La moralidad de la protección social: el caso ilustrativo del México rural¹

The morality of social protection: the case of rural Mexico

La moralité de la proteccion social: le cas illustratif du Mexique rural

¹Este artículo es el resultado del proceso de investigación del proyecto The Morality of Social Protection in Rural Mexico: A household comparative study, financiado por CONACYT -México
²Estudiante de doctorado de la Universidad East Anglia. Dirección: 8 Thacker Way, Norwich, NR5 9PS. E-mail: o.saucedo@uea.ac.uk

Recibido: 2008-11-20 Aceptado: 2009-05-10 Publicado: 2009-06-30

Resumen

Este documento toma como caso ilustrativo el sistema de protección social que actualmente opera en el México rural y lo aborda desde una perspectiva teórica de la moralidad. Bajo esta perspectiva se establece que la moralidad de la protección social concierne a los valores morales, las normas y las convenciones que informan a las instituciones sociales, tanto al Estado como a la sociedad civil, controlando el acceso a la protección social. Desde este enfoque se sostiene que la moralidad influye en la interacción de los actores participantes para definir quién merece ser apoyado/a en caso de que se presente una situación adversa; y cuáles son los derechos y obligaciones de los actores involucrados.

Palabras clave: moralidad, normas y convenciones sociales, género, protección social.

Abstract

This paper discusses, from a theoretical perspective, the morality of the social protection system operating in rural Mexico. From this approach, the morality of social protection deals with the moral values, norms and conventions that govern social institutions, both of governmental and civil nature, and control the access to such a protection. Morality is seen as a factor that influences the interaction amongst people in order to determine what individuals deserve support under adverse circumstances, and which are the rights and duties of the actors involved in the process.

Key words: morality, norms and conventions social, genre, social protection.

Résumé

Ce document prend comme cas illustratif le système de protection social qui opère actuellement au Mexique rural et fait une analyse dans une perspective théorique de la moralité. Sous cette perspective, on établit que la moralité de la protection sociale concerne les valeurs morales, les normes et les conventions qui informent les institutions sociales, l'État ainsi que la société civile, et qui contrôlent de cette manière l'accès à la protection sociale. Dans cette approche, on montre que la moralité conditionne l'interaction des acteurs participants pour définir qui mérite d'être aidé/e en cas de situation d'adversité, et quelles sont les droits et les obligations des acteurs qui y participent.

Mots-clés: moralité, normes et les conventions sociales, un genre, protection sociale.

Planteamiento general

Este documento intenta contribuir a la discusión de los territorios rurales como un espacio de construcción cultural. Para ello plantea hacer una interpretación teórica a la perspectiva de la moralidad propuesta por Harman (1977) Sayer (2000a, 2000b y 2004) y Bicchieri (2006) y toma como caso ilustrativo el sistema de protección social que actualmente opera en el México rural.

En esta interpretación teórica se sostiene que la moralidad está fundada en diversos valores, normas y convenciones sociales que actúan a manera de fuerza o ley social, a través de la cual se elaboran juicios morales con respecto a lo que debe y no debe de ser. Estos juicios morales afectan la interacción de los actores sociales dentro de un contexto particular determinando sus obligaciones y responsabilidades (Harman, 1977).

De manera más específica y en relación al tema de la protección social, se establece que la moralidad de la protección social concierne a la valores morales, las normas y las convenciones que informa a las instituciones sociales, éstas incluye tanto al Estado como a la sociedad civil, sobre quién si y quién no debe participar en la implementación de diversas estrategias para el sustento doméstico; quién merece ser apoyado/a en caso de que se presente una situación adversa; y cuáles son los derechos y obligaciones de los actores participantes.

En este sentido, se establece que la moralidad puede ser una causa de exclusión/inclusión y acceso desigual a los recursos materiales y discursivos. Estas circunstancias, de exclusión/inclusión y acceso desigual a los recursos, son una de las condicionantes que mantiene a la población viviendo en situación de pobreza.

Esta interpretación teórica de la moralidad de la protección social también considera un enfoque de género (Kabeer, 1994; 1996; Molyneux, 1985; 2006), el cual reconoce la moralidad inscrita en discursos y prácticas sociales que informan a las instituciones sociales sobre las distinciones de género y edad controlando el acceso a la protección social. De igual manera, el enfoque teórico de este trabajo se complementa con una perspectiva de actor - estructura (Norman Long & Long, 1992; 2001) que entiende a las políticas gubernamentales como un proceso de dos vertientes. Por un lado se reconoce que las políticas gubernamentales pueden afectar la vida cotidiana de los individuos y la organización de grupos sociales donde se aplican; pero, por otra parte, estas intervenciones del Estado también son renegociadas y transformadas constantemente por la propia dinámica de los grupos locales con los que interactúa.

Estructura del documento

Este documento ha sido dividido en cuatro secciones. En la primera sección se explican los conceptos relacionados con la noción de la moralidad de la protección social; en la segunda sección se describe el marco conceptual de lo que en este documento se entiende por protección social, posteriormente se da paso a una descripción breve, y a manera de contexto, de las políticas de protección social que actualmente son aplicadas por el Estado mexicano. En la tercera sección se particulariza sobre el sistema de protección social que actualmente opera en el México rural, sobre el cual se hace una interpretación a la perspectiva de moralidad; en la última sección se presentan las conclusiones y sugerencias derivadas de esta interpretación teórica a la perspectiva de la moralidad.

I. Moralidad

Como ya se ha hecho mención, la moralidad se refiere a los juicios sobre los que 'está bien y lo que está mal' y actúan como una especie de ley o fuerza social en un contexto determinado (Harman, 1977). Esta fuerza social usa a los valores morales como un sistema de principios para sancionar las acciones individuales.

Este sistema de principios tiende a priorizar los valores morales que un individuo o una sociedad posee. Estos valores morales pueden ser, por ejemplo: la responsabilidad, obediencia, disciplina, reciprocidad, caridad y el altruismo.

Algunas sociedades esgrimen más valores morales que otras, pero en todas existen. Los valores morales son usualmente categóricos permitiendo excepciones bajo circunstancias inusuales. Un ejemplo extremo de este planteamiento, es el hecho de que un individuo pueda evadir la responsabilidad moral de salvaguardar la vida de un ser humano esgrimiendo otro valor que en su contexto es más importante como la obediencia o la lealtad a alguna institución (v.gr. la discusión sobre el uso de la fuerza militares y la protección de los derechos humanos). (Edgerton, 1985).

Si se consideran a los principios morales como 'valores', entonces se puede sugerir que estos tienen un costo implícito. Frecuentemente este costo implica algún tipo de sanción que puede ser interna o externa.

Las sanciones internas hacen referencia a las creencias del individuo, donde la conciencia da cuenta de los juicios de cada persona. Esta conciencia actúa como una voz interna a la que usualmente se le refiere como 'la voz de la conciencia'.

Esta fuerza interna produce un orden social donde los individuos tienden a conducirse de cierta manera sin considerar si hay (o no) una sanción de por medio. Su comportamiento responde a lo que el individuo considera como correcto, o bien porque él considera que su comportamiento puede beneficiar (o causar algún daño) a la gente (Sayer, 2000b, 2004).

Por ejemplo la responsabilidad moral de los padres para cuidar a los hijos. Ellos lo hacen porque han valorado que es lo correcto, y no porque consideran que puedan ser sancionados por no hacerlo. Es decir, la motivación para aceptar esta responsabilidad no está orientada por algún tipo de sanción social, lo hacen porque adoptan 'una regla impuesta internamente' (Himmelweit, 2002: 240).

Los valores morales actúan como una fuerza externa cuando, con base en normas y convenciones sociales, se sancionan el comportamiento de los actores (individuales o institucionales). Las normas sociales son descritas por Bicchieri (2006:ix) como la 'gramática de la sociedad'. De esta forma, las normas sociales acopian las reglas que definen lo que es aceptable y lo que no lo es para un determinado grupo social.

Las normas sociales prescriben el comportamiento de individuos, emergen a través de la interacción de los agentes dentro de un espacio colectivo y no son impuestas o diseñadas por una autoridad. Las normas sociales son las 'reglas no escritas' y los 'códigos' que no pueden encontrarse en los libros o ser explícitamente habladas, e incluso algunas de ellas son aprendidas a través de la observación del comportamiento de los demás.

Las normas sociales sugieren una obligación y generan expectativa, la cual puede entenderse en dos sentidos; por una parte lo que el individuo espera de 'los demás', pero al mismo tiempo el individuo está conciente de lo que 'los demás' esperan de él. Ambas expectativas son necesarias para que se conforme la norma social (Bicchieri, 2006).

La reciprocidad es considerada una norma social debido a que regula el proceso de intercambio en todas las relaciones sociales. Su regulación se da en dos sentidos: por un lado están los actores que reciben el bien o servicio y por el otro lado los que lo ofrecen. En este sentido, Scott (1976:168) afirma que se pueden interpretar los patrones de las relaciones sociales entre diversos actores haciendo referencia a la reciprocidad: '...every service received, solicited or not, demands a return, with feeling of shame and obligation providing the motivating force'³.

Sin embargo, aquí conviene destacar que el intercambio de recursos, a través de la reciprocidad, usualmente es un episodio (a veces un momento) dentro de una continua relación y depende de la distancia social que exista entre los actores que participan en el intercambio. Lo anterior revela diferentes dimensiones de reciprocidad las cuales Sahlins (1972) distingue como reciprocidad general (altruismo); reciprocidad balanceada y la reciprocidad negativa (o 'interés propio').

Si bien se ha mencionado que las normas sociales están orientadas a prescribir (o señalar) el comportamiento de los individuos, las convenciones sociales pueden entenderse como normas descriptivas. Ellas hacen referencia a las prácticas o formas que son ampliamente observadas en un determinado grupo, especialmente aquellas que facilitan la interacción social. Por lo tanto, cuando se establece una convención surge la expectativa del mutuo cumplimiento por parte de los actores involucrados. En otras palabras, las convenciones son lo que comúnmente la gente hace en determinadas situaciones; es decir, 'lo que se hace regularmente' (Bicchieri, 2006).

Existen bastantes reglas sociales de interacción que usualmente se asumen como una mera convención. Estas prácticas sociales forman parte de la vida diaria y se impregnan de significados sociales de los que no se puede hacer caso omiso. Las convenciones sociales dirigen atención a la manera que la gente se comporta (como habla, visten y camina). Incluso existen las convenciones del decoro público tales como 'las buenas maneras' que son señal del respecto por otros y trasgredirlas puede ser causa de agravio y reprimenda. Al respecto, considero importante destacar lo dicho por Bicchieri (Ibid:42) en referencia a las 'formas de cortesía' quien afirma que este tipo de convenciones fallan como un 'símbolo positivo de las buenas maneras', sin embargo son útiles para documentar actitudes negativas, ya que incluso la más leve omisión puede afectar radical e inclusive definitivamente las relaciones personales. En otras palabras, rara vez la gente está atenta de las convenciones sociales hasta que alguna de éstas es quebrantada.

Cuando una convención social adquiere un amplio significado entre los miembros de un mismo grupo, se dice que una norma social ha nacido (Ibid:40-42). Casos extremos de cómo una convención puede llegar a convertirse en una norma social han sido documentados por Gerry Mackie (1996) en su artículo relacionado con el vendaje de los pies de las mujeres en China, y las circuncisión femenina en algunos países de África (la región nubia de Egipto, Sudán, Eritrea, Djibouti y Somalia). Ambas prácticas son muestras de gentileza y de modestia, además de ser una condición esencial para el matrimonio. Estas prácticas también son defendidas por las mujeres e incluso transmitidas por ellas. Su aplicación se basa en una nociones de moralidad donde las mujeres interpretan a estas prácticas como una muestra de amor hacia sus hijas y convencidas de que es lo mejor para ellas.

Es importante destacar que las normas y las convenciones sociales no necesariamente implican una noción de moralidad. La moralidad toma lugar cuando los sentimientos tales como la vergüenza, culpa, justicia (o injusticia), son los que sancionan la infracción de normas y convenciones sociales; es decir, hay una obligación moral que legitima su práctica: '[W]hat makes something a social or a moral norm is our attitude toward it'⁴ (Bicchieri, 2006:21). Por ejemplo, la asignación y la distribución de bienes (materiales y discursivos) entre los miembros de un hogar o comunidad pueden responder a las normas y/o a las convenciones sociales que controlan el acceso a los recursos. Sin embargo, la moralidad se presenta cuando tal distribución es considerada justa (o injusta) por los actores implicados. De esta manera, se puede concluir que los valores morales, las normas y las convenciones sociales no se contienen así mismos, están inscritos y construidos en los discursos y prácticas de las instituciones sociales y los arreglos informales (tanto individuales o comunitarios) que operan en un contexto particular.

II. El concepto de protección social y las políticas operadas por el estado mexicano en este rubro

La protección social es un marco conceptual que cubre a un extenso número de programas e instrumentos dirigidos a cubrir dos ámbitos de la política pública. Uno que responde a la seguridad social y el otro a la asistencia social (Norton, Conway, & Foster, 2002).

La seguridad social, financiada por las contribuciones que se hace al estado o a un proveedor privado, está basada en los principios del seguro donde la distribución de recursos se da entre un grupo semejante de individuos que se protegen asimismo ante la ocurrencia de un evento de riesgo (Ibid). La seguridad social está, en general, focalizada en la población con mejor nivel económico, y en circunstancias específicas podría jugar un papel relevante para prevenir la caída de este tipo de población dentro de los niveles de pobreza causado por algún evento catastrófico (v.gr. cesantía por accidente o muerte de un trabajador) (Farrington & Slater, 2006). Por su parte, los programas de asistencia social son acciones públicas donde no hay contribución por parte de los grupos que recibe los beneficios. La asistencia social tiende estar orientada hacia grupos específicos de la población, los cuales son considerados como 'elegibles' principalmente por su condición de pobreza y vulnerabilidad (Norton, Conway, & Foster, 2002).

En México la seguridad social está restringida a los trabajadores que laboran dentro del sector formal de la economía y sus familias (47% de la población) (INEGI, 2005). Para este tipo de trabajadores la seguridad social es provista por el sector público y privado y cubre las prestaciones sociales de salud y pensiones. El resto de la población obtiene su ingreso en el sector informal de la economía, tiene poco acceso a la protección social provista por el estado, la cual en su mayoría proviene de programas asistenciales.

Los programas asistenciales en México incluyen dos tipos de intervenciones gubernamentales. El primer tipo de intervención no está focalizada hacia una tipo específico de población e incluye el acceso de los servicios de salud a través del Seguro Popular (Frenk, Knaul, & Gómez-Dantés, 2004). Este programa opera desde 2004 e incluye aportaciones de los gobiernos federal y estatal, pero también contiene contribuciones de las familias participantes. Dichas contribuciones son calculadas con base al ingreso de las familias el cual es clasificado por deciles, donde se exenta a aquellas que se encuentran en los tres niveles mas bajos (Secretaría de Salud, 2007). Actualmente el programa ha incorporado 5.1 millones de familias⁵, cifra que incluye al total de participantes del programa Oportunidades quienes por su condición de pobreza no hacen contribuciones económicas a este seguro, en consecuencia este programa ha recibido algunas consideraciones en relación a su viabilidad financiera y la coordinación interinstitucional entre las instancias de los gobiernos estatales y federales para asegurar la cobertura y la calidad de los servicios públicos de salud (World Bank, 2005). Este asunto es particularmente relevante para aquellas áreas rurales donde los centros de salud no están provistos con las instalaciones y personal médico necesarios para la operación de este programa (Gómez-Dantés, 2005:49).

El segundo tipo de programas asistenciales implementados en México comprende un número extenso de pagos o transferencia de efectivo ('cash transfer' por su denominación en inglés) focalizados a atender a la población más pobre⁶. De este amplio número de pagos asistenciales se destaca al programa Oportunidades que actualmente atiende a 5 millones de familias mexicanas y que tiene gran relevancia en las zonas rurales donde habitan alrededor 70% de sus beneficiarios (SEDESOL, 2006).

III. El sistema de protección social en el México rural

El sistema de protección social del México rural, dirige la atención en dos vertientes: el estado y la sociedad civil. En la vertiente del estado se hace referencia al programa Oportunidades por ser el programa de asistencia social más representativo en el contexto rural donde atiende a 3.4 millones de familias⁷. Desde la vertiente de la sociedad civil, se presta atención a los sistemas de reciprocidad que actualmente operan en el México rural.

i. El programa Oportunidades

El programa Oportunidades se centra de manera simultánea en tres dimensiones del desarrollo humano: educación, nutrición y salud. Su diseño se basa en el supuesto de que los hogares pobres no invierten lo suficiente en capital humano, lo que ha repercutido en la persistencia de la pobreza a través de varias generaciones. Por ello, las autoridades de este programa han establecido que los pagos asistenciales otorgados a los beneficiarios de este programa deben ser condicionados al cumplimiento de los requisitos de enviar a los niños a la escuela y la asistencia de todos los miembros del hogar a la clínica local que les corresponde, para recibir atención médica preventiva en materia de salud y nutrición (Adato, de la Brière, Mindek, & Quisumbing, 2000; DOF, 2006; Molyneux, 2006).

Este programa ha atraído críticas por el condicionamiento de sus participantes y los mecanismos implementados para la selección de los mismos; lo cual ha repercutido en la exclusión de un importante sector de la población pobre y la estigmatización de sus beneficiarios.

El condicionamiento a los beneficiarios de Oportunidades por parte de la autoridades de este programa, apunta al hecho de asegurarse de que las transferencias del efectivo están asignadas a los propósitos previstos de educación, nutrición y salud. Sin embargo, desde un enfoque de la moralidad dicho planteamiento también puede entenderse como una expresión del histórico paternalismo que aun persiste en México, donde el Estado resalta el valor moral de caridad (o protección) a los más pobres (o desprotegidos), pero también establece mecanismos de poder y control entre la población beneficiada (Vizcarra, 2002). Esta actitud paternalista tiende a establecer una noción premio/castigo por el cumplimiento/incumplimiento de los requisitos del programa entre la población beneficiada. Sin embargo, no genera mayor conciencia entre ellos sobre los impactos positivos que trae consigo el acceso a los servicios públicos de salud y la educación, ni tampoco garantiza la cobertura y calidad de los mismos (Handa & Davis, 2006; Nigenda & González-Robledo, 2005:30).

A la critica anterior se puede añadir lo señalado por Maxine Molyneux (2006) en referencia a los programas de transferencia de efectivo operados en América Latina, de manera general, y en particular, basada en evidencias empíricas procedentes de la propia instrumentación del programa Oportunidades, la autora establece que una de las principales deficiencias de estos programas son 'el tratamiento selectivo de las necesidad social' enfatizada en el desarrollo del capital humano y la seguridad alimentaría de los más pobres, pero que está lejos de relevar de manera sostenible las condiciones de pobreza que persisten en esta población, de como fortalecer los derechos de ciudadanía de los pobres, así como es el acceso a medios de vida sostenibles en el largo plazo (Ibid).

Otro de los cuestionamientos que ha atraído el programa de Oportunidades es la selección de sus beneficiarios a través de una 'técnica estadística multivariada' denominada 'método de análisis discriminante'(DOF, 2007:20). Este proceso de selección incluyen un censo socioeconómico que se aplica a todos los habitantes de las poblaciones seleccionadas (Ibid). En una segunda etapa se acude a las comunidades donde se celebran reuniones con sus miembros y ahí se llevan a cabo un proceso de 'rectificación' en el que se excluye aquellos que fueron incorporados de manera incorrecta, o bien se incluye aquellos que de manera errónea no habían sido considerados en la primera etapa (Ibid).

Pese a que las autoridades de este programa definen a este mecanismo de selección como 'objetivo, homogéneo (y) transparente' (Ibid:15), desde una perspectiva moral este ha atraído criticas por la exclusión de sectores significativos de la población que no cumplen con los criterios establecidos por el programa, tal es el caso de la población que no vive en condiciones de pobreza o bien de aquellos hogares que sus hijos menores de 18 años no acuden a la escuela.

Las investigaciones realizadas por Adato (2000), Vizcarra (2002) y Escobar y González de la Rocha (2003), dan cuenta de situaciones que expresan descontento social entre los hogares que no fueron seleccionados por Oportunidades. En los tres estudios de caso, las mujeres entrevistadas atribuyen su exclusión a razones externas a los mecanismos de selección, como: que no estaban en sus hogares cuando los cuestionarios fueron aplicados, que no fueron informadas de que se estaba llevando un censo en su comunidad o bien que no supieron como contestar los cuestionarios. En particular, llama la atención el caso expuesto por Escobar y González de la Rocha (Ibid) donde se reportan información falsa entre vecinos, cuya situación más común era decir que algunas casas estaban deshabitadas (cuando en realidad no lo estaban) al momento de que el censo fue organizado. Estos tres estudios (Ibid) concluyen que más que la confrontación, las tensiones sociales, generadas durante el proceso de selección de los beneficiarios de este programa, se presentan a manera de resentimientos, envidias o chismes; a menudo este tipo de tensiones sociales se agudizan en los 'días de pago'. Desde una perspectiva moral, lo que se concluye es la sensación de injusticia entre los miembros de la comunidad debido a que ellos se perciben tan pobres como aquellos que no fueron seleccionados.

Otra de las implicaciones de los mecanismos de selección del programa Oportunidades es la creación de dos nuevas categorías sociales, la de 'beneficiarios' y 'no-beneficiarios', afectando la organización en la comunidades donde el programa opera. Al respecto, Michelle Adato (2000:viii) hace referencia a las faenas⁸, en las cuales los no-beneficiarios de este programa se niegan a participar argumentando que son parte de los 'requisitos' que Oportunidades pide a los participantes para recibir 'el pago'. Sobre este punto, considero importante aclarar que las faenas no son parte de los requisitos de este programa, pero de manera informal, en algunas comunidades, han sido asociadas a Oportunidades. La anterior evidencia empírica sugiere que este programa no solo ha tenido un impacto directo en el ingreso de los hogares con los que interactúa, sino que su instrumentación ha tenido repercusión a nivel comunitario, afectando la interacción de los individuos con las arreglos comunitarios (en este caso las faenas) que operan en los contextos locales donde el programa ha sido instrumentado.

Sin embargo, el impacto del programa Oportunidades en la organización comunitaria no se da en un solo sentido, las intervenciones estatales también son interpretadas y renegociadas constantemente por actores sociales a los que interviene (Norman Long, 2001). Tal es el caso de las vocales de Oportunidades⁹, quienes funcionan como mecanismo de enlace entre los beneficiarios y las instituciones del estado que operan este programa (clínicas locales y escuelas). Tocante a este punto, Adato(2000: vii) reporta que las vocales del programa, con el ánimo de reducir las tensiones sociales entre 'beneficiarios' y 'no-beneficiarios', realizan peticiones a nombre de estos últimos para que sean incluidos en el programa.

Las críticas al programa de Oportunidades también se centran en la estigmatización de quienes se considera deben ser los beneficiarios de este programa, que son preferentemente las mujeres pobres y sus hijos. El reporte emitido por Adato et al. (2000:2) indica que los diseñadores de este programa decidieron deliberadamente entregar las trasferencias de efectivo a las madres de familia. De acuerdo a información procedente de las autoridades de este programa, esto se debe a que en 'la literatura'¹⁰ existen evidencias empíricas que demuestran que los recursos controlados por las mujeres tienen mayor probabilidad de ser usadas en la educación, la salud y nutrición de los hijos, que aquellos recursos controlados por los hombres. Sin embargo, Vizcarra (2002), afirma que el hecho de que la transferencia de efectivo se otorgue de manera directa a la madre, está más relacionado con la necesidad de cumplir de manera más efectiva con las condicionantes del programa (llevar a los niños a la escuela y la asistencia a las clínicas locales de todos los miembros del hogar). Por su parte Maxine Molyneux (2006), expresa que una de las claves de éxito de los programas asistenciales como Oportunidades está en el reforzamiento de estereotipos culturales que identifican las necesidades de los niños y de los hogares como una responsabilidad materna y no como una corresponsabilidad tanto del padre como de la madre.

De lo anterior se desprende que en las políticas de protección social, como es el caso las trasferencias de efectivo, prevalecen las distinciones de género basadas en discursos morales y prácticas sociales. Es decir, los programas de pagos asistenciales tienden a reforzar los papeles e identidades tradicionales de género, asumiendo que en los hogares existen posiciones asimétricas donde los hombres asumen el rol de 'proveedores' y las mujeres el de sujetos dependientes, a los cuales el Estado debe apoyar por cumplir con las normas y convenciones sociales que le han sido impuestas (Ibid).

Se concluye que los programas de asistencial social, si bien están orientados a la disminuir el impacto de pobreza extrema (DOF, 2006), implícitamente estos programas también incluyen elementos de moralidad expresados en nociones de paternalismo que ponen énfasis en el cuidado y la caridad hacia los más desprotegidos, distinguidos por su condición de género y edad, los cuales a los ojos del Estado son los pobres: mujeres y niños/ñas (Molyneux, 2006; Vizcarra, 2002), pero excluyen a importantes sectores de la población que no cumplen con las condiciones propuestas por el Estado para que, vistos desde una perspectiva moral, 'merezcan ser protegidos'.

ii. Los medios de vida en el contexto rural mexicano

En el entorno rural mexicano, en cuyo contexto predominan las fuentes informales de trabajo, los recursos de los hogares pobres orientados a la protección social provienen de los sistemas de reciprocidad que actualmente operan en este entorno. Estos sistemas de reciprocidad aplican tanto en la instrumentación de estrategias de sobrevivencia, donde la migración tiene un papel relevante, como en la ejecución de mecanismos de protección cuando se presenta alguna situación adversa, ya sea en el hogar (v.gr. enfermedad) o bien dentro de su comunidad (Gónzalez de la Rocha, 1998; Lomnitz, 1977, 1988, 1984).

Un rasgo distintivo de estos sistemas de reciprocidad es que sus miembros comparten recursos tales como las redes sociales que se encuentran insertadas dentro de diferentes instituciones sociales, éstas últimas definidas en Kabeer et al. (1996) como relaciones estructurales que determinan roles y responsabilidades entre los actores participantes (v.gr. el matrimonio y las relaciones de parentesco). Sin embargo, dentro del contexto rural mexicano, los sistemas de reciprocidad no se limitan a las instituciones sociales que operan dentro de los hogares; estos sistemas de reciprocidad frecuentemente expanden sus redes sociales a través de otro tipo otros arreglos que operan tanto a nivel individual, por las relaciones de amistad y entre vecinos, como a nivel colectivo por medio de la participación comunitaria; tal es el caso de las faenas, descritas previamente, que actualmente operan en este contexto.

En términos de protección social, la reciprocidad entre los miembros de la red social suele aparecer cuando alguno de ellos enfrenta una situación adversa y carece de los recursos (materiales y/o discursivo) para enfrentarla. Cuando esto sucede, los individuos movilizan sus redes sociales argumentado el principio moral de la reciprocidad balanceada: "hoy por ti mañana por mi" (Lomnitz, 1977:190-191). Sin embargo, como ya se ha destacado previamente el intercambio de recursos a través de los sistemas de reciprocidad, es un instante dentro de una continúa relación. Es decir, que en términos de protección social, el intercambio de ayuda entre los participantes de la red social no se da en un solo momento, sino que la ayuda debe de ser recíproca; lo que implica que su receptor deberá devolverla cuando le sea requerido. Sin embargo en situaciones recurrentes donde uno (o algunos) de los participantes necesita más que otro, esta reciprocidad balanceada se puede transformar en relaciones jerárquicas o con nociones de poder (Ibid), surgiendo figuras como los 'lambiscones' o los 'pedinches'¹¹.

En el contexto rural mexicano, la familia tiende a ser el centro de este sistema de reciprocidad. Desde el ámbito de la moralidad, la familia Mexicana ha sido vista como unidad de solidaridad y mutua asistencia, donde el hecho de ser parte de esta unidad se acompaña de una serie de derechos y obligaciones (Ibid). Bajo esta premisa cada miembro de la familia cumple con las obligaciones que le son determinadas con la expectativa de recibir apoyo a cambio. Ejemplos de las obligaciones básicas entre los miembros de una familia han sido documentadas en Lomnitz and Pérez-Lizaur (1984) quienes destacan la participación en ceremonias familiares (todas ellas dentro del rito de la religión católica) tales como bautizos, primeras comuniones, bodas y funerales. En estos ejemplos, la aportación de recursos puede ser tangible, a través de aportaciones económicas, o bien intangible apoyando en la preparación de alimentos y/o atención a las visitas. La contribución de ambos tipos de recursos incorpora nociones de solidaridad entre los participantes y que trae consigo el reconocimiento social (Ibid).

No obstante, el argumento anterior no refleja la distribución asimétrica de los derechos y obligaciones entre los miembros de la familia, particularmente aquellos miembros que cohabitan dentro de un mismo hogar. Estos derechos y obligaciones están refrendados en discursos y prácticas sociales que hace distinciones de género. A manera de ejemplo se pueden citar la distribución de tareas dentro del hogar donde a las mujeres (niñas y adultas) se les atribuye la responsabilidad primaria del cuidado de los miembros de hogar, en particular los hijos y hermanos varones, así como los abuelos; mientras que a los hombres adultos se les asocia con la figura de proveedor, cuya principal responsabilidad es la de obtener los recursos para el sustento del hogar.

Derivado del argumento anterior, se puede afirmar que son los hombres, más que las mujeres, quienes se incorporan a actividades que producen recursos materiales. De esta manera son los hombres quienes obtienen un estatus dentro de la comunidad que les permite potenciar sus redes sociales para reclamar ayuda en caso de alguna eventualidad (Kabeer, 1994).

El planteamiento anterior sugiere que las distinciones de género dentro de los hogares ha sido un factor determinante en el acceso desigual a otras instituciones sociales que proveen los recursos protección en caso de alguna situación adversa. En el caso particular del entorno rural mexicano, las instituciones sociales que se destacan son las relaciones de compadrazgo¹² y otros arreglos informales, como la amistad y los comunitarios que incluye las faenas, las fiestas patronales y las redes de paisanaje¹³, éstas últimas especialmente relevantes en el patrocinio de la migración mexicana a los Estados Unidos. Un rasgo común entre todas ellas es que, al igual que en la familia, éstas también incluyen derechos y obligaciones (Gónzalez de la Rocha, 1998; Lomnitz, 1977)

Estas instituciones sociales y arreglos informales trabajan bien en eventos específicos y de corto plazo como por ejemplo cuando algún miembro ya sea del hogar, de la familia o de la comunidad se enferma o fallece. Sin embargo cuando a estos mecanismos se trasladan a situaciones de largo plazo (como las enfermedades crónicas degenerativas o bien, la vejez) la noción de la reciprocidad que informa a estas instituciones y arreglos, puede conducir a posicionamientos morales basados en la obligación.

Estas estructuras sociales y arreglos informales también expresan nociones de moralidad por medio de discursos y prácticas social que determinan los roles, los derechos y responsabilidades que los hombres y las mujeres deben tener; en los cuales, como sucede en las mecanismos implementados por el Estado, se refuerza la imagen que un hombre proveedor que aporta los recursos materiales para hacer frente a la adversidad (Kabeer, 1994:283-284), mientras que a la mujer se le refuerza en su rol materno, exaltándole sus atributos morales de compasión que la exhortan al cuidado de los más desprotegidos los niños/ñas, los enfermos y los ancianos.

Conclusiones

Con las evidencias empíricas aquí presentadas se ha pretendido reforzar el planteamiento inicial de la dimensión moral (valores, normas y convenciones sociales) como un elemento importante a considerar dentro de la construcción cultural de los espacios territoriales. En particular, cuando se hace énfasis en las implicaciones de exclusión/inclusión y acceso desigual a recursos materiales y discursivos que la moralidad trae consigo. Sin embargo, de manera complementaria a estas evidencias empíricas, considero importante profundizar en el análisis de cómo la moralidad está inscrita en los discursos y prácticas sociales, específicamente en aquellos casos en los que estos controlan el acceso a la protección social que proviene tanto del Estado como de la sociedad civil. La profundización de este análisis, trae consigo cuestionamientos más específicos relacionados con la discusión de los sistemas de protección social desde la perspectiva de la moralidad.

En un primer nivel de discusión, se propone hacer énfasis en la interacción de los hogares, y los individuos que lo conforman, con la comunidad. A este nivel conviene ahondar en el análisis de las relaciones de género (donde se incluyen las relaciones inter-generaciones), que explore como éstas son mediadas por y dentro de la moralidad afectando el acceso de hombres y mujeres a la protección social. Para ello se debe explorar la reciprocidad que opera dentro de las instituciones sociales y arreglos informales (individuales y comunitarios), y en que medida ésta se ha visto afectada por eventos específicos, tal es el caso de la migración que en el México rural es particularmente relevante.

En un segundo nivel de discusión, se propone examinar la interacción de los individuos y sus hogares en relación con las instituciones del Estado, donde conviene explorar la moralidad que implícitamente opera dentro de las políticas estatales para controlar el acceso a la protección social. Sin embargo, si se reconoce que las políticas gubernamentales también son renegociadas y transformadas constantemente por la propia dinámica de los grupos locales con los que interactúa, entonces también se debe explicar cómo los hogares pobres perciben la protección social proveniente del Estado; y a partir de sus percepciones, como estos hogares se han re-organizado para interactuar con las instituciones del estado que proveen los servicios de protección social (v.gr. clínicas locales y escuelas).

La discusión de estos cuestionamientos refleja la necesidad de desagregar el estudio de las relaciones de género a otros ámbitos más allá de la unidad de análisis hogares/intra-hogar, como es el análisis de las instituciones sociales y arreglos informales, en cuyo ámbito también se entretejen relaciones asimétricas de género contenidas en las construcciones culturales de las normas y las convenciones sociales, las cuales tienen influencia en la asignación de tareas y responsabilidades no sólo entre los miembros de la hogar si no en un contexto más amplio como es la comunidad y las instituciones del estado. Asimismo, este enfoque permite mover el estudio de las relaciones de género a una perspectiva más amplia de la dicotomía hombre/mujer, donde también se considera el análisis de las relaciones intra-género que de cuenta de la asimetría en las relaciones sociales no solo por la condición de género hombre/ mujer sino también por edad.

Para cerrar esta discusión creo oportuno afirmar que es determinante no solo conocer, sino también entender los procesos de generación de recursos utilizados por los hogares rurales para hacerse de sus medios para el sustento cotidiano y protección en caso de adversidad. Este entendimiento debe de estar estrechamente ligado al reconocimiento de las dinámicas sociales y culturales que operan en estos entornos (valores morales, normas y convenciones sociales). El reconocer estas dinámicas puede ayudar a generar mejores mecanismos de intervención estatal que complementen y fortalezcan las soluciones implementadas por ellos mismos, lejos de sustituirlas u obstaculizarlas.

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