El informe que reseñaremos a continuación es el sexto que publica el CNMH sobre la desaparición forzada en Colombia.¹ Su pretensión es dar cuenta de las características y particularidades de este delito en el marco del conflicto armado interno colombiano. En el primero de los cinco capítulos que componen el informe, el CNMH busca aproximarse a una definición de “desaparición forzada” a partir de las normativas nacionales e internacionales vigentes y de las condiciones propias del país.² La principal conclusión de esta definición es el rompimiento con la tesis de la “absoluta responsabilidad estatal”, acercándose a lo formulado por el Código Penal colombiano, en el que la responsabilidad por el referido crimen recae exclusivamente en particulares, uno de los cuales es el Estado.³ El CNMH señala que los dos elementos que tradicionalmente han constituido el delito (la privación de la libertad y el ocultamiento del paradero de las víctimas), no han sido suficientes para definir la desaparición forzada dentro del conflicto que ha vivido Colombia; el secuestro, el reclutamiento forzoso, las ejecuciones extrajudiciales o las muertes en combate, son situaciones que pueden compartir, en distintos grados y tiempos, características con la desaparición forzada, de ahí que el informe asuma hechos de este tipo y plantee, además, la necesidad de abordar un nuevo concepto: “personas dadas por desaparecidas”.⁴ El CNMH agrega que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, un delito pluriofensivo⁵ y de ejecución continua o permanente.⁶

En el segundo capítulo los autores abordan las magnitudes, el dinamismo y los contextos que han posibilitado la desaparición forzada en el conflicto colombiano. Empiezan advirtiendo el carácter aproximativo de los datos, dada la alta fragmentación de las fuentes documentales,⁷ así como el subregistro y la prosecución del delito. El CNMH señala que, a partir de la información recolectada en 102 entidades, entre institucionales y sociales, para el período 1970-2015, se estima que en Colombia han desaparecido forzosamente 60.630 personas, una cada ocho horas, superando las cifras oficiales de Argentina, Chile y Uruguay juntos.⁸ De estas 60.630 víctimas, se conoce el paradero de 8.122, de las cuales 42.8% aparecieron muertas, 12.1% vivas y 45.1% siguen desaparecidas, pero existe alguna información sobre su ubicación. En cuanto a los perpetradores, se desconocen en el 51.4% de los casos, por lo que las inferencias que el informe hace sobre este asunto están basadas en el 49.6% restante (29.447 casos). De este porcentaje, 46.1% son responsabilidad de grupos paramilitares, 19.9% de guerrillas, 8.8% de grupos pos-desmovilización, 8% del Estado y 15.9% de grupos armados no identificados.⁹ En cuanto al perfil de los desaparecidos, según el CNMH, se sabe muy poco debido al silencio que imponen el miedo y las amenazas que gravitan alrededor de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada. Por esta razón ha sido difícil establecer entre los desaparecidos factores de vulnerabilidad¹⁰ y empleos regulares (de las 60.630 personas referenciadas, por ejemplo, solo se conoce la ocupación de 5.231¹¹). La información más completa sobre el perfil de los desaparecidos es la concerniente al sexo y edad de las personas. El CNMH observó que de los 59.203 casos en los que se conoce el sexo de la víctima, el 87.8% corresponden a hombres; y de los 20.210 en que se conoce la edad, 58.6% son adultos jóvenes entre los 18 y 35 años, 20.8% adultos entre los 36 y 55 años, 15.9% menores de edad y 4.6% adultos mayores de 56 años. Por otra parte, del total de víctimas documentadas el CNMH encontró 874 casos de pertenencia étnica y 12 casos de mujeres desaparecidas en estado de embarazo.¹²

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos o las presiones para que los perpetradores apelen a la desaparición forzada? El CNMH ha señalado tres: primero, quienes acuden a la desaparición forzada operando dentro de la legalidad lo hacen con el fin de borrar todos los rastros de sus crímenes e impedir así sanciones judiciales que les hagan perder su estatus legal; segundo, perpetradores ilegales con aliados legales recurren a la desaparición forzada con el fin de ocultar dichas alianzas; y tercero, los grupos que operan desde la ilegalidad procuran mantenerse ahí y apelan a las desapariciones forzadas con el objeto de evitar la atención pública y la persecución estatal.¹³ Sin embargo, estas razones deben contextualizarse en marcos temporales más precisos, pues la praxis de la desaparición forzada en Colombia ha mutado con el tiempo. Los autores han identificado para ello cinco períodos:

Período 1 (1970-1981): la desaparición forzada transita de la marginalidad a la regularidad. Hay una masividad de detenciones arbitrarias y torturas. Se reportan para este período 485 víctimas. Las zonas geográficas más afectadas coinciden con los territorios en los que el Estatuto de Seguridad Nacional se aplicó con mayor tenacidad. En lo tocante a los perpetradores, del 51.3% de los casos donde tal información se conoce, 41.8% corresponde a paramilitares, 33.3% al Estado, 12.4% a guerrillas y 12% a grupos armados no identificados.¹⁴

Período 2 (1982-1990): la desaparición forzada se generaliza y la tendencia al aumento se dispara. Se reportan 6.528 casos en 601 municipios. Las detenciones y las torturas pierden centralidad, creciendo los asesinatos selectivos, el secuestro y las masacres. En términos geográficos, la mayor actividad de desapariciones se lleva a cabo en zonas donde la privatización de la estrategia contrainsurgente y el narcotráfico se hacen más fuertes. El Estado y los paramilitares son los mayores perpetradores, no obstante, hay un ascenso notorio de las guerrillas en la comisión del delito. A criterio del CNMH, los factores que promueven la práctica de la desaparición forzada son: las tensiones entre las Fuerzas Militares y el gobierno de Belisario Betancourt por la solución política al conflicto, la irrupción de los grupos narcotraficantes y su cooptación por parte de paramilitares, la promoción de grupos de autodefensa, la oposición de las élites regionales a las políticas de paz y su reacción a la expansión de las guerrillas, la exacerbación de la ideología anticomunista bajo la administración Reagan en Estados Unidos y la emergencia de fuerzas políticas alternativas como la Unión Patriótica (UP).¹⁵

Período 3 (1991-1995): hay un decrecimiento moderado, tendiente al estancamiento y la contención. Existen 6.155 casos documentados. Es un período de distensión y reacomodo entre los actores armados. Junto con la desaparición forzada, menguan las masacres y los secuestros, aumentan en cambio los asesinatos selectivos. En cuanto a los victimarios, la mitad de los casos (49.7%) son desconocidos; en los casos que se conocen, los paramilitares fueron responsables del 34.3%, las guerrillas del 25.6%, el Estado del 19.2%, grupos armados no identificados del 19% y paramilitares junto con el Estado del 1.4%. La crisis del paramilitarismo en el Magdalena Medio y su recomposición desde Urabá, la derrota de los grandes carteles del narcotráfico, la Constitución Política de 1991, la paz parcial con la insurgencia, el colapso del comunismo internacional, el fracaso de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala y el reacomodo de los actores armados, explican, siguiendo el informe, la práctica un tanto más moderada de la desaparición forzada en estos años con respecto al período anterior.¹⁶

Período 4 (1996-2005): es el período de la explosión. Las cifras son perturbadoras: 32.249 desaparecidos (una cada dos horas y media). Crecen también las masacres, los asesinatos selectivos y los secuestros. En el 48.2% de los casos el autor es desconocido. En los casos en que se conoce, 62.4% son autoría de paramilitares, 17.1% de guerrillas, 16.2% de grupos armados no identificados, 3.2% del Estado y 0.6% de paramilitares junto al Estado. La geografía de la desaparición forzada en este periodo está directamente relacionada con la expansión territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); no obstante, la llamada lucha contra el terrorismo, la presión que ejerció la internacionalización de la justicia, las ambigüedades en la negociación del gobierno de Uribe con los paramilitares, las nuevas disposiciones del narcotráfico, el cambio de estrategia militar de las guerrillas y el recrudecimiento del secuestro y del reclutamiento forzado, también jugaron en este decenio como potenciadores del delito.¹⁷

Período 5 (2006-2015): se reportan un total de 9.595 casos. La desaparición forzada disminuye, pero no cesa, su práctica prevalece incluso sobre todas las demás modalidades de violencia y su ritmo de decrecimiento es mucho menor a estas. Sigue teniendo una alta propagación territorial, aunque con una mayor focalización (47 municipios concentran la mitad de las desapariciones del período), aunada a un alto nivel de ocurrencia en ciudades capitales y áreas metropolitanas. La geografía de la desaparición forzada coincide con las territorialidades de los grupos posdesmovilización, la aplicación de la política de Seguridad Democrática y los reacomodos del narcotráfico. Hay un gran índice de personas aparecidas muertas (relacionado con el desvelamiento de los llamados “falsos positivos”) y de personas aparecidas vivas (gracias a la implementación del Mecanismo de Búsqueda Urgente definido en la Ley 589 de 2000). En cuanto a los perpetradores, en el 52.4% de los casos son desconocidos y, dentro de los que se conoce, el 57.5% corresponde a grupos posdesmovilización, 24.3% a guerrillas, 8.3% al Estado, 7.8% a grupos no identificados y 0.4% a acciones conjuntas entre grupos posdesmovilización y Estado. La emergencia de los grupos posdesmovilización, las fracturas del proyecto paramilitar, los incentivos perversos de la Seguridad Democrática, el debilitamiento estratégico de las guerrillas y el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, ayudan a entender la persistencia de la desaparición forzada en este período, a pesar de su notorio decrecimiento.¹⁸

En el tercer capítulo el informe se ocupa de los por qué y los cómo se realiza la desaparición forzada en Colombia. Los por qué, según el CNMH, son castigar, generar terror y ocultar la violencia criminal. Cuando la desaparición forzada es castigo, los perpetradores buscan sancionar la pertenencia a organizaciones de carácter político o cualquier otra actividad interpretada por estos como un ataque a sus intereses. Cuando el objetivo es generar terror, la intención de los victimarios es conseguir el control sobre la población. El informe señala que el terror se logró por lo menos mediante tres estrategias: la configuración simbólica de lugares y artefactos, los tratamientos de horror a los cuerpos y la creación de una reputación violenta (de los victimarios). Cuando la desaparición forzada se usa para el ocultamiento de la violencia criminal, los victimarios buscan tres propósitos: la invisibilización de la responsabilidad del perpetrador, el enmascaramiento de las dimensiones de la violencia y la manipulación de cifras sobre las bajas en combate. Además de la inhumación, los desaparecedores han ejecutado el ocultamiento por medio del desmembramiento, el uso de sustancias químicas, los cortes en el abdomen para garantizar la rápida descomposición de los cadáveres, la utilización de cuerpos de agua como cementerios, la incineración, la coerción de los sobrevivientes para impedir labores de búsqueda, la persecución contra funcionarios públicos que realizan tareas investigativas, la exhibición bajo otras identidades (“falsos positivos”), los inconvenientes para la identificación de restos humanos y la traslación de restos. Aunado a lo anterior, los cómo de la desaparición forzada connotan también privación de la libertad mediante retenciones a la fuerza, detenciones legales o retenciones con engaños; en muchos casos, las desapariciones forzadas se desarrollan simultáneamente con otras modalidades de violencia (masacres, asesinatos selectivos, otras desapariciones forzadas, amenazas, saqueos, daño a bienes y desplazamientos forzados). Por último, antes de desaparecer a sus víctimas, los victimarios las torturan, violan sexualmente, asesinan y tratan con sevicia. El informe cierra el capítulo analizando cómo el secuestro y el reclutamiento forzado mutan a desaparición forzada.¹⁹

En el cuarto capítulo los autores plantean los daños causados por la desaparición forzada, teniendo en cuenta que estos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a su entorno y a la sociedad en general. El capítulo empieza señalando que la desaparición de una persona implica para los que le sobreviven una compleja dualidad entre la vida y la muerte que termina convirtiéndose en tortura. Por otro lado, no tener presente el cuerpo de la víctima o tenerlo fragmentado, altera los ritos de entierro y de despedida y niega a los dolientes las prácticas que dignifican los cadáveres y que son fundamentales para el duelo. No obstante, cuando los cuerpos aparecen, si bien representa un logro para los que emprendieron la búsqueda, conlleva en muchos casos la prolongación del drama (hay que tener presente que en la gran mayoría de casos los cuerpos son ya imposibles de recuperar y esto acentúa el daño de la desaparición forzada en los familiares y allegados de los desparecidos pues no consiguen modificar su relación con la persona ausente).²⁰ El capítulo termina analizando seis daños concretos de la desaparición forzada: daños morales, daños psíquicos y emocionales, daños socioculturales, daños materiales y perjuicios económicos, daños políticos y daños que ocasionan las deficiencias en la atención estatal, la impunidad y la indiferencia social.²¹

En el quinto y último capítulo el informe señala la importancia que han tenido las organizaciones de víctimas en la lucha contra la desaparición forzada. En el primer capítulo, el CNMH ya reconocía que, sin la movilización y los aportes de los familiares de las personas desaparecidas, el tema de la desaparición forzada no tendría el reconocimiento social ni los avances jurisprudenciales con los que cuenta hoy Colombia.²² En el capítulo 5 se amplían estos aportes, especialmente en lo tocante a la preservación de la memoria y a la construcción de conocimiento sobre el delito. Este capítulo expone igualmente las distintas labores que las organizaciones han desarrollado en el marco de su lucha.²³ El informe finaliza enlistando un número copioso de recomendaciones a todas las instituciones estatales que guardan alguna relación con la prevención, los mecanismos de búsqueda y las acciones de reparación, justicia y no repetición de la desaparición forzada en Colombia.²⁴

No hay duda de que el texto que hemos reseñado posee datos y síntesis valiosísimos sobre la desaparición forzada en Colombia como ningún otro documento hasta ahora producido. No obstante, las limitaciones de análisis que presenta el CNMH, dado su carácter oficial y mandato legal, no permiten aprovechar al máximo esta información. Si bien los aciertos son muchos, no nos remitiremos a ellos y solo apuntaremos dos apreciaciones que a nuestro modo de ver cuestionan los análisis generales que presenta el informe. En primer lugar, el escrito adolece de expresiones terminológicas que ya le han sido criticadas al CNMH en anteriores publicaciones²⁵: por ejemplo, trasladar la responsabilidad del Estado a sus “agentes”, desligar al mismo de sus vínculos estructurales con el paramilitarismo (o en ocasiones endilgarle a este un carácter anti-estatal), equiparar grupos insurgentes y grupos paramilitares, evitar la nominación de “paramilitares” a los llamados “grupos pos-desmovilización”, justificar la privatización de los Derechos Humanos, entre otras, son ideas que atraviesan todo el documento y ponen de manifiesto los ejes articuladores sobre los cuales el CNMH está construyendo el discurso oficialista de la memoria del conflicto en Colombia. En segundo lugar, el informe ha obviado unas preguntas metodológicas fundamentales: ¿no parece obvio que, dados los objetivos de la desaparición forzada, su modus operandi, el perfil de los desaparecidos y las limitaciones de información de las fuentes es posible aproximarnos a una responsabilidad mayor del Estado y los paramilitares (aunque no en cifras exactas) en los más de 30.000 casos en los que no se conocen perpetradores? ¿Por qué amoldar como desaparición forzada crímenes que deberían ser tratados de manera singular? ¿Acaso hay necesidad de adjudicarles a las guerrillas hechos de desaparición forzada que maticen la gran responsabilidad estatal en la comisión de este crimen? ¿Categorías como “agentes del Estado”, “paramilitares”, “grupos pos-desmovilización”, “paramilitares junto con agentes del Estado” o “grupos pos-desmovilización unidos a agentes del Estado”, no se pueden englobar bajo ningún propósito común? Son estas preguntas las que encubren con un manto de sospecha un documento tan juicioso. Si el CNMH mantiene posturas menos intelectuales que propagandísticas, los derechos a la verdad y a la justicia no serán reparados ni a las víctimas ni a la sociedad colombiana en general. Si el Estado sigue evadiendo sus responsabilidades, aún en el discurso, ¿cómo podemos empezar a transitar por el camino de la reconciliación y las transformaciones sociales que se necesitan para superar el conflicto?