Rogelio Jiménez Marce
Doctor en Antropología
Profesor de en la Universidad Iberoamericana
Puebla, México

El objetivo del trabajo es mostrar las gestiones que los campesinos de Comoapan, Veracruz, una congregación dependiente en ese momento de San Andrés Tuxtla, hicieron ante las autoridades agrarias para tratar de que les dotara de las fértiles tierras que se dedicaban al cultivo del tabaco, situación que generó un enfrentamiento contra la familia Carrión, misma que era una de las principales productoras de la hoja en la región de los Tuxtlas. Para conservar sus tierras, los Carrión apoyaron la formación de una agrupación campesina, conformada por sus peones y campesinos que no tenían derecho a obtener tierra ejidal, y que se convirtió en antagonista de la que pedía las tierras. Se busca entender los complejos procesos que se vivieron en Comoapan y las interrelaciones que se establecieron entre ejidatarios y no ejidatarios, a fin de mostrar que el reparto agrario no constituyó un proceso carente de problemáticas.

Palabras claves: Comoapan, reforma agraria, Octaviano G. Carrión, sindicatos campesinos, tabaco.

The aim of article is show the management that peasant of Comoapan, Veracruz did with the agrarian authorities to try of endowed to fertiles lands dedicated to tobbaco cultivation, situation that generated a confrontation with the Carrión family, one principal producers of the plant in the region. To conservated your lands, the Carrión supported the formation a peasant group, agreed by their laborers and peasants without have a right to ejidal land, that converted in antagonist of the group that required lands. It seeks to understand the complex processes that were experienced in Comoapan and relationships established between ejidatarios and non-ejidatarios, to show that land distribution was not a process devoid of problems.

Keywords: Comoapan, agrarian reform, Octaviano G. Carrión, peasant syndicate, tobacco.

El Cantón de los Tuxtlas, formado por las poblaciones de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco y que se ubica en la zona central de la planicie costera del golfo de México, adquiriría relevancia durante las últimas tres décadas del siglo XIX, debido a su importante producción tabacalera que la convirtió en la principal exportadora de la hoja. Su cultivo se ubicaba principalmente en la región comprendida entre San Andrés Tuxtla y Catemaco, tierras que, a decir de un estudioso de la época, eran las mejores para realizar la siembra no sólo en el Estado sino a nivel nacional¹, razón por la que su posesión generó conflictos entre los grandes productores de tabaco y los pequeños agricultores, mismos que se acrecentaron en la década de 1880 cuando se produjo el fraccionamiento de las tierras comunales a consecuencia de las reformas liberales que impulsó el gobernador Juan de la Luz Enríquez. La población de Comoapan, situada en el camino que conduce de San Andrés a Catemaco, fue uno de los lugares que despertó mayores ambiciones por la fertilidad de sus tierras, las que, por diversas circunstancias, pasarían a manos de uno de los principales productores de tabaco de la región: Octaviano G. Carrión. Al igual que la mayoría de los pueblos y congregaciones que formaban el Cantón de los Tuxtlas, Comoapan inició trámites para que se le restituyeran sus tierras en la década de 1920. El proceso no resultaría sencillo, pues los peticionarios tuvieron que enfrentarse a un grupo de campesinos apoyados por los Carrión que buscaban tomar el control de las tierras repartidas. Es de advertir que son escasas las investigaciones sobre la reforma agraria en la región de San Andrés Tuxtla. Aunque autores como Eric Léonard, Heather Fowler Salamini y Rogelio Jiménez centran su atención en lo que aconteció en la cabecera municipal, es decir San Andrés Tuxtla, no refieren lo que sucedió con las 13 congregaciones que dependían de ella pues la revisión de los expedientes de la Comisión Agraria Mixta muestra que en varias de ellas se vivió una tensa situación y que se generaron enfrentamientos por la posesión de las tierras, los cuales no sólo involucraron a los campesinos y a los grandes propietarios, sino también a los pueblos que no siempre estaban de acuerdo con los límites que se les habían otorgado. Así, las microhistorias locales pueden servir como punto de partida para entender tanto las dinámicas locales como las regionales.

El eje narrativo del trabajo se estructura en torno a los conflictos generados por el reparto de tierras en una microrregión que poseía tierras muy fértiles. Se busca entender los complejos procesos que se vivieron en la población de Comoapan y las relaciones que se establecieron entre ejidatarios y no ejidatarios, a fin de mostrar que el reparto agrario realizado en este poblado no constituyó un proceso terso sino que estuvo enmarcado por numerosas disputas que generarían fragmentación en su dinámica interior y que, a final, provocarían que una parte del ejido fuera devuelta a la familia Carrión. Aunque el objetivo de la reforma agraria era lograr la equidad jurídica y social por medio de la entrega de tierras,² lo cierto es que los procesos no estaban exentos de factores externos e internos, tanto políticos como económicos y sociales, que provocaron, en muchas ocasiones, modificaciones en los comportamientos de las poblaciones beneficiadas, así como profundas divisiones políticas generadas por la búsqueda del control del ejido. El trabajo se divide en tres partes: en la primera se muestra, de manera sucinta, la historia de la población y el proceso de fraccionamiento de su tierra comunal; en la segunda se expondrán las gestiones realizadas por los campesinos, el enfrentamiento que se produjo entre los que se denominaban "organizados" y "no organizados" y la forma en la que los Carrión lograron recuperar una parte de las tierras que pertenecían al ejido; y en la tercera se presentan los problemas que se suscitaron entre las poblaciones de Comoapan y El Huidero a causa de la mala planificación de los límites ejidales, problema que no sólo fue privativo de este lugar sino que también se padeció en otros sitios aledaños y que, en buena medida, fue ocasionado por la mala medición de los terrenos por parte de los ingenieros destacados en la región, situación que se puede explicar tanto por el hecho de que estos personajes tenían importantes cargas de trabajo que les impedían concentrarse en una zona, como por los constantes cambios de personal que se realizaban y que ocasionaban que una misma población hubiera sido deslindada por varios ingenieros.

En el informe entregado por el ingeniero Segundo Maldonado para fundamentar la petición de tierras de los campesinos de la población de Comoapan, se mencionaba que, según los ancianos del lugar, la población fue fundada en 1870, dato que, según el ingeniero, no se podía comprobar debido a que no se contaba con un acta de constitución³. De acuerdo con León Medel, la población se formó en 1852 cuando un grupo de pobladores de San Andrés Tuxtla tomaron posesión de los terrenos de Comoapan, pues buscaban un lugar para sembrar tabaco de manera clandestina. Eric Léonard menciona que Comoapan nació por la compra que algunos agricultores realizaron de las tierras que pertenecían a la cofradía del Santísimo Sacramento, una de las más ricas que existían en la región de los Tuxtlas. Aunque no se especifica la fecha en que ocurrió este evento, es probable que esta operación se haya realizado unos meses después de que se promulgó la ley del 15 de junio de 1856, tal como ocurrió en el caso de la vecina población de Santiago Tuxtla cuando uno de los pobladores del lugar, José Erasmo Castellanos, denunció las tierras que pertenecían a la cofradía de la virgen del Rosario.⁴ Tanto en el caso de Santiago como en el de Comoapan, las tierras serían administradas por una Sociedad Agrícola, misma que, como han señalado diversos autores, fungía como una "mampara legal" que permitía que los pueblos aseguraran el control de sus recursos y tuvieran amplios márgenes de autonomía⁵. En la década de 1870 Comoapan pasó de ser un pequeño caserío a un poblado de medianas proporciones cuya gran actividad económica, según León Medel, la convertiría en la principal congregación de San Andrés⁶. Para esos años se mencionaba que contaba con una población de 3000 habitantes⁷. Como lo menciona Emilio Kourí, no se puede explicar la lucha que emprendieron los pueblos por la tierra después de la revolución, si no se estudia la forma en la que se les desposeyó⁸.

En este caso, la política de fraccionamiento de los terrenos comunales impulsada por el gobernador Juan de la Luz Enríquez, quien presidió el Estado entre diciembre de 1884 y marzo de 1892, alcanzaría a Comoapan en 1887, dos años después que San Andrés Tuxtla y al mismo tiempo que Santiago Tuxtla⁹. Existen pocos datos de la forma en que se llevó a cabo el proceso, pero se tiene conocimiento de que se formó la "Junta Divisionista de la Sociedad Agrícola de Comoapan" encabezada por el coronel Celso Ortiz, un rico propietario reconocido en la región por su participación en la guerra de la intervención francesa, misma que determinó que las tierras se dividieran en lotes de 6-50-00 y se distribuyeron por sorteo entre los miembros de la Sociedad. El fraccionamiento concluyó en 1888, fecha que aparecía en el plano que formó la Junta Divisionista y que logró revisar el ingeniero Maldonado¹⁰, situación que le permitió observar que el proceso estuvo lleno de irregularidades, pues no se concluyó el fraccionamiento de la tierra además de que no se entregaron los títulos de propiedad de la mayoría de los accionistas. En 1934, Óscar Cruz Lara, quien fungía como administrador de rentas y encargado del registro público de la propiedad de San Andrés Tuxtla, comprobó que existían títulos de propiedad que la Junta Divisionista no distribuyó por causas que no se especificaban. El funcionario afirmaba que Celso Ortiz había adjudicado la mayor parte de los lotes a Octaviano G. Carrión, quien así se convirtió en el principal poseedor de tierras de la población. A lo anterior se debe sumar que Carrión adquirió, de manera legal, una buena cantidad de tierras entre los años de 1890 a 1908¹¹. El número de hectáreas que poseía Octaviano G. Carrión variaba en la documentación: en un informe fechado el 27 de junio de 1923 se indicaba que poseía 5089 hectáreas; en el que entregó la receptoría de rentas el 12 de agosto de 1926 se mencionaba que tenía 5099 hectáreas y en uno fechado el 14 de diciembre de 1928 se apuntaba que eran 4483 hectáreas¹².

Las tierras de Carrión no se comparaban en extensión a las que poseían los Artigas, quienes eran los mayores latifundistas de la región¹³, pero tenían la característica de encontrarse ubicadas en las zonas de mayor fertilidad. De acuerdo con la información testimonial recopilada por el ingeniero Álvaro Fernández, en marzo de 1922, algunas propiedades otorgadas a los accionistas pasaron a manos de Carrión, y de otros personajes como Manuel Turrent, a causa de "supuestas" deudas de dinero. Un ejemplo de lo anterior era el caso de Martina Zárate, quien refería que a su esposo se le otorgó una acción de tierra. La propiedad contaba con una "tierra tan buena" que todos se la envidiaban, debido a que producía un tabaco de calidad "superior". Como uno de sus vecinos le debía 400 pesos a Antonio Turrent, quien a decir de Martina poseía "grandes tabacales", ella ofreció como "garantía" su propiedad con la condición de que se pagara la deuda en un plazo de dos años, pero Turrent realizó una escritura que no entendió por ser "inocente en asunto de letras", en la que se estipulaba que sólo tenía ocho meses para solventar la deuda. Así se produjo la "usurpación brutal y descarada" de su tierra y aunque consiguió dinero para evitar que se le quitara, Antonio no aceptó el pago y cuando recurrió al presidente municipal para denunciar el atropello, éste la encerró en la cárcel por "supuestos insultos" a la policía. Su encarcelamiento buscaba obligarla a ceder sus derechos a unos "hombres infames", quienes tramitaron su traslado a la cárcel de San Andrés. Aunque ella no autorizó que la propiedad pasara a manos de Turrent, las autoridades locales le dieron posesión. Otro ejemplo es el de Eduviges Sánchez que decía que su suegro Manuel Martínez fue agraciado con una acción y media en Comoapan.

Como su suegro debía 5 000 pesos, su hijo Basilio Martínez asumió el pago de la adeudo y por tal motivo, solicitó a Luis Carrión que le prestara 200 pesos. Ellos sembraban tabaco en las tierras y con lo que obtenían, comenzaron a realizar abonos hasta reunir 4910 pesos. Sin embargo, Octaviano Carrión no reconoció el dinero que le habían pagado y mandó a su administrador Alejo Artigas a que recogiera el título de la propiedad. Como ella se lo entregó, Ramón García, quien era yerno de Carrión, la trataba de sacar de su terreno, pero Eduviges se negó a hacerlo porque decía que Octaviano no arrendaba sus tierras, motivo por el que sus hijos casados habían tenido que abandonar Comoapan¹⁴. Como se puede apreciar, la concentración de la tierra siguió vías legales e ilegales. Tanto Carrión como Turrent lograron agregar a su patrimonio cierto tipo de propiedades que contaban con una gran fertilidad, situación explicable por el hecho de la gran influencia que tenían en la población y por la benevolencia de las autoridades municipales, quienes hicieron caso omiso de las denuncias que les presentaban los agraviados.

Aunque la primera petición de restitución de tierras de los campesinos de Comoapan databa de 1921, sería hasta 1923 cuando comenzaron las gestiones a partir de la creación del "Sindicato de Campesinos de la congregación de Comoapan", encabezado por Manuel Olmos y Rafael Magallón, el cual no realizó ninguna acción significativa, pero daba cuenta de que la labor agrarista emprendida por Tejeda había obtenido frutos, pues sindicatos campesinos, como éste, comenzaron a proliferar en la región de los Tuxtlas aunque con similares resultados que el de Comoapan. En noviembre de 1925, los nuevos dirigentes del Sindicato, Alejandro Anota y Gustavo Palacios, solicitaron al gobernador que se les entregaran tierras y pidieron las que pertenecían a Octaviano G. Carrión, Bonifacio J. Juárez, Alberto Turrent, Severiano Domínguez y Manuel Turrent. A pesar de que el gobernador Heriberto Jara les informó que debían esperar la resolución de la Comisión Local Agraria (CLA), los campesinos argumentaron que no podían hacerlo pues los terratenientes les "negaban tierras para cultivar",¹⁵ situación que no resultaba exagerada pues los grandes propietarios, como una medida de presión, rehusaron el arriendo de tierras además de que aumentaron el costo del alquiler. Pese a la constante insistencia de los campesinos, sería hasta el 12 de agosto de 1926 cuando se ordenó al ingeniero Javier Lechuga que se trasladara a Comoapan, acción que no sería bien recibida por Octaviano G. Carrión, quien remitió una carta al Presidente de la República en la que manifestaba que los vecinos de Comoapan habían invadido sus tierras. Sin embargo, el gobernador Jara le aclaró al mandatario que Carrión había desobedecido la resolución presidencial del 3 de diciembre de 1925, pues no sólo se había negado a entregar las tierras con las que se dotaba a la ranchería de Chuniapan, sino que además llevaba su ganado a pastar en las tierras sembradas por los campesinos. ¹⁶

Jara decía que le había ordenado al presidente municipal de San Andrés Tuxtla que hiciera valer su autoridad para que Carrión respetara la posesión ejidal. Lechuga envió su informe y el censo agrario a la Comisión Nacional Agraria (CNA) el 24 de septiembre de 1926, pero por razones desconocidas la información se perdió del archivo de la CLA, situación que se hizo evidente cuando un segundo sindicato de Campesinos, denominado "Andrés Velasco", pidió que se emitiera una resolución respecto a las tierras. La CLA se limitó a responder que se mandaría a otro ingeniero para realizar la recopilación de información, respuesta que causó extrañeza entre los campesinos que le pidieron al procurador de pueblos que aclarara la situación. La CLA reconoció que el informe de Lechuga se había perdido y comisionó al ingeniero Segundo Maldonado para que elaborara un nuevo estudio¹⁷. Maldonado cumplió la orden hasta el 5 de julio de 1928, hecho que se explicaba por el escaso personal de campo con el que contaba la CLA y los numerosos casos que tenían que atender. Por ejemplo, Maldonado estaba encargado de hacer los expedientes de poblaciones como San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco, y de congregaciones como Texalpan, El Huidero, Tezaltan, Cebadilla, Mata de Caña, Tapalapan, Sihuapan, Axochio, El Laurel, Tehuantepec y Chuniapan¹⁸. Como primera acción, Maldonado organizó las elecciones para conformar el Comité Particular Ejecutivo (CPE), mismo que se integró por Alejandro Anota (presidente), Gustavo Palacios (secretario) y Fructuoso Pérez (vocal). Como se puede observar, los miembros del Comité eran aquellos hombres que promovieron en primera instancia el proceso. Maldonado concluyó el censo agrario el 25 de julio, pero Eutiquio Pretelín, quien era representante de los propietarios, solicitó que Gustavo Palacios fuera excluido del censo sin presentar argumentos que fundamentaran su petición. La intención de Pretelín era relegar a uno de los principales promotores de la dotación y con ello, debilitar la fuerza de la organización. Ante tal hecho, Maldonado pidió al agente municipal Francisco Negrete que le informara sobre la situación de Palacios. El agente indicó que era nativo del lugar, se dedicaba a los trabajos del campo y en sus tiempos libres administraba un tendejón, una peluquería y elaboraba ropa de manta, actividades que no podían considerarse como "verdaderos negocios". El testimonio sirvió para que el ingeniero rechazara la pretensión de Pretelín. La solicitud evidenciaba las acciones de los propietarios que trataban de excluir a uno de los hombres más comprometidos con la causa agraria¹⁹.

El informe de Maldonado mostraba que la población contaba con 1632 habitantes de los que 275 tenían derecho a dotación. Como los terrenos eran de humedal y de temporal de primera, proponía que se asignaran cuatro hectáreas a cada campesino. Las propiedades afectables eran las de María Cinta, Manuel Turrent, Matilde Rosa Carrión y J. Suárez y hermanos, algunas de las cuales, según el ingeniero, ya habían sido ocupadas por los campesinos y sólo se requería su legalización. El informe de Maldonado no agradó a los miembros del CPE que remitieron una carta al procurador de pueblos, en la que lo acusaban de realizar un "mal trabajo" pues elaboró el padrón agrario a partir del censo de población, además de que se había limitado a observar algunos terrenos del "terrateniente" Carrión. Ellos decían que el ingeniero no les notificó la manera en la que elaboró su informe y pensaban que para realizar la dotación no se requería de tantos "tecnicismos", pues habían pasado seis años desde que hicieron la solicitud y no habían obtenido ningún resultado. El CPE acusaba a Maldonado de defender los intereses del "terrateniente" y que sustentaría, al igual que lo habían hecho otros ingenieros, que la negociación Carrión era una "unidad agrícola", sin que se tomara en cuenta que ésta obligaba a un "sinnúmero" de campesinos a pagar fuertes sumas por el arrendamiento de la tierra. Ellos decían que una evidencia fehaciente de que Maldonado estaba en su contra había ocurrido en la visita que el gobernador realizó a la región de los Tuxtlas, pues el ingeniero le informó que los campesinos de la población no enfrentaban "mayores dificultades". Para finalizar, el CPE solicitaba que no se afectara la propiedad de los hermanos Suárez por tres razones: sus terrenos se encontraban en la congregación de Calería, estaban divididos por el Río Grande y la congregación de Caravaca los habían solicitado para dotación²⁰. Resulta relevante la petición de los campesinos, pues evidenciaba que no querían tener conflictos con las poblaciones vecinas a causa de la delimitación ejidal, sobre todo cuando tenían conocimiento de que Caravaca había solicitado las mismas tierras²¹, razón por la que ponían como pretexto la existencia del río para que no se llevara a cabo el reparto de esos terrenos.

La CLA le solicitó a Maldonado que aclarara las acusaciones que se le hacían y no emitió ningún dictamen al respecto, quizá con la intención de evitarse problemas con un CPE que se mostraba bastante insistente y que buscaba tener una participación directa en la toma de decisiones. Si bien era cierto que el ingeniero cometió una indiscreción al mencionar que la resolución podía tardar mucho tiempo en ser aprobada, no se debe descartar que su afirmación haya sido producto de la presión del mismo Comité, pues éste solicitó que el procurador de pueblos les entregara una copia del censo que realizó Maldonado para saber en dónde se encontraban las tierras que les darían en dotación, además de que buscaban conservar una copia para evitar que se perdiera la información, tal como había sucedido en el caso de Lechuga. Es de destacar la relación que el CPE de Comoapan estableció con el procurador de pueblos, figura jurídica cuya función era asesorar a los campesinos de su jurisdicción en asuntos agrarios y de índole judicial, pues en otros expedientes de la región, tales como los de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco, Sihuapan y Calería, se advierte que los CPE se dirigían a las autoridades estatales y nacionales, pero sólo en contadas ocasiones al procurador de pueblos. En cambio, el de Comoapan convirtió a este personaje en su principal gestor. El CPE no fue el único que mostró su desacuerdo por el informe de Maldonado. En una carta fechada el 1 de septiembre de 1928, Matilde Rosa Carrión advirtió a la CLA que su propiedad no podía ser afectada por dos razones: pertenecía a la jurisdicción de Catemaco y era una "pequeña propiedad" de 300 hectáreas que se dedicaba al cultivo del tabaco, el cual se exportaba a Inglaterra, Bélgica y Francia, lugares en los que se le premió por su "excelente calidad", y a la cría de ganado fino importado de Suiza²².

Pese a lo anterior, su propiedad había sido invadida por vecinos de Calería que le quitaron 60 hectáreas destinadas a la siembra de tabaco, lo que constituía un perjuicio para los trabajadores que empleaba en su negociación y para las finanzas estatales y federales. Para afianzar sus argumentos, incluyó 36 fotografías que fueron tomadas el 31 de marzo de 1926, es decir, unos meses antes de que los colonos de Calería tomaran posesión de una de sus propiedades²³. En ellas se retrataban seis de las vegas tabacaleras (Caravaca, San Gumersindo, Comoapan, Bez, Zanja Honda y Bezmapan) que la propietaria poseía en las cercanías de San Andrés Tuxtla y de Catemaco, además de que hacía énfasis en mostrar todos los instrumentos con los que contaba y la cantidad de trabajadores que trabajaban en ellas. Resulta interesante destacar que Matilde haya buscado ubicar su propiedad en la jurisdicción de Catemaco, postura con la que buscaba retardar el proceso pues se tendrían que hacer unas nuevas actas, debido a que se trataba de un municipio distinto. Bonifacio Suárez también manifestó su inconformidad por la resolución de la CLA. En una misiva fechada el 5 de septiembre de 1928 sustentaba que su propiedad no era afectable, debido a que se ubicaba en el partido de Calería y se encontraba dentro de las excepciones que marcaba el reglamento agrario del 1 de abril de 1922. Pedía que se tomara en cuenta que el CPE de Comoapan había rechazado sus tierras y que su negociación no estaba en contra de la ocupación de la tierra, tal como lo evidenciaba el que hubieran cedido dos hectáreas a Caravaca para que se construyera una escuela federal. Pese al alegato de Matilde Rosa, la CLA determinó, en marzo de 1929, que se dotaría a Comoapan de 1368 hectáreas que se tomarían de la testamentaria de Octaviano G. Carrión (1350-07-50) y de Manuel Turrent (17-92-50), aunque informó al CPE que faltaba la autorización del gobernador. ²⁴

Ante tal situación, el CPE le pidió al gobernador que aprobara la resolución pues los campesinos requerían sembrar las tierras, pero, sobre todo, le recordaban que ellos lo habían apoyado en la "pacificación" de la región. Este argumento sería central, pues Tejeda aprobó la resolución el 4 de mayo de 1929 y cinco días después, se indicó que el ingeniero Alejandro Varela entregaría la posesión provisional. La primera acción efectuada por los campesinos fue construir una escuela que denominaron "Francisco I. Madero", misma de la que los campesinos remitieron una fotografía al gobernador. El ingeniero Varela arribó a Comoapan el 15 de mayo, hecho que suscitó la alegría del secretario general de la federación de campesinos Manuel Azamar, quien agradeció al gobernador en nombre de los "sufridos" y "heroicos" campesinos. Al comenzar sus trabajos, Varela se dio cuenta de que el plano de dotación tenía varios errores, por lo que pidió que le indicara si debía tomar tierra para completar la extensión otorgada o de qué manera debía proceder para cerrar los linderos. Ante la falta de respuesta de la CLA, la presión de los campesinos y la posibilidad de que los herederos de Carrión detuvieran la dotación, el ingeniero tomó la determinación de hacer la entrega del ejido en forma provisional el 20 de mayo. La CLA aprobó la resolución de Varela, pero le pidió un informe detallado de la manera en la que había hecho la localización del ejido. Éste indicó que no cerró la línea sur de la demarcación por lo que la extensión que entregó no correspondía a la que se había dotado, motivo por el que pensaba que se debía tomar parte de la tierra de los Carrión así como seguir las líneas que trazó para los ejidos de El Huidero y El Salto, trabajo que realizaría cuando concluyera los estudios que realizaba para dotar de ejidos a San Andrés Tuxtla²⁵.

Para dar cuenta fehaciente de los límites del ejido, Varela remitió tres fotografías que mostraban los lugares en los que se situaron las mojoneras. La utilización de fotografías por parte de los campesinos, propietarios y el ingeniero denotaba que éstas se concebían como una fuente de información que mostraba lo que "realmente" existía. En esa época, se consideraba que las imágenes producidas por medios tecnológicos garantizaban la objetividad. Así, las fotografías se convertían en testimonios oculares que permitían la observación directa de un evento, libre de prejuicios o de manipulaciones. Tanto los campesinos como el ingeniero y la propietaria buscaban proporcionar un testimonio gráfico que avalara lo que ellos decían²⁶.

A pesar de que se entregaron las tierras, Varela informó el 6 de julio de 1929 que el Comité Particular Administrativo Agrario (CPAA), conformado por Román Minquiz (presidente), Gustavo Palacios (secretario) y Fructuoso Pérez (tesorero), amenazó con alquilar el ejido para subsistir pues carecían de dinero, situación que resultaba improcedente pues las tierras se otorgaban para trabajarlas y no para arrendarlas. Sin embargo, los Carrión advirtieron que no estaban dispuestos a invertir en el ejido de Comoapan. Ante tales hechos, Varela fungió como intermediario entre los ejidatarios y la Casa Carrión, quien se comprometió a sembrar, con ayuda de los ejidatarios, los terrenos ejidales que se dedicaban al tabaco y el resto de los terrenos serían cultivados con maíz y frijol. Para solventar la situación, los Carrión se comprometían a prestar dinero, arados y yuntas. El ingeniero indicaba que el Convenio sería sólo por un año y que se realizó para evitar la emigración de los ejidatarios²⁷, situación que habría facilitado que los Carrión buscaran retomar las tierras y que motivó a que el CPAA solicitara que se dictara la resolución de dotación definitiva, pues aducían que tenían conocimiento de que los Carrión buscaban reducir y modificar la ubicación de su ejido, razón por la que pedían que su intervención para evitar que se llevara a cabo la maniobra²⁸. La insistencia del CPAA para que se le otorgara la posesión definitiva era consecuencia de los problemas que se vivían en el interior de la comunidad. Así, por ejemplo, se informó que Antonio Anota se había apropiado de una parte del ejido y otorgaba permisos para cortar maderas, preparaba alambradas para hacer soltaderos y afirmaba que repartiría las tierras a personas ajenas al ejido.

Como Anota era empleado de la Casa Carrión, pedían su intervención para que se pusiera fin a los desmanes. La situación se agravó cuando los ejidatarios trataron de cortar maderas para construir unas casas, pues el agente municipal de Comoapan ordenó al jefe de guerrillas que prohibiera la acción. La decisión del agente municipal se explicaba por el hecho de que, junto con los Carrión, había apoyado la formación de la agrupación denominada "Campesinos Libres Ejidatarios", misma que estaba conformada por un grupo de campesinos sin derecho a tierras ejidales y por empleados de la Casa Carrión. El CPAA mencionaba que esa organización no sólo intrigaba en su contra, sino que además buscaba disponer de las tierras ejidales sin autorización. Ante tal situación, se ordenó al presidente municipal de San Andrés que prestara su apoyo al CPAA y que consignara ante las autoridades a las personas que resultaran responsables. Sin embargo, el presidente municipal notificó que las acusaciones eran falsas y no tenía conocimiento de los hechos referidos, pero se comprometía a intervenir cuando se suscitaran desórdenes en el poblado. Es de advertir que el CPAA tampoco estaba libre de culpas, pues aprovecharon que el ingeniero Varela no realizó una correcta delimitación del ejido para invadir las propiedades aledañas, tal como ocurrió con la señora Dolores Martínez, quien pidió al gobernador que ordenara el desalojo de su propiedad. Sin embargo, el CPAA contestó que la acusación era fruto de las maquinaciones de la señora y del presidente municipal Manuel Azamar, quienes impedían que los ejidatarios trabajaran las tierras. Después de conocer el punto de vista de Azamar y del ingeniero Luis G. Canseco, a quien se le encargó la investigación del caso, el gobernador determinó que el CPAA debía desalojar el predio de Dolores Martínez²⁹.

El grupo de "Campesinos Libres Ejidatarios" aumentó su presión sobre el CPAA, pues invitaron al ingeniero Ricardo Romero para que hablara con el Comité, el cual se negó a asistir a la reunión porque se verificó en la casa de los Carrión. El ingeniero, que según los del Comité estaba alcoholizado, se presentó al frente de un grupo de campesinos "no organizados" para exigir que los ejidatarios sólo sembraran tabaco y en caso de que no lo hicieran, devolvieran las tierras a sus anteriores propietarios. Romero también sugirió que se nombrara una nueva directiva, pero los campesinos no aceptaron la propuesta. El ingeniero informó a la CLA que los problemas en Comoapan eran fruto de las maniobras del CPAA, razón por la que solicitaba que se removiera. Una petición similar fue realizada por Pantaleón Cruz, quien se autonombraba representante de los ejidatarios de Comoapan y delegado de la Federación de Sindicatos de la región de Los Tuxtlas, que mencionaba que el Comité era sostenido por una minoría que violaba los convenios celebrados con la Casa Carrión, pues sembraban en las tierras que se habían destinado para el cultivo de tabaco. La componenda fue descubierta por la CLA que notificó que Romero no prestaba sus servicios en ese organismo, además de que advirtió a Cruz que no se realizarían remociones mientras no se efectuaran las elecciones de diputados federales. No obstante, Cruz volvió a insistir en la necesidad de relevar al Comité, pues de lo contrario se produciría un enfrentamiento de "fatales consecuencias", tanto para los campesinos como para la industria del tabaco. El CPAA se mostró sorprendido de que se le quisiera disolver, pues decían que sólo buscaban defender los "principios sanos" que favorecían a los ejidatarios, motivo por el que tomaron la decisión de nombrar a Rafael Pérez Vidal como su representante ante la CLA, a fin de que resolviera las dificultades que existían con los otros campesinos.

Sin embargo, el 18 de junio de 1930 el CPAA informó al gobernador que el ingeniero Canseco los buscaba remover, acción que, según ellos, era "ilegal", motivo por el que solicitaban que se pusiera fin a las agresiones y que se les reconociera como directiva; pero la CLA confirmó al Comité que Canseco cumplía órdenes federales. La remoción se efectuó el 24 de junio y al día siguiente tomó posesión la nueva directiva conformada por Antonio Rodríguez (presidente), Antonio Osorio (secretario) y Pantaleón Cruz (tesorero). Éstos le informaron al gobernador que, de acuerdo con las instrucciones que les dejó Canseco, se prepararían 158 hectáreas para el cultivo del tabaco, mismas que se cederían a la Casa Carrión y se indemnizaría a los ejidatarios cuyos terrenos estuvieran sembrados con maíz. Como esta decisión no fue del agrado de los ejidatarios, el Comité explicaba que su enojo era consecuencia de los "malos" consejos de un "político" que buscaba aprovecharse de la situación. Se debe destacar que el Comité no respetó las órdenes que les había dado el ingeniero, quien propuso que las tierras se dividieran en partes iguales para que cada grupo realizara los cultivos que deseara. Para evitar que se suscitaran problemas, el ingeniero Alberto Mancilla se trasladó a Comoapan para resolver tres asuntos: el monto de las indemnizaciones; asesorar a los ejidatarios que desearan sembrar tabaco, quienes podían formar una cooperativa, recibir ayuda de la Casa Carrión, o de cualquier otro productor que quisiera colaborar en igualdad de circunstancias; y también debía evitar que se entregara el ejido completo a la Casa Carrión. ³⁰

Pese a las previsiones, el conflicto se agudizó al extremo que uno de los grupos presentó una denuncia penal, motivo por el que Arnulfo Zárate, quien fungía como agente del ministerio público de San Andrés, solicitó a la CLA que se le informara quiénes integraban el CPAA, pero ésta le notificó que ignoraba los nombres. Podría parecer extraño que la CLA hiciera una afirmación de este tipo, pero su confusión era consecuencia de que existían dos comités: uno encabezado por Román Minquiz y otro por Antonio Rodríguez. Esta situación se podía explicar por el hecho de que las tierras se dividieron y cada grupo reconoció a su propio Comité. Para acabar con el problema del doble Comité, Mancilla decidió restituir el que depuso Canseco pues notó que el de Rodríguez tenía estrechos vínculos con la Casa Carrión, circunstancia que no estaba permitida por la legislación agraria pues los comités debían ser independientes. El desconocimiento del comité encabezado por Rodríguez no acabó con los problemas, pues éste no sólo no acató las órdenes sino que tomó posesión de las tierras reservadas para la escuela, motivo por el que el CPAA pedía que se desalojara a los "falsos agraristas" que buscaban adueñarse de sus tierras. Para tratar de acabar con el conflicto, el gobernador ordenó al presidente municipal de San Andrés y a la comandancia de fuerzas rurales del Estado que desalojaran a los mozos de la Casa Carrión que ocupaban terrenos del ejido. Azamar se limitó a entregar la orden pero la comandancia mandó al coronel Eustorgio Vidal para realizar el desalojo. La reunión entre el coronel y los empleados terminaría con el acuerdo de que éstos desalojarían el ejido el 30 de noviembre de ese año. ³¹

La denuncia de Minquiz sería su último acto como presidente del CPAA, pues el 21 de agosto de 1930 se eligió una nueva directiva conformada por Silverio Bencomo (presidente), Francisco Merlín (secretario) y Gumersindo Baxin (tesorero). El nombramiento del nuevo Comité no fue bien recibido por la presidencia municipal de San Andrés, misma que citó a Bencomo para informarle que Antonio Rodríguez había denunciado que poseía tierras cercadas y que andaba por el pueblo con un grupo de campesinos armados, acciones que, según el munícipe, no se tolerarían y se le podía consignar ante el coronel Quiroz, quien fungía como jefe de operaciones militares de la región. Azamar afirmaba que sólo reconocería al comité encabezado por Rodríguez y que el gobernador le había informado que los partidarios de Bencomo eran unos "tontos", pues se dejaban engañar por "unos cuantos políticos". Ante esta situación, Silverio solicitó la ayuda del gobernador, pues decía que la autoridad municipal no les permitía trabajar en sus ejidos y los amenazaba con mandarles a las fuerzas federales a aprehenderlos. La denuncia del CPAA resulta interesante en el sentido de que se mostraba la vinculación que existía entre la autoridad municipal y la Casa Carrión, las cuales formaron un frente para hostilizar a la organización ejidal. El 27 de agosto de 1930, Bencomo notificó al gobernador que el presidente municipal había armado a los campesinos "no organizados", quienes penetraron por la fuerza a unas galeras en las que tenían guardado frijol y lo habían tirado al campo. Como ellos se negaban a pagar los desperfectos, pedían que se enviara un ingeniero para que evaluara los daños en las cosechas. Unos días después, Bencomo volvió a quejarse de que los campesinos "no organizados" preparaban una comisión para viajar a la ciudad de México a entrevistarse con el presidente. Por tal motivo, llevaban varias fotografías de los semilleros de tabaco y de los campesinos que, según decían, carecían de tierra³².

Silverio pedía que se pusiera fin a las intrigas de los "no organizados", pues Antonio Rodríguez los instaba a que no reconocieran al CPAA, pese a que ellos no le negaban sus derechos a ningún campesino y lo único que pedían era su adhesión al Comité. También solicitó que se castigara a Rodríguez y a Osorio, quienes se presentaban como presidente y secretario del CPAA, acción que fomentaba la división entre los campesinos. El 21 de octubre de 1930, el CPAA denunció que Eutiquio Pretelín asumió la representación de la Liga de Campesinos y Obreros, nuevo nombre que los "no organizados" le dieron a su organización, situación que no era legal pues éste era un comerciante que no tenía derecho a tierra. Si Pretelín logró ese puesto se debía a que contaba con el apoyo de Azamar, a quien se consideraba como el principal responsable de los problemas que existían en el poblado. Tras la denuncia, la CLA le pidió a Azamar que informara cuáles eran las razones por las que había empleados de la Casa Carrión en el ejido. El presidente municipal se limitó a responder que sólo los ejidatarios trabajaban en las tierras. Como Bencomo consideraba que las autoridades agrarias no tomaban acciones drásticas para solucionar las dificultades, decidió presentar una denuncia penal en contra de Antonio Rodríguez y Antonio Osorio por usurpación de funciones. Ante tal hecho, Rodríguez citó a una asamblea general en la que expuso que era falso que se ostentara como miembro del CPAA, pero reconoció que sí realizaba trabajos para organizar una Liga de Obreros y Campesinos, la cual no pretendía enfrentarse con el Comité sino que buscaba ajustarse a los preceptos legales y ser independiente. Rodríguez también afirmó que no había realizado ningún acto de rebeldía en contra del Comité, pero no se sometería de manera incondicional a los acuerdos que éste tomaba, así como tampoco permitiría que sus representados vendieran sus "conciencias" a cambio de las tierras que les podía dar un Comité de cuya legalidad existían dudas³³.

De una manera altanera, Rodríguez manifestó que no tenía que notificar sus acciones a la CLA, sino que se limitaría a atender las indicaciones del Departamento de Administración Ejidal. La actitud de Rodríguez evidenciaba tres situaciones: la estrecha relación que existía entre Azamar y Rodríguez; el deseo de formar una organización alterna al Comité para la administración de las tierras y la insubordinación de Rodríguez hacia las autoridades agrarias, pues no sólo dudaba de la legalidad del CPAA sino que también se mostraba insolente con la CLA. Los problemas entre el CPAA y los no "organizados" se agudizaron el 18 de noviembre de 1930, día en el que Francisco Merlín y Eutiquio Pretelín, al frente de 20 personas, ocuparon una porción de los terrenos ejidales. El primero se ostentaba como representante del comité agrario de la Casa Carrión, mientras que el segundo se decía inspector del mismo. La presencia de Merlín en este acto se explicaba por el hecho de que el 20 de octubre de 1930 la CNA lo había removido de su cargo en el CPAA, es decir, Merlín había abandonado una bandera para defender otra, situación que no debía extrañar pues las lealtades variaban de acuerdo a las circunstancias políticas. El CPAA decía que las acciones de los "no organizados" podían causar "una tragedia", razón por la que consideraba que la única solución viable era el desalojo de unos campesinos que no los reconocían, no buscaban organizarse y no pagaban sus contribuciones. El CPAA le recordaba al gobernador que el 30 de noviembre de 1930 vencía el plazo que había propuesto el coronel Eustorgio Vidal para realizar la desocupación. Como la fecha se cumplió y no se realizó el desalojo, Bencomo pidió al gobernador que expulsara a las "personas extrañas" a su gremio y que sólo "atropellaban" los intereses colectivos. Por su parte, Merlín envío una carta al presidente de la república en la que acusaban al CPAA de abusar de los ejidatarios³⁴.

Rafael Pérez Tenorio, presidente de la Junta de Administración Civil de San Andrés, informó al gobernador que las acciones de Bencomo buscaban defender la posesión provisional que se les otorgó a los ejidatarios que representaba, a diferencia de Merlín y Pretelín que instigados por el latifundista Octaviano E. Carrión, pretendían arrebatar unos ejidos que se otorgaron a una agrupación organizada y reconocida por la CNA. Carrión mostraba animadversión contra los campesinos, debido a que se tomaron sus tierras para formar el ejido además de que se le siguió un proceso por destrucción de sementeras. El que el gobernador hubiera ordenado la separación de Azamar de la Junta de Administración, ocasionó que los "campesinos no organizados" amenazaran con irse "al monte como rebeldes". Ellos no cumplieron su amenaza, pero se ponía en evidenciaba su descontento por perder a uno de sus principales apoyos. Con la intención de que se llegara a un acuerdo entre las partes, los "campesinos no organizados" nombraron a Guillermo Santos como su representante, pero este acto no modificó la tensión que se vivía entre los grupos. De hecho, el CPAA denunció que Eutiquio Pretelín, Francisco Merlín, Antonio Rodríguez, Cayetano Ortiz y Antonio Osorio habían amenazado a varios ejidatarios. A fin de que se pusiera punto final al conflicto, el ingeniero Miguel D. Uribe se trasladó a Comoapan y convocó a una reunión, el 6 de mayo de 1931, a la que asistieron el coronel Manuel Quiroz, un grupo de "campesinos no organizados" y los miembros del CPAA. El coronel manifestó que había recibido una queja en contra del CPAA, pues se decía que éste no dejaba trabajar a algunos campesinos en las tierras ejidales. El presidente del CPAA le contestó que los quejosos eran empleados de la Casa Carrión y que eran incitados por Pretelín para atacar a la autoridad agraria. Ellos habían abandonado las tierras que trabajaban debido a que no querían pagar contribuciones, pero el CPAA no tenía ningún inconveniente en que volvieran al ejido con la condición de que trabajaran y se sujetaran a las decisiones del comité³⁵.

Como el coronel manifestó que todos tenían derecho a la tierra, el ingeniero tomó la palabra para señalar los lineamientos a los que se debía someter el ejido y mencionó que la CNA lo había enviado a resolver los problemas que existían en el poblado, razón por la que revisaría el censo agrario para determinar quiénes tenían derecho a la tierra. Sus declaraciones generaron exaltación y uno de los "no organizados" afirmó que tomarían la tierra por la fuerza. Uribe les aclaró que no había necesidad de que se produjeran enfrentamientos, pues tenía la intención de arreglar el asunto de acuerdo a lo que marcaba la ley. El coronel estuvo de acuerdo en que no se produjeran confrontaciones, pero le advirtió al ingeniero que si no se les hacía justicia a los campesinos, se trasladaría a la ciudad de México para obtener las tierras que pedían. Pese a que el 15 de mayo de 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio emitió su resolución sobre Comoapan, misma que estipulaba que se le dotaría de 1124-32-00 que se tomarían de las tierras de Carrión³⁶, los problemas entre los grupos no acabaron sino que se agravaron. De hecho, el CPAA presentó una denuncia en contra del coronel Quiroz, razón por la que se comisionó al teniente coronel Mariano Estrada para que investigara los hechos. Para trastornar el ambiente, Estrada y Quiroz le comentaron al ingeniero que se habían enterado que los campesinos de Comoapan tramaban un atentado y lo acusaban de avalar el acto, por lo que le impusieron un plazo de varias horas para aclarar la situación. Uribe les informó que las versiones eran falsas, lo cual se podía comprobar por la tranquilidad que se vivía en la región y estaba convencido de que las intrigas eran auspiciadas por los enemigos de la causa agraria. La CLA informó de los anteriores hechos al gobernador, quien a su vez le pidió al general Miguel Acosta, quien era jefe de operaciones militares en Los Tuxtlas, que se le dieran garantías al ingeniero³⁷.

A pesar del apoyo que el gobernador externó a Uribe, el delegado regional agrario solicitó que el procurador de pueblos tomara el asunto entre sus manos. Por su parte, Uribe notificó que los antiguos acasillados de la Casa Carrión, quienes eran liderados por unos "tinterillos" que trabajaban a favor de los antiguos propietarios, habían solicitado el apoyo del jefe del sector militar para ocupar el ejido, situación que provocó que se exaltaran los ánimos entre los grupos. Después de conocerse el informe, el gobernador ordenó que la Junta de Administración Civil protegiera a los ejidatarios y les devolviera las tierras invadidas. El 14 de junio de 1931, Pérez Tenorio comunicó al gobernador que los "instrumentos del latifundio" fueron desalojados y se les advirtió que no debían volver a invadir el ejido. También se había remitido a la autoridad judicial las denuncias que el CPAA realizó en contra de los que se apoderaron de las tierras cultivadas y de los que derribaron árboles. Aunque la presidencia municipal solicitó que el coronel Manuel C. Ríos los ayudara a desalojar las tierras, la jefatura de operaciones no lo autorizó con el argumento de que no quería inmiscuirse en los problemas agrarios de la región. El 14 de julio de 1931, Pretelín, en su carácter de representante de la Liga de Obreros, Campesinos y Ejidatarios, participó al presidente de la república que el CPAA estaba conformado por una "facción de políticos" que sólo se dedicaba a extorsionar a los "honrados trabajadores". Lo peor de todo era que sus agremiados fueron obligados a desalojar sus terrenos, debido a que no se quisieron subordinar al CPAA que era una organización de "carácter político". Así, en Comoapan se había generado una "vergonzosa lucha" en la que los campesinos se convertían en el botín de los políticos. Ante tal denuncia, la CNA advirtió al CPAA que no debía hostilizar a los ejidatarios por asuntos de orden político. La reprensión no carecía de fundamento, pues en la región existía una gran agitación política derivada de la proximidad de las elecciones municipales³⁸.

La mala delimitación del ejido, realizada por la premura con la que trabajó el ingeniero Varela, provocó un nuevo problema a Comoapan, pues en abril de 1932 los vecinos de la ranchería de El Huidero tomaron posesión de 50 hectáreas que pertenecían a su ejido. Es importante aclarar que el conflicto había iniciado en noviembre de 1930 cuando los del Huidero ocuparon unos terrenos de Comoapan, con el argumento de que el gobernador se los había dado en posesión provisional. Como los de Comoapan no estuvieron de acuerdo, y para evitar un problema, decidieron cobrarles el arrendamiento de la tierra, pero los de El Huidero se quejaron ante las autoridades agrarias, pues aducían que no se les podía cobrar después de que habían fundado un núcleo de población denominado Plan de Huidero.³⁹ El ingeniero Uribe trató de mediar en el conflicto, pero no logró obtener resultados favorables ya que existía una resolución presidencial a favor de Comoapan, por lo que el cambio de la localización del ejido de El Huidero se tornaba complicado.⁴⁰ En dos ocasiones, el CPAA, integrado por Francisco Negrete, Juan Prieto y Gumersindo Baxin, pidió al gobernador que se desocuparan sus tierras, pero se les contestó que los de El Huidero permanecerían en el ejido mientras se resolvía el cambio de localización del ejido de Comoapan. Aunque las autoridades agrarias no lo mencionaban, el error se produjo desde que se dio la posesión provisional. Aunque la CLA pidió a Uribe para que hiciera el estudio de dotación de tierras para El Huidero y que gestionara la modificación del lindero de Comoapan para corregir la irregularidad, el CPAA mostró su desacuerdo pues no aceptaría un cambio en la localización de su ejido y que se redujera su extensión, pues aducían que una modificación sería perjudicial debido a que se les darían tierras de "mala calidad" y alejadas del poblado⁴¹.

Pese a que la CNA pidió que prevaleciera la mesura, lo cierto es que se generaron fricciones entre los campesinos de las dos poblaciones. Así, el 14 de agosto de 1932 Negrete informaba a la Liga de Comunidades Agrarias (LCA)⁴² que habían consignado las bestias de los de El Huidero, debido a que no respetaban las decisiones del CPAA y no querían pagar sus contribuciones, acciones que mostraban su "falta de compañerismo". Después de un período de silencio, quizá provocado por la cuestión territorial entre los dos poblados, se volvió a reactivar la pugna entre el CPAA y la Liga de Obreros y Campesinos Ejidatarios. El 24 de abril de 1933, Francisco Merlín, en su carácter de presidente de la Liga, comunicó al gobernador Gonzalo Vázquez que en la sesión celebrada el 20 de abril y a la que asistieron 226 miembros, se tomó el acuerdo de pedir un cambio en el CPAA, pues éste representaba de "manera arbitraria" el ejido ya que no tenía el apoyo de la mayoría de los ejidatarios, quienes, según decía, estaban adscritos a su organización. Merlín indicaba que habían presentado varias denuncias contra el CPAA, debido a que vejaba a los ejidatarios que no estaban de acuerdo con su política "caprichosa". Merlín se cuidó de mencionar que el 23 de abril de 1933 se había entrevistado con el jefe del sector militar de los Tuxtlas, a quien le manifestó que la Liga requería 200 hectáreas. Con la confianza de tener su apoyo, Merlín se dirigió al agente municipal Agustín Morales para ordenarle que señalara las tierras que se le darían a su organización. Lo anterior evidenciaba que Merlín jugaba una doble partida: por un lado mostraba humildad frente al gobernador, pero por el otro exhibía prepotencia frente a la autoridad municipal amparado con el supuesto apoyo de los militares establecidos en la región. ⁴³

El agente municipal cedió ante la presión de Merlín, pero el Comité no se amedrentó y procedió a quitarles las tierras, acción que provocó que Pretelín notificara al gobernador que el CPAA les arrebató los terrenos que preparaban para sembrar, acto que resultaba "a todas luces injusto" pues el Comité no otorgaba tierras a los "verdaderos campesinos" y si se las daba a los que no tenían derecho, tal como se podía observar en una lista que anexó a su carta. Es importante mencionar que en la relación aparecían los nombres de los primeros peticionarios de tierras, los de miembros de anteriores Comités y del que se encontraba en funciones, es decir, la intención de la Liga, en caso de que el gobernador aceptara su propuesta, era tomar venganza de aquellos que se habían mostrado contrarios a sus pretensiones y sobre todo, quitarles la categoría de ejidatarios. Pretelín le recordaba al mandatario que habían hecho gestiones para que se cambiara el CPAA y solicitaban que Segundo Maldonado fuera el encargado de hacerlo. El 15 de junio de 1933 se le informó al CPAA que no podían privar de sus derechos ejidales a los quejosos, aún cuando existieran causas justificadas para hacerlo, motivo por el que le ordenaba que devolviera las parcelas que habían tomado. Para terminar con los problemas, en septiembre de 1933 se envío al ingeniero Rafael Arredondo para que pusiera en posesión definitiva a los ejidatarios de Comoapan, pero la carencia del censo impidió que pudiera realizar el acto pese a que lo solicitó en dos ocasiones. ⁴⁴ El 4 de octubre de 1933, Uribe informó a la CLA que no había podido hacer el estudio de la localización del nuevo ejido, debido a que los vecinos y el CPE de El Huidero le pidieron que no lo realizara hasta que no se tuviera el proyecto definitivo de Comoapan. El ingeniero les indicó que no era posible resolver la situación mientras se siguiera con la intención de formar un ejido en tierras del otro.

El escenario se torno más complicado debido a que los de El Huidero solicitaron unas tierras denominadas Tenexapa, mismas que habían sido otorgadas en dotación provisional a los del poblado de Cebadilla.⁴⁵ Uribe indicaba que las cuestiones políticas habían ocasionado que en El Huidero se formaran dos grupos: uno que apoyaba al CPE encabezado por Alejandro Pucheta y otro que buscaba obtener el control del organismo y que era liderado por Pedro Pucheta, hermano del anterior. Los dos grupos se enfrentaron y gracias a la oportuna intervención de Uribe se evitó un zafarrancho. Éste les indicó que en materia agraria no importaban las cuestiones políticas y que se debían respetar mutuamente. Sin embargo, cada grupo mandó representantes a San Andrés Tuxtla para tratar de obtener el apoyo de las autoridades municipales. Cuando Uribe buscó que se realizaran elecciones para renovar el CPE, el grupo de Alejandro lo acusó de apoyar al de Pedro. El ingeniero informó que para evitar mayores confrontaciones, había retrasado su salida del poblado y solicitó que no se hicieran elecciones mientras no se unificara a los grupos, lo cual, desde su perspectiva, se lograría cuando se hiciera el estudio ejidal, aunque admitía que los grupos le daban mayor importancia a la cuestión política que a la agraria. Para evitar que las confrontaciones entre Comoapan y El Huidero se agudizaran, la CLA determinó que los vecinos de la segunda población pagaran las contribuciones que les correspondían. En caso de que no lo hicieran, se les solicitaría que desocuparan las tierras que quedarían bajo control del Comité ejidal de la primera población. La orden de la CLA fue tergiversada por las autoridades de Comoapan, pues el presidente del Comité y el jefe de la zona militar ordenaron a los de El Huidero que desocuparan las tierras, pero éstos acusaron a Gustavo Palacios de "crear dificultades" ante la CLA⁴⁶.

En febrero de 1935 se volvió a tratar el asunto de los límites entre Comoapan y El Huidero. El presidente del comisariado ejidal Gustavo Palacios comunicó al gobernador que el ingeniero Boucher examinaba el lugar en el que se establecería el fundo legal de El Huidero, situación en la que no estaban de acuerdo pues la ranchería se ubicaba en terrenos de su ejido y aunque los trataban con "espíritu magnánimo", ellos no pagaban nada por las 40 hectáreas que ocupaban para cultivar y no pedían permiso para cortar la madera y el zacate. Durante un año y medio, las autoridades agrarias guardaron silencio respecto a la situación de Comoapan, silencio que sería roto por un grupo de vecinos que el 23 de diciembre de 1936 pidió al gobernador Miguel Alemán que no sólo se les diera la dotación definitiva de su ejido sino que se acrecentaran con las del predio Chilapam de Luis Villa. Ante tal requerimiento, la Comisión Agraria Mixta (CAM) respondió que no se podía abrir un nuevo proceso, pero podían esperar la dotación definitiva para promover la ampliación. La respuesta no agradó al comisariado que pidió a la LCA que los apoyara en su petición.⁴⁷ Los ejidatarios pidieron en varias ocasiones que se les enviara un ingeniero para realizar la dotación definitiva, motivo por el que el Delegado del Departamento Agrario les pidió que le mandaran un acta firmada por todos los vecinos. Sin embargo, el 6 de mayo de 1937 el presidente del comisariado Román Minquiz le aclaró al delegado que no solicitaron cambio en la localización del ejido, tal como ese funcionario lo había planteado al jefe del departamento agrario, sino que pedían que se les diera la posesión definitiva y se señalaran los límites del ejido. Finalmente, el 6 de febrero de 1938 se les daría la posesión definitiva de las 1 124-32-00 hectáreas. La resolución no agradó a los vecinos de El Huidero que denunciaron que se les trataba de despojar de unas tierras que ocupaban desde años atrás, además de que se les había quitado un aguaje del que se surtían.

Ante esta situación, lo único que solicitaban era que se les respetara el aguaje y que se tomara en cuenta que los ejidatarios de Comoapan tenían propiedades que ni siquiera cultivaban, debido a que algunos ejidatarios habían migrado⁴⁸. La posesión definitiva no significó la conclusión de los problemas de los ejidatarios de Comoapan, pues el Departamento Agrario les informó el 3 de junio de 1939 que se había tomado la determinación de que se le respetaría a la testamentaria de Octaviano G. Carrión, representada por Carlos M. Carrión, una pequeña propiedad que estaría formada por 70 hectáreas del predio San Gumersindo y 130 de los predios Zanja Honda y Zapagoya. A cambio de estos terrenos, la testamentaria daba en compensación otros que no estuvieran incluidos en la resolución presidencial. El Departamento Agrario comisionó al ingeniero Elías Lizardi para que hiciera el cambio y si los ejidatarios se negaban a abandonar los terrenos, debía recurrir al auxilio de las fuerzas federales. Como era de esperarse, el Comisariado no aprobó la disposición y manifestó al Departamento Agrario que estaban dispuestos a defender la tierra con sus vidas para evitar un "incalificable atropello"⁴⁹. La reacción del Comisariado era explicable por el hecho de que en las tierras de San Gumersindo existían sembradíos de plátano, fruta que desde 1928 se había introducido a la región con resultados favorables. De hecho, los Carrión tenían plantíos de plátano en sus tierras de Calería, una congregación vecina de Comoapan. Es de advertir que tanto los ejidatarios como los propietarios desplazaron el cultivo del tabaco por el del plátano, situación que se explicaba por el hecho de que la siembra de la hoja había sufrido un notable declive derivado de la situación internacional, lo cual generó una crisis en la región de los Tuxtlas que comenzó en 1915 y se agudizó en el transcurso de la década de 1920.

En virtud de que el plátano había logrado convertirse en uno de los principales cultivos de Chiapas y con un mercado internacional en crecimiento, los tabacaleros y los campesinos tuxtlecos buscaron probar suerte con este producto, mismo que les generó buenos dividendos pues se decía que los Carrión, por ejemplo, lograban embarcar más de 20 carros de ferrocarril por cosecha. Como consecuencia de la desobediencia del Comisariado, el Departamento Agrario reiteró que las órdenes dadas a Lizardi procedían de la presidencia de la república y que los terrenos de San Gumersindo no le pertenecían, pues éstos se incluyeron en la dotación por causa de un error. El delegado pedía que se cumplieran las órdenes y que recordaran que en abril se les pidió que se abstuvieran de sembrar en las tierras de San Gumersindo, así como de destruir las galeras que existían en el ejido. Los campesinos hicieron caso omiso de las advertencias del Delegado, pues en dos ocasiones, el 4 de mayo de 1940 y el 4 de octubre de 1941, se denunció que desmantelaban las galeras. En la última denuncia, Cayetano Ortiz, Francisco Merlín y Simón Alegría informaban que los infractores eran Pánfilo Mil, Celso Anota, Juan Osorio, Francisco Negrete, Mario Cadena y Román Minquiz, quienes encabezaban el Comité y estaban afiliados a la CTM. Ortiz manifestaba que ellos se oponían a que se llevara a cabo la resolución presidencial, debido a que contaban con el apoyo del delegado de Promoción Ejidal, quien recibía del Comisariado 400 pesos mensuales que eran aportados por los campesinos que no tenían derecho a tierra, "práctica corrupta" en la que también incurrió el anterior delegado⁵⁰. Ellos pedían que se hiciera el parcelamiento, pues de esa forma se podrían librar de unos "vividores" que los amenazan con quitarles las tierras que el gobierno otorgó.

Como se puede apreciar, los denunciantes y los denunciados eran los mismos que se habían enfrentado en el pasado. Con motivo del desmantelamiento de las galeras, Manuel Figueroa demandó a Román Minquiz y Dimas Domínguez pero éstos alegaron que no le reconocían ninguna propiedad al denunciante, pues las galeras se consideraban parte del ejido y Figueroa nunca presentó documentos que ampararan su propiedad. En diciembre de 1942 se devolvieron las tierras a los Carrión, lo que generó airadas protestas de Teodoro Vázquez, que era representante de las organizaciones campesinas de la LCA, del diputado José Fernández, que era secretario general de la LCA, y de Alberto Sánchez que se desempeñaba como jefe del departamento de gobierno, pero el delegado del Departamento Agrario Cástulo Villaseñor indicó que no se podía dar cauce a las solicitudes, debido a que los ejidatarios hicieron caso omiso de sus recomendaciones y persistieron en su "imprudente actitud". Así, desde la perspectiva del delegado, los campesinos sólo cosechaban lo que habían sembrado⁵¹.

En su Historia de San Andrés Tuxtla, León Medel mencionaba que en Comoapan se habían presentado "cruentas pugnas" entre los campesinos que solicitaban tierras y los que defendían las de los terratenientes.⁵² Este autor no sólo se abstuvo de mencionar cuál había sido el resultado de la pugna, así como tampoco refirió que los terratenientes, en este caso los Carrión, habían recurrido a una estratagema para defender sus propiedades: la organización de una Liga de Campesinos y Ejidatarios que estaba conformada por sus propios trabajadores y que era dirigida por Eutiquio Pretelín, un hombre que había fungido como su representante ante las autoridades agrarias. La táctica de los Carrión tuvo cierto éxito, pues la Liga logró quitarle, durante unos meses, el control de las tierras a los ejidatarios y entregarla a los propietarios para que éstos la aprovecharan en el cultivo del tabaco. Para fortalecer su posición, la Liga estableció nexos con la presidencia municipal de San Andrés y con la jefatura de las fuerzas militares de la región. Gracias al apoyo que les brindaban estas autoridades, la Liga logró apropiarse de una parte del ejido y se dedicó a presionar a los ejidatarios para que cedieran sus tierras. Los Carrión lograron jugar bien sus cartas, pues aunque fueron afectados en la dotación lograron recuperar algunas de las tierras más productivas, hecho que se comprobaba por las quejas que se remitieron al Departamento Agrario por parte de diversas organizaciones campesinas. Todo parece indicar, a reserva de hacer más estudios particulares para la región, que la Liga fue una organización única en su tipo en la región de Los Tuxtlas, pues en poblaciones como San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco, o en sus respectivas congregaciones, no se registran corporaciones que contaran con el apoyo de los grandes propietarios. La liga perdería fuerza después de que se le devolvieron los predios a los Carrión, pero su existencia revelaba la importancia que tenía la tierra para sus dueños.

No se debe considerar que la alianza entre los campesinos y los propietarios fue un hecho excepcional, pues en otras regiones del Estado también se produjeron estas vinculaciones, tal fue el caso de Monte Blanco, población del centro de Veracruz, en la que se formaron dos comités agrarios y cada uno de ellos buscó formar alianzas con las familias más poderosas del lugar.⁵³ Los casos de Comoapan y Monte Blanco evidencian que no existió homogeneidad en la demanda de los campesinos, sino que, más bien, es necesario entender que el impacto de la reforma agraria mostraría variaciones de acuerdo a la naturaleza de los territorios existentes y de las fuerzas que interactuaban en su interior⁵⁴. El caso de Comoapan permite ilustrar la conflictiva situación que se vivía en el corazón de las comunidades y la diversidad de intereses que se ponían en juego por lograr el dominio de la tierra, razón por la que no debe extrañar que en la lucha por el control del CPE se hubiera producido un enfrentamiento entre hermanos, situación que no se puede considerar excepcional sino que, como lo ha mostrado Baintenmann, el proyecto de reforma agraria contribuiría a fragmentar, en muchas ocasiones de manera violenta, a los pueblos y familias. Así, los enfrentamientos entre familias denotaban los conflictos de intereses que emanaban de las estructuras agrarias locales, mismas que se consideraban, en sí mismas, formas de gobierno que funcionaban de manera paralela a las estructuras municipales⁵⁵. Los conflictos sociales latentes por el control de las tierras no se resolvieron con las concesiones, sino que los actores sociales se diversificaron de manera que construyeron nuevas formas de organización y participación en la toma de decisiones en sus comunidades. Estudios de caso, como el de Comoapan, permiten evidenciar la manera en la que las poblaciones reaccionaron ante la reforma agraria y las consecuencias derivadas de ello. Aunque cierto tipo de historiografía tendía a homogeneizar los procesos de reparto de tierras, con la intención de mostrarlo como uno de los grandes logros del proceso revolucionario, lo cierto es que las nuevas investigaciones han mostrado que las dinámicas locales variaron de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que imperaban en cada una de las poblaciones, lo cual generó que el proceso de reparto agrario no siempre unificara a los beneficiados en un proyecto común⁵⁶.

¹ KRAUSE, Carlos, Memoria sobre el cultivo del tabaco, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1893, pp. 21-22.

² REY POVEDA, Alberto del, QUESNEL, André, "Las implicaciones intrafamiliares, intergeneracionales y migratorias de la política agraria en México. El caso del sur del estado de Veracruz, México", en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, año 5, número 9, México, Universidad Veracruzana, enero-junio de 2007, pp. 59, 61. Existen dos modalidades en el reparto agrario: la de Propiedad social en la que el beneficiario es la comunidad y la de Colonias en las que los beneficiarios eran sujetos individuales.

³ Archivo General del Estado de Veracruz, Fondo Comisión Agraria Mixta (en adelante AGEV, CAM), Población Comoapan, caja 240, exp. 629; Archivo General Agrario, Fondo Comisión Agraria (en adelante AGA, CA), Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, ff. 32, 124-144. En el dictamen expedido por la Comisión Local Agraria existe un error en la fecha de fundación del poblado, pues se afirmaba que había sido en 1878.

⁴ MEDEL, León, Historia de San Andrés (1525-1912), tomo I, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 1993, pp. 234-235, 261; LÉONARD, Eric, "Avatares y descarrilamiento del proyecto agrario liberal. Disolución de la propiedad comunal y modernización agrícola en Los Tuxtlas, 1880-1910", en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, año 5, número 9, México, Universidad Veracruzana, enero-junio de 2007, pp. 28-29; JIMÉNEZ MARCE, Rogelio, "Conflictos agrarios en Santiago Tuxtla, Veracruz, 1920- 1942", manuscrito inédito, pp. 2-3.

⁵ FALCÓN, Romana, "Subterfugios y deferencias. Indígenas, pueblos y campesinos ante el Segundo Imperio", en ESCOBAR, Antonio, FALCÓN, Romana y BUVE, Raymond (comps.), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de San Luis, CEDLA, 2002, pp. 125, 128.

⁶ Las congregaciones eran formas de gobierno a nivel local que dependían de los municipios, mismos que designaban a los agentes municipales que se encargarían de su administración.

⁷ MEDEL, León, Historia de San Andrés (1913-1950), tomo II, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 1993, p. 8.

⁸ KOURÍ, Emilio, "Economía y comunidad en Papantla: reflexiones sobre la cuestión de la tierra en el siglo XIX", en ESCOBAR, Antonio y ROJAS, Teresa (coord.), Estructuras y formas agrarias en México. Del pasado al presente, México, CIESAS, Secretaria de la Reforma Agraria, CONACYT, Universidad de Quintana Roo, 2001, pp. 202-203; CANTÚN, Mauricio y PAT, Juan Manuel, "La reforma agraria en Campeche, ¿permanencia de una cultura indígena?", en Secuencia número 82, México, Instituto Mora, enero-abril de 2012, p. 103. Cantún menciona que el proceso histórico de la reforma agraria constituye una oportunidad para rescatar la historia no escrita de las comunidades agrarias del país.

⁹ JIMÉNEZ MARCE, Rogelio, "El proceso de reparto de la propiedad comunal en dos poblaciones del Cantón de los Tuxtlas, Veracruz durante la década de 1880" en Memoria y Sociedad, volumen 14, número 29, Bogota, Universidad Javieriana, julio-diciembre de 2010, 112-121; JIMÉNEZ MARCE, Rogelio, "Los conflictos por la tierra en San Andrés Tuxtla, 1914-1926" en Tiempo y región. Estudios históricos y sociales. Independencia y Revolución, México, Universidad Autónoma de Querétaro, INAH, 2009, pp. 305-316; ENRÍQUEZ, Juan, "Memoria que comprende el período administrativo, de 1 de julio de 1886 a 30 de junio de 1888, presentada a la H. Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, por el gobernador constitucional del mismo, C…, el 17 de septiembre del último de los años citados", en BLÁZQUEZ, Carmen, Estado de Veracruz. Informes de sus gobernadores. (1826-1986), tomo V, Jalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, p. 2770. Sobre la división de terrenos comunales en otras poblaciones del Sotavento se pueden consultar VELÁZQUEZ, Emilia, "Las comunidades indígenas del Istmo veracruzano frente al proyecto liberal de finales del siglo XIX", en VELÁZQUEZ, Emilia, LÉONARD, Eric, HOFFMAN, Odile y PRÉVOT-SCHAPIRA, M. F., (coords.), El Istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI), México, CIESAS, IRD, 2009, pp. 302, 304, 308-312, 331, 342; VELASCO, José, Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917), México, Universidad Veracruzana, 2003, pp. 289, 325-328, 340; SKERRIT, David, Una historia agraria en el centro de Veracruz, México, Universidad Veracruzana, 1989, p. 68; CHENAUT, Victoria, "Fin de siglo en la costa totonaca: rebeliones indias y violencia regional, 1891-1896", en CHENAUT, Victoria, (coord.), Procesos rurales e historia regional, México, CIESAS, 1996, p. 81; ESCOBAR, Antonio, "Los pueblos indios huastecos frente a las tendencias modernizadoras decimonónicas", en ESCOBAR, Antonio (comp.), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de San Luis, 2002, pp. 178-179, 184.

¹⁰ AGEV, CAM, Población Chuniapan, caja 116, exp. 185a, ff. 78-79; LÉONARD, Eric, "Avatares y descarrilamiento", p. 29.

¹¹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629. El informe de Cruz evidenciaba que Carrión comenzó a adquirir tierras de manera gradual. Entre 1890 y 1908 se realizaron 52 operaciones de compraventa que se repartieron de la siguiente manera: una en 1890, dos en 1894, cuatro en 1895, cinco en 1896, doce en 1897, siete en 1898, cuatro en 1899, tres en 1900, dos en 1902, tres en 1903, tres en 1904, una en 1905, dos en 1906, dos en 1907 y dos en 1908. Entre los vendedores se encontraban personajes como Mateo Rábago que le vendió tres acciones, Manuel Azamar, los hermanos Isla y Celso Ortiz que también le vendió tres acciones. Por esta vía, Carrión adquirió 338 hectáreas.

¹² AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, ff. 116, f. 123; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGEV, CAM, Población Chuniapan, caja 116, exp. 185a, ff. 59-63, 102; AGEV, CAM, Población Tehuantepec, exp. 162, caja 107, f. 22-29.

¹³ AGEV, CAM, Población San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25, ff. 291-292. En diversos informes sobre propiedades rurales se mencionaba que Francisco Artigas poseía 43 911 hectáreas.

¹⁴ AGEV, CAM, Población San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25, ff. 236-270; AGEV, CAM, Población Chuniapan, caja 116, exp. 185a, ff. 56-57. Ante los requerimientos de las autoridades agrarias para que mostrara los títulos de sus propiedades, Octaviano, con una actitud soberbia, declaraba que no se le podía considerar latifundista, aunque reconocía que sus propiedades se hallaban "diseminadas" en los partidos de Catemaco, Comoapan, Ojochapan, Maxacapan, Tehuantepec, Calería y San Andrés Tuxtla. Estas propiedades tenían diferentes extensiones, pues iban desde una hectárea hasta 25, mismas que había comprado a lo largo de 25 años a distintas personas y con diferentes precios, además de que, en ese momento, había adquirido otros dos terrenos y tenía propuesta de venta de otros cuatro. Decía que como las Juntas a las que compró las tierras no habían expedido planos individuales sino colectivos, resultaba complicado localizar los terrenos a los que aludían los solicitantes, por lo que era necesario que se hicieran estudios que permitieran verificar las líneas divisorias entre las congregaciones. Argumentaba que cuando se conociera los límites y tuviera en sus manos un mapa que mandó elaborar en la ciudad de México, buscaría dar respuesta a las demandas de las autoridades agrarias.

¹⁵ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, Legajo 1, ff. 1-2, 4, 6, 11, Legajo 2, f. 1-3; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGEV, CAM, Población Tilapan, caja 110, exp. 173a, f. 171.

¹⁶ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

¹⁷ Ibíd.

¹⁸ Véase AGEV, CAM, Población San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25; AGEV, CAM, Población Santiago Tuxtla, caja 161, exp. 332; AGEV, CAM, Población Catemaco, exp. 152, Legajo 101; AGEV, CAM, Población Texalpan, exp. 328b, Legajo 159; AGEV, CAM, Población Tezaltan, exp. 328, Legajo 159; AGEV, CAM, Población El Huidero, exp. 735, Legajo 261; AGEV, CAM, Población Cebadilla, exp. 772, Legajo 267; AGEV, CAM, Población Mata de Caña, exp. 739, Legajo 262; AGEV, CAM, Población Sihuapan, caja 485, exp. 1848; AGEV, CAM, Población Axochio, caja 131, exp. 228a; AGEV, CAM, Población El Laurel, exp. 313, Legajo 155; AGEV, CAM, Población Tehuantepec, caja 107, exp. 162; AGEV, CAM, Población Chuniapan, caja 116, exp. 185.

¹⁹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, ff. 12, 14-19.

²⁰ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, f. 25-27, 30-69, 71-74; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

²¹ AGEV, CAM, Población Caravaca, caja 254, exp. 701, s.f. La petición de las tierras fue realizada el 31 de diciembre de 1926 por José María Valiente, Ángel T. Valiente, Rafael Pérez y Juan Figarola que encabezaban a 36 vecinos de Caravaca.

²² AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, f. 101.

²³ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, f. 105-107; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629. La fotografía se pueden consultar en GUTIÉRREZ RUBALCAVA, Ignacio y ROJAS, Teresa, Imágenes de la memoria agraria: catálogo electrónico de fotografías del Archivo General Agrario, Volumen II, México, Registro Agrario Nacional, CIESAS, 2000. Un análisis de otras fotografías enviadas por los Carrión se encuentra en JIMÉNEZ MARCE, Rogelio, "La fotografía como testimonio. La disputa por la tierra en Comoapan, Veracruz, en la década de 1920", en LAZARÍN, Federico, (ed.), Memorias del primer Coloquio Latinoamericano de Historia y Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología, México, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y Tecnología, 2007.

²⁴ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, ff. 100; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

²⁵ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, ff. 120-122, 124-149, 150-153, 157-160, 165, 167, 169-172, 176, 181-182; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629. La resolución del gobernador Tejeda se publicó en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, número 74 del 20 de junio de 1929, pp. 3-4.

²⁶ SONTAG, Susan, Sobre la fotografía, Barcelona, ELDHASA, 1996, pp. 31-32; FONTCUBERTA, Joan, El beso de Judas. Fotografía y verdad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, pp. 121, 125-126; BURKE, Peter, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001, p.17.

²⁷ JIMÉNEZ MARCE, Rogelio, "El fracaso de la reforma agraria en San Andrés Tuxtla" en Contrapunto, volumen 4, número 12, México, Gobierno del Estado de Veracruz, septiembre-diciembre de 2009, pp. 39- 40. Tanto los Carrión como otros grandes propietarios utilizaron diversas estrategias para obstaculizar la política agraria como suspender o incrementar el costo de los arrendamientos de tierras, tanto de manera individual como colectiva, y contratar a jornales de otras regiones.

²⁸ AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, f. 188; AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

²⁹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGA, CA, Población Comoapan, exp. 5410, legajo 1, f. 189-192.

³⁰ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

³¹ Ibíd.

³² Ibíd.

³³ Ibíd.

³⁴ Ibíd.

³⁵ Ibíd.

³⁶ Ibíd. La resolución del expediente de Comoapan se publicó en el Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, número 46, tomo LXVI, 20 de junio de 1931, pp. 10-12.

³⁷ AGEV, CAM, Comoapan, caja 240, exp. 629.

³⁸ Ibíd.

³⁹ LEÓNARD, Eric, VELÁZQUEZ, Emilia, "El reparto agrario y el fraccionamiento de los territorios comunitarios en el Sotavento veracruzano: construcción local del Estado e impugnación del proyecto comunal", en VELÁZQUEZ, Emilia, LÉONARD, Eric, HOFFMAN, Odile y PRÉVOT-SCHAPIRA, M. F. (coords.), El Istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI), México, CIESAS, IRD, 2009, p. 429. Los problemas de límites fueron comunes en los poblados que se convirtieron en ejidos, tal como se muestra en los casos de Soteapan y Mecayapan, ubicados en la Sierra de Santa Martha.

⁴⁰ AGEV, CAM, Población El Huidero, exp. 735, Legajo 261, ff. 3, 27-28, 39.

⁴¹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

⁴² LÉONARD, Eric, VELÁZQUEZ, Emilia, "El reparto agrario", p. 404. Léonard y Velázquez mencionan que la Liga de Comunidades Agrarias era una organización política que buscaba controlar los ayuntamientos locales para impulsar, a través de ellos, el reparto agrario.

⁴³ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

⁴⁴ Ibíd.

⁴⁵ AGEV, CAM, Población Cebadilla, exp. 772, Legajo 267, ff. 50-51.

⁴⁶ AGEV, CAM, Población El Huidero, exp. 735, Legajo 261, ff. 51-55

⁴⁷ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGEV, CAM, Población El Huidero, exp. 735, Legajo 261, f. 57.

⁴⁸ AGEV, CAM, Población El Huidero, exp. 735, Legajo 261, f. 66-69, 95-97, 102-105, 126-129. El 20 de abril de 1938 se determinó que El Huidero sería dotado de 362 hectáreas, 347 se le expropiaron a la testamentaria de O. G. Carrión y 15 a Manuel Turrent. El 4 de julio de 1940 se haría oficial la resolución.

⁴⁹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629.

⁵⁰ Ibíd.

⁵¹ AGEV, CAM, Población Comoapan, caja 240, exp. 629; AGEV, CAM, Población Caravaca, caja 254, exp. 701. Las tierras de San Gumersindo también serían objeto de disputa entre las congregaciones de Comoapan y Caravaca, mismo que culminaría en 1974 cuando la última decidió respetar la propiedad de la primera.

⁵² MEDEL, León, Historia de San Andrés, t. II, p. 241.

⁵³ BAINTEMANN, Helga, "Reforma agraria y ciudadanía en el México del siglo XX", en GÓMEZ CARPINTEIRO, Francisco Javier (ed.), Paisajes mexicanos de la reforma agraria. Homenaje a William Roseberry, México, El Colegio de Michoacán, BUAP, p. 77.

⁵⁴ Entre los textos que postulan que en Veracruz existió un agrarismo radical exento de grandes contradicciones se encuentran los de FALCÓN, Romana, El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1928-1935), México, El Colegio de México, 1977; FOWLER Salamini, Heather, Agrarian radicalism in Veracruz, 1920-1938, Nebraska, University of Nebraska Press, 1971; DOMÍNGUEZ, Olivia, Política y movimientos sociales en el tejedismo. México: Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones Históricas, 1986. Una revisión crítica del agrarismo veracruzano se encuentra en MICHEL, Aurélia, "Los territorios de la reforma agraria: construcción y reconstrucción de una ciudadanía rural en las comunidades del istmo oaxaqueño, 1934- 1984", en VELÁZQUEZ, Emilia, LÉONARD, Eric, HOFFMAN, Odile y PRÉVOT-SCHAPIRA, M. F. (coords.), El Istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI), México, CIESAS, IRD, 2009, p. 458, LÉONARD, Eric, VELÁZQUEZ, Emilia, "El reparto agrario", p. 424; SKERRIT, David, "Un estudio de caso en el agrarismo de Veracruz. Puente Nacional", en DOMÍNGUEZ, Olivia (coord.), Agraristas y agrarismo. La Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, México, Consejo Técnico Consultivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sociedades Campesinas del Estado de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, 1996, pp. 211-230; BAINTEMANN, Helga, "Reforma agraria", pp. 71-72, 77-78, 91. Un ejemplo de las alianzas que se establecían entre campesinos y hacendados se puede observar en NÚÑEZ, María Cristina, Ejido, caña y café. Política y cultura campesina en el centro de Veracruz. México: Universidad Veracruzana, 2005.

⁵⁵ BAINTEMANN, Helga, "Reforma agraria", p. 71; LÉONARD, Eric, VELÁZQUEZ, Emilia "La producción local de la regulación agraria: del reparto agrario al Procede. Autonomía local y resignificación del cambio legal en una microrregión indígena del Istmo veracruzano", en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, año 5, número 9, México, Universidad Veracruzana, enero-junio de 2007, p. 159.

⁵⁶ Véase LEÓNARD, Eric, VELÁZQUEZ, Emilia, "La producción local", p. 159; ROSARIO JIMÉNEZ, Sandra, "Conflictos por el agua durante el reparto agrario. La barranca de Tetzahuapan, Acatzingo, Puebla" y GÓMEZ, Lidia y GALLEGOS, Refugio, "El reparto agrario en San Andrés Cholula, 1915-1933" en TIRADO, Gloria, MÁRQUEZ, Jesús y GARCÍA, Emma (coords.), Caleidoscopio revolucionario. Miradas y estudios en torno a la Revolución Mexicana, México, Instituto Municipal de Arte y Cultura, BUAP, ICSH, 2012, pp. 129, 143-144, 153-154; GÓMEZ SANTANA, Laura Guillermina, "Ser indígena en la reforma agraria. Jalisco, México. 1915-1924" en Sociedad Hoy, número 17, Concepción, Universidad de Concepción, 2009, pp. 111. En Soteapan, población ubicada en la sierra de Santa Martha, Veracruz, se generaron violentos enfrentamientos como consecuencia de la formación de dos grupos: uno que apoyaba la restitución de tierras comunales y los que buscaban que se hicieran solicitudes separadas para cada uno de los grupos indígenas, nahuas y popolucas, que convivían en el mismo territorio. Procesos similares ocurrieron en otras zonas del país. Por ejemplo, en la villa de Ocotlán, Jalisco se produjo una división entre los que se autodenominaban indígenas y los que no lo eran. Bajo esta óptica, sólo los "indígenas" eran los únicos que podían disfrutar de la dotación de las tierras. En el caso de San Andrés Cholula, la división fue consecuencia de que una parte de los pobladores estaba de acuerdo con el reparto mientras que los otros lo consideraban un "pecado"; en tanto que en Acatzingo se generó una disputa entre los beneficiaros no sólo por la posesión de la tierra sino también por el uso del agua, elemento indispensable en un clima semi-seco.

Fuentes primarias

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Capítulos de libro

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FECHA DE RECEPCIÓN: 25/07/2013
FECHA DE APROBACIÓN: 30 /11/2013