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1. Introducción
Diversos profesionales de las ciencias sociales, en especial de Trabajo Social, laboramos con instituciones que formulan y ejecutan programas sociales, ya sean instituciones públicas, mixtas o del tercer sector. En la mayoría de los casos actuamos como ejecutores de un programa que ha sido formulado a nivel central y a través del operador -generalmente alguna ONG que nos ha contratado- ingresamos como profesionales al proyecto. En otras ocasiones, somos contratados directamente por una organización local, fuertemente estructurada, con arraigo y conocimiento del territorio, pero también estamos como ejecutores del proyecto. En algunos casos es posible que hayamos participado en la formulación, con la esperanza de clasificar en la convocatoria y tener algunos meses de empleo con un contrato de prestación de servicios; también cuenta entre el abanico de posibilidades que sea un contrato con la Alcaldía de un municipio, a través de algunas de sus secretarías. Estas intervenciones generalmente se proyectan en espacios habitados por poblaciones en situación de vulnerabilidad, que enfrentan situaciones de violencia, desigualdad, exclusión y estigmatización, ya sea en el área urbana o rural.
Ese tipo de actuación profesional en la llamada intervención social, nos es de particular interés cuando es orientada hacia el área rural. En específico, este texto centra su atención en proyectos que apuntan a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias a través del incentivo de la producción agrícola o pecuaria, o que promueven iniciativas que propenden por la creación de ingresos en el sector rural a través de proyectos de comercialización y/o transformación de productos agropecuarios.
Las preguntas eje que orientan la reflexión en este texto son ¿Cuáles son los obstáculos para el desarrollo de los proyectos productivos en el área rural? ¿Por qué a pesar de ocupar un espacio importante en la agenda de alcaldías, organizaciones sociales e incluso en parte de la política nacional para el agro, muchas veces estos proyectos no contribuyen realmente a mejorar las condiciones de los habitantes rurales? Si bien las reflexiones que desarrollamos en este texto corresponden a un área geográfica de Colombia (Magdalena Medio), consideramos que puede brindar pistas sobre nuestro actuar profesional en regiones con características similares, por ejemplo: zona de frontera agrícola, cuyo flujo migratorio se incrementó en la década de 1970 y 1980; región con cultivos de uso ilícito como parte de la economía campesina; presencia de guerrillas y disputas territoriales entre estas, los grupos paramilitares y el Estado; y también, extensas áreas dedicadas a proyectos agroindustriales como la palma de aceite, la explotación de petróleo y la ganadería extensiva.
Debe recordarse que hoy, en el contexto de la implementación de los Acuerdos de paz de 2016, parte de las intervenciones sobre el mundo rural en regiones como el Magdalena Medio se enmarcan en programas nacionales como los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR; los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET; el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS así como la atención a la población víctima del conflicto.
Para el desarrollo de la reflexión aquí propuesta, inicialmente planteamos problematizar el concepto de intervención social y las categorías de rural y ruralidades, buscando explicar en primer lugar, cómo la política social homogeniza y focaliza a la población determinando así las intervenciones desde una perspectiva de integración económica y no de transformación social. Para ello nos basamos en los planteamientos de Iamamoto (2003), José Paulo Netto (2012), Lukács (2012), Montaño (2000, 2005) y Muñoz-Arce (2020), quienes permiten comprender cómo las propuestas de intervención de tipo positivista (Corvalán, 1996) (Molleda-Fernández, 2007), compleja (Matus-Sepúlveda, 2003) y sistémica (Mascareño, 2011) son funcionales para el desarrollo de la política social y reducen la praxis al pragmatismo. Asimismo, buscamos explicar cómo la categoría rural no es homogénea pues está históricamente situada y con el tiempo ha venido siendo reconfigurada. Para ello, nos apoyamos en los planteamientos de Mormont (1996), Carneiro (2008), Jean (2002), Baudel-Wanderley (2000) y Brandenburg (2010), para quienes no existe un concepto único de lo rural.
Tras esta problematización presentamos las consideraciones metodológicas que se tuvieron en cuenta para la reconstrucción y sistematización de nuestra experiencia, basándonos en la propuesta que plantea Jara-Holliday (2011), para quien la sistematización es una interpretación crítica de la experiencia. Posteriormente, exponemos el contexto de nuestras intervenciones en el mundo rural, específicamente en el Magdalena Medio, una subregión en donde confluyen diversos intereses económicos y políticos.
Como resultado de este proceso, presentamos los hallazgos haciendo énfasis en los obstáculos que se dan en el desarrollo de los proyectos productivos del área rural: proyectos inadecuados para la economía campesina, las dificultades del trabajo colectivo, las facilidades que la coca ofrece a los productores agrícolas, las limitaciones normativas, la temporalidad rural y la participación comunitaria.
2. Intervención en lo social: entre el alcance de la integración económica y el anhelo de transformación
La intervención en lo social es un rasgo distintivo de la profesión del Trabajo Social que desde una perspectiva histórica ha estado socialmente determinada por las demandas provenientes generalmente del Estado, para atender las tensiones que surgen entre las fuerzas societarias (Iamamoto, 2003), como resultado del proceso de instauración de un proyecto hegemónico que se erige bajo una lógica capitalista centrada hoy por hoy principalmente en la actividad financiera (Montaño, 2005).
La intervención social se convierte entonces en una estrategia para hacer efectiva la política social, con el fin de contener y rebatir las crisis del modelo de desarrollo. Esta política con los años ha venido sirviendo al capital financiero, asimismo se ha precarizado al punto de focalizar, homogenizar y centrarse en “el acceso al mercado y el mejoramiento del capital humano” (Greffe, 1975, citado en Corvalán, 1996, p. 9).
Por lo tanto, se puede afirmar que la política social determina el tipo de intervención (Iamamoto, 2003), es decir, no solo va a influir en la acción, sino en el pensamiento de la realidad social. Por ejemplo, si la desigualdad, la exclusión y la pobreza -escenarios de intervención profesional- son entendidos como problemas sociales y no como la cuestión social, se corre el riesgo de fragmentar la realidad a tal punto de desconocer la influencia del modelo de producción en las formas de vida y, por lo tanto, la intervención se reduce a vincular a los actores al mercado y se sitúa el problema en el sujeto (Montaño, 2000; Muñoz-Arce, 2020). Existen entonces propuestas de intervención de corte positivista (Corvalán, 1996; Molleda-Fernández, 2007), complejas (Matus-Sepúlveda, 2003) y sistémicas (Mascareño, 2011), que son funcionales en razón a las demandas contemporáneas para el desarrollo de la política social. Estas perspectivas reducen la praxis al pragmatismo, a la acción y excluyen o niegan la reflexión ontológica (Lukács, 2012). En palabras de Netto (2012).
…la misma dinámica requiere de los individuos respuestas funcionales a las situaciones, que no demanden su conocimiento interno, sino solamente la manipulación de variables para la consecución de resultados eficaces, lo que cuenta no es la reproducción veraz del proceso que lleva a un resultado pretendido, sino el resultado en sí; en el plano de la cotidianidad, el criterio de la utilidad se confunde con el de la verdad. (p. 24)
Entonces cabe preguntarse por lo que es útil y la verdad. Es útil instaurar un proyecto en un espacio determinado para procurar la integración económica y social de los sujetos, es útil desplegar acciones a partir de la parametrización de la realidad, de la comprensión del sujeto, su cultura y su sistema de significación, pero ¿realmente esto permite transformar la realidad? Entendiendo que desde un plano ideal, la intervención social busca dicha transformación. Ahora bien, puede que el profesional comprenda la naturaleza del fenómeno que enfrenta, pero en lo cotidiano, se ve ante “una gestión parcelada de sus dimensiones o componentes” (Muñoz-Arce, 2020, p. 35), que desde la política social, hace énfasis en la producción de sujetos útiles, emprendedores y responsables de su situación. Pero ¿transformar? ¿Qué se transforma en este contexto? Si la transformación implica un cambio en las relaciones de poder y los vínculos entre los sujetos y las estructuras (Foucault, 1979). Es así como, en este marco, la intervención social no transforma, integra y la integración se limita a mantener esas estructuras, esas relaciones, esa desigualdad. Es decir, la intervención social, en palabras de Bermúdez-Peña (2011) se reduce a una oferta de servicios alrededor de lo social.
3. Rural, ruralidades: dificultades en el uso del término
En general, esas intervenciones sociales en el marco de la ejecución de proyectos, parten de un concepto dado de lo rural y sus actores, los campesinos. Y en ese concepto estrecho, delimitado y excluyente intentamos hacer caber nuestros proyectos y las comunidades donde se ejecutan; paralelamente, la normativa que rige esas intervenciones es construida también a partir de ese ideal, de esa representación de lo rural, generalmente asociado a la agricultura, al atraso, a la tradición.
Como bien lo ha señalado Mormont (1989), existe una dificultad asociada al uso da palabra rural, puesto que es una categoría que se mueve tanto en el espacio académico, como en el sentido común. Puede hacer referencias a poblaciones, espacios, áreas, contextos, conjunto de valores y, paralelamente, designa diferentes objetos de análisis dependiendo de la disciplina que la use: economía, sociología o geografía. Lo rural es una categoría indefinida, sujeta al vaivén de sus múltiples usos, acarreando que, muchas veces, se pase por alto su contenido específico. Precisamente las dificultades para el uso del término rural proviene de una pluralidad de sentidos que evoca, referidos a la relación práctica que se establece con lo rural (Mormont, 1989).
No obstante, aún hoy, el término rural continúa siendo asociado a pequeños poblados con un tipo particular de sociabilidad y relación con el espacio debido al bajo número de personas y su baja concentración (Jean, 2002), sumado al predominio de paisajes naturales y, por lo mismo, a una relación más cercana con la naturaleza. Podría afirmarse con Mormont (1989) que tales atributos son sus características estructurantes, cuya interpretación se da dentro de un sistema de significados, es decir, a partir de una determinada lectura da realidad social y del espacio.
El uso del término rural nos obliga a apuntar el lugar de su enunciación: quién reivindica el término, en qué lugar, en qué momento histórico, cuál es su objetivo, cuáles son sus intereses, que prácticas despliega en el espacio que denomina rural. Lo rural es un gran “paraguas” en el que se ampara una multiplicidad de concepciones del término y cómo este es entendido, impulsando determinadas prácticas en el espacio de las políticas públicas, proyectos personales, actividades productivas, entre otros.
Como categoría, debe considerarse que siempre que es enunciada corresponde a un tiempo y espacio específico que la han configurado y le dan su contenido. Su definición es selectiva, prioriza y excluye ciertos elementos de la realidad según el momento histórico y los intereses en juego. Lejos de ser una esencia permanente e invariable, lo rural es una categoría histórica en continua transformación, una categoría de representación social que produce hechos sociales, posibilita la emergencia de identidades sociales y moviliza grupos sociales (Baudel-Wanderley, 2000).
La ruralidad es una representación social determinada por los actores vinculados al campo, que hoy no se restringen a la producción agrícola y, por el contrario, desarrollan las más diversas actividades. Lo que se entiende por rural también se define por el consumo que hacen los grupos urbanos de los bienes materiales y simbólicos que ofrece este espacio: actividades de recreación, medios alternativos de vida e inclusive lugar de residencia para personas procedentes de la ciudad. En esa perspectiva la naturaleza deja de ser asociada a un objeto para la producción y pasa a ser también objeto de preservación, contemplación y ocio (Carneiro, 1998, 2008).
Esa comprensión del campo como proveedor de servicios vinculados a la naturaleza es lo que Brandenburg (2010) denomina rural socioambiental, en contraposición al rural tradicional y al rural moderno, que lejos de ser una simple sucesión de etapas evolutivas, nos lleva a pensar en la coexistencia de diversos rurales en el mismo tiempo y espacio. El rural tradicional se caracteriza por relaciones de vecindad y compadrazgo, la práctica de una agricultura orientada a satisfacer las necesidades de la familia. El rural moderno viene acompañado de la mecanización de la agricultura, integración de la producción familiar al mercado, desintegración de la vida comunitaria, surgimiento del trabajador rural y aumento del éxodo rural. El rural socioambiental es un rural reconstruido, caracterizado por la resignificación de la tradición, de la naturaleza y de las identidades. La tradición no desaparece, es reinventada, dando espacio a nuevas identidades y formas de sociabilidad basadas en la tradición local y en una perspectiva de conservación ambiental, atrayendo el público urbano y posibilitando, así, nuevas fuentes de renta a partir del turismo. Urbano y rural dejan de ser vistos como opuestos, para ser complementarios (Brandenburg, 2010).
Bajo la idea del progreso económico se concebía que los cambios estructurales en la sociedad iban de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, de lo atrasado a lo moderno; esa concepción de lo rural como atrasado y el énfasis excesivo en la modernización e industrialización han suscitado crisis profundas con el aumento de la pobreza, el desempleo y la exacerbación de los conflictos por la tierra y del conflicto armado interno como en el caso de Colombia. Sin embargo, esa concepción del mundo rural ha venido cambiando y actualmente hay un proceso de revalorización que permite entenderlo más allá de la agricultura y de la producción primaria, como proveedor no solo de alimentos, sino también de bienes y servicios relacionados al cuidado del medio ambiente, espacios para el descanso, la recreación y el turismo (Pérez, 2001).
Para el caso colombiano, es fundamental que estos cambios se entiendan en el marco del conflicto rural y sus dos dimensiones: el conflicto armado y el conflicto agrario. El primero disputa el control de las poblaciones, de las instituciones y del territorio para la extracción de rentas; el segundo incluye las disputas por la tierra y la deuda social y política del Estado con el sector rural. El conflicto armado y el conflicto agrario se relacionan y se yuxtaponen en las diferentes regiones del país, dando lugar a las complejas y diversas problemáticas del campo colombiano. Evidencia de ello es que los homicidios de carácter político y las masacres han tenido mayor incidencia en los municipios más rurales, que también son los municipios con mayor pobreza y desigualdad; también, que los problemas de concentración de la tierra son señalados como una de las causas y a la vez como una de las principales consecuencias del conflicto armado: Colombia presenta una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina, con una alta concentración reflejada en el índice de Gini de propietario de 0,875 y de tierras de 0,86 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011). A este ya complejo panorama se le suma el narcotráfico, fenómeno transversal al conflicto rural que exacerba sus manifestaciones y consecuencias.
4. Metodología. La apuesta metodológica: sistematización de experiencias
Este escrito es producto de la reflexión colectiva que hemos realizado con colegas, compañeros de trabajo, organizaciones campesinas, campesinos (hombres y mujeres) de Yondó, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Simití y Santa Rosa en las diferentes oportunidades que hemos tenido de recorrer la región. Es un esfuerzo por sistematizar los aprendizajes que nos han dejado la participación en la formulación de proyectos o ejecución de los mismos. Sin duda, muchas de estas intervenciones sociales en el mundo rural tienen por motivación la búsqueda sincera de mejores condiciones de vida para las comunidades rurales, pero al ser creados para un rural que muchas veces se desconoce, que no se entiende en su configuración histórica y que tiene por presupuesto una visión romantizada o estigmatizante del campo, de sus atributos y de quienes lo habitan, parten de una imagen distorsionada de la realidad que pretenden intervenir.
Para ello, después de una revisión de informes técnicos, memorias de reuniones, anotaciones personales y, principalmente, conversaciones con campesinos que han participado en diversos proyectos, en un esfuerzo analítico hemos identificado los principales elementos que impiden que los proyectos implementados en las zonas en donde hemos trabajado cumplan con sus objetivos. Puede que muchas de esas intervenciones hayan sido calificadas como exitosas en términos técnicos, es decir, lograron cumplir con las metas e indicadores inicialmente propuestos, pero cuando son revisados en detalles, emergen las múltiples falencias que suelen repetirse en subsecuentes iniciativas.
Como ya hemos mencionado, los resultados aquí expuestos se refieren a una zona con características particulares, los municipios centrales de la región del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Yondó, San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur y Puerto Wilches. Sin embargo, los resultados pueden ser indicativos de lo que está ocurriendo en zonas de características semejantes.
Este proceso de sistematización se orienta desde la propuesta de Jara-Holliday (2018). Por lo tanto, pretendemos mirar nuestra experiencia desde una perspectiva histórica en donde han intervenido diferentes actores, en un contexto socioeconómico determinado y bajo los lineamientos institucionales de los cuales, en su momento, formamos parte. Ello para “entender e interpretar lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso” (Jara-Holliday, 2018, p. 2).
De esta manera, guiadas por Jara-Holliday (2011), el procedimiento metodológico se organizó en cinco momentos. Primero, determinamos como nuestro punto de partida la experiencia profesional en la intervención en el mundo rural. A partir de este momento, formulamos preguntas iniciales que nos llevaron a plantear como objetivo de la sistematización explorar los obstáculos para el desarrollo de proyectos productivos en el área rural y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes rurales. Como aspecto central, observamos el desarrollo de proyectos productivos y realizamos un inventario de insumos entre los que destacamos la información obtenida mediante actas, memorias y diarios de campo que en su momento llevamos a cabo. Luego de ello, organizamos la información y la clasificamos por temas. Cada uno de estos temas ha sido descrito y revisado de manera crítica acorde a nuestro marco de referencia, para así dar paso a la formulación de reflexiones finales sobre la intervención en el mundo rural.
Entre nuestras experiencias destacamos:
Proyectos de investigación junto a organizaciones campesinas que desarrollan su trabajo en la región. Específicamente los siguientes proyectos: Minería y conflicto armado: reconstrucción de la memoria histórica de la región de Guamocó desde un enfoque de género (2014-2016); Conflicto armado y organización campesina: memorias de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (2016-2018); Agricultura familiar y construcción de paz territorial: los casos de ATCC, ASPROAS y AMMUCALE (2016-2018).
Actuación profesional como enlace territorial entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Zona de Reserva Campesina del valle del Cimitarra (2013-2015). Promotoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Juntas de Acción Comunal veredeales de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios, San Pablo y Santa Rosa (2006-2008).
Orientación de trabajos de grado y acompañamiento de prácticas académicas en temáticas referentes a agricultura familiar, campesinado, crédito rural y electrificación rural.
Tesis de doctorado en desarrollo sobre la construcción y movilización de las identidades campesinas en el Magdalena Medio (2018) y la producción de conocimiento en Trabajo Social (2020).
5. El Contexto: lo rural en el Magdalena Medio
Partiendo de los presupuestos conceptuales ya esbozados, nos damos a la tarea de entender lo rural en el Magdalena Medio. La región está conformada por 31 municipios pertenecientes a los departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia1, en el nororiente del país. Cuenta con una población aproximada de 829.342 habitantes y, según proyecciones del DANE para 2013, el 65% de las viviendas cuentan con acueducto, 40% alcantarillado, 18% de su población no cuenta con ningún nivel educativo, siendo que el 5,82% de su población entre 15 y 24 años no sabe leer ni escribir (analfabetismo), la cobertura de educación secundaria es de 85% y de 51% para educación media. Debe observarse que, en general la región se encuentra por debajo de la media nacional2 para cada uno de los anteriores indicadores y que los datos corresponden a promedios regionales, por lo tanto, hay municipios que presentan tasas mucho más alejadas de la media nacional3 (Picón-Páez y Ardila-García, 2013).
Para el caso específico de Cantagallo, Barrancabermeja, San Pablo, Santa Rosa, Simití, Puerto Wilches y Yondó -municipios en donde hemos enfocado nuestra reflexión- según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) la medida de pobreza multidimensional indica que los centros poblados y rural disperso, en especial de los municipios de Antioquia y Bolívar, están por encima de los 50 puntos porcentuales, siendo Cantagallo el municipio con mayor porcentaje de pobreza en esta área, seguido de San Pablo y Simití (Ver Tabla 1).
Tabla 1 Medida de pobreza multidimensional municipal.
| Departamento | Municipio | Centros poblados y rural disperso |
|---|---|---|
| Antioquia | Yondó | 52,7 |
| Bolívar | Santa Rosa del Sur | 57,5 |
| Bolívar | Simití | 59,7 |
| Bolívar | San Pablo | 66,3 |
| Bolívar | Cantagallo | 68,6 |
| Santander | Barrancabermeja | 28,8 |
| Santander | Puerto Wilches | 45,4 |
Fuente: adaptado de (DANE, 2018)
La pobreza multidimensional que se tiene en estos municipios se ha ido configurando históricamente a partir de los diversos procesos de poblamiento y ocupación. De acuerdo con Amparo Murillo-Posada (1999), la región es producto de diversos procesos de poblamiento que durante la colonia, el S. XIX e incluso inicios del S. XX fueron lentos y dispersos. Instalada en el centro del país, a inicios del S.XX la región experimentó una serie de flujos migratorios motivados por la naciente explotación petrolera y la construcción del ferrocarril; procesos que fueron acompañados de colonizaciones campesinas a las tierras baldías ubicadas en sus alrededores; dichos procesos migratorios y de poblamiento se fueron intensificando desde 1950 como resultado de la violencia bipartidista. De ese modo, el Magdalena Medio se fue configurando en receptor de las contradicciones y conflictos de las sociedades vecinas más consolidadas, principalmente en lo referente al tema agrario (Murillo-Posada, 1999).
De la diversidad de conflictos que atraviesan la región, la mayor parte de ellos tiene como epicentro el mundo rural y como protagonistas a sus habitantes, en específico a los campesinos colonos. De acuerdo con Prada (2006) las protestas campesinas en el Magdalena Medio entre 1980 y 2001 han tenido cuatro motivaciones fundamentales: la lucha por la tierra, la defensa de los Derechos Humanos, las políticas agrarias y el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno.
A este panorama, ya conflictivo, debe sumársele la presencia histórica de las guerrillas del ELN y de las FARC, igualmente la presencia de grupos paramilitares, inicialmente el MAS en los años 1980 y a finales de la década de 1990 e inicios del 2000 las AUC. A pesar de que a mediados de la década del 2000 se da el aparente desarme paramilitar y tras la firma de los acuerdos de paz en el año 2016 se busca la integración de los miembros del grupo de las FARC, la presencia armada en estos territorios continúa presentándose para el control de economías como la minería ilegal no tradicional, narcotráfico y contrabando. Según la Defensoría del Pueblo (2018):
El retiro de las FARC-EP de sus zonas de influencia, ha llevado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los grupos armados posdesmovilización (Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo - AGC/CG, Puntilleros y Pelusos) y a las estructuras disidentes de las propias FARC-EP, a desplegar dinámicas violentas orientadas al control de las economías mencionadas y a intervenir en el desarrollo de los circuitos asociados a éstas, posicionándose en tales entornos con el empleo de estrategias criminales que van desde el conflicto directo con los grupos armados en competencia hasta las alianzas operativas, aumentando así los riesgos de victimización para la población de las zonas involucradas. (p. 10)
En el Magdalena Medio confluyen zonas de cultivos de coca, zonas de explotación aurífera y zonas para el desarrollo de proyectos de interés nacional, lo cual lleva al enfrentamiento principalmente entre las Autodefensas Gaitanistas, las Bandas Criminales - Bacrim, las disidencias de las FARC, el ELN y el ejército (Indepaz, 2020).
Por otra parte, la política social destinada a los productores rurales del sector rural colombiano plantea entre sus objetivos el acceso al mercado laboral mediante la formalización y apoyo del emprendimiento, para ello la principal estrategia ha sido la financiación mediante créditos a proyectos productivos relacionados con el sector agropecuario, pesquero, minero, turístico y de artesanías, que incluye entre otras cuestiones, la siembra de cultivos, la mano de obra, la construcción de infraestructura, la compra de maquinaria y equipo, compra de insumos y animales (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario [FINAGRO], 2021b).
Por lo tanto, para el año 2018 se invirtieron 10.591 millones en créditos agropecuarios para Yondó, 901 millones en Cantagallo, 5.010 millones en San Pablo, 5.241 millones en Santa Rosa del Sur, 7.981 millones en Simití y 23.617 millones en Puerto Wilches (FINAGRO, 2021a). Las actividades que recibieron mayor inversión fueron la ganadería (doble propósito, carne, leche) y la Palma de Aceite, esta última con mayor destinación a medianos y grandes productores; mientras que la piscicultura, avicultura y algunos productos agrícolas como plátano, yuca, aguacate, entre otros, fueron mayormente financiados a pequeños y medianos productores.
6. Hallazgos. Los principales obstáculos en el desarrollo de proyectos productivos con comunidades campesinas
Las experiencias de intervención en el mundo rural nos han permitido conocer, desde la práctica cotidiana, los obstáculos que se presentan en las iniciativas de proyectos de desarrollo productivo. El presente apartado da cuenta de esos obstáculos que generalmente se presentan por la homogenización del campo, su romantización, la perspectiva economicista de la política social y la visión modernizante del sector rural.
6.1 Proyectos de tardío rendimiento: caucho y palma
En diversas conversaciones y en algunas entrevistas hemos escuchado un mismo reclamo por parte de algunos campesinos: los cultivos de palma y caucho no son adecuados para la economía campesina. La principal dificultad que este tipo proyectos es que requieren de trabajo cotidiano, como cualquier otra actividad agrícola, pero la comercialización de sus productos solo es posible hasta el cuarto o quinto año de siembra, cuando el cultivo comienza a dar frutos. En esos años, además del trabajo cotidiano de cuidado del cultivo, se requieren jornadas de trabajo para la limpieza, abono y poda, actividades que conllevan la compra de insumos, fertilizantes y abonos. Eventualmente, si la mano de obra familiar es insuficiente, también se hace necesario el pago de jornales a terceros. De este modo, las familias tienen que destinar trabajo y parte de sus ingresos (ya escasos) al sostenimiento del cultivo sin que este represente aún una fuente de ingresos real, paralelamente, en ese mismo periodo de 4 a 5 años, la familia continúa con sus gastos corrientes de alimentación, salud y transporte.
Contrario a esta realidad, los proyectos implementados no contemplan remuneración de los jornales y el apoyo técnico necesario durante todo el proceso (desde la siembra hasta la comercialización). Consecuentemente, muchos participantes abandonan la iniciativa, pues no logran cumplir con las exigencias de cuidado y mantenimiento del cultivo. La respuesta de los funcionarios de las entidades impulsoras de la iniciativa productiva suele ser culpar al campesino por “no aprovechar”, “abandonar el proyecto” o “ser irresponsable”. En pocas ocasiones se analizan los errores del diseño del proyecto y su inadecuación para los modos de vida del campesinado de la región.
La palma aceitera y el caucho se han convertido en alternativas económicas viables cuando las familias cuentan con otros ingresos que permiten el sostenimiento cotidiano de sus miembros y costear el pago de los insumos agrícolas y la mano de obra que el cultivo requiere. También, cuando logran insertarse y adaptarse a los requerimientos del sistema financiero en el marco de programas de crédito, cuyo acceso es precario y su alto costo conlleva a dificultades mayores por parte de las familias, incluso a la pérdida de su tierra.
El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio ha realizado la sistematización de su experiencia en torno a la iniciativa productiva denominada Palma campesina (Finca campesina con palma de aceite como producto líder) y apuntó entre sus aprendizajes la necesidad de desarrollar de manera paralela a estos cultivos de rendimiento tardío proyectos de diversificación agrícola y seguridad alimentaria para las familias participantes, cruciales para enfrentar el periodo improductivo del proyecto. También destaca la importancia de un acompañamiento integral a la familia campesina para evitar su desintegración y el ausentismo de sus parcelas al momento de iniciar la etapa productiva del cultivo (Villegas, 2008).
Adicionalmente, consideramos que este tipo de intervenciones sociales se desarrollan desde una perspectiva que asume al campesino como atrasado y, por tanto, suelen movilizar narrativas y prácticas en torno a su incorporación al mercado, al sistema financiero, en últimas, su transformación en “empresario rural”, desconociendo su configuración histórica en la región, su relación con la tierra y con la producción misma. También, debe problematizarse la participación profesional en el impulso de este tipo de cultivos que se han desarrollado bajo modelos de monocultivo y agroindustria, con repercusiones sobre las fuentes hídricas y el suelo.
6.2 Proyectos que hacen al campesino dependiente del insumo: avicultura y piscicultura
Muchas de las iniciativas productivas de pequeño y mediano porte que se han implementado en la región corresponden a proyectos de avicultura y piscicultura; la cría de aves suele corresponder a la cría de gallinas ponedoras o de engorde, y la cría de peces frecuentemente es de cachamas y mojarras. En un inicio parecen ser una buena iniciativa, puesto que para empezar solo requieren de una pequeña infraestructura para su desarrollo (estanques y/o galpones), un pie de cría (animales) y el alimento que este requerirá para su crecimiento y posterior comercialización.
Sin embargo, este tipo de proyectos suelen ser adelantados desde una producción convencional, cuyo desarrollo y resultado conlleva el aumento de la dependencia del campesino frente al mercado. La compra de alimentos (concentrados), medicamentos (vacunas, antibióticos) y la renovación del pie de cría, sumado al aumento en el precio de estos insumos4, implican una producción sujeta a los vaivenes del mercado y a la capacidad administrativa y financiera de los participantes para sortearlas. En no pocas ocasiones los costos de producción exceden el valor del producto (huevo, pollo o pescado) en el mercado, hecho que desestimula la continuidad de los participantes.
Generalmente estas iniciativas no son sostenibles en el tiempo, pues en el ánimo de presentar un mayor número de beneficiarios las entidades ejecutoras aglutinan a varias familias y proyectan que los rendimientos se dividan entre ellas. No obstante, al ser proyectos pequeños y con costos de producción elevados, no se transforman en verdaderas alternativas económicas para los pobladores rurales. Después de que el operador sale de la zona, muchas de estas iniciativas son desmontadas, pues los participantes tienen que asumir los costos de producción que hasta el momento eran financiados.
También es importante recalcar que los impulsores de estos proyectos en ocasiones parecen desconocer los efectos que sobre la biodiversidad acarrean este tipo de apuestas económicas: se crían determinadas especies (por ejemplo, gallinas blancas y coloradas) en detrimento de otras y se producen vertimientos sobre las fuentes hídricas de la zona. Adicionalmente, durante su diseño e implementación se omite que el mercado es altamente regulado por la industria avícola, restándole al campesino una competencia desigual y en condiciones de subordinación.
6.3 Las dificultades de lo colectivo
Muchas de las iniciativas dirigidas al sector rural, específicamente a los campesinos, corresponden a proyectos de carácter colectivo que buscan la generación de ingresos o producción de alimentos para autoconsumo a partir de grupos motores. La comunidad es movida para que conforme un grupo para el desarrollo de la iniciativa, se distribuyen algunas funciones y reciben los insumos, animales en pie, dinero, corrales, entre otros, como colectivo, no individualmente. El problema de este tipo de proyectos productivos es que parten de la idea de una comunidad sin conflictos, en la que prima el trabajo colectivo. Hay una romantización del campesinado y sus relaciones comunitarias, desconociendo su característica fundamental: la unidad de producción es la familia campesina.
Se omite que hay grupos de intereses, oposiciones, disputas internas que suelen aflorar durante el desarrollo de los proyectos. Se parte de la idea de que la comunidad, por ser comunidad (y habría que discutir este término) es una sola, sin disputas, homogénea y en la que a todos les interesa el desarrollo del proyecto. Hay una romantización de lo colectivo, desconociendo las dificultades del trabajo en equipo en condiciones de dispersión de los hogares (para participar, algunos beneficiarios tienen que desplazarse entre una o dos horas hasta el lugar en el que se emplaza la infraestructura requerida) y un contexto en el que la mano de obra familiar suele destinarse a actividades de la propia finca. De este modo, la participación significa para muchas familias campesinas el aumento de su trabajo agrícola y pocas veces un aumento en sus ingresos. Adicionalmente, en estas zonas el conflicto armado ha traído como consecuencia la ruptura de los lazos comunitarios y la pérdida de la confianza entre los lugareños.
Consideramos que los proyectos no deberían partir de la organización comunitaria como un prerrequisito, sino que esta sea una consecuencia, un resultado del proceso de intervención profesional. Por el contrario, lo que comúnmente ocurre es que los pocos recursos que llegan a las comunidades con estas iniciativas suelen convertirse en el principal motivo de conflictos y disputas. Es necesario pensar el diseño de los proyectos y su ejecución como alternativas de reconstrucción de los lazos comunitarios y de creación y fortalecimiento de liderazgos.
6.4 Las “facilidades” de la coca y otras actividades extractivas
En el Magdalena Medio los campesinos se han vinculado a la economía de la coca debido a la posibilidad que este cultivo ofrece para mejorar sus ingresos económicos dado su alto valor en el mercado, las facilidades para su transporte y comercialización en comparación con otros productos agrícolas y la rentabilidad que ofrece el proceso de transformación de la hoja en pasta base. En general, las plantaciones en la región no son mayores a tres hectáreas y los campesinos suelen invertir los excedentes de esta actividad en el mejoramiento de sus fincas, la ampliación de su hato ganadero, el sostenimiento de cultivos tradicionales y la satisfacción de sus necesidades básicas (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvis, 2005).
En ese contexto, los proyectos de gallinas, ganado, palma campesina, piscicultura compiten con las facilidades que tiene la coca en la región. Es innegable que la coca logra emplear a un número mayor de personas en el área rural y mueve la economía por el flujo de dinero que genera. En zonas de cultivo de coca el valor de la mano de obra y los ingresos de los agricultores aumenta, siendo difícil que con otros productos agrícolas se logren los niveles de remuneración que la coca propicia, aún más con una infraestructura vial deficiente, sin la existencia de mercados campesinos en los cascos urbanos, sin control de precios de los productos agrícolas, entre otros. Como lo señalado por Francisco Gutiérrez-Sanín (2019), la economía cocalera plantea un dilema: permite “un avance social modesto pero sostenido” a cultivadores, trabajadores y la sociedad regional, que logran invertir en educación y en sus parcelas, obtener mejores salarios y fortalecer la economía regional; al mismo tiempo, la coca implica inestabilidad y riesgo. Muchos cultivadores quieren salir de ella, pero sin renunciar a los avances socioeconómicos que ha significado su vinculación a esta economía. “Ninguna política de sustitución que no tenga en cuenta este dilema podrá tener algún asomo de éxito” (Gutiérrez-Sanín, 2019, p. 72).
Pero no es solo la coca la que desestimula la producción de alimentos, sino también actividades tradicionales de la región como la minería de oro, la explotación de hidrocarburos y la agroindustria de la palma. Muchos jóvenes rurales aspiran a emplearse como trabajadores agrícolas en las empresas palmeras o como obreros en la industria del petróleo, en estas logran acceso a un salario, un contrato de trabajo con su respectiva vinculación al régimen contributivo de salud y pensiones. Otros también se vinculan a la economía informal en los cascos urbanos. Por ello, proyectos cortoplacistas, de poca inversión, en últimas, asistenciales, no logran propiciar condiciones para la permanencia de los pobladores rurales en el campo en condiciones de vida digna.
6.5 Las limitaciones de las definiciones normativas/legales de los beneficiarios/participantes
La focalización en los programas y proyectos sociales se realiza a partir del establecimiento de reglas que limitan la participación de la mayor parte de la población: exigencia de certificados de territorialidad o residencia, carnés que acreditan la pertenencia a determinada categoría, títulos de propiedad sobre la tierra, puntuación baja en el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - SISBEN, configuración de determinado tipo de familia, entre otros requisitos. Estas exigencias para la participación suelen desconocer la realidad concreta de la mayor parte de la población: muchos han migrado en repetidas ocasiones y no han sido censados en el lugar que residen, en las bases de datos presentan puntuaciones incongruentes con su nivel de vida, son trabajadores estacionales sin residencia fija y existen diversos tipos de familia campesina que se encuentran en diferentes momentos de su ciclo vital.
Aunque estas exigencias se hacen bajo el argumento de realizar la mejor selección de los participantes en un contexto de escasez de recursos para lo social (“los que realmente necesitan”, “los más pobres de los pobres”), realmente operan bajo la lógica de la focalización de la política social propia del neoliberalismo, buscando mostrar eficiencia en el uso de recursos, en contravía de una política social amplia y universal que garantice derechos a las mayorías. En ese sentido, como profesionales debemos entender que si bien la normatividad nos limita en nuestro quehacer, no podemos asumirla acríticamente e incorporarla a nuestro actuar sin cuestionamientos.
Muchas de las entidades en las que hemos trabajado como profesionales entran en la lógica de captar recursos y, de ese modo, los proyectos responden más a la posibilidad de una convocatoria que a una necesidad real de la gente. Algunas organizaciones sociales e incluso entidades estatales se postulan a convocatorias que ya tienen definidos los ejes, el presupuesto y el tipo de intervención a realizar. No se parte de un deseo de la comunidad, de un estudio previo o una definición de prioridades en el territorio; el proyecto se formula para ganar una convocatoria, la idea es construir el proyecto más atractivo posible para ser elegible en el proceso selectivo. Las alcaldías y sus secretarías también suelen formular sus proyectos sin la gente, no conocen realmente el territorio, su historia, sus conflictos, sus deseos.
En esa lógica de formular y ejecutar proyectos para captar recursos, se le imponen al mundo rural propuestas contrarias a sus intereses. Se les exige adecuarse a los ritmos de las entidades y su lógica burocrática: una fotocopia de una cédula, una firma o un acta son solicitadas con premura por las entidades centrales que desarrollan el proyecto, desconociendo que en las zonas rurales muchas veces no hay energía eléctrica, la comunicación es difícil por el estado de las vías y la precaria conectividad telefónica y celular. Se exige que el mundo rural funcione al ritmo del mundo urbano, con sus tiempos y rapidez.
7. Conclusiones
La sistematización de experiencias permite comprender el entramado de relaciones, el contexto y las fuerzas en disputa en el desarrollo de experiencias concretas de intervención social, erigiéndose en una modalidad de investigación que permite el análisis de la intervención profesional como objeto de conocimiento (Bermúdez-Peña, 2011). De esa manera, es posible desarrollar ejercicios analíticos que propendan por la comprensión de la realidad social más allá de la fragmentación que le es impuesta desde la intervención social meramente instrumental.
En el caso de las intervenciones sociales en el sector rural ha primado la visión del campo como atrasado y arcaico, en esa medida las intervenciones profesionales han estado orientadas mayoritariamente a su desarrollo e integración al mercado y al capital. El mundo rural y las poblaciones que lo habitan han sido entendidos desde una perspectiva que las romantiza y los relaciona con el pasado que hay que modernizar, imponiéndoles los ideales de vida urbanos y desconociendo los procesos históricos que han marcado la configuración social de estos espacios.
En las intervenciones que desarrollamos como profesionales de lo social en el mundo rural se ha impuesto la lógica de los proyectos por encima de la dinámica de los procesos comunitarios. Exigencias técnicas y burocráticas que no entienden las realidades locales, comprensión unívoca del mundo rural y del campesinado, proyectos grupales solo para mostrar a las agencias financiadoras mayor número de beneficiarios y no por una intencionalidad real de fortalecimiento de lo colectivo, desconocimiento de la historia local y de las dinámicas regionales y puesta en marcha de proyectos ajenos a las necesidades y aspiraciones de las poblaciones rurales han marcado nuestro accionar profesional en el marco de los llamados proyectos productivos.
Es necesario que los profesionales de las Ciencias Sociales y, en particular del Trabajo Social, continuemos desarrollando reflexiones sobre nuestro actuar, a partir de la comprensión del modelo de desarrollo y sus efectos en la política social, con el fin de superar la visión netamente útil de la intervención social que responde al orden vigente.
