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1. Introducción
“La humanidad ha abierto las puertas del infierno” Gutiérrez (2023, párr. 3.)
En la actualidad Trabajo Social presta urgente atención a las problemáticas ambientales, reconociendo que sus principales causas obedecen a la profundización de los procesos contaminantes, asociados al modelo económico extractivista global vigente (Uribe-Sierra y Panez-Pinto, 2022). Desde la perspectiva internacional, la principal problemática corresponde al cambio climático que afecta la seguridad ambiental del planeta, siendo referido como evidencia de una triple crisis que involucra además la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, debido a la disminución de los bosques, la degradación de los suelos y la extinción de especies (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2023; Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2023; World Meteorogical Organization [WMO], 2023). Frente a esta apremiante situación, la Organización de Naciones Unidas ha planteado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015), que focaliza esfuerzos internacionales para la consecución de un futuro sostenible, a partir de 17 objetivos relacionados con áreas claves del desarrollo. Sin embargo, el reporte evaluativo de la Agenda 2030 estima que los avances a la fecha no superan el 15% del total, 48% de los objetivos muestran avances mínimos y el 37% se ha estancado o no presenta avances; lo que aumenta las preocupaciones respecto de la situación ambiental global (ONU, 2023).
Para Melo et al. (2023) el cambio climático es resultado del calentamiento de la atmósfera por acumulación de gases de efecto invernadero, generados por los combustibles fósiles que sostienen energéticamente el modelo económico global y que afectan directamente la sostenibilidad de los ecosistemas y de la vida humana. En Chile, las consecuencias del cambio climático son evidentes. Según el Informe País (Universidad de Chile, 2023) el territorio nacional es altamente vulnerable al cambio climático, siendo observables incrementos significativos en las temperaturas mínimas y máximas extremas en los diversos territorios continentales e insulares del país; cambios en los regímenes de precipitaciones históricas causando megasequías, precipitaciones intensas en breves períodos de tiempo asociadas a graves inundaciones; alzas en los episodios de olas de calor en épocas estivales y olas de frío en épocas invernales; disminución de la humedad del suelo; e incrementos en la temperatura promedio y en el nivel de acidez del mar. Asimismo, se constatan eventos de marejadas destructivas que ocasionan pérdidas de playas, bahías y bordes costeros; disminución de los caudales y afluentes de lagos, humedales, tranques, embalses y espejos de agua; aumento de la isoterma 0° en la zona cordillerana ocasionando riesgos de aluviones; retrocesos de los glaciares y disminución de la duración y extensión de la capa de nieve estacional.
Sumado a lo anterior, en Chile las problemáticas ambientales están asociadas a las denominadas zonas de sacrificio y a los efectos ambientales adversos derivados de las formas de vida y trabajo que se desarrollan en los territorios rurales y urbanos del país. Respecto de las zonas de sacrificio, corresponden a territorios que sostienen actividades extractivas y procesos industriales altamente contaminantes ligados principalmente a la minería, los combustibles fósiles y la energía; y cuyas consecuencias ambientales afectan directamente a la salud humana y a los ecosistemas naturales (Bolados-García et al., 2021). En Chile, se identifican como principales zonas de sacrificio a los complejos industriales ubicados en las comunas costeras de Mejillones y Tocopilla (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Quintero-Puchuncaví (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío-Bio), los que son considerados estratégicos para el funcionamiento de la matriz energética nacional, independientemente de sus externalidades ambientales negativas (Allain, 2019). Estas actividades industriales deterioran gravemente la calidad de vida de las localidades y originan conflictos socioambientales que confrontan a las actividades contaminantes con las demandas de las organizaciones sociales que buscan defender sus recursos naturales y su calidad de vida (Retamal-Maldonado et al., 2021). En una definición amplia, la denominación de zonas de sacrificio incluye también a los diversos territorios del país afectados por relaves mineros, contaminación por agroquímicos en zonas agrícolas, plantaciones forestales sustitutivas de bosques nativos, depredación de la biomasa marina por pesca industrial, contaminación del fondo marino por actividades acuícolas y concentración de vertederos en zonas comunales e intercomunales (Uribe-Sierra y Panez-Pinto, 2022).
En relación a los problemas ambientales de las zonas productivas rurales, debe tenerse presente que el modelo de desarrollo extractivista del país se sostiene en las prácticas intensivas aplicadas sobre los recursos naturales. Desde allí, la conformación de circuitos productivos agrícolas, silvícolas, mineros y pesqueros orientados a la exportación de materias primas que se caracterizan por una alta concentración de la propiedad y una acumulación de capitales nacionales y transnacionales que presionan sobre el medio ambiente para mantener sus niveles de rentabilidad económica (Castañeda-Meneses y Salamé-Coulon, 2021). Como resultado, se generan externalidades negativas entre las que destacan la erosión de los suelos productivos, sobreexplotación y degradación de recursos naturales, fragmentación de ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, contaminación de agua, aire y suelos por uso de químicos y antibióticos, y avance de especies transgénicas y alóctonas que afectan los equilibrios de ocupación territorial y de sobrevivencia de las especies nativas (Universidad de Chile, 2023). En las zonas urbanas los principales problemas ambientales corresponden a contaminación atmosférica por emisiones de gases efecto invernadero, contaminación acústica, inapropiada gestión de residuos y deficiente movilidad urbana. A lo anterior se suma la permanente demanda por recursos naturales para satisfacer las necesidades de energía, combustible y abastecimiento que sostienen el funcionamiento de las grandes urbes; los riesgos de incendios en zonas urbano-forestales y la pérdida de áreas verdes por falta de recursos para su mantención o por ocupación de hecho con fines habitacionales (Bergamini et al., 2017).
Frente a este adverso panorama, Trabajo Social ha debido incorporar estas temáticas en forma diligente en su repertorio profesional, para contribuir a enfrentar las problemáticas ambientales descritas. A nivel internacional, se reconoce una configuración amplia vinculada al Trabajo Social Ambiental (Barthel et al., 2021; Drolet et al., 2016; Payne, 2020), destacando en este marco la perspectiva de Green Social Work, propuesta por Dominelli (2018) y respaldada por la Federación Internacional de Trabajo Social FITS; que es concebida como una aproximación innovadora a los problemas ambientales desde la práctica profesional y que incluye la aproximación holística de la profesión con las personas y seres vivos (flora, fauna y ecosistemas físicos) enfatizando la relación natural entre todas sus partes constituyentes. Sus acciones refieren a las consecuencias sociales de la crisis ambiental y se fundamentan desde la perspectiva que el deber profesional de cuidar de los demás incluye también el cuidado del planeta tierra. Sus principales preocupaciones corresponden a desastres naturales, prácticas agrícolas verdes, seguridad alimentaria, desastres provocados por acción humana, desastres sanitarios, eventos climáticos extremos, migración impulsada por desastres, industrias urbanas contaminantes y educación ambiental (Dominelli, 2012). A nivel latinoamericano, es una preocupación profesional creciente expresada desde aportes conceptuales y reflexivos sobre problemáticas y experiencias ambientales (Dolores-Bautista y García-García, 2023; Panez-Pinto y Mendoza-Arragiada, 2023; Quintana-Ramírez y Castellanos-Martínez, 2023). A nivel nacional, se considera un campo profesional emergente, cuyo repertorio se encuentra en pleno proceso de conformación desde las bases aportadas por el acervo profesional histórico y por las renovadas demandas ambientales que emergen desde los territorios y por efecto de la crisis climática (Burdiles et al., 2023; Saavedra y Marchenzini, 2020; Vallejos-Laming, 2023).
Los fundamentos del Trabajo Social ambiental se asocian al Derecho a la Justicia Ambiental, cuyos antecedentes surgen en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo que reconoció la triada de derechos ambientales ciudadanos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales (ONU, 1992). Según Contardo-Cortés (2023) estos derechos buscan garantizar a la sociedad civil acceso a información de relevancia ambiental; participación de manera significativa y apropiada en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales; nivelación de asimetrías en la influencia en procesos legislativos o judiciales de los diversos grupos sociales; y aumento de posibilidades de reparación por daño ambiental; garantías que permiten asegurar el derecho sustantivo a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Asimismo, sus acciones profesionales se entrelazan con los principios ambientales de reducir, reutilizar y reciclar identificados como “las tres R” y que orientan las acciones educativas ambientales sobre consumo responsable (Lara-González, 2008). En el marco de los aportes de la economía circular, estos principios se han enriquecido con los nuevos principios ambientales de reordenar, reformular, reparar, revalorizar energéticamente, rediseñar, recompensar, renovar y recuperar, conformando una renovada propuesta de principios ambientales conocidos como 10R o “las diez erres” (Gaztelumendi et al., 2019).
En este marco, el artículo presenta los resultados de una investigación documental cuyo objetivo busca caracterizar la actual situación del Trabajo Social ambiental chileno a partir de sus antecedentes históricos, sus contribuciones distintivas en las jerarquías de intervención ambiental y los principales problemas sociales asociados a la crisis ambiental que demandan su intervención especializada. Con ello, se busca visibilizar los aportes del Trabajo Social chileno a la conformación del Green Social Work a nivel internacional.
2. Metodología
Se realizó una investigación documental con enfoque cualitativo, desarrollada a partir del interés por las problemáticas sociales asociadas al tema ambiental que se presentan en la actualidad y las oportunidades que representan para el desempeño de la profesión. Las variables seleccionadas estuvieron orientadas a rescatar los avances históricos y los aportes del Trabajo Social chileno en los problemas ambientales, a partir de la revisión de documentos y publicaciones vinculadas con el tema de interés. En este sentido, los textos escritos son concebidos como esquemas de organización social de contenidos y como agentes activos en la circulación de información (Rivera-Aguilera, 2017). El corpus documental estuvo organizado en dos categorías de análisis. La primera corresponde a la revisión documental histórica respecto al desempeño profesional que permitió la caracterización de una semblanza histórica del Trabajo Social ambiental en Chile. La segunda está conformada por información especializada en temas ambientales aportada por artículos científicos, políticas públicas, cuerpos legales e informes internacionales, que permitieron definir las contribuciones profesionales en las jerarquías de intervención ambiental e identificar los principales problemas sociales derivados de la crisis ambiental que demandan la intervención especializada.
Los criterios de búsqueda de información correspondieron a problemáticas ambientales nacionales e internacionales, jerarquías de intervención ambiental y desempeño de Trabajo Social en las problemáticas ambientales históricas y contemporáneas. La información recopilada fue organizada y analizada a partir de la propuesta de Rose (1996) que considera la caracterización y análisis de los contenidos, conocimientos, saberes expertos y experiencias aportados por cada documento; para posteriormente organizar y categorizar los resultados obtenidos en torno al objetivo de investigación definido. Los aspectos éticos fueron cautelados a través de la utilización de la correspondiente cita en el uso de información de interés obtenida del corpus documental.
3. Hallazgos
3.1 Semblanza histórica del Trabajo Social ambiental en Chile
El repertorio profesional del Trabajo Social chileno aparece ligado desde sus inicios a la promoción de los temas ambientales en los territorios urbanos y rurales del país. En efecto, desde su fundación como profesión sucedida en el año 1925 se instaló una urgente impronta higiénica sanitaria con énfasis en educación familiar que buscó favorecer el acceso de la población urbana y rural a la atención de salud materno-infantil, con especial interés en el control de embarazo y en la atención profesional del parto, manejo de enfermedades infectocontagiosas, manipulación de alimentos, control de vectores y adecuada disposición de basuras en el hogar (López-Campillay, 2018; Simón-Ruiz y Sánchez-Andaur, 2017). A lo largo de las décadas siguientes, se sumó la preocupación por mejoras en las condiciones de higiene y salubridad de las viviendas en los núcleos urbanos, a través de la implementación de sistemas de abastecimiento de agua potable y de eliminación de excretas, junto con la regulación de la disposición y retiro de basuras; siendo el principal aporte profesional en estas materias las acciones educativas ambientales realizadas en torno al correcto uso y mantención de los avances sanitarios concretados (Bravo y Martínez, 1993; MacDonald 1983).
Décadas más tarde, Trabajo Social sumó a su impronta higiénica sanitaria en zonas rurales la preocupación por la protección de los recursos naturales a través del acompañamiento profesional realizado en los asentamientos campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, proceso de cambios estructurales en la propiedad de la tierra que fue iniciado en Chile en el año 1962 y que se extendió hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973. En este período la profesión aportó en los procesos de alfabetización, cooperativismo y sindicalización campesina, definidas como estrategias centrales para alcanzar la autonomía campesina en el manejo de los recursos naturales que obtendrían mediante el proceso reformista (Corporación de la Reforma Agraria [CORA], 1970). Asimismo, la profesión acompañó socioeducativamente los esfuerzos realizados por las inversiones públicas destinadas a mejorar los servicios de salud rural y dotar de adecuadas condiciones materiales y de infraestructura a las viviendas campesinas (Castañeda-Meneses, 2018).
De manera convergente, a contar de la década de 1960 Trabajo Social comenzó a implementar en sus desempeños el método de organización y desarrollo de la comunidad, patrocinado por la Oficina Panamericana de la Salud (Ware-Farrar, 1962), siendo sus primeras aplicaciones en programas de educación sanitaria y de saneamiento ambiental urbano (López-Campillay, 2018). Estas experiencias fueron definidas con un carácter piloto, lo que permitió monitorear los procesos de implementación, validar la importancia de la participación social en la superación de problemas que afectaban a los diversos territorios y reconocer la legitimidad de las organizaciones sociales como representantes de las necesidades y demandas de la población. En el momento del golpe de Estado de septiembre de 1973, el método de organización y desarrollo de la comunidad era aplicado por Trabajo Social a lo largo del territorio, conforme las prioridades sectoriales definidas por las políticas públicas de la época (Castañeda-Meneses y Salamé-Coulon, 2016).
Durante los años dictatoriales, Chile inicia la implementación de un modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de los recursos naturales agrícolas, forestales, mineros, pesqueros y acuícolas, que impuso fuertes presiones sobre la propiedad de los recursos y los estándares productivos, con el fin de asegurar rentabilidades favorables a los grupos económicos propietarios de las inversiones. Con ello, las preocupaciones ambientales comenzaron a expresarse incipientemente en los territorios rurales ligados a las acciones de las organizaciones no gubernamentales que acompañaron a las zonas rurales en la época dictatorial y en donde Trabajo Social formó parte de equipos de trabajo interdisciplinarios, desde donde contribuyó en aspectos socioeducativos y sociojurídicos vinculados principalmente a la producción agropecuaria campesina de subsistencia (Bengoa, 1984; Castañeda-Meneses y Salamé-Coulon, 2019; Cruz y Leiva, 1982; Cruz y Rivera, 1984; Gómez, 1990; Grupo de Investigaciones Agrarias de Chile [GIA], 1979). Sin embargo, los hallazgos respecto de prácticas depredadoras de los recursos naturales y sustitutivas de prácticas tradicionales que se iniciaban en aquella época se realizaron dentro de una lógica sectorial, focalizada y de abierta oposición política, siendo imposible permear estas preocupaciones hacia los centros de poder dictatoriales que impulsaban el modelo económico extractivista, dado el riesgo de represión política que representaba esta información. Por tanto, en este período los avances en las regulaciones o fiscalizaciones favorables a la protección ambiental respecto de los recursos naturales son inexistentes.
En forma paralela, el desempeño profesional en este período en organizaciones gubernamentales mantuvo a Trabajo Social ligado a su impronta tradicional higiénica sanitaria, implementada en forma acotada desde las modalidades de intervención individual o familiar y con una marcada orientación asistencial, dado que los procesos de organización social y participación comunitaria fueron abiertamente reprimidos por no formar parte de las concepciones ideológicas de las autoridades dictatoriales (Castañeda-Meneses y Salamé-Coulon, 2022). Con ello, los aspectos vinculados a los temas ambientales continuaron siendo interpretados desde la profesión con una perspectiva sanitaria y desde los avances alcanzados por la materialidad de la dotación en los servicios básicos e infraestructura sanitaria. En este marco destaca la dictación de la Ley 18138/1982 que da origen al Programa de Construcción de Viviendas y de Infraestructuras Sanitarias, conocido como el Programa de Mejoramiento de Barrios; y la continuidad del Programa de Agua Potable Rural iniciado en el año 1964 con el Plan Básico de Saneamiento Rural (López-Campillay, 2018). En ambos programas, Trabajo Social aportó con procesos de caracterización socioeconómica que permitieron definir las asignaciones de los beneficios a las familias postulantes. Asimismo, durante la década de 1970 se iniciaron las acciones de medición de los índices de la calidad del aire en las zonas metropolitanas del país, las que permitieron la formalización de las bases técnicas para las normativas reguladoras que se comienzan a aplicar a partir de la década de 1980 (Labraña et al, 2021). Con ello, la atención profesional se dirigió a las acciones socioeducativas destinadas a la prevención de enfermedades respiratorias, con especial énfasis en las personas mayores, niñez y pacientes crónicos.
A contar de 1990 y con el retorno al régimen democrático, los temas ambientales no ocuparon la agenda pública en forma central, debido a que el crecimiento económico y la estabilidad política transicional permitió acotar estas preocupaciones a situaciones focalizadas, que fueron manejadas formalmente desde las instancias gubernamentales correspondientes (Delamaza, 2012). El primer hito relevante en estas materias se produce en el año 1994, con la constitución de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, antecesora legal del actual Ministerio de Medio Ambiente, repartición que inició oficialmente su funcionamiento como cartera el año 2010. Ese mismo año se promulgó la Ley 19300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que entre sus materias definió los Instrumentos de Gestión Ambiental; el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental; la participación de la comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental; Normas de Emisión; Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación; la Responsabilidad por daño ambiental; la Fiscalización y el Fondo de Protección Ambiental.
En las décadas de 1990 y 2000, la vinculación de Trabajo Social con el tema ambiental continuó desarrollándose centralmente a partir de su tradición sanitaria, sumando en forma incipiente acciones asociadas a la gestión social y a la educación ambiental para la protección comunitaria de los recursos naturales del territorio (Bastías, 1997). Sin embargo, Trabajo Social no se incorporó en forma protagónica en el desarrollo de los procesos asociados a los Instrumentos de Gestión Ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o en la participación comunitaria para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo materias percibidas como especializadas y ejecutadas por asesorías técnicas u organismos privados, fuera del desempeño tradicional en organismos públicos. En consecuencia y salvo excepciones, han sido otras profesiones de las ciencias sociales las que han ocupado y validado las oportunidades de trabajo socioambiental que representa la normativa.
La estabilidad inicial de las primeras décadas de normalización democrática dio paso tiempo después a un creciente malestar social, relacionado con los incuestionables efectos ambientales negativos que han ocasionado las actividades extractivas realizadas en los diversos territorios. Su principal medio de expresión han sido los movimientos ciudadanos que han planteado conflictos abiertos con la institucionalidad y con las normativas ambientales y económicas vigentes. Destaca como hito fundante el movimiento ciudadano “Acción por los Cisnes” de la comuna de Valdivia (Región de Los Ríos) que en el año 2004 denuncia la muerte masiva de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter, desastre ambiental asociado a la puesta en marcha de la planta de Celulosa Arauco y Constitución CELCO en la vecina comuna de San José de la Mariquina (Delamaza, 2012). Una vez que se realizaron importantes acciones de protesta social comunales a las que se fueron sumando masivas manifestaciones en otras ciudades del país, se concluyó con una inédita condena a la empresa por daño ambiental. Posteriormente, en el año 2010 se sucedieron protestas ciudadanas que detuvieron la construcción de una central termoeléctrica en la reserva nacional de biodiversidad marina Pingüino de Humboldt ubicada en la Región de Coquimbo. En el año 2012 se realizaron manifestaciones a nivel nacional en contra del proyecto Hidroaysén que contemplaba la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén. La protesta social que terminó paralizando el proyecto fue liderada por el movimiento Patagonia Sin Represas. A lo anterior se sumó la cancelación del megaproyecto de planteles porcinos en la comuna de Freirina (Región de Atacama) por las protestas de sus habitantes; y las manifestaciones del Movimiento Social de Aysén por las decisiones centralizadas de las autoridades que no consideraban su realidad económica y ambiental regional (Allain, 2019).
Esta protesta social ambiental se ha extendido en los años recientes por diversos territorios, debido a los episodios críticos de contaminación en las zonas de sacrificio y aprobación de proyectos extractivistas en otras regiones del país, relevando la oportunidad que representa para Trabajo Social respecto del acompañamiento de las organizaciones ciudadanas en los conflictos ambientales en curso, por medio del trabajo en redes comunitarias, interinstitucionales e intersectoriales. Del mismo modo y conforme al avance de estas dinámicas, Trabajo Social ha incorporado progresivamente estrategias de intervención socioeducativa en materias ambientales en todas sus áreas de desempeño, las que buscan motivar a la población para la adopción de conductas que contribuyan a la preservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la aplicación de los principios ambientales en sus acciones cotidianas, con el fin de proteger la vida en el planeta y aportar a su conservación para las generaciones venideras.
3.2 Contribuciones de Trabajo Social ambiental en las jerarquías de intervención ambiental
La intervención socioambiental de Trabajo Social se fundamenta en la formulación de un diagnóstico socioambiental (Castañeda-Meneses, 2023), que es concebido como un juicio profesional informado respecto del territorio y su población, con especial atención en las condiciones de acceso, propiedad, uso, distribución y protección de los recursos naturales disponibles. Se focaliza en las condiciones ambientales del territorio, considerando los principales hitos históricos de ocupación, poblamiento y urbanización. Busca definir potencialidades y vulnerabilidades del territorio frente a riesgos ambientales; junto con identificar y priorizar los principales problemas ambientales de la comunidad. Para ello, se tiene presente la institucionalidad, organismos públicos, privados y servicios presentes en el territorio; y las organizaciones comunitarias que representan los intereses de la población directamente involucrada en los problemas ambientales diagnosticados. Estos referentes serán la base para procesos de intervención socioambiental que involucren redes comunitarias, interinstitucionales e intersectoriales.
La formulación de programas, proyectos o planes de trabajo para los problemas identificados y priorizados en el diagnóstico socioambiental, toman como base los saberes profesionales de Trabajo Social aportados desde su trayectoria histórica, los que incluyen la intervención social con familias con carácter asistencial y promocional; la organización y desarrollo comunitario con carácter asistencial y promocional; la protección de los recursos naturales; las intervenciones socioeducativas en torno a higiene, salubridad y protección ambiental; la orientación sociojurídica; la gestión social y el trabajo en redes comunitarias, interinstitucionales e intersectoriales. Este acervo profesional es transferible a las jerarquías de intervención ambiental aportadas por Bonilla et al. (2022), ONU (2018) y Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2014) permitiendo caracterizar los aportes de Trabajo Social frente a las diversas problemáticas ambientales. Esta jerarquía de intervención ambiental reconoce tipos de acciones asociadas a prevención, minimización, mitigación, reparación y compensación.
La prevención ambiental busca anticiparse a los impactos negativos producidos por daños en la biodiversidad y en otros componentes del ambiente. En este tipo de acciones preventivas Trabajo Social presenta una importante potencialidad debido a su amplia experiencia socioeducativa y de gestión social realizada a lo largo de las décadas en diversos contextos, temáticas y grupos de interés. Así entonces, el aporte profesional en torno a la prevención ambiental puede ilustrarse a través de acciones realizadas con comunidades organizadas en torno a prevención de incendios forestales en zonas de riesgo urbanas o rurales a través de desmalezamiento, eliminación de microbasurales y mantención de zonas de cortafuegos; o en la organización de la capacidad de respuesta comunitaria frente a desastres socioambientales, a través de identificación de zonas seguras de evacuación, despeje de acceso para vehículos de emergencia, habilitación de sistemas de comunicación de emergencia entre vecinos y señalética sobre riesgos y zonas de seguridad.
En la minimización ambiental, se busca reducir la duración e intensidad de los impactos ambientales en los territorios afectados. En este segundo tipo de acciones ambientales Trabajo Social pone en juego sus saberes socioeducativos para impulsar iniciativas familiares y comunitarias que acoten los niveles de impacto adversos de la acción humana sobre los recursos naturales o sobre el territorio. Así por ejemplo, el fomento del uso del transporte público por sobre el transporte particular, la promoción del uso responsable de la energía en el hogar y las acciones socioeducativas que difunden los principios ambientales de reciclaje, reutilización y reducción de residuos orgánicos y no orgánicos, son acciones que permiten ilustrar este concepto.
Respecto de la mitigación ambiental, estás acciones están orientadas a rehabilitar o restaurar ecosistemas degradados. Dado que el daño ambiental ya se ha infringido causando en ocasiones malestar y protesta social, las acciones de mitigación demandan esfuerzos en torno a la participación de organizaciones sociales, compromiso de autoridades públicas, constancia frente a los tiempos definidos y responsabilidad frente a los recursos disponibles; condiciones que deben estar presentes para hacer posible convergencias que permitan realizar los propósitos ambientales de rehabilitación o restauración definidos de interés para la población dentro de plazos acotados. La contribución de Trabajo Social radica en el manejo avanzado de redes interinstitucionales y redes comunitarias que le permiten convocar esfuerzos de carácter participativo en torno a objetivos de bien común, contribuyendo en la viabilidad de las acciones de mitigación en los territorios, las que pueden ilustrarse en acciones ambientales tales como forestación de suelos erosionados, plantación de redes de arboledas urbanas o rescate de vertederos o áreas degradadas para transformarlos en parques urbanos.
En relación a la reparación ambiental, se busca restituir los componentes o elementos del medio ambiente que hayan sido dañados, aspirando a alcanzar una calidad similar a la que poseían con anterioridad al impacto ambiental negativo. Si no fuese posible, se busca el restablecimiento de sus propiedades básicas. En esta acción ambiental se identifican impactos en el ambiente, en las personas y familias; y en las actividades productivas, sociales o culturales ligadas a los recursos naturales afectados, aspirando a una reparación integral. En ocasiones, estas acciones reparatorias suponen la indemnización económica de las personas y comunidades afectadas. En su implementación se requiere respaldo jurídico, participación social comprometida y apoyo intersectorial, condiciones que aportan obligatoriedad, viabilidad y monitoreo a los avances que se realicen en el tiempo. La limpieza de bahías, ríos o cursos de agua contaminados por combustibles o líquidos percolados que han sido vertidos en forma accidental o intencionada a las aguas y que afectan a las actividades pesqueras, agrícolas o turísticas del territorio, permiten ilustrar el contexto en que este tipo de acciones ambientales se realizan. En este marco, el acompañamiento sociojurídico de Trabajo Social a las demandas de las organizaciones sociales y el desarrollo de procesos socioeducativos que contribuyan al manejo de los efectos ambientales de los episodios críticos o a la reconversión productiva transitoria o definitiva, forman parte de las acciones en que la profesión puede sumarse en la reparación de los ecosistemas.
Finalmente, la compensación ambiental opera sobre daños ambientales irreversibles y busca la indemnización de los componentes afectados, la restitución de hábitats, la reposición de ecosistemas o la realización de acciones recuperatorias compensatorias en otros territorios que resulten equivalentes al desastre o daño ambiental acontecido. La compensación ambiental debe ser proporcional a las pérdidas y demostrar productos de mejoramiento ambiental o conservación que sean concretos y reconocibles, sin dañar ni presionar colateralmente a otros ecosistemas. En estas acciones, Trabajo Social contribuye interdisciplinariamente en acciones de alta complejidad tales como procesos de reasentamiento o traslados de comunidades locales afectadas por contaminación ambiental grave o por pérdida irrecuperable de borde costero debido a marejadas destructivas, en donde los saberes asociados a la intervención familiar y comunitaria contribuyen con una adecuada implementación de las condiciones de compensación ambiental definidas.
3.3 Trabajo Social y problemas sociales derivados de la crisis ambiental
A partir de la investigación documental realizada y considerando el progresivo avance de la crisis ambiental global, es posible reconocer los siguientes problemas sociales vinculados a la intervención de Trabajo Social, los que se encuentran asociados a acciones profesionales realizadas desde el Estado e implementadas principalmente desde enfoques de intervención socioeducativos y participativos.
Población afectada por desastres socionaturales. Las múltiples expresiones de desastres socionaturales desencadenadas a partir de la crisis ambiental de las últimas décadas evidencian las profundas consecuencias sociales que ocasionan las vulnerabilidades de los territorios. La magnitud de las pérdidas materiales causadas por megaincendios, marejadas destructivas, aluviones, sequías prolongadas, lluvias torrenciales o inundaciones advierten que no son situaciones de excepción de pronta recuperación, sino que representan condiciones que se presentan de manera recurrente y exigen acciones proyectivas y de monitoreo permanentes. Los desastres socionaturales actualizan el manejo experto de Trabajo Social en torno a la primera respuesta asistencial frente a emergencias y proyectan acciones socioeducativas, de gestión social, de organización social y de trabajo intersectorial para procesos de largo plazo en torno a reconstrucción de las viviendas e infraestructura afectada; junto con acciones de prevención que impidan la ocurrencia o mejoren la capacidad de respuesta frente a nuevos episodios destructivos.
Escasez hídrica. Uno de los principales problemas ambientales del país corresponde a la escasez de agua dulce, resultado de la megasequía que ha afectado a gran parte del territorio nacional en la última década por efectos del cambio climático; y por otra, debido a la normativa del Código de Aguas (Decreto 1122 de 1981) que permitió la privatización de los recursos hídricos, por medio del otorgamiento de los derechos de agua para empresas agroindustriales y mineras (Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], 2021). Como resultado, la agroindustria representa el 72% del consumo extractivo del agua de regadío, alcanzando en la Región del Maule el 96%; mientras la minería concentra el 56% del consumo extractivo en la Región de Antofagasta (Morales-Estay, 2021). La disminución del agua por efecto de la sequía y por la sobredemanda productiva es observable de manera directa en los ríos, lagunas, esteros, napas subterráneas, embalses y tranques, a lo que se suma el retroceso de los glaciares cordilleranos, ocasionando una creciente inseguridad en el abastecimiento del agua potable de las zonas urbanas y situaciones de racionamiento o desabastecimiento en las zonas rurales. Asimismo afecta a la agricultura campesina, ocasionando la pérdida de cosechas, la muerte de animales y la invaluable pérdida cultural y patrimonial de estilos de vida y trabajo ancestrales que han conformado las bases históricas de la identidad local y regional. Las acciones socioeducativas ambientales de Trabajo Social en esta problemática buscan contribuir al cuidado del recurso hídrico como recurso natural escaso a través de la minimización ambiental, promoviendo conductas de utilización responsable del agua y de reutilización domiciliaria en condiciones seguras y eficientes.
Escasez y encarecimiento de alimentos básicos. Las consecuencias del cambio climático en las cadenas de producción de alimentos se evidencian en forma inmediata, debido a que las condiciones climáticas extremas afectan directamente los rendimientos esperados de los ciclos productivos agrícolas y pecuarios. A lo anterior se suma el calentamiento de las temperaturas promedio de los océanos, afectando la disponibilidad de la biomasa, producción acuícola y algas marinas (Melo et al., 2023). Todas estas situaciones impactan directamente en el abastecimiento de alimentos de la población y en los valores de mercado que puedan alcanzar los productos a partir de una oferta limitada. Estas condiciones afectan especialmente a la población de menores ingresos, quienes ven mermadas sus oportunidades de compra de alimentos y fragilizadas sus condiciones de acceso a una nutrición equilibrada. En esta problemática, Trabajo Social contribuye a la minimización ambiental a través de acciones motivacionales y socioeducativas que permitan el desarrollo de iniciativas colectivas orientadas a gestionar compras comunitarias e intercambio de saberes sociales que faciliten la renovación de las minutas de alimentación y el aprovechamiento de la abundancia de los productos de temporada, facilitando ajustes en los presupuestos familiares frente a la carestía y la escasez de alimentos.
Pérdidas de empleos silvoagropecuarios. Las actividades primarias basadas en los recursos agrarios y forestales son las primeras en ser dañadas en sus ciclos productivos como consecuencia del cambio climático, debido a las condiciones de inestabilidad que afectan sus producciones. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA, 2019), el sector genera el 10% del total de empleos a nivel nacional, porcentaje que se eleva a 27% como promedio en las regiones agrarias de la zona centro sur del país. Este empleo se distribuye en los rubros de cultivos, frutales, hortalizas, ganadería y forestal, siendo el empleo femenino estimado en un 41% del total de puestos de trabajo y en un 70% en las contrataciones para tareas estacionales de cosecha estival. La progresiva pérdida de empleo derivado de la crisis ambiental impulsa la migración rural-urbana, densificando las ciudades con nuevos habitantes que presionan sobre los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas, aun cuando se realice en condiciones de precariedad. En este aspecto, las experiencias profesionales vinculadas a la capacitación laboral y a la reconversión productiva con foco en el empleo femenino, representan oportunidades de intervención de Trabajo Social asociadas a la compensación ambiental, frente al incremento del desempleo silvoagropecuario en las condiciones de vida y trabajo de las familias rurales.
Población afectada por olas de calor. Los períodos prolongados de temperaturas y humedad excepcionalmente altas son definidos como olas de calor. En ocasiones, se presentan de manera continua superando los ciclos de cinco días o más, las que han sido definidas como olas de calor extremas (López-Campillay, 2018). Estas condiciones climáticas afectan a la población en general y fragilizan la vida vegetal y animal en los territorios. Es una situación que reviste especial gravedad para las personas mayores, infancia y adolescencia; grupos sociales que requieren mayor capacidad de adaptación a la situación climática adversa y demandan una apropiada dotación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, condiciones preferenciales de provisión y conservación de los alimentos, hidratación constante, protección solar corporal, condiciones de habitabilidad adecuadas a episodios de climas extremos, atención sanitaria oportuna y acciones socioeducativas en contenidos de autocuidado realizadas en formatos comprensibles a sus capacidades y habilidades etarias (Sandoval-Diaz et al., 2023; MINSAL, 2017). En forma específica, se declaran riesgos sanitarios para la salud de la población en las ciudades por la existencia de islas de calor urbanas. Dado que las ciudades poseen baja capacidad de retener humedad y alta capacidad para absorber, almacenar y emitir calor por sus entornos de asfalto y concreto, las condiciones de vida se ven afectadas por islas de calor que superan las temperaturas promedio esperadas para la comuna o localidad (Ubilla-Bravo y Rodríguez-Seguel, 2022). Esta situación demanda a Trabajo Social acciones de prevención ambiental vinculadas a la tarea socioeducativa, con especial atención a los grupos de población de mayor riesgo; junto con el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones laborales de protección solar que deben aplicarse en las actividades que se realizan al aire libre y que permiten la minimización de los efectos ambientales en la población.
Población afectada por estrés térmico laboral. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) el estrés térmico es el exceso de calor que recibe el cuerpo por encima de los niveles que puede tolerar, generando menoscabo en sus capacidades fisiológicas. El exceso de calor aumenta los riesgos y la vulnerabilidad laboral; puede conducir a hipertermia y, en última instancia, ocasionar la muerte por descompensación general. Sus efectos impactan directamente en las actividades laborales que se realizan al aire libre o asociados a esfuerzos físicos intensos y que están vinculados a los sectores de agricultura, pesca, ganadería, forestal, construcción, energía, movilidad, turismo, deportes, recolección de residuos y servicios; estimándose una pérdida productiva al año 2030 de ochenta millones de trabajos por causa del aumento de las temperaturas. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud reconoce la influencia de la exposición a la radiación solar ultravioleta como importante causa del diagnóstico de cáncer a la piel en contextos laborales (World Health Organization [WHO], 2021). El estrés térmico laboral también afecta los espacios laborales intramuros cuando no se cuenta con condiciones de climatización, debido a que los horarios más cálidos impiden el funcionamiento laboral o ralentizan la dinámica productiva. Por lo general, el desempeño en trabajos informales, la ausencia de seguridad social y las condiciones de pobreza conspiran negativamente en la gravedad de la situación. En este tipo de problemática, Trabajo Social contribuye con acciones socioeducativas de prevención ambiental vinculadas al autocuidado, junto con el monitoreo del cumplimiento de las condiciones que hacen posible la minimización de los efectos ambientales adversos en el desempeño de las actividades laborales que se realizan al aire libre.
Población desplazada climática. Corresponde a personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia habituales en forma temporal o definitiva por drásticos cambios de las condiciones ambientales de su entorno (Pernía et al., 2022). En este marco, se inscriben los desastres ambientales como aluviones, inundaciones, sequías o marejadas destructivas que afectan directamente los recursos naturales y las prácticas económicas tradicionales que se sustentan en ellos, obligando a las personas a migrar a otras zonas geográficas, buscando alcanzar niveles básicos de subsistencia. Generalmente este problema afecta a población joven y adulta que se encuentra en plena edad productiva y reproductiva, por lo que su desplazamiento forzado que busca proveer de medios de vida que permitan sostener a sus familias, genera despoblamiento de las zonas afectadas. Esta situación demanda a Trabajo Social acciones de compensación ambiental, contribuyendo a las condiciones de seguridad y estabilidad en los trayectos, en los procesos de acogida inicial y en la reinserción laboral y social de las personas desplazadas.
Población atrapada climática. Las personas que no pueden salir de los territorios afectados por dificultades climáticas quedan obligadas a buscar formas de sobrevivencia en lugares que se vuelven cada vez más adversos en sus condiciones de habitabilidad. Esta situación afecta especialmente a mujeres rurales y población mayor, quienes poseen menos oportunidades para insertarse exitosamente espacios laborales urbanos de mayor calificación o en trabajos físicos vinculados a la agricultura o a la minería (Véliz-Rojas et al., 2023). Las acciones asociadas a mitigación y reparación ambiental resultan claves en esta problemática, siendo Trabajo Social un facilitador en la complejidad de implementación que representan estos procesos.
Impacto ambiental negativo de las decisiones de compra y hábitos de consumo de la población. La información disponible permite establecer que las decisiones de compra de la población afectan el ambiente, debido a que no siempre se tiene presente el impacto de los procesos productivos masivos que sostienen el consumo de bienes y servicios; y que involucran un enorme gasto de energía e insumos y una importante emisión de residuos o desechos (Acuña-Moraga et al., 2022). Según los datos entregados por el Informe del estado del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2020), en Chile se genera un promedio de 19,6 millones de toneladas de residuos sólidos anuales, siendo el 55% de origen industrial y el 42% domiciliario. De este total, solo un escaso 22% se revaloriza, mientras que el 78% se elimina en basurales, vertederos o microbasurales. Los desechos domiciliarios corresponden principalmente a residuos orgánicos, envases plásticos, textiles y embalajes y grandes residuos provenientes del término de la vida útil de electrodomésticos, muebles o menaje de cama. No obstante, se observa un creciente interés de parte de la población por sumarse a las cadenas de reciclaje a través de la utilización de los contenedores disponibles en los espacios urbanos y en el uso normativo de las bolsas reutilizables para las compras que se realizan en el comercio, tiendas y supermercados. Frente a esta problemática, Trabajo Social contribuye con acciones ambientales de prevención y minimización, a través de procesos socioeducativos que permitan a la población adoptar hábitos de compra y decisiones de consumo basadas en los principios ambientales que favorezcan la protección del medio ambiente y la gestión eficiente de residuos.
Efectos psicosociales en la población a partir de la crisis ambiental. Los críticos avances del calentamiento global y el deterioro ambiental en los territorios, ocasionan sentimientos personales negativos ligados a la permanente preocupación por el futuro, frustración por la insensibilidad de los agentes políticos y económicos ligados a la toma de decisiones y desmotivación por realizar acciones cotidianas de protección ambiental, debido a la percepción de inutilidad derivadas de su implementación. Asimismo, se declaran decisiones personales o de pareja en torno a no tener descendencia, en una proyección pesimista sobre el futuro que se considera abiertamente adverso para la sostenibilidad de las nuevas generaciones (Rojas-Betancurt y Hernández-Quirama, 2021). Frente a esta situación, Trabajo Social despliega un repertorio profesional especializado que busca acoger el malestar psicosocial y contribuir a través de la jerarquía de acciones ambientales a revertir los sentimientos de desesperanza frente a un futuro que se presenta bajo irrebatibles condiciones de incertidumbre.
4. Conclusiones
Actualmente, el futuro del planeta es una adversa promesa de inestabilidad climática y deterioro ambiental que afecta directamente a la sostenibilidad de la vida en los años venideros. La problemática ambiental se ha instalado como preocupación transversal en todos los sectores, exigiendo una convergencia en los esfuerzos requeridos para enfrentar el desafío de garantizar la protección de los diversos ecosistemas y ajustar los modos de vida, producción y trabajo a una relación responsable con la disponibilidad y renovación de los recursos naturales disponibles. Como consecuencia de esta preocupación, el cuidado del medio ambiente ha dejado de ser un tema especializado de las ciencias naturales, para transformarse en una demanda que debe ser resuelta desde las diversas áreas del conocimiento. En este marco, los esfuerzos del Trabajo Social chileno se suman en general al concepto internacional de Trabajo Social Ambiental; y en específico a la perspectiva del Green Social Work y su declaración de cuidar el planeta como deber profesional, simbolizando con ello la resignificación de los saberes profesionales ambientales desarrollados a lo largo de las décadas y que son convocados para aportar en la justicia ambiental que demanda el bienestar de las personas y los territorios afectados por contaminación, cambio climático o deterioro, degradación y sobreexplotación de sus ecosistemas.
Los desempeños ambientales del Trabajo Social chileno deben asumir el desafío de revertir la brecha profesional respecto del manejo especializado de las normativas e instrumentos de gestión ambiental vigentes, los que se han conformado desde procesos público-privados alejados de las tareas tradicionales y, por tanto, han restado a la profesión de oportunidades de realizar intervenciones socioambientales reconocidas y validadas por el medio social y laboral. No obstante, las experiencias en que profesionales de Trabajo Social se han incorporado a experiencias ambientales desde fundaciones, organizaciones no gubernamentales o servicios de consultoría, demuestran la pertinencia de las acciones de jerarquía ambiental realizadas desde le manejo avanzado en los procesos socioeducativos, el acompañamiento de la organización social en los territorios y la potencialidad de su aporte especializado desde las ciencias sociales para el trabajo interdisciplinario.
Finalmente, se constata que el Trabajo Social ambiental en Chile representa el esfuerzo profesional de asumir las desesperanzas de la población para resignificarlas en oportunidades de futuro, por medio de la promoción de conductas sociales de responsabilidad ambiental que convoquen el necesario contrapunto propositivo, reflexivo y crítico, capaz de demandar justicia ambiental y desafiar a los hegemónicos procesos de toma de decisiones de los actores económicos, políticos y tecnológicos globales que perseveran en su indolencia frente a una crisis que amenaza de manera inequívoca la vida en el planeta.
