1. Introducción

El objetivo del trabajo es presentar una categoría teórica que denominé condicionantes políticos de la intervención profesional. Surge como concepto definitivo que sensibilizó y viabilizó el análisis (^{Nun, 2008}) de una investigación en curso². Para elaborarla, parte de una perspectiva politocéntrica del Trabajo Social, la cual supone considerar que la intervención profesional se encuentra políticamente condicionada por las direcciones gubernamentales que sostienen las políticas públicas. Más allá de los procesos de autonomía que tiene el profesional en su ejercicio cotidiano, se considera que los efectos de sentido que se inscriben en la acción estatal estructuran las características de las formas de trabajo del Trabajo Social.

El concepto de condicionantes políticos imprime dilemas, desafíos y aporías a la profesión revitalizando los debates epistémicos, teóricos y metodológicos, así como instrumentales y éticos-políticos. De ahí que se sostenga que las discusiones disciplinares se sitúan en las dinámicas especificas donde se desarrollan (^{Alayón, 2007}). Lo politocéntrico, de las condiciones del ejercicio profesional, coloca el diálogo entre la intervención y los sentidos políticos que guían la acción estatal, entendiéndolos como elementos y piezas constitutivas en la formación, mantenimiento y transformación de los espacios socio-ocupacionales.

La categoría que se desea presentar tiene su punto de partida en un consenso informal que circula en el colectivo profesional, al menos argentino y, se podría resumir de la siguiente manera: el ejercicio profesional no es el mismo de acuerdo a los ciclos políticos, dependiendo del gobierno de turno serán las características laborales y profesionales, las posibilidades y limitaciones de la intervención. Parafraseando a ^{Alayón (1980)}, la idea de condicionantes políticos se podría utilizar para responder la pregunta: ¿Qué diferencias existen en la política social de los diferentes gobiernos? Y, más específicamente, ¿De qué tipo son esas diferencias y de qué manera condicionan los procesos de intervención del Trabajo Social? Pero, al mismo tiempo, el concepto puede servir para indagar otros interrogantes: ¿Cómo y de qué manera se articulan los idearios de los partidos gobernantes con las acciones estatales? ¿Cuáles son los mandatos institucionales que realizan los funcionarios a la burocracia pública para viabilizar su proyecto de sociedad? ¿De qué manera se instrumentalizan las ideas políticas en las políticas públicas del Estado? Se puede considerar que esto resulta de un aspecto particularmente novedoso porque propone articular la práctica disciplinar del Trabajo Social con los estatutos estructurantes de la intervención social del Estado en relación a aquellos proyectos políticos que lo “gobiernan”.

Por otro lado, se debería hacer explícita la hipótesis que sostiene el escrito: no hay política pública sin decisión política. Tal hipótesis no niega otras dimensiones de la acción estatal como las científicas, técnicas, expertas, sociales, económicas y culturales. Sin embargo, decir ello significa que sin la decisión política revestida de autoridad pública no se pueden realizar desde el Estado. Y esas decisiones no se encuentran sostenidas en la nada, en el aire y sin subjetividad; muy por el contrario, se localizan en los significados que le imprime la autoridad gubernamental. Significados que se ponen en juego a la hora de construir legitimidad, identificar problemas y trazar la función de la acción. Son sentidos a los cuales los actores adhieren y tratan de hacerlos valer en relación a un orden social.

Cuando el Estado conceptualiza los problemas sociales, define sus abordajes y los sujetos destinatarios de su acción, no lo realiza teológicamente, sino que lo hacen funcionarios específicos conducidos políticamente bajo un proyecto de orden social (^{Zuccaro, 2023}; Weber, 1920 citado en ^{Schluchter, 2008}). De allí que los espacios de concreción de la política pública sea una expresión de ello, situando al Trabajo Social y su intervención, con el mandato de cumplir las decisiones de poder de las instituciones. En este lugar, sin embargo, existen fisuras y grietas que habilitan la posibilidad de observar y desafiarlos, lo que la bibliografía disciplinar ha sintetizado como autonomía relativa (^{Iamamoto, 2003}), “resistencia profesional” (^{Muñoz, 2020}) o “desobediencia civil” (^{Martínez-Herrero et al., 2014}). Categorías que pretenden destacar las estrategias que se dan los trabajadores sociales con cierta independencia de la coyuntura política en sus espacios socio-ocupacionales. La conceptualización que pretende realizar este trabajo es la inversa: sí las miradas mencionadas indagan el ejercicio profesional, aquí se quiere fundamentar uno los elementos que lo condicionan.

En este marco, el trabajo se estructura en dos apartados. En primer lugar, se realiza una reflexión teórico-conceptual donde se reconstruye la categoría que se denominó los condicionantes políticos de la intervención profesional. Para llegar a ello, se definen cuatro conceptos que dan cuenta de la perspectiva adoptada: el Estado, la política, los partidos políticos y los significados. En tal sentido, se parte de una reflexión weberiana que dialoga con autores de distintas tradiciones intelectuales que problematizan o agregan elementos en el desarrollo de la perspectiva politocéntrica del Trabajo Social. Luego, en las conclusiones del artículo se elabora una síntesis de lo abordado con el objetivo de resaltar las reflexiones más importantes. También se presentan algunas fuentes documentales que se podrían utilizar para indagar y observar la categoría presentada.

2. Reflexión teórico-conceptual

La reflexión teórico-conceptual que se desea presentar aquí se enmarca en los debates disciplinares que incorporan y demandan el desarrollo teórico como dominio de su campo intelectual a los elementos que forman y conforman al Trabajo Social. Se puntualiza que algunas características de la política institucionalizada se deberían observar para alcanzar una mayor comprensión de las posibilidades y limitaciones que delimitan los ciclos políticos en los cuales la profesión actúa e interactúa. Este abordaje se sostiene al comprender que la intervención se da en el marco de dispositivos estatales y mecanismos gubernamentales que articulan diferentes modos de regulación pública que sitúan la co-determinación de lo social y lo político.

La reflexión que se desea realizar incorpora y pone a dialogar diferentes conceptos que se utilizan en términos de herramientas analíticas (^{Beccker, 2011}) desde un “programa de investigación en conexión con Weber” (^{Schluchter, 2008}). Para fundamentar la idea de condicionantes políticos de la intervención profesional se deben establecer algunas relaciones anteriores que terminan por dar forma al rompecabezas teórico. Conceptos que se conectan alrededor de la política como medio para acceder al Estado y los partidos políticos como actores institucionalizados para conducirlo, de igual modo que sus significados y el ejercicio del poder público para influir en la sociedad. En cierto punto, es lo que se destacó en la introducción con la idea de perspectiva politocéntrica de la profesión, desde la cual se intenta abordar el problema de reflexión y discusión.

Interesa hablar de condicionantes políticos y no estatales porque el Estado es un actor conducido por partidos políticos que significan su acción a raíz de una determinada visión de mundo. Tal afirmación trae a cuento la lógica del funcionamiento del poder estatal y el ejercicio de la autoridad pública, asumiendo que su dinámica es inseparable de las personas que lo conducen y habitan. Esta noción sitúa al Estado a partir de sus “rostros” (^{Bohoslavsky y Soprano, 2010}) o “caras” (^{O’Donnell, 2008}) que, según ^{Schutz (2003)}, vuelven problemático un hecho mediante sus esquemas interpretativos desde los cuales captan la comprensión del mundo en el que viven.

En la visión weberiana es posible considerar que la política es conflicto y lucha por el acceso al poder estatal³ (^{Weber, 1991}). La política es lucha y conflicto por el acceso al gobierno, por imponer una forma específica de ejercicio gubernamental; la política es una relación social que tiene como presupuesto el ejercicio de la dominación legitima que reviste la autoridad pública. Como toda actividad humana, aquí se articulan fines, medios y valores. Por ello, su razón de ser es poner en práctica y hacer efectiva las cosmovisiones en la comunidad que se gobierna y a las cuales los actores que conducen el Estado adhieren (^{Aguilar-Villanueva, 1984}; ^{Aron, 1979}). Instrumentalización que adquiere una forma típico-ideal de dominación -en sentido normativo- a partir del direccionamiento estratégico del Estado.

La política desde la óptica que se propone aquí se inscribe en esta tradición canónica. Hace referencia a esa voluntad por ejercer el ejercicio de la autoridad pública y la distribución de recursos de diversa índole. Esa forma de acceso al “control” de los direccionamientos estratégicos del Estado y lo público toma la forma, en los regímenes democráticos, de la disputa electoral a partir de agrupamientos en partidos políticos o coaliciones electorales. Lo que se busca no es solo el acceso a la Presidencia de un país, sino también, al control de las diferentes carteras estatales e institucionales; el control de los recursos públicos para distribuirlos de acuerdo a una visión especifica de la sociedad y, a raíz de su distribución, ordenarla y conducirla.

Cierto es que, bien podría objetarse a esta concepción, una visión restringida de la política. Una categoría que solo serviría para conceptualizar las formas institucionales y formales que presenta la sociedad para actuar e interactuar en política. Que, por ejemplo, dejaría de lado las formas subterráneas de acción política, las microscópicas y las alternativas que, incluso sin voluntad de acceder al poder estatal, inciden -o al menos desean hacerlo- en la distribución de recursos públicos a partir de diferentes tácticas y estrategias. Teniendo en cuenta las limitaciones del caso, se sostiene que esta visión es lo suficientemente precisa para situar a la política de acuerdo a los actores del campo político, quienes una vez en el gobierno y revestidos por la autoridad pública que les propicia esa situación social, dirigen el Estado: lo mueven y justifican ese movimiento; lo hacen aparecer en la acción y en la palabra.

Por ejemplo, de acuerdo a la investigación que se viene realizando, se notó que cuando un ministro o, el mismo presidente hablaba, no lo hacía en su nombre, ni en nombre de su partido y, en ocasiones, ni siquiera en nombre del gobierno. Cada enunciado que realizaba lo hacía en nombre del Estado, intentando explicar y/o justificar las decisiones, las asignaciones presupuestarias, resoluciones, programas, entre otras acciones. Además, se identificó que en ese “discurso oficial” se daban argumentaciones que significaban de las acciones estatales. Son los actores políticos quienes terminan por determinar que el problema de la distribución de recursos es la pobreza o la desigualdad y sí, en tal línea, la intervención del Estado debería ser el aumento de la carga impositiva en el sector de la economía concentrada o la reeducación de los pobres.

En síntesis, por política se entiende el medio a partir del cual se ordena un lugar para disputar la regulación de la cosa pública y el bien común y, también, la acción guiada por diversos significados desde donde se actúa e interactúa en la realidad social. Allí, se conjugan diferentes procesos de adscripción y subjetivación para desenvolverse en una situación históricamente estructurada. Dicho con otras palabras, se referenciará a la política como el instrumento y la vía que tienen los diferentes actores sociales para conquistar el poder y ejercer influencia en la comunidad que se gobierna. Lo que nos lleva a otra categoría a describir: los actores de la política, los partidos políticos.

Los partidos políticos son espacios asociativos donde sus dirigentes pueden influir en una determinada sociedad, dado que cumplen la función de trasmitir y representar ciertos valores a partir del poder con el cual se consagran (^{Sidicaro, 2022}). Pero más aún: los espacios político-partidarios son redes de sociabilización (^{Sawicki, 2011}), las cuales condicionan una forma particular de subjetivación política lo que hace que se pongan en “juego” un conjunto de herramientas cognitivas, interpretativas, afectivas y prácticas en función de un tipo de sociedad (^{Bonvillani, 2012}).

Los partidos políticos y sus integrantes hacen al subconjunto de actores colectivos que pretenden acceder al gobierno por medio de la representación democrática (^{O’Donnell, 1989}). Se habla de representación democrática desde su contenido empírico, concreto y normativo. En su constitución material -y no ideal, lo que debería ser-, se la considera como procedimiento de elección, selección y delegación del poder público que establece de forma legítima la relación de dominación entre gobernantes y gobernados. Por estos motivos, se considera que su objeto es el acceso al Estado desde el cual se pretende imponer un proyecto de sociedad a partir de la distribución de recursos de diversa índole. Lo estatal se termina por configurar como la ambición más perfecta de la política institucionalizada.

En términos de estructuras partidarias, los partidos políticos, se caracterizan por encontrarse cohesionados por una visión de mundo históricamente situada y particularmente especifica que lo diferencia de otros. La formulación de la subjetivación política implica una imputación causal, la cual opera entre el tipo ideal y la acción concreta (^{Aronson, 2016}). Recupera la justificación de la acción social para explicar su configuración significativa.

La imputación causal que refiere a las visiones de mundo, Weber las define como “un conjunto coherente de valores” (^{Kalberg, 2011}, p. 209) que son legítimas por la creencia de sus adherentes y se sostiene en relación a la regularidad de fines/valores que configuran el accionar de un actor colectivo determinado. Las visiones de mundo, entonces, resultan ser la configuración simbólica que amalgama los diversos significados de la acción y le otorga coherencia causal.

De aquí es que las acciones estatales siempre tienen objetivos, metas y fines configuradas políticamente. Tienen en su estructura elemental necesidades e intereses que se trazan en relación a un horizonte ideal. Los “para qué” de ese ejercicio, tendrían diferentes sentidos y significados que podrían ser distintos en relación a quienes lo consigan y ejecuten. De tal manera, es que los condicionantes políticos tienen en su estatuto normativo la orientación hacía proyectos de sociedad y responden a intereses de los sujetos gubernamentales.

Las visiones de mundo de los partidos que llegan a la conducción gubernamental se transforman en significados estatales. Se sostiene que las intervenciones del Estado se configuran a partir de los significados que la conducción política le imprime para marcar las guías estratégicas de la acción y producir ciertos procesos de sociabilidad en relación a un proyecto social. El significado es lo que le otorga cohesión y sentido a la acción estatal en tanto emerge como una propuesta en la construcción de un orden. Dicho orden está compuesto por un tipo ideal que guía y articula toda la cadena de significados desde donde se despliegan las acciones. En otras palabras, los significados estructuran la imputación causal como elemento que cohesiona el tipo ideal de sociedad que se persigue y la acción que se realiza para alcanzarla. Son todas las herramientas cognitivas, mentales y emocionales que se ponen en juego a partir de la sociabilización política del actor en el marco de la conformación de la visión del mundo. La visión del mundo en tanto conjunto de valores y fines hace a los significados de la acción estatal en relación al grupo político que la dirige.

Por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos en Argentina, ciclo político de 2015-2019, se transformó uno de los programas de transferencia condicionada de ingreso más masivos. La transformación fue en el cambio de la contraprestación: antes se exigía a los destinatarios la formación de cooperativas de autogestión del trabajo, con la llegada del nuevo gobierno debían empezar a capacitarse para buscar empleo en empresas registradas. El significado que fundamenta ello es diferente: en el primero, el cooperativismo y la autogestión, mientras que en el segundo el individualismo y el capacitismo. En tal sentido, es que se podría decir que lo que define a la política pública o a la acción estatal es su orientación ideológica (^{Alayón, 1980}). De forma que los significados refieren a las convenciones del proyecto político, en donde las características implícitas y explicitas en su justificación y caracterización presupone una pretensión de modificación de las pautas culturales y sociales de las personas implicadas: busca modificar las condiciones de vida, tanto puede ser desde la estructura social o a partir de las conductas de los individuos a quienes se le destinan los recursos.

El significado tiene la función de reafirmar al colectivo en el mundo (^{Schutz, 2015}). Mientras que, al mismo tiempo, en esa reafirmación se transforma el mundo en el sentido de reafirmación de sus contenidos actuales, en la búsqueda o anhelo de alguna característica del pasado y en la subversión del orden futuro. En particular, la característica que tiene esta forma de significar en cuanto a sus efectos de poder, es que la postura que le da sentido a la acción del Estado se realiza desde quien habla en su nombre en relación a ideales normativos y performativos (^{Weber, 2002}, ²⁰⁰⁶).

El significado es el espíritu de la acción, refiere al conjunto de creencias que se asocian a la justificación de un orden (^{Boltanski y Chiapello, 2002}). El “espíritu” de la acción del Estado es el conjunto de elementos legitimados que estructuran el sentido de los efectos de poder, los cuales dirigen y comprometen a los actores implicados en hacerlo funcionar, utilizando sus medios disponibles y persiguiendo fines y valores que moldean los parámetros ideales de dicha acción.

Por último, y no menos importante, los significados de la acción social del Estado condicionan las caracterizaciones y tratamientos de las manifestaciones de la cuestión social⁴. Son tomas de posición ante esa trama de problemas jerarquizados y procesados estatalmente. De forma que se entroncan como desafíos para que los funcionarios de gobierno deban producir discursos sobre los temas que afectan a la sociedad y tomar una posición al respecto. Desde aquí la importancia que cobra para el Trabajo Social, fundamentalmente, porque los significados del Estado operan como condiciones políticas.

En sentido externo o exógeno a la profesión, los condicionantes políticos ejercen una influencia a los estatutos institucionales y laborales del Trabajo Social a partir de los intereses y proyectos de los grupos políticos que conducen lo estatal en la forma de gobierno. Los significados que hacen al Estado atraviesan el sentido público que adquiere la profesión, el cual no es estático ni invariable y, a tal juicio, tiene estrecha relación con los ciclos políticos. Cómo argumenta ^{Vilas (1979)}, las características profesionales del Trabajo Social provienen en gran medida por las condiciones externas y menos por sus características internas.

La perspectiva politocéntrica que se propone entiende que es la lógica política la que, en muchas ocasiones, condiciona el ejercicio profesional. Esta lógica, como primacía, se inscribe en el sustrato específico de la razón del Estado que es, a saber, el ejercicio del poder institucionalizado. Es uno de los estatutos edificantes que rigen en las instituciones y en las políticas públicas, artefactos que estructuran el campo socio-ocupacional del Trabajo Social.

Por ejemplo, en la investigación se identificó que la definición de los criterios (tributarios, científicos, epistémicos, técnicos, económicos, etc.) están determinados por la autoridad política, más allá de que su decisión esté o no influenciada por las relaciones de poder que se dan en la sociedad. Esta afirmación sirve para entender que la comprensión de la intervención social del Estado necesita, no solo indagar lo que efectivamente sucede con ello en las tramas de su implementación, sino las motivaciones, esto es, los significados que la guiaron en su formulación. Principalmente, porque esos significados que estructuran los ciclos políticos se traducen en mandatos institucionales y oficiales. Esto se hace más visible, en ocasiones, cuando el profesional trabaja en espacios socio-ocupacionales que tienen vinculación directa, sin otra mediación jerárquica, que los cuadros políticos, los funcionarios. Pero también estos significados llegan a las otras instituciones, cuya dirección es de “carrera”: lo hacen, al menos, en forma de programas, presupuestos y objetivos generales.

Se considera que los significados políticos que orientan la acción estatal -con sus articulaciones institucionales y gubernamentales- se transforman en mandatos que condicionan la intervención del Trabajo Social. Su indagación, por lo tanto, se vuelve un elemento neurálgico para analizar dentro del campo disciplinar, dado que su actuación se inscribe en el Estado y, el Estado, está profundamente vinculado con la conducción estratégica que parte desde la política, lo político y sus actores.

Bajo esos presupuestos, se considera que la disciplina no está exenta de las dinámicas políticas. Dado que su inserción laboral la realiza en el Estado, es posible contemplar que las lógicas que se inscriben allí condicionan su práctica. Al situarnos en la política, observamos no a ese Estado en abstracto, sino a lo estatal en movimiento: son los actores políticos que conducen el Estado y los significados con que significan la acción social quienes condicionan políticamente la práctica del Trabajo Social. Esta lógica es lo que se denominó a grandes trazos, condicionantes políticos de la intervención profesional. Categoría que, si bien no desconoce los aportes de la teoría marxista y sus fundamentos para la comprensión de la profesión en el sistema capitalista, recupera la idea de primacía de lo político de Alcira ^{Argumedo (1993)}, la cual entiende que es la política la que dirige la economía (^{Carballeda, 2010}). O en sentido weberiano, esta primacía de lo político comprende que las dinámicas de producción, expansión y acumulación tiene en su base la decisión de los grupos que conducen el proceso social (^{Weber, 2012}). De aquí, el Estado mediante su conducción política no expresa intereses de clase idealmente agrupadas, ni ejecuta linealmente los intereses económicos dominantes (^{Arias, 2013}).

Las condiciones que interesan destacar son aquellas donde el profesional actúa, y si bien están vinculados a procesos de orden económico, expresan más conexiones a los procesos políticos que definen las políticas y atenderán las condiciones de vida de los asalariados. Los condicionantes políticos permiten valorar que, incluso dentro de la lógica de un mismo sistema global, las condiciones de la población con las cuales trabajamos serán diferentes, que las problemáticas que atenderemos serán distintas y que, incluso, las demandas de que nos lleguen e inauguren la intervención serán diversas.

Los ciclos políticos, entonces, condicionan de manera coyuntural a nuestra profesión de acuerdo a las asignaciones presupuestarias, al diseño de programas, políticas y acciones, a las normativas, resoluciones y decretos, pero también a los mandatos oficiales que hacen los ministros y/o directores de acuerdo a sus subordinados laborales. Son éstos quienes tienen a cargo el poder de la dirección política de los instrumentos e instituciones estatales y, en esa orientación, exigen a los trabajadores que arbitren todos los medios para mover al Estado hacia ese horizonte.

Estos condicionantes son simbólicos y materiales. Simbólicos en el sentido de la orientación general del proyecto societal hacia donde los actores del campo político orientan la práctica estatal. Materiales, porque se verifican en los recursos financieros y organizacionales que se destinan, mediante la decisión política. De modo que es la política la que define sobre qué y quiénes va a intervenir la acción estatal. Por ello, la práctica de nuestra profesión siempre es una práctica condicionada por un “mandato oficial”. Tal mandato define la intervención social del Estado y, en consecuencia, la de los trabajadores que participan en su proceso (^{Olejarczyk y Demoy, 2017}). Las acciones del Estado se inscriben en las ideas que deben orientar y dirigir la sociedad politizando las políticas y condicionando políticamente al Trabajo Social.

Los condicionantes políticos traen a cuento la ligazón inseparable e inexorable de la política y el Trabajo Social. Ligazón que expresa una configuración específica de elementos institucionales que condicionan la práctica profesional y se manifiesta en las diferentes medidas simbólicas y materiales que se toman en el marco de la política, donde se definen los objetos temáticos sobre dónde intervendrá el Estado. Es el aparato político el que hace la concretización de la política pública y, si esta afirmación es cierta, es la que condiciona el resto de relaciones que se establecen allí (^{Zamanillo-Peral y Martín-Estalayo, 2011}).

Por ejemplo, no implicaría lo mismo para la intervención profesional que la noción de justicia que persiga la política pública se edifique bajo la igualdad de posiciones o la igualdad de oportunidades -por seguir la diferenciación que propone ^{Dubet (2011)} -, dado que la primera identificaría los problemas en la estructura social, mientras que la segunda en las posibilidades y habilidades del sujeto para justificar la asistencia mediante la redistribución del excedente fiscal. En tal sentido, en un contexto de aumento de la pobreza, la primera identificaría como núcleo problemático la desigual distribución de la riqueza producida, mientras que la segunda las posibilidades de participar en esa distribución. De acuerdo a estos puntos, se anuda la cuestión performativa de la intervención donde, por ejemplo, en un contexto de aumento de desempleo, la primera tendría en cuenta el contexto mundial de retracción del trabajo formal y pensaría en formalizar las distintas formas de trabajo desarrolladas en la diversidad de las concepciones económicas -como la economía popular, social y solidaria-, mientras que la segunda en las condiciones de “empleabilidad” y como contraprestación de las personas destinatarias a los programas sociales pondría la capacitación de habilidades afectivas, prácticas y cognitivas de las personas para que pueden competir en el mercado del trabajo registrado.

Estos ejemplos, planteados grosso modo, intentan traer a cuento y hacer tangible la categoría. Y se mencionó que no sería lo mismo para el campo disciplinar, no solo por la dimensión ético-política, sino en términos de las actividades de gestión y asistencia. En definitiva, si los condicionantes políticos expresan la co-construcción de la cuestión social -en términos de selección y abordaje de sus manifestaciones expresadas como problemas sociales- y la dirección de sentido de la política pública, estamos situándolos en el estatuto argumental de la profesión. Afirmación que sigue la idea de ^{Rozas-Pagaza (2010)} que expresa que: “la cuestión social y las políticas sociales constituyen la base argumentativa de la formación y la intervención profesional y que constituyen un punto de referencia ineludible para entender la profesión en relación a la realidad” (p. 43).

Observar los condicionantes políticos en términos de cuestión social y política pública, circunscribe en la referencia de que estos procesos devienen de los significados que estructuran y cohesionan a los partidos políticos que conducen el Estado. Significados que orientan el sentido en la construcción de los problemas sociales, la dirección de las acciones estatales y las características institucionales, elementos edificados por las decisiones gubernamentales que pueden transformar los espacios socio-ocupacionales del Trabajo Social.

No sería igual que un tema procesado estatalmente tenga rango de ministerio o secretaría o, más específicamente, no representarían las mismas posibilidades o limitaciones, la ubicación de la dependencia en que se encuentre. Por ejemplo, la intervención profesional no tendrá los mismos alcances sí a los temas de violencia por razones de género o diversidad sexual, la configuración política lo determina como una incumbencia dentro de la cartera de salud o en un ministerio destinado exclusivamente para su tratamiento; o bien, que esa misma cartera sea un ministerio, secretaría o dirección. Estas decisiones modifican, no solo los esquemas presupuestarios, sino también las funciones de las instituciones públicas. Por tales motivos, es que se considera a la política como uno de los fundamentos ontológicos de la práctica profesional, dado que es el instrumento institucionalizado para el acceso a la conducción del Estado. Esta afirmación sugiere una relación entre el Estado “conducido” y el Trabajo Social, estrechamente vinculado al derrotero de las ideas políticas.

3. Conclusiones

La perspectiva que fundó el trabajo propuso suspender la visión universal de la política para reconstruir su especificidad y, desde allí, conectarla con el Trabajo Social. Se denominó como condicionantes políticos de la intervención profesional a aquellos elementos de orden material y simbólico que estructuran el campo disciplinar de acuerdo a los periodos gubernamentales. En este artículo, se intentó ofrecer una fundamentación de su articulación con el campo disciplinar para situar un debate que reclama que sea profundizado como dominio de su estatuto intelectual.

Si bien las ideas que se presentaron no deben ser consideradas como definitivas y están abiertas a modificaciones, es posible considerar que la lógica política que atraviesa al Estado, desde sus configuraciones de acceso hasta la constitución del ejercicio del poder y dominación, es un elemento a ser estudiado por el Trabajo Social. Esta afirmación encuentra su raíz en el estatuto argumental y formativo de la profesión vinculado a la cuestión social y las políticas públicas.

Dentro del Trabajo Social, el estudio de tales elementos es un lugar propicio para fortalecer y reconocer diferentes proyectos ético-políticos en el marco de los proyectos de poder inscriptos en la sociedad y traducidos institucionalmente en la política. Así puede ser posible reconstruir los posicionamientos identificados en la disciplina y situarlos con los procesos sociales macroscópicos que se dan en la realidad de la que es parte, argumentando que de esa forma se enriquecerá el debate público en el marco del fortalecimiento del proceso democrático.

Por otro lado, el concepto surge como una forma de viabilizar algunas preguntas e interrogantes que emergieron en el marco de la realización de una investigación que sitúa el recorrido en dos dimensiones: 1) las maneras en que los planteles gubernamentales acceden al poder, dado que su análisis permite reconstruir las configuraciones específicas de lo social constituido por clivajes, conflictos y legitimidades que se sintetizan en la representatividad política y en su traducción por el sistema político; 2) las ideas, cosmovisiones y valores que luego se traducirán en acción estatal, incorporando una noción de justicia -en las maneras en que la sociedad redistribuye o no el excedente fiscal y sus recursos en general-, de cuestión social -en la conceptualización y procesamiento estatal de un conjunto de problemas sociales que se deberían resolver para alcanzar el bien común- y un modo de intervención estatal -que sostiene las características normativas y performativas inscriptas en operaciones estatales-.

Para un programa de investigación que considere estos aspectos, es posible situar su indagación en el análisis de la letra de la política pública, las formas de financiamiento, los discursos que los funcionarios realizan y también hablar con los trabajadores sociales. En ese marco podrían encontrarse relaciones entre los condicionamientos y la elasticidad que existe (o no) en ciertos procesos de intervención. Además de los registros metodológicos de entrevistas y observación, las estrategias de recolección de datos de fuentes secundarias pueden resultar pertinentes. En tal sentido, el análisis del discurso se presenta como herramienta que puede ser utilizable a los fines de poder reconstruir las continuidades enunciativas que realizan los actores para abordar la configuración significativa del mundo social y los enunciados estratégicos que utilizan de acuerdo a la valoración y proyección que hacen del contexto (^{Zuccaro, 2024}). Para ello, puede ser interesante la reconstrucción, además de los enunciados públicos, de los documentos partidarios y los programas intelectuales a los cuales adhieren los partidos políticos, así como puede ser pertinente el análisis de las normativas, resoluciones, leyes, la distribución de recursos públicos y las tareas asignadas a cada institución durante un ciclo político. Las fuentes documentales mencionadas, son a modo de ejemplo, dado que cada investigación es particular y debe realizarse con aquellos datos a los cuales puede acceder y que, mejor viabilicen, el abordaje de su programa de investigación.