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1. Introducción
El departamento del Chocó es reconocido como una de las regiones más biodiversas de Colombia y el mundo que alberga un gran número de endemismos, plantas y animales de diversas especies (Valois-Cuesta y Martínez-Ruiz, 2016). No obstante, las condiciones materiales y simbólicas de la población son precarias en términos de pobreza y desigualdad, debido al abandono estructural del Estado central y las limitadas capacidades gubernamentales para diseñar políticas públicas.
Las injusticias sociales del departamento obedecen al aumento de relaciones de exclusión y desigualdad de carácter estructural, situaciones que evidencian racismo, discriminación, vulneración de derechos, expropiación y acaparamiento de oportunidades, generadoras de múltiples barreras de dominación que obstaculizan la igualdad de oportunidades y capacidades ciudadanas. Son una serie de injusticias de carácter estructural, intervenidas mediante políticas sociales territoriales que insisten en lógicas y dispositivos neo asistencialistas, orientados a superar umbrales estadísticos y generar respuestas transitorias de carácter individual con transferencias monetarias condicionadas (Mora-Cortés, 2019).
El Boletín Técnico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2018 y el Boletín Técnico de Pobreza Monetaria Departamental de 2018 realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian las dificultades de las instituciones del territorio chocoano para ofrecer soluciones de bienestar de corte universal y comunitario, acciones públicas que ayuden a enfrentar la intensidad de los conflictos (urbanos y rurales) y garantizar los derechos fundamentales de ciudadanías activas afincadas en el departamento.
La ECV expone las más bajas calificaciones en salud, seguridad, trabajo o actividad e ingreso familiar para la región pacífico-colombiana, donde se encuentra el Chocó (DANE, 2019a). Por su parte, el Boletín de Pobreza Monetaria pone en evidencia al Chocó como el departamento con la pobreza monetaria más alta del país a 2018 cifra que asciende al 61,1% y sobrepasa al promedio nacional que a 2018 era del 27% (DANE, 2019b).
El Chocó posee unas condiciones de bienestar y calidad de vida desfavorables, ubicándose en los últimos lugares del país. La población tiene dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico. La Contraloría General del departamento del Chocó (2017, 2019) en sus informes ambientales del estado de los recursos naturales y del medio ambiente de 2016 y 2018, menciona que una deficiencia estructural en el territorio es el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, así como la ausencia de áreas para el manejo de recursos peligrosos.
Otro factor que afecta a la población chocoana obedece a la limitada participación ciudadana en la formulación de políticas sociales y económicas, lo que impide el reconocimiento de las necesidades de la población y su participación en la solución de estas, al ser construidas “desde afuera”. Por su parte, los Consejos Comunitarios reunidos en la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) se han convertido en figuras destacadas del departamento. Sin embargo, a pesar de sus intentos por ganar participación y controlar las élites políticas en el caso de Riosucio, estas organizaciones se han visto limitadas por divisiones internas entre sus integrantes (Basset et al., 2017). Asimismo, la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) reconoce que la fragmentación y los diversos intereses de los grupos étnicos complican su organización y acción colectiva para frenar la violenta ocupación y control de sus territorios (CRPC, 2015a; Velasco-Jaramillo, 2014).
Los procesos participativos impulsados en el departamento corresponden a la denominada gobernanza institucional ejecutada por organismos del poder central del gobierno o por organismos de cooperación internacional, limitando las posibilidades de construir tejido social y organizativo propio. Del mismo modo, los procesos de reparación colectiva y consulta previa a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras instaurados por el Estado no han sido idóneos para asegurar la participación de las comunidades en la formulación de políticas públicas (Echavarría-Rentería e Hinestroza-Cuesta, 2018). A lo anterior se suman los problemas de corrupción, patrimonialismo y clientelismo político del Chocó, dado que se configuran clanes tradicionales (Cordobismo, Sánchez Montes de Oca y Torres), cacicazgos y familias políticas que son financiadas por estructuras criminales en la disputa por el poder local y regional, así como en la representación política nacional en contravía de los intereses de los chocoanos (Fundación Paz y Reconciliación [PARES], 2019).
Las injusticias ambientales y territoriales del Chocó obedecen a la explotación y acaparamiento de las riquezas de recursos naturales como el oro, platino y madera, que suscitan intereses económicos de actores nacionales e internacionales generadores de relaciones excluyentes y desiguales que requieren ser transformadas (Mora-Cortés, 2019). Los conflictos de intereses desencadenan a su vez una serie de disputas socioambientales entre grupos indígenas y afrocolombianos del territorio con multinacionales, grupos armados ilegales y el mismo Estado colombiano. Incluso se ha sostenido que los territorios étnicos se ven afectados por los planes del gobierno central en cuanto a sus derechos sobre el uso del subsuelo (Velasco-Jaramillo, 2014).
El confinamiento y desplazamiento forzado de las comunidades étnicas del Chocó evidencian la presencia de diversos actores armados del territorio. Los pueblos originarios se encuentran agobiados, intimidados y perseguidos por grupos como el ELN, las disidencias de las FARC- EP, grupos paramilitares y criminales. La intensidad del conflicto armado a nivel territorial golpea los procesos de resistencia social generados por organizaciones sociales, en especial a las comunidades negras e indígenas que, a pesar de verse afectadas por actores armados construyen mecanismos para la supervivencia comunitaria.
La extracción minera artesanal, legal (contrato de concesión minera) e ilegal son transcendentales en el desarrollo económico del Chocó, constituyéndose en una de las principales zonas de extracción de oro aluvial en América Latina (Lara-Rodríguez et al., 2019). Otras actividades económicas del departamento son la explotación forestal, pesca, agricultura y ganadería. Según el Informe de Coyuntura Económica Regional del departamento de Chocó (DANE y Banco de la República, 2016), la extracción de minerales metalíferos tiene una participación del 15,9 porcentual en el PIB departamental; la administración pública y defensa con seguridad social de afiliación obligatoria ocupan el segundo lugar con un 15,5; la educación de no mercado tiene una participación de 13,9; los hoteles, restaurantes, bares y similares cuentan con una participación del 8,3; seguido de la silvicultura, extracción de madera y actividades conexas con un 7,4.
La minería se concentra en la extracción de oro, plata y platino, los cuales provienen principalmente de los municipios de Istmina, Novita, Cantón de San Pablo, Condoto, Medio Baudó, Tadó, Lloró, Sipí y Quibdó. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM) (2017), desde el 2013 al 2017 el Chocó participó en el 94,8 del total nacional de producción de platino, en la producción de oro 24,1% y en la de plata 7,3%. Esta estructura económica especializada en la minería artesanal e ilegal del oro, se constituye en un factor determinador para la continuidad de las violencias, el aumento de la pobreza territorial, los problemas de salud pública (exposición al mercurio) y la degradación ambiental (Bonet, 2007; Lara-Rodríguez et al., 2019), también son generadoras de un debilitamiento de las autoridades ambientales en la región, una institucionalidad que ha descuidado el potencial ecosistémico y ambiental, generando un deterioro de las condiciones sanitarias de la población.
Este artículo realiza un análisis abductivo para mostrar las injusticias sociales, ambientales y territoriales del departamento del Chocó, sistematizando las problemáticas centrales contenidas en documentos gubernamentales y no gubernamentales (publicados entre 2008 y 2019), y en entrevistas realizadas a actores sociales del territorio. Lo anterior, permitió generar una serie de hipótesis que lograron fundamentar las causales de dichas injusticias. Así pues, el texto se organiza en cuatro apartados: a) el marco de referencia teórico y conceptual que soporta la investigación; b) la metodología usada para el acercamiento a la realidad; las denuncias acerca de las injusticias sociales, ambientales y territoriales planteadas en los documentos recopilados y en las voces de los diferentes actores del departamento; c) análisis y discusión de las evidencias sistematizadas y d) conclusiones.
De esta manera, los marcos teóricos de este estudio son soportados en las teorías de la justicia (Fraser, 2008; Honneth, 2011; Mora-Cortés, 2019; Sen, 2000) y en las perspectivas de sustentabilidad ambiental (Escobar, 2016; Pérez-Rincón, 2018). Se acude a las teorías de la justicia social para aportar a la construcción de una sociedad más justa y sustentable en el pacífico colombiano, región en donde las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad son estructurales dada la persistencia de violencias y conflictos que son generadores de la degradación ambiental, despoblamiento y crisis humanitaria por la disputa territorial de rutas del narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones y minería ilegal de grupos armados (González-Murillo, 2023).
En materia de injusticia social se desarrollan tres elementos; la dimensión normativa de la justicia social, es decir, todos los aspectos relacionados con el buen vivir y la construcción de bienestar desde el punto de vista normativo; la dimensión transformativa, entendida como la posibilidad o la capacidad de una sociedad para transformar las situaciones-relaciones de forma incluyente; y la dimensión interpretativa que sugiere entender o problematizar las injusticias sociales en materia de bienestar y exclusión social del Chocó (Mora-Cortés, 2019).
Las teorías de la justicia social permiten describir y analizar los problemas de la redistribución en la sociedad, relacionados con el aumento de la desigualdad e inequidad territorial. También son importantes los desarrollos de Fraser (2008), entendidos como la posibilidad de avanzar en el reconocimiento cultural y étnico de las comunidades en términos de inclusión y no discriminación. Además, se resaltan los problemas de la justicia cognitiva, es decir, la capacidad de construir saber y conocimiento por parte de las comunidades sobre su propia realidad desde una perspectiva regional.
Para Fraser (2000) la justicia social se construye mediante la combinación de factores económicos (redistribución), culturales y de participación que son arraigados en la sociedad. Para el caso del departamento del Chocó se evidencia un modelo de explotación capitalista, basado en la extracción, apropiación y acaparamiento de las riquezas biológicas, sociales y culturales del territorio. Según Fraser (2008) se requiere la integración y construcción de soluciones bidimensionales en términos de redistribución y reconocimiento cultural para transformar las relaciones sociales excluyentes en una sociedad como la chocoana.
Con las teorías de la justicia social se visibiliza la necesidad de construir propuestas de acción, orientadas a fortalecer el bienestar y reconocimiento cultural desde una perspectiva de la inclusión socioambiental. De lo que se trata es de velar por sociedades más justas que garanticen la identidad y la diferencia a través de diversos procesos de participación, organización y movilización social (Fraser, 2016).
También se referencian las dinámicas sociales de desprecio y desconocimiento que viven por décadas los habitantes del departamento del Chocó, una tendencia que tiene como característica el desarrollo de una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas sobre la población por factores de tipo étnico-racial y por las desventajas sociales de una de las regiones más pobres de Colombia. Es la justificación de una ética de la dominación, exclusión y desprecio, sin avanzar en la consolidación de procesos de bienestar y justicia social de carácter colectivo (Honneth, 2011).
En términos de injusticias ambientales, el análisis se realiza a partir del desarrollo sustentable, un enfoque orientado a la búsqueda de justicia ambiental y la intervención de los problemas asociados a las injusticias ambientales del Chocó. La justicia ambiental ofrece una mirada más aproximada a las lecturas sobre la conflictividad ambiental y social del territorio, producto de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado, el individualismo y el consumismo (Pérez-Rincón, 2018).
Se acude al enfoque de las injusticias ambientales para ofrecer diversas líneas de reflexión y acción sobre la conflictividad ambiental del Chocó, caracterizada por la presencia de múltiples intereses de actores sociales que se apropian injustificadamente de bienes o elementos del ambiente que pertenecen a otros, en especial a las comunidades étnicas (Mesa-Cuadros, 2015), así como también ofrece alternativas en materia de sostenibilidad, distribución de bienes y servicios sobre los impactos ambientales que se generan en los territorios (Pérez-Rincón, 2018).
Los procesos de sustentabilidad ambiental están relacionados con la distribución de bienes, servicios y recursos naturales que contribuyen a la distribución equitativa de sus beneficios, así como a frenar los impactos ambientales que se generan en los territorios producto de las actividades sociales, económicas y culturales por las comunidades (Pérez-Rincón, 2018). Los problemas centrales que impiden la sostenibilidad ambiental del territorio se deben a:
La elevada conflictividad ambiental territorial, generada por la presencia de una diversidad de actores armados con intereses estratégicos en la biodiversidad y el potencial ecosistémico de la región (Jiménez-Martín, 2016; Lara-Rodríguez, 2018).
La minería legal e ilegal que ha sido la detonante de una diversidad de conflictos sociales, institucionales, culturales y ambientales, ante la tímida regulación y control por parte de las autoridades ambientales del departamento.
La apropiación de bienes y recursos de la naturaleza por parte de actores económicos legales e ilegales (hechos y sucesos que se han frecuentado en el territorio por la presencia de actores armados con muy diversas ideologías y patrones criminales).
La inequidad en la distribución de los beneficios ambientales, lo que genera un aumento de la conflictividad ambiental y el extractivismo (en especial en el departamento del Chocó).
Los problemas de orden económico que desembocan en la explotación, el acaparamiento y saqueo permanente de las riquezas del departamento.
La explotación maderera y la deforestación.
El debilitamiento sistemático de las autoridades ambientales locales y regionales por fenómenos asociados a corrupción, clientelismo e inacción frente a los conflictos ambientales que demandan soluciones de gobernanza ambiental.
Si bien, se observan injusticias sociales y ambientales no resueltas, los procesos de resistencia comunitaria construidos a nivel territorial ofrecen alternativas ligadas a generar denuncias permanentes sobre los problemas del departamento, así como a promover la movilización social, la acción colectiva y activismo judicial, estrategias de acción más utilizadas frente a los fenómenos de la guerra y expropiación de las riquezas del territorio. Como resultado de dicho activismo, la comunidad obtuvo la titulación de los derechos del río Atrato (Sentencia T-622/2016), legislación que permite avizorar el futuro el activismo judicial como mecanismo de preservación y conservación de la biodiversidad ambiental, es una sentencia considerada como hito nacional e internacional en materia de reconocimiento del Río Atrato como sujeto de derechos bioculturales para el Chocó y el país.
2. Metodología
Se realizó un estudio cualitativo con enfoque constructivista, para aproximarse a las ideas, los discursos y contenidos que permiten defender, negar o contradecir una acción pública (Otálvaro-Marín, 2020). El estudio se basó en una revisión documental de textos gubernamentales y no gubernamentales, orientada al análisis del contexto en el que fue producida la información, además de generar una interpretación del sentido que tienen las categorías construidas al interior de cada texto escogido (Isaza, 2017).
Fueron seleccionados cincuenta y dos textos, publicados entre 2008 y 2019; dieciocho documentos gubernamentales que se encontraban de forma digital en instituciones centralizadas y descentralizadas de gobierno; y treinta y cuatro textos no gubernamentales, los cuales estaban compuestos por artículos de investigación recopilados en bases de datos especializadas y repositorios institucionales, del mismo modo se recabó información de documentos elaborados por comunidades del Chocó.
También se realizaron entrevistas a diversos actores académicos, gubernamentales y sociales para reconocer en sus voces los problemas relacionados con las injusticias sociales y ambientales presentes en el Chocó. Las entrevistas fueron realizadas con el apoyo de plataformas virtuales ante las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19 en Colombia, se llevaron a cabo entre julio y octubre del 2020, el espacio de interacción se dio a través de la herramienta digital Google Meet. Se incorporaron elementos que propenden por la ética y la calidad de la información recibida por los participantes, para ello se procedió con la socialización y firma de consentimientos informados, y posteriormente se procedió al cotejo de la transcripción con los participantes. Se preparó una guía de entrevistas que estaba enfocada a los ejes temáticos y las categorías analíticas propuestas por el estudio (Véase Tabla 1).
Tabla 1 Ejes y sub-ejes analíticos de la investigación.
| Unidad de investigación | Ejes temáticos | Sub-ejes analíticos | Definición |
|---|---|---|---|
| Desarrollo sustentable e inclusivo para el Chocó. | Justicia ambiental: Comprende las relaciones con la distribución, principios y procesos para compartir beneficios y daños ambientales; de sujetos plenos de derecho sin discriminación para la superación de injusticias que generen conflictividad ambiental (Anderson, 2018) | Injusticias ambientales | La indignidad ambiental, es una consecuencia de los desplazamientos ambientales, de la desigualdad, miseria y empobrecimiento de muchos a costa del enriquecimiento de unos pocos; con hacinamientos, contaminaciones y muertes (Mesa-Cuadros, 2015). |
| Conflictos ambientales | Actos relacionados con la minería, la industria maderera, el cultivo de coca, de palma y el uso de mercurio. Extracción, depredación y contaminación del ambiente en general. Los cuales atentan y vulneran las relaciones que las comunidades del territorio tienen con la naturaleza (Mesa-Cuadros, 2015). | ||
| Nuevos actores ambientales | Actores que promueven acciones que generen a su vez alianzas y redes para las movilizaciones conjuntas o apoyos temporales, coyunturales, específicos o generales. | ||
| Justicia social: Teorías que aportan al entendimiento de las libertades, capacidades y potencialidades de los sujetos en sus contextos (Mora-Cortés, 2019). | Justicia del reconocimiento | Valoración de las comunidades y pueblos étnicos y raciales. Orientados al cambio cultural o simbólico mediante el reconocimiento cultural (Fraser, 2008) | |
| Justicia de la participación | Mecanismos, instancias, procesos y espacios de participación, que avanzan en la búsqueda de tramitar y resolver los conflictos y avanzar en acuerdos como protección material y efectiva de los derechos en comunidades étnico-territoriales (Jiménez-Martín, 2016). |
Fuente: elaboración propia.
La estrategia de investigación se orientó en tres fases: a) búsqueda de documentos que llevó a la construcción de una matriz de textos disponibles y el contacto con actores sociales del departamento para el desarrollo de entrevistas semi estructuradas b) clasificación y codificación de las categorías y subcategorías objeto de análisis, c) relativización de la información recabada, para encontrar diversos matices (Salgado-Lévano, 2007).
En los documentos no gubernamentales seleccionados, se evidenciaron posturas políticas y éticas sobre el manejo de los asuntos públicos del territorio. Lo que se analizó en los documentos no gubernamentales fueron las denuncias públicas relacionadas con las injusticias sociales y ambientales, y la corrupción e ineficiencia estatal. Por el contrario, los informes institucionales fueron poco profundos y descriptivos, evidenciando un respaldo frente la acción estatal de carácter incremental e instrumental en las comunidades, lo que muestra las bajas capacidades institucionales del departamento.
Con las diversas voces de los entrevistados, se identificaron y analizaron los problemas ambientales y sociales del territorio, así como las intervenciones realizadas por los gobiernos y las organizaciones sociales, la información recogida fue analizada a través del software Atlas.ti.
3. Hallazgos
3.1 Injusticias ambientales y territoriales del departamento del Chocó
Las injusticias ambientales provienen de problemáticas relacionadas con la explotación minera a gran escala; los altos índices de informalidad minera; el uso del mercurio; y la deforestación de bosques en el territorio. Durante la investigación no se evidenciaron denuncias acerca de los cultivos de uso ilícito en el territorio, a pesar de ser una de las problemáticas más reiteradas por la comunidad chocoana.
La explotación minera extractivista fue impulsada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se profundizó durante el gobierno de Juan Manuel Santos (Idarraga, 2011). Así la locomotora minera se constituyó en una prioridad para el cumplimiento de las metas de inversión y crecimiento económico del país. Una política que autorizó todo tipo de minería, obligando a las comunidades a volverse mineras. Sin embargo, la actividad minera legal e ilegal a gran escala ha generado tensiones en la cosmovisión de los grupos indígenas y afrocolombianos del departamento traducidas en conflictos socio ambientales no resueltos.
El resguardo indígena Uradá Jiguamiandó, territorio militarizado y bombardeado en el 2009, fue el lugar donde se estableció el proyecto de minería a gran escala Mandé Norte en 2015. Ante este hecho, según la investigación de Valencia-Hernández et al. (2017) las comunidades expresaron su inconformismo por la vulneración del derecho a la consulta previa, proceso que había sido llevado a cabo, pero con organizaciones indígenas ficticias; también se vulneraron sus derechos culturales y ambientales, deforestando una reserva de plantas sagradas para las comunidades. Para algunos habitantes del territorio, la minería a gran escala es una oportunidad económica y para otros es generadora de conflictos socio ambientales por sus impactos en el ambiente y la vida comunitaria (Tubb, 2015). Se ha señalado que uno de los mayores problemas que afrontan los consejos comunitarios del pacífico es la minería legal e ilegal por las amenazas que afrontan los líderes que luchan por la explotación indiscriminada del territorio (CRPC, 2015b).
La concesión de títulos mineros a empresas multinacionales ha vulnerado los derechos colectivos de comunidades negras. La invasión por empresas multinacionales del territorio ha causado grandes impactos ambientales y escasas ganancias para las comunidades (Rivas-Bustacara et al., 2015). Ante este hecho, el papel de las autoridades ambientales ha sido pasivo y permisivo, al no realizarse ningún control sobre las actividades de empresas multinacionales, como se observa en los estudios del municipio de Condoto.
Con relación al uso de mercurio en el territorio, el Congreso de Colombia expide la Ley 1658/2013, sustancia que tiene un uso intensivo en la industria minera y específicamente en la extracción aurífera que se realiza en Chocó. No obstante, la Ley no incorpora mecanismos de apropiación o participación en la reglamentación de las asociaciones locales mineras, pueblos afro, raizales e indígenas del territorio. Tampoco se reconocen las prácticas ancestrales realizadas por las comunidades locales.
Estudios acerca de las instituciones involucradas en los intentos de eliminar el uso del mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala, han encontrado que las instituciones públicas refuerzan y perpetúan el uso de reglas tácitas, las cuales son transmitidas y conocidas a través del contacto humano, a falta de reglas explícitas o escritas (Lara-Rodríguez, 2018).
Los niveles de mercurio en áreas afectadas por la minería de oro son altos. Gutiérrez-Mosquera, Suresh-Babu et al. (2018) estudiaron las actividades mineras del distrito de San Juan, evidenciando un alto contenido de mercurio en mujeres embarazadas, lo que ha causado problemas de desarrollo cerebral en los fetos. También se encontró una relación directa entre el consumo de pescado y los niveles de mercurio en los habitantes. En consecuencia, la actividad minera ha generado efectos fisiológicos en la población, poniendo en evidencia la relación entre salud y el derecho al medio ambiente sano, una problemática tanto ambiental como de salud pública, de salud ambiental que no ha sido reconocida por el Estado.
El departamento del Chocó posee altos índices de informalidad minera, entre 2012 y 2014 oscilaron en un 95% y 97% (Universidad Tecnológica del Chocó, 2015). Según Lara-Rodríguez et al. (2019) la informalidad en el territorio no ha permitido un avance en términos sociales e industriales. No obstante, se deben reconocer dos resoluciones: la Resolución 90719/2014 y la Resolución 40391/ 2016, las cuales buscaron construir una política nacional para la formalización de la minería y fomentar el desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional.
De acuerdo con Maldonado et al. (2010) para lograr que la minería sea ordenada e incluyente en Colombia, se requiere establecer y unificar la política minera con el fin de implementar estrategias productivas de carácter sustentable. También se deben tener en cuenta los estudios sobre el paso de la informalidad a la formalidad de los pequeños y medianos mineros del departamento, los cuales han puesto en tela de juicio la efectividad de la política de formalización minera del 2014, incluso afirmando que las instituciones involucradas en la política de formalización minera (Resolución 90719/2014) privilegiaron la minería a gran escala dejando a los pequeños mineros ante la alternativa de continuar en la informalidad (Lara-Rodríguez, 2021).
Según Lara-Rodríguez (2021) las instituciones no proporcionaron infraestructura organizacional a los mineros informales. A esto se le suma la presencia de grupos armados ilegales, administradores de las tierras del territorio, que dificultan el paso de los mineros artesanales a la formalidad, así como a los derechos de propiedad de las comunidades y del mismo Estado sobre el territorio. Lara-Rodríguez (2021) señala que la escasa generación de conocimientos sobre los minerales y la ingeniería ambiental dificulta la construcción de capacidades en los mineros y fortalece los hábitos de informalidad en el Chocó. También existen denuncias por parte de la Contraloría General de la Nación sobre la ineficiencia de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CHOCO) y las administraciones locales en los procesos sancionatorios de los mineros ilegales (Contraloría General de la Nación, 2017; Mosquera-Caro e Hinestroza-Cuesta, 2018).
Las prácticas de los mineros artesanales y de pequeña escala se han criminalizado debido los requerimientos técnicos especializados que solicita el Estado para el otorgamiento de las concesiones mineras, sin tener en cuenta su infraestructura, lo que genera desventajas frente a las multinacionales (Tubb, 2015). La actividad minera legal e ilegal resuelve la subsistencia de muchas comunidades en el departamento (Hinestroza-Cuesta y Mena-Mosquera, 2013). Sin embargo, la estabilidad económica de algunos habitantes pone en riesgo la estabilidad medioambiental, en el caso de la actividad minera que se desarrollaba en Río Quito, deterioró los ecosistemas, la biodiversidad de la zona, y la calidad de vida de sus habitantes (Mosquera-Caro e Hinestroza-Cuesta, 2018). Frente a esto se debe tener en cuenta que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reconoció la afectación de Río Quito y sus afluentes a través de la Resolución 0773/2018.
En cuanto a la deforestación de bosques, los informes ambientales de la Contraloría del departamento asocian la deforestación con la actividad minera en algunos municipios. Por ejemplo, en el municipio de Medio Atrato, se estima que las áreas deforestadas ascienden a un 40% aproximadamente, y un 60% de ese valor ha sido por la actividad minera, de esta área sólo el 5% ha sido reforestada (Contraloría General del departamento del Chocó, 2017). La misma denuncia se presenta en municipios como Río Quito, Río Iró, Bajo Baudó, Riosucio y Bojayá, a pesar de que las comunidades indígenas y afrocolombianas del territorio se benefician de esta actividad para su sobrevivencia económica (Córdoba-Moreno et al., 2017; Martínez-Guardia et al., 2015; Palomeque-Serna e Hinestroza-Cuesta, 2016). Así pues, la inasistencia y falta de capacitación para el mejoramiento de las prácticas de aprovechamiento forestal sostenible ha sido constante en algunas comunidades (Palomeque-Serna e Hinestroza-Cuesta, 2016).
Sobre la deforestación de bosques se destacan algunas denuncias sobre plantaciones de palma que han sido publicadas en la Revista Pacífico Territorio de Etnias acerca de compañías madereras tal como Maderas del Darién, filial de Pizano S.A. por presuntos nexos con el paramilitarismo, siendo estos quienes protegían la explotación de madera (CRPC, 2012).
La vulneración de los derechos a las comunidades asentadas en el territorio ha sido una constante estructural. Con todo, conviene destacar que el Estado colombiano ha reconocido a través de la Ley 70 de 1993, el derecho de propiedad de las comunidades afrocolombianas sobre el territorio. Asimismo, el Código de Minas - Ley 685/2011 - reconoce que los grupos indígenas y las comunidades negras tendrán prelación para la concesión de yacimientos y depósitos mineros en zonas mineras de estas mismas comunidades.
En el municipio de Condoto - Chocó, hasta el 2014 se evidencia que el derecho de prelación de las comunidades negras ha sido garantizado de manera parcial, puesto que los principales beneficiarios de concesiones ambientales hasta el 2013 habían sido multinacionales como Anglogold Ashanti Colombia e International Business & Investments Ltda., y fue solo en enero de 2013 que se aprobaron la mitad de los títulos mineros solicitados por el Consejo Comunitario Mayor de Condoto río Iró, puesto que las comunidades negras con prelación de derechos no cumplen todos los requisitos legales por sus condiciones económicas (Hinestroza-Cuesta et al., 2014).
Las denuncias sobre la vulneración de sus derechos fundamentales y colectivos tales como la Consulta Previa, definida por la ANM (s.f.) como el derecho que tienen las comunidades étnicas de tomar decisiones sobre medidas de carácter legislativo, administrativo, social, cultural, que se piensen realizar dentro de sus territorios, han sido frecuentes. A pesar del reconocimiento que se ha dado a grupos indígenas y afrocolombianos por medio de leyes, sentencias y la misma Constitución Política de Colombia (Hurtado-Mosquera e Hinestroza-Cuesta, 2018) dichos mecanismos no han sido eficaces en la garantía de los derechos de las comunidades (Mena-Valencia e Hinestroza-Cuesta, 2014; Mosquera-Caro e Hinestroza-Cuesta, 2018).
La reparación a las comunidades negras en el Chocó no tiene un origen normativo, por el contrario, se ha señalado que son problemáticas ocasionadas por el abandono estatal. La reparación a las víctimas según Echavarría Rentería e Hinestroza Cuesta (2016) no debe empezar por la reparación misma sino por satisfacer las necesidades básicas: salud, vivienda, agua potable, educación, puesto que ningún plan, programa o proyecto, tendrá la capacidad de reparar positivamente a las víctimas, si la política de reparación integral no está acompañada por una política social que erradique dichas condiciones de injusticia social que viven los ciudadanos asentados en el territorio.
Las comunidades han tenido distintos retos para avanzar en sus estrategias organizativas, un ejemplo de ello son los consejos comunitarios ubicados en la construcción de la carretera Ánimas-Nuquí. Este proyecto generó procesos de colonización y acaparamiento de tierras de las comunidades negras y sus consejos comunitarios. La llegada de economías extractivistas, actores armados y las promesas de progreso y han contradicho los derechos territoriales de las comunidades étnicas (Acosta-García & Farrel, 2019; Gracia-Hincapié, 2013). Es así como las comunidades negras han sido vinculadas al proyecto moderno desde que fueron esclavizadas y aquella promesa de progreso que llegó con la carretera, aún no se ha cumplido. Al contrario, se han desarrollado en las comunidades prácticas de reelaboración y resistencia como respuesta a la carretera que lleva varios años sin ser terminada (Gracia-Hincapié, 2013).
La lucha de las comunidades negras se mantiene bajo la demanda del respeto y reconocimiento de sus derechos y cosmovisiones, la necesidad de gozar de políticas y proyectos diferenciales étnicos que no pongan en riesgo su cultura, desarrollo social, económico y su organización comunitaria. Otro factor que ha afectado la justicia social del territorio, de acuerdo con las denuncias de la asociación Orewa -conformada por cinco pueblos indígenas: Wounaan, Embera Dobida, Katío, Chamí y Tule- ha sido la llegada de actores armados, quienes han impactado de manera negativa los derechos de las comunidades (CRPC, 2010).
La minería ha generado no sólo impactos en el medio ambiente sino también en la población y en sus formas de relacionarse con el entorno. De ahí la necesidad de generar propuestas que brinden alternativas en el territorio, como la potencialización de zonas ecoturísticas (Gutiérrez-Mosquera, Venkata-Chari et al., 2018), las denuncias evidenciadas apuntan a que la minería en el departamento del Chocó es la detonante de conflictos socio ambientales que aumentan las vulnerabilidades de la población (Rey-Arriaga, 2017).
3.2 Análisis de las injusticias sociales en el departamento del Chocó
La existencia de una alta conflictividad social proviene de relaciones desiguales entre la población con graves situaciones de pobreza, exclusión y discriminación, un ejemplo es la evidente segregación racial hacia grupos y comunidades negras e indígenas del Chocó. El aumento de problemas asociados con la escasez y vulnerabilidad económica de los pueblos étnicos, lo constituye en una de las regiones más precarizadas del país, se vive de una economía de subsistencia derivada de un entramado de relaciones de poder que capturan las escasas rentas públicas y privadas del territorio.
Las injusticias sociales vividas por las ciudadanía son producto de problemas estructurales no resueltos asociados con la presencia de una diversidad de actores armados que participan de una geografía de la guerra en el territorio, grupos sucesores del paramilitarismo, la guerrilla del ELN, las disidencias insurgentes derivados de procesos de paz parciales entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP y grupos emergentes con énfasis delincuenciales que buscan el control territorial, son los generadores de altos niveles de conflictividad y violencia en las comunidades urbanas y rurales del pacífico norte colombiano (Jiménez-Martín, 2016).
La implementación temprana de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y los Gobiernos de Juan Manuel Santos (2014-2018), e Iván Duque Márquez (2018-2022) muestran una grave distorsión de lo pactado a nivel territorial, se ha considerado que la estrategia es retardar las ejecutorias gubernamentales, y al mismo tiempo desconocer el carácter de transición contemplados en los acuerdos de paz pactados entre las partes (Otálvaro-Marín y Klinger-Cundumí, 2020). En el departamento del Chocó, la implementación temprana del acuerdo de paz no logró la anhelada paz territorial, por el contrario, se observan una serie de afectaciones a los derechos humanos relacionada con agresiones y amenazas contra líderes y lideresas sociales, los cuales en ocasiones son objeto de violencia, estigmatización, rechazo y exclusión por abanderar o liderar esta labor en sus comunidades.
Se destacan otras conflictividades presentes en el territorio, como el reparto del “botín público” y a la concentración del poder político, mediante el control de alcaldías, la gobernación del Chocó y la autoridad ambiental del departamento. Son recurrentes los casos de funcionarios públicos sancionados, inhabilitados y condenados por procesos fiscales, administrativos y penales, situaciones asociadas al clientelismo político y la corrupción como problema central del territorio.
Respecto a la injusticia social, se observan problemas de coordinación de actores y de capacidades institucionales en los diferentes niveles de gobierno, observándose limitadas posibilidades para la formulación e implementación de políticas sociales que generen bienestar de forma universal (Nussbaum, 2012). También se evidencia un significativo aumento de relaciones de exclusión y desigualdad derivada de situaciones de conflicto, expropiación, confinamiento, y colonización del territorio por parte de grupos armados (Mora-Cortés, 2017). Se constata un deterioro de los indicadores de la calidad de vida y bienestar de la población, que son críticos ante la intensificación del conflicto armado en el territorio.
Se observa la existencia de una serie de procesos de resistencia popular en favor de la solidaridad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Son procesos que parten desde abajo y constituyen una búsqueda de salidas y alternativas a los problemas del modelo de desarrollo económico implementado en el departamento, aquel orientado a saquear y acaparar los recursos que ofrece la extensa biodiversidad del territorio. Es un conflicto relacionado con unas geografías de la guerra, contra unas geografías orientadas a la paz territorial como alternativa (Jiménez-Martín, 2016).
La fragmentación organizativa de las comunidades étnico-territoriales del departamento son producto de la intensidad de la guerra, la disputa del poder político y los intereses económicos que abundan allí. Son problemas que aumentan la fragilidad social y económica del territorio y afectan la posibilidad de construir organizaciones sociales fuertes, con capacidad de interlocutar con los diferentes niveles de gobierno, como mecanismo para contrarrestar el abandono estructural del Estado (Escobar, 2016).
Las injusticias sociales y ambientales consolidan una diversidad de redes y actores ilegales en el territorio, en ocasiones con aquiescencia de funcionarios públicos, mediante la explotación de las riquezas del territorio, utilizadas como estrategia de sobrevivencia departamental, tal y como sucede con la explotación minera a gran escala, que se asocia a prácticas legales e ilegales.
En términos del desarrollo sustentable e inclusivo, se observa un modelo de desarrollo orientado a la explotación inadecuada de recursos minerales y forestales que afectan la biodiversidad ambiental y territorial. Afectaciones causadas por el aumento de la conflictividad ambiental por la diversidad de proyectos económicos (legales e ilegales) presentes en el territorio, así como por la arquitectura institucional que se teje en el departamento, ante la incapacidad de las autoridades ambientales de tomar en cuenta los impactos que generan los proyectos extractivos.
4. Conclusiones
El panorama del departamento del Chocó muestra un aumento de las injusticias sociales y ambientales del territorio, ante un reiterado abandono del Estado central y la carencia estructural de políticas socio ambientales que propendan por una mayor inclusión y sustentabilidad ambiental.
La diversidad de luchas sociales antagónicas que confrontan el modelo de desarrollo que se han venido construyendo de forma pacífica, pero las respuestas institucionales recurren a lógicas autoritarias, así lo muestran los líderes sociales en sus denuncias, al develar el aumento de políticas de mano dura, así como la ausencia de políticas públicas sociales orientadas a intervenir los problemas estructurales de racismo, discriminación, y ausencia de reconocimiento de las comunidades étnico-territoriales en la protección de la biodiversidad territorial.
Los problemas de pobreza y desigualdad evidencian que la institucionalidad pública colombiana, no ha logrado generar una estrategia económica y social para intervenir las vulnerabilidades sociales presentes en Chocó desde una perspectiva de la inclusión social y el bienestar universal. Por el contrario, persisten las injusticias sociales, culturales y simbólicas producto de la opresión, racismo y discriminación que afectan la identidad y el reconocimiento étnico.
El debilitamiento de la institucionalidad publica a nivel territorial, imposibilita la construcción de políticas y contratos sociales fuertes que ayuden a resolver las desigualdades y exclusiones estructurales en comunidades rurales y urbanas del Chocó. La evidencia muestra es el aumento de relaciones de exclusión y desigualdad agravadas por la presencia de actores armados que son generadores de una crisis humanitaria ante la intensificación del control militar de los territorios, aumentando los confinamientos y los procesos de colonización mediante prácticas violentas. Las instituciones en este contexto tienen pocas capacidades para intervenir problemas de fondo de las comunidades en términos de democracia, inequidad, segregación y paz territorial.
Se requiere visibilizar e incidir en las injusticias ambientales y sociales caracterizadas en esta investigación, para lograr una transformación participativa del territorio, en la perspectiva de que estas luchas sociales antagónicas logren un mayor protagonismo en la democratización del poder político y el aumento del bienestar ciudadano.
