1. Introducción

Habiendo el Sr. Cura Vicario de esta Parroquia Dn. Miguel Marchiano hecho una donación de la cantidad de diez mil pesos m.c. á esta Municipalidad para ser invertida en ornato de esta iglesia, y siendo esto un acto que honra altamente á dho. Sr. Cura; esta Corporación en su sesión del 1° del corriente acordó un voto de gracia para dho. Sr. y al mismo tiempo participarlo al Superior Gobierno y á S.S.I. el Arzobispo de la Diócesis […]. Pedro Hugony, Secretario.¹

El relato de esta escena transcurre en el partido de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El cura a cargo de esa parroquia, el italiano Miguel Marciano, antes de partir definitivamente de allí decidió donar una suma de dinero a la Municipalidad, para que la misma la invirtiese en la ornamentación del templo. Este hecho, que no habrá resultado extraordinario en la cotidianeidad de las parroquias rurales, nos introduce en el análisis un elemento: el sostenimiento del culto y la religión en el espacio de la campaña bonaerense .Qué implicó y qué características tuvo dicho sostenimiento del culto en este espacio? ¿Quiénes intervinieron en dicho proceso?

En las últimas dos décadas hubo una enorme producción académica que permitió la renovación historiográfica sobre problemas como el proceso de construcción de la institución eclesiástica, el papel que jugó el clero secular, la administración diocesana y las creencias de las sociedades rioplatenses, imposible de abarcar aquí.² Ese conjunto de aportes complejizaron los análisis y habilitaron nuevas preguntas sobre el catolicismo y el clero. Específicamente sobre el período con el que nos trabajaremos aquí, la segunda mitad de siglo XIX, se fortalecieron los estudios para pensar la consolidación institucional de la Iglesia. De allí que se abarcaran nuevas regiones de análisis con problemas como el ejercicio del patronato provincial y/o nacional y algunas de sus cuestiones derivadas (sostenimiento del culto y libertad de cultos), las medidas laicizantes, la llegada de congregaciones religiosas extranjeras, la prensa católica, las misiones católicas, el incipiente movimiento laico o el anticlericalismo, temas todos que cobraron mayor relevancia en las agendas de trabajo.³

Los estudios sobre el sostenimiento del culto en la diócesis de Buenos Aires durante el período de la secesión⁴ han mostrado el funcionamiento del presupuesto de culto y analizado las partidas de dinero que el gobierno establecía anualmente dentro de su presupuesto general. También han observado el valor que tuvieron los “auxilios” económicos y contribuciones extraordinarias que el gobierno otorgaba principalmente a las parroquias de la campaña, o aquellas que necesitaban algún dinero con suma urgencia.⁵ Si bien todas estas contribuciones mencionan el papel que tuvieron las feligresías y comunidades locales en el sostenimiento del culto y la pastoral a través de recursos aportados por diferentes vías, consideramos que este tema aún no ha sido lo suficientemente desarrollado.

Los recursos que estas últimas aportaron representaron mucho más que “complementos” a las -a veces insuficientes- sumas del gobierno provincial.⁶ Desde la sanción de la Ley de Municipalidades, en 1854, estas inauguraron un nuevo régimen de organización y funcionamiento gubernamental que resultó central en la consolidación de la Iglesia diocesana. Creemos que el análisis de la relación que las parroquias tuvieron con los gobiernos locales puede resultar un aporte para repensar los procesos de centralización del poder provincial y eclesiástico.

Consideramos que los enfoques regionales y las reducciones en las escalas de análisis, permiten valorar las acciones individuales y colectivas en sus diferentes entornos y con los condicionamientos que estos imponen, no tan visibles en marcos más amplios. Teniendo en cuenta estas premisas, este estudio además de agregar nuevo conocimiento empírico, pretende aportar nuevas explicaciones en la relación Estado-Iglesia en Argentina.

El objetivo de este artículo es analizar qué papel tuvieron las municipalidades de campaña y las feligresías rurales (en muchos casos contaron con agentes superpuestos), en el sostenimiento del clero, el culto y la pastoral, principalmente en los curatos ubicados al sur del Río Salado.⁷ A diferencia de otros escenarios en los que el presupuesto de culto ahora cubría parte de los gastos corrientes del culto o el sueldo del párroco o capellán, en el espacio de la campaña, las feligresías continuaron con la dinámica participativa en relación al sostenimiento de la religión.⁸ En este período prosiguió el mismo mecanismo, potenciado por la gestión y administración de las corporaciones municipales.

Fue este modo de gestión y sostenimiento de los gastos del culto, lo que aceleró el proceso de construcción material y consolidación de la Iglesia de Buenos Aires, antes que la reducción de partidas de dinero por parte del Estado provincial con el propósito de que corran por cuenta de los fieles y municipalidades.⁹ El presupuesto de culto estatal y los recursos extraordinarios aumentaron significativamente en este período, permitiendo la construcción y refacción de muchos templos y el sostenimiento de actividades pastorales.¹⁰ Y aun cuando los aportes de las feligresías y comunidades locales “nunca resultaban suficientes” para afrontar todos los gastos, lo cierto es que durante estas décadas centrales de la segunda mitad de siglo, serán más que un complemento en el sostenimiento material de la Iglesia de Buenos Aires.

Privilegiando un enfoque que parte desde los espacios locales, buscaremos dar cuenta de la articulación de acciones entre municipalidades y comunidades locales y entre estas y el gobierno provincial, sin negar el cúmulo de conflictividades y tensiones que estas mismas generaron. El análisis de la normativa que reguló los aranceles eclesiásticos o las relaciones entre municipalidades y parroquias nos devuelve parte de la dinámica socio-religiosa que los estudios sobre estos temas, en general, no han abordado.

Si bien este análisis resulta insuficiente para elaborar un estado detallado de la situación económica del conjunto de parroquias de la campaña, el objetivo es evidenciar la dinámica económica de estos curatos y arribar a algunas aproximaciones generales, entendiendo que el escenario socioeconómico sobre el que realizamos el análisis es medianamente homogéneo en toda la región.

Además de los derechos de estola que los feligreses pagaban por los servicios religiosos, la recaudación de limosnas, donaciones y suscripciones por parte de los vecinos para garantizar las fiestas patronales, los montos que los municipios desembolsaron para el sostenimiento del culto, fueron muy importantes. Los costos del viaje del sacerdote que se instalaba en el nuevo curato, sus gastos de mantenimiento en los primeros meses, la compra de utensilios, enseres y ornamentos para el templo o las visitas que el obispo realizaba anualmente con un grupo de religiosos salieron las más de las veces de las arcas municipales.

En relación con las fuentes utilizadas en este trabajo, además de normativa oficial hemos consultado parte del Fondo Ministerio de Gobierno del Archivo de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo Levene” y algunos repositorios de dependencia municipal. El conjunto de este material nos permitió reconstruir las relaciones entre las municipalidades, las parroquias locales y el gobierno provincial. También se han analizado algunos libros de fábrica y otro tipo de archivos complementarios.

2. La Iglesia de Buenos Aires: reformas, reestructuración y expansión en el territorio

Con posterioridad al estallido revolucionario y aún en la década de 1820, en el contexto de la disolución del poder central y la constitución de los Estados provinciales, se emprendió una reestructuración en la organización eclesiástica y del clero en varias provincias del antiguo territorio rioplatense y con resultados distintos. Estas tuvieron lugar en Buenos Aires (1822), Mendoza (1823-1825), San Juan (1824) y Córdoba (con anterioridad, aunque sin ley de reforma) y formaron parte de un conjunto más amplios de “reformas modernizantes”.¹¹ Las mismas tuvieron algunos puntos en común: la supresión de los fueros eclesiásticos, la secularización de una parte del clero regular¹² y la supresión del diezmo.¹³ Una de las cuestiones que atravesó el debate de estas, consistió en la definición de un nuevo lugar para los clérigos, la Iglesia y la religión, en el orden que los nuevos sistemas políticos pretendían implantar.¹⁴

Las repercusiones y alcances que las reformas concretaron en la década de 1820, no se dieron de manera uniforme en todos los espacios, ni tuvieron la misma intensidad. En Buenos Aires estas “reformas modernizadoras”, contemplaron una reestructuración en el aspecto eclesiástico. Inspirada en el modelo de la Constitución Civil del Clero francés de 1790, la acción reformista redefinió el ministerio parroquial y sacerdotal tal cual se conocía hasta el momento, al considerar que la Iglesia formaba parte del engranaje estatal. De esta manera, el clero secular alcanzaba el estatus de funcionario estatal sostenido con las arcas del Estado provincial y las cuestiones eclesiásticas quedaban reguladas por este, con la conformidad de la jerarquía eclesiástica. Es decir, se estaba ante el inicio de la construcción de una Iglesia en clave “provincial”, tutelada y financiada por el nuevo Estado, forjando durante un largo tiempo, una relación de mayor dependencia y subordinación respecto de las autoridades civiles y las estructuras políticas.¹⁵

En relación con el sustento material del clero y el culto, y como señala María Elena Barral, este conjunto de reformas benefició casi exclusivamente al de la Ciudad, particularmente al alto clero. En el espacio rural de la campaña de Buenos Aires, el impacto de estas no redundó en beneficios a las parroquias y párrocos. Los fondos que el gobierno les destinó fueron casi excepcionales y estuvieron limitados a la reparación o construcción de templos y cementerios, la celebración de alguna festividad, el financiamiento de misiones interiores o el pago a capellanes de los fuertes más remotos de la jurisdicción. De esta manera, los párrocos en la campaña continuaron dependiendo de las primicias y aranceles pagados por sus feligreses, llegando a menguar incluso, en momentos convulsionados.¹⁶

Como se ha demostrado, en la segunda mitad de siglo, el Estado de Buenos Aires aumentó considerablemente el monto correspondiente al presupuesto de culto. Ya entre 1851 y 1853, por ejemplo, lo había hecho en un 219%.¹⁷ En términos de la relación porcentual con el presupuesto total del gobierno, aquel destinado al culto había pasado de 0.38% a 1.18% entre 1852 y 1861.¹⁸ A esto deben sumarse las partidas extraordinarias de auxilios económicos que no estaban incluidas dentro del presupuesto, pero que se anexaban con posterioridad para cubrir gastos eventuales o urgentes.¹⁹

Esto explica la transformación de la geografía eclesiástica de la campaña. A diferencia del período colonial o tardo colonial, la Iglesia no irá a la palestra en la fundación o solicitud de creación de curatos,²⁰ por el contrario, estos nacerán a partir de los intereses de los pobladores de la campaña y de la administración provincial en general, a los que la Iglesia se plegará.²¹ En el marco de un fervoroso auge asociativo, hubo una explosión de iniciativas orientadas a la refacción de viejos templos y la construcción de nuevos, que se concretó a partir del envío de fondos del erario público.

Entre los argumentos expresados por las autoridades municipales o jueces de paz para conseguir el financiamiento estatal, se destacaban aquellos que valoraban su función civilizadora y modernizante. “Es muy importante el rol que la Iglesia desempeña en la fundación de los pueblos, que sin párroco y sin templo no pueden adelantar jamás”, señalaba un folleto publicado por la flamante Municipalidad de Saladillo. Y en el mismo tenor, la de Junín le pedía a la Iglesia “llenar debidamente su delicado ministerio en este pueblo fronterizo en donde es más necesario que en otra parte para derramar continuamente sobre los instintos salvajes y sanguinarios de nuestros gauchos”.²²

De esta manera, la red institucional eclesiástica en la provincia se modificó sustancialmente en estas décadas: entre 1852 a 1885, por ejemplo, el número de parroquias pasó de 38 a 65.²³ Sin embargo, y más allá del notable crecimiento en el presupuesto de culto, hay que señalar que la prioridad del gobierno siguió apuntando a la cuestión militar, destinando allí la mayoría de los fondos. Esto fue en un principio, uno de los principales motivos para el retraso o abandono de muchos de estos proyectos y la insistencia del tema por parte de las comunidades locales.²⁴

3. Una urdimbre normativa: constitución, reglamentos y aranceles eclesiásticos

A partir de 1854 se aprobaron un conjunto de leyes y disposiciones tendientes a fortalecer el proceso de construcción institucional posrosista.²⁵ En primer término, ese año se sancionó la constitución provincial. Una muestra de la vocación centralizadora de las autoridades provinciales que todavía no lograban hacerse efectivamente con el poder, bajo un modelo de protección y control. El artículo 3° dejaba en evidencia los intereses gubernamentales respecto de la Iglesia, al declarar que el Estado de Buenos Aires era católico y por tanto costeaba su culto, al mismo tiempo que los habitantes “estaban obligados a tributarle respeto, más allá de sus opiniones religiosas. Al mismo tiempo, en el artículo 101 quedaba expresado que el gobernador ejercía el patronato en relación a las “iglesias, beneficios y personas eclesiásticas de su dependencia, con arreglo a las leyes”.²⁶

De 1854 es también la ley N° 35, que creaba y reglamentaba las municipalidades en tanto órganos descentralizados de la administración.²⁷ La ley con sus modificaciones (1873) mantuvo la dupla municipio-partido que no se dio en otras provincias y tuvo una importancia trascendental a lo largo de este período. Las municipalidades con una estructura de cuerpos colegiados marcaron el funcionamiento institucional del Estado en los espacios locales hasta su segunda reforma, en 1889.

Su proceso de instalación fue complejo, debido a las diversas trayectorias y configuraciones con que contaban los pueblos de la campaña, muchos de ellos fundados en el siglo XVIII. El necesario acomodamiento entre los jueces de paz y los propios municipales -ahora electos-, más de una vez generó o despertó tensiones latentes, debido a la concepción sobre la naturaleza de las municipalidades y las autoridades locales.²⁸

En lo que respecta a la relación con la Iglesia y sus funcionarios, la Ley de Municipalidades en su sección “para la Campaña” (“deberes de la Municipalidad”), estableció mínimas pautas (artículos 63 y 67) que luego fueron complementadas con dos reglamentos aprobados en 1856 y 1857. Los mismos resultaron muy importantes, porque delineaban las relaciones entre las parroquias y municipalidades de campaña. También instituían algunas funciones administrativas para los párrocos -que sin ser novedosas-, reafirmaban la responsabilidad de estos como agentes administrativos del estado provincial en el nuevo marco de organización municipal. Tuvieron fuerza normativa hasta bien entrada la década de 1880 y clarificaron las atribuciones de las flamantes corporaciones municipales en relación con el papel de los curas en el registro de las personas, algunas aristas de la administración del culto o las cuentas de fábrica, entre otras.²⁹

El Reglamento de 1856, sobre el que volveremos más adelante, fijaba la labor de la Municipalidad en su vínculo con el culto y establecía un horizonte de relaciones deseables entre estas, las parroquias y sus agentes. Por su parte, el de 1857 fijaba las áreas de actuación de los agentes religiosos en el ámbito familiar, foco de numerosos conflictos que trascendieron los espacios domésticos y procuraban resolverse frente a los curas y los jueces de paz. El artículo 1°, por ejemplo, establecía que los párrocos eran los “encargados de llevar los registros del estado civil de los habitantes del Estado, inscribiéndose en ellos los bautismos, nacimientos, matrimonios y entierros sucedidos en cada Parroquia.” También quedaron descritas las formas en que debían ser tomados esos registros (arts. 6° a 9° y 19°), las fechas de entrega a la Municipalidad (art. 27°) o la posibilidad de la corporación municipal de apelar al prelado diocesano o a la justicia de primera instancia, en caso de que los curas no elaboren dichos registros (art. 28°), entre otras.

4. La manutención de los curas en los espacios locales

La mayoría de las parroquias de la diócesis administraba su economía a partir de los derechos de estola y esto incluía la manutención de los curas.⁴³ En el caso de la campaña, por lo general, el Estado provincial dotaba de una renta a aquellos que se hacían cargo de alguna parroquia recién levantada, o cuando existían importantes dificultades económicas. Pero fueron las Municipalidades las que generalmente sostuvieron una renta para los párrocos, en los mismos casos o frente a situaciones extraordinarias. Su percepción tuvo notorias diferencias regionales (las rentas oscilaron entre los $ 200 m/c y los $1500 m/c mensuales), de allí las insistentes quejas y solicitudes que hubo al respecto.⁴⁴

En los pueblos había un interés particular por contar con templo y sacerdote, lo que generaba o aceleraba este tipo de instancias. Al erigirse una nueva parroquia, por lo general la municipalidad se hacía cargo de los gastos para la manutención de esta, durante el primer tiempo. Frente a la erección del curato de Junín y la provisión de su primer cura, el Obispo Escalada saludaba a esa corporación municipal por el beneplácito del acuerdo en “el que asigna de sus rentas la cantidad de mil pesos mensuales pa. el sostén del sacerdote, qe. ha de servir esa Iglesia, mientras que el Gobierno de la Nación ó de la Provincia, no le acuerde una renta competente”. Y añadía, en forma de deseo “espero que, con la asignación de esa Municipalidad y los productos de su ministerio, aunque pr. ahora deben ser escasos, los derechos de Arancel y la primicia que deben pagarle los labradores, podrá subsistir decentemente, y sostener el culto”.⁴⁵

Como parte de la misma cuestión, también asumían los gastos por las compras de los objetos necesarios para la instalación del párroco. Así lo manifestaba el obispo Escalada en otra nota enviada al juez de paz: “Según lo que Ud. me decía en su anterior, le remito la cuenta de los costos y gastos que se han ocasionado en la compra de aquellos objetos indispensables pr. ella. Verá Ud. que sus juicios son los más módicos posibles atendiendo á los escasos recursos de esa corporación”.⁴⁶

Entre 1869 y 1870, el extenso curato de Dolores se dividió en dos, luego de numerosos inconvenientes con uno de sus sacerdotes. Esto dio paso a la creación del curato de Ajó, con jurisdicción sobre ese partido y los de Tuyú y Monsalvo, de allí que la Municipalidad de Ajó solicitara la provisión de un sacerdote.⁴⁷ El entonces provisor Federico Aneiros, respondió que esto sería posible cuando dicha corporación busque los recursos para dotar la capilla de los útiles indispensables y garantice al sacerdote “su subsistencia y habitación en aquel lejano Partido”. La Municipalidad tomó cartas en el asunto y logró el cometido de contar con cura propio. Pero para ello debió apelar al gobierno provincial para que

en lo que queda del año cediese a esa Municipalidad los aranceles de graserías con cuyo ingreso se podrá hacer frente a las obligaciones contraídas, puesto que la autoridad [eclesiástica] ha enviado ya un sacerdote, se ha levantado una Capilla provisional, y ha sido necesario hacer gastos de consideración para los ornamentos.⁴⁸

En muchos casos, pasado un tiempo aparecieron imprevistos que no permitieron cumplir con los compromisos asumidos por las municipalidades, por lo que debieron ensayarse distintas soluciones. En general, cuando estas no podían hacer frente con una mensualidad para el cura, la primera alternativa fue solicitar el auxilio del gobierno provincial. Más de un año después de creada la parroquia de Ayacucho y con el cura viviendo allí, el gobierno municipal le pidió colaboración al gobierno, dando marcha atrás con los acuerdos previos a la erección del curato. Escribía el secretario municipal:

[…] esta Municipalidad hasta la fecha ha estado pagando la congrua para el sostenimiento del culto cuya suma asiende á mil tres cientos pesos m/c de los cuales mil recibe el Cura y tres cientos el Sacristán. Los pocos recursos con que cuenta la Corporación hacen que en lo sucesivo no pueda llenar este compromiso y recurre al S.E. el Señor Gobernador á fin que si lo tiene á bien se sirva costear la congrua hasta tanto la Municipalidad pueda hacerse de sus recursos.⁴⁹

En más de una oportunidad, el gobierno provincial tampoco contó con subsidios ni auxilios para asistir económicamente a los sacerdotes de las nuevas parroquias.⁵⁰ Cuando la Municipalidad de Tapalqué solicitó una mensualidad “para asignarle al sacerdote que deberá servir á la Iglesia que se ha construido por carecer esta de los recursos necesarios”, desde el gobierno respondieron que “no existe partida alguna en el Presupuesto á que pueda imputarse la asignación que se le solicita desde que está llena la designada pa. Curatos por lo que no ha lugar” y se comprometía a solicitarle a la Legislatura “una suma pa. la subvención que se pide.” Al no contar con esos aportes, la Municipalidad optó por proseguir con la compra de ornamentos, inaugurar el templo, solicitar al obispado el envío de un cura y asumir su manutención. En este caso, el inconveniente de “asegurar la congracia subsistencia del sacerdote” se salvó con una subvención mensual de $ 200 m/c acercada por la Municipalidad, más $ 800 m/c suscriptos al mismo fin por el vecindario”.⁵¹

Algo similar ocurrió con la parroquia de Bahía Blanca en 1869, cuando al no lograr cubrir el déficit de los gastos corrientes, el cura reclamó colaboración a la corporación municipal y esta, al no contar “con los recursos necesarios para atender á todos los gastos, solicitó la colaboración del Estado provincial. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue tajante:

Es la primera vez que se cobra al Gobierno por el Cura de un pueblo de Campaña el déficit que pueda resultar anualmente en la cuenta de la Fábrica de la Parroquia de que es Cura. Por este motivo cuanto por que el cura de Bahía Blanca tiene una subvención de mil quinientos pesos mensuales, la Contadª cree que V.E. no debe hacer lugar a lo que solicita.⁵²

En otra ocasión, el presidente de la municipalidad de Patagones consultó al gobierno provincial el modo de resolver un hecho, fundado en las diferentes interpretaciones que municipales y cura hacían de un artículo del “Reglamento de relaciones”. Al parecer, más de una vez el cura reclamaba “urjentemente la entrega de cantidades de dinero, en verdad moderadas, alegando insuficiencia de las entradas y el artículo 9° del reglamento de las relaciones, entre las Municipalidades y los curas”.⁵³ Y señalaba que mientras dicha corporación pudo, “se entregó lo solicitado” y que en este caso:

la Municipalidad ha expresado que no da al referido artículo 9° el sentido que le atribuye el cura, pues el parece comprender que siempre que le falte dinero debe dárselo la Municipalidad y esta comprende que en cierto período del año debe presentar el cura con el presupuesto y el calculo de entradas la demostración de un déficit, si lo hay, proponiendo los medios de llenarlo y que debe proceder del mismo modo en los casos estraordinarios”.

El gobierno avaló la posición de la Municipalidad y lo fundamentó en que el cura de allí tenía “una subvención de mil doscientos pesos mensuales”, por lo que la misma no tenía deber alguno “de darle sumas de dinero por incongrua de la parroquia desde que el Gbn. teniendo eso en consideración le pasa la suma, bastante en mi opinión, para su mantenimiento, a la que se agregan las entradas parroquiales y la limosna segura de las misas”.⁵⁴

Estos hechos muestran cómo las Municipalidades tomaron las iniciativas de solicitar al obispado la presencia de los curas y garantizar su manutención, así como el primer tiempo de funcionamiento de estas parroquias. Del mismo modo cubrieron los déficits de las fábricas, u otros gastos que implicaron un desembolso de dinero extra, como la visita y misión del obispo, o alguna fiesta religiosa.⁵⁵ Las solicitudes de dinero que los curas hicieron a las municipalidades alegando “motivos extraordinarios” o “por única vez”, sugieren que las dificultades económicas en estas parroquias no resultaron muy problemáticas, al punto de impedir el normal funcionamiento del culto. Las mismas tuvieron reiterados y efectivos canales de resolución local que fueron las municipalidades y/o las feligresías.

Por supuesto que esto no se contraponía con las subvenciones estatales que muchos de los curas rurales recibieron en algún momento de su tránsito por estas parroquias y que, de acuerdo con las fuentes, sus valores fueron entre $ 1000 m/c y $ 1500 m/c. Estos valores tuvieron diferencias regionales, vinculados a la variación de los índices de población e ingresos económicos de las mismas y al parecer no resultaron nada despreciables, teniendo en cuenta que a ello se sumaban los ingresos obtenidos por los derechos de estola y las limosnas.

5. Economía parroquial: gastos corrientes y servicios

La economía doméstica de cada parroquia quedó registrada en los libros de fábrica.⁵⁶ Estos asentaron el “haber”, proveniente del cobro por los servicios del culto y la pastoral y el “debe”, que incluyó elementos de uso cotidiano (cera, hostias, reparaciones de ornamentos y artículos litúrgicos), así como el pago a las personas que ofrecían servicios (cantores, sacristanes u organistas).⁵⁷

Desde su creación, las municipalidades ocuparon un lugar importante en la gestión y control de estos recursos y más aún en aquellos espacios donde pueblo y parroquia habían nacido casi al mismo tiempo.⁵⁸ De acuerdo al Reglamento para las relaciones entre municipalidades y parroquias, en cada Iglesia debía existir un “arca de tres llaves para custodia del caudal de fábrica” y las mismas debían estar en poder del cura, el municipal encargado de la sindicatura de la iglesia y un “bienhechor distinguido”, nombrado por esta última (art. 10).⁵⁹

De este modo, durante el mes de febrero los curas debían presentar ante la corporación municipal el balance de fábrica y una vez aprobado, remitirlo al Obispo para su visado y aprobación final. La municipalidad podía negarle el visto bueno al mismo y si esto sucedía -como ocurrió en más de una oportunidad-, la solución debía alcanzarse dirigiéndose “por un escrito a ella, alegando lo que crea ser de su derecho. Y luego recién, con las notas de conformidad u oposición de la municipalidad, se remitía la cuenta al Obispo (arts. 6 y 7).

Los siguientes cuadros fueron realizados a partir de los balances de fábrica de tres parroquias de campaña que contaban con un establecimiento de entre 50 y 15 años en este escenario.⁶⁰ El análisis de estos, complementados con otras fuentes, nos permiten reconstruir parte del funcionamiento de estas “economías domésticas parroquiales” y aproximarnos a algunas imágenes generales.

Cuadro N° 1 Balances de Fábrica. Parroquias de Azul y Tandil, año 1860 

Cuadro N° 2 Balances de Fábrica. Parroquias de Bahía Blanca y Tandil, año 1869 

Algunas cuestiones son significativas. En los ingresos de fábrica, los ítems de las “entradas” contabilizaron el cobro de los aranceles eclesiásticos y las limosnas. En el caso de las parroquias de Azul y Tandil, alcanzaron para sostener los gastos cotidianos del culto y la pastoral o tuvieron un escaso déficit. No así en los datos del único año que contamos para analizar la parroquia de Bahía Blanca. Aquí los ingresos resultaron ser magros y el déficit muy alto. Esto quizás pueda explicarse a partir de la densidad poblacional de las comunidades en las que estuvieron insertas estas parroquias: aquellas con un número de población menor que la media (como Bahía Blanca o Carmen de Patagones), percibieron una menor cantidad de ingresos para hacer frente a los gastos fijos de valores similares que tuvieron todas (servicios, infraestructura, otros).⁶¹

Las limosnas fueron otra fuente de ingresos para los curas y parroquias. Esta práctica estuvo muy arraigada en la campaña rioplatense del mundo colonial, sin embargo, para este período ya no conformará una “obligación de orden social”.⁶² Una parte de la feligresía mantendrá este ejercicio devocional, aunque su recolección dependerá del sacerdote y los lugares que él recorra, o las nuevas asociaciones conformadas para tales fines.

En la parroquia de Tandil, por ejemplo, durante algunos meses de 1858 existió una comisión de notables y vecinos a cargo de la administración de las entradas de fábrica por limosnas destinadas al mantenimiento del templo. Las mismas se reunieron en metálico (con valores que oscilaron entre $2 y $200 m/c.) y cabezas de ganado (yeguas, vacas y novillos). Su recolección se dispuso para la compra de elementos destinados al culto y el pago de servicios: “Relación de los individuos que con sus limosnas han contribuido para remediar á las más urgentes necesidades de la Capilla, á cuyo efecto fue nombrada una comisión […] cuyas actas originales y notas de lo recaudado ha sido por el infrascripto Cura depositadas en la Curia Ecca. para ser entregadas a quien corresponda”.⁶³

En los casos analizados resultaron muy escuetas y estuvieron reducidas a festividades o celebraciones particulares del calendario litúrgico: las novenas de ánimas y de la Concepción. En las parroquias de Azul (1860) y Bahía Blanca (1869) el valor de estas resultaron muy escaso, en relación a otros ítems y teniendo en cuenta que se trata del detalle anual: fueron de $210 m/c en la primera (sin detalles de la cantidad de personas o fechas de recolección) y $41 m/c en la segunda, recolectada en favor de la novena de ánimas.

Para el caso de Tandil, en 1860 aparece un listado de personas y la suma total del dinero ofrecido como limosna ($9377 m/c), recolectado en ese partido y en los de Lobería y Mar Chiquita. Mientras que, en 1869, la limosna recaudada fue de 840 m/c. Esta vez no figura el nombre de los feligreses, pero sí las advocaciones a las cuáles se ofrendaron las mismas: la Virgen (con montos de $ 70, $ 100 y $ 200 m/c), el Niño Dios ($ 70 m/c) y una última “de un basco” ($ 100 m/c) que no precisa más datos.⁶⁴

Las donaciones testamentarias y bienes muebles o inmuebles que feligreses, vecinos e incluso sacerdotes, solieran completar este rubro. En Carmen de Patagones, su párroco realizó una serie de gestiones ante la municipalidad y el obispado para lograr la venta de un terreno donado a la parroquia por parte del “finado feligrés Bernardo Bartruille”, para utilizar ese dinero en la ampliación y ornamentación de la capilla. El obispo Escalada, considerando “que dicho terreno no producía renta” y que era de suma necesidad “construir un templo espacioso y decente”, daba licencia al cura:

para la venta de dicho terreno en el mencionado precio que deberá destinarse a la Fábrica del Templo […]. Ordenamos que la Fábrica quede gravada con la obligación de hacer decir todos los años en el mes de Octubre un Novenario de Misas, con túmulo, cantada la última, por el que deberá dar al que la dijere la limosna de costumbre que deberá figurar en la cuenta corriente de la Fábrica.⁶⁵

Sobre los gastos de la fábrica, estos incluyeron un amplio abanico de elementos: los productos de uso cotidiano utilizados en la liturgia, el templo o el culto (harina para fabricar hostias, vino, aceite para el sagrario, carbón para el incensario, cera para las velas o leña para calefaccionar, entre otras), así como elementos de limpieza, papel para asuntos de despacho y materiales para el arreglo de imágenes o utensilios. Sobre los gastos de 1860, señalaba el cura de la parroquia de Azul:

Se han comprado botijuelas de aceite para las lámparas, vino, jerés y arrobas de cera, que son pagadas por las devotas de San José. Cuatro faroles para alumbrar la administración del Viático. Carbón para el incensario. Mariposas para las lámparas. Tiza y vinagre para la limpieza de los candeleros y escobas para barrer la iglesia. Velas de cebo y estearina. Alfileres y papel para adornar las velas. Una cuerda para la cortina negra que se extiende en la Semana Santa.⁶⁶

Es probable que las compras de estos elementos se hicieran sino en los mismos pueblos, dentro de algún circuito económico regional o dependiente de la Ciudad de Buenos Aires. La compra o restauración de utensilios y ornamentos (patenas, cálices, o corporales bordados), imágenes de bulto u otros objetos, tuvieron una proporción considerable de gastos corrientes de las parroquias.⁶⁷ Varios utensilios específicos vinculados a la liturgia (vinajeras, patenas, misales), además de ser costosos, solo se compraban en la Ciudad.⁶⁸

Las parroquias también demandaron trabajos y arreglos de techistas, carpinteros, herreros, lavanderas, carreros, encuadernadores e incluso pintores para la confección de estampas religiosas. Y también servicios vinculados con la liturgia, como el que prestaban los sacristanes. Seglares de confianza convocados y supervisados por los curas, para el desempeño de tareas del culto. Muchas parroquias contaron con sus servicios de manera permanente. Escribía el Gral. Rivas de Azul, al presidente Mitre: “hay un viejo soldado de la legión de voluntarios, que no sabe hablar castilla ni montar a caballo, lo que hace que no sea útil para el servicio de las fronteras. Pero es medio lego y como el cura se ha interesado, me solicitó lo ceda como sacristán”.⁶⁹ Al mismo tiempo, para ocasiones especiales como la celebración con niños, fiestas patronales o celebraciones especiales como podían ser la semana santa o la navidad, se contrataban cantores y organistas.⁷⁰

6. Consideraciones finales

En este trabajo hemos reconstruido la dinámica del sustento del culto y la religión en el espacio rural de la campaña bonaerense, durante el período de la secesión de Buenos Aires y las décadas siguientes. En este tiempo la Iglesia representaba un símbolo de civilización para el mundo rural de la frontera. Funcionarios estatales, religiosos y vecinos articularon un discurso en el que el concepto de civilización continuaba unido al de cristianismo, por lo tanto, el control y reforma de las costumbres no serían posibles sin la presencia de la Iglesia.

Los estudios sobre la construcción institucional de la Iglesia católica en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX en general han hecho hincapié en las disposiciones legales que unían a esta con el Estado. Desde un enfoque regional y privilegiando la reducción en la escala de análisis, aquí vimos cómo las municipalidades y feligresías -actores escasamente contemplados- resultaron centrales en el proceso de consolidación de la Iglesia decimonónica.

Los ingresos de dinero en estas parroquias si bien no fueron excesivos, resultaron suficientes y/o permitieron un tránsito quizás holgado, pero sin grandes sobresaltos en materia económica. Y fueron las corporaciones municipales y comunidades locales, quienes un papel preponderante en sostenimiento del culto y la pastoral del mundo rural bonaerense. Costearon el traslado e instalación de los sacerdotes a los curatos (muchos de ellas recién creados), así como su manutención en los mismos en los primeros tiempos. Realizaron gestiones ante el gobierno provincial e incluso otorgaron fondos propios, para el arreglo u ornamentación de los templos o la compra de enseres y utensilios cuando fue necesario. Las feligresías sostuvieron la pastoral y el culto a través del pago de las rentas eclesiásticas por los servicios religiosos. Pero también tuvieron una activa participación en la prestación de servicios y arreglos. la venta de materiales o la administración de las finanzas de fábrica.

Al mismo tiempo se analizó el entramado legal que delineó las relaciones entre las parroquias, las Municipalidades y sus agentes. Un conjunto de disposiciones que incluyó desde la constitución provincial, la ley de municipalidades (ambas de 1854) o los reglamentos estipulados para tal fin (1856 y 1857).

Consideramos que este tipo de estudios que centran la mirada en las relaciones entre las instituciones religiosas y de gobierno de los espacios locales y entre estas y la administración provincial, puede aportarnos algunas claves para repensar el vínculo Iglesia-Estado y procesos de largo aliento, como la construcción de la “Iglesia nacional” en la Argentina.