Evolución de la estructura agraria y transformación socio-productiva del paisaje rural en Riosucio y Supía (Caldas, Colombia) a partir de mediados del siglo XIX^*

Evolution of agrarian structure and socio-productive transformation of rural landscape in Riosucio and Supía (Caldas, Colombia) from the XIX century's second half

Evolution de la structure agraire et les bouleversements socio-productive dans le paysage rural à Riosucio et Supía (Caldas, Colombie), du milieu du XIX^ème siècle

Elcy Corrales-Roa^**

^*Este artículo es producto del proyecto de investigación "Contribución de los sistemas de producción rurales a la construcción social y ecológica de espacios de conservación, en diversas escalas, en Riosucio- Supía", dirigido por la autora, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana y terminado en septiembre de 2010.
^**Socióloga, MPhil Diseño Urbano y Planificación Regional Desarrollo Regional, DEA Sociología, Profesora Titular-Investigadora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Correo electrónico: ecorrale@javeriana.edu.co
Cómo citar este artículo: Corrales, E., (2011). Evolución de la estructura agraria y transformación socio-productiva del paisaje rural en Riosucio y Supía (Caldas, Colombia) a partir de mediados del siglo XIX. En Cuad. Desarro. Rural. 8 (67): 153-179.

Recibido: 2011-02-18, Aceptado: 2011-02-20, Evaluado: 2011-06-21, Publicado: 2011-12-30.

Resumen

En los municipios de Riosucio y Supía del occidente del departamento de Caldas, recientemente se han desarrollado experiencias de agricultura sostenible, promovidas por organizaciones indígenas y campesinas, que han demostrado ser viables en términos económicos, ambientales y culturales. La tierra, sin embargo, se presenta como una limitante para su crecimiento. Se revisan los eventos que históricamente han determinado la conformación de la estructura agraria y el acceso a la tierra para diferentes actores y respecto del proceso de formación del sector de productores familiares a los que se dirigen las propuestas mencionadas. Se señalan los momentos de cambio, las transformaciones socio-productivas y las estrategias adaptativas desarrolladas por los productores, las cuales podrían explicar su permanencia en la zona. La investigación parte de finales del siglo XIX, cuando se definen los principales rasgos de la ocupación social y productiva vigentes. La presencia de población indígena, la evolución de la legislación sobre los resguardos, la minería y la colonización cafetera han sido determinantes en el proceso.

Palabras clave autor: estructura agraria, producción familiar, resguardos indígenas, campesinos, adaptabilidad.

Palabras clave descriptores: medio rural, campesinado, indígenas.

Abstract

There has been a recent development in sustainable agriculture, promoted by indigenous and peasant organizations, which have proven to be viable in economical, environmental and cultural terms in the municipalities of Riosucio and Supía in western Caldas. However, the land is presented as a constraint for growth. The events that have historically determined the arrangement of agrarian structure and land access for different actors, and regarding the process of family producers sector formation who are the target of the proposals above are reviewed. Turning points, socio-productive transformations and adaptive strategies developed by producers, which could explain their stay in the area, are indicated. This research begins on the late XIXth century when the main features of social and productive occupation are defined. The presence of indigenous inhabitants, the evolution of safeguards legislation, mining and coffee colonization have been crucial in the process.

Key words author: agrarian structure, household production, indigenous safeguards, peasants, adaptability.

Key words plus: rural environment, peasantry, indigenous people.

Résumé

Dans les communes de Riosucio Supía ouest du département de Caldas, ont récemment expérimenté avec une agriculture durable, promue par les organisations indigènes et paysannes qui se sont avérés être viable en termes économiques, environnementaux et culturels. La terre, cependant, est présenté comme une contrainte à la croissance. Nous passons en revue les événements qui ont historiquement déterminé la conformation de la structure agraire et l'accès aux terres pour les différents acteurs et sur le processus de formation des producteurs du secteur de la famille qui cible les propositions ci-dessus. Est le point tournant, les stratégies socio-productifs et adaptative développée par les agriculteurs, ce qui pourrait expliquer leur séjour dans la région. La recherche de la fin du XIX e siècle, lors de la définition des principales caractéristiques de force d'occupation sociale et productive. La présence des habitants autochtones, l'évolution de la loi sur les sauvegardes, l'exploitation minière et la colonisation de café ont été cruciales dans le processus.

Mots-clés auteur: structure agraire, la production des ménages, les réserves autochtones, les agriculteurs, l'adaptabilité.

Mots-clés descripteur: mileu rural, classe paysanne, peuples autoctones.

Introducción

El presente artículo reconstruye el proceso de conformación de las estructuras agrarias en Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas (Colombia), desde mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI. Se establecen los principales momentos de cambio que brindan pistas sobre la formación del campesinado y acerca de elementos de adaptación de la producción campesina y familiar. También se identifican aspectos de ocupación productiva del territorio y de la transformación del paisaje.

Más allá de evidenciar espacialmente la presencia de la producción familiar y campesina, se identifican las formas por las cuales los productores han logrado establecerse, desarrollarse y mantenerse en el espacio rural. Partimos del supuesto de que la persistencia y capacidad de estos productores para construir opciones, es en muchos casos indicación de grados de resiliencia originados en su habilidad para absorber choques y tensiones, reorganizarse y aprender sobre la experiencia de enfrentar el cambio. Lo anterior se expresa en el conjunto de estrategias adaptativas que han construido en el tiempo y en el espacio. La comprensión de los elementos señalados exige un análisis del proceso histórico por el cual la producción familiar va surgiendo y relacionándose con un conjunto de actores, los cuales han posibilitado o limitado su permanencia en la zona.

La selección de estos municipios ha sido definida por el trabajo que el grupo de investigación ha desarrollado con la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos (Asproinca), organización que ha desarrollado una propuesta de manejo de sistemas integrados de producción. Dicha propuesta incluye la aplicación de principios y prácticas agroecológicas que han demostrado ser viables en términos económicos, ambientales y culturales. Sin embargo, se ha encontrado que la mayor limitación para que estos sistemas continúen creciendo es y ha sido la tierra.

Con Asproinca se inició un proceso de investigación colaborativa desde finales de los años noventa. Los temas de las sucesivas investigaciones han sido: a) alternativas a los sistemas de ganadería extensiva de ladera; b) viabilidad económica, cultural y ambiental de su propuesta; c) contribución de estos sistemas a la seguridad alimentaria familiar y local y a la construcción de espacios de conservación en finca y a nivel de microcuenca. Finalmente, se reflexionó en torno a la construcción de resiliencia social y ecológica que pueden implicar estas propuestas.

En este análisis, Riosucio y Supía constituyen el sistema agrario o pequeña región en la cual se encuentran contextualizadas, en primera instancia, las acciones directas de Asproinca durante los últimos veinte años. Las relaciones entre los componentes del sistema agrario -ecosistemas, agro-ecosistemas, estructuras agrarias y un conjunto de instituciones- determinan su dinámica socioeconómica y ambiental. El presente texto se concentra en el componente estructura agraria, el cual permite entender el papel del campesinado y la producción familiar en su particular relación con la tierra y la producción en distintos momentos, así como su expresión en la configuración del paisaje en la zona. Los productores familiares campesinos e indígenas a los cuales se dirige la propuesta de Asproinca representan a estos sectores en la eco-región andina colombiana y particularmente a aquellos dedicados a la producción de café, caña, ganadería y pequeña minería.

La herencia que recibe el siglo XIX

En el territorio actual de Riosucio y Supía la presencia indígena y los yacimientos de oro y plata son elementos que marcan desde muy temprano la lucha por la apropiación del territorio, de sus riquezas minerales y de la mano de obra de la población allí asentada. "... La vida española en esta región comenzó en medio de disputas por tierras, por poder político y por el dominio económico, que serían permanentes a lo largo de los siglos siguientes" (Gartner, 2006, p. 22). Durante la Colonia, las fundaciones de poblados e instituciones como la encomienda, diseñadas por los españoles como una forma de hacerse de mano de obra y tributos indígenas, a cambio de instrucción cristiana, un lugar donde vivir, ropa y alimentación (RAE, 2001), les daban derechos sobre gentes y territorios.

La resistencia indígena a los intentos de dominación material y cultural de los conquistadores, sumada a los conflictos entre los indígenas por el territorio, conducirían en 1627, bajo la coordinación del oidor Lesmes de Espinosa y Saravia, a la creación de los resguardos, títulos sobre la tierra otorgados por la corona española como propiedad colectiva indígena. El primero sería el de Cañamomo y Lomaprieta, después el de San Lorenzo; más tarde el de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña. El área de estos resguardos es la que hoy ocupan los municipios de Riosucio, Supía y Marmato. En el siglo XX se creó el resguardo de Escopetera y Pirza (Defensoría del Pueblo, 2003). Desde su origen, las tierras han sido objeto de numerosas arremetidas por parte de diversos actores, quienes en distintos momentos y por diversos medios han amenazado su supervivencia y la de sus propietarios colectivos.

Entre los siglos XVI y XVIII la población indígena fue drásticamente diezmada y su cultura debilitada; a ello contribuiría la disolución de las familias y su segregación mediante el envío de "... los hombres para las minas, las mujeres al servicio personal y los hijos a la doctrina; las jerarquías sociales se vinieron abajo con el avasallamiento de los caciques que encarnaban la imagen de la autoridad, la dignidad y la justicia" (Gartner, 2006, p. 31). Al impedírseles desarrollar las actividades y oficios que constituían sus medios de vida, los indígenas serían privados de sus fuentes de sustento y alimentación y de sus excedentes de producción, que ahora se destinarían a satisfacer las demandas de la actividad minera.

El trabajo indígena en las minas sería reemplazado con el de esclavos negros africanos, introducidos por una clase esclavista que permanecería en la zona hasta principios del siglo xix, cuando nuevos grupos de criollos (descendientes de europeos nacidos en América), les disputarían ese poder. Más adelante, los esclavos libres familiares de los trabajadores de las minas harían parte de la diversidad social que aún perdura en la zona. Otro grupo lo constituiría la población mestiza, producto de la mezcla entre colonizadores e indígenas, que ha estado presente desde el siglo XVI; ellos se mezclarían con los dos grupos anteriores, desempeñando un papel importante en los cambios del siglo XIX.

Al comenzar el siglo XIX estos grupos y las actividades productivas desarrolladas por ellos se encontrarían distribuidos así: los negros dedicados a la minería se ubicarían "... en los entables de las orillas del río San Juan, en la salina de El Peñol, en Quiebralomo, en Marmato y en el asentamiento de Guamal...", que se mantiene en el actual Supía. Los mestizos se asentarían "... de forma dispersa en la parte oriental de la vega del Supía, cerca del río, en lo que hoy son los sitios de Mudarra y Obispo". Y los indígenas "... dueños formales del territorio, habitaban la parte de la vega y las montañas que las circundaban." (González, 2002, pp. 26-27) (ver mapa 1). Los lugares de habitación y producción eran sólo parte del territorio de los indígenas; la utilización del bosque y otros espacios de uso común incluían el manejo de diversos pisos altitudinales.

El siglo XIX: conflicto, transformación social y minería

Durante el siglo XIX, las guerras de independencia y un sinnúmero de conflictos nacionales y regionales en torno al poder político, al acceso y apropiación de la tierra y a las fuentes de riqueza, resultarían en un cuadro cada vez más complejo de intereses y presiones sobre los territorios indígenas. Una de éstos serían los pagos de deudas de guerra, los cuales incluyeron, en distintos momentos, la entrega de tierras bajo la forma de concesiones para la explotación de minerales a compañías extranjeras y más tarde a los criollos, en áreas categorizadas como baldíos de la nación.

Estas tendencias continuarían reforzándose a lo largo del siglo con la llegada de actores interesados en la ampliación y apropiación de las tierras que consideraban disponibles. Sus demandas estarían soportadas en ideas políticas y en una legislación favorable. Desde mediados de este siglo la emisión de leyes nacionales y locales promovería la colonización desde Antioquia. Emergería así un nuevo actor, el colono, el cual ocuparía tierras de resguardo "... primero como pequeñas labranzas, pero después con grandes extensiones, lo que acarrearía una compleja lucha territorial y étnica entre los indígenas y los antioqueños..." (González, 2002, p. 247). Estas luchas que culminarían posteriormente con la disolución de los resguardos de Guática, Quinchía y San Clemente, cuyo proceso fue similar a los de Riosucio, Supía y Marmato.

Entre 1870 y 1900 se definirían las características claves de la estructura agraria y la ocupación productiva del territorio de Riosucio y Supía del siglo XX. Tres elementos serían determinantes: a) la minería, b) el crecimiento de la actividad agropecuaria, en parte desarrollada por la colonización antioqueña vinculada con la minería, la ganadería y la producción de café; y c) la emisión de leyes que propiciarían la entrada de nuevos actores, quienes generarían presión sobre la tierra y los territorios de los resguardos.

La minería de oro y plata, así como los procesos de amalgamación, tuvieron un auge importante durante el decenio comprendido entre 1867 y 1877. Esto atraería colonos antioqueños, que se vincularon tanto con la extracción como con la producción de alimentos para la población minera. La amalgamación demandaría agua y madera de los bosques circundantes; así quedaría consignado en los registros de las transacciones y negociaciones para la compra de terrenos para la minería. Todo esto valorizaría las tierras con capacidad para satisfacer los requerimientos de la actividad. De ahí que los propietarios de la infraestructura minera tuviesen gran interés en la división de los resguardos en los que podían encontrar estos recursos. Dichos propietarios resultaron los más beneficiados de los acuerdos notariales de 1874, pues en las ventas posteriores, además de la tierra, edificaciones e infraestructura, se incluían caminos, bosques y fuentes de agua, lo que propició la concentración de la tierra en los empresarios de la minería. Varios entables recibirían cientos de hectáreas que se sumarían a las que fueron compradas a indígenas, colonos e intermediarios "... sin poder entonces decirse a cabalidad cuantas hectáreas terminaron en su poder, con la excepción de la Línea, que alcanzó a tener 2200 has..." (González, 2002, p. 326).

En segundo lugar, entre 1880 y 1890 la actividad agropecuaria creció en importancia, ligada a la minería y al cultivo del café promovido por colonos antioqueños. Los cultivos de caña y los de plátano, maíz, frijol y frutales continuarían desarrollándose en las zonas donde se iría introduciendo el café. En las tierras calientes, en los bordes de los ríos Cauca y Supía, se ubicaría una ganadería de tipo extensivo, con razas y pasturas mejoradas, la cual, al igual que la ganadería de leche de Riosucio, sería desarrollada en gran medida por colonizadores antioqueños, que llegaron a asentarse por las partes altas de estos municipios (González, 2002, Apellbaum, 2007, Valencia, 2010).

Simultáneamente con estos procesos, se generaría una legislación dirigida al manejo de la población indígena, que en los textos justificativos es considerada por los legisladores como una población salvaje que debería entrar en la civilidad, la economía y el sistema legal nacional. La Ley 89 de 1890 y el Decreto 74 de 1888, dictados por el gobierno central y por el del Cauca, serían determinantes. Su objetivo formal, en el primer caso, era establecer un período de cincuenta años para la repartición de resguardos, y en el segundo, institucionalizar la entrega de terrenos a no indígenas. Previamente, las comunidades como la de Supía y Cañamomo, Quinchía, Guática y la Montaña habían sido obligadas a ceder porciones importantes de los resguardos a pueblos vecinos; estas leyes ayudaron a ratificar tales transferencias (Apellbaum, 2007, p. 173).

En su conjunto, estos tres elementos: la minería, la llegada de colonos antioqueños y las leyes mencionadas, determinaron una nueva distribución de la tierra, en la cual la superficie de los resguardos continúa restringiéndose.

... En menos de treinta años se cumplió la transición del espacio colonial al espacio republicano, en donde los indígenas quedaron reducidos a una pequeña porción territorial que representaba menos del 20% del total que tenían legalmente en el decenio de los setenta. La mayoría de tierras comuneras pasaron de tierras comuneras de indígenas dentro de un resguardo, a fincas y/o mejoras de campesinos mestizos y a grandes extensiones de "bosques" de los terratenientes, las sociedades y los establecimientos mineros, en un distrito parroquial o municipal. (González, 2002, p. 289)

Otros mecanismos de acceso de personas externas a las tierras de los indígenas fueron "... matrimonios mixtos, contratos de arrendamiento, asentamientos ilegales, expansión de los límites de la propiedad, denuncios de minas y permitir que el ganado pastara libremente en los cultivos indígenas" (Apellbaum, 2007, p. 191). Los procesos de legalización de los resguardos constituyeron un espacio propicio para la operación de personajes que actuaban como representantes legales de los indígenas; el pago por estos servicios les permitiría no solamente acceder a tierras, sino también a una serie de ventajas en términos de manejo del poder local. Al final del siglo XIX fueron numerosos los actores que entraron a conformar la dinámica social y económica de la zona, con diversos intereses sobre la tierra y el territorio: el criollato, junto con los trabajadores y productores agrícolas vinculados con la actividad minera; un campesinado en formación, producto de la colonización cafetera, que se mezcla con los indígenas y los mestizos productores agropecuarios; al lado de la población negra, que continuó articulada con la minería y la agricultura en Guamal; y también grandes propietarios de tierra, generalmente de origen antioqueño, en las zonas altas y bajas, dedicados a la ganadería.

La expresión espacial de esta compleja realidad social, a partir de los arreglos en las escrituras de 1874 para Supía, muestra, de acuerdo con González (2002), que el crecimiento de las áreas mineras en Arcón, Taborda, La Amalia y La Línea, se hizo en detrimento de las ya disminuidas tierras indígenas. Los establecimientos mineros definen una red de sistemas de conducción del agua y de caminos que los comunicaban entre sí, y por los que entraban y salían recursos necesarios para el desarrollo de la actividad y sus productos para el mercado de Medellín. Posteriormente, al disminuir la actividad minera, algunos de los trabajadores se quedarían, tomarían posesión de algunas tierras y desarrollarían actividades agrícolas en las veredas de Taborda, Arcón y La Amalia de Supía.

Los colonos antioqueños se asentaron en Hojas Anchas y La Quinta, en parte alta de Supía, como pueblos de arriería, en el cruce de caminos que vienen de Antioquia, Marmato y Supía y de los entables mineros. Indígenas y mestizos cultivarían caña que procesaban con trapiches de mano, plátano y maíz. Su presencia se expresaría en un paisaje cañero en las tierras bajas, cerca de la vega del río Supía. La cabecera municipal extendería su poder y propiedades a las zonas rurales sobre las principales vías de acceso; estos espacios los separaban de otros, a quienes querían excluir, y sobre todo, despojar.

La acelerada transformación del paisaje durante los últimos decenios del siglo xix se expresaría de la siguiente manera para Supía:

... las partes altas, con bosques para el suministro de la industria minera y en proceso de deforestación; las partes medias de las vertientes con cultivos de pancoger de plátano, maíz y frutales, entre otros, y la producción cafetera; las partes cercanas al llano de Supía y las colinas circundantes, con la producción cañera, manteniendo la tradición indígena, con producciones de trapiche: panela, mieles o alcoholes o licores caseros; las partes bajas, incluida parte de la vega, pero especialmente en las zonas del Cauca, para la producción ganadera. (González, 2002, p. 331)

En Riosucio la distribución sería similar, salvo por la minería. Los antioqueños ocuparían las partes bajas con ganadería extensiva y pasturas mejoradas, y las partes altas con una ganadería de leche. En las zonas medias y bajas, indígenas y mestizos tendrían los mismos cultivos y productos que en Supía, y el café, que aparece en la última década del siglo (Apellbaum, 2007, p. 181).

La primera mitad del siglo XX: nuevos actores y estrategias de apropiación de la tierra y la riqueza

El siglo XX inició con una estructura agraria altamente concentrada alrededor de la minería, en manos de criollos y de compañías extranjeras, y de una ganadería de carne en las zonas bajas a orillas de los ríos Cauca y Supía y de leche en las zonas altas de Riosucio, conducida por propietarios antioqueños. De otro lado, estaba la producción agrícola desarrollada por la población indígena, mestiza y negra, en las zonas medias, donde predomina la caña para la producción de panela y aguardiente, cultivos varios de pancoger y el café, que entra con fuerza y definitivamente a formar parte del paisaje ecológico y social de la zona. La jerarquía de las actividades económicas que integran esta estructura se transformaría fuertemente durante los tres primeros decenios del siglo XX, haciéndose dominante la actividad agropecuaria.

La concentración de la propiedad tendió a agudizarse, como consecuencia de nuevas entregas de tierras y minas, en calidad de pago a los servicios prestados por militares durante la guerra de los Mil Días (1899-1902). Un caso representativo es el del general Alfredo Vázquez Cobo, reconocido como uno de los mayores beneficiarios del general Reyes, presidente de la República entre 1904 y 1909, en la zona.

A él le fueron entregadas las minas del Estado en Marmato y Supía. Vásquez Cobo aprovechó este poder para ejercerlo contra cualquier otro actor local que quisiera interponerse a sus ambiciones. Además de apoderarse de las minas, "... abusó de la población, persiguió a los comerciantes, eliminó la competencia de estos y amenazó con enviar a colonias penales a los compradores de oro independientes. En fin, derrumbó la economía local" (González, 2002, p. 380). El siguiente dibujo ilustra bien al personaje:

Entre 1905 y 1930 desaparecieron prácticamente todas las sociedades mineras, y las restantes tuvieron que negociar con el general Vásquez Cobo y con las compañías extranjeras. Esto ocasionó la salida de muchos de los antiguos mineros criollos hacia otras regiones, y sobre todo el abandono o venta de las tierras.

A partir de 1905, cuando se creó el departamento de Caldas, Supía, Riosucio y Marmato, que pertenecían a la provincia del Cauca, pasarían a formar parte de su región occidental. Desde el principio, esta región ha tenido características que la diferencian del resto. De un lado, por sus riquezas minerales, y del otro, debido a la compleja composición étnica y social que se ha descrito. La literatura histórica sobre esta parte del departamento muestra recurrentemente a su población, alejada de los ideales blancos y antioqueños que dominaron el desarrollo de los demás municipios caldenses de la época.

En este contexto, los problemas con las tierras indígenas, heredados del período anterior, continuarían. Varios documentos y discursos surgirían argumentando la necesidad de disolver los resguardos, cuyas tierras eran miradas como ociosas y sus ocupantes como gentes primitivas y perezosas. En el conflicto permanente entre criollos e indígenas por la tierra, los primeros se servirían de múltiples estrategias similares a las ya descritas para el período anterior. La pérdida de tierras de los resguardos indígenas tendría implicaciones en sus maneras de cultivar y ocupar el territorio, y por lo tanto en el acceso y disponibilidad de una serie de recursos que constituían sus medios de vida. Al parecer, en la percepción de los colonizadores y de la población no indígena, muy poco interesados en comprender las formas productivas indígenas, su forma de manejo territorial era indicación de tierras abandonadas o sin dueño que supiera utilizarlas productivamente, por lo que podían y debían ser apropiadas.

Evidencias de lo anterior se encuentran en las entrevistas realizadas por Franco a mayores de varios resguardos de Riosucio en el año 2004. Apoyado en ellas, el autor logra evidenciar en la zona una agricultura indígena no intensiva, con una gestión vertical del territorio que implicaba el acceso y manejo simultáneo de diversos pisos altitudinales térmicos, especies animales y vegetales, y permitía convivir con los bosques. En el relato de uno de estos mayores "... Todo se sembraba en pedacitos dentro del monte. En la montaña había guamos, higuerones y mestizos cedros, tambor, guadua y cañabrava. No tenían ganado, pero sí gallinas y marranos.". Todavía a principios de los años cuarenta "... los marranos, las bestias y el ganado eran tenidos libremente en un criadero, en tierra de comunidad. Los cultivos eran retirados hacia las laderas y los planes más abajo." En Cañamomo lo más plano estaba sembrado con caña [...] tenían corrales de plátano, maíz y fríjol..." (Franco, 2004).

Con la llegada de los nuevos propietarios, estas estrategias productivas tendieron a desaparecer, en parte por la pérdida de acceso a la tierra caliente. Otro de los ancianos cuenta que su abuelo "... tenía un cosechadero en mata de guineo en la tierra caliente, pero los ricos se adueñaron, los ricos largaron animales y la gente le perdió el deseo cosechar por allá" (Franco, 2004). En la Iberia, tierra caliente, él tenía cosechaderos de maíz fríjol, yuca y arracacha, y engordaba cerdos.

Al perder las tierras en las partes bajas, la población indígena se asentaría especialmente en las tierras medias, donde hoy está, lo que implicó que en estas áreas "se abundó la gente" y se perdió en parte la posibilidad de ese manejo vertical

tradicional. Más adelante, los indígenas volverán a cultivar en estas tierras, pero ya en calidad de jornaleros. Por otro lado, el debilitamiento de la actividad minera durante las primeras décadas del siglo XX liberó importantes extensiones de tierra, las cuales fueron distribuidas entre los antiguos socios, nuevos colonos convertidos en propietarios mediante la compra de tierra a herederos, o bien serían apropiadas a través de mejoras, u ocupadas a través del sistema de rocerías. Estos fueron procesos de apropiación de tierras, llevados a cabo por nuevos colonos antioqueños, campesinos ubicados dentro o cerca de antiguos entables mineros, con muy poca tierra y trabajadores sin tierra.

Entre finales de los años veinte y comienzos de los treinta, nuevos colonos, pequeños campesinos e indígenas se organizaron para la ocupación de tierras baldías de la nación. Eventos de este tipo se presentaron en Media Caral, La Paz, La Amalia, La Divisa, La Torre, Cruz de Helecho y Los Novios, en Supía (González, 2002, p. 402).

La otra forma de acceso a la tierra para la agricultura sería la compra de tierras, en las cuales grandes propietarios permitieron el trabajo de campesinos indígenas bajo la forma de arrendamiento. Estas tierras estaban ubicadas en partes altas, y luego se dedicarían a la ganadería; es el caso de la hacienda San Joaquín, formada a partir de las tierras de El Arcón y La Línea; los indígenas en este caso eran del resguardo San Lorenzo (González, 2002). Así las cosas, para algunos sectores de la Vega del Supía, las tierras concentradas en el período anterior empezarían a ser divididas.

Colonización, fortalecimiento de la producción cafetera y otras actividades

Con mayores posibilidades de acceso a la tierra, entre 1905 y 1938 se presentaría la más importante ola de colonización cafetera en Supía. Las tierras aptas para el café serían sumamente apetecidas y el cultivo promovido de diversas maneras. En este proceso jugarían un importante papel sacerdotes y empresarios cafeteros, convenciendo a los indígenas para que entraran en la producción.

En el resguardo de San Lorenzo, de Riosucio, por ejemplo, las narraciones orales de pobladores, recuperadas por Appelbaum a principios de 1990, muestran que el café habría llegado al resguardo por iniciativa del sacerdote antioqueño asignado a la parroquia de Riosucio, quien comenzó a predicar en la capilla de la aldea en la segunda década del siglo XX; él impondría como penitencia de la confesión la siembra de café, argumentando que este permitiría el mantenimiento futuro de los indígenas. Más adelante, al instruir también sobre las formas de vestir, propiciaría la llegada de otros actores, trayendo al resguardo al comerciante que abastecería a los indios de ropa. Éste

... era un antioqueño [.] que estableció un tren de mulas entre Medellín y San Lorenzo [...] compraba café a bajos precios, vendía mercancías y, luego de la partición del resguardo (en los años 40), daba crédito a los nuevos propietarios de las tierras indígenas. Junto con sus hermanos y otros comerciantes e inversionistas de Riosucio y Antioquia obtuvo derechos de tierra en San Lorenzo comprando títulos, redimiendo hipotecas y embargando cosechas. (Apellbaum, 2007, p. 284)

Como ejemplo de empresarios cafeteros está don Carlos Pinzón Posada, dueño de gran cantidad de beneficiaderos y trilladoras de café, quien hasta los años treinta promovió la siembra del café entre los indígenas, con la promesa de comprárselo. Su idea era que allí había muchas tierras y mano de obra un poco ociosa, que podría ocuparse en este tipo de cultivo, y de paso hacer crecer la actividad en la zona (Valencia, 2010).

El impulso a la producción de café dio resultados positivos; así lo mostraría la evolución de las siembras y la producción entre finales del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX: en 1892 Supía contaba con 25.000 matas de café; en 1913 éstas serían 400.000, además de una trilladora en el área urbana. En 1926 ya había 602.700 cafetos en 123 plantaciones. "... el ascenso de la actividad cafetera fue sostenido, y en 1932 el censo cafetero dio para Supía 1.368.987 cafetos sembrados, ocupando el puesto 13 entre los 42 municipios caldenses...". Por su parte, Riosucio tenía en 1913 un total de 150.100 cafetos sembrados (González, 2002, p. 406).

La producción cafetera se fue instalando dentro de los territorios de los resguardos y en las áreas que dejara libres la minería. En adelante, las trasformaciones productivas relacionadas con este producto influenciaron la organización de los sistemas productivos y del paisaje. En este proceso jugó un papel cada vez más importante la producción familiar campesina e indígena.

Otra actividad que haría presencia a partir de los años veinte sería la de la extracción de madera en las partes altas, con destino a suplir las minas de Marmato. Dicha extracción sería realizada por "palenqueros", contratistas que contaban con aserraderos y recuas de mulas con las que operaban al norte de Supía, las cuales transportaban "... comida, mercancías, leñas, líquidos en barril y yerba imperial para alimentar las mulas [...] hubo épocas en que las mulas sumaban 200, de las cuales 50 eran para madera y 150 para las otras actividades." (González, 2002, pp. 404-06). Ante la inexistencia de carreteras, el negocio de las mulas se convierte en una empresa fundamental para el transporte de todo tipo de mercancías, dentro y fuera de la zona.

En el área urbana se fue conformando un sector comerciante y empresarial, articulado a las actividades agropecuarias, que impulsaría la producción y transformación de productos de la caña, del café y de algunos otros productos. Al lado de estos actores continuaron ejerciendo un papel importante los intermediarios de la tierra y abogados, quienes, a finales del siglo XIX, "ayudaban para resolver pleitos", incluso entre parcialidades y resguardos indígenas. Estos servicios eran costosos y terminaban siendo pagados con tierras (Apellbaum, 2007).

Estructura agraria y transformación del paisaje

Durante la primera mitad del siglo XX, la nueva estructuración del espacio rural de Riosucio y Supía, a raíz de la situación descrita, resulta en una radical transformación del paisaje social y productivo: de uno eminentemente minero, a uno dominado por la agricultura y la ganadería, de grandes propietarios, pequeños productores indígenas, colonos campesinos y comerciantes urbanos, todos ellos ocupados en actividades agropecuarias; esto imprimiría a Supía un gran dinamismo comercial local y regional (González, 2002, p. 403).

Se asiste así, a un proceso de fragmentación/concentración de la propiedad en las zonas rurales. La primera, en las zonas medias y bajas dedicadas al café, con diversos tipos de sombrío, que incluían plátano y frutales y la caña en manos de campesinos indígenas y medianos propietarios. La segunda, en las partes altas frías y en las tierras calientes; allí grandes propietarios se dedicarían a la ganadería, en el primer caso de leche y en el segundo de carne. Estas formas de apropiación de la tierra transformarían la estructura agraria local, en la cual el campesinado estaría constituido en parte por población indígena, un sector de colonos antioqueños y trabajadores sin tierra, y la población negra y mestiza. Todo ello unido a la creciente producción cafetera, soportada por una fuerte institucionalidad de apoyo a su producción y comercialización, que determinaría una porción importante del paisaje productivo de la región, hasta finales del siglo XX.

Carreteras, resurgimiento minero, partición de resguardos y violencia

A partir de los años treinta y hasta finales de los cincuenta, hubo varios eventos que iban nuevamente a determinar cambios sociales y económicos: a) la llegada de las carreteras; b) un nuevo auge de la minería en manos de compañías extranjeras; c) la finalización del plazo de cincuenta años establecido en 1890 para la partición de los resguardos; y d) la violencia partidista de mediados del siglo XX.

Riosucio, Supía, Marmato y otros municipios del occidente de Caldas se comunicaban todavía por redes de caminos y mulas, mientras el resto del departamento ya estaba articulado por los sistemas de cable y ferrocarril. Las primeras carreteras llegarían a Riosucio en 1934, tres años después a Supía. Esto transformaría las estructuras socioeconómicas locales, eliminando la arriería y permitiendo la salida de productos agropecuarios y su integración con centros urbanos tan lejanos como Medellín.

La minería resurgiría en manos de empresas inglesas y norteamericanas. Compañías inversionistas, conformadas por extranjeros y colombianos de Medellín, se encargarían de las compras de terrenos y de los litigios ocasionados por la actividad en la zona. Sus negociaciones incluyeron la compra de numerosas fincas en las orillas del río Supía y de sus tributarios, y de terrenos ubicados en los resguardos indígenas, en particular el de Cañamomo y Lomaprieta. Nuevamente, grandes extensiones de tierra serían apropiadas para esta actividad, cuyo aporte a la economía local sería muy escaso.

En los años cuarenta expiraría el plazo de cincuenta años, establecido en 1890, para la partición de los resguardos, coyuntura que propiciaría la disolución, en primer lugar, de los resguardos que más habían resistido la ocupación de tierras por no indígenas; así sucedió con el resguardo de San Lorenzo. En 1944, con el apoyo de los políticos locales, su cabildo, es decir, la autoridad indígena encargada de representar legalmente a su grupo y de ejercer las funciones que le atribuye la ley, y sus usos y costumbres, se disolvería y sus tierras serían divididas en parcelas privadas (DMS Jurídica, 1995). El resguardo dejó de existir durante cuatro décadas, lo que propició la llegada de gran número de inmigrantes antioqueños. Otros resguardos que corrieron la misma suerte fueron el de Quinchía, y a finales de los años cincuenta, el de Guática (Apellbaum, 2007, Zuluaga, 2006).

Las invasiones de ganaderos a las tierras bajas, consideradas las mejores y de mayor accesibilidad para el resguardo, continuaron, y ello empujó a sus habitantes hacia las áreas más altas y con mayores pendientes. Tales desplazamientos suscitarían la reacción de los indígenas; así lo recordarían los líderes indígenas del resguardo Cañamomo y Lomaprieta, entrevistados en 1994 y 1995 por Appelbaum. Los ganaderos usaban estrategias para ampliar las propiedades, como correr linderos y restringir el paso de personas y animales; esto agravó el conflicto, al punto que, cansados de estos abusos, los indígenas asesinaron a uno de ellos.

Entre 1960 y el primer decenio del 2000. Luchas por la tierra y cambios en las políticas públicas

En el país, la violencia partidista de la primera mitad del siglo XX enfrentó a campesinos y grandes dueños de tierra, y tuvo consecuencias para la población indígena, generando desplazamiento y pérdida de tierras por diversos motivos. Ello sucedió, por ejemplo, en Riosucio, con el incendio de la notaría y las ventas de tierra a muy bajos precios. De acuerdo con Zuluaga (2006), "... Todos estos desplazamientos tenían el mismo origen: la presión que sobre las tierras de los resguardos ejercían los traficantes de tierras por medio de los gobiernos locales".

El período de violencia acentuó la tendencia a la concentración de la propiedad en el país; a partir de los años sesenta, los movimientos sociales por la tierra propiciarían alianzas entre campesinos e indígenas. De acuerdo con Jimeno (1992), la política indigenista oficial, iniciada en el siglo XIX, tuvo:

... tres grandes períodos [...]: uno, fugaz, producto de las guerras de independencia, en el cual se reconocieron formalmente ciertos derechos indios; le siguió un largo lapso, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, caracterizado por una agresiva política contra las tierras comunales indígenas, principalmente las de la región andina; y un tercer período, que se inicia en los años sesenta, en que surgen movimientos campesinos a los que se unen movimientos indígenas.

La presión social, dirigida al mejoramiento de las condiciones de acceso a la tierra, se acompañaría de la aparición de políticas públicas, que en los años sesenta y setenta pretenderían actuar sobre el problema. Así fue promulgada la Ley 135 de Reforma Agraria, de 1961, que promovería el uso productivo de la tierra ociosa en manos de grandes terratenientes; en caso contrario, sería objeto de extinción de dominio. Para los campesinos, proponía facilitar el acceso a la tierra y promover la conformación de unidades agrícolas familiares, articuladas con el mercado. En cuanto a las tierras para los indígenas, esta ley posibilitaría la creación de nuevos resguardos, y más adelante autorizaría la conformación de reservas indígenas en selvas y sabanas. Esto último sería soportado por la adhesión del país al Convenio 107 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de 1957, sobre derechos de minorías indígenas y tribales y su integración (Pineda, 2002, Zuluaga, 2006). Para ejecutar el programa, la Ley 135 creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

La puesta en marcha de las anteriores medidas se vería limitada por la resistencia activa de los grandes propietarios territoriales. Finalmente, los grandes latifundios serían mínimamente afectados. En cambio, se promovió la colonización campesina de tierras del Estado, en zonas de frontera agrícola, tocando muy poco la estructura concentrada de las tierras ubicadas dentro de ella. Esta tendencia continuaría su curso, en razón de los sucesivos cambios en la política de tierras, los cuales, a la postre, abandonarían la intención de hacer una reforma agraria profunda.

Por otra parte, en el proceso se gestaron organizaciones como la Asociación de Usuarios Campesinos, inicialmente promovida por el Estado, en los años setenta, para canalizar las demandas campesinas; luego esta organización se divide: mientras una sección permanece al lado del Estado, la otra opta por acciones más radicales, como por ejemplo la toma de tierras. Por su parte, a partir de las actividades del Consejo Regional del Cauca, y luego de organizaciones regionales indígenas en otras regiones del país, se terminaría conformando, a comienzos de los años ochenta, la Organización Indígena Nacional Colombiana (ONIC). Estas organizaciones se convertirían en soporte para los procesos de recuperación de tierras que tendrían lugar a partir de este momento, y hasta comienzos de los años noventa, actuando algunas veces en alianza con los campesinos.

En Riosucio y Supía y los municipios y resguardos aledaños, el efecto de lo anterior es claro. De un lado, se generarían reacciones violentas por parte de quienes, sin ser indígenas, poseían grandes extensiones de tierra al interior de los resguardos, como sucedería con la creación de la reserva indígena del Chamí, en 1976. De otro lado, "... Los pequeños propietarios continuaron conviviendo con la población aborigen, sin ninguna dificultad como ocurrió en el Chamí con los mestizos y los afrocolombianos" (Zuluaga, 2006). En los casos en los que el Incora compró tierras para ser entregadas a indígenas y campesinos pobres, los vendedores eran los mismos que antes se las habían arrebatado a los indígenas (Zuluaga, 2006). A mediados de los años ochenta, en Riosucio, el resguardo San Lorenzo, disuelto a principios de los años cuarenta, fue recuperado.

El tema de la exigencia de los títulos de propiedad para sanear los resguardos y establecer sus límites, es recurrente durante todo este período. Valencia (2010) relata cómo los indígenas solían quejarse a raíz de que el Incora venía a exigirles títulos de propiedad, y a ofrecerles que los convertirían en propietarios con títulos individuales, condición que no era deseable para ellos. Durante los años setenta y ochenta, las reivindicaciones se transformarían en luchas por la recuperación y rescate de las tierras que antes les pertenecían; es en ese momento cuando.

... se invade Benítez, se invade Rueda, se invade Santa Ana, esas haciendas son ganaderas que rodean el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, esas son las haciendas que están en el Río Cauca y en el Río Sucio y el indígena ya es consciente que en 1975, que ellos eran dueños de todo eso y que los subieron a la montaña [...] se invaden las haciendas que son ganaderas, haciendas de tierras bajas y algunas tocan piedemonte, pero fundamentalmente, la que ellos llamaban tierra caliente, tierra ganadera. (Valencia, 2010)

A partir de esos años -afirma el historiador-, la lucha de los indígenas de esta zona se centró en la defensa de las tierras comunales y de la cultura, la cual se verá en cierta forma reconocida en la nueva Constitución colombiana de 1991, en cuya construcción y discusión participaron tres representantes indígenas. Esto constituiría un avance importante, en términos de los derechos sociales y culturales de los pueblos indígenas y de otras comunidades étnicas. Además del reconocimiento del país como pluriétnico y multicultural, en la Constitución se establecen una serie de derechos territoriales, como el respeto por la propiedad colectiva de los resguardos y tierras indígenas, las cuales no pueden ser enajenadas u objeto de venta o transacción. La existencia de territorios indígenas es aceptada; éstos son lugares donde tradicionalmente se desarrollan actividades económicas, sociales y culturales. En este sentido, pueden abarcar espacios más amplios que los de los actuales resguardos. Se abre la posibilidad de la constitución de reservas indígenas, que se convierten en tierras comunales localizadas en tierras baldías, previamente delimitadas por el Incora. Adicionalmente, el reconocimiento territorial les da derecho a los indígenas a acceder a recursos financieros de la nación. El Estado se convierte en garante de los derechos de propiedad y protección de estos territorios.

La ejecución de estas decisiones políticas y sus resultados son discretos. Como ejemplo está el de la posibilidad de saneamiento de las tierras indígenas, mediante la compra, por parte del Estado, a no indígenas asentados en los resguardos, para restituírselas, de manera que puedan ser asignadas a la comunidad. Las compras serían realizadas por el Instituto colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que en 2003 reemplaza al Incora, fundiéndolo con el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el Desarrollo Rural Integrado (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), dándole nuevas funciones.

Intentos de legalización de tierras en varios municipios del occidente de Caldas han tenido obstáculos, debido a la insuficiencia de recursos del Estado y la poca voluntad para resolver los casos. En Supía, en el año 2007, a raíz de la toma pacífica de la finca Mendebal, vereda Bajo Sevilla, por indígenas del resguardo Cañamomo y Lomaprieta, que reclamaron estas tierras como parte de sus territorios ancestrales, un artículo de la prensa regional, describe la situación, esos terrenos tienen nuevos dueños, no tan de vieja data, pero sí con décadas de raíces, como son los colonos paisas.". Otro colono paisa, en la vereda Paneso de Riosucio, hace cuarenta años posee una finca mediana, donde el bosque se convirtió en pastos, y dice:

Aquí la convivencia con los indígenas siempre ha sido buena, pero he estado aparte de sus costumbres y tradiciones [...] No sé si en verdad los indígenas tengan derechos sobre este territorio. Lo único que me interesa, si llegan a legalizarles los predios, es que me paguen bien. (Patiño, 2007)

En el mismo artículo, el alcalde indígena de Riosucio, Darío E. Tapasco Bueno, manifiesta: "... la falta de recursos oficiales hace imposible sanear los territorios". Para el gobernador del resguardo Cañamomo y Lomaprieta, Héctor J. Vinazco, el presupuesto del Incoder en 2007 era de "... mil 800 millones de pesos, 'eso puede costar una sola finca, y esos recursos son para todo el país'" (Patiño, 2007).

Conflicto y desplazamiento recientes

A partir de los años sesenta, la agudización del conflicto generaría situaciones de violencia y desplazamiento en numerosas zonas del país, incluidos Riosucio y Supía, donde hicieron presencia tanto grupos guerrilleros de izquierda, surgidos del anterior período de violencia, como organizaciones paramilitares. Así lo confirma un informe de la Defensoría del Pueblo, ante denuncias presentadas durante los años sesenta:

... los territorios en los que están asentados los pueblos indígenas del departamento de Caldas son zonas geográficamente estratégicas para el posicionamiento de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se disputan zonas de corredores que les faciliten su movilidad, convirtiendo a las poblaciones indígenas en objetivo militar, a quienes les violan el derecho a la vida e integridad personal continuamente (desaparición y retención de personas, torturas y homicidios selectivos, homicidios de líderes indígenas y desplazamiento forzado. (Defensoría del Pueblo, 2003, p. 1)

En 2009 y 2010 estas denuncias continuaban. Además, el informe enfatiza en las condiciones de extrema pobreza y escasas oportunidades de trabajo para la mayoría de la población indígena, aun cuando la zona se caracteriza por tener una muy importante riqueza mineral: oro, carbón, plata, sal, y material para la elaboración de tejas de barro en Supía.

La situación descrita hasta este punto confirma que el conflicto por la tierra ha estado presente en la región y en el país, desde hace mucho tiempo. Al terminar el siglo XX, la estructura agraria de Riosucio y Supía corresponde a un tipo en el que "La articulación entre propiedades de distintos tamaños y el minifundio campesino, característica de la región andina, [allí] [...] los conflictos se concentran en regiones donde las comunidades indígenas y campesinas luchan por recuperar espacios territoriales." (Reyes, 1998, p. 278). En este proceso, los indígenas y los campesinos han tenido las mayores pérdidas.

A manera de conclusión

El recorrido que hemos hecho en torno al proceso de conformación de las estructuras agrarias de Riosucio y Supía, nos permite concluir que desde finales del siglo XIX se ha venido conformando un sector familiar campesino, al cual la población indígena se articula, en distintos momentos y por diversos mecanismos con los mestizos, la población negra y con colonos campesinos de origen antioqueño, que han llegado a su territorio en distintas oleadas. Este sector constituiría el principal agente de la producción cafetera, y en general agrícola, así como de la pequeña ganadería de ladera. A comienzos del siglo XXI, el paisaje productivo mantiene la tendencia a la ocupación ganadera extensiva en las tierras frías y calientes; en la zona media prevalecen el café, la caña, cultivos como yuca, frijol, hortalizas y la ganadería campesina.

La conformación de las unidades productivas familiares actuales, es el resultado de una dinámica continua de fragmentación de la propiedad. En las áreas de resguardo contribuyen a esta situación el crecimiento de la población y la limitación de tierra disponible. En otros casos, se trata de ventas de tierra por propietarios descendientes de colonos antioqueños, cuyas propiedades, a su vez, eran divisiones de fincas grandes entregadas a familiares como herencias o pagos de deudas por trabajo; estas tierras son compradas por pequeños campesinos que siguen llegando de Antioquia a establecerse con sus familias. También se tienen evidencias de la formación de pequeñas fincas, por parte de trabajadores sin tierra, que poco a poco las van adquiriendo mediante el trabajo en predios de estos antiguos colonos¹.

Se ha observado cómo a través del tiempo distintos eventos sociales, económicos y políticos, han determinado, no sólo el acceso a la tierra para indígenas y campesinos, sino también la transformación de los sistemas de producción. Los sistemas productivos indígenas tenían inicialmente una expresión territorial, que incluía varios pisos altitudinales; el acceso a estos espacios y las formas tradicionales de producir en ellos, se fueron restringiendo, al tiempo que entraron en escena nuevos actores sociales e institucionales. Esto, a su vez, generó cambios en la composición social y productiva, en los lugares donde la población indígena fue relegada. En el contexto social y cultural del resguardo, sin embargo, las posibilidades de ampliación de los espacios productivos de los predios indígenas pueden mostrar algunas diferencias con respecto a las de los campesinos no indígenas; esto en razón de sus formas de organización comunitaria y de contar con tierras comunales que sus autoridades pueden asignar, aun cuando el ritmo de crecimiento de la población de los resguardos hace cada vez más restringida esta opción.

Los elementos señalados hasta aquí son en nuestro concepto signos de una importante capacidad adaptativa de estos productores familiares, comenzando por los indígenas, quienes permanecen, a pesar de todas las presiones que se han señalado; continuando con los negros y campesinos, que vienen de rupturas en sus zonas de origen, y al llegar ponen a prueba su capacidad de transformarse y hacerse a una vida, combinando las habilidades que traen con las posibilidades que encuentran al llegar. Ya establecidos, estos productores continúan desarrollando estrategias sociales y productivas que les han permitido permanecer en la zona.

La vinculación con la actividad cafetera ha constituido un reto de adaptación al cambio, debido a que se ha convertido en un elemento fundamental en el conjunto de los medios de vida de estos productores familiares. Las economías familiares de la zona han sido altamente vulnerables a los cambios que tienen lugar en el sector, en los mercados, en la institucionalidad de apoyo y en las condiciones tecnológicas que exige el mantenimiento de la productividad del cultivo. Así, los productores cafeteros han participado de los períodos de auge y crisis del sector, pero a su vez han sido capaces de generar estrategias de adaptación, que les han permitido continuar viviendo de su producción.

Es en este contexto, de permanente cambio y adaptación, donde a comienzos de los años noventa nace la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos (Asproinca), en pleno período de crisis cafetera. El mismo nombre de la organización refleja la historia que hemos contado, enfatizando su propuesta productiva y social, en la que se combinan estrategias de recuperación de prácticas de producción tradicionales, con la búsqueda de alternativas generadas por centros de investigación, aplicadas y adaptadas a las condiciones sociales y productivas de la zona.

Pie de página

¹Entrevistas realizadas durante el mes de noviembre de 2009, con campesinos mayores cuyas fincas están en el área de influencia de la cuenca Rodas en Supía. Estos campesinos llegaron desde Jardín (Antioquia) para establecerse en veredas como la Torre o La Divisa en Supía.

Referencias

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