Organización de la comunidad en medio del conflicto social y armado. El caso de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra*

Community Organization in the Midst of Social and Armed Conflict: The Case of the Peasant Association of the Cimitarra River Valley

L'organisation communautaire de la population au sein du conflit social et armé. Le cas de l'Asociacion Campesina del Valle del rio Cimitarra

Diego-Fernando Silva-Prada**

* Este artículo es el resultado del trabajo de investigación doctoral titulado: "Comunidades campesinas en resistencia civil. La organización social frente a los actores armados en Colombia. 1987-2009", realizado durante el periodo 2007-20ii, con el auspicio de Flacso-Argentina, Conicet y Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá.
** Candidato a doctor por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Argentina). Magíster en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), México D.F. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Docente-Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Humanas y Sociales (CEIHS)-Uniminuto. Miembro del grupo Ciudadanía, paz y desarrollo. Colciencias Ai. Correo electrónico: silvaprada@yahoo.es

Recibido: 2011-10-21 Aceptado: 2011-10-23 Evaluado: 2012-01-20 Publicado: 2012-06-30

Cómo citar este artículo.

Silva-Prada, D. F. (2012). Organización de la comunidad en medio del conflicto social y armado. El caso de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. Cuadernos de desarrollo rural, 9 (68), 17-40

Resumen

El objetivo de este artículo se centra en mostrar los orígenes, el desarrollo y los significados de las luchas sociales que la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) ha venido llevando a cabo desde hace más de una década, como ejercicio de organización de la comunidad campesina en el conflicto social y armado colombiano. A partir de la aplicación del método etnográfico se pudo construir una interpretación profunda de las acciones colectivas por medio del acceso a los archivos de la Asociación y de entrevistas en profundidad. Los resultados de la investigación se centran en que esta Asociación representa un ejemplo de construcción de desarrollo local y de transformación de la conflictividad regional por medio de acciones colectivas defensoras de la autonomía comunitaria y de la soberanía alimentaria de las poblaciones del Magdalena Medio. La asociación campesina estudiada se reinventa como colectivo defensor de los derechos humanos, como actor civil y sujeto político con proyectos de región con carácter incluyente y democrático.

Palabras clave autor: Desarrollo comunitario, comunidad campesina, luchas sociales, acciones colectivas campesinas.

Palabras clave descriptores: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, desarrollo de la comunidad, campesinos, condiciones sociales, luchas sociales, movimientos campesinos - Colombia.

Abstract

The aim of this paper is to show the origins, development and meanings of the social struggles that the Peasant Association of the Cimitarra River Valley (ACVC) has been conducting for over a decade as an exercise in organization of the peasant community in the midst of Colombia's social and armed conflict. The use of ethnographic methods allowed developing a deep understanding of collective action through access to the archives of the Association and through in-depth interviews. The research results focus on the idea that this Association represents an example of local development building and transformation of regional conflicts through collective action, which advocates for the communitarian autonomy and the food sovereignty of the peoples of the Magdalena Medio. This peasant association reinvents itself as a collective for the defense of human rights, as well as a civil and political subject with inclusive and democratic regional projects.

Keywords author: Community development, peasant community, social struggles, peasant collective action.

Keywords plus: Community development, peasants, social conditions, social conflicto, country movements, Colombia.

Résumé

Le but de cet article se focalise sur les origines, le développement et les significations des conflits sociaux que l'Asociacion Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC) a été en train de mener il y a plus d'une décade, comme exercice d'organisation de la communauté paysanne au sein du conflit social et armé colombien. À partir de l'application de la méthode ethnographique, il a été possible de construire, grâce à l'accès aux fichiers de l'ACVC et aux entretiens détaillés, une interprétation approfondie des actions collectives. Les résultats de la recherche se concentrent sur l'importance de l'association car elle est un exemple de la construction du développement local et de la transformation du conflit régional par moyen d'actions collectives protectrices de l'autonomie communautaire et de la souveraineté alimentaire des populations du Magdalena Medio. L'association paysanne étudiée se réinvente comme un défenseur collectif des droits humains, un acteur civil et un sujet politique avec des projets de région de caractère concluant et démocratique.

Mots-clés auteur: Développement communautaire, communauté paysanne, conflits sociaux, actions collectives paysannes.

Mots-clés descripteur: Développement communautaire, agriculteurs, conditions sociales, luttes sociales, mouvements paysans - Colombie.

1. Contexto y antecedentes de la organización campesina en el valle del río Cimitarra

El valle del río Cimitarra se encuentra en la subregión centro del Magdalena Medio y comprende los municipios de Santa Rosa, Simití, San Pablo, Cantagallo y Yondó ¹ Al igual que en otras zonas del Magdalena Medio, esta subregión se fue poblando desde mediados del siglo XX por migraciones espontáneas y aluvionales provenientes de regiones con violencia política bipartidista y por expulsiones generadas en otros tipos de violencias (Prada, 2006, pp. 168-169) jalonadas por los imperativos de nuevas formas productivas. Las dos grandes zonas de migración espontánea del Magdalena Medio han sido la subregión sur: Carare-Opón, y la subregión centro: río Cimitarra y río Ité. Por el contrario, la subregión norte ha estado caracterizada por tener una colonización dirigida mediante adjudicación estatal de baldíos (Becerra, 2005; Fajardo, 2008).

Las problemáticas sociales del valle del río Cimitarra han estado relacionadas históricamente con el aislamiento producido por la falta de infraestructura vial y de servicios, así como con las permanentes arremetidas de las Fuerzas Armadas causadas por la persecución de frentes guerrilleros hacia zonas de retaguardia. La posibilidad de navegación de los ríos Cimitarra, Ité y Tamar —estos dos últimos afluentes del primero— ha sido desde un principio de alta dificultad, y solo en épocas de lluvias es factible el desplazamiento sin problemas y la movilización fluvial de recursos². Desde comienzos de los años sesenta hasta principios de los ochenta, la única institucionalidad presente en la región del Cimitarra fueron las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales organizaron la vida comunitaria y fueron la instancia de canalización de las demandas sociales ante las alcaldías y las gobernaciones.

Para suplir la necesidad del abastecimiento y la comercialización de la producción agrícola, a mediados de los años ochenta los pobladores de la región del Cimitarra lograron constituir la Cooperativa de Pequeños y Medianos Agricultores de Antioquia (Coopemantioquia), en el caserío llamado Pueblo Nuevo, a orillas del río Ité. Sin embargo, la Cooperativa cumplió funciones más amplias como la resolución de conflictos entre colonos, la tramitación de reclamos ante las administraciones locales y la regulación del proceso de colonización. Pero como se mencionó, los únicos representantes esporádicos del Estado en la zona, esto es, las fuerzas militares, vieron en esta iniciativa social un peligro y un apoyo a los ejércitos subversivos. Para el año 1989, el Ejército Nacional bombardeó y saqueó la sede principal de la Cooperativa, con el argumento de que: "habían descubierto un campamento, en inmediaciones del río Tamar y del Ité, con capacidad para 200 hombres y con comida para el sostenimiento en 3 meses" (ACVC, 2009a). De ahí en adelante, las acciones militares del Ejército y de paramilitares estuvieron directamente dirigidas a la destrucción de esta experiencia de cooperativismo. De 1990 a 1993 se sumaron acciones de tortura, intimidación y desaparición de campesinos de Coopemantioquia³. La exitosa labor cooperativa duró hasta el año 1996, luego de la reapertura y el posterior ataque final de los paramilitares.

Para los años noventa, el proyecto paramilitar ya se había expandido por todo el Magdalena Medio, y la estrategia de recuperación y "limpieza social" de cada una de las subregiones se hacía sentir en toda su magnitud. No hay que olvidar que la organización sistemática de estos ejércitos de ultraderecha comenzó en el municipio de Puerto Boyacá, desde el sur del Magdalena Medio, en el departamento de Boyacá, y fue subiendo en dirección norte, ganando posiciones a las guerrillas en la lucha estratégica de territorialidades. La ofensiva estuvo dada más que por la confrontación directa en acciones de guerra, por el debilitamiento de las bases sociales del oponente (González, Bolívar y Vázquez, 2002, pp. 97-114). Ese debilitamiento consistió, y sigue consistiendo aún, en la aplicación de todo tipo de prácticas de violencia, desde la compra obligada de tierras y la amenaza, pasando por el control a la entrada de alimentos a regiones enteras, hasta la tortura, la masacre y el desplazamiento forzado. Para el proyecto paramilitar, el cual estaba encubierto bajo la legalidad que le dio la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), el pequeño y mediano campesino del valle del río Cimitarra representó precisamente esa base social que daba apoyo a las células guerrilleras de la zona. Junto a estos, los cuadros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y la representación ganada en los concejos municipales, fueron los principales objetivos militares.

2. Nacimiento de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Ante la dinámica de la paramilitarización de la vida social y política, las reiteradas demandas para la solución de problemas de infraestructura, salud y educación no respondidas por parte del Estado y, sobre todo, frente a las fumigaciones contra los sembrados de coca del sur de Bolívar, los campesinos de los municipios de Cantagallo, Remedios y Yondó, reunidos en sus respectivas JAC, decidieron hacer en el segundo semestre de 1996 una gran marcha campesina a Barrancabermeja y permanecer ocupando los principales parques o plazas de la ciudad en busca de diálogos regionales y nacionales. Esta gran movilización, rebautizada luego como "la marcha de los parques", y con una participación aproximada de 5 a 6 mil campesinos, logró que las demandas puntuales fueran rebasadas y se planteó un Plan Integral de Desarrollo Agropecuario (ACVC, 2009a) consistente en definir tres núcleos de prioridades: a) salud, educación y derechos humanos, b) infraestructura y saneamiento básico, y c) todo lo relacionado con producción agrícola, pesquera, minera y medioambiente (Mendoza y Molano, 2008). A la par de la constitución de mesas de diálogo regionales y nacionales, la movilización campesina había logrado reconocerse más allá de sus necesidades veredales y vecinales, y había comenzado de esta forma la existencia de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). La gran movilización había dado sus frutos organizativos al nuclear a más de 56 JAC, demostrándose que aun en un ambiente generalizado de terror paramilitar y estatal se podía llegar a ser un interlocutor con propuestas alternativas ante el Estado y sus instituciones militares y sociales.

No obstante la amplitud de las reivindicaciones elaboradas, en el centro de las demandas cívicas y campesinas se encontraba "el respeto y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario [...] la estigmatización de que son víctimas los campesinos y sectores populares de la región y se hizo pública la forma como eran violados aquellos principios universales" (ACVC, 1999, p. i5). Es decir, lo más urgente que tenía que ser resuelto era la situación de guerra sucia o de exterminio de la población promovida por la articulación entre agentes militares y paramilitares. A diferencia de lo sucedido con otras asociaciones campesinas, en las que la estrategia de lucha se basó en la concertación directa de acuerdos con los líderes de los grupos armados para lograr la paz, en la ACVC se desarrolló desde el principio una política de señalamiento de responsables de la violencia, esto es, de denuncia pública de los actos de violación de los derechos humanos y de los derechos dentro de la guerra⁴, solicitándose expresamente la persecución y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Dentro de todos los pronunciamientos encontrados, tanto orales como escritos, se responsabilizó en primera instancia a las fuerzas estatales y, en segundo término, a las fuerzas paramilitares, las cuales siempre actuaban en coordinación con las primeras. En casi ninguna ocasión los responsables de las violaciones fueron los grupos guerrilleros.

A pesar del indudable éxito con respecto a la dimensión de la movilización, a la creación de la asociación, y a las consecuencias de haber abierto espacios de diálogos regionales y nacionales con el objetivo del reconocimiento de las demandas sociales de los campesinos, los acuerdos fueron totalmente incumplidos por el gobierno Samper (1994-1998), no obstante haber sido creada la Comisión de Seguimiento a los Convenios. Pero lo más preocupante no fue la falta de concreción de los acuerdos, sino la arremetida paramilitar que se ensañó con los líderes de la movilización y de la ACVC pocos meses después de la declaración de buenos propósitos de los funcionarios nacionales y departamentales⁵. Este escalamiento de la barbarie tuvo uno de sus puntos más altos en 1998, con la masacre del 16 de mayo de Barrancabermeja: el ajusticiamiento de 32 personas, 7 de las cuales fueron asesinadas frente a todos los asistentes, en uno de los barrios periféricos de la ciudad, mientras se celebraba una fiesta comunitaria. Este fue el punto de inicio de la retoma paramilitar de uno de los principales núcleos histórico de resistencia guerrillera del país.

Frente a estos hechos, la decisión de la Asociación fue realizar un gran éxodo hacia el puerto petrolero. La respuesta de la ACVC fue movilizar nuevamente a unos 10 mil campesinos hacia la ciudad de Barrancabermeja, con la política de ocupación de las escuelas públicas y las oficinas de la Defensoría del Pueblo. El "éxodo campesino de 1998" duró 103 días, en los cuales se realizaron bloqueo de vías, marchas y tomas de entidades públicas, en las que se exigió al gobierno "garantías para el retorno o la reubicación, la destitución de militares involucrados en violaciones de los derechos humanos y protección frente al hostigamiento de los paramilitares" (Madariaga, 2006, pp. 71-72), así como el cumplimiento de los pactos de 1996. Uno de los resultados más interesantes de esta nueva movilización fue la creación de la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz, la cual logró incidir en la política contra el paramilitarismo a nivel nacional. Así mismo, se suscribieron nuevos acuerdos que fueron plasmados en el Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, y en los que se hicieron las principales exigencias:

1. El fortalecimiento y la consolidación de los sectores productivos de los campesinos, pescadores y mineros y, en general, el estímulo al empleo productivo de las comunidades populares urbanas o rurales.
2. El fortalecimiento del sector educativo formal y no formal acorde con las necesidades de las comunidades de las zonas del sur de Bolívar, valle del río Cimitarra y comunidades populares urbanas.
3. El desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de campesinos, mineros, pescadores y comunidades populares de Barrancabermeja para la planeación, gestión, ejecución y control del Plan Integral.
4. El fortalecimiento a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos existentes en el Magdalena Medio.
5. El desarrollo de la estructura vial terciaria para facilitar y consolidar los procesos productivos y de comercialización que se adelanten en el Plan y que sean de beneficio para las comunidades.
6. La recuperación y protección del medioambiente.
7. Las inversiones en salud, saneamiento y otros servicios básicos prioritarios para las comunidades.
8. El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la normatividad vigente, debe otorgar las licencias de exploración y explotación del subsuelo. Además el
Estado debe facilitar los recursos e instrumentos legales a la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar (Asoagromisbol) para desarrollar un proyecto de gran minería.
9. La definición de las Zonas de Reserva Campesina a criterio de la Mesa del Magdalena Medio.
10. Los proyectos objeto de este Plan Integral debían ser ambientalmente sostenibles y de impacto sobre el desarrollo económico y social del territorio (ACVC, 1999, p. 20).

Desde los dos momentos fundacionales de la Asociación —las movilizaciones de 1996 y de 1998—, la organización fue expandiendo su radio de influencia hasta articular 142 JAC⁶, comités ganaderos, pesqueros, comités de derechos humanos, junto a la asesoría de un equipo técnico y una muy interesante propuesta comunicativa sintetizada en el espacio electrónico llamado Prensa Rural. De esta manera, la ACVC se convirtió en la principal institución canalizadora de las demandas campesinas y cívicas de la subregión central del Magdalena Medio (ver mapa: Zona de influencia de la ACVC). Como se puede constatar en el pliego de peticiones, y a diferencia de experiencias organizativas anteriores, estas luchas campesinas han estado fuertemente relacionadas con luchas cívicas y de sectores urbanos. Ha habido, por tanto, un reforzamiento del tejido social popular, y una universalización de sus exigencias mediante la reapropiación del discurso de los derechos humanos en busca de la construcción de un bloque que pueda contrarrestar las políticas de paramilitarización de la vida regional, con el fin de seguir construyendo una región desde planes y proyectos alternativos donde quepan todos estos actores civiles.

Como se desarrollará más adelante, la ACVC ha sido una organización social que ha intentado formar espacios de institucionalización o, como algunos dicen, ha realizado una construcción de Estado desde las bases sociales. Ante demandas no respondidas, y ante una institucionalidad descoyuntada de los sectores populares, estas nuevas organizaciones campesinas han contestado a sus propios reclamos, potencializando lo político y lo económico, proponiendo una mayor participación en la toma de decisiones colectivas, y creando proyectos viables que defienden la economía campesina de subsistencia y, en últimas, reivindicando el derecho de su autonomía como pueblo.

3. Repertorio de acciones colectivas campesinas: toma de entidades públicas, acciones humanitarias y campamentos ecológicos

En la ACVC el repertorio de acciones colectivas puesto en marcha ha consistido en el despliegue de un amplio espectro de iniciativas y de estrategias de lucha. Además de las ya mencionadas grandes movilizaciones, en cuanto acciones de encuentro campesino y de fundación organizativa, las tomas a oficinas públicas y espacios públicos como medio de presión para llamar la atención de las autoridades nacionales y de la opinión pública fueron una estrategia recurrente desde un principio. La primera acción de este tipo fue la toma de la catedral de Cartagena en noviembre de 1997⁷. Le siguieron la toma de las alcaldías de Yondó, Barrancabermeja y Bucaramanga, así como la toma de la oficina de la Red de Solidaridad de Medellín y de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

Estas medidas de presión se han combinado con otras acciones innovadoras en la región, como la organización de lo que la ACVC llamó "acción humanitaria", consistente en hacer un llamado general a organizaciones sociales, estudiantiles, organizaciones acompañantes, defensores de derechos humanos y campesinos de la región para realizar jornadas de discusión y socialización de la situación humanitaria que está viviendo una población en particular. Luego de la convocatoria, se realiza una rueda de prensa en la que se exponen los motivos de la misma y los principios de la organización, para luego comenzar con la caravana humanitaria, que lleva a los participantes de la ciudad de Barrancabermeja al municipio donde se realiza la acción humanitaria, en una especie de éxodo al revés, de la ciudad al campo, y en el que por medio de un acompañamiento nacional e internacional se logra la visibilización de las comunidades víctimas del conflicto armado. Así mismo, se han llevado a cabo acciones humanitarias han significado la movilización solidaria de recursos naturales y humanos para hacerle frente a los bloqueos militares que el Ejército aplica como estrategia de ahogamiento y presión en zonas guerrilleras. Es, por tanto, una acción colectiva de ruptura contra la militarización de la vida campesina y la violencia estatal indiscriminada.

En la actualidad se han llevado a cabo cuatro acciones humanitarias en el nordeste antioqueño. La primera se concretó en febrero de 2004 en la vereda Cañaveral, donde se realizaron talleres, brigadas de salud, conferencias y actividades lúdicas, las cuales condujeron a la definición de propuestas y estrategias que permitieron la creación, en el mes de diciembre, de una nueva asociación, hija directa de la ACVC: la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). La vereda Carrizal fue el escenario de la segunda acción humanitaria en los días 8 al 12 de abril de 2005, la cual reunió a un número mayor de organizaciones sociales. La tercera acción humanitaria mostró una vez más que las fuerzas militares, en cabeza de la Brigada XIV del Ejército y el batallón de Contraguerrilla No. 14, hicieron todo lo posible por sabotear la realización de la acción colectiva campesina, dificultando la llegada

de los delegados de organizaciones de derechos humanos hasta la vereda de Lejanías, en el municipio de Remedios, Antioquia. No obstante, se logró brindar "a las comunidades campesinas los acompañamientos físicos y servicios médicos, odontológicos, jurídicos y recreativos" (Suárez y Lundeen, 2006). La cuarta acción humanitaria logró convocar, desde el 15 hasta el 19 de mayo de 2009, a más de 150 representantes de organizaciones como: "Brigadas internacionales de Paz (PBI), International Peace Observatory (IPO), representantes de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República" (ACVC, 2009b, p. 42). Bajo el lema: "Por la vida, la justicia y el desarrollo, no más ejecuciones extrajudiciales", se intentó poner el énfasis en la problemática de las acciones militares contrainsurgentes, mal llamadas falsos positivos, consistentes en el asesinato de campesinos para luego hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.

El resultado general de todas las acciones humanitarias ha sido el efectivo rompimiento del bloqueo económico y sanitario que el Ejército ha impuesto sobre las comunidades que habitan el valle del río Cimitarra. Desde una perspectiva comparada, las acciones humanitarias de la ACVC-Cahucopana serían una especie de lo que otras organizaciones campesinas han llamado resistencias civiles o avanzadas comunitarias para destrabar situaciones de emergencia social inducidas por el escalamiento de la violencia originada en las infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) por parte del Ejército colombiano, en donde la población civil ha sido considerada como parte del enemigo militar, y que en otros casos se han originado por la acción paramilitar y guerrillera.

Además de las marchas, de las tomas de entidades públicas y de las acciones humanitarias, la ACVC ha promovido la figura del campamento ecológico como un recurso de concientización de la problemática ambiental en toda el área de influencia de la Asociación y, a la vez, una forma de: "recuperar la memoria histórica de la colonización campesina y sur relación con el medioambiente" (ACVC, 2007a, p. 6). El primer campamento ecológico, realizado en enero del 2007, tuvo lugar en las veredas de Puerto Nuevo Ité, Puerto Matilde y San Lorenzo, bajo el lema: "en defensa de la babilla y la tortuga". Desde la misma lógica de las acciones humanitarias, los campamentos ecológicos han convocado a organizaciones nacionales e internacionales, a universidades e instituciones estatales para concretar el proceso de acompañamiento y visibilización de la problemática regional, y definir la protección de zonas de importancia ambiental.

Así mismo, desde el campamento ecológico se ha socializado todo lo referente a la temática de los megaproyectos que se planean en la zona y las consecuencias negativas en torno a la biodiversidad. Mediante talleres de agricultura orgánica y reciclaje, de técnicas nocivas de pesca y de cultivos transgénicos, la ACVC se ha convertido en una organización ecológica de crítica hacia el sistema ilimitado de explotación y consumo de recursos naturales y sus efectos sociales y culturales. La comunidad del valle del río Cimitarra ha comprendido que la degradación del medioambiente implica el directo aumento de las condiciones que llevan a la pobreza y miseria del campesinado (Rigo, 2007). La presión que ejerce el aumento constante en el consumo de recursos se refleja directamente en esta zona de colonización interna de la frontera agrícola.

El segundo campamento ecológico, realizado en enero de 2010, señaló como principales problemas ambientales de la región: a) las fumigaciones aéreas para la eliminación de los cultivos de hoja de coca con glifosato por parte de la Policía Nacional de antinarcóticos; b) la contaminación de las fuentes hídricas por causa de la explotación aurífera, tanto por métodos artesanales como por la gran minería, así como por las mismas fumigaciones aéreas; c) la deforestación por la tala indiscriminada de los bosques tropicales, y d) el peligro de extinción de algunas de las especies de la fauna local⁸. Esta última versión del campamento culminó con una amplia participación de la comunidad campesina y acompañantes, de aproximadamente 1200 personas, en más de 30 veredas del sur de Bolívar, nordeste antioqueño y zona centro del Magdalena Medio (Lewis, 2010).

Tanto las acciones humanitarias como los campamentos ecológicos han hecho parte de una estrategia de apertura de la territorialidad campesina dirigida hacia el señalamiento de las extralimitaciones de la fuerza de los actores armados y de las problemáticas socioambientales que aquejan a la población local.

4. Apuesta por la soberanía alimentaria como ejercicio de la autonomía campesina

La continuidad de la experiencia organizativa de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) estuvo sustentada en la creación e innovación de acciones colectivas que involucraron a la población campesina y a población acompañante en la defensa de la territorialidad y, en últimas, de la apuesta social y política de los planes de desarrollo comunitarios. Sin embargo, en cuanto comunidades campesinas, la definición de proyectos económicos enfocados hacia cultivos tradicionales de sobrevivencia, soberanía y autonomía alimentaria se fueron constituyendo en una segunda dimensión de la organización, igual de importante que la primera. A la par de las movilizaciones, de la toma de entidades públicas, de los diálogos, las acciones humanitarias y los campamentos ecológicos, los proyectos productivos de la ACVC han permitido la reproducción de la vida campesina en sus regiones como un modelo viable y sostenible, frente a un modelo económico agroindustrial modernizante y reductor de la diversidad agrícola, sintetizado en el Madalena Medio en la ganaderización de la economía y en el cultivo de la palma africana.

El contexto de surgimiento de la ACVC estuvo marcado desde un principio por la problemática de los cultivos de coca, y la primera movilización de 1996 se hizo en contra de la política de fumigaciones aéreas y la falta de alternativas dadas por el Gobierno Pastrana (1998-2002). La reiteración en el incumplimiento de los acuerdos llevó a esta Asociación a crear proyectos productivos como alternativa para lograr la soberanía alimentaria y así resistir a los bloqueos de alimentos impuestos por el Ejército Nacional. A su vez, uno de los efectos de las movilizaciones cocaleras de 1996, tanto locales como nacionales, fue la reglamentación, mediante el Decreto 1777 del mismo año, de la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) estipulada en la Ley 160 de 1994. Esta ley estuvo diseñada con los objetivos de definir los siguientes puntos:

1. Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país.
2. Evitar [sic] corregir los fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica.
3. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas.
4. Regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos.
5. Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política.
6. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1996, p. 2).

La ZRC se convirtió así en el instrumento jurídico de lucha de la ACVC y en la plataforma administrativa para sus proyectos productivos. Esta figura ha permitido un tipo de organización territorial que va más allá del funcionamiento y la división de la escala jerárquica respecto a la administración pública del Estado para que, como lo afirma Molina, "su configuración final no obedezca a las decisiones tomadas desde niveles de poder político tradicional, sino como respuesta a los procesos históricos y culturales de los pobladores" (2011). Y esta es precisamente la intención que hemos remarcado de los actores sociales en la región del Magdalena Medio, al ser ellos los definidores de la territorialidad: que los recursos y las riquezas sean redireccionados hacia el bienestar de la mayoría de la población.

Los esfuerzos organizativos de la ACVC lograron, luego de una ardua labor de más de tres años frente a todas las instancias y trabas burocráticas, que fuera declarada en el año 2002 la ZRC del valle del río Cimitarra⁹. Los objetivos específicos desde los cuales la ZRC se volvió la principal bandera de lucha de la Asociación fueron: "El preservar las tierras campesinas de las presiones del latifundio, del narcoparamilitarismo y de las empresas multinacionales con intereses en la región, así como reactivar la economía campesina, sustituir los cultivos de coca y prevenir el desplazamiento forzado" (Jerez, 2007, p. 6).

Para los intereses de la organización campesina, la Resolución 028 que avalaba la ZRC fue suspendida en abril de 2003 por la administración Uribe.¹⁰ Sin embargo, esto no impidió que la ACVC siguiera trabajando en los proyectos productivos y en el desarrollo sostenible de su área de influencia. No obstante, luego de ocho años de defensa por los derechos campesinos, la ZRC fue nuevamente constituida por el actual gobierno Santos.

Desde un comienzo, la Asociación emprendió el proyecto denominado "aldea comunitaria de Puerto Matilde", experimento a largo plazo puesto en marcha para tratar de demostrar que mediante la inversión social y la potenciación de la economía campesina era posible sustituir los cultivos de coca y, a la vez, mejorar las condiciones de vida de sus pobladores (ver registro fotográfico). Desde el año 2002, y hasta el año 2009, se construyeron treinta viviendas, en el marco del proyecto "vivienda digna para los campesinos", con la cooperación del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), el Banco Agrario, la Red de Solidaridad Social y las alcaldías de Remedios y Yondó (ACVC, 2009d). Alrededor de la aldea comunitaria de Puerto Matilde otros proyectos como los de Impulso a la ganadería campesina de búfalos, Ganadería campesina de doble propósito y Desarrollo agroindustrial de la caña en el valle del río Cimitarra, así como el de Desarrollo agroindustrial del arroz, mediante la construcción de trapiches y trilladoras, han demostrado que las comunidades pueden promover con éxito la seguridad alimentaria y, a la vez, ser comunidades autónomas con respecto al contexto de guerra y narcotráfico. Las iniciativas colectivas, tales como las acciones humanitarias, son reforzadas en el ámbito económico en tanto que estrategia de potenciación de la autonomía productiva frente a actores militares-estatales que ejercen bloqueos alimenticios y sanitarios. La organización y el desarrollo promovido por la ACVC se entiende en este punto como soberanía alimentaria: una manera de que las comunidades ejerzan el poder de decidir qué producir y para quiénes producir.

Todos estos son proyectos fundamentados en una filosofía de apoyo recíproco de los constituyentes campesinos, de cooperativismo y solidaridad económica. Un ejemplo que sirve para mostrar este funcionamiento es el proyecto de recría de búfalos:

Allá lo que se tiene es una finca comunitaria [en Puerto Matilde], donde a los socios se les da una cantidad de animalitos, a los cinco años la persona devuelve esos cinco y otros seis, y así se le dan a otros campesinos para que hagan lo mismo. Con esto vamos esparciendo la semilla, por eso le llamamos proyecto de recría. Recría es como crear y crear más posibilidades para el campesino con una misma especie (I. Ramírez, 2009, comunicación personal).

Mediante un sistema de rotación del capital en especie para la posterior explotación y beneficio de toda la comunidad, hacia finales del año 2009¹¹ el proyecto ganadero de doble propósito y bufalero había tenido un éxito indiscutible: respecto al primero, se tiene en rotación "52 vacas preñadas, 4 toretes y 46 terneras de vientre", así como 71 animales más de capital semilla. Respecto al segundo, hay "157 búfalos de recría" y "31 más en rotación" (ACVC, 2009c, p. 56). El proyecto de búfalos ha permito ayudar al proyecto de panadería de Puerto Matilde, con la donación de dos animales para recaudar fondos. Hay sembradas unas 70 ha de caña de azúcar en Rionegrito, y 30 ha más en Puerto Matilde. La reactivación del trapiche en la vereda Ojos Claros ha significado el beneficio directo de 240 familias e indirectamente de 1920 de la región con respecto al suministro de la panela, constituyente básico de la alimentación campesina en Colombia. Así mismo, con el proyecto de producción de arroz se han logrado aproximadamente unas 20 toneladas por cosecha (Montoya, 2003).

Además de las cuestiones estrictamente productivas concernientes al sistema autosostenible y de beneficio comunitario, los proyectos productivos de la ACVC han sido un lugar de encuentro y reforzamiento de las dinámicas solidarias y de reconocimiento de los campesinos como colectivo civil frente a esos "otros", representados en las formas de intervención militarista de todos los actores armados. Así mismo, la territorialidad campesina se refuerza con proyectos viables de mutuo beneficio. Proyectos como la mencionada producción de búfalos, la construcción de vivienda digna y, en general, todo el proyecto de la aldea comunitaria de Puerto Matilde ha permitido, a su vez, la entrada de actores internacionales como elementos de cooperación financiera promotora de desarrollo humano. A pesar del muchas veces esgrimido discurso antiamericanista y anticapitalista de la Asociación, las agencias de cooperación internacional como USAid, el Banco Mundial, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Italia, Misereor, el PNUD o la Unión Europea se han hecho presentes por medio del apoyo de los proyectos económicos como principales motores y auspiciadores de las alternativas propuestas por las comunidades (ACVC, 2009). La promoción de una espacialidad regional abierta como estrategia de monitoreo de la situación de derechos humanos y de cooperación internacional ha reforzado las formas de resistencia civil campesina y ha significado un límite al uso extralimitado de la violencia que actores militares y paramilitares históricamente han ejercido en el campesinado.

5. Reforzamiento del tejido asociativo: una asociación conduce a otras asociaciones

A pesar de las debilidades y de los ataques, de los momentos bajos y de las divisiones internas, la dinámica organizativa de la ACVC ha llevado a que ese interés por lo colectivo produzca nuevas demandas, enriquecedoras del tejido social local. La Asociación ha sido la partera de nuevas organizaciones, fundamentando así el principio por el cual "una organización lleva a otras organizaciones".

Frente a los actores armados que capitalizan la guerra con los desplazamientos forzados y con la profundización de la pobreza, la multiplicación organizativa de la resistencia campesina se ha comprobado de igual forma en el valle del río Cimitarra con la aparición de dos asociaciones hijas de la ACVC. La primera de estas es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Con más de siete años de existencia, y a partir de la organización de 400 familias mineras, Cahucopana ha representado un recurso de supervivencia frente a la problemática de las ejecuciones extrajudiciales mediante: "un trabajo orientado y la promoción y defensa de los derechos humanos teniendo como referente los 16 casos de los campesinos asesinados en los últimos años y la sistemática violación de los mismos con la exagerada militarización" (ACVC, 2010)¹².

A la par de la violación del derecho a la vida, los problemas sociales del nordeste antioqueño están relacionados con los intereses de las multinacionales, las cuales se han preocupado por hacer presencia en estas zonas del país antes de que lo hubiese hecho el Estado. Uno de sus objetivos es determinar el impacto que trae a la gente la aplicación de megaproyectos y las políticas de extracción, buscando formas de interlocución con los gobiernos locales y regionales, así como posibles soluciones para que se respete la existencia del minero artesanal y del pequeño agricultor. En conjunción con las acciones humanitarias, ya expuestas, Cahucopana ha tenido que movilizarse para aplicar la figura del campamento de refugio temporal interno como forma de acoger, en un lugar medianamente seguro, a familias que viven el acoso de los actores armados, frenar el desplazamiento forzado de población y, en otros casos, como mecanismo para retornar a las tierras despojadas¹³. Tal acoso ha sido interpretado por la Asociación como una manera de acelerar el proceso de limpieza social necesario para la consolidación de las empresas multinacionales en la región.

La segunda organización campesina fruto de la experiencia de la ACVC es la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua). Desde la creación de las "hermandades por la vida" —comités de base para la ampliación organizativa—, Aheramigua ha sido el capítulo más específico de defensa del territorio y la vida de la población minera de la serranía de San Lucas, lugar donde se encuentran las minas de oro más grandes del país. Desde el 24 de junio de 2007, esta Asociación ha trabajado por influenciar la transformación del Código de Minas, donde la actividad del pequeño minero artesanal es ilegal, y donde toda la legislación está enfocada hacia el beneficio de las grandes empresas explotadoras de recursos preciosos.

Por medio de jornadas pedagógicas y de información general, Aheramigua ha buscado organizar la población de una de las zonas en donde se palpan las mayores contradicciones del sistema social colombiano: la serranía de San Lucas es una de las reservas forestales más importantes de Colombia, con "dos millones de hectáreas de bosque andino tropical" y con "por lo menos 370 especies de aves" (Álvarez, 2007). No obstante, en la región no existen carreteras pavimentadas, ni servicios públicos como luz eléctrica o acueducto, y la educación debe ser contratada por los particulares. Todas las actividades económicas de los pobladores están dirigidas hacia la mera sobrevivencia¹⁴.

Aheramigua se ha convertido en un escudo de defensa de los derechos laborales frente a las presiones de las empresas que se benefician con la expulsión de los pequeños mineros artesanales.

Contrario a lo que se podría pensar con respecto al desarrollo y la ampliación de las expresiones organizativas campesinas en contextos de alta tensión bélica e intereses transnacionales en juego, Cahucopana y Aheramigua han sido el resultado y la muestra de que las comunidades campesinas se organizan y tienen un alto grado de resistencia histórica. A pesar de la violencia política y económica que se sigue ejerciendo en el Magdalena Medio, las asociaciones campesinas se reinventan como colectivos defensores de los derechos humanos, y como actores civiles y sujetos políticos con proyectos de región auténticos, constructores y protectores de una territorialidad democrática.

6. Conclusiones

El proceso de adquisición de poder de las asociaciones campesinas dentro de estructuras sociales jerárquicas ha implicado una apuesta por la democratización de los diferentes espacios de la sociedad colombiana, desde los imperativos de la defensa de la vida, el arraigo en los territorios propios y la inclusión en proyectos de desarrollo comunitarios que redunden en el bienestar colectivo. El efectivo poder construido por asociaciones campesinas como la ACVC para gestionar la territorialidad y la vida regional frente a los actores armados, las ubican como nuevos actores que intentan definir órdenes sociales incluyentes con una voz propia y, por tanto, como actores políticos contemporáneos de la nación. El ataque a la formas de violencia directa se combina con la lucha por transformar violencias de tipo histórico que tiendan al mejoramiento de las condiciones generales de vida como personas y como colectivo y, en últimas, que lleven a una institucionalización de las diferentes formas en que se expresa la conflictividad.

El actuar concertado y asociativo de la organización campesina es un ejemplo de cómo el Estado no es el centro único y último de decisiones políticas o el exclusivo responsable de la creación del orden social. Las asociaciones se han convertido, en múltiples ocasiones, en actores políticos reemplazantes de la institucionalidad estatal, y en estructuras de defensa de los derechos de las comunidades implicadas en los territorios.

No obstante el entramado estructural del conflicto social y armado, las comunidades campesinas en Colombia han sabido enfrentar y gestionar la convivencia en sus regiones y, en muchos casos, han podido romper con el dispositivo de dominación predilecto aplicado por los actores armados: el miedo¹⁵. Después de momentos históricos donde la vía militar se planteaba como la única solución posible para resolver las disputas por la tierra y el bienestar común, las comunidades del Cimitarra, y muchas otras más, han optado por la resistencia desde la civilidad, a partir de una rotunda negación de la militarización de la vida, y de la creación de opciones productivas para persistir en su identidad colectiva como campesinos.

A pesar de las dinámicas de desterritorialización cultural y económica, así como de las estrategias de debilitamiento de las bases organizativas fundadas en la intimidación, el miedo y la eliminación de los líderes comunitarios, las luchas sociales de los campesinos organizados han permitido comprobar que una parte fundamental de la comprensión del conflicto se encuentra en el desarrollo de estas lógicas colectivas de oposición y de creación de alternativas a las violencia social, económica y política¹⁶. La historia de las emancipaciones ha consistido, desde esta experiencia regional, en la tenaz lucha de las comunidades por sobrevivir y por afirmar la vida en todas sus dimensiones. La emancipación social en Colombia se ha presentado, así, desde las gestas de las pequeñas y localizadas resistencias civiles ante la guerra y la deshumanización que generan las armas. Así mismo, estas narrativas de liberación han consistido en la pluralidad de expresiones de las comunidades rurales frente a los poderes extralimitados y sustentados en la acumulación extrema de los capitales, que no tienen reparos en llevarse por delante a quien se interponga a sus intereses. La lucha de la ACVC ha sido un ejemplo de emancipación frente a estos poderes locales.

Podemos afirmar que hoy tenemos en Colombia un tipo de campesinado más organizado, a partir de acciones políticas más amplias que las del campesinado de mediados de siglo pasado, el cual estuvo fuertemente marcado por la mera inscripción partidista y de carácter religioso. Como muy bien lo señalaron en su momento Salgado y Prada: "las exigencias campesinas se tornaron más universales. De problemas de tierras a la exigibilidad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales" (Salgado y Prada, 2000, p. 59). Este rasgo refleja una clara tendencia hacia la ciudadanización del campesino, demandante y promotor de derechos. En la experiencia del Cimitarra pudimos encontrar una doble significación del concepto de ciudadano al ser sus constituyentes tanto sujetos de derechos y de deberes, como actores civiles que han actualizado la dimensión política en la que cada persona construye, junto con sus iguales, el orden social y, a su vez, genera y amplía los espacios públicos de participación.

Regionalmente, la ACVC ha significado una opción para el campesino, que antes solo tenía para elegir alguno de los bandos armados. Este tipo de asociación se ha convertido, a través del tiempo, en lugar de encuentro entre iguales, espacio de formación de habilidades discursivas, esto es, de escuelas de democracia de base, donde se han promovido valores como la tolerancia y el respeto. De la misma manera, los proyectos productivos, como los descritos en el numeral 4, han sido ejercicios de recuperación o reconstitución de lo social desde el cooperativismo: una vuelta al valor de la solidaridad en tanto tejedora y reconstituyente de los vínculos de confianza y de fraternidad. La región del Cimitarra ha sido una zona de creación de discursos originarios y de enunciación de proyectos comunitarios propios, no impuestos por otros que digan qué se debe hacer. Como afirman García Villegas y De Souza Santos, con respecto al caso colombiano: "Estas luchas emancipatorias pueden ser vistas como fenómenos políticos que van más allá de la tragedia individual de millones de seres humanos arrinconados en la oscuridad de sus dramas personales. Es una tarea de recuperación de la dimensión histórica y del lenguaje colectivo" (García Villegas y De Souza Santos, 2005, p. 52).

La reafirmación de la vida comunitaria pasa, entonces, tanto por el imperativo de la sobrevivencia a los actores armados, como por la comprobación de la autonomía como pueblo que decide sobre sus propias formas de convivencia y de reproducción social histórica. La efectividad y el sentido profundo de los objetivos alcanzados por la ACVC estriba en el hecho de haber defendido con éxito, en múltiples ocasiones, la vida de miles de personas, asociadas y no asociadas, en las regiones de su influencia y con esto, a la vez, fundarse como actores legítimos noviolentos frente a actores en armas. La positividad de la resistencia civil campesina se encuentra, entonces, en la capacidad efectiva de afirmación de la vida personal y comunitaria, y en lograr un discurso propio, en el cual se materializan proyectos específicos de región, construidos democráticamente, por participación mayoritaria directa y constante.

Pie de página

¹Por cuestión de claridad vale la pena hacer la diferencia entre lo que es el valle del río Cimitarra, en la margen occidental del río Magdalena y correspondiente a los departamentos de Antioquia y Bolívar, y lo que es el municipio de Cimitarra, en el sur del departamento de Santander y ubicado en la margen oriental del río Magdalena.
²Información suministrada por campesinos de la zona del valle del río Cimitarra en trabajo de campo realizado en septiembre de 2009 y en octubre de 2011.
³Entre estas acciones, una de las más recordadas en la zona es la violación y tortura de la administradora de la cooperativa, en la sede La Congoja, a mediados de 1995.
⁴En términos de la directora de la oficina de la ACVC en Barrancabermeja, Irene Ramírez: "porque lo único que protege al campesino es la lucha por seguir denunciando". Entrevista realizada a I. Ramírez, dirigente de la ACVC, 2009.
⁵Ver ACVC (1999, p. 14). Asimismo, como lo narran sus protagonistas: "el 21 de diciembre ocurre una arremetida paramilitar en la zona del Ité. Por la misma carretera que les permitió tomar mayor auge como cooperativa, entran los paramilitares a la vereda La Congoja, en donde son masacrados campesinos del caserío" (ACVC, 2009a, p. 15).
⁶Entrevista realizada al líder de la ACVC, Ramiro Ortega, 2009.
⁷Ver registro del hecho en el documento Los derechos humanos en Colombia, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Capítulo VI, El caso del Magdalena Medio: http://fddhh.eurosur.org/colombia/capitulovi.pdf
⁸Las especies que están en peligro crítico de extinción son: "la danta común y el manatí. Dentro de la categoría de especie 'vulnerable' se encuentran el oso hormiguero, el oso real, la nutria y el jaguar" (ACVC, 2007b, p. 22).
⁹Resolución 028 del 10 de diciembre de 2002 del Incora.
¹⁰Resolución 046 del 3 de abril de 2003.
¹¹Este sistema de beneficio solidario rotativo es igualmente utilizado en otras asociaciones campesinas del Magdalena Medio en proyectos de microhato productivo de ganadería de doble propósito (leche y carne), donde son cada vez más los campesinos que logran solucionar sus problemas de alimentación básica por medio de esta experiencia.
¹²El asesinato de Luis Sigifredo Castaño, así como el de otros campesinos de la región, ha sido comprobado por observadores internacionales y registrado por agencias de prensa. Ver, por ejemplo, International Peace Observatory (s/f), el texto del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2006) o Tahir (2009).
¹³Información aportada en entrevista a campesino asociado de Cahucopana que prefirió no ser identificado, el cual ha sufrido reiteradas violaciones de sus derechos por el Ejército Nacional.
¹⁴Información suministrada por el funcionario del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), Santiago Camargo, en entrevista realizada en septiembre de 2009.
¹⁵En palabras de Useche: "Las resistencias sociales en Colombia han demostrado que pueden derrotar el miedo como dispositivo predilecto de la dominación y constituirse en fuente de poder de los frágiles" (2008, p. 259).
¹⁶Como fue desarrollado por Esmeralda Prada: "La región aparece como posibilidad y no como problema [...] estos espacios de convivencia son una garantía de protección de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos" (2006, p. 239).

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