Adrián Alejandro Almirón. Licenciado en Historia, Candidato a doctor en Humanidades y Artes con Orientación en Historia. Profesor en Historia Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, Argentina. Correo electrónico: almiron.historia@gmail.com

Fecha de recepción: 23/01/2014 Fecha de aprobación: 10/04/2014

La ocupación del Territorio Nacional del Chaco desde 1903 fue una tarea netamente estatal, a partir de esta responsabilidad se llevó a cabo la creación de distintas colonias y pueblos. La adjudicación de la tierra se realizaba a través de concesiones, en forma de permiso precario de ocupación o en arrendamiento; sin embargo, desde 1920 el proceso de poblamiento del Territorio Nacional fue frenético, los recién llegados se asentaron en la tierra que consideraban libre. Esto originó conflictos por la posesión del suelo dado que los colonos se ubicaban indiscriminadamente. El siguiente trabajo trata un conflicto por la posesión de la tierra, en donde fue indispensable la aparición de agentes estatales para determinar quien tenía derecho sobre el suelo. Se examinará a partir del conflicto entre la empresa la chaqueña y los ocupantes espontáneos o intrusos entre 1926 y 1935, el papel que tuvieron las inspecciones de tierras para resolver el litigio. Para la elaboración de este trabajo se utilizó como principal fuente documental las inspecciones de tierras y las resoluciones generadas por la Dirección General de Tierras para solucionar el conflicto.

Palabras clave: Territorio Nacional del Chaco, tierras públicas, intrusos.

Since 1903, the occupation of National Territory of Chaco was conducted by the state, mainly, through the creation of colonies and towns. At that time, land allocation included concessions, leasing and wake arrangements between settlers and the state. However, since 1920, the process of settlement in this territory was frenetic; the new arrivals settled in the land they considered were free which caused disputes over land ownership. This work focuses in a conflict of land possession where the role of state agents was important in order to determine land tenure. Taking into account the conflict between La Chaqueña Company and other settlers from 1926 to 1935, this article will examine the role of land inspectors to solve legal disputes concerning land rights. Two sources are used to elucidate this process, land inspections reports and resolutions enacted by the General Directorate of Lands.

Keywords: National Territory of Chaco, public lands, intruders.

Referencia para citar este artículo: ALMIRÓN, Adrián Alejandro (2014). "La ocupación del Territorio Nacional del Chaco: empresarios, agricultores y el rol de los expertos estatales (1926-1935)". En Anuario de Historia Regional y de las Fronteras.19 (1). pp 139-163.

La conformación del Estado argentino fue un proceso arduo que conllevó el establecimiento de un poder impuesto arbitrariamente so sobre el conjunto de los habitantes. Este ejercicio de control se llevó adelante en las catorce provincias y sobre los territorios nacionales creados a finales del siglo XIX. Estos últimos eran espacios fuera de las provincias, ubicadas en las consideradas fronteras internas ocupadas por las comunidades indígenas. La creación de los territorios nacionales representaba el espíritu de la "República Posible" formulada por Juan Bautista Alverdi y plasmada en la constitución Nacional de 1853. Los territorios fueron concebidos como entidades políticas embrionarias que dependían del gobierno nacional que adquirieron derechos políticos gradualmente. Se consideraba a los territorios como "provincias en ciernes" que dependían tutorialmente de las autoridades centrales, hasta que estos espacios alcanzasen las condiciones de gobernabilidad necesarias para lograr cierta autonomía.

La diferencia más importante con las provincias fue la tutela nacional sobre estos espacios en construcción y la marginación del espectro político de los habitantes, inhabilitándolos para elegir a funcionarios nacionales y al gobernador del territorio¹.

El Territorio Nacional del Chaco fue una de las últimas áreas integradas al Estado mediante el avance militar a finales del siglo XIX. Tras su integración, el gobierno nacional se arrogó la tarea de llevar adelante la ocupación de las tierras que formaba parte del dominio indígena. Sin embargo, la pacificación del Chaco, fue una tarea que demandó tiempo y esfuerzo por parte del ejército.

El final de la campaña militar en 1911 y 1912 produjo el repliegue de las comunidades indígenas al norte, tierras inhóspitas y sin interés al proyecto colonizador. La consolidación del Chaco como un territorio nacional debía tener presente el control estatal, para ello el gobierno nacional fomentó el poblamiento con la instalación de colonias privadas y oficiales, la construcción de comunicación y el fomento de la explotación forestal y la producción agrícola-ganadera.

Para que estos objetivos pudieran cumplirse era indispensable la presencia de oficinas estatales que lograran captar las demandas y las necesidades de la población. Sin embargo, la ocupación del suelo distó de ser la normada por el Estado, la presencia del intruso o pionero originó conflictos por el uso del suelo, dado que estos se ubicaban indiscriminadamente en cualquier espacio libre², sin tener permiso previo de la oficina estatal. En este marco, la conflictividad fue recurrente demandando la intervención del Estado.

En este trabajo presentaremos a través de un estudio de caso el funcionamiento de los expertos en el Territorio Nacional del Chaco.

El conflicto ocurrió entre 1926 y 1935 en tierras concedidas a particulares que fueron ocupadas de forma espontánea por agricultores en Villa Ángela, originando la necesaria resolución del personal del Estado. Estudiar estos conflictos nos posibilita describir la forma de ocupación del Territorio Nacional del Chaco y también nos permite describir el funcionamiento de las oficinas encargadas de llevar adelante el proceso de colonización.

Nuestro objetivo en este trabajo es explicar la acción del Estado a través de sus agentes, un punto que hasta el momento no ha sido desarrollado con estudios de caso para el Territorio Nacional del Chaco, y tampoco ha sido suficientemente tratado con estudios para los otros territorios nacionales. Consideramos que poner de relevancia a sus agentes nos permite visibilizar la práctica estatal en el suelo chaqueño, desde una perspectiva que merece su atención particular y desde una postura neoinstitucional para la reconstrucción de la historia del Chaco. Nuestra principal fuente de información son las inspecciones de tierras llevadas adelante en el terreno durante el conflicto, como las resoluciones administrativas en torno al conflicto por el uso del suelo.

De esta forma, este trabajo tiene como propósito resaltar la importancia que tuvieron estos técnicos en la resolución de conflictos y cómo sus decisiones y perspectivas contribuyeron con la colonización del Territorio Nacional del Chaco.

El Territorio Nacional del Chaco representaba un espacio inhóspito e indomable, una frontera marginal que debía ser lentamente integrada al Estado, las campañas militares se convirtieron en la fuerza de choque que permitió la pacificación de los indios que se resistían a perder parte de su territorialidad.

Desde esta expansión, se llevaron adelante distintas políticas de organización para este territorio. Se debe tener presente que los recursos naturales fueron un aliciente para la ocupación del suelo, entre los que pudieron observar las riquezas del suelo y la diversidad ecológica del Territorio Nacional del Chaco, se destacan las realizadas por el Comandante Fontana Luis Jorge, en el marco de la campaña militar, en su diario de campo describió tres niveles topográficos característicos del territorio: el primero correspondía a los terrenos altos y secos, formados por suelos arenosos donde predomina el bosque; un segundo nivel fue considerado como un intermedio de terrenos, se caracteriza por estar periódicamente libre de inundaciones, aquí existe una amplia gama de caracteres, el monte se ralea para dar lugar a la sabana o vegetación arbustiva o herbácea; el tercer nivel fue denominado inferior, por ser zona de permanente inundación, el suelo era arcilloso, con una vegetación típica de esteros y cañadas.

Esta diversidad ecológica fue de gran interés para los dirigentes nacionales, quienes se vieron en la necesidad de elaborar una legislación clara para llevar adelante la distribución de la tierra. La preocupación por la distribución de la tierra fue una constante que exigió a los legisladores nacionales presentar proyectos para lograr llevar una ocupación ordenada del suelo, persiguiendo como objetivo que los territorios nacionales pudieran ser espacios que se integraran al mercado mundial y que pudieran constituirse con el devenir del tiempo en provincias³.

La legislación de la tierra pública de los territorios nacionales tuvo dos etapas. La primera fue conocida como "el periodo de transferencia masiva", este comenzó con la aprobación de la Ley 817 en 1876 por el Presidente Nicolás Avellaneda. La normativa inspirada en la legislación norteamericana se orientó a la formación de colonias, a través de dos formas: 1) a partir de "la colonización directa" a cargo del Estado, en este caso las tierras destinadas a las colonias debían ser exploradas y mensuradas por el gobierno, quien además tomaba a su cargo el traslado de familias pobladoras, la adjudicación de chacras y el sostenimiento de los colonos durante las primeras etapas. 2) Por medio de "la colonización indirecta", en este caso se otorgaban concesiones a particulares o empresas, quienes se encargaban por su cuenta de instalar colonias en un plazo de dos a cuatro años. Fue mediante esta primera etapa que se llevó a cabo en el Chaco un proceso de transferencia a gran escala, favoreciendo la especulación de un reducido número de beneficiarios, hacia finales del Siglo XIX, el Estado nacional se había desprendido de un total de 2.502.398 hectáreas.

Esta forma de llevar a cabo la colonización de los territorios nacionales fue duramente criticada por los legisladores de la época, se evidenciaban abusos y notables irregularidades en la concesión, compra y colonización de la tierra por los particulares. Se había vuelto una necesidad en los medios públicos y en la dirigencia modificar la forma de colonizar la tierra. El encargado de llevar adelante esta tarea fue el primer ministro de agricultura, Wenceslao Escalante quien efectuó una importante reforma legislativa que se concretó en 1903 con la Ley 4167.

A partir de esta normativa el Estado se encargó de la colonización, la ley pretendió combatir la formación de latifundios y continuar con la tarea de subdividir la tierra para establecer la formación de asentamientos. Se instituyó que todo terreno antes de ser adjudicado debía ser explorado y medido, por su parte la tierra que no era destinada a la colonización podría ser arrendada o venderse en remate.

En cuanto a la adjudicación de la tierra se adoptaron cuatro formas para un mejor ordenamiento: 1) por donación: esta se encontraba destinada a los primeros pobladores que se establecieron en los pueblos y colonias del territorio; 2) por venta directa: se aplicaba en las concesiones que se realizaron en pueblos y colonias agrícolas, mixtas y pastoriles; no podía enajenarse a una sola persona o sociedad más de dos chacras de 100 ha, ni más de una quinta y dos solares, asimismo la adquisición de terrenos para la explotación ganadera quedaba limitada a un lote de 2.500 ha; 3) por arrendamiento: se destinaba áreas exploradas y que no se encontraban reservadas para uso público, la superficie máxima para arrendar era de 20.000 ha, la duración del contrato sería de cinco años con posibilidad de renovación; al final del mismo, el beneficiario tendría el derecho a comprar la mitad del lote a un precio que se fijara al firmarse el convenio; 4) por venta en remate: este se puso en práctica a partir de las consideraciones que tuvo el Ejecutivo sobre las zonas reservadas para colonizar⁴.

Tras la sanción de la ley de tierras, se constituyó un organismo público encargado de llevar adelante la tarea de administrar el suelo fiscal. Se creó la Dirección General de Tierras. Esta repartición tiene origen en la Ley 817 de 1876, con el nombre de Oficina Central de Tierras y Colonias, dependiendo entonces del Ministerio del Interior. Posteriormente fue pasada a otros departamentos, hasta que se creó el Ministerio de Agricultura en 1898 por medio de la la Ley 3727, al que fue incorporado como Dirección de Tierras y Colonias, transformándose luego en la Dirección General de Tierras.

La sede central de esta dirección se encontraba en Buenos Aires. Con la finalidad de llevar adelante una mejor administración del suelo, se instalaron distintas oficinas en los territorios nacionales. En el Territorio Nacional del Chaco la oficina se creó en 1923 ubicándose en Resistencia. Con el tiempo se trasladaría la dependencia principal a Presidencia Roque Sáenz Peña. Junto con esta jefatura se crearon nuevas oficinas en Resistencia, Charata, Tres Isletas, Castelli y las Breñas. Las oficinas territoriales eran entidades vitales para realizar los trámites sobre las tierras fiscales en el Chaco, aunque los pobladores debían completar sus gestiones en Buenos Aires.

Entre las obligaciones de trabajo que tenían las oficinas se destacaban las siguientes tareas: 1. Inspeccionar la tierra fiscal de acuerdo con el plan anual de trabajos y con las necesidades; 2. Otorgar posesiones a los interesados atendiendo a las instrucciones impartidas desde la Dirección General de Tierras; 3. Entrega de títulos provisionales a los interesados; 4. Recaudar las sumas por concepto de pastaje, inspecciones, mensuras y productos forestales o por aquellas otras que la Dirección especialmente lo indique; 5. Elevar en consulta o informados los expedientes que deba resolver la Dirección; 6. Inspeccionar los bosques nacionales y las concesiones en vigor; 7. Otorgar permiso para la extracción de productos forestales⁵. De esta forma el trabajo de las oficinas directamente en los territorios era de gran relevancia para llevar adelante la ocupación del suelo.

Uno de los grandes problemas que tuvo el funcionamiento de estas oficinas fue el escaso personal y los limitados recursos económicos para llevar a cabo sus labores⁶. En estas condiciones los trabajos llevados adelante por la oficina distaban de ser eficientes, la queja más común para esta repartición fue su lentitud para entregar los títulos de propiedad, generando críticas que se expresaban comúnmente en los medios periodísticos de la época.

Sin embargo, debemos matizar las críticas que se sostenían en la prensa chaqueña. La limitación presupuestaria y de personal llevó a establecer prioridades de tareas, la inspección regular de la tierra y el registro de la población fue la principal actividad que llevó adelante la oficina de tierra.

El gobierno nacional se encontró preocupado por los posibles conflictos que podían originarse en el Territorio, estas apreciaciones sobre posibles disputas y descontentos en el Territorio fueron discutidos por los agrónomos en una conferencia realizada en 1919. Fue el ingeniero Roberto Campolieti quien expuso sus apreciaciones sobre la colonización en el Territorio del Chaco y los problemas que debían ser tenidos en cuenta para lograr una mejora en el proceso de ocupación y colonización del suelo fiscal

Pero todo lo bueno que hizo la naturaleza y que podrían hacer los hombres, si fuesen llevados con un plan metódico de colonización, se malogra, por el desorden y la falta de elementos adecuados, la desorganización de los servicios públicos, etc., parece que haya un propósito de hacerlo todo malo en el Chaco, y de malograr todo lo bueno que podría conseguirse de las favorables condiciones naturales. (…) a estas condiciones contrarias, se agregan dos: la desorganización del F.C.C.N, que debía ser de fomento del territorio y que se ha vuelto una verdadera plaga, y la falta de servicios públicos, como ser la policía, la justicia de paz y la misma gobernación. Imagínense todo lo malo que se pueda concebir a ese respecto y la imaginación quedar mas corta que la realidad: no se necesita analizar y relatar hechos concretos, baste decir que todo corre por el mismo estilo (….) Por fin, nosotros, los agrónomos, tenemos que cooperar en la reorganización agraria nacional. Nuestra actuación debe ser mucho mas amplia de la que hasta el presente no ha sido confiada. No debemos limitarnos a difundir nociones de ciencia pura entre los colonos; sino que debemos educarlos, aconsejarlos, formar la opinión sobre los grandes problemas que tenemos que resolver. Para ello tenemos que comprender mejor las aspiraciones de estos hombres. Es cierto que hay doctrinas sociales subversivas, pero lo malo es que todas ellas prosperan sobre un fondo común de malestar. De suerte que, no es suficiente combatir las manifestaciones subversivas, sino que debemos estudiar las causas del malestar y removerlas⁷.

Atendiendo a estas características que tomó la colonización del Chaco, el gobierno nacional y la Dirección General de Tierras tuvo el objetivo de salvaguardar el orden social. Paralelo a esto la población se incremento paulatinamente en función de los ciclos productivos que se dieron en el Territorio a principios del siglo XX, nos referimos al ciclo del tanino y al ciclo del algodón⁸.

El ciclo forestal se encuentra íntimamente vinculado con la primera etapa de colonización. A partir de la privatización de la tierra, varias empresas dedicadas a la explotacion forestal obtuvieron superficies de gran valor para la producción de rollizos de quebracho colorado. El crecimiento de la producción forestal fue llevado a cabo por grandes capitales nacionales y extranjeros. La principal empresa beneficiada por este tipo de actividad fue la Compañía Forestal creada en 1902, mas tarde con el agregado de capitales ingleses, esta se transformó en The Forestal Land, Timber and Raylways Co. Ltd. El éxito de la compañía atrajo a otros empresarios, destacándose Quebrachales Fusionados, Las Palmas y la empresa la Chaqueña⁹.

El ciclo forestal no solo repercutió en el Territorio Nacional del Chaco, también el Territorio Nacional de Formosa y las tierras del Chaco Paraguayo, fueron lugares donde se llevó adelante el ciclo forestal. En Formosa la empresa que concentró buena parte de la producción taninera fue La Formosa, mientras que en Paraguay se destacaron, Campos y Quebrachales Puerto Sastre, Carlos Casado Ltda.

El núcleo básico de la empresa explotadora taninera fue el obraje, este constituyó una organización social y económica transitoria, que dependía de la extensión y el tipo de bosque a explotar, su radio de acción estaba enmarcado entre veinte o más Kilómetros. Alrededor de la fábrica se conformó una estructura urbana generándose la "ciudad-fabrica". Sin embargo, las condiciones de trabajo en los obrajes fueron muy difíciles, denunciándose innumerablemente abusos por parte de la patronal con los obrajeros.

En cuanto al ciclo productivo en el Territorio Nacional del Chaco, este se destacó por ser fluctuante sufriendo por momentos notables caídas generando desempleo generalizado¹⁰. La crisis de producción estuvo vinculada a la disminución de la demanda mundial debido a la sustitución del tanino por otros curtientes, como así también el reemplazo del cuero por materiales sintéticos, a escala regional. En este sentido fue Ramón Lestani quien reflejo la situación que dejaba la explotación forestal en el suelo chaqueño

Chaco debe su primer impulso al establecimiento de las industrias extractoras de colorantes, cuya materia prima cubre buena parte de nuestro inmenso territorio. El "oro colorado" creó una civilización "sui generis" nada más que a su servicio, y sin proyecciones de ninguna naturaleza, que, como el algodón, por ejemplo, moviliza una seria de fuerzas a su alrededor, creando una riqueza estable y un progreso constante. El tanino arranca de la tierra su riqueza madre, la consume y cuando se termina -los bosques no son infinitos- se paraliza la industria y en el lugar no quedan más que hoyos, ranchos, como si un fenómeno sísmico hubiera arrasado con todo¹¹.

La lenta caída de este ciclo fue acentuándose más a partir de 1920, mientras esto acontecía las tierras del Territorio Nacional del Chaco fueron ocupadas con un cultivo que tenía muy buenos augurios para el desarrollo económico y social, comenzaba el ciclo algodonero.

El ciclo algodonero se encontró impulsado por la creacion de colonias agrícolas y por la promoción general realizada por el gobierno nacional, para llevar adelante esta explotación. Asimismo, la acelerada expansión del área cultivada de algodón y ocupación poblacional estuvo vinculada al alza de los precios de algodón en las cosechas 1919/20 y 1924/25 ampliando la superficie cultivada (ver cuadro Nº 1).

La llegada de familias deseosas de cultivar el suelo fue incrementándose ubicándose en tierras libres sin pedir permiso previo a la oficina de tierras, convirtiéndose para la ley nacional en "intrusos". Los ejemplos de este tipo de ocupación se incrementaban a medida que transcurrían los años, ante esta realidad el gobierno dispuso realizar inspecciones de tierras en el suelo fiscal a fin de conocer el número de familias que residían de esta forma. Asimismo, al finalizar las inspecciones se decidió como una política de ordenamiento fiscal, otorgar permisos precarios de ocupación para los que habitaban el suelo (ver cuadro Nº 2).

En el caso del Territorio de Formosa, debemos destacar que se dio una situación similar en torno la política de fomento de colonización, aunque sus condiciones naturales del suelo limitaron considerablemente el número de ocupantes de la tierra. Las áreas reservadas para este fin eran de difícil explotación agrícola dada la escasez de lluvias, en su mayoría fueron utilizadas para la ganadería extensiva. Como consecuencia de esto, en términos comparativos el Territorio del Chaco tuvo un acelerado proceso de colonización y crecimiento económico.

En términos comparativos la ocupación del suelo fiscal en el Chaco fue un gran éxito, hacia 1928 el estado legal de la tierra reflejaba los resultados de la política colonizadora estatal

En el caso del Territorio Nacional del Chaco, como hemos mencionado, la ocupación espontánea fue un proceso general que dominó gran parte de las tierras reservadas, aunque debemos destacar que las personas se asentaron en tierras concedidas a particulares, generando conflictos por la posesión del suelo. Fue en estas situaciones de disputa por el suelo que se necesitó la mediación de los inspectores de tierras para definir sobre la tenencia de la tierra.

El origen del pueblo de Villa Angela se debe a la iniciativa de dos hombres de nacionalidad francesa: Carlos Grunseisen y Julio Martin. Ellos obtuvieron una concesión en 1908, en el lote 19, sección II, fracción B perteneciente al sur del Territorio del Chaco.

En estas tierras existían pequeños núcleos inconexos de pobladores, en su mayoría se dedicaban a la explotación pastoril. Grunseisen y Martin al instalarse en estas tierras crean una estancia denominada Suiza, con el tiempo un grupo de pobladores se acercaron como peones a la estancia, ubicándose en tierras aledañas. Estos intrusos se dedicaron al cuidado de pequeños rodeos de ganado vacuno.

En 1910 se funda el pueblo con pocos pobladores, pero fue la comunicación ferroviaria la que cambió la fisionomía del lugar, posibilitando el ingreso de numerosas familias que se ubicaron alrededor de las vías. En 1917 Grunseisen y Martin crearon la empresa La Chaqueña instalando una fábrica de tanino cercana al trazado del ferrocarril, la nueva llegada de obreros de Resistencia y del Norte de Santa Fe hizo que los empresarios crearan un nuevo pueblo el cual se llamó Villa Ángela; por su parte, el primer asentamiento pasó a denominarse "pueblo viejo". El nombre se le dio en honor a la esposa de Martin, Ángela Joostens. La sede comercial de la empresa se encontraba en el pueblo, mientras que la sede central se ubicó en Buenos Aires.

En 1919 se realizó una inspección de tierras en el pueblo. Estas tareas se enmarcaban en las inspecciones de los territorios nacionales de 1918, llevado adelante por una comisión de ingenieros y marineros, los cuales recorrieron las primeras colonias y pueblos fundados con el fin de recabar la mayor información para lograr precisar el estado de la tierra pública¹². Hacia 1920 el pueblo de Villa Ángela era un asentamiento de gran prosperidad, una descripción de la época lo detalla de la siguiente forma

Es uno de los centros progresistas que se ha destacado en poco tiempo por su adelanto edilicio, por su comercio y sus industrias. La planta urbana (…) está poblada de edificios modernos (…) el comercio constituido por un gran número de negocios de todos los ramos incluso las industrias locales¹³.

A la par del crecimiento demográfico y económico del pueblo, la Chaqueña también incrementaba su producción taninera. La empresa en su afán de continuar con la explotación, obtuvo una nueva concesión para explotar el monte chaqueño, este se ubicaba en el lote 13, de la sección II, muy cercano al pueblo.

La concesión se realizó el 2 de marzo de 1926, se acordó con el Estado la explotación de 10.000 ha por siete años. El contrato fijó la obligación de suministrar a las reparticiones públicas una cantidad estimada de tres mil toneladas de madera por año. Se debe destacar que en el momento de celebrarse el contrato entre ambas partes, el lote se encontraba habitado por 35 productores algodoneros intrusos.

Estos ocupantes de hecho, en un principio no fueron motivo de inconveniente para la explotación del monte, sin embargo, en poco tiempo, y a partir de la llegada de nuevas familias al lote, se desencadenó un conflicto por la tierra, que demandó la intervención del Estado para encontrar una solución que pudiera resolver los distintos intereses que se encontraban en juego.

El litigio comenzó con la suspensión de la concesión en 1927 por parte del Estado, sosteniendo que la empresa no cumplió con la cláusula del contrato de proveer madera a las reparticiones públicas. Tras la suspensión, la empresa hizo una exposición buscando modificar la sanción, explicando los motivos del incumpliendo. No obstante, la empresa debió interrumpir las labores extractivas que venía realizando.

Los abogados de La Chaqueña comenzaron a exigirle a la oficina de bosques, y luego a la oficina de tierras, que permitiera a la empresa trabajar en el monte y que desalojara a los ocupantes espontáneos del lote.

La Chaqueña argumentó que la causa del poco trabajo llevado adelante en el terreno respondió a la intromisión de los ocupantes, los cuales se habían duplicado tras haber firmado el contrato.

Fue a mediados de 1929 cuando el gobierno nacional decidió levantar la suspensión de la concesión, con la decisión de expulsión de los pobladores que se encontraban habitando.

Sin embargo, tras la resolución del gobierno, no se llevó a cabo ningún desalojo. A raíz de esto, los abogados de la empresa realizaron una nueva nota dirigida al Director de Tierras pidiéndole expresamente que cumpliera con lo establecido

Una vez que el lote de que se trata quedara libre de intrusos, se emplazará a la sociedad concesionaria, para que en término de 30 días de aquella fecha proceda a hacer efectivas las entregas estipuladas en el artículo 24 del contrato, destinadas a las reparticiones públicas, lo cual quiere decir que usted mismo reconoció que para reanudar la explotación del lote, este debía estar previamente libre de intrusos (…) Desgraciadamente esto no ha ocurrido como ya lo dejamos manifestado más arriba; sino por el contrario, la cantidad de intrusos se ha más que duplicado desde que nos dio la posesión del lote, con nuestras reservas, o sea desde el 24 de abril de 1926¹⁴.

Por otra parte, además de recordarle lo necesario que era llevar adelante este desalojo, le mencionan que ese mes en el cual escribe la carta ( Junio), es un momento ideal para llevar esta tarea, dado que la cosecha de algodón había sido levantada. El retraso de esta acción posibilitaba a los intrusos realizar una nueva siembra. La Chaqueña en esta carta deja en claro que hasta no expulsar a estos pobladores, ellos no podrán cumplir con normalidad sus obligaciones contractuales.

La respuesta de la Dirección de Tierras ante estos reclamos fue la descripción de la realidad con la que contaba la oficina, destacando el escaso personal para llevar a cabo semejante tarea, dado que estos se encontraban abocados a la recaudación general de impuestos. Sumado a esto, las lluvias de abril y junio de ese año (1929), hicieron imposible llevar adelante el desalojo.

La empresa ante esta realidad, no se conformó con la respuesta de la oficina de tierras y envío una nueva nota en donde se le insistía sobre el cumplimiento de la disposición.

Hace seis meses que se tomó las medidas dispuestas en la misma que se nos permita explotar otra vez el lote con la tranquilidad que nos corresponde y con la intensidad que nos proponemos imprimir a la explotación; notando por ello, con cuanto desaliento, que la situación es hoy todavía la misma que la que soportamos desde que solo por un malentendido de la anterior Dirección, se nos impuso la suspensión de la explotación del bosque¹⁵.

Nuevamente La Chaqueña insiste sobre la necesidad de expulsar a los intrusos del lugar, para poder retomar sus tareas de trabajo. Este movimiento de expedientes y de acciones, generó que los propios colonos que se encontraban en el lote 13 se movilizaran para dar a conocer su versión

Ninguno de los firmantes se han categorizado por el rol de intrusos, sino que han poblado con la seguridad de que el Estado, por la condición de su trabajo, otorgase a las mismas el arrendamiento de las tierras ocupadas o la venta de las mismas (…) que habiendo tenido conocimiento que una compañía que se distingue por sus acaparamientos de tierras ha conseguido la explotación de los bosques que se hallan en el perímetro del lote cuyas fracciones ocupan los firmantes y en virtud de haber sido amenazados por el gerente de la compañía "La Chaqueña Ltda" con sede en Villa Ángela amenaza a la que se quiere complicar a la función pública, bajo el pretexto de una propiedad que desconocemos y que de hacerse efectiva esa insólita medida hay que considerar que se verán arrojados en brazos de la miseria y del peregrinaje alrededor de 200 personas¹⁶.

Esta exposición llevada adelante por 72 familias, pedía expresamente a la Dirección General de Tierras que reconsidere el desalojo y solicitaba que se reconociera a los pobladores como posibles adjudicatarios en arrendamiento. Es interesante destacar que estos productores no se consideran intrusos y son conscientes que de ser desalojados, tal como la normativa establecía, los llevaría a la miseria y al peregrinaje de sus familias.

Ante estos hechos, la decisión terminaba dependiendo del Estado, el instrumento que encontró la Dirección General de Tierras para resolver el conflicto fue llevar adelante una inspección en la tierra ocupada. Las inspecciones operaban como un diagnóstico de la situación en el terreno. Los ingenieros agrónomos recibían instrucciones específicas, llevando consigo cuestionarios y formularios preestablecidos para completar con la información de cada poblador que residía en el lugar.

En la sección de conclusiones cada inspector realizaba sus consideraciones personales sobre los pobladores, esto se encontraba basado en los objetivos de la inspección y de sus apreciaciones que observaba en el trabajo de campo. La descripción y la sugerencia de estos definían en muchos casos la continuidad de un productor como ocupante de la tierra que explotaba.

El encargado de llevar adelante esta tarea fue el ingeniero Carlos Mariño, el cual tuvo como principal objetivo realizar un registro de la población asentada en el lote. El director de tierras López Jordán le autorizó resolver el desalojo de las personas con antecedentes dudosos, dándoles noventa días para llevar adelante el abandono del terreno.

Esta inspección se realizó en marzo de 1931. El trabajo llevado adelante registró a 82 familias de intrusos, el total de las hectáreas ocupadas por estos era de 4.042, con un área cultivada de 3.072 ha, entre los cuales la mayoría estaban sembrabas con algodón. En cuanto a las mejoras introducidas por estas familias, el inspector quedó sorprendido por la inversión que estos productores realizaron. La suma total del valor de las mejoras en el terreno, de implementos para la siembra y de alambrados era de $182.772.

Las tareas de Mariño, en cuanto a la notificación de los intrusos en estas tierras, fue cumplida, no obstante. el propio inspector en su informe destacoó que la culpa del conflicto no correspondía fijarla en los pobladores sino en la propia empresa, desarrollándose a partir de este informe una nueva visión de los hechos en torno a la disputa por la tierra

Primó en el que suscribe el espíritu de equidad que ha su juicio debe prevalecer en este caso, y de motu propio, notificó a los interesados que una vez levantadas sus respectivas cosechas, debían retirarse del campo. En general esta medida fue recibida resignadamente, pero me permitió ver, que el desalojo dispuesto no corresponde. Si bien es cierto que se trata de un lote forestal cuya explotación ha sido otorgada a la Sociedad "La Chaqueña", esta ha procedido con una negligencia culpable que exime de responsabilidad a los intrusos, pues debió mantener la posesión de la tierra, ejerciendo una vigilancia efectiva sobre ella a fin de que no se posesionaron de la misma, los intrusos que hoy pretende desalojar, y no me expreso exageradamente al decir que la citada sociedad ha procedido con negligencia culpable¹⁷.

Ante este informe de Mariño, el director de Tierras no lleva adelante la orden de desalojo, La Chaqueña consideraba un atropello a sus derechos de poder explotar el terreno.

Conceptuamos convenientemente, llamar respetuosamente la atención del Señor Director General de tierras, sobre la actitud o participación de estas gestiones que viene asumiendo algunos empleados de esta repartición. Designados para un fin determinado, notificación de colonos por ejemplo, no concretan su misión a las órdenes recibidas, sino que en muchos casos se permite discutir los fundamentos de la misma, llegando hasta sugerir nuevos procedimientos o aconsejar modificaciones o reconsideraciones de los decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales¹⁸.

La presión que generó las observaciones de la empresa, determinó que se realizaran dos nuevas inspecciones. La primera de ellas fue efectuada por Adolfo Raffo, quien llevó adelante su trabajo sin tener ningún tipo de inconveniente. En su trabajo de campo registró que en ese momento vivían 383 personas y que las tierras se encontraban distribuidas en tierra bajo cultivo (3220 ha) y pastoreo (1035 ha).

Esta inspección dejó en claro a la Dirección General de Tierras la importancia que tenía el núcleo poblador. En este caso, el litigio cada vez se tornaba más difícil de resolver, y si bien Raffo no deja ninguna observación que recomendara dejar de lado la orden de expulsión de los intrusos, si consta en su informe, un número de entrevistas realizadas a los pobladores, donde el inspector les consultó si existieron amenazas por parte de la empresa para desalojarlos.

La respuesta de los entrevistados variaron, algunos destacaron que no tuvieron ningún problema, mientras que otro grupo de pobladores afirmaron que fueron amenazados no solo por el personal de la empresa, sino también por la policía territoriana. Se constató también que la Chaqueña había realizado desalojos junto con la ayuda de la policía, sin embargo los pobladores desalojados tras un tiempo, volvieron a radicarse en el mismo lugar. Este informe nuevamente molesta a la Chaqueña por las descripciones de amenaza y por la ausencia de recomendación en efectuar el desalojo, por el contrario, el informe elevado por el inspector deja en claro el poco cuidado de la empresa por velar la seguridad de la tierra concedida

La mayoría de los pobladores que han entrado a ocupar la tierra datan desde el año 1927 en adelante, siendo relativamente pocos los ocupantes que existían antes de tener la concesión forestal La Chaqueña (…) son 16 los pobladores de los cuales algunos fueron molestados por la S.A. en forma más o menos violenta¹⁹.

Ante esta situación que parecía no variar, la empresa decide proponerle al gobierno realizar un cambio de lote para explotar. La propuesta consistía en comenzar a explotar el lote 5. Esto demandó una segunda inspección, pero en este caso, el objetivo fue conocer si dicho lote se encontraba en condiciones de ser explotado forestalmente.

Esta inspección comenzó en mayo de 1932, las observaciones sobre las condiciones que tenía el lote 5 eran aptas para poder llevar adelante este tipo de tarea. Sin embargo, el problema que existía era que hasta ese momento no había ningún instrumento legal que convalidara un cambio de tierras por otro. El inspector Carlos Vallejos²⁰, tras un extenso informe, recomienda a la Dirección General de Tierras que acceda a la permuta, para cerrar este conflicto con la compañía.

Puesto que las concesiones se realizaban solamente por licitación y no por permuta, el Oficial Mayor Scalabrini Ortiz le niega la posibilidad de realizar esta operación en julio de 1933. Este sugiere de una vez por todas rescindir el contrato con La Chaqueña por incumplimiento de las obligaciones.

Que la sociedad recurrente en ningún momento probado que los intrusos existentes en el lote que se le acordó para explotación forestal le haya impedido o trabado la libre ocupación del monte y en cambio los productos forestales que la misma se extrajo hasta el año 1928, en cantidades superiores a los mínimos establecidos en el contrato, evidencian que los trabajos los ha podido realizar sin inconvenientes (…) los intrusos radicados en el lote se han mostrado en todo momento dispuestos a favorecer y facilitar la explotación forestal, habiéndose comprometido a levantar sus alambrados cuando así se lo requiera la sociedad, así como a la apertura de nuevos caminos para el tránsito de los carros y a permitir la explotación del bosque que pudiera existir dentro de las porciones de que respectivamente son ocupantes²¹.

La resolución final del Ministro de Agricultura Luis Duhau fue la recisión de la concesión, el ministro apoyó de forma definitiva a los intrusos, asegurándoles que no los iban a desalojar. Por su parte, el Director de Tierras Melitón Díaz de Vivar²², agregaba más argumentos para terminar el litigio a favor de los colonos en un nuevo informe. La tesis de Mariño se encontraba transformándose en una realidad.

Tras este informe y la decisión tomada por el gobierno en torno a la concesión, la empresa escribió una nueva carta documento donde acusaba al gobierno y en especial al Director de Tierras Díaz de Vivar, de tener cierta animosidad, perjudicándola constantemente, solicitando expresamente al gobierno que reconsideren la medida tomada de forma arbitraria

No anima a la Chaqueña ninguna aversión contra los funcionarios públicos pero puede dejar que se la despoje de lo que legítimamente le pertenece, cules son los derechos que tienen como concesionaria del lote fiscal nº 13, S 2. Lo ha dicho nuestra compañía y nos reiteramos, que facilitaremos cualquier solución de equidad y justicia, aun cuando tuviéramos que soportar más perjuicios y sacrificios de los que ya hemos soportado, pues, queremos agotar los procedimientos conciliatorios, en obsequio a una resolución que salve la situación y los derechos de nuestra compañía sin desmedro de nadie²³.

Ante esta situación en 1935, el asesor legal de la Dirección General de Tierras, Víctor Pinto, realizó un informe para el Director Díaz de Vivar, que resumía la situación en que se encontraba el litigio, y ante los intereses en juego era preferible, concederle la permuta. Fue a partir de esto que se decidió renovar la concesión por cinco años y seis meses más, pues con esto se complementarían los siete años de la concesión originaria.

Finalmente, el 24 de junio de 1936, el presidente Agustín Justo firma un nuevo decreto en donde estableció la realización de la permuta en el lote 5, concediéndole nuevamente la concesión anteriormente rescindida. La Chaqueña recibe nuevamente la concesión con la obligación de cumplir con lo pautado en el contrato, pero en el lote 5. Esto permitió que las familias que vivían en el lote 13 pudieran regularizar su situación legal con la oficina de tierra, teniendo cada uno su permiso de ocupación.

El conflicto por la tierra concedida a La Chaqueña nos muestra distintos actores involucrados, los cuales necesitaban y demandaban intervención estatal. Las instituciones estatales reducen la incertidumbre en la interacción humana, basándose en acuerdos, códigos de conducta y normas de comportamiento²⁴. Ambas partes implicadas (la empresa y los colonos) requerían un punto de solución para continuar con sus explotaciones agrícolas y forestales en el monte chaqueño.

La presencia del Estado era fundamental para mediar las posiciones interesadas. Los más vulnerables en este conflicto fueron las familias agricultoras que con gran esfuerzo, de acuerdo a los testimonios que le ofrecieron a los inspectores, levantaron sus cultivos, logrando lentamente capitalizarse, muchos de ellos eran dueños de maquinarias, con lo cual nos encontramos con una agricultura familiar que a pesar de encontrarse en los márgenes legales, había permitido de forma paulatina acumular capital.

El origen de estos pobladores en su mayoría eran extranjeros que llegaron tras la concesión de 1926. De acuerdo a la empresa el gran número de intrusos extranjeros también se convertía en un problema para lograr una adecuada explotación en los obrajes.

En los trabajos de obrajes solo son competentes los peones argentinos (correntinos, santiagueños y chaqueños) quienes consagran maestría manejando el hacha mientras que los extranjeros les falta esa habilidad y se agotan esterilmente fracasando de inmediato. La proporción de extranjeros es muy acentuada entre los intrusos y por esta particularidad no es posible aceptar sus ofrecimientos para esas tareas²⁵.

La particularidad del conflicto, hizo que la única respuesta para lograr una solución dependiera del Estado, por intermedio de sus inspectores de tierras. Quienes con sus trabajos en el terreno pudieron dar registro de los hechos logrando a partir de lo investigado, en el trabajo de campo y en la normativa vigente, llegar a una conclusión sobre las responsabilidades de los autores en el conflicto. La tesis sostenida por los inspectores de tierras fue clave para mantener a los intrusos en sus posesiones.

Los trabajos de estos "expertos" nos demuestran que sus decisiones subjetivas, mas allá de la orden prevista por el Estado, fueron decisivas para lograr un mejor ordenamiento y distribución. Sus dictámenes son tenidos en cuenta desde el poder central, en cierta forma estos técnicos son los ojos mismos del Estado en el terreno, construyendo un orden social y preservando los intereses estatales. Estos "expertos" los funcionarios burocráticos²⁶ tienen un rol primordial en llevar adelante los proyectos estatales programados para la frontera chaqueña, esto significaba, particularmente durante esta etapa, consolidar la conformación de familias agrícolas en todo el Territorio del Chaco.

Pero además, una de las aspiraciones que se encontraba en el conjunto de los técnicos era la de fortalecer y mejorar la agricultura, modernizando el sistema de comercialización de los distintos productos cultivados. Los expertos al manifestar su interés concreto en resolver la situación de estas familias para que pudieran quedarse en el lote en disputa, respondían a los planes que el Estado había enmarcado para el Gran Chaco Argentino, en donde el Territorio Nacional del Chaco tenía un rol protagónico en el desarrollo de la economía regional.

El Territorio Nacional del Chaco, junto a Formosa y Santiago del Estero (…) en su conjunto conformarían una región algodonera con características socioeconómicas que le otorgarían una entidad especifica, ligada al ciclo de cultivo de esta fibra textil. El mismo moviliza flujos de población migrante, organiza colonias, cooperativas y familias en torno a un mismo objetivo: la cosecha de algodón, su envasado y entrega en las desmotadoras²⁷.

De esta forma, los expertos al tener en cuenta sus apreciaciones sobre el poblamiento espontáneo, lo circunscriben a un objetivo del Estado que se encuentra operando en las conclusiones. La formación académica de estos sienta precedentes en las decisiones y en las observaciones que realizan, al tiempo que el espacio social que analizan en sus inspecciones los pone muy cerca de los colonos que se encontraban capitalizándose lentamente en el campo.

Estos no representaban un sector poderoso y pudiente, la mayoría de los que residían en este lote eran personas humildes que solamente con su trabajo pudieron afirmarse con el correr de los años, pero tienen en común el objetivo de lograr fortalecer una frontera agrícola en una región marginal. Consideramos que las observaciones de los agrimensores participantes de la Comisión de inspecciones de tierras, Carlos Alberto Muello y Roberto Campolieti, fueron un precedente para el conjunto de agrimensores; ambos expertos, describieron la colonización del suelo y destacaron con entusiasmo el valor que tienen estos pobladores espontáneos para el desarrollo del Territorio Nacional del Chaco.

La visión que ligaba a los inspectores en su gran mayoría fue promover una agricultura tipo farmer, este necesitaba además del empuje individual sobre el terreno, la regulación de la tenencia de la tierra y la presencia del Estado en el desarrollo productivo. Esta concepción fue la que demarco las decisiones de los expertos quienes tenían como uno de sus principales anhelos fortalecer las producciones familiares con asistencia y ayuda social más acentuada.

Por otro lado, una de las preocupaciones de la dirigencia nacional compartida con estos técnicos, fue atender la cuestión social. Por ello la preocupación del ingeniero agrónomo Campolieti por entender las necesidades de los colonos y conocer las teorías sociales que podrían explicar el descontento de los productores:

El agrónomo debe adquirir por su propio esfuerzo, como autodidacta, la cultura que le hace falta. Insisto en que los agrónomos deben dirigirse a los colonos, deben dominar más las ciencias sociales que las que se enseña actualmente. En primer lugar, hay que conocer lo bueno y lo malo que tienen las escuelas modernas de sociología, a que necesidades se debe su origen, donde se han desanimado hasta llegar a conclusiones arbitrarias y como deben corregirse para disciplinar al trabajo rural, de acuerdo con el engrandecimiento de la patria²⁸.

La preocupación de los "expertos" por atender las condiciones sociales de vida de los colonos en la frontera tenía el objetivo de prevenir conflictos, coincidiendo con una política de prevención en todos los espacios subnacionales que podrían ser lugares de disputa y reclamos sociales²⁹.

Estos expertos, debemos enfatizar, tenían la capacidad de "enunciación"³⁰ y categorización que tiene el propio Estado, al considerar quienes son los aptos para residir y vivir, atribución inalienable de la organización nacional y que se transfiere en sus burócratas³¹.

Es importante destacar que las consideraciones realizadas por estos expertos demuestran que no actuaron atendiendo a los aspectos racionales y normativos formulados en las leyes sobre la colonización, sino que por el contrario estos expertos se enfocan en los aspectos sociales y cotidianos que viven los pobladores³². No es posible comprobar las redes políticas y personales de estos inspectores, que eran convocados desde Buenos Aires para realizar los trabajos correspondientes, pero sí podemos considerar que la construcción imaginaria del tipo de agricultor pudo operar de forma constante en las decisiones y en las observaciones que realizaron.

De esta forma, debemos destacar que estos técnicos fueron generadores de conocimiento y constructores de un orden social local demostrando cómo las agencias estatales de tierras estuvieron presente en el Chaco, de forma deficitaria para determinadas cuestiones, pero contundentes para solucionar conflictos sociales que perjudicaban el dinamismo de una región económica que necesitaba del trabajo familiar de estos nuevos colonos.

El trabajo presentado describe cuáles fueron los mecanismos judiciales que se realizaron ante la disputa por la posesión de la tierra. En este caso, se evidenció que el papel de los inspectores fue clave para llegar a una solución. Asimismo, el conflicto nos permite conocer cómo fueron las ocupaciones espontaneas en el Territorio Nacional del Chaco, logrando describir con esto el gran desorden y caos que se produjo durante la colonización fiscal del suelo chaqueño.

Fue este desorden el que originó conflictos por el uso del suelo, requiriendo la intervención directa del Estado con sus expertos. Sin embargo, la búsqueda para lograr una solución demando tiempo, las inspecciones de tierras fueron el mejor vehículo para encontrar una solución expeditiva sobre el uso del suelo.

En el tratamiento del conflicto se evidencia un interés constante de los ingenieros agrónomos de proteger a los pequeños y medianos productores, este punto es interesante dado que rompe con el estereotipo de un grupo dirigente resguardando los derechos privados de los empresarios, por el contrario, la actuación de los inspectores en conjunto con las decisiones tomadas desde la Dirección, dejan en claro que la idea de afianzar la colonización agrícola familiar estaba presente en las medidas tomadas por los expertos.

Las decisiones de estos técnicos son tenidas en cuenta por los responsables de la Dirección General de Tierras y del Ministerio de Agricultura para lograr un mejor ordenamiento del espacio rural, en este sentido, lo que resulta interesante de estos expertos, es el enfoque social y productivo que tienen en la toma de decisiones para llevar adelante sus proyectos. Para estos técnicos fue necesario lograr un ordenamiento justo, basándose en la tenencia del suelo para aquellos que trabajaban la tierra. Es así como estos inspectores interpretaron la vida cotidiana de los colonos y por ello sus consideraciones de tenerlos en cuenta aun cuando se encontraban de forma ilegal en las tierras ocupadas.

Las labores de estos expertos en el terreno fue sumamente importante, la preocupación de estos hombres y la independencia que demuestran en los juicios nos posibilita pensar en una historia de la colonización del Chaco en donde no solo estén presentes el esfuerzo de los colonos en sus tierras, sino que nos invita a visibilizar ciertos interés sociales de estos expertos que contribuyeron de forma efectiva en la construcción del Chaco.

^* Este forma parte de mi tesis doctoral el cual está en curso. El financiamiento del mismo se realizo gracias a la beca de investigación otorgada por el CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste. Quiero agradecer los comentarios y los aportes realizados por los investigadores que han tenido la generosidad de leer este trabajo. En especial quisiera destacar los aportes y los comentarios de los investigadores Julio Djenderedjian y Enrique Schaller

¹ LEONI, María Silvia, "Vínculos entre la política nacional, regional y local. La designación de gobernadores en los Territorios Nacionales", en LEONI DE ROSCIANI de, María Silvia y SOLIS CARNICER, María de (Comp.), La política en los espacios subnacionales. Provincias y Territorios en el nordeste argentino (1880-1955), Rosario, Prohistoria, 2012, pp.167-183.

² Los intrusos son las ocupaciones que no tienen contrato de arrendamiento ni permiso de ocupación. La situación de intruso fue establecida por el decreto del 16 de septiembre de 1925.

³ Debemos destacar que estos territorios nacionales se convirtieron en provincias a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los primeros territorios que pasaron a ser provincias fueron Chaco y la Pampa en 1951. En 1953 se decidió provincializar a Misiones. En 1955 mediante un nuevo decreto presidencial se convierte en provincias Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz. A partir de 1955 sólo subsistía como territorio nacional Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que fue provincializado en 1990. Por su parte, El Territorio Nacional de los Andes en 1943 se fragmentó pasando a ser integrado por las provincias linderas de Salta, Jujuy y Catamarca.

⁴ CARCANO, Miguel Ángel, Evolución histórica del régimen de la tierra publica. 1810-1916, Buenos Aires, Eudeba, 1972, p. 319.

⁵ Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Dirección General de Tierras, Buenos Aires, 1927, pp. 57-58.

⁶ TAYLOR, Carl, Rural Life in Argentina , Baton Rouge, Louisiana State University Press., 1948, p 346

⁷ Ministerio de Agricultura, Disertaciones sobre Misiones, Chaco, Formosa y otras regiones de la Patagonia por la conferencia de Agrónomos, Buenos Aires, 1920, pp. 222-233.

⁸ MIRANDA, Guido, Tres Ciclo Chaqueños (Crónica histórica regional), Resistencia, Librería la Paz, 2005.

⁹ ZARRILLI, Adrian, "Transformación ecológica y precariedad económica en una economía marginal. El gran Chaco Argentino, 1890-1950", en BARRIERA Darío, ROLDAN Diego. (Comp.). Territorios, espacios y sociedades: agenda de problemas y tendencias de análisis. Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2004, pp. 79-100; KLEINPENNING, Jan, Rural Paraguay, 1870-1963. A Geography of progress, plunder and poverty, Vol. 1, Vervuert , Iberoamericana, 2009; DALLA CORTE, Gabriela, Lealtades firmes. Redes de sociabilidad y empresas: la Carlos Casado S.A. entre la Argentina y el Chaco Paraguayo( 1860-1940), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009; BORRINI, Héctor Rubén, Poblamiento y colonización en el Chaco Paraguay (1850-1990),Cuadernos de Geohistoria Regional Nº 32, Resistencia, instituto de investigaciones geohistoricas-CONICET, 1997.

¹⁰ SLUTZKY, Daniel, Tenencia y distribución de la Tierra. Buenos Aires, CFI, 1974, p. 25.

¹¹ LESTANI, Juan Ramón, Por los caminos del Chaco. Unidad y conciencia-Oro y Miseria, Resistencia, Librería La Paz, 2010, p. 53.

¹² Los integrantes de la comisión investigadora en el Territorio del Chaco fueron, como jefe de comisión teniente de navío José A de Urquiza; asesor Basilio Sienra; jefes de subcomisiones: Cristóbal Giognoni, Bernabé G Navarro, Tomas Cisterna, Julio Velardez, Roberto Campoleti, Carlos A Muello y Mario Vera. La Prensa, 14 de mayo de 1918.

¹³ PRIMERA GUIA ANUAL, Resistencia, Editor Juan Moro, 1920, p. 97.

¹⁴ INSTITUTO DE COLONIZACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO, Sección Casilleros. Ministerio de Agricultura 1934, Expediente 10215. Iniciador: La Chaqueña, Extracto: Con ref. exp. 103918/031.3/ reconside. Dto 50.749. No. de paquete 655, Foja 553.

¹⁵ Ibíd., foja 556.

¹⁶ Ibíd., foja 567.

¹⁷ Ibíd., foja 626.

¹⁸ Ibíd., foja 636.

¹⁹ Ibíd., foja 663.

²⁰ En su extenso informe, el inspector destaca el papel de los intrusos: "la importancia de esta población creada al margen de la ley y sus reglamentos, que radicaba en los puntos del lote que se prestan para ganadería y agricultura,-casi su 50%- ha constituido en una verdadera colonia y cuya situación debe contemplada y respetada, a mérito de la labor que desarrolla y de capitales invertidos". En: Ibíd., foja 944

²¹ Ibíd., foja 988.

²² Melitón Díaz de Vivar (1881-1950) correntino; su padre fue Eudoro Díaz de Vivar un activo redactor del periódico "El Nacionalista", también se desempeñó como legislador provincial y liberal. Su madre fue María Dolores Mantilla. Melitón fue inscripto con los dos apellidos de sus progenitores, sin embargo, con el correr del tiempo, utilizó solamente Díaz de Vivar. Militó en el partido radical, e ingresó el ejército logrando alcanzar el cargo de Coronel e ingeniero Civil. Durante el gobierno de Marcelo T de Alvear accede al cargo de Director de Tierras. Asimismo fue sugerido por el Ministro de Agricultura Dr. Le Bretón quien vio aptitudes para ocupar esta cartera.
Entre las acciones que se destacan debemos puntualizar una regulación legal y normativa de esta dirección, desde establecer de forma puntual el reglamento de la Dirección General de Tierras, hasta la redacción de la memoria de esta repartición de 1922-1928, una de las memorias más completas y con más detalle que tenemos registro del periodo territoriano para estudiar el proceso de colonización. Tiempo después en 1936 redactó un informe puntual muy contundente sobre la situación de la tierra pública en Patagonia en donde realiza una descripción sobre el estado de la colonización en los Territorios del Noreste. De esta forma, debemos destacar su labor como gestor y redactor de informes sobre las acciones, referidos a la política de tierras.

²³ Ibíd., foja 997

²⁴ NORTH, Douglas C, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de. Cultura Económica, 1995, p. 16.

²⁵ INSTITUTO DE COLONIZACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO, Sección Casilleros, Ministerio de Agricultura 1934, Expediente 10215, foja 637.

²⁶ BLACHA, Luis, "La burocracia como tecnología. Una mirada sociológica del intervencionismo estatal (1930-1943)", en RUFFINI, Marta y BLACHA, Luis (Comp.), Burocracia, tecnología y agro en espacios marginales, Rosario, Prohistoria, 2011, p. 107.

²⁷ DE ARCE, Alejandra, "Mujeres algodoneras. Trabajo familiar vs Tecnología a mediados del siglo XX", en Ibíd., p. 67.

²⁸ CAMPOLIETI, Roberto, La organización de la agricultura Argentina, Buenos Aires, Pedro Aquino, 1929, p. 232.

²⁹ BANDIERI, Susana y BLANCO, Graciela, "Política de tierras públicas en los Territorios Nacionales: entre la norma y la práctica", en BLANCO, Graciela y, Guillermo, BANZATO (eds.), La cuestión de la tierra publica en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Ángel Carcano, Rosario, Prohistoria, 2009, p. 169.

³⁰ Destacamos el trabajo de LUCERO, José Antonio, "Representing «Real Indians»: The Challenges of Indigenous Authenticity and Strategic Constructivism in Ecuador and Bolivia", en: Latin American Research Review, Vol. 41, Nº 2, 2006.

³¹ GIRBAL-BLACHA, Noemí, Vivir en los márgenes Estado, políticas públicas y conflictos sociales. El gran Chaco Argentino en la primera mitad del siglo XX, Rosario, Prohistoria, 2011, p. 74.

³² PLOTKIN, Mariano y ZIMMERMAN, Eduardo (Comp.), Los Saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012, p. 16.

Fuentes primarias

Archivos

INSTITUTO DE COLONIZACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO, Sección Casilleros. Ministerio de Agricultura 1934, Expediente 10215. Iniciador: La Chaqueña, Extracto: Con ref. Exp. 103918/031.3/reconside. Dto. 50.749. Numero de paquete 655, Foja 553.         [ Links ]

Publicaciones periódicas

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Libros

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