterio de entrevistar a informantes claves se seleccionaron organizadores y/o referentes de distintas redes y confederaciones que nuclean cooperativas. Y bola de nieve dado que los primeros entrevistados facilitaron la ubicación de otros referentes a entrevistar. Las entrevistas se realizaron durante el segundo semestre del 2019 incluyeron ocho varones y seis mujeres socios cooperativistas2, y participantes a su vez de distintos espacios (FEDECABA; GESTARA; CNTA; FACTA; FUNCAT; IDELCOOP)3.

Puntualmente, en este artículo se busca aportar al campo de la investigación sobre jóvenes de sectores populares con antecedentes penales a través del análisis de la experiencia de una cooperativa conformada mayormente por ex detenidos. Para reflexionar conceptualmente sobre la población con antecedentes penales lo hacemos desde un enfoque multidimensional considerando las dimensiones sociales, laborales y penales. Nos ocuparemos particularmente de la intensidad en la desigualdad en el acceso al mundo del trabajo que presenta esta población, sosteniendo que la condena penal funciona como estigma condicionándolos. Metodológicamente el caso testigo aquí analizado, que puede tomarse como ejemplo o referente para otros casos futuros, paradójicamente da cuenta de que como contracara de la acumulación de desigualdades o de la sumatoria de vulnerabilidades, son visibles experiencias de cooperativas que expresan la construcción de caminos viables a partir de trabajos colectivos como son las cooperativas de ex detenidos. De la misma manera, trabajamos desde una perspectiva metodológica cualitativa: apelamos al estudio de caso que, como señala Yin (1989), es “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (p. 13). “Los casos son particularmente válidos cuando se presentan preguntas del tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo” (Yacuzzi, 2005, p. 4).

3. Referentes de contexto

3.1 La cárcel como lugar de encierro y castigo: selectividad penal, condiciones de detención en Argentina

Para presentar en términos estadísticos la situación y las características de la población detenida en Argentina, seleccionamos los dos últimos informes del año 2018 elaborados por dos organismos públicos nacionales. El primero, es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación siendo la estadística penitenciaria oficial. El segundo, es la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que tiene por función dar cuenta de la situación de los Derechos Humanos en las cárceles en Argentina, a través de la presentación de informes anuales ante el Congreso de la Nación Argentina, efectuando recomendaciones que se constituyen en estrategias para mejorar las condiciones en las que se encuentra esta población.

Según el informe del SNEEP, la cantidad de población encarcelada en Argentina al 31 de mayo de 2018 ascendía a un total de 103.209 personas. Al respecto ambos informes señalan que, si bien hubo un crecimiento relativamente constante de la población encarcelada (el SNEEP tiene registros desde el año 2002 y la PPN desde el 2006), a partir del año 2015 el incremento poblacional ha sido exponencial. Lo cual agravó no solo las condiciones de detención, sino que profundizó problemas estructurales de las cárceles argentinas como son la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, agudizando así la situación crítica del Sistema Penitenciario del país. A raíz de esta última situación durante el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia en materia penitenciaria4 por el término de tres años, allí se reconoce el impacto negativo que este incremento poblacional tuvo en el Sistema Penitenciario (señala un índice de sobrepoblación del 12% para el año 2018). Es así que como primera aproximación podemos decir que el Sistema Penitenciario se encuentra en situación de emergencia: una de las causas es el exponencial incremento poblacional que hubo desde el año 2015, que agudizó la sobrepoblación como el hacinamiento y, colateralmente, condicionó la vigencia de los derechos humanos en las cárceles.

Por otra parte, la PPN señala en su informe que, al observar los rangos de tiempo de condena, queda en evidencia que la justicia penal está haciendo foco principalmente en delitos de escasa violencia y/o en los eslabones más bajos de las cadenas delictivas, dado que los porcentajes más altos se concentran en los rangos de condenas más cortas, es decir, de delitos de menor gravedad (Procuración Penitenciaria de la Nación [PPN], 2018, p. 31). En este mismo informe, se particulariza el estudio de las condenas “cortas” de hasta seis meses de prisión, señalándose que debemos reafirmar el claro “abandono” de los fines resocializadores de la pena, y la reafirmación de la captura regular de las agencias del sistema penal, en particular la “función política” de la agencia judicial en relación al gobierno punitivo severo sobre una población que pertenece a determinados sectores sociales (los más empobrecidos) sólo con fines de castigo, control, distribución y regulación de las mismas (PPN, 2018, p. 68).

Al respecto, el informe del SNEEP agrega que el 57 % de las condenas impuestas varían entre una pena que va de 3 a 9 años y observa una marcada tendencia histórica, que demuestra que más de las dos terceras partes de los condenados no tenían condenas previas, eran “primarios”. Ciertamente estos datos reflejan que los mecanismos punitivos de selectividad penal, en los últimos años, se han concentrado con mayor intensidad en los sectores más vulnerables de la sociedad con el fin de castigarlos y encerrarlos, perdiendo como horizonte “el fin resocializador de la pena” tal como está planteado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (1996). En efecto, se vislumbra un aumento no solo de las condenas cortas, asociadas a delitos “de poca monta” u “oportunistas” sino que gran parte de la población es primaria (siendo su primera detención), lo que ciertamente da cuenta de una corta trayectoria en el delito.

Por su parte, las estadísticas penitenciarias dan cuenta de las características de la población encarcelada donde se observa una destacada presencia de varones jóvenes argentinos con un bajo nivel de escolarización. Según el informe del SNEEP, “el 95% de los detenidos eran varones, el 94% eran argentinos, el 67% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 60% tenía menos de 35 años de edad” (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena [SNEEP], 2018, p. 20). En cuanto a su situación laboral al momento del ingreso al penal, del total de la población, el 43% declaró estar desocupado, el 39% trabajo a tiempo parcial y sólo el 18% trabajo a tiempo completo, sin contar con datos de una pequeña parte.

En función de lo expuesto podemos añadir al perfil predominante de la población encarcelada, algunas características del análisis de contexto: el sistema penal en Argentina se ocupa predominantemente de varones jóvenes argentinos de entre 18 y 35 años provenientes de sectores populares, precarizados y con bajos niveles de escolarización. Sumado a ello, desde el año 2015 se vislumbra una tendencia muy marcada que indica que las personas detenidas están imputadas en delitos asociados a penas “cortas” y, además, son “primarios”, ya que no cuentan con condenas previas.

Ahora bien, hasta el momento tenemos una caracterización de la población que selecciona para encarcelar el sistema penal en Argentina, jóvenes de sectores populares, precarizados, con bajo nivel educativo y poca trayectoria dentro del delito penal; para complementar el panorama es oportuno conocer cómo son las condiciones de detención en un Sistema Penitenciario que está en situación emergencia carcelaria.

En este último sentido, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) refleja en su informe los graves problemas que condicionan la vigencia de los derechos humanos en las cárceles5. Señala allí, las pésimas condiciones materiales de habitabilidad en los centros de detención, así como los bajos niveles de higiene y salubridad y las condiciones inaceptables de alimentación.

Por otro lado, menciona la existencia de casos de malos tratos y torturas, donde persiste el aislamiento individual como forma de administración del castigo. Agrega también la existencia de agresiones físicas y relata situaciones de violencia institucional en todas las instancias del sistema penal y en todos sus centros de detención. Asimismo, se ocupa de analizar las muertes bajo custodia estatal, ya sean violentas, donde habría que considerar “cifras negras” por la complejidad que implica denunciar al mismo organismo encargado de la custodia y, por otro lado, las muertes no violentas, con preponderancia de las causadas por irregularidades en la asistencia médica, dejando entrever la vulneración del derecho de acceso a la salud que sufren las personas detenidas. Para ejemplificar las situaciones de violencia física y los tratos crueles y degradantes a los que son sometidas, el informe de la PPN registra situaciones de violencia en los procedimientos de requisa, donde se roba o se dañan las pertenencias de las personas presas, las cifras arrojan que las pertenencias afectadas prioritariamente son mercadería y alimentos, indumentaria, cigarrillos y elementos de higiene, es decir que el daño predomina sobre los bienes y elementos básicos de supervivencia. Es así que sumamos dos elementos al estado de situación referentes a las condiciones de detención, la violencia institucional como norma de la gestión de todos los espacios de encierro carcelario, así como las paupérrimas condiciones materiales de habitabilidad en el encierro que degradan y someten a las personas empeorando las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban antes de estar detenidas.

3.2 Sistema carcelario, educación, trabajo y condiciones de egreso

Además de las condiciones materiales de detención importa, para ambos informes, dar cuenta de la accesibilidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la población encarcelada. Al respecto, el informe del SNEEP arroja datos alarmantes en cuanto a la incorporación a actividades de formación para el mundo del trabajo: durante el 2018 el 78 % de la población detenida no participó en ningún programa de capacitación laboral y el 52% no participó en ningún programa educativo, ya sea en educación formal o informal. Por su parte, el informe de la PPN añade la existencia de dificultades administrativas que obstaculizan no sólo el acceso a la educación, sino que impiden la continuidad y la regularidad en sus trayectorias educativas; en muchos casos deben volver a cursar la primaria o la secundaria porque no acceden o no cuentan con las credenciales educativas que certifiquen el nivel alcanzado.

No obstante, el informe de la PPN destaca el papel preponderante en materia de ampliación de derechos de los Centros Universitarios que funcionan en diferentes establecimientos penitenciarios ya que promueven el desarrollo de experiencias como la que tomamos como caso testigo en este artículo.

Sin embargo, la situación en cuanto a las condiciones laborales y la accesibilidad a puestos de trabajo intramuros es crítica: el informe de 2018 de la PPN señala que hubo un drástico recorte presupuestal, que no se generaron nuevos puestos de trabajo, a pesar de que se incrementó la población presa y hubo una reducción en el salario de las personas que trabajaban (les redujeron la cantidad de horas de trabajo y en consecuencia el salario).

Es por esto que continuamos el desarrollo analizando la relación que existe entre acceso a derechos sociales, laborales y culturales de la población encarcelada y los procesos de egreso de los establecimientos penitenciarios. Una cuestión interesante de advertir al respecto, es que uno de los organismos que forma parte de la evaluación para el otorgamiento de las libertades anticipadas o el acceso a regímenes de morigeración de la pena es la Junta Criminológica del Sistema Penitenciario, que tiene por función evaluar la conducta, que alude a las sanciones disciplinarias y el concepto que se evalúa en función del cumplimiento de objetivos en diferentes áreas: trabajo, educación, salud, asistencia social, salud.

El cumplimiento de estos objetivos y las buenas calificaciones permiten al condenado avanzar en las fases estipuladas en la progresividad de régimen penitenciario y en consecuencia acceder a solicitar su incorporación a algún estatuto de libertad anticipada. En este escenario avanzar en los objetivos se constituye en un desafío para la población encarcelada, ya que según señalamos hay un escaso acceso a actividades educativas y de formación para el mundo del trabajo y la situación de trabajo intramuros es crítica, lo que ciertamente los posiciona en una condición desfavorable para acceder a estos “beneficios” establecidos en la ley.

En efecto, los datos que el informe del SNEEP presenta sobre la situación en la que se encuentran las 50.628 personas condenadas confirma esta cuestión, al 92% no les fueron otorgadas las salidas transitorias, gozando de esas salidas solo un pequeño porcentaje, el 6,7% (el resto revocadas o suspendidas); por otro lado, el 95% no se encuentra incorporado al régimen de semilibertad y solo el 5% está incorporado; por último, el 91,9% no obtuvo reducción de pena, tan solo al 8,1% se les concedió una reducción en sus condenas.

Por último, durante el año 2018 el Equipo sobre Procesos de Egreso y Post Privación de Libertad de la PPN, se ha ocupado de analizar las dificultades y los graves problemas de acceso al mundo del trabajo de la población encarcelada, ya sea en cuanto al trabajo intramuros como cuando recuperan su libertad. Este equipo ha identificado dos líneas estratégicas para abordar el tema y ampliar las oportunidades laborales de las personas con antecedentes penales: la primera, “vinculada al estudio de los factores que obstaculizan la inserción laboral y otra, más de acción directa, que se relaciona con acompañar y apoyar instancias que contribuyan a crear condiciones reales de acceso al trabajo” (PPN, 2018, p. 319). En cuanto a la primera estrategia, señala que uno de los factores que obstaculizan la inserción laboral es la falta de acceso al seguro de desempleo de las personas cuando recuperan su libertad. Afirman en este sentido que:

Si la relación laboral dentro de la cárcel estuviera regulada conforme la Ley de Contratos de Trabajo, las formas mediante las cuales se extingue la relación deberían ser las que dicha ley determina. La recuperación de la libertad podría equipararse entonces, al cese de la relación laboral y por consecuencia, acceder a la cobertura de la seguridad social. Debido a que esto no sucede, la pérdida inmediata del trabajo repercute en las condiciones de egreso (PPN, 2018, p. 319).

De este modo las personas que trabajan dentro de las cárceles se encuentran en una situación más desventajosa y gozan de menos derechos que el resto de las y los trabajadores que conforman el mercado de trabajo. Esta situación se intensifica y adquiere una profundidad aún más extrema con el egreso de la cárcel. Cabe señalar aquí, una vez y como indicáramos anteriormente, que los antecedentes figuran durante diez años en el registro de antecedentes penales, lo que dificulta considerablemente el acceso al mercado formal de trabajo. Por otro lado, la segunda estrategia propuesta por la PPN reconoce la organización colectiva y autogestiva del trabajo como un recurso sumamente valioso para ampliar las oportunidades laborales de las personas con antecedentes penales cuando recuperan su libertad y refiere como problema la falta de políticas que promuevan las cooperativas como proyectos posibles de inclusión al mundo del trabajo. En este sentido, y como parte de las recomendaciones que efectúa la PPN (2018), emitió la:

Recomendación Nº 880/18 sugiriendo a los miembros del Senado de la Nación el tratamiento urgente de la modificación del artículo 64 de la Ley de Cooperativas -ley 20337-. Dicho artículo prohíbe a las personas condenadas por delitos comunes integrar el consejo directivo de la cooperativa. Modificar este artículo implica suprimir dichas restricciones, reconocer derechos y eliminar los efectos estigmatizantes del encarcelamiento (p. 321).

Además, la PPN (2018) implementa una línea estratégica de abordaje territorial para promover la inclusión laboral de ex detenidos a cooperativas, buscando “generar encuentros y estrechar lazos con las cooperativas, directamente en sus barrios” (p. 321). Este trabajo que se impulsa desde ese organismo busca “generar un espacio de intercambio, asesoramiento y promoción de derechos entre la PPN y las personas que recuperaron la libertad, integrando también a otros familiares de detenidos, como parte del colectivo que se ve afectado por el encarcelamiento” (p. 322), propiciando, de esta manera, la reflexión de la cuestión penal y de la cárcel como un tema que atañe a la población en general y que requiere atención pública.

4. Dimensiones teórico-conceptuales: Inseguridad social y cuestiones penales

En la actualidad nos encontramos en un escenario de inseguridad social caracterizado por la pérdida de las protecciones derivadas de la seguridad social. Castel (2013) entiende que esta nueva cuestión social se constituye en un entramado de los tres elementos constitutivos del ser social. El primero, referido al acceso al mundo del trabajo o el lugar que se ocupa en la división social del trabajo; el segundo, a la participación en las redes de sociabilidad o soportes de proximidad; y el tercero, con los sistemas de protección social que cubren a las personas ante los riesgos de la existencia. Con base en esta caracterización cobra sentido sostener que los jóvenes de sectores populares con antecedentes penales, además de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad por el efecto degradante del encierro, tienen pocas oportunidades de acceder al mundo del trabajo, y escasas chances de escapar a condiciones sociales y laborales extremadamente precarizadas. Frente a ello se torna aún más relevante rescatar la importancia y el valor de la participación de jóvenes de sectores populares con antecedentes penales en experiencias de cooperativas de ex detenidos para ampliar sus oportunidades. Ahora bien, el último elemento de Castel (2013) que refiere al sistema de protección social que cubre a las personas ante ciertas contingencias, adquiere ciertas particularidades y presenta otros matices cuando se trata de los jóvenes de sectores populares. En este sentido, siguiendo a Wacquant (2014) nos enfrentamos a un Estado Centauro, “liberal en la cima y punitivo en la base”, y como agrega el autor “el surgimiento del precariado urbano y su gestión punitiva por el Leviatán neoliberal” da cuenta de que la “contención punitiva es una técnica generalizada para controlar a las categorías marginadas” o “para gobernar áreas y poblaciones problemáticas”. Ante este escenario este autor vislumbra la existencia de una “doble regulación de los pobres a través del “workfare” disciplinario y el “prisonfare” neutralizador, como “Liberal paternalista” pues aplica la doctrina del laissez-faire et laissez-passer en lo alto de la estructura de clases, hacia los poseedores del capital cultural y económico pero pasa a ser intrusivo y vigilante abajo, cuando se trata de reprimir las turbulencias sociales generadas por la normalización de la inseguridad social y la profundización de las desigualdades” (pp. 182-200).

Este fenómeno, en paralelo a los procesos de estigmatización social, es reflejo de que el andamiaje institucional punitivo del Estado selecciona preferentemente a la población joven de sectores populares, aquellos desechables en términos de mercado para ejercer puniciones. Nos interesa profundizar, entonces, en las dificultades de los jóvenes de sectores populares cuya desigualdad de oportunidades es aún más intensa porque tienen antecedentes penales y cargan con las consecuencias deteriorantes y estigmatizantes del encierro, así como las experiencias derivadas de la condena penal. Además de analizar cómo el estado penal, ya sea través de la política social o de la política penal o de ambas, interviene. Según Castel (2013) quienes “no encajan”, es decir las personas “que no están integradas y tienen dificultades para hacerlo” son quienes constituyen las “clases peligrosas, es decir, la cristalización en grupos particulares, situados en los márgenes, de todas las amenazas que entraña una sociedad” (pp. 71-70).

La cuestión penal permite presentar con mayor claridad la situación. Partimos de afirmar que sólo una parte de esta población peligrosa ve aún más agravada su situación y eso se debe a que, además, tienen antecedentes penales. Según Daroqui, López y Cipriano (2012) y otros, parte de estas clases peligrosas, los supernumerarios, son “quienes constituyen -selectividad penal mediante- la clientela del encierro” (p. 366). Este proceso de selectividad penal, según la autora se sustenta en una cadena punitiva conformada por tres eslabones clave: el policial, el judicial y el custodial, y agrega que: “sólo algunos jóvenes arriban a la última frecuencia de la cadena punitiva; son algunos “elegidos” (Daroqui et al., 2012, p. 366). Como sostienen y reafirman otros autores,

Al analizar las características de la población carcelaria, podemos observar que en su mayoría son jóvenes pobres, con escaso (a veces nulo) paso por el sistema educativo, desempleados y con causas judiciales relacionadas a delitos contra la propiedad y delitos relacionados a estupefacientes. Si bien es sabido que los delitos son cometidos por personas que pertenecen a diferentes clases sociales, quienes son prisionalizados generalmente pertenecen a los sectores más pobres y desprotegidos. (Krombauer, 2015, p. 55)

O sea que son jóvenes pobres de sectores populares, con precariedad laboral quienes arriban al último eslabón de la cadena punitiva y constituyen la clientela del encierro.

En este sentido, la experiencia sobre el estudio de las cárceles en Argentina, viene demostrando que la cárcel es un lugar de encierro y castigo y que las personas que transitan en contexto de encierro salen en peores condiciones que las que ingresan. En esta misma línea de análisis, los estudios sobre criminología crítica advierten que la cárcel funciona como “depósito para excluir e incapacitar poblaciones consideradas “peligrosas” “de riesgo’, pero sobre todo “desechables” (Del Olmo, 2002, p. 375). Desde esta perspectiva crítica de la teoría de la pena es que nos posicionamos para reflexionar sobre los procesos de inclusión socio laboral en jóvenes de sectores populares con antecedentes penales. Nótese que evitamos utilizar el prefijo “re” y hablar de “resocialización” o “reintegración”, ya que en esta línea argumentativa el sistema penal punitivo no busca resocializar a través de la ejecución de la pena, por el contrario tiene por función ocuparse de la administración del encierro y el castigo, seleccionando preferentemente a los jóvenes pobres de sectores populares. En este sentido, el efecto degradante que la cárcel tiene, agrava aún más la situación de desventaja en la que los jóvenes se encontraba antes de su encierro pues, “la cárcel implica la (re)producción de identidades y trayectorias sobre vulneradas: los problemas laborales previos se ven acentuados, derivando en que la salida más potable para los/as liberados/as sea a través de la economía informal” (García, 2018, p. 3).

Como hemos visto en el apartado precedente, que refleja la estadística de la población encarcelada en Argentina, son los jóvenes de entre 18 a 35 años, argentinos de sectores populares quienes el sistema penal selecciona preferentemene para encarcelar. Además, al recuperar su libertad ambulatoria no solo se encuentran en peores condiciones que antes del encierro, sino que cargan con el estigma de la condena penal lo que les dificulta no solo su acceso al trabajo, sino que también enfrentan situaciones de discriminación y violencia cotidiana que intensifican aún más las situaciones de desigualdad social y penal en la que se encuentran.

5. Hallazgos

5.1 Economía Social y otras construcciones posibles de inclusión al mundo del trabajo

En la actualidad, en nuestro país existen múltiples antecedentes de cooperativas conformadas por ex detenidos. Esto afirma, renueva y es antecedente de las acciones impulsadas por el PPN desarrolladas en apartados precedentes. Lo cual abre la puerta para reflexionar sobre las posibilidades que despiertan tanto los métodos asociativos como en particular el modelo de organización basado en los valores, criterios y principios cooperativos a la hora de instituirse como un canal posible en el complejo proceso de integración social y económica en el medio libre y de acceso al mundo del trabajo.

Al igual que el caso testigo aquí analizado, existen otros ejemplos antecedentes locales acerca de ello, como la constitución de la cooperativa de trabajo Kbrones, la primera en Argentina conformada por un grupo de personas privadas de su libertad que siguió los pasos de la pionera en Latinoamérica con esta composición: la cooperativa “Intramuros” de Guatemala6. Al respecto Krombauer (2015), sostiene que

el trabajo asociativo puede contribuir de manera más rica y con más herramientas a la hora de dar respuesta a la problemática de la población carcelaria. El asociativismo, en la historia de la humanidad, ha resultado una respuesta positiva ante las situaciones de necesidad de los sectores más pobres de la población. A través de la unión y la cooperación se ha logrado no solamente resolver necesidades materiales, sino también la consecución de ideales, latentes en el pueblo y expresados por numerosos pensadores, acerca de una vida más justa y solidaria. (p. 53)

Pero, además, siguiendo a este último autor, la modalidad de organización del cooperativismo es una alternativa válida para promover la (re) integración social y económica de la población de ex detenidos una vez que recuperan su libertad, en tanto promueve dos aspectos que resultan claves: por un lado, la educación entendiéndola en el orden de proporcionar herramientas útiles para desempeñarse en distintos ámbitos del orden social; y por otro lado, la cooperativa de trabajo en el carácter de empresa, en tanto habilita la autogeneración de trabajo y en función de ello resulta la base del sostén económico de los socios.

Recordemos aquí que las prácticas del cooperativismo, en tanto hablan de una experiencia inexorablemente colectiva, se instituyen en un plano distinto al fomento de la búsqueda de incentivar la empleabilidad individual. Este encuadre transforma al modelo cooperativo en un horizonte bien diferente a las propuestas frecuentes y sostenidas que incentivan promover el emprendedurismo individual para contrarrestar las problemáticas del desempleo juvenil. Pero además, como señalamos con anterioridad, el acceso al trabajo es claramente restringido para los jóvenes egresados del sistema carcelario. A ello sumado que, a partir del año 2015, como consecuencia de las políticas neoliberales hubo un crecimiento exponencial de la población encarcelada.

Además, es necesario repasar que como es conocido, las prácticas colectivas se edifican sobre relaciones de confianza, colaboración; en la cooperativa los hogares y las comunidades al asociarse obtienen recursos poco accesibles individualmente. Asimismo, las estrategias productivas, financieras y laborales de las cooperativas no responden como en una empresa convencional a la acumulación de capital, puesto que aquí será relevante el bienestar de los socios, las posibilidades de expansión y el entorno comunitario y ambiental. En este sentido, las relaciones de proximidad que se constituyen como soporte en el entramado de contención, en la conformación de lazos a través de la participación en cooperativas se constituye en una herramienta de inclusión laboral para las personas que recuperan su libertad ambulatoria, teniendo en cuenta que sus oportunidades de acceso al mundo del trabajo están condicionadas.

En este mismo sentido, como bien destacan los trabajos que analizan la cooperativa Kbrones, la propuesta fundacional se centró en trabajar por la conformación de una experiencia que pudiera darles una “forma de organización de su trabajo y de su emprendimiento socio-productivo”, y que al mismo tiempo “les brinde la posibilidad de entender e internalizar valores, como la ayuda mutua, la unión, la solidaridad, la democracia, la equidad, la preocupación por la comunidad; y, a partir del entendimiento de ellos, luchar por sus otros derechos vulnerados” (Krombauer, 2015, p. 53).

En este mismo sentido un argumento aún más profundo sostiene que,

La internalización, por parte de las personas privadas de su libertad, del concepto de SelfHelp, promovido por los socialistas utópicos y los precursores del cooperativismo, da el puntapié inicial para lograr el cambio en la subjetividad del individuo encerrado y la posibilidad de planificar un proyecto por fuera del encierro. La ayuda mutua y la solidaridad rompen con la cultura individualista y competitiva marcando una clara búsqueda por priorizar lo colectivo sobre lo individual. (Krombauer, 2015, p. 56)

Es decir, un colectivo basado en la conformación de un grupo y un sentido de pertenencia inclusivo para las personas con condenas penales y para sus vínculos más próximos.

Otro aspecto, en sintonía con lo expuesto, es que la construcción de enemigos sociales y su correlato en la dinámica judicial, policial y política, que se ha constituido como una criminalización de los jóvenes pobres, implica formas de construcción identitaria y, por ende, de incorporación de los estigmas construidos socialmente. Estos atraviesan las prácticas de los liberados, quienes cargan “una identidad enemiga” (García, 2018, p. 5) conformando las “clase peligrosas”. En este marco, “las cooperativas de liberados/as implican una resignificación de la condición (y el estigma) de ex detenido/as, identificándose ya no sólo con una forma de producción (el cooperativismo) sino con la experiencia de haber pasado por la cárcel” (García, 2018, p. 5).

Claro que hay aquí una marca social relevante que resulta en una condición de posibilidad en términos de García (2018, pp. 5-6), al retomar el pensamiento de Kessler,

La inclusión de otros/as liberados/as, así como la decisión de referenciarse como ex detenidos/as, se convierten en un posicionamiento que no puede disociarse de las condiciones contextuales en las cuales se inscribe: aparece como disputa ante la asociación generalizada de esos individuos con determinadas prácticas delictivas, ancladas en una sociedad donde la inseguridad ocupa un lugar central en la percepción de los problemas nacionales; ponderada por su representación en los medios, los cuales impactan en la agenda de preocupaciones, orientan las acciones públicas y contribuyen a las sensibilidades de la época. (Kessler citado en García, 2018, pp. 5-6)

La política pública puede resultar una herramienta útil para apoyar a las cooperativas promoviendo así espacios de autonomía organizativa, colaborando con el impulso inicial de los propios protagonistas de la historia, si no las redes son compensatorias.

5.2 Una experiencia Cooperativa de trabajo: VTF Visión Futuro y Trabajo Limitada

Esta cooperativa constituida en 2015, surge a partir de la iniciativa de un grupo de personas que pasaron por contextos de encierro y que luego de recuperar la libertad decidieron agruparse para iniciar una actividad productiva. Esta experiencia, dedicada a la industria textil más específicamente, se encarga de la confección de indumentaria (pantalones, camisas, remeras), ropa de trabajo, la realización de bordados sobre prendas, entre otros; y está integrada por 28 personas. Algunos se capacitaron en el rubro mientras cumplían sus condenas en unidades penitenciarias. Uno de sus socios fundadores oriundo de Buenos Aires estuvo detenido en la ciudad de Córdoba por casi 20 años. Durante este periodo terminó de estudiar la escuela primaria y secundaria, luego comenzó una carrera universitaria. Por tres años estudió abogacía en contexto de encierro, posteriormente se matriculó y finalizó el profesorado de Ciencias de la Educación. Participó en el armado de una Cooperativa en Córdoba instituida en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba realizando fundamentalmente actividades vinculadas al fotocopiado de textos. Cabe recordar lo señalado por el informe de la PPN respecto del papel preponderante de los Centros Universitarios en las cárceles, en materia de ampliación de derechos de la población detenida. No obstante, a poco de haber iniciado en esta conformación recupera su libertad y decide trasladarse nuevamente a su ciudad de origen Buenos Aires, donde posteriormente inicia un nuevo proyecto que culmina al tiempo materializándose en la conformación de la cooperativa textil.

(…) pero la universidad nos preparó el cooperativismo como tiene que ser con video (…) Claro viste y te preparaba ya teóricamente, pero lo práctico nosotros el cooperativismo lo sabíamos: compañerismo...

I: ¿Solidaridad...?

E: Claro, vos estás en un pabellón con 100 personas y con 100 personas que vos no elegís convivir, que vos no elegiste con quien querés vivir... a vos todos los días te abren una puerta, y viene uno que está por no sé qué, que el otro mató a no sé quién, que el otro no sé qué y vos tener que convivir con ellos y eso no solo nosotros lo teníamos, yo ya llevaba 17 años detenido, conviviendo con un montón de personas que hablaban en otro idioma porque vos estás en Buenos Aires y de repente vas a Córdoba y parece que es otro idioma que guaso, que culiao... (Ev. N1, Cooperativa VTF)

Claro que las personas que iniciaron el emprendimiento, primero se constituyeron como grupo asociativo, para luego con el ingreso de nuevos integrantes, conformarse como cooperativa de trabajo. Muchos de sus actuales integrantes estuvieron en situación de encierro y, al encontrarse liberados, tuvieron la oportunidad de sumarse aquí a una actividad productiva vinculada al sector textil. En sus comienzos, se iniciaron con la confección de camisas para empresas de colectivos locales. Luego incursionaron en la producción de ropa de trabajo y uniformes para las fuerzas policiales. En el año 2017 se contactaron con el Observatorio de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), con quienes firmaron un convenio para el dictado de una Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria.

Yo no sabía coser, nada...Cosía... me levantaba, iba hasta la estación de calzada... me había comprado una notebook mi madrina, viste, de un viejo humilde, y como yo había estudiado, todo, quédate en la parte de administración, aparte era mi amigo y me tenía confianza, quería que... y yo le decía... me levantaba y en ese tiempo estaba el tren viejo, en el 2014 estaban los trenes viejos… (…) yo te digo la verdad Julio, méteme ahí donde estaban cosiendo mamelucos, yo quiero aprender y el día de mañana yo quiero armar algo que yo tengo pero en Almirante Brown me metí y había peruanos, me hice amigo de un peruano Cesar, dije que quería aprender viste... ellos no le enseñan a nadie pero le caí bien y le enseño cuántos metros de tela necesitas para hacer una remera o cuántos metros de tela necesitas para hacer una camisa, yo les preguntaba lo del hilo, las máquinas, aprendí a usar las máquinas (…), aprendí y un día le planteé que yo quería armar una cooperativa en almirante Brown y fui a hablar con una señora que era la secretaria de desarrollo… (Ev. N1, Cooperativa VTF)

La cooperativa está ubicada en Almirante Brown y en sus inicios contó con el apoyo de la pionera local, Cooperativa Kbrones. Además, resultó significativa la colaboración de organismos estatales y aquella recibida por la Red Textil y la Federación de Cooperativa de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA). Se dedican al rubro textil, poseen un abanico amplio de productos y confeccionan diversas prendas textiles. Se trata de una cooperativa de trabajo que se encuentra en funcionamiento desde hace más de 4 años, y que genera inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad social. En un mes de producción realizan en promedio: 100 pantalones, 150 camisas, 400 musculosas, 350 vestidos, 450 shorts de dama y el ingreso promedio de los integrantes oscila entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales, dependiendo del trabajo que hayan tenido en ese período. No solo se han sostenido, sino que han ido creciendo a lo largo de los años.

Si, queríamos, todos queríamos cortar, armamos la mesa de corte, después (…) las máquinas de bordados valían un montón de plata y el ministerio nos dio la máquina de bordado así que nosotros ahora hacemos todo, ahora hacemos la moldearía, la moldearía de prefectura le hacemos nosotros... Moldearía, corte, confección, planchado, empaquetado para la venta... (Ev. N1, Cooperativa VTF)

Esta cooperativa desarrolla sus actividades en un local alquilado de dos pisos: en la planta alta se encuentra una línea de producción que consta de una máquina de corte, máquinas rectas, overlock de tres y cinco hilos, mesas de trabajo, insumos varios, máquina cinturera y metralladora, PC, armario de archivo, etc. En la planta baja cuentan con una bordadora industrial, mesa de trabajo, una sala de reunión y un área de capacitación. Recientemente, durante 2019, incorporaron una máquina de bolsillo de ojal y de bolsillos, e incorporaron una bordadora de 12 cabezales, lo que les permite incrementar notablemente su producción. Se proponen impulsar el desarrollo de una marca propia: “Espartanos”, creada en el año 2018 mediante un trabajo conjunto con técnicos y técnicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación7 y ampliar con ello su productividad para tener más puestos de trabajo disponibles para los jóvenes con antecedentes penales.

Si, olvídate que nosotros...yo digo que es la ventana a la que se tiene que mirar... una que es mejor modelo de inclusión social, viste, es el mejor modelo y después la otra es que nosotros vivimos de eso, me entendés, si vos le encontraste la vuelta y cartera de clientes. (Ev. N1, Cooperativa VTF)

En lo que respecta a la venta de sus productos, cuenta con una cartera variada de productos como Bodegas de Mendoza y la marca Uxmal; se encuentra inscripta en el Compre Social del Ministerio de Desarrollo Social, y participa en licitaciones del Municipio de Almirante Brown. A su vez, trabaja eventualmente con otras dos cooperativas de la localidad, con “La Teodora” realizan productos para varias bodegas de Mendoza; y con la “La Pachamama” producen borceguíes de trabajo para las fuerzas estatales.

La cooperativa articula acciones con el Patronato de Liberados Bonaerense, sobre la reinserción social y laboral de personas que estuvieron privadas de su libertad. También lo hizo y hace con el Municipio de Almirante Brown, en el proyecto Envión, por ejemplo, brindando capacitación a jóvenes, así como en distintas mesas de trabajo discutiendo distintos aspectos vinculados a la Economía Social y siendo proveedores del Municipio8.

Y la cooperativa tiene que congeniar un poco con el gobierno de turno porque hay que traer recursos, trabajo... pero siempre y cuando siendo honestos o sinceros y decirle: mirá que nosotros queremos laburar, entendés, para que después no piensen que después que te dieron una mano vos tener que poner la bandera de ellos en tu cooperativa y si sos sincero a ellos les gusta, a cualquiera le va a gustar, mientras que vos tengas... nosotros no sabíamos qué era pedir un ticket, no sabíamos lo que era nada... Ahora nosotros sabemos... Si hay alguien que necesita que nosotros le enseñemos todo lo que es hacer los trámites de la AFIP, participación ciudadana, cómo tramitar una matrícula, todo, viste, aprendimos todo a los golpes y la cooperativa de nosotros, nos dan una mano del ministerio porque está en condiciones, regla… Facturamos. Ellos te dan una máquina que vale 1 millón de pesos y vos en dos meses, tres meses o cinco meses le recuperaste la plata, porque vos facturaste con el 21% más el ingreso bruto, la recontra devolviste... encima generaste más laburo, viste, y la plata que nosotros como asociados a la cooperativa la gastamos en la Argentina también va de vuelta ahí y eso lo entienden y te están dando eso y mostrándole los papeles... (Ev. N1, Cooperativa VTF)

Además, en cuanto a su articulación territorial y su labor política, la Cooperativa de Trabajo Visión, Trabajo y Futuro VTF Limitada forma parte y preside la Federación Unión Nacional de Cooperativa Argentina de Trabajo, FUNCAT. También articula acciones con diversas cooperativas de trabajo con quienes comparte trabajo, y participa activamente en diversos espacios vinculados con la Economía Social y Popular. Mantiene vinculaciones y articula acciones con el Patronato de Liberados Bonaerense, y con diversas cooperativas de trabajo integradas por ex detenidos.

Actualmente se encuentran conformando y presidiendo una Federación de Cooperativas de Trabajo, FUNCAT, que surge de la unión de varias cooperativas que se dedican a los siguientes rubros: textil y marroquinería, construcción y reciclado. Por otro lado, se encuentran tramitando con la Municipalidad de Almirante Brown la construcción de un Polo Productivo Cooperativista, como espacio de referencia para emprendedores, cooperativistas, asociaciones de productores, etc.9 Y, como VTF, prevén consolidar y sostener los puestos de trabajo existentes y mejorar los ingresos de sus asociados buscando nuevas posibilidades de ampliarse y seguir creciendo.

6. Conclusiones

Como hemos desarrollado a lo largo de este trabajo los problemas de sobrepoblación y hacinamiento carcelario derivan en una situación crítica en la actual emergencia en que se encuentra el sistema penitenciario argentino. Los jóvenes de los sectores populares son una población notoriamente alcanzada por el estado punitivo del país y conforman el grueso de la población encarcelada. En paralelo, las problemáticas de trabajo son un escenario de complejas dificultades. Frente a ello, la conformación de experiencias cooperativas de trabajo pueden resultar un camino de posibilidad de inclusión socio-laboral. De allí que resulta imperativo reivindicar el papel sustantivo de estas en el contexto de encierro y para liberados, en nuestro país.

Consideramos que uno de los objetivos de este tipo de investigaciones, como la aquí expuesta, aporta información y contribuye a la reafirmación de líneas de acción que pueden ser útiles para el diseño de políticas orientadas a la población de jóvenes de sectores populares con antecedentes penales. Entendemos que esto constituye un desafío actual que el Estado necesariamente tendrá que asumir si tiene como horizonte disminuir las desigualdades y mejorar el nivel de vida de la población.

Claro que a veces la respuesta a un problema surge desde abajo, desde el territorio, desde las mismas personas identificadas con el tema. La multiplicidad de actores que integran este nuevo repertorio que comienza a desarrollarse presentan desafíos y se constituyen en demandas propias que el colectivo organiza para mejorar sus oportunidades de acceso al mundo del trabajo.

No obstante, el Estado tiene un rol sustantivo en tanto contribuye poniendo a disposición políticas públicas orientadas a promover el acceso al mundo del trabajo de la población con antecedentes penales y garantizarlo como un derecho, contribuyendo así a regular la intensidad de la desigualdad.

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Notas:

1En este artículo hablaremos específicamente de varones. Más adelante y con base en las estadísticas oficiales señalaremos que el 96% de la población encarcelada está integrada por varones, el 94% son argentinos y el 61% tienen entre 18 y 35 años.

2Cabe aclarar aquí que el rango de edades de los entrevistados fue variado. No obstante, en su mayoría oscilan entre los 30 y 40 años de edad.

3Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA); Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA); Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA); Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA); Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT); Fundación de Educación Cooperativa (IDELCOOP).

5Cabe señalar que, como organismo dependiente del poder legislativo, estos informes anuales se presentan como recomendaciones a las cámaras legislativas para su consideración en el tratamiento la cuestión penal dentro de los espacios previstos.

6Las experiencias en el país son múltiples y variadas. Por ejemplo, "El Pase" se trata de una cooperativa ubicada en Trenque Lauquen, que fabrica pelotas artesanales. Está conformada por jóvenes privados de su libertad y funciona fuera de un penal a instancias de la Pastoral Penitenciaria, que la creó "exclusivamente" para dar empleo temporario a jóvenes que purgan los últimos meses de condena en el penal masculino de Las Tunas y facilitar su reinserción laboral. Cuenta con 10 socios-trabajadores no sólo presos de la Unidad 20 bajo el régimen de semilibertad, sino también recién liberados y adolescentes que nunca estuvieron tras las rejas pero se encuentran en situación de vulnerabilidad https://www.telam.com.ar/notas/201907/373407-039el-pase039-la-primera-cooperativa-de-trabajo-conformada-por-presos-que-funciona-fuera-de-un-penal.html.

7Marcas Colectivas Ley 26.355 de 2008, se trata de un programa para distinguir los productos y/o servicios elaborados en formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social. Al que podían acceder agrupamientos constituidos por productores y/o prestadores de servicios inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por el Decreto 189 de 2004.

8Muchos de sus asociados se encuentran cursando una diplomatura en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y participan de distintas actividades que organiza el Observatorio de dicha Universidad.

9Recientemente el 22/01/2020, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recibió un grupo de trabajadores cooperativistas en contexto de encierro y liberados, reivindicando el papel sustantivo de tales organizaciones en las experiencias de reinserción en nuestro país, así como también considerando las problemáticas de hacinamiento y superpoblación sustantivas en la crítica situación del sistema carcelario. https://www.argentina.gob.ar/noticias/trabajo-cooperativo-para-la-reinsercion-social

Notas:

10Artículo derivado del proyecto de investigación Jóvenes y cooperativismo. Caminos en construcción. Otras miradas de lo posible, experiencias cooperativas recientes en el contexto argentino (2019-2021) avalado por CONICET. Investigación en curso.

Recibido: 05 de Agosto de 2020; Aprobado: 19 de Octubre de 2020

Autor de correspondencia: Analia Elizabeth Otero. IICSAL (FLACSO-CONICET). Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: aotero14@gmail.com

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