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Prospectiva

versión impresa ISSN 0122-1213versión On-line ISSN 2389-993X

Prospectiva  no.32 Cali jul./dic. 2021  Epub 01-Jul-2021

https://doi.org/10.25100/prts.v0i32.10933 

Artículos

Experiencias de transición a la vida adulta de jóvenes que migraron solos. Un estudio en Aragón (España)

Experiences of Transition to Adult Life Among Young People Who Migrated Alone. A Study in Aragón (Spain)

Daniel Jiménez-Franco1 
http://orcid.org/0000-0001-6014-0695

Raquel Berzosa-Callén2 
http://orcid.org/0000-0002-1657-9884

Chabier Gimeno-Monterde3 
http://orcid.org/0000-0002-5746-1372

1 Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. Correo electrónico: djf@unizar.es

2 Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. Correo electrónico: 757782@unizar.es.

3 Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. Correo electrónico: chabierg@unizar.es


Resumen

La transición a la vida adulta de los menores extranjeros no-acompañados- y, por ende, el papel de los servicios sociales especializados en la atención a esa etapa tan importante para quienes recibirán el nombre de ex-MENAs en la jerga institucional- constituye una de las etapas menos atendidas por las investigaciones académicas. Este artículo trata de identificar los retos y dificultades que los servicios sociales especializados enfrentan en la atención a esas personas al finalizar su acogida como menores de edad. Presentaremos los resultados de un estudio exploratorio cualitativo cuyo trabajo de campo reveló una serie de dificultades que puede presentarse en tres categorías (institucionales, contextuales y legales). Todas ellas revelan la necesidad de dotar a los llamados “programas de emancipación” con una organización estable, estandarizada y adecuadamente dotada de recursos económicos y técnicos. En el plano metodológico, los enfoques basados en el tejido comunitario aparecen como referencia óptima. En tercer lugar, otra necesidad confirmada en el estudio es la definición de rutas de transición planificadas, con apoyos jurídicos (permiso de residencia) y sociales, oportunidades educativas y de empleo.

Palabras clave: Menores extranjeros no acompañados; Migración; Emancipación; Transición

Abstract

The transition to adult life of unaccompanied foreign minors - and, therefore, the role of specialized social services in attending to this very important stage in the lives of so-called ex-MENAs, in Spanish institutional jargon - constitutes one of the stages least attended by academic researchers. This paper tries to point out the challenges and obstacles that specialized social services face in caring for unaccompanied young people at the end of foster care. We will present the results of a qualitative exploratory study. Main issues detected in the field work can be grouped into three categories (institutional, contextual and legal) and all of them show the need to equip the so-called “emancipation programs” with stable and standardized organization, along with adequate economic and technical resources. Secondly, approaches based on the social fabric at the community level appear as the optimal reference. A third condition that our study came to confirm is the definition of planned transition routes, involving legal (residence permit) and social support (educational and employment opportunities).

Keywords: Unaccompanied Foreign Minors; Migration; Emancipation; Transition

1. Introducción

La mayoría de la literatura internacional dedicada a la intervención del Trabajo Social con menores que migran solos se centra en su acogida dentro de los sistemas de protección de la infancia (Kohli, 2006). Sin embargo, la transición a la edad adulta de los niños y adolescentes que han llegado a Europa irregularmente y sin sus familias es una etapa todavía poco estudiada (Chase, 2020). Estos jóvenes no afrontan un mero proceso de emancipación vital sino, sobre todo, un cambio de estatus legal: una nueva etapa en su trayectoria migratoria que les somete a nuevas precariedades (Kohli, 2009).

Las ciencias sociales cuentan en España con numerosos estudios sobre esta transición, para el caso de las personas en situación administrativa regular, sean estas nativas o de origen extranjero (López, Santos, Bravo y Fernández, 2013), pero los profesionales de la intervención social tienen pocas referencias accesibles para conocer las peculiaridades de esta transición entre los jóvenes migrantes no acompañados (Epelde-Juaristi, 2017). Este artículo nace de la primera investigación que convoca a una administración local responsable de la protección de la infancia y la adolescencia, a profesionales del sector público y privado, a investigadores y a jóvenes migrantes ex-tutelados con un doble objetivo común: identificar las dificultades de los servicios sociales en sus programas de apoyo durante esa transición y proponer mejoras, tanto en las políticas sociales como en las políticas migratorias que afectan a estos adolescentes.

Este texto presenta una parte de los resultados de esa investigación y de las propuestas que, a partir de las voces de los jóvenes, pueden ser transferidas a los sistemas de protección de otras administraciones locales (Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2019). Esta cuestión nos parece clave en un momento en el que Europa prioriza la coordinación del control de fronteras frente a una política común de protección de la infancia y la adolescencia migrante (Jiménez-Álvarez, 2011). Como resultado de esa deficiente coordinación, una parte de Europa (España, Francia e Italia) permite la acogida de los adolescentes no acompañados en sus sistemas de protección, dada su condición de menores privados de su entorno familiar, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aprobada en 1989. El resto de los estados europeos condiciona la acogida a una solicitud previa de asilo (Senovilla-Hernández, 2017). Las investigaciones señalan que ambos modelos dificultan una apropiada transición a la edad adulta (UNHCR & UNICEF, 2014), de ahí la necesidad de potenciar la transferencia de buenas prácticas basadas en evidencias y en el derecho de los jóvenes a ser oídos (Bruun & Kanics, 2010) como respuesta a un flujo migratorio juvenil que ya es estable en las agendas internacionales (Allsopp & Chase, 2017).

2. La emancipación de los jóvenes no acompañados

La legislación española categoriza como Menor Extranjero No Acompañado al “extranjero menor de dieciocho años y nacional de un Estado al que no sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación” (Ley Orgánica 2/2009, art. 189). De acuerdo con estos principios legales, los menores gozarán de protección, con independencia de la situación jurídica en la que se hallen, sea esta regular o irregular (Ley Orgánica 1/1996, art. 1 y art. 3.1). En el Estado español, la competencia para proteger a todas las personas menores de edad que se encuentren en su territorio se atribuye a los servicios sociales especializados de cada Comunidad Autónoma (Fernández del Valle, López, Montserrat y Bravo-Arteaga, 2009).

Esta protección parece fragilizarse, y a menudo desaparece, cuando, al cumplirlos dieciocho años, estos adolescentes dejan de estar tutelados por la administración pública y, en función de las prácticas locales de los servicios sociales, pueden regresar a una situación social de exclusión (Moreno-Márquez y Fernández-Aragón, 2020). Mientras el adolescente en situación administrativa regular (autóctono o migrante) se emancipa de manera progresiva, el “no acompañado” lo hace de forma abrupta (Vinaixa-Miquel, 2019), porque el acceso a los recursos de apoyo a la emancipación depende de su trayectoria previa bajo tutela del sistema de protección de la infancia (Gimeno-Monterde, 2014).

Los itinerarios estandarizados en esa forma de intervención social parecen presuponer que estos jóvenes migrantes serán capaces de subsistir autónomamente tan pronto como cumplan los 18 años (Cabedo-Mallol, 2006). Eso implica haber seguido un proceso formativo, haber obtenido una autorización de residencia, disponer de vivienda y estabilidad económica o laboral. La literatura nos muestra, no obstante, que los nuevos adultos que cumplen todas esas condiciones han superado una “bioselección” previa, una suerte de “criba” que dejó fuera a un volumen significativo de jóvenes con expedientes previos de justicia juvenil (Gimeno-Monterde, 2013) o cuyos países de origen no colaboraron en el proceso de documentación necesario para conseguir la autorización de residencia, entre otros perfiles de jóvenes que entran en la etapa adulta en situación administrativa irregular, desempleados y/o con baja cualificación profesional (Palma-García, Ruiz-Mosquera y Vives-González, 2019).

Las políticas de austeridad y los recortes sociales impuestos en el Sur de Europa (Guillén, González y Luque, 2016) han agravado la inestabilidad de las políticas públicas de apoyo a esta emancipación (ISMU Foundation, 2019). Las trabajadoras sociales se enfrentan a un complicado diseño de itinerarios de emancipación que les obliga a coordinarse prioritariamente con especialistas jurídicos (abogados), plantear a los jóvenes diversas posibilidades adaptadas a su inestable estatus legal (Wade, 2011) y posicionarse éticamente como parte de sus redes sociales de apoyo, junto a otros jóvenes de su mismo origen y otros contactos locales -como asociaciones cívicas u otras profesionales de los servicios públicos (Chase, Knight & Statham, 2008). Estas condiciones, además, exigen unas competencias profesionales que las escuelas y facultades de Trabajo Social no preparan adecuadamente (McDonald, 2016).

3. El apoyo a la emancipación en una región sureuropea

En la región estudiada -Comunidad Autónoma de Aragón-, los servicios sociales especializados (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) articulan la protección de menores mediante acogida residencial en tres de cada cuatro casos, frente al modelo europeo más extendido, que lo hace con familias de acogida (Fernández del Valle, Canali, Bravo-Arteaga y Vecchiato, 2013). La actual Ley de la Infancia y Adolescencia (Ley 12/2001) contempla el desarrollo de programas de apoyo a la emancipación. El Programa de Emancipación Personal (PEP), que es la versión más generalizada de tales programas, incluye apoyos en formación y empleo, acompañamiento, vivienda y autonomía económica para jóvenes de 18 a 21 años (Escuela Universitaria de Estudios Sociales e Instituto Aragonés de Servicios Sociales [I.A.S.S.], 2007). Otros, como el Plan de Transición a la Vida Independiente (PTVI) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil o Youth Employement Initiative (YEI), establecen itinerarios de inserción sociolaboral con financiación propia o de la Unión Europea.

Desde 2016, Europa está viviendo un aumento constante del flujo migratorio de adolescentes no acompañados (Allsopp & Chase, 2017). En el caso estudiado, el volumen de menores no acompañados acogidos se triplicó en 2017. De todos ellos, un 98,7% eran varones, de los cuales el 82,5% tiene origen norteafricano y el 10,3% subsahariano, con media de edad (el 60,3%) de 16 años. En este contexto migratorio en 2018 arrancó el programa 17 Plus, diseñado específicamente para la transición de estos adolescentes a la vida independiente. Dado que la mayoría iniciaba su itinerario con edades muy próximas a la mayoría de edad y las recomendaciones internacionales señalan la conveniencia de iniciar estos apoyos a la emancipación, como mínimo, doce meses antes de cumplir los 18 años (Lems, Oester & Strasser, 2019), los jóvenes pueden acceder al programa desde los 17. Los apoyos de este “proyecto puente” son los mismos que en el PEP ya mencionado.

4. Metodología

La información que se presenta fue recogida en el marco de un trabajo de campo mucho más amplio llevado a cabo en 2019. El método principal fue el cualitativo exploratorio, dada la ausencia de estudios centrados en los programas de transición a la vida adulta de estos adolescentes en Aragón (Gordo-López y Serrano-Pascual, 2008). Por un lado, cinco grupos de trabajo con profesionales de distintas áreas abordaron temas como la acogida residencial, el estatus legal, las pruebas de determinación de la edad, la participación de las familias de los menores y los procesos de emancipación. Por otro, seis talleres sobre derecho a la información y participación reunieron a 65 adolescentes no acompañados entre 16 y 17 años, cuya participación fue voluntaria y facilitada por los educadores de sus programas de acogida. La investigación incluye también un grupo focal con expertos, observación directa en centros de acogida residencial, análisis de fuentes secundarias y entrevistas a profesionales, menores tutelados y jóvenes ex-tutelados. Son estas últimas las que proporcionan los datos presentados en los siguientes apartados.

Los jóvenes fueron contactados a través de las entidades privadas que gestionaron para el gobierno autonómico su tutela como menores o su transición a la vida adulta. Para ello, se facilitó un breve texto de presentación a los profesionales que realizaban esta mediación. Con el consentimiento del joven constatado y registrado, se realizaba una entrevista semiestructurada, de forma telemática o telefónica (de acuerdo con los protocolos para la pandemia Covid19 de nuestra universidad), con un guion de temas que servía como base para la conversación (Moreira da Silva y Montserrat, 2014).

Cada entrevista fue transcrita y codificada verticalmente con Excel para identificar los temas y subtemas del guión. La posterior codificación horizontal de las entrevistas generó nuevas categorías analíticas y palabras clave para su tratamiento informático (Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2019). De esa información derivan los resultados resumidos a continuación, que fueron enviados en formato video (mp4) a los jóvenes entrevistados y a los profesionales colaboradores de acuerdo con los principios éticos del equipo de trabajo y del Observatorio de la Migración de Menores -proyecto del laboratorio CNRS-Migrinter localizado en la Université de Poitiers (Francia). Como el resto del estudio, los participantes dieron su consentimiento tras ser informados de la investigación y sabían que sus respuestas serían utilizadas para elaborar informes técnicos y textos académicos. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, responsable de su tutela legal, autorizó la invitación a los talleres. Todos los nombres y datos personales fueron eliminados de las notas escritas y otros documentos resultantes, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales.

5. Hallazgos

5.1 Resultados

Como hemos señalado, las entrevistas buscaban recoger los discursos retrospectivos de jóvenes ex-tutelados ya emancipados1. Obviamos aquí los resultados obtenidos sobre cualquier etapa previa a ese proceso para centrarnos en los elementos más significativos desde el hito de la mayoría de edad, de ahí que los datos obtenidos se agrupen en los siguientes epígrafes: mayoría de edad, apoyo (o no) a la emancipación, vida independiente y evaluación.

Mayoría de edad

La mayoría de edad aparece en muchas entrevistas como una fuente de miedo e incertidumbre:

Sí, yo estoy con una fundación […] y ahora me falta solo en septiembre para ayudarme ellos, […] yo ahora tendré que buscarme mi vida, tener que trabajar, obligatorio, pagar mi casa, si no pago mi casa salgo a la calle. (EA1)

Sí, aquí en España vas a tener miedo, te puede echar a tu país… (MCE1)

Sobre todo, cuando cumples los dieciocho, piensas, qué haré, dónde acabaré… (MC1)

Algunos jóvenes tienen la oportunidad de acceder a programas de emancipación con los que salir adelante en los primeros meses de mayoría de edad o incluso encontrar un medio de vida suficiente para gozar de autonomía total. Otros señalan las dificultades para acceder a estos programas: trámites burocráticos, documentación requerida y “bioselección” condicionada por la conducta (Gimeno-Monterde, 2013, p. 18).

Eso va directamente, si te comportas bien en el centro […] directamente te coge alguna asociación, el coordinador se ocupa de engancharte con alguna [asociación] […] conozco a muchos que no se comportaron bien y acabaron en la calle. (MCE3)

Sí, si te portabas bien te daban la oportunidad [paso de centro de menores a piso tutelado, semiautónomo”, con visitas periódicas de educadores-as] […] Creo que [la documentación] lo gestionaban según cómo te portabas. Yo recibí a los 17 años el permiso de residencia de un año. (MCE4)

Hay un equipo, unos técnicos, que te van haciendo seguimiento, te van haciendo entrevistas y elaboran un informe […] y ya te mandan a los […] depende de tu conducta, de tu expediente académico […] muchas cosas. Al fin y al cabo, no todos han tenido la oportunidad que he tenido yo… (MC1)

Yo he vivido sola siempre, desde que salí del centro de menores, por suerte o no sé por mi comportamiento que era buenísimo… (MCE5)

Apoyo (o no) a la emancipación

Los programas de emancipación mencionados con mayor frecuencia fueron el PEP y el programa 17 Plus del Gobierno de Aragón. La mayoría de nuestros entrevistados convivían como nuevos adultos con compañeros a quienes habían conocido en un centro como menores. La duración media de su permanencia en estos programas rondaba los dos años y su paso por ellos contó con el asesoramiento de profesionales para facilitar su adaptación a la vida adulta;

Eso lo llevaba [entidad privada]… una vez que sales también del centro de menores, en el piso de emancipación también seguíamos teniendo educadores, que no convivían con nosotros, pero sí que venían a vernos casi todos los días. (MCE5)

Cualquier cuestión cotidiana -cocinar, moverse en la ciudad, mantener ciertos hábitos higiénico-sanitarios- o relacionada con la economía doméstica podía ser tratada con esos educadores. De hecho, ellos se encargaban de gestionar las cuantías de las becas otorgadas por diferentes entidades. En referencia a estas ayudas, los protagonistas de nuestro estudio reconocen que el presupuesto no alcanza a cubrir todas las necesidades del día a día sino los gastos mínimos de supervivencia.

Hombre, el gobierno lo que puede hacer es ampliar por ejemplo el periodo de emancipación o estirarse un poco hablando por la beca. Con 240 [euros] es que no te llega ni para los primeros 10 días, si tienes que llenar la tarjeta del autobús que ya son 50 euros al mes. (MCE5)

El paso por estos pisos tutelados es clave para estos jóvenes, pues supone una experiencia esencial para aprender a gestionar sus recursos -en ocasiones combinando estudios y empleo- y así empezar a desenvolverse por sí mismos.

Y cuando empecé a trabajar pues dejé de vivir en ese piso porque claro, yo ya podía valer por mí misma, y mi plaza la necesitaba otra persona y desde entonces pues vivo sola. Trabajo, estudio… (MCE6)

Estos programas también les ofrecen la oportunidad de cursar talleres formativos que pueden abrir puertas a futuros trabajos, mejorar su situación y posibilitar la regularización de su autorización de residencia.

Tuve suerte de ir a una escuela-taller, donde me hicieron un contrato de trabajo y así cambiaron mis papeles […] Escuela-taller seis meses, jardinero siete meses, matadero en la actualidad […] Estuve de jardinero un año y pico, entre las dos empresas, pero luego cambié al matadero, tengo un amigo allí y se gana más dinero. El matadero es muy duro. (MC3)

Si no te coge una escuela-taller como la que he hecho yo, tendrás que buscar alguna empresa que te contrate un año entero, y es un poco difícil encontrarlo. (MCE4)

No obstante, en caso de no acceder a estos programas, ya sea por no cumplir los requisitos o por ser evaluados como mayor de edad, deberán “buscarse la vida” de manera autónoma (más tarde aludiremos a las dificultades de llegar a la edad adulta en situación administrativa irregular).

Me dicen que no puedo estar aquí, tengo que irme, tengo que pedir asilo o buscarme trabajo o lo que sea. (EA2).

En esos casos, las encargadas de gestionar un alojamiento o facilitar los trámites administrativos son entidades del “tercer sector”, fundaciones o instituciones religiosas.

Sí, [nombre-entidad] me ayudó a encontrar la residencia. (EA2).

Vida independiente

Si quieres papeles necesitas contrato de trabajo, y si no tienes contrato te piden tal […] ¿y cómo vas a conseguir una cosa sin la otra? (MC2).

La mayoría de los jóvenes entrevistados accedió a un empleo durante o después de su proceso de emancipación. En el transcurso de nuestra investigación, comprobamos que los chicos que no han recibido apoyo institucional son precisamente los que no habían conseguido acceder al mercado laboral, sea por haber sido evaluados como mayores de edad a su llegada, sea porque cuando estaban acogidos como menores no superaron la “criba” que da acceso a dicho apoyo en función de la conducta, sea por una suerte de contradicciones administrativas. En muchos de estos casos, los jóvenes pueden ser acogidos como menores en un centro de acogida y ser sacados de él semanas o meses después, antes de cumplir los 18 años, por ser declarados adultos en función de pruebas documentales y médicas. En otros casos, primero se les declara adultos por esas mismas pruebas y tras un recurso se les declara menores, volviendo a ser acogidos de nuevo, o se rechaza su minoría, quedando al amparo de programas benéficos y humanitarios, de una ciudad a otra, con gran inestabilidad.

Yo por lo general me ha ido bien con el centro y eso […] pero conozco un montón de chicos, más de diez personas que están en centros de menores, otros emancipación y otros que no y la situación para ellos es peor, y más peor cuando quitaron el permiso de contrato y de papeles porque eso sí que mató a los chavales… (MC2)

Solo tengo papel con fecha de nacimiento. Pero me dijeron [al realizarle una prueba de determinación de la edad] que no sirve porque tengo más de dieciocho [...] Me dicen que no puedo estar aquí, tengo que irme, tengo que pedir asilo o buscarme trabajo o lo que sea […] Primero me dijeron que era menor, luego me llevan a piso de menor, durante nueve meses […] Luego me dicen que no, que no eres menor, ahora te deja en la calle, luego no sé qué voy a hacer […] Yo estuve en [el sistema de protección de] menores durante nueve meses, no me dicen nada, me dicen ‘sí, eres menor’ […] luego me dejan a la calle. (EA2)

Llegué a España, ¿sabes? […] Cuando llegué a España, centro de menores. Luego de centro de menores, otro piso. Después de piso, refugio, y luego refugio, aquí [piso de acogida en entidad privada] […] primero centro de menores en Málaga. Luego de Málaga a Madrid. Y luego de Madrid a Zaragoza. O sea, en Zaragoza dos centros, dos casas […] Muchos días no he tenido donde dormir o donde comer. En Madrid, en Málaga […] Una semana en la calle […] en Ceuta también. Estuve un mes y medio en la calle […] Cuando llegué a España la policía ficharme como menor […] tengo pasaporte […] tengo empadronamiento […] No tengo permiso de residencia. Yo necesito tres años ahora para hacer los papeles en España. Y ahora falta dos años y me iré, cuando tenga papeles. (MSE)

La cuestión del empleo es clave, cualquiera que sea el perfil o la situación de cada joven.

Eh el NIE, el documento […] cuando un extranjero está en situación de acogida, lo primero que […] bueno después del pasaporte consigue el NIE, en principio te lo dan sin el permiso de trabajo, y para conseguirlo necesitas que una empresa te ofrezca un contrato de un año y de cuarenta horas y es casi imposible conseguirlo […] porque hasta la gente de aquí y con formación es difícil conseguirlo [...] es un tema importante que afecta mucho a los menores […] porque encuentran como la barrera, y después lleva a muchos problemas y creo que hay que llevar una coordinación entre las administraciones […] yo creo que se podría gestionar mejor. (MC1)

Esos empleos son diversos, pero todos coinciden en la exigencia de una baja cualificación. Los jóvenes entrevistados expresan una firme disposición a desempeñar toda clase de tareas con tal de mejorar su situación y realizar su proyecto migratorio. También se demuestra un significativo grado de segregación en la formación y el empleo de hombres o mujeres.

Me gusta trabajar de todo, me gusta aprender de todo porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta. He trabajado de jardinera, de camarera, comercial, he limpiado pisos, he limpiado escaleras, o sea de todo, mientras sea digno me da igual. (MCE5)

Muchos jóvenes entrevistados afirman mantener empleos precarios. Aunque no son de su agrado, los aceptan con la única motivación de conservar su autorización de trabajo.

Cuando salí del centro fui a emancipación [...] encontré la empresa con la que estoy trabajando ahora [...] y entonces llevo fijo 3 años […] Lo malo es lo de no estudiar […] pero lo demás, yo he encontrado trabajo, pero no he podido convalidar porque tardan mil años, además, aunque hayas estudiado ahí y sabes leer y escribir en inglés y todo [...] pone que no tienes estudios […] no me lo convalidaban. (MC2)

Yo vivo con la demanda de asilo, y el ministerio me envía para Zaragoza y ellos me enviar para la fundación [nombre] y ahora estoy con ellos porque hace 10 meses o por ahí, pero en septiembre mi ayuda con el gobierno de España ya se acabó, porque [¿?] con ellos tener que ir estudiar, aprender la lengua, hacer el curso de trabajo porque yo ahora tengo cuatro diplomas de mecánico, carretero, limpieza industrial y manipulación de alimentos, yo tengo cuatro diplomas y ojalá pueda trabajar […] yo he hecho 4 cursos con ellos y con esos cursos me traigo el diploma aquí a la casa. (EA1)

Sólo cuando se presenta la oportunidad de mejorar su nivel económico acceden a cambiar de empleo.

La verdad es que no me gusta ser jardinero, lo he hecho sólo para conseguir el permiso de trabajo. (MCE4)

Estuve de jardinero un año y pico, entre las dos empresas, pero luego cambié al matadero, tengo un amigo allí y se gana más dinero. El matadero es muy duro… (MC3)

En ocasiones manifiestan haberse visto obligados a recurrir al trabajo irregular en economía sumergida.

También he trabajado en negro para poder vivir, está mal, pero había que hacerlo porque no me quedaba otra (MCE5).

En el acceso al empleo resulta clave la intervención de los profesionales, tanto trabajadores sociales como los educadores sociales, que les apoyan en la búsqueda de trabajo y en otros aspectos fundamentales de su proyecto de vida.

Y bueno, lo conseguimos gracias a [trabajadora social], una de las asistentas de [entidad privada], que es la que me ayudó y me informó mucho, y conseguí ese contrato y empecé a trabajar. (MCE5)

La conseguí [nacionalidad] gracias a una educadora. Me ayudó a llevar el trámite, porque hay una ley que dice que si entraste al centro siendo menor […] eh yo con los quince años [...] tienes derecho a tramitarla. (MC1)

Muy bien, porque [educador] me conocía del centro de menores, me ayudó mucho, me enseñó a leer y escribir, me acompañó a citas, muchas cosas… (MC3)

Otras preguntas de la entrevista buscaban conocer cómo sienten y viven esos jóvenes su propia integración desde una perspectiva social y cultural. Una de las formas de integración en la comunidad señaladas con más frecuencia es la práctica de algún deporte. Otro punto de encuentro que favorece la integración es el de las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por las entidades.

Tengo muchos compañeros del fútbol, porque es lo que más me gusta (MCE6).

En verano te pagan ir de campamentos, en invierno nos llevan a esquiar [...] Hoy en día sigo esquiando, tengo mi propio equipo gracias a eso, porque nos llevaron dos o tres veces y ya con eso fue suficiente para que tengas una afición (MCP).

No obstante, la mayoría de insertados en el mundo laboral se ve obligada a renunciar a ciertas aficiones o actividades por el escaso tiempo libre que les deja su trabajo.

Antes jugaba en un equipo de fútbol [...] lo he tenido que dejar por tiempo y por el trabajo. (MCE3)

Sólo trabajadores, donde estaba trabajando, ahí conocí a la gente. Después... no tengo amigos ni amigas aquí ni nada. (EA1)

En referencia a sus amistades y redes sociales -fundamentales para quienes se encuentran lejos de su familia-, la mayoría afirma contar con un círculo de amigos con quienes pasa el tiempo libre, ya sean éstos de su misma nacionalidad o autóctonos. Sólo uno de los entrevistados manifiesta haber perdido su red social al abandonar su anterior empleo. La figura del educador vuelve a aparecer como contacto de referencia.

De todo, españoles, gambianos, etc. (MCE3)

Me relaciono con chicos de mi país, también con mi educadora que me ayuda cuando tengo algún problema. (MC3)

Llegamos a un país que hablaban español y en el centro nos dijeron que no se podía estudiar por el idioma. (MC2)

No, después de los primeros años sí, pero luego ya cada uno la vida lo lleva por caminos diferentes y nos vamos distanciando. Hay mucha gente que se ha ido a otros sitios, ha viajado, otros que no he vuelto a saber nada de ellos desde el principio, digamos. (MCP)

A menudo, la responsabilidad de contribuir a la economía familiar en el país de origen supone una importante carga emocional.

Sí, claro que sí, […] yo les envío dinero a ellos porque si yo tengo dinero, yo tengo que ayudar a mi familia, es muy importante. Lo más importante también es mi madre, mi madre es todo para mí, si yo trabajo tengo que ayudar a mi madre, es lo más importante de mi vida, es muy, muy importante. (MCE4)

La mayoría de los jóvenes entrevistados conviven hoy en día con sus parejas y/u otros compañeros en régimen de alquiler. Sólo uno dispone de vivienda propia en la que reside con su pareja e hija. Muchos señalan la dificultad de encontrar vivienda.

Vivo en una habitación. Yo quería alquilar un piso para mí y otros amigos, pero los alquileres son caros y como acababa de empezar a trabajar pedían un contrato largo. (MC3)

Evaluación

Por último, pedimos a los protagonistas de nuestra investigación una valoración retrospectiva de lo que el proceso de emancipación había significado para ellos. La mayoría coincidió en describir su llegada a España como una “oportunidad”, sin obviar los problemas en la etapa de protección institucional y los que han venido después.

Me refiero que es una experiencia muy buena para mí, personalmente que ha estado llena de éxitos, por decirlo de alguna forma. (MCP1)

Sí… aquí estoy aguantando. Aquí quien viene tiene que aprovechar. (MCE2)

Pues el tiempo que estás en el centro de menores, que se supone que hay alguien que decide por ti en ese tiempo, porque cualquier cosa que pides la tiene que firmar esa persona, pero nunca hemos visto a esa persona. Y eso creo que vendría muy bien a los chavales, que vean quien es esa persona que ayuda y que hable con ellos y que les dé consejos. Se supone que es su trabajo, cuidar a esas personas. Ya que firmas pues también haz un poco de papel como ‘majo’, aunque sea, yo que sé. No sé, nosotros teníamos los educadores que convivían con nosotros, luego teníamos la coordinadora que estaba en [sede Subdirección Protección a la Infancia y Tutela del IASS] Pero, claro, cualquier cosa que le pedías a la coordinadora, la coordinadora la tenía que consultar con su superior. Hablo por ese superior. Que se baje un poco, que vaya a ver a los chavales y que hable con ellos y que vea lo que realmente les hace falta y ver si puede mejorar algo. No esperar a que otras personas hagan su trabajo y le manden un informe. Que no vaya todos los días, pero joder, una vez al mes seguro que tiene tiempo. (MCE5)

A diferencia de esas opiniones más optimistas, quienes no contaron con suficiente apoyo carecen hoy de recursos comunitarios que promuevan una integración social real, más allá del ámbito laboral, y necesitan figuras de referencia con las que poder adquirir un mayor grado de integración.

Y ahora yo estoy aquí, no puedo hacer mucho, tengo que cambiar mi vida, tengo que trabajar, buscar a una persona que me ayuda para hablar, y poder salir con una persona que me enseña cómo es la cultura de aquí... (EA1)

Tuve la suerte de que iba aprovechando todo lo que me ofrecían, era responsable, sacaba buenas notas y tuve esa suerte que otros compañeros no la tuvieron. Además, gracias a esto, pude terminar el grado medio, que me consta que otros empezaban el primer año y ya lo dejaban y no podían volver. (MCP)

5.2. Análisis

El análisis de los resultados obtenidos nos permitió categorizar las dificultades que encuentran los jóvenes no acompañados en su experiencia de emancipación en Aragón; así como identificar las diferencias entre quienes recibieron alguna forma de apoyo institucional al cumplir los 18 años y quienes dieron el salto a una “intemperie adulta”, en condiciones materiales y legales especialmente precarias. A ese respecto, la situación administrativa -léase el estatus jurídico- constituye un factor crucial. También hemos podido conocer cómo describen esas personas su situación tras pasar por el programa de emancipación y cómo valoran su experiencia vital desde la llegada a España. Valoración que, por lo general, se expresa de forma positiva tras la descripción de una suma de experiencias problemáticas que evita cualquier forma de idealización.

Al respecto de la suficiencia y/o adecuación de los recursos dispuestos, nos interesaba conocer la perspectiva de los jóvenes sobre unos servicios tan cuestionados tras una década de austeridad presupuestaria, su experiencia sobre el apoyo recibido. Las eventuales diferencias de atención a nativos o regulares y a no acompañados, la convivencia limitada entre jóvenes no acompañados y la comunidad -con el consiguiente riesgo de guetización de algunos centros-, la preparación de las profesionales y el papel de las entidades que compiten entre sí por usuarios y recursos (Álamo-Candelaria, 2016) no se ha podido constatar a través de estas entrevistas. Sí que existe, por contra, abundante literatura al respecto (Empez-Vidal, 2008; Epelde-Juaristi, 2017). En el marco de estas entrevistas sí se ha podido constatar la importancia reconocida a la iniciativa personal de las profesionales mediante frecuentes alusiones a la relación personal y críticas al marco institucional. En general, las experiencias a nivel personal con las profesionales que han encontrado durante su itinerario se revelan tan positivas como negativas son las referencias a cuestiones de orden administrativo-institucional. Este apoyo, por tanto, puede ir más allá de los límites institucionales impuestos por los protocolos, que pretenden evitar las relaciones extra-profesionales con los jóvenes más allá de la mayoría de edad (Sirriyeh & Raghallaigh, 2018). De forma que algunos profesionales se han incorporado a la ecología de las redes sociales de estos jóvenes migrantes (Eriksson, Wimelius & Ghazinour, 2018).

Otro objetivo era conocer qué factores determinan o condicionan el acceso al programa de apoyo y cómo viven esos jóvenes la bioselección impuesta en función de sus conductas. Abundan las alusiones a “portarse bien” como condición de acceso a la efectividad de ciertos derechos y trámites esenciales a lo largo de dicho itinerario (Gimeno-Monterde, 2014), junto con las dificultades (jurídicas, burocráticas, materiales, etc.) a sortear por las profesionales para resolver las mismas al margen de lo institucional (McDonald, 2016). El grado de información recibido por los jóvenes sobre su itinerario social-jurídico es precario, y de las respuestas se deduce un aprendizaje “práctico” por su parte a medida que se sortea (o no) cada obstáculo sobrevenido. A ello se suma, como carga añadida a las estrategias de los propios jóvenes, el contacto y la responsabilidad asumida con la familia de origen, que continúa en la edad adulta (Vacchiano, 2018). A este respecto no se ha podido constatar comunicación alguna (ni formal ni informal) por parte de los centros.

También nos preguntamos a qué recursos para personas en situación irregular eran derivados los “nuevos adultos”, cómo se adecúan esos recursos a la situación de nuestros entrevistados, qué formas de apoyo o asesoría (legal, material, formativa, laboral…) conocieron y si se vieron empujados a situaciones de sinhogarismo (Moreno-Márquez y Fernández-Aragón, 2020). Buscábamos conocer, en definitiva, qué trabas y qué alternativas han sido exploradas o descartadas por la administración en un paso de “menor protegido” a “adulto irregular” que conlleva un irremediable descenso en la escala de derechos para las personas afectadas. Así, en ausencia de “papeles”2 y aun sin incluir un programa de emancipación, el apoyo mínimo posible resulta tan importante como escaso. La consecuencia fatal de esa escasez es una vía clave en la producción de daño, el abandono, la expulsión a la intemperie adulta y la ilegalidad (Sigona, Chase & Humphris, 2017).

En materia de formación y empleo, el acceso a recursos educativos universales es mínimo y la derivación a los recursos formativos asistenciales, de segundo nivel (sociolaboral) y sólo para jóvenes excluidos es máxima. Eso conlleva un fuerte efecto restrictivo a la hora de establecer redes sociales y mantener relaciones duraderas: estas se limitan, muy a menudo, a pares étnicos y jóvenes que también han participado en los mismos itinerarios formativos o que han conocido dentro del sistema de protección de la infancia y la adolescencia (Santonja-Pérez y Mases-Herrero, 2009). Quedando muy debilitadas las redes de conexión con la comunidad, el mayor reto de cualquier programa de apoyo a estas transiciones (Garip, 2008).La mayor parte de las personas entrevistadas se vio obligada a amoldarse a la formación recibida por debajo de sus propias aspiraciones (Lems, 2020). Como consecuencia de esta restricción, los empleos a los que acceden suelen ser muy precarios. La necesidad de trabajar para renovar la autorización de residencia y el contexto de alto desempleo juvenil agravan muchas de esas situaciones y abocan los itinerarios al ecosistema de las fundaciones y empresas de inserción, vinculadas a los servicios sociales privados. Además, como ya se mencionó, la responsabilidad económica asumida para con sus familias en el territorio de origen genera importantes sobrecargas emocionales, en este contexto de precariedad laboral juvenil en el sur de Europa (Comasòlivas-Moya, Sala-Roca y Marzo-Arpón, 2018).

6. Conclusiones

El objetivo general de la investigación era contribuir a la mejora del apoyo que reciben las personas migrantes menores de edad llegadas al sur de Europa, especialmente en un momento crucial como es el comienzo de su proceso de emancipación como personas adultas. Se trataba de dar voz al colectivo y trasladarla a los niveles competentes de la administración pública, pues la información obtenida apuntaba a un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en materia de política social y protección a la infancia: el interés superior del menor y los obstáculos que ciertos factores de orden legal e institucional pueden plantear al determinar las respuestas adecuadas y las consiguientes responsabilidades políticas.

Ese objetivo y esas claves dibujan el marco de nuestras conclusiones, de ahí que las dificultades detectadas puedan agruparse en tres categorías: problemas institucionales, contextuales y legales. Las tres confluyen en una primera conclusión sobre la necesidad más clara e imperiosa, que implica dotar a los “programas de emancipación” de una organización estable, estandarizada y con recursos (económicos y técnicos) suficientes (Pinkerton, 2011).

En el plano metodológico, el tejido comunitario aparece siempre como referencia óptima (Kohli & Mather, 2003). Sin embargo, contra los principios reconocidos en la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la institucionalización sigue siendo el enfoque recurrente. La tutela familiar (o familia de acogida) favorece el desarrollo e inclusión del adolescente en el entorno de llegada y previene esas situaciones de desprotección y desamparo (Vinaixa-Miquel, 2019) que tanto afectan a los egresados de centros residenciales al cumplir la mayoría de edad, pero su articulación es del todo insuficiente en el Sur de Europa (Fernández del Valle, Canali, Bravo-Arteaga y Vecchiato, 2013). Se trata de una medida infrautilizada, pese a ser la más recomendada y extendida en otros países del centro y Norte de Europa (Fernández del Valle y Bravo-Arteaga, 2003): no se suele valorar la idoneidad de las familias acogedoras ni se promueve la obtención de la tutela o la concesión de la guarda a la familia extensa migrada, algo que podría mejorar el seguimiento de la situación de estos menores y facilitar la obtención del permiso de residencia (Empez-Vidal, 2008).

Por último, no menos importante y extremadamente urgente, otra necesidad confirmada en el estudio es la definición de itinerarios de transición a la edad adultas planificados y la garantía de un apoyo legal (con permiso de residencia) y social (con oportunidades educativas y de empleo) que, lejos de constituir una mera opción administrativa o una simple contingencia institucional, realicen los imperativos jurídico-políticos de primer orden recogidos en el derecho internacional y en el orden constitucional español: el principio del interés superior del niño o niña, también conocido como interés superior del menor, debe garantizar (como derecho, principio y norma procedimental) las condiciones adecuadas para un desarrollo integral y unas condiciones de vida dignas (Rodríguez-García y Gimeno-Monterde, 2018).

7. Agradecimientos

Agradecemos el trabajo del grupo de estudiantes del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza -formado por Micaela Casals, Pilar Jaulín, Patricia Lafoz, Maider Larráinzar, Jorge Millán y Ángela Neves-, tanto en la realización de las entrevistas como en su tratamiento y explotación en el marco del Prácticum de Investigación desarrollado en el curso 2019-2020.

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Notas:

1Perfiles de jóvenes entrevistados: nueve chicos evaluados como menores que accedieron al programa de emancipación (MCE), una chica evaluada como menor que accedió al programa de apoyo a la emancipación (MSE), tres chicos evaluados como adultos que no accedieron al sistema de acogida (EA), un chico evaluado como menor que no accedió al programa de emancipación (MC).

2En referencia a la doble dificultad de obtener el permiso de residencia y el de trabajo, trámites que se plantean recíprocamente como condición para la obtención del otro permiso.

Notas:

3Investigación llevada a cabo en el marco del Prácticum de Investigación desarrollado la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza durante el curso 2019-2020.

Recibido: 14 de Enero de 2021; Aprobado: 31 de Marzo de 2021

Autor de correspondencia: Daniel Jiménez-Franco. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. Correo electrónico: djf@unizar.es.

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