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Prospectiva

Print version ISSN 0122-1213On-line version ISSN 2389-993X

Prospectiva  no.36 Cali July/Dec. 2023  Epub June 16, 2023

https://doi.org/10.25100/prts.v0i36.12636 

Artículos

El Trabajo Social de grupo: vehículo para la incidencia en la política pública sobre discapacidad en el municipio de Tunja, Boyacá-Colombia

Group Social Work: a vehicle for advocacy in public policy on disability in the municipality of Tunja, Boyacá-Colombia

Clara Marcela López-Prieto1 
http://orcid.org/0000-0002-8162-3001

Yury Viviana Mondragón-Algarra2 
http://orcid.org/0000-0001-6439-9119

1 Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tunja, Colombia. Correo electrónico: cmarcelalopez@jdc.edu.co

2 Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tunja, Colombia. Correo electrónico: ymondragon@jdc.edu.co


Resumen

Este artículo plantea la importancia del Trabajo Social de Grupo en el fortalecimiento de capacidades y la consecución de objetivos comunes, a partir del estudio del Caso del Comité de Discapacidad de un municipio de Boyacá- Colombia. La metodología es de tipo cualitativo; se emplearon las técnicas de grupos focales, la observación participante y las entrevistas semi estructuradas telefónicas. En el proceso investigativo se identifica que Trabajo Social de Grupo es un método que sobrepasa los componentes tradicionales de la profesión y se ubica en un contexto más amplio, crítico, político y ético hacia la construcción conjunta de oportunidades para el desarrollo humano. Resultado de este ejercicio se construyó un concepto técnico que se presentó al municipio con recomendaciones para la actualización de la Política Pública sobre Discapacidad respecto a los derechos a educación, trabajo y seguridad social.

Palabras clave: Trabajo Social de Grupo; Discapacidad; Política pública; Derecho a la educación; Derecho al trabajo; Derecho a la seguridad social

Abstract

This article discusses the importance of Group Social Work in capacity building and the achievement of common objectives, based on the case study of the Disability Committee of a municipality in Boyacá, Colombia.

The methodology is qualitative; focus group techniques, participant observation, and semi-structured telephone interviews were used. In the research process, it was identified that Group Social Work is a method that surpasses the traditional components of the profession and is located in a broader context, critical, political, and ethical context toward the joint construction of opportunities for human development. As a result of this exercise, a technical concept was developed and presented to the municipality with recommendations for updating the Public Policy on Disability with regard to the rights to education, work, and social security.

Keywords: Group Social Work; Disability; Public policy; Right to education; Right to work; Right to social security

1. Introducción

Este artículo se construye en el marco del proyecto de investigación titulado: Estado de realización de los derechos de las personas con discapacidad y su vinculación con la política pública en 7 municipios de la provincia centro del Departamento de Boyacá-Colombia, financiado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y ejecutado por docentes y estudiantes de los programas de Trabajo Social y Derecho. El principal objetivo de la investigación desarrollada en el año 2020 consistió en la construcción de un concepto técnico, entendido éste como un documento sistemáticamente elaborado producto de un ejercicio académico con el propósito de formular recomendaciones a la administración municipal para la actualización de la Política Pública de Discapacidad del municipio de Tunja Boyacá. Este concepto técnico se elaboró a partir de la realización de grupos focales y entrevistas semiestructuradas telefónicas con los representantes de las personas con discapacidad, quienes conforman el Comité Municipal de Discapacidad. Se recurrió a la realización de entrevistas semiestructuradas de manera telefónica dada la disposición del gobierno local de iniciar el confinamiento obligatorio preventivo a partir del 16 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia mundial generada por Covid 19.

El artículo está estructurado en siete apartados. En primer lugar, se presenta una breve contextualización de las cifras disponibles sobre las personas con discapacidad y sus condiciones de vida desde el escenario global hasta el local. En el segundo, se formulan algunas aproximaciones al concepto de discapacidad y su necesaria vinculación con las políticas públicas como mecanismo para la movilización y conquista de derechos humanos. En tercer lugar, se plantea el Trabajo Social de Grupo no sólo como uno de los métodos clásicos o tradicionales de intervención de la profesión, sino como una apuesta por la democratización y la participación. En cuarto lugar, se plasman algunas de las características de los grupos con fines representativos, como es el caso del Comité Municipal de Discapacidad. En quinto lugar, se describe la metodología empleada de tipo cualitativo a través del estudio del caso del Comité Municipal de Discapacidad. A continuación, se presentan los hallazgos en dos secciones, una respecto al Trabajo Social de Grupo como espacio para el fortalecimiento de capacidades y el logro de objetivos comunes y, el otro, en relación a la construcción del concepto técnico con recomendaciones para la actualización de la Política Pública Municipal de Discapacidad. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Panorama de la discapacidad

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011) más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial, donde un 3% experimenta una discapacidad grave. Así mismo, el informe identifica una tendencia al incremento de la prevalencia de la discapacidad a nivel global, relacionada con el envejecimiento demográfico, el aumento de enfermedades crónicas y de trastornos en la salud mental.

En cuanto a América Latina y el Caribe, el Informe Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2019) sostiene que el 13% de la población de la región tiene una discapacidad, con una prevalencia en las mujeres y de la discapacidad física y visual en general. Se identifica que hay una mayor representación del grupo etario correspondiente a los adultos mayores, pues como lo sostiene el BID “la prevalencia de la discapacidad entre la población de más de 60 años de edad supera el 40% en muchos países” (BID, 2019, p. 7).

Hay además una prevalencia de la discapacidad en personas pertenecientes a pueblos indígenas y personas en situación de pobreza. De forma tal que el informe afirma que:

Los grupos más vulnerables de la sociedad, los ancianos, las mujeres, los pueblos indígenas y los pobres, que ya son algunos de los segmentos más excluidos de la población, también son las poblaciones con la mayor proporción de personas con una discapacidad. En muchos sentidos, su exclusión se magnifica al vivir con una discapacidad. (BID, 2019, p. 9)

Lo anterior revela una fuerte relación entre la discapacidad y múltiples situaciones de desventaja apalancadas por la pobreza: menor acceso a sistemas como el de salud y el educativo, así como a un trabajo digno, desventajas que se acentúan en poblaciones históricamente segregadas y al agregar la discapacidad como una categoría identitaria más de estos grupos, se exacerban la discriminación y la vulneración de sus derechos.

En cuanto al panorama colombiano, en el año 2002 se crea el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que a partir del año 2010 es dirigido por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). El RLCPD es una herramienta diseñada principalmente con tres propósitos: i) recolectar y mantener actualizada la información sobre las personas con discapacidad, ii) servir como fuente orientadora para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad y iii) ser medio de verificación y priorización para la remisión de esta población a la oferta institucional (Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS], 2020). Es así que, según la información que reporta el RLCPD en sus Boletines Poblacionales: Personas con Discapacidad (MSPS, 2020), se identifica que se tiene un registro de 1.298.738 personas con discapacidad en el país, lo que equivale al 2,3% de la población total colombiana.

Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2006), aproximadamente el 6,3% de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad. Si esta cifra se compara con el reporte del RLCPD, se concluye que apenas el 49% del total de la población con discapacidad se encuentra registrada, es decir, que en el RLCPD está aproximadamente la mitad de la población que debiera estar registrada. Aun así, dado que el RLCPD es en la actualidad la fuente oficial de información a nivel nacional sobre Personas con Discapacidad -PCD-, se remitirá en este artículo a la información que el mismo reporta.

Según el MSPS (2020) mientras el 95% de la población colombiana sin discapacidad está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 82,4% de las PCD está afiliada al sistema, lo que implica una diferencia de 12,6 puntos porcentuales. Por otro lado, el origen de la discapacidad en el país se asocia principalmente a enfermedad general y accidentes, es decir, situaciones prevenibles. El 39% de la PCD son adultos mayores y hay una mayor prevalencia de la discapacidad en mujeres respecto a los hombres.

Con relación al departamento de Boyacá, la prevalencia de discapacidad es de 2,9%, el porcentaje de afiliación a SGSSS de las PCD es del 81,8%, es decir, por debajo del promedio nacional. Es importante mencionar que el departamento se caracteriza por una fuerte composición rural asociada a mayores niveles de pobreza. En cuanto al municipio de Tunja, en el cual se desarrolla la investigación, según el RLCPD se identifica que el 28,1% de las personas con discapacidad no tuvieron atención en salud en el último año, que un 23% de quienes lo requieren no acceden a ayudas técnicas y que el 48,4% de las PCD llevan más de 10 años sin recibir servicios de rehabilitación.

Por otra parte, el 33,8% de las PCD en Tunja no sabe leer ni escribir y solamente el 23,8% del total de la población asiste a un establecimiento educativo. Este porcentaje contrasta con aquellas personas a las que si les dieran la oportunidad de estudiar o de seguir estudiando lo harían (64,7%) y con las causas por las cuales no estudian, siendo la principal la discapacidad en sí misma (36,6%). Un 25,1% de las PCD no tiene ningún nivel educativo aprobado. El 68,1% de las PCD en Tunja no tiene ningún tipo de ingreso. Sólo el 11,2% de la PCD se encuentra trabajando y de este porcentaje la gran mayoría lo hace en la informalidad laboral en tanto no tiene ningún tipo de contrato (74,7%) y un 31,7% de quienes tienen empleo son trabajadores por cuenta propia.

Es así como el panorama a nivel global, regional, nacional y local muestra que las PCD están en una situación de desventaja respecto a la población que no presenta discapacidad, en tanto ésta se concentra principalmente en grupos como las mujeres, los adultos mayores, los grupos étnicos y las personas en situación de pobreza, quienes sufren exclusión social asociada a mayores barreras para el disfrute de derechos como la salud, la educación y el trabajo digno.

La discapacidad en el marco de las políticas públicas

Hablar de la discapacidad como un asunto prioritario en la agenda política para la formulación de política pública es resultado, entre otros, del reconocimiento progresivo de las personas con discapacidad como sujetos de derechos a nivel internacional, nacional y local. Entre los hitos más importantes en esta materia a nivel internacional se encuentran la Declaración de Derechos del retrasado mental (1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), La Declaración de las necesidades básicas de las personas sordociegas (1989), el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159 (1983) Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas; un marco normativo robusto que promueve el inicio de nueva jurisprudencia aplicada a los diferentes países.

Es en Colombia, con la Constitución Política de Colombia (1991) en los artículos 13, 47, 54 y 68 relacionados con la promoción de la igualdad y medidas en favor de los grupos discriminados o marginados y la protección de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, personas con limitaciones físicas o mentales y los minusválidos, donde se reconoce a las personas con discapacidad como un grupo de especial protección. De igual manera, en la Ley 361/1997 que establece mecanismos de integración social de las personas con limitación. Al respecto, es necesario evidenciar cómo se nombraba a las personas con discapacidad, si bien se buscaba promocionar sus derechos, no se hacía un reconocimiento de esta población como sujetos con capacidades, por el contrario, se les ubicaba en una posición de indefensión absoluta que los relegaba a un papel pasivo y receptor de las acciones estatales.

Se avanza posteriormente con la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, adoptada en Colombia a través de la Ley 762/2002 y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por el Congreso de la República bajo la Ley 1346/2009. Es importante referenciar así mismo el Documento Conpes Social 166/2013 que formula lineamientos para la construcción de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social; la Ley Estatutaria 1618/2013 orientada a la garantía del pleno ejercicio de los Derechos de las Personas con discapacidad. A nivel regional y local, cabe destacar la Ordenanza 050 de 2019 que adopta la Política Pública Departamental de Discapacidad: La Dignidad Humana, imperativo ético para la igualdad de derechos del departamento de Boyacá 2020-2029 y el Acuerdo Municipal 0026/2011 por medio del cual se adopta la política pública de inclusión social para las personas con discapacidad de la ciudad de Tunja, para el periodo de 2011-2024.

Estos antecedentes normativos definen herramientas jurídicas para abordar las situaciones que afectan la vida de las personas con discapacidad y además construyen formas para comprender y responder las demandas sociales al respecto. Es así como la discapacidad es comprendida como una categoría social que resulta de diferentes configuraciones sociales, políticas, culturales, económicas y religiosas, donde confluyen cosmovisiones históricamente aceptadas y adoptadas en lo público. Entre los avances significativos que han posicionado la discapacidad como un tema prioritario en la agenda de las políticas públicas está la definición de la discapacidad desde el modelo social según el cual en el marco de un Trabajo Social Crítico (Salamanca-Ávila y Valencia, 2017) y bajo el reconocimiento indiscutible de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, se considera la discapacidad no como un atributo particular de la persona ni se define por la condición médica, sino como lo expresa Seoane (2011) como un fenómeno multidimensional que integra aspectos biomédicos y sociales, donde el entorno le impone a la persona con discapacidad -por razón de su condición- barreras físicas y sociales, lo que le impide relacionarse y contar con las mismas oportunidades que otros.

En este orden de ideas, desde la perspectiva de derechos la discapacidad como categoría social no define a la persona que presenta esta condición, de aquí que sea importante el desuso de expresiones peyorativas que limitan el reconocimiento de la dignidad de los otros, que pueden ser erróneamente reforzadas en la cotidianidad profesional. Expresiones tales como “discapacitado, enfermo, deforme, mongólico, bobo, minusválido”, entre otras indican desconocimiento de la dignidad humana y de sus posibilidades de participación social. Dicho de otra manera, es una apuesta política y ética reconocer a cada sujeto -independientemente su condición- como un agente clave para la transformación de aquellas condiciones de desventaja.

Entender la discapacidad desde el modelo social permite comprender las luchas de las personas con discapacidad y sus cuidadores para la reivindicación de sus derechos y las garantías para su participación a través de las instancias jurídicamente sustentadas. He aquí la importancia de los comités, quienes trabajan por el afloramiento de lo humano al visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad y promover el desarrollo de sus capacidades (Sen, 2000), en otras palabras, estos espacios reivindican las condiciones necesarias para ampliar al máximo el potencial de las capacidades, es decir, lo que es capaz de hacer y ser una persona en término de las libertades que le resultan factibles alcanzar (Nussbaum, 2012)

Uno de los instrumentos de planeación de mayor alcance gubernamental y de materialización real de las realizaciones de las personas es la política pública, definida por Cuervo-Restrepo (2015) como una acción orientada por el gobierno que busca responder de manera coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible a las demandas sociales. Para ello, es necesaria la participación de diferentes actores sociales, como los comités de representación de personas con discapacidad, quienes dan cuenta del problema y se movilizan para priorizar temas de interés general en la agenda política. En palabras de Dunn (2004) para promover la formulación participativa y verdadera de una política pública se requiere a) la identificación de necesidades no satisfechas desde una esfera individual, b) la identificación del número de personas afectadas y su impacto no solo en una persona sino en un colectivo c) la objetivización del problema y por último d) la formalización del problema.

En este sentido, la política pública es el mecanismo propicio para el florecimiento de las capacidades de las personas con discapacidad y acercar la institucionalidad a las realidades sociales de estas comunidades. La política pública debe consolidar la discusión teórica, administrativa y técnica alrededor de las responsabilidades del Estado reorientando el cómo y el qué desde la mirada crítica de los elementos estructurales que han limitado el desarrollo de las capacidades, es decir, en palabras de Nussbaum (2012), es responsabilidad de los gobiernos promover las oportunidades o libertades sustanciales para que las personas elijan y la protección de esos ámbitos de libertad en un contexto que lo permite y por lo tanto desarrollen sus capacidades.

Una política pública pensada en el enfoque de capacidades promueve la vida, una vida digna que reconoce a cada persona como un fin en sí misma bajo la mirada crítica de las oportunidades disponibles para el desarrollo de sus capacidades, el funcionamiento de sus facultades y la interacción en el entorno político y social donde se encuentra. Nussbaum (2012) define la dignidad como aquellas condiciones de vida que facilitan a las personas una vida que es merecedora de ser vivida.

Es así como la participación activa y decidida de Trabajadores Sociales dispuestos a asumir posturas críticas y claras, ante la estructura gubernamental que gesta la construcción de políticas públicas, dan fuerza a alternativas en la formulación de la política pública, en tanto le dan protagonismo a las personas con discapacidad y sus cuidadores como centro en acciones del gobierno. Es por ello que, el Trabajo Social de grupo es una apuesta en escena de la complejidad misma de la dimensión humana desde una perspectiva individual a una perspectiva grupal y colectiva donde la adopción de decisiones, la visibilización de problemáticas, el reconocimiento de oportunidades y la construcción democrática de posibles alternativas son vehículos de movilización que trascienden de un espacio particular a un espacio público.

Trabajo Social de grupo: democratización y participación

El Trabajo Social de Grupo ha sido considerado, hasta la actualidad, como un método de intervención importante y necesario para el Trabajo Social como profesión y disciplina. Allí confluyen conocimientos y metodologías que superan la mirada convencional y singular de un grupo de personas reunidas con un fin común. Es la oportunidad para comprender las lógicas sociales, políticas, culturales, entre otras, de las comunidades que los participantes del grupo representan. Es el espacio físico e intangible donde el Trabajador Social aporta y re significa, construye y deconstruye, facilita y se incluye, comprende y apuesta a otras posibilidades. Es la plataforma que devela procesos iterativos que significa un desarrollo personal y grupal, es decir, procesos que requieren la mirada a cada miembro del grupo y a la relación que genera con el otro y lo otro, sus aportes, sus potencialidades, sus limitaciones, sus anhelos, sus frustraciones, etc.

El método de Trabajo Social de Grupo, considerado un método tradicional, ha adquirido fuerza a medida que los desafíos sociales se van intensificando y su definición responde a las particularidades epistemológicas disciplinares en el momento histórico en el que se encuentra. Parra-Ramajo (2017) afirma que en la actualidad el método del grupo posibilita cambios al concebir a los participantes como sujetos y actores de intervención bajo interacciones que se dan en el grupo en un contexto determinado y en correspondencia con los factores culturales, sociales y económicos, por lo cual es necesario que el trabajador social analice la multiplicidad de factores que influyen y determinan el proceso. Esto último se expresa en la apropiación y flexibilidad desde una perspectiva diacrónica que da sentido al proceso del Trabajo Social de grupo y a su definición en sí mismo.

Estas acepciones aportan significativamente al posicionamiento profesional en diferentes esferas de la acción social y contribuye en las discusiones propias de la disciplina. De aquí que, autores como Newstetter (1935) (citado en Kisnerman, 1986) plantean que el Trabajo Social de Grupo inicialmente se haya concebido como método funcionalista para educar y adaptar a los miembros a una sociedad con normas y expectativas sociales a cumplir, en tanto se considera como un espacio terapéutico y de desarrollo de la personalidad gracias al encuentro con otros y con intereses comunes. Sin embargo, luego de la reconceptualización, 1965-1975 aproximadamente, el Trabajo Social concibe nuevas alternativas y finalidades de su acción donde es necesario comprender al individuo más allá de su deber adaptativo a los sistemas sociales sino por su capacidad de autogestión con una mirada más crítica y participativa en contextos de desigualdad, discriminación y vulnerabilidad.

Es aquí donde surgen otras formas de concebir el Trabajo Social de Grupo como lo define Torres (1982):

un proceso de dinamización de las relaciones de un grupo, a través del cual las personas se autoconcientizan de los problemas, necesidades, potencialidades y recursos propios y del medio social en el cual se encuentran, y que, simultáneamente, actúan en este medio movilizando sus capacidades y aptitudes en la consecución de objetivos comunes, internos o externos al grupo. (p. 49)

Una mirada que se escapa de la instrumentalidad del ejercicio profesional y se adentra en un campo de conquista y de luchas sociales a través de la movilización de sus capacidades para la consecución de objetivos internos y externos.

De esta manera, para el presente ejercicio de investigación será necesario comprender el Trabajo Social de Grupo como un escenario de encuentro de intersubjetividades donde los sujetos sociales comparten valores y objetivos similares con la finalidad de tomar decisiones orientadas no solo al desarrollo de sus propias capacidades sino a la generación de oportunidades para sí mismos y para sus entornos más cercanos. Es un escenario que sirve de plataforma de las subjetividades individuales a un plano grupal, y de estas afirmaciones grupales a un escenario público y por lo tanto comunitario. Se considera al grupo como el espacio de conexión entre la individualidad y la colectividad. En este ejercicio de encuentro, al sujeto se le concibe como un sujeto político poseedor de la capacidad para comprender su realidad y establecer planteamientos al respecto, cuya identidad sobrepasa la institucionalidad que convoca.

Los grupos se convierten en espacios de encuentro donde los participantes se reconocen, se identifican con sentidos de vida comunes y fortalecen en el otro su autonomía y autodeterminación, en tanto que las relaciones que allí se dan son fuente de conocimientos y experiencias valiosas para la reclamación y reivindicación de sus derechos y por lo tanto de plantear exigencias cuyas responsabilidades compartidas son asumidas de acuerdo a los fines propuestos. Aquí, la participación encuentra la expresión más clara y concreta al ser un componente intrínseco en las relaciones con los(as) otros(as), resultado de la autodeterminación individual y colectiva. Para Custo (2003) el grupo es como un espacio de construcción de la ciudadanía que, en contraposición a los efectos del influjo neoliberal en la sociedad, el Trabajador Social debe favorecer. Como lo concluyen López-Díaz et al. (2009) tras la revisión de varias autoras y autores en la materia, es importante que el Trabajador Social desde el saber y la acción inculque los principios democráticos en términos de la participación y la igualdad.

Perilla-Lozano y Zapata-Cadavid (2009) definen la participación como un proceso para la construcción de ciudadanía y democracia y, al mismo tiempo, como un proceso técnico, en cuanto reconoce también procedimientos, mecanismos y recursos. Se sostiene que la participación fortalece al individuo como actor político en la toma de decisiones que conciernen a la vida en comunidad, en el Estado, y que hacen posible la democracia. En este orden de ideas, el Trabajo Social de Grupo es comprendido también como el vehículo que favorece la construcción de procesos sostenibles, promoviendo la capacidad de gestión de cada sujeto en la consecución y ampliación de sus capacidades. Evidentemente, estas capacidades son resultado de unas habilidades residentes en cada persona, no obstante, son la expresión máxima de los contextos que permiten el funcionamiento de las mismas y por lo tanto de elegir y actuar.

Características de los grupos con fines representativos

La conformación de los grupos es resultado de interacciones compartidas en un mismo contexto, con similares características, y problemáticas, y por lo tanto con una pluralidad de potencialidades. Esta agrupación puede ser clasificada de diferentes maneras. Para efectos de la presente investigación se centrará el análisis desde los grupos formales, definidos por Contreras de Wilhelm (1980) como los que se estructuran o forman por normas compartidas con respecto a objetivos materiales, de los miembros, comunidad e institución. Las normas están determinadas antes del ingreso de los socios (…) por ello, los roles están prescritos (…) determinados por reglamentos, estatutos, etc. Estos grupos se definen según el Ministerio del Interior (MinInterior, s.f.) como aquellos con la tarea de trabajar un tema específico, a través de la toma de decisiones de cara a la solución de problemáticas; buscan generan alianzas con otros comités y aportar a la construcción de información sobre las temáticas a su cargo.

La Ley 1145/2007 establece la importancia de estos espacios en el nivel intermedio de concertación, asesoría, consolidación, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de la política pública de discapacidad. Es de anotar, que los comités cuentan con una representación de las autoridades territoriales, representantes de las organizaciones o de las personas con discapacidad, representantes de la academia y otros invitados de otras entidades. En este caso, la investigación contó con la participación de los representantes de personas con discapacidad.

Este tipo de grupos comprenden implícitamente la democracia como una forma de vida donde los participantes precisan no solamente sus derechos y libertades, sino los derechos y libertades reales de otros sectores de la sociedad, en este caso de las personas con discapacidad y sus familias. Es decir, las decisiones que allí se deliberan contribuyen a la democratización de los asuntos del Gobierno y se convierte en una oportunidad para la construcción de referentes ideales y necesarios para el grupo poblacional que representan.

Si bien este tipo de grupos de representantes está condicionado a marcos normativos específicos y con funciones asignadas, claramente dan cuenta de las etapas de la vida de un grupo y de elementos estructurales particulares no encontrados en otros grupos con estas características, es decir, con categorías sociales en común pero con interseccionalidades diferentes según la edad, el sexo, la vivencia de la discapacidad y el tipo de interacción con el entorno. He aquí que cada categoría social adquiera un significado propio e influya directamente en la comprensión de las complejidades inherentes a los grupos históricamente marginados y excluidos, como es el caso de las personas con discapacidad. Por ello, es parte del compromiso ético y político de la profesión analizar la naturaleza misma de los grupos, sus luchas, sus logros, sus proyecciones y aportes a lo colectivo. De aquí que, recientemente varios autores, entre ellos Chesnay (2020) definan los principios de la intervención social en prácticas inclusivas de la diversidad, cuyas definiciones abren espacios de discusión sobre las potencialidades y limitaciones del Trabajo Social de grupo. Una apuesta obligatoria y necesaria para la actualidad.

2. Metodología

La investigación se sustenta en un enfoque epistemológico histórico hermenéutico, en tanto busca entender cómo los sujetos sociales perciben el acontecimiento estudiado y es de tipo cualitativo en la medida en que otorga un lugar protagónico a la visión de los actores que desempeñan el rol de representantes de las personas con discapacidad de Tunja, en relación a sus comprensiones y narrativas sobre la política pública de discapacidad del municipio. Como lo refieren Hernández-Sampieri et al. (2010) “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). Así mismo, profundiza en “las experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (p. 364).

El trabajo de campo se realizó entre febrero y junio de 2020 a partir de tres momentos metodológicos, en cada uno de ellos se empleó la observación participante que, como lo afirma Baena-Paz (2017), es una técnica que requiere ganarse la confianza de los miembros del grupo y permite “sumergirse” y “registrar el comportamiento natural del grupo” (p. 71). El primer momento correspondió a la fase de contacto con el equipo de la Oficina para la Discapacidad en Tunja y el Comité de Discapacidad de Tunja para la presentación del proyecto y del equipo de investigación.

El segundo momento consistió en la realización de tres grupos focales con los integrantes del Comité de Discapacidad, para indagar las problemáticas de esta población respecto a los derechos a la educación, trabajo y seguridad social en la política pública municipal de discapacidad, cada derecho fue abordado en un grupo focal, respectivamente. Según Silveira-Donaduzzi et al. (2015) el grupo focal consiste en un espacio para la discusión en torno a un tema específico sobre el cual los participantes han tenido experiencias comunes, lejos de promover consensos, una de sus ventajas es que la interacción grupal que allí se propicia permite no solo la emisión de puntos de vista individuales sino reflexiones que no se darían de no ser por este espacio colectivo, lo cual representa una riqueza de datos para los investigadores.

En la tercera etapa se organizó la información y, dado el inicio del confinamiento preventivo ocasionado por la pandemia por Covid 19, se recurrió a entrevistas semiestructuradas telefónicas con los representantes de discapacidad para profundizar en algunas temáticas. Las entrevistas semiestructuradas consisten en conversaciones entre el entrevistador y el entrevistado respecto a un tema específico, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández-Sampieri et al., 2010, p. 403). A continuación, se procedió a la elaboración del concepto técnico para la actualización de la Política Pública de Discapacidad en Tunja, el cual fue socializado con el Comité de Discapacidad y entregado por escrito a la Alcaldía Municipal.

El método consistió en un estudio del Caso del Comité de Discapacidad de Tunja, entendiendo por éste aquel método que busca analizar a profundidad una unidad específica dentro de un universo poblacional y por lo tanto los resultados de la investigación no son generalizables a otras unidades o contextos distintos. Así, se tuvieron en cuenta como criterios de selección de los participantes: i) participación voluntaria, ii) ser integrante del Comité, iii) representación de distintos tipos de discapacidad. En ese sentido, se contó con la participación de cinco integrantes del Comité de Discapacidad: la representante de Fundaciones, el representante de discapacidad mental, el representante de discapacidad cognitiva, el representante de discapacidad visual y el representante de discapacidad física.

3. Hallazgos

3.1 El Trabajo Social de Grupo: un espacio para el fortalecimiento de capacidades y la consecución de objetivos comunes

Pensar el Trabajo Social de Grupo implica asumir perspectivas epistemológicas, teóricas y conceptuales que fundamentan la acción profesional. Las contribuciones de Sen (2000) aportan en la argumentación del Trabajo Social como un vehículo para la incidencia política al considerase como una apuesta no sólo metodológica sino política y ética que le apunta al desarrollo de capacidades de los grupos y promueve el reconocimiento de las libertades inherentes a la condición humana, lo que supera la intervención pasiva e instrumental impuesta --implícitamente o no- por actores externos. Desde el abordaje grupal de Trabajo Social, los sujetos son considerados como protagonistas y agentes de cambio, sin que ello signifique que son los únicos responsables de las transformaciones sociales, pues estos grupos son un eslabón importante entre las comunidades y los gobiernos y sus acciones impactan directamente a ambos sistemas, en tanto que son influenciados por el mismo.

Nussbaum (2012) desde el enfoque de capacidades aporta elementos teóricos y conceptuales que sustentan las nuevas configuraciones del Trabajo Social de Grupo de acuerdo al contexto actual; concibe a cada persona como un fin en sí misma poseedora de capacidades internas, de facultades para su autodefinición y para actuar en los entornos políticos, sociales y económicos donde se encuentra inmersa. Es un enfoque centrado en la posibilidad que debe tener cada ser humano para elegir y actuar. Sin embargo, esos equipamientos innatos de cada persona (llámese habilidades internas, rasgos de personalidad, aptitudes) son desarrolladas si y solo si cuenta con los espacios para ello (los diferentes sistemas), por lo cual, los procesos de Trabajo Social de Grupo aportan significativamente en la medida en que además de identificar conjuntamente las habilidades de cada sujeto, le apuestan al desarrollo y fortalecimiento de las mismas con la participación de cada miembro y cuyos resultados se traducen en un sinnúmero de propuestas generadas por los mismos grupos.

En este orden de ideas, esta perspectiva de Trabajo Social de Grupo se centró en el reconocimiento de las capacidades internas de los participantes, al tiempo que, se generaron espacios de discusión sobre los derechos de educación, seguridad social y trabajo, tres áreas de mayor preocupación para las personas con discapacidad y sus familias. El conocimiento de la dinámica de grupo, el uso de estrategias participativas, la adaptación in situ de técnicas de socialización y la comprensión de las demandas de cada participante posibilitaron objetivizar la sensación problemática de cada participante y, por lo tanto, comprender la situación problemática en función de cada discapacidad allí representada.

Dicho de otra manera, el Trabajo Social de Grupo asume los matices necesarios no solo como método para la intervención sino como plataforma para la reivindicación misma de las personas a través de procesos investigativos que superan el convencionalismo científico. Es así como Salamanca-Ávila y Valencia (2017) afirman que a partir de estos ejercicios se plantea un compromiso social, ético y político traducidos en planos políticamente viables. Es así que, los valores de colectividad, participación e interdependencia, están en el centro del Trabajo Social de Grupo (Ward, 1974, citado en Adams et al., 1998).

El desarrollo de este tipo de encuentros implica que el o la Trabajadora Social reconozca la singularidad del grupo y el proceso mismo para acompañar y potencializar lo que allí se geste. Es necesario no desligar el esquema tradicional y práctico de las etapas de cada grupo de la comprensión de las dinámicas propias de cada grupo, especialmente los ya conformados y en una etapa madura. Para el caso del comité de representantes de personas con discapacidad, al ser un grupo ya conformado se inicia con la fase de planificación por parte del trabajador social y así facilitar los encuentros necesarios para la presentación de la propuesta y el establecimiento de acuerdos para la participación efectiva e incluyente. Esto último, especialmente en términos de accesibilidad.

Las dinámicas de los grupos no son estáticas o fijas, por lo cual es necesario comprender la forma como el grupo se reorganiza en todo momento, ello por la misma naturaleza humana y por lo tanto, de sus participantes, por lo cual la caracterización previa de los datos básicos de cada integrante del grupo (género, edad, tipo de discapacidad que representa o que tiene, entre otros) fue fundamental para la construcción de cada encuentro y la comprensión de los elementos emergentes que van surgiendo.

Según Toseland et al. (2004) se destacan cinco elementos característicos de las dinámicas de grupo: procesos de comunicación y patrones de interacción, la cohesión grupal, integración social e influencia, poder y control social y la cultura. A continuación, se describe la importancia de reconocer, promover o fortalecer estas características no solo desde lo teórico, sino desde la experiencia con los representantes de personas con discapacidad, por lo cual -como se ha afirmado anteriormente- es necesario que el o la Trabajadora Social se apropie conceptualmente de cada una. El Trabajo Social contempla al grupo no solo como un espacio, momento u estrategia, sino como un camino interactivo para la consecución conjunta de fines e intereses previamente definidos y conocidos por todos los y las integrantes.

Para los encuentros fue necesario definir previamente de manera analítica, reflexiva y adaptativa los contenidos, técnicas y recursos para la consecución de los objetivos. Esta etapa fue fundamental y definitiva para la credibilidad de estos procesos grupales y así mantener la asistencia de los(as) representantes; propiciar espacios físicos accesibles y seguros (que no implique ningún riesgo según el tipo de discapacidad); promover el diálogo abierto y crítico; definir los problemas públicos que les afectan y diseñar estrategias adecuadas, oportunas y realistas. Lo anterior implica que el profesional considere cada encuentro como el punto de conexión entre un momento previo y otro posterior, y donde cada uno denote un avance significativo para la dinámica grupal y el alcance grupal de los compromisos. En cada encuentro se hizo relatoría no solo de los diálogos allí establecidos, sino de las particularidades de la dinámica grupal, lo que permitió analizar cada elemento y tener insumos más claros para los próximos encuentros.

Un elemento clave en la dinámica grupal es el proceso de comunicación e interacción de los y las integrantes. Según Fernández-García y López-Peláez (2006) este proceso de comunicación claramente conlleva la codificación de percepciones, pensamientos y sentimientos; la transmisión del lenguaje y de los símbolos verbales y no verbales y la descodificación del mensaje por parte del o de los receptores, agregando las condiciones particulares de cada participante, es decir, las distracciones mismas que se generan por su condición de discapacidad. En el primer grupo focal o encuentro fueron notorios patrones de interacción asimétricos, lo que hizo que un representante tomara todo el tiempo la palabra, otro solo tomara la palabra cuando se le preguntaba directamente, que una representante tuviera que tomar la palabra interrumpiendo al otro, en tanto que otro se distrajera constantemente. En vista de ello, se toman acciones en los próximos encuentros, permitiendo conocer la postura de cada uno; el Trabajo Social asume como desafío constante el respeto y promoción de la palabra de cada uno.

La cohesión grupal, para este ejercicio investigativo, fue una ventaja identificada y potencializada durante los encuentros, especialmente para motivar la participación de una de las personas con discapacidad cognitiva al lograr tal nivel de intimidad en la expresión de sus significados y preocupaciones, las cuales encuentran eco en los otros representantes. Esta comunicación abierta posibilita la expresión precisa de las vivencias y que sean compartidas entre los miembros del grupo y el Trabajador Social y por lo tanto se sientan esperanzados sobre posibilidades de cambio (Corey et al., 1987). Lo interesante es que la diversidad de los participantes, no solo por el tipo de discapacidad a representar, sino por sus categorías sociales e identidades sociales propias no es un obstáculo para valorar la participación del otro, antes bien se asume como un compromiso de otros miembros suscitar discusión entre ellos y para ellos. La cohesión grupal se nutre en cada interacción, y “las personas sienten atracción por su grupo cuando experimentan que se valora su participación, y cuándo sienten que son agrado del resto” (Fernández-García y López-Peláez, 2006, p. 99)

Frente a la integración social se evidencia una serie de normas colectivas previamente definidas por el comité, por lo cual la participación ocasional de otros actores (no pertenecientes al comité) generaba reservas por parte de los integrantes, aunque al tener elementos en común, los mismos eran aprovechados y sondeados en el mismo grupo al tener vínculos que les identifican: un tipo de discapacidad, experiencias de vida y entornos sociales parecidos. Es de anotar que el grupo ya conformado, mantiene no solo vínculos ambientales, sino afectivos (Fernández-García y López-Peláez, 2006). En cuanto a la influencia social, el grupo ejerce mayor presión sobre un tema o acuerdo sobre aquellos participantes externos, e intentan influirles cuando sus puntos de vista no están acordes a sus perspectivas. A razón de estos espacios se generaron conversaciones individuales a través de entrevistas telefónicas que permitieran conocer cada postura y alcanzar los objetivos propuestos.

El poder es una dimensión que define jerarquías en el grupo, es una característica que limita o amplía las posibilidades de encuentro, y define una postura individual sobre la grupal. Si bien se evidencia una mayor participación en uno de los integrantes, sus intervenciones son representativas y aceptadas por los demás. En vista de ello, las trabajadoras sociales apoyan la dinámica grupal y alientan a los demás a complementar los puntos de vista ya dados (y aprobados corporalmente). Se recogen todas las ideas aportadas y se construye al final del ejercicio las perspectivas analizadas en términos problemáticos y estratégicos.

Finalmente, la cultura de cada participante se considera como una oportunidad para comprender, entender y proponer. Se identifican elementos contextuales de cada participante, los cuales dan cuenta de aquellas reflexiones que son propias del ejercicio mismo de análisis (surgen en la dialéctica del espacio) o son reflejo de las representaciones mismas de los derechos de las personas con discapacidad. Se evidencia dificultad para pensarse o describirse desde su ser como persona, al describirse desde su discapacidad. Aquí, culturalmente es notoria la presión social y la existencia de estereotipos que denigran su dignidad. Estas perspectivas tradicionales afloran los mayores desafíos que aún se tienen en temas de discapacidad, en el trabajo con las personas con discapacidad y con sus familias.

Es así que, como lo expresan Roy & Pullen-Sansfaçon (2016), son tres los principios fundamentales para el trabajo en grupo: la creencia en las fortalezas y capacidades de las personas, un enfoque de constante pensamiento crítico y la preocupación por el desarrollo de una cultura de trabajo en grupo participativa, igualitaria y democrática. Ello implica una mirada crítica que todo el tiempo invite a analizar los contextos a través de los y las participantes del grupo y comprender la diversidad de los productos tangibles e intangibles que allí se suscitan. Es pensar la dinámica de grupo como una plataforma para la acción colectiva, y un microsistema que da cuenta de lo que viven, piensan, sienten y conocen las personas con condiciones e identidades similares.

En palabras de Travi (2007)

Hoy en día, en virtud de los avances científicos, el desarrollo de conocimientos acumulados en el campo profesional, el Trabajo Social tiene, sin duda, un gran potencial transformador y posibilidades para cumplir un papel fundamental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y a participar en la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. (p. 218)

Y ello le ha significado al trabajador social la posibilidad de explorar otras alternativas bajo los principios propios de la profesión, si bien se coincide con la autora en los múltiples desafíos que aún se tienen.

3.2 Construcción del Concepto técnico para la actualización de la Política Pública de Discapacidad de Tunja

Producto de los encuentros con el Comité de PCD, el Trabajo Social de Grupo facilitó la construcción de recomendaciones a la política pública de discapacidad de Tunja. A continuación, se retomarán los principales hallazgos de los grupos focales en relación con las problemáticas referidas a los derechos a la educación, el trabajo y la seguridad social, los cuales, sumados a la observación participante y a las entrevistas semiestructuradas telefónicas, nutrieron la elaboración de un concepto técnico para la actualización de la Política Pública de Discapacidad-PPD.

3.2.1 Estado del derecho a la educación de las personas con discapacidad en el municipio de Tunja

Respecto al derecho a la Educación, se toma como referente el modelo de las cuatro A de Tomasevski (2004): asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La asequibilidad entendida como la disponibilidad de la oferta educativa a partir de instituciones suficientes en número, equipo de docentes cualificados y de recursos educativos y libertad de escogencia de la institución educativa. La accesibilidad referida a la obligación de los Estados de eliminar las barreras para el ingreso, permanencia y culminación de la educación, siendo estas barreras de diferente tipo: geográficas, económicas, jurídicas, administrativas o actitudinales. La aceptabilidad, concerniente a la calidad de la educación impartida en cuanto contenidos de la educación, los métodos y medios de enseñanza. La adaptabilidad, no de las personas con discapacidad a la escuela, sino de la educación a las condiciones y características de las y los estudiantes.

Estos cuatro conceptos se vinculan implícitamente al concepto de educación inclusiva que, según el Decreto 1421/2017 se entiende como:

un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. (p. 5)

Teniendo en cuenta estos elementos conceptuales del derecho a la educación, los representantes de las PCD identificaron como principales problemáticas la persistencia de la discriminación social en escenarios educativos, la existencia de estudiantes que no cuentan con un diagnóstico claro ni oportuno de su discapacidad, el desconocimiento del contexto familiar y social en el que se desenvuelve la persona con discapacidad dentro y fuera de la institución, el bajo grado de orientación a las familias sobre el manejo de la discapacidad de sus hijos, insuficiente personal docente calificado para el desarrollo de procesos de educación inclusiva, al respecto, los representantes de las PCD expresaron que hay docentes que no cuentan con la capacitación requerida para desarrollar procesos académicos diferenciales con las personas con discapacidad y la ausencia de un equipo psicosocial completo conformado por Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Psicopedagogo/a al interior de las instituciones educativas.

Por otra parte, los participantes identificaron la presencia de barreras arquitectónicas e insuficiente adecuación de las instalaciones de las instituciones educativas de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad, bajo grado de pertinencia de la educación para personas con discapacidad, falta de orientación en temas de sexualidad, deserción escolar de estudiantes con discapacidad, existencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no acceden al sistema escolar y de adultos que nunca accedieron, así como falta de oportunidades para el acceso a la educación superior de las PCD y el desconocimiento de herramientas jurídicas por parte de cuidadores para hacer valer el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

En este sentido, se recogen a continuación algunas de las principales recomendaciones que se incluyeron en el concepto técnico para la actualización de la PPD: i) Integración entre colegios públicos y privados para la socialización de experiencias significativas, así como hacer reconocimientos públicos a directivos y docentes con buenas prácticas en educación inclusiva, ii) Aumento de la contratación de docentes de apoyo, garantizar capacitación permanente en educación inclusiva a docentes y propiciar el uso de TIC´S y de herramientas lúdico-artísticas de enseñanza, iii) Contratación de un equipo interdisciplinar conformado por las profesiones de Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogía en las instituciones educativas, iv) Fortalecimiento de los equipos psicosociales de las instituciones educativas con el fin de brindar acompañamiento a los cuidadores y las familias de las PCD en la obtención oportuna del diagnóstico de su discapacidad y en herramientas de afrontamiento de la misma (Camargo-Farias et al., 2020).

De igual forma, v) Creación de una línea estratégica de educación en sexualidad y salud reproductiva, vi) Cumplimiento progresivo de la obligatoriedad de las instituciones educativas de adaptar sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de PCD, vii) Diseño e implementación de programas educativos domiciliarios para las PCD que así lo requieran, viii) Diseño de estrategias institucionales para la búsqueda activa de las personas con discapacidad en edad escolar que no estudian, así como de aquellas que desertan del sistema escolar, de manera tal que se trabaje en la superación de las barreras que obstaculizan el acceso y permanencia a la educación de las PCD., ix) Gestión de convenios con instituciones de educación superior para la generación de oportunidades tanto de acceso a la educación como de formación para el trabajo de las PCD., x)Alianzas con los consultorios jurídicos universitarios para la consolidación de una línea de asesoría jurídica específica para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores (Camargo-Farias et al., 2020).

3.2.2 Estado del derecho al trabajo para las personas con discapacidad en el municipio de Tunja

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, 2006) el derecho al trabajo es un derecho fundamental que permite el acceso a otros derechos. Es un derecho que constituye una parte inherente a la dignidad humana:

El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad. (CESCR, 2006, p. 2)

(…) El derecho al trabajo engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. (CESCR, 2006, p. 3)

Pese a las normativas internacionales y nacionales, no es posible identificar el pleno goce del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas para las PCD, quienes experimentan mayores barreras para la obtención y conservación de un empleo, reflejadas en mayores tasas de desempleo respecto a la población que no tiene discapacidad. Como lo expresaron los representantes de discapacidad en las entrevistas semiestructuradas y grupos focales, las principales problemáticas asociadas a este derecho en el municipio se relacionan, en primer lugar, con la situación de pobreza en que viven tanto las personas con discapacidad como sus familias y cuidadores, la dificultad para acceder a empleos formales, el desconocimiento y desconfianza de empresarios para la contratación de personas con discapacidad, la falta de estadísticas sobre la situación laboral de las PCD por ejemplo, sobre el número de personas con discapacidad en condición de trabajar, cuántas de ellas están empleadas y cuántas están en desempleo.

En segundo lugar, la imposibilidad de las PCD de obtener a través de las entidades de salud su certificación de discapacidad incide en que no puedan emplearse. En tercer lugar, hay un desconocimiento y falta de aplicación de las normativas nacionales relacionadas con acciones afirmativas para la contratación de PCD tanto en el sector público como en el privado. En cuarto lugar, la formación para el trabajo y las iniciativas de generación de ingresos auspiciadas por los entes gubernamentales no se adecúan a las características, necesidades ni intereses de las PCD y los centros de enseñanza y formación para el trabajo no tienen instructores capacitados para el abordaje de personas con discapacidad.

Con base en este panorama, las principales recomendaciones que se realizaron en el concepto técnico para la actualización de la PPD consisten en i) la construcción de una caracterización de la PCD respecto a temas de empleo y generación de ingresos, ii) establecimiento y cumplimiento de manera gradual de metas de contratación laboral en el sector público así como generación de incentivos a las empresas privadas para fomentar la contratación de esta población, iii) alianzas con instituciones de educación superior para la oferta de capacitación y formación para el trabajo de manera gratuita o a muy bajo costo para PCD, iv) implementación de programas de empleabilidad que incluyan la orientación, formación para el trabajo, acompañamiento y seguimiento a la vinculación laboral de las PCD sus familias y cuidadores; v) impulso a la modalidad de teletrabajo para esta población, ampliación y diversificación de la oferta de proyectos para la generación de ingresos, fortalecimiento de su financiación y seguimiento y, vi) consolidación de la línea de fomento a la asociatividad de las PCD (Camargo-Farias et al., 2020).

3.2.3 Estado del derecho a la seguridad social para las personas con discapacidad en el municipio de Tunja

El derecho a la seguridad social está basado en la protección de la persona en eventualidades como desempleo, vejez, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, entre otras circunstancias de la vida. Este derecho se desagrega en los componentes de salud, pensión -en caso de vejez, invalidez o muerte-, riesgos laborales -en caso de accidente laboral o enfermedad profesional- subsidio familiar y servicios sociales complementarios -auxilios económicos para las familias y adultos mayores en situación de pobreza- (Ley 100/1993). No obstante, el desarrollo de este derecho en la PPD del municipio de estudio se limita exclusivamente al ámbito de la salud.

Respecto al componente de salud, es importante aclarar que el mismo trasciende el hecho de contar con una afiliación al SGSSS, en tanto se relaciona además con el acceso a los servicios de rehabilitación, ayudas técnicas y medicamentos, sin embargo, los representantes de las personas con discapacidad manifestaron en los grupos focales y entrevistas semiestructuradas telefónicas que es frente a estos servicios donde las PCD encuentran más barreras, (J. Irreño, comunicación personal, 18 marzo de 2020) aseguró que “es difícil el acceso a citas médicas con especialistas, hay demasiados trámites que realizar para recibir servicios de rehabilitación con fonoaudiología, fisioterapia, optometría, terapia ocupacional”

Por otra parte, un gran obstáculo que enfrentan las PCD es que desde los centros prestadores de los servicios de salud no se les emite el certificado de su discapacidad y esto incide en que tengan menos probabilidades de encontrar un empleo formal. Así mismo, las entidades de salud no cuentan aún con un enfoque diferencial para la atención de las personas con discapacidad, hay desprotección de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva para PCD y necesidad de atención en materia de salud mental no solo para las personas con discapacidad sino para sus cuidadores (A. Medina, comunicación personal, 18 marzo 2020)

De acuerdo a las principales barreras que enfrentan las PCD para el disfrute de su derecho a la salud, se hacen las siguientes recomendaciones para la actualización de la PPD: i) Establecimiento de criterios explícitos de atención diferencial y preferencial a las PCD en servicios como la obtención prioritaria de su certificación de discapacidad, la valoración y atención médica, la realización de exámenes, la entrega de medicamentos y de ayudas técnicas, así como la creación de una línea de atención en salud domiciliaria, ii) Capacitación a los equipos de salud en enfoque diferencial y atención a PCD para la promoción de canales de comunicación, asesoría y atención que se adecúen a las necesidades de esta población y propiciar que sean equipos interdisciplinarios (Camargo-Farias et al., 2020)

Por otra parte, es necesario, iii) garantizar la presencia de intérpretes de lengua de señas y tiflólogos en las entidades de salud, iv) generar programas de orientación en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad, teniendo en cuenta tipo de discapacidad y etapa del transcurso vital; así como programas para la atención en salud mental no sólo de las PCD sino de sus familias y cuidadores, v) Es clave evaluar y ajustar los programas de Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC, desarrollados en el sector rural y urbano. De igual manera, vi) garantizar la participación y representatividad de los diferentes tipos de discapacidad en escenarios de control y veeduría de los servicios de salud (Camargo-Farias et al., 2020).

Así mismo y con base en la amplitud del derecho a la seguridad social, se formulan las siguientes recomendaciones para la PPD: i) Incluir tres líneas estratégicas, una de Pensión otra de Riesgos Laborales y una tercera de servicios sociales complementarios, ii) caracterizar a las personas que adquirieron su discapacidad a causa de un accidente laboral y hacer seguimiento respecto a la garantía de sus derechos y iii) promover programas que brinden auxilios económicos para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en situación de pobreza (Camargo-Farias et al., 2020).

3.2.4 Recomendaciones para el fortalecimiento y actualización de la Política Pública para las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores

A continuación, se sitúan nueve recomendaciones generales para la PPD i) Actualización del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD de tal manera que no solamente se identifiquen las características y necesidades de toda la PCD, sino que de acuerdo a las mismas se pueda reorientar la Política Pública de Discapacidad Municipal, en tanto los representantes de las PCD manifestaron con preocupación que en el RLCPD hace falta caracterizar a aproximadamente la mitad de la población con discapacidad del municipio.

ii) La inclusión de las familias y cuidadores de las personas con discapacidad como sujetos de esta política pública, y en esta medida que también se dirijan acciones hacia ellos que busquen consolidar mejores condiciones de vida. iii) Generación de una línea estratégica transversal de asesoría jurídica para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en alianza con los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior del municipio, en tanto se evidencia el mayor riesgo en el que se encuentran las PCD a la vulneración de sus derechos. iv) Promoción de estrategias para la vinculación laboral de los cuidadores de personas con discapacidad. v) Generación de un auxilio económico para cuidadores de personas con discapacidad en situación de pobreza. vi) Fortalecimiento de los espacios de participación y de las asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales de personas con discapacidad. vii) En toda la infraestructura del municipio debe garantizarse de manera progresiva las adecuaciones necesarias para la accesibilidad de las PCD.

Finalmente, viii) Aumentar la inversión social definida en el plan de desarrollo municipal para la población con discapacidad, sus familias y cuidadores. ix) Consolidar una instancia intersectorial con el propósito de garantizar que cada administración municipal respete los acumulados técnicos de la anterior, dé sostenibilidad a los logros entre una y otra administración e introduzca cambios en la gestión de la Política Pública de Discapacidad como resultado de los procesos de monitoreo y seguimiento a la misma (Camargo-Farias et al., 2020).

Desde Trabajo Social se asume un rol importante en la formulación, implementación, actualización y evaluación de las políticas públicas en tanto se apuesta por procesos participativos en los que se involucre de manera activa a los sujetos sociales para quienes se destinan, con el propósito de que las políticas públicas puedan constituirse como verdaderos mecanismos de transformación social y de avance progresivo en la garantía de los derechos de las poblaciones. Es así que estas recomendaciones de política pública se presentaron junto con los representantes de las PCD en tres mesas intersectoriales, una por cada derecho, en las cuales se contó con la participación de entidades gubernamentales.

Producto de este proceso, se afirma el compromiso ético y político de Trabajo Social al no dejar pasar por alto el cuestionamiento, ¿qué les queda a los sujetos sociales que participan en las investigaciones? De tal manera que el Trabajo Social de Grupo fue vehículo para la incidencia en la Política Pública de Discapacidad del Municipio de Tunja al contribuir en la discusión actual y en la toma de decisiones para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, a través de recomendaciones concretas al municipio para avanzar en el alcance progresivo de los derechos a la educación, al trabajo digno y a la seguridad social de las PCD, entendidos como derechos fundamentales e inalienables de todo ser humano.

4. Conclusiones

Ubicar la acción social en un contexto internacional, nacional, departamental y local le permite al trabajador social entender tres componentes claves: 1) la comprensión de las categorías sociales de los grupos, 2) el reconocimiento del Trabajo Social de grupo y de la investigación como procesos que se superponen para nutrir y enriquecer mutuamente la consecución de objetivos establecidos y 3) la generación de información clara, pertinente y oportuna para la toma de decisiones en el ámbito privado y público.

En cuanto al primer componente, es de afirmar que la discapacidad es una categoría social que requiere ser reconocida como un concepto en constante evolución, resultado de las intersecciones que confluyen en las personas con discapacidad de acuerdo al contexto social, político, económico, cultural y religioso. Asumir desde Trabajo Social cada identidad social requiere comprender la diversidad en medio de la acción profesional; reconocer a las personas participantes en un grupo como sujetos de derechos y agentes sociales de sus propios cambios, cuyos esfuerzos articulados en un espacio y momento requieren ser fortalecidos y promovidos en otros ámbitos; es visibilizar las voces de los que históricamente han sido excluidos.

En cuanto al segundo componente, los procesos investigativos desde Trabajo Social se asumen no solo desde un enfoque epistemológico y metodológico propio al planteamiento del problema, objetivos de la investigación y del muestreo, sino -como inherente a la esencia profesional- con la claridad de la dimensión relacional de los participantes convocados en un grupo focal cuyas prácticas y ciclo de vida del grupo responden a construcciones de tiempo, modo y espacio donde Trabajo Social contribuye al cumplimiento de sus objetivos. El grupo visto de esta manera, se convierte en un espacio donde se construyen acciones intencionadas que facilitan la conexión de ideas, valores, emociones, sentimientos entre los participantes, lo que favorece que las cuestiones sociales, aparentemente fragmentadas y representadas en cada participante, se comprendan en realidades comunes y no distantes.

Y respecto a la disponibilidad de datos claros sobre los grupos poblacionales, se identifica con preocupación la ausencia de estadísticas precisas, por lo cual, es necesario que las entidades gubernamentales generen estrategias de registro y actualización de las cifras sobre las características y condiciones de vida de las personas con discapacidad a nivel nacional y municipal. Este tipo de brechas informativas desconocen las demandas de las PCD asociadas a su calidad de vida y al disfrute de derechos fundamentales, y cuya incidencia es notoria en la inversión presupuestal y en la toma de decisiones en materia de política pública para su protección integral y la garantía progresiva del goce efectivo de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social.

Finalmente, se motiva a la academia, a los docentes, a estudiantes y a las y los trabajadores sociales a seguir explorando el Trabajo Social como un vehículo metodológico cuyos puntos de encuentro con la investigación permite ampliar las posibilidades para la acción, permite superar las concepciones tradicionales de las funciones o roles de los trabajadores sociales y ante todo nos sigue posicionando como una profesión que supera el instrumentalismo del grupo y lo asume como un eslabón para conectar las demandas individuales con las demandas sociales en ámbitos de decisión.

5. Referencias bibliográficas

Acuerdo Municipal 0026 de 2011. [Concejo Municipal del Tunja]. Por medio del cual se adopta la política pública de inclusión social para las personas con discapacidad de la ciudad de Tunja, para el periodo de 2011-2024. Diciembre 13 de 2011. [ Links ]

Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (Eds.). (1998). Social Work, Themes, issues and critical debates (3rd ed.). Palgrave. [ Links ]

Asamblea general de las Naciones Unidas. (1971). Declaración de Derechos del retrasado mental. https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_ag-26-2856_1971.pdfLinks ]

Asamblea general de las Naciones Unidas. (1975). Declaración de los Derechos de los Impedidos. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000043670_spaLinks ]

Baena-Paz, G. (2017). Metodología de la investigación. Grupo Editorial Patria. [ Links ]

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2019). Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe. http://dx.doi.org/10.18235/0002010Links ]

Camargo-Farias, D., López-Prieto, C., López-Zamora, S., y Mondragón-Algarra, Y. (2020). Concepto técnico para la Política Pública en materia de Discapacidad del municipio de Tunja. Alcaldía de Tunja. [ Links ]

Chesnay, C. (2020). Por una práctica inclusiva de la diversidad en el Trabajo Social grupal: referentes teóricos y metodológicos. Groupwork, 29(1), 9-23. https://doi.org/10.1921/gpwk.v29i1.1428Links ]

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [CESCR]. (2006). Observación general Nº 18: El derecho al trabajo (Artículo 6 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales). https://www.refworld.org.es/docid/47ebcb332.htmlLinks ]

Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES]. (2013). Documento Conpes Social 166. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdfLinks ]

Constitución Política de Colombia [Const.]. 7 de julio de 1991 (Colombia). [ Links ]

Contreras de Wilhelm, Y. (1980). Trabajo Social de Grupo. Pax-México. [ Links ]

Corey, M. S., Corey, C., & Corey, G. (1987). Groups: process and practice. Pacific Grove. [ Links ]

Cuarta Conferencia Mundial Hellen Keller. (1989). Declaración de las necesidades básicas de las personas sordociegas. https://www.riadis.org/wp-content/uploads/2020/10/Declaracion-de-las-necesidades-basicas-de-las-personas-sordo-ciegas.pdfLinks ]

Cuervo-Restrepo, J. I. (2015). El concepto de política pública. En J. Cuervo (Ed.), Ensayos de Políticas Públicas II (pp. 19-33). Universidad Externado de Colombia. [ Links ]

Custo, E. (2003). Ciudadanía e intervención grupal: un espacio y un tiempo de significaciones en el campo profesional. En N. Aquín (Comp.), Ensayos sobre ciudadanía. Reflexiones desde el Trabajo Social (pp. 100-111). Espacio editorial. [ Links ]

Decreto 1421 de 2017. [Presidencia de la República]. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Agosto 29 de 2017. DO: 50340. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87040Links ]

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2006). Censo General 2005. Discapacidad. Personas con limitaciones permanentes. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/discapacidad.pdfLinks ]

Dunn, W. N. (2004). Public Policy Analysis, An Introduction (3rd ed.). Pearson Prentice Hall. [ Links ]

Fernández-García, T., y López-Peláez, A. (2006). Trabajo Social con grupos. Alianza Editorial. [ Links ]

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación (5ª ed.). McGraw Hill. [ Links ]

Kisnerman, N. (1986). Servicio Social de grupo: una respuesta a nuestro tiempo (6ª ed.). Hvmanitas. [ Links ]

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diciembre 23 de 1993. DO: 41.148 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.htmlLinks ]

Ley 1145 de 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. Julio 10 de 2007. DO: 46685. [ Links ]

Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Julio 31 de 2009. DO: 47427. [ Links ]

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Febrero 7 de 1997. DO: 42978. [ Links ]

Ley 762 de 2002. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). Julio 31 de 2002. DO: 44889. [ Links ]

Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Febrero 27 de 2013. DO: 48717. [ Links ]

López-Díaz, Y., Martínez-Roa, A., y Peralta, L. J. (2009) Trabajo Social de grupo: producción escrita, docencia y modelos de intervención. Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS]. (2012). Abc de los comités territoriales de discapacidad. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/ABC%20DE%20LOS%20CTD%20REVISADOS%20FINAL%2001112012.pdfLinks ]

Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS]. (2020). Boletines Poblacionales: Personas con Discapacidad. Corte diciembre de 2019. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-personas-discapacidad.pdfLinks ]

Ministerio del Interior, (s.f.). Comités Departamentales y Distritales de Discapacidadhttps://www.mininterior.gov.co/grupo-de-gestion-en-discapacidad/comites-departamentales-y-distritales-de-discapacidad/Links ]

Nussbaum, M. C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Paidós. [ Links ]

Ordenanza 050 de 2019. [Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá]. Por medio de la cual se adopta la política pública departamental de discapacidad: la dignidad humana, imperativo ético para la igualdad de derechos del departamento de Boyacá 2020-2029. Diciembre 6 de 2019. [ Links ]

Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (1983). Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304Links ]

Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/informe-mundial-discapacidad-oms.pdfLinks ]

Parra-Ramajo, B. (2017). El Trabajo Social de grupo en la actualidad: La utilización de los vínculos para la promoción del cambio social [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Archivo digital. https://www.tesisenred.net/handle/10803/482214#page=2Links ]

Perilla-Lozano, L., y Zapata-Cadavid, B. (2009) Redes Sociales, participación e interacción social. Revista de Trabajo Social, (11), 147-158. https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/14583/15416Links ]

Roy, V., & Pullen-Sansfaçon, A. (2016). Promoting Individual and Social Changes: A Hybrid Model of Social Work with Groups. Social Work with Groups, 39(1), 4-20. https://doi.org/10.1080/01609513.2015.1033585Links ]

Salamanca-Ávila, R., y Valencia, M. (2017). El Trabajo Social y la perspectiva Histórico Crítica. Universidad Externado de Colombia. [ Links ]

Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. [ Links ]

Seoane, J. A. (2011). ¿Qué es una persona con discapacidad? Ágora, 30(1), 143-161. https://dspace.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/7386/pg_144-163_agora30_1.pdf?sequence=1&isAllowed=yLinks ]

Silveira-Donaduzzi, D. S. da., Colomé-Beck, C. L., Heck-Weiller, T., Nunes da Silva-Fernandes, M., y Viero, V. (2015). Grupo focal y análisis de contenido en investigación cualitativa.Index de Enfermería,24(1-2), 71-75.https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100016Links ]

Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40, 341-388. http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-11.pdfLinks ]

Torres, Z. (1982). Grupo: Instrumento de servicio social (2ª ed.). Hvmanitas. [ Links ]

Toseland, R. W., Jones, L. V., & Gellis, Z. D. (2004). Group Dynamics. In C. D. Garvin, L. M. Gutierrez & M. J. Galinsky (Eds.), Handbook of social work with groups (pp. 13-31). The Guilford Press. [ Links ]

Travi, B. (2007). Diseño, aplicación y evaluación de técnicas e instrumentos en la intervención profesional. SOCIOTAM. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, 17(2), 201-223. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65417209 Links ]

Notas:

1El presente artículo surge del proyecto de investigación “Estado de realización de los derechos de las personas con discapacidad y su vinculación con la política pública en 7 municipios de la provincia centro del Departamento de Boyacá-Colombia,” con COL0072157 del Grupo de Investigación Ciclo Vital Familia y Desarrollo Humano, perteneciente al Programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y el Grupo de Investigación Globalización y Derecho Hugo Grocio del Programa de Derecho, financiado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja

Recibido: 30 de Noviembre de 2022; Aprobado: 31 de Marzo de 2023

Autor de correspondencia: Clara Marcela López-Prieto. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tunja, Colombia. Correo electrónico: cmarcelalopez@jdc.edu.co

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