1. Introducción

Desde la aparición de la nueva historia política a la moderna prosopografía y el análisis de redes sociales, el estudio de los cabildos ha experimentado una importante renovación teórica y metodológica en la que los problemas políticos comienzan a ser analizados en función de los factores económicos, sociales y fiscales.¹ Recordando las enseñanzas de Francois-Xavier Guerra, uno de los principales desafíos que siguen enfrentando este tipo de abordajes radica en la necesidad de construir una historia social del poder, esto a través de la articulación de las estructuras con los acontecimientos y sus protagonistas.²

Si bien temas como el reformismo absolutista, o el propio estudio de los cabildos, desde hace mucho tiempo han estado presentes en la historiografía chilena, la mayor parte de dichos trabajos se hicieron a lo largo del siglo pasado, poniendo su acento en torno a cuestiones jurídicas e institucionales, como era común en la historiografía política de aquel entonces.³ Cabe destacar el carácter parcial de algunas de estas obras, muchas de las cuales parten de consideraciones verdaderamente simplistas en torno a la experiencia política del mundo colonial, supeditándola necesariamente a los procesos de independencia y la construcción del Estado nación. A la tradición nacionalista habría que agregar una marcada y manifiesta proyección desde el centro, cuya impronta sigue restando valor a las experiencias regionales y locales.⁴

De esta manera, si hacemos un contraste entre la producción pasada y los intereses más recientes de la historiografía americanista, vemos la necesidad de establecer nuevas luces en torno a muchos de los viejos problemas planteados por los historiadores tradicionales, particularmente en lo que respecta al funcionamiento de los organismos del poder locales y su interrelación con las instituciones regias a finales del antiguo régimen.⁵

A partir de lo anterior, nos ha interesado traer a colación un par de reflexiones en torno a la relación sinérgica que, a nuestro entender, se gestó entre la instauración del régimen de intendencias y la evolución de las corporaciones municipales indianas. Dicha situación se ha hecho especialmente visible en el caso de las sociedades fronterizas, tal y como revelan algunos estudios recientes. De ahí que, en lo que respecta al espacio colonial chileno, convenga detenernos en el caso del cabildo de Concepción, consejo emplazado en una región marginal de la capitanía general, pero con un papel estratégico, por situarse en el corazón de la frontera hispano-mapuche y en la puerta de entrada de la llamada Mar del Sur.

Ya desde mediados de la centuria la actuación de sus élites capitulares venía experimentando un marcado retroceso, producto de una serie de factores coyunturales y de naturaleza interna, lo que sumado a la instalación de las intendencias auguraba la completa subordinación de los intereses locales bajo la égida de la autoridad real. Lo cierto es que, tres décadas más tarde, el escenario era completamente distinto. Pese a su posición marginal y su nivel de subordinación frente a otras corporaciones provinciales, el cabildo de Concepción se había convertido en uno de los epicentros de la escena política del reino, fruto de su posición estratégica y la fuerte evolución económica que experimentó aquella región durante el último cuarto del siglo XVIII. El dinamismo de aquellas élites locales dio lugar a que muchos de sus miembros acabaran ocupando importantes posiciones en la nueva administración central hasta bien entrada la centuria posterior. Por el contrario, las intendencias perdieron completa legitimidad tras el vacío de poder que trajo consigo la crisis de 1808 y, de hecho, muchos de sus máximos representantes fueron exonerados o desaparecieron en el curso de los procesos revolucionarios. De ahí la importancia de volver sobre el estudio de los conflictos de poder que envolvieron a ambas esferas, desde la instauración de las intendencias hasta los prolegómenos de la crisis imperial, momento en el que comenzó a gestarse la descomposición de ambos organismos hasta su total disolución.

Nuestra investigación se desarrolla a partir de tres ejes temáticos. En una primera sección, caracterizamos el funcionamiento del municipio de Concepción durante los años previos a la instauración de las intendencias, a fin de poder identificar algunos de sus procesos internos y el cauce que tuvieron estos fenómenos en las décadas posteriores. A continuación, nos enfocamos en la composición interna del concejo capitular, analizando su proyección durante todo el periodo, destacando su papel negociador y, sobre todo, la enorme capacidad de adaptación y relacionamiento social de sus miembros. Seguidamente, analizamos las distintas transformaciones político-administrativas impuestas por los primeros intendentes de Concepción, destacando las reacciones, tensiones y conflictos de poder que originaron dichas medidas, como parte del entramado político que antecedió a la crisis monárquica. Por último, en las conclusiones, establecemos algunas hipótesis en torno al rol de los cabildos en la articulación de los primeros proyectos revolucionarios, entendido como el antecedente directo del proceso de descomposición al que hemos hecho referencia.

Para ello recurrimos a un amplio repertorio de fuentes documentales En primer lugar, recurrimos al reestudio de las actas capitulares, por tratarse de una de las pocas fuentes que se poseen para el estudio de este tipo de instancias en la frontera hispano-mapuche. Si bien se trata de registros relativamente pobres, en comparación con otros expedientes edilicios, dicho escollo documental nos ha permitido explotar todas las potencialidades que nos ofrecen este tipo de registros. Complementariamente, recurrimos a la revisión de correspondencia oficial, relativa a las intendencias y la capitanía general, sin perder de vista la dimensión privada de todos estos agentes, a través del análisis de los protocolos notariales y sacramentales, junto con un sinfín de documentación dispersa en repositorios chilenos y peninsulares.

2. Los desincentivos de la carrera municipal a fines del siglo XVIII

Las caracterizaciones que suelen hacerse de los cabildos americanos como los grandes teatros de la arena política local, sobre todo durante el primer cuarto del siglo XIX,⁶ ofrecen un marcado contraste con la situación que experimentaban algunas de estas corporaciones a finales de la centuria anterior. Tal parece haber sido el caso del municipio de Concepción, corporación creada a mediados del siglo XVI pero que, aún a principios del periodo decimonónico, constituía un espacio marginal y con una escasa gravitación en el quehacer político local y regional. Los pocos registros que hasta hoy se conservan -correspondientes en su mayor parte al último cuarto del siglo XVIII- nos dan cuenta de una institucionalidad municipal atrofiada, caracterizada por la improvisación y la precariedad. Ante todo, resalta el reducido número de capitulares, así como la existencia de un sistema de dotación monolítica, caracterizado por el predominio de los procesos eleccionarios, frente a la mínima injerencia de las operaciones venales, así como de otros mecanismos de ingreso (Ver Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia en base a Archivo Nacional de Chile, Sección Cabildos y Municipalidades, Municipalidad de Concepción (en adelante ANACC), Vol. 1.

Gráfica 1 Dotación del concejo capitular del cabildo de Concepción (1783-1810) 

Las autoridades centrales eran plenamente conscientes del problema. En 1784, por ejemplo, el gobernador del reino, Ambrosio de Benavides, conminó a los capitulares de Concepción a que, en adelante, procedieran a rematar los “oficios concejiles”, aduciendo a los beneficios que aquellas operaciones arrojarían a la Real Hacienda. Sin embargo, también advertía que, de no implementar dichas medidas, procedería a invalidar futuros procesos eleccionarios.

A un año de la misiva, y a tan solo un día de los nuevos comicios, los capitulares penquistas discutían así los nulos resultados de aquellas gestiones;

[...] siendo notorio haberse practicado por los señores oficiales reales de estas cajas las diligencias de carteles públicos, tasaciones y repetidos pregones de dichos oficios, y remitiéndose los autos de aquel superior tribunal, y que hasta la presente no se tiene la menor noticia de haberse rematado.⁷

Tampoco es que se tratara de un problema nuevo. En 1779, en el marco de las pesquisas iniciadas por el visitador general, Tomás Álvarez de Acevedo, el alcalde de Concepción, Mateo de Sotomayor, denunciaba igualmente la falta de postores a las varas municipales. El propio Sotomayor, fungiendo ya como alcalde ordinario, había tenido que ocupar el empleo de corregidor del partido -sin percibir sueldo alguno- en circunstancias que aquel cargo gozaba de un salario de 1.500 pesos anuales y la mitad del monto, en el caso de las nominaciones interinas.⁸

De ahí, entonces, que la falta de postores a los oficios vendibles, así como de candidatos idóneos para otros puestos de la administración local, parecían ser también un reflejo directo de la falta de incentivos económicos. Se trataba, además, de un problema generalizado y que afectaba no solo al cabildo. Durante la misma visita de Álvarez de Acevedo, el corregidor de Itata, Francisco Márquez, había señalado que, tanto él como los tres jueces rurales a su cargo, “[...] no tienen sueldo ni hay donde se les deba poner sin gravamen de la Real Hacienda ni perjuicio de vecinos”.⁹

Dos décadas antes, otro corregidor del mismo partido era enfático en señalar la raíz del problema;

[.] como estos subdelegados, u otros cualquiera que se nombran, no tienen salario, ni la menor recompensa por este trabajo, no quieren dedicarse, posponiendo sus negociaciones y ejercicios con que se mantienen a sí y a sus familias por aplicarse al servicio del Rey.¹⁰

Ahora bien, si obviamos el argumento de los mismos capitulares, en torno a que la falta de postores en los remates se debía a la ausencia se incentivos económicos, podríamos decir que los propios comicios libres constituían también una forma de frustrar la venta de cargos. En esencia, la provisión de cargos concejiles exclusivamente a través de elecciones constituía una estrategia propia de una pequeña oligarquía cuyo poder recaía directamente en la distribución y dotación de los distintos cargos del concejo, asegurando con ello su permanencia al interior de la institución.

A la falta de postores a los cargos públicos se sumaban problemas internos, relativos al funcionamiento del concejo. Así, los propios capitulares hacían gala de una escasa participación en las sesiones regulares y extraordinarias, muchas de las cuales se limitaban exclusivamente a los actos eleccionarios. A tal nivel parecen haber llegado las negligencias y la indiferencia de los capitulares en sus quehaceres, que en 1793 el intendente de turno, Francisco de la Mata Linares, reprendió con duras palabras “[.] la indolencia extrema en asistir a los Ayuntamientos el único día de la semana destinado para ellos”.¹¹ Acto seguido, el mandatario estableció un nuevo reglamento interno en el que se obligaba a los capitulares a asistir periódicamente a las sesiones, fijando para ello días y horas específicas en la semana, así como fuertes multas y sanciones para quienes contravinieran estas medidas.

También en este caso, hay que decir que esta suerte de decadencia del gobierno municipal no era exclusiva del cabildo de Concepción, ni tampoco ha de entenderse como una característica propia de ciudades marginales o periféricas. Por el contrario, ya desde los primeros estudios en la materia, se ha venido sosteniendo la generalidad de este fenómeno en todo el continente, como parte de las transformaciones políticas y legislativas introducidas por los Austrias desde el siglo XVII.¹² Con todo, sigue prevaleciendo la idea de que, en el caso específico de Concepción, dichos factores de inestabilidad tendrían su raíz en su carácter de ciudad de frontera, cuya escasa gravitación se proyectó por buena parte del periodo colonial, e incluso hasta bien entrado el periodo republicano. con una escasa gravitación urbana de Concepción durante el periodo colonial.

A parte de los procesos estructurales que experimentó la frontera del Biobío entre los siglos XVI y XIX, habría que sumar la fuerza de la naturaleza. Solo para el siglo XVIII, los distintos sismos y tsunamis que azotaron la región -en 1730 y luego en 1751- arrasaron con buena parte de su pequeño casco histórico, lo que obligó a la traslación de la ciudad a su actual emplazamiento, a orillas del río Biobío. Cabe recordar que el proyecto dividió profundamente al vecindario, por lo que la concreción final del traslado se realizó solo a finales de la década de 1760, ad portas de una de las últimas rebeliones araucanas (1767-1771) y en medio de la resistencia de una parte de la colectividad, que se negaba a abandonar las ruinas de la ciudad original.¹³

Lo cierto es que las características antes mencionadas coinciden al pie de la letra con las representaciones que las mismas poblaciones procuraban proyectar ante las autoridades centrales, por lo que creemos que estos antecedentes solo nos arrojan una mirada parcial y esquemática de la realidad económica y social de aquella región.

A los factores internos habría que sumar la importancia que adquirió el Pacífico sur durante este mismo periodo. Desde finales del siglo XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII, compañías holandesas y francesas inauguraron las primeras rutas de navegación y contrabando, integrando así los circuitos del litoral chileno y peruano en su largo periplo hasta las costas de California y la lejana Cantón.¹⁴ Unas décadas más tarde, la caza de cetáceos y lobos marinos atrajo la competencia de grandes compañías inglesas y bostonesas, allanando así el camino de lo que se ha venido a identificar como la “atlantización” del lago español.¹⁵

Ya con la apertura oficial de la ruta de Cabo de Hornos y tras la extensión del sistema de navíos de registro, en la década de 1740, la ciudad de Concepción comenzaría a insertarse de manera oficial en los circuitos del comercio ultramarino, hasta ese entonces monopolizados por las naves procedentes del Callao. En efecto, hasta la total abolición del Situado de Lima (1758), la ciudad y su hinterland reforzaban la imagen de un espacio marginal y débilmente integrado en los mercados internos y externos, por lo menos en lo que respecta al comercio legal. De hecho, parece ser que buena parte de su tradicional producción de trigos y vinos venía siendo absorbida por esta última contribución, esto a través de un solapado reparto mercantil que, en realidad, encubría un complejo sistema de tráfico ilegal entre navíos franceses y peruanos.¹⁶ Lo cierto es que, pese a los distintos proyectos implementados desde finales del siglo XVIII, la dependencia limeña y el contrabando extranjero siguieron siendo parte sustancial del comercio fronterizo, en la medida en la que los propios territorios indígenas -en el golfo de Arauco y en las costas, frente a la isla Mocha- constituían un verdadero entrepot en el derrotero que hacían las compañías extranjeras rumbo a China.

El posterior traslado y refundación de la ciudad de Concepción, desde su emplazamiento original en la Bahía homónima al valle de La Mocha, en las riberas del otrora confín del Biobío, obedecía no tanto a la inclemencia de las catástrofes telúricas, sino a la necesidad de las autoridades de reforzar la posición del centro urbano, de cara a su integración económica con los partidos del interior, así como su proyección como plaza portuaria. No por nada la nueva ciudad se situó anexa al puerto natural de Talcahuano, sitio que ya venía siendo utilizado por los contrabandistas franceses desde principios de la centuria.

En contraste con los planteamientos de la historiografía tradicional, en torno al desarrollo regional de Concepción durante las últimas décadas del periodo colonial, podemos decir que factores como la generación de riqueza y la participación de las élites locales en los grandes flujos del comercio exterior tuvieron un papel relevante en su posicionamiento a principios del siglo XIX. De hecho, durante el último tercio del siglo XVIII, se produjo una impresionante expansión aquel mercado regional, como lo demuestran las conservadoras series creadas por Marcello Carmagnani hace ya más de medio siglo. De acuerdo con sus cálculos, entre 1762 y 1778 las exportaciones de trigo pasaron de 630 a 3.332 toneladas, cifras que se habrían mantenido, por lo menos, hasta 1791, volviendo a aumentar durante la primera década del siglo XIX.¹⁷

Precisamente, durante las décadas que siguieron al auge cerealero es posible ver la emergencia de verdaderas oleadas de comerciantes, burócratas y militares, quienes comenzaron a hacer carrera y abrirse camino en el seno de aquel vecindario. La gran mayoría de aquellos individuos no solo contrajo alianzas matrimoniales con las familias locales. También cooptaron los principales cargos públicos y crearon lucrativos negocios en torno a sus respectivos empleos. Su participación en las distintas esferas del poder locales fue un factor clave en la consolidación de Concepción, tanto en los mercados interregionales como en la propia dinamización de su espacio interno.

El punto de partida de aquel ciclo podría situarse en la década de 1760, coincidiendo con el traslado de la ciudad, la última gran rebelión mapuche y, particularmente, con la expulsión de los jesuitas, lo que potenció la formación de un mercado de tierras y la puesta en escena de una nueva élite militar y mercantil¹⁸. Ya durante las décadas de 1780 y 1790, una segunda generación de potentados participaría en la consolidación de aquel núcleo regional, paralelo a una mayor presencia del aparato regio, tras la instauración del régimen de intendencias.

3. Radiografía de una oligarquía municipal

Desde principios de la década de 1780 y hasta el estallido de la revolución de 1810, más de setenta individuos pasaron por el cabildo de Concepción. Desde una óptica socio-profesional, aquel pequeño núcleo se hallaba compuesto mayoritariamente por comerciantes, seguidos de militares, abogados y antiguos empleados de la administración fiscal. A diferencia de otras zonas del reino, los mineros y hacendados eran prácticamente inexistentes. La ausencia de los primeros obedecía, básicamente, a la falta de grandes yacimientos de metales preciosos. Por el contrario, la escasa mención a la figura de los hacendados o los terratenientes obedecía, más bien, a la propia organización territorial fronteriza, caracterizada por la presencia de minifundios y, sobre todo, por la inexistencia de una clase subordinada de inquilinos o labriegos, como ocurría en las regiones septentrionales del reino.¹⁹

Por lo demás, una clasificación de esta índole no parece aplicar del todo al estudio de las élites indianas.²⁰ Hasta cierto punto, la mayor parte de los capitulares de Concepción podrían clasificarse perfectamente como terratenientes, en la medida en la que éstos basaban su riqueza en el agro y, sobre todo, en la posesión misma de bienes raíces, los que les servían de sostén y complemento en otras ocupaciones, ya sea en el comercio, el cobro de diezmos, el ejercicio de profesiones liberales o en alguna carrera eclesiástica o militar.

Una situación similar ocurre con las categorías castrenses, puesto que casi la totalidad de los vecinos notables poseían un grado militar, bien en los cuerpos veteranos apostados en la frontera, como en las milicias urbanas. Tras la instauración del sistema de milicias disciplinadas a lo largo de todo el continente,²¹ se produjo un considerable aumento de estos últimos cuerpos lo que, en el caso particular de Concepción, se tradujo en un estrecho sistema de colaboración y transferencias entre ambas esferas. Evidentemente, existía una clara diferenciación reglamentaria entre ambas denominaciones -el oficial veterano y el de milicias- pero hay que tomar en cuenta el fuerte pragmatismo de las autoridades, así como la confusión que se generó en la aplicación de ambos sistemas.²² También habría que destacar el peso que adquirieron las operaciones venales durante el último cuarto del siglo XVIII y cómo dichas prácticas -al igual que en el caso de los cabildos- acabaron socavando la vieja institucionalidad castrense, esto en función de la supeditación del estatus social por sobre la profesionalización militar. En efecto, durante el mismo periodo es posible comprobar cómo varios oficiales milicianos pudieron homologar sus grados al interior de los cuerpos veteranos, esto sin contar con las fusiones masivas entre dichas unidades durante los años previos al estallido de las guerras de independencia.²³

Si una clasificación de tipo socio-profesional levanta suspicacias, lo mismo ocurre a la hora de caracterizar a las oligarquías municipales en función de su origen americano o peninsular. Ambas acepciones obedecen, en parte, a las visiones tradicionales que aún se tienen en torno a las independencias, sobre todo en el caso novohispano, donde aquellos conflictos tuvieron un claro tinte social y racial. Distinta fue la suerte de los territorios del Cono Sur, donde los movimientos autonomistas y posteriormente independentistas fueron orquestados y encabezados por las élites urbanas, sin claras distinciones en torno al origen criollo o peninsular de aquellos conglomerados. Evidentemente, en la medida en la que los objetivos de aquellos movimientos fueron evolucionando, comenzaron a aflorar prácticas proselitistas y segregacionistas en contra de estos últimos.

En lo que respecta a la composición de los capitulares, la evolución es muy similar (Ver Cuadro 2). Como en los cabildos de buena parte del continente, la primacía la tenían los criollos, con un 82% de los miembros correspondientes al periodo 1782 1810. Con todo, hay que considerar que más de un 40% de aquellos criollos era hijo o nieto de peninsulares, la mayor parte de los cuales se había instalado en la provincia durante la segunda mitad del siglo XVIII. Buena parte de los peninsulares adscritos al cabildo pertenecían a esta última oleada, lo que nos ayuda a entender su origen geográfico. Un 53% de ellos eran de origen vasco o montañés, frente a un mosaico de individuos provenientes de distintos puntos de la Península.

Lo cierto es que tanto estos últimos, como la totalidad de los americanos, aparecen fuertemente vinculados a nivel de alianzas familiares. De hecho, más de un 74%, del total de los capitulares, compartía algún grado de afinidad o consanguineidad con otro miembro de la corporación. A esto hay que contar con que cerca de un 20% restante no arrojó información genealógica, por lo que la cifra ha de haber sido incluso más alta. Uno de los datos más relevantes -y que da cuenta de los vacíos legales del sistema- es que un 46% de las relaciones familiares identificadas correspondían a vínculos consanguíneos, vale decir, entre los miembros de un mismo linaje. En otras palabras, la mitad de los capitulares eran familiares directos, situación expresamente prohibida por la legislación municipal de aquel entonces (ver Cuadro 3).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2: Composición geográfica de los capitulares de Concepción, 1782-1810. 

Si bien las prácticas endogámicas eran una constante en las sociedades coloniales, la situación de las élites de Concepción puede obedecer a las características propias de una sociedad fronteriza, donde el predominio de las poblaciones indígenas, la baja densidad de población hispano-criolla y la “estrechez del lugar”, favorecían este tipo de uniones.²⁴ En este sentido, es posible conjeturar que el escaso número de capitulares y su grado de permanencia al mando de la institución, sentó las bases de un círculo cada vez más cerrado y exclusivo en el que los vínculos familiares ocuparon un papel esencial.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3: La endogamia de los capitulares del cabildo de Concepción, 1782-1810. 

Analizando la composición generacional de los capitulares de Concepción, no resulta difícil identificar la presencia de conglomerados de familias, así como de verdaderos clanes, con sucesiones que lograron reproducirse socialmente hasta bien avanzado el siglo XIX.²⁵ Sin duda, lo que más llama la atención es la composición y el dinamismo que asumieron estos grupos etarios, especialmente si proyectamos su grado de permanencia a lo largo del periodo estudiado. En efecto, hacia 1810 más de la mitad de los capitulares que habían ingresado durante las décadas de 1780 y 1790 ya había muerto o cesado sus funciones. Sin embargo, la mitad restante ya llevaba más de dos décadas operando al interior de la corporación, lo que dejaba un estrecho margen para el ingreso de nuevos miembros, al tiempo que mermaba enormemente las posibilidades de un recambio generacional.

4. Intendentes y capitulares

La escalada de tensiones y conflictos que desde finales del siglo XVIII y principios del XIX afectaron a las élites locales con los organismos del poder central puede ser entendida como un reflejo del rol protagónico que comenzaron a asumir los intendentes en el rumbo de los gobiernos locales. Si bien la situación del cabildo de Concepción da muestras de un desarrollo mucho más lento y tardío respecto a otras comunidades concejiles del continente, no significa que haya estado ausente de estas dinámicas. De hecho, su caso particular nos revela cómo buena parte de los conflictos suscitados en su seno acabaron sentando las bases del nuevo orden sociopolítico impuesto tras la llegada de los intendentes.

El nombramiento de Ambrosio O'Higgins como primer intendente de Concepción (1786) fue, en primer término, un símbolo de la continuidad de las élites locales. A diferencia de la mayoría de los intendentes de Indias, O'Higgins no era un recién llegado, puesto que su presencia en Concepción se remontaba a la década de 1760, cuando llegó a la ciudad como un efímero comerciante. Con todo, en poco más de una década, el irlandés logró forjar una brillante carrera militar, pasando de soldado de fortuna (1769) a brigadier de ejército (1783);²⁶ uno de los grados más altos de la oficialidad militar americana de aquel entonces.²⁷ De hecho, su nominación como intendente solo sería un peldaño en su meteórico ascenso a gobernador de Chile (1788) y, finalmente, virrey del Perú (1796). Por lo demás, su breve gestión como jefe político y militar de Concepción dejó entrever sus complejas relaciones con el concejo capitular. Si bien sabemos que a finales de la década de 1770 llegó a obtener la vara de regidor,²⁸ su relación más directa con el cabildo la entabló entre 1784 y 1785, esto en el marco de una serie de disputas originadas por su autoridad militar, frente a las prerrogativas del municipio.²⁹

De esta manera, la nominación de O'Higgins como intendente implicó también una extensión de aquellas mismas polémicas. A un par de meses de su reconocimiento, en septiembre de 1786, el mandatario convocó a una junta de corporaciones en la que presentó un amplio plan de reformas que incluían la creación de nuevas vías de comunicación, la desecación de lagunas, así como la creación de cuerpos de policía.³⁰ La propia corporación edilicia no se libró de sus planes, pues en la misma cita se encargó de nombrar reemplazantes a los empleos vacantes, hasta copar la totalidad de la dotación municipal. Tiempo más tarde, diseñaría un plan de refacción y ampliación de los edificios capitulares.³¹

Con todo, la situación más compleja se produjo durante las elecciones municipales de enero de 1787. Los nulos resultados obtenidos por el proyecto de remate de las varas concejiles -abandonado desde 1784- y la dotación del nuevo concejo capitular a través de comicios, fueron duramente imputados por O'Higgins, quien se negó a validar una nueva elección. Sosteniéndose en el artículo 8° del reglamento de intendentes,³² el gobernador procedió a designar unilateralmente a los alcaldes ordinarios, al alguacil mayor, así como a los alcaldes de la Santa Hermandad -unos 15 individuos en total- lo que fue acatado por el concejo, sin emitir reproche alguno.³³ Por lo demás, la reacción de los capitulares se haría sentir en los meses siguientes, a través de la no concurrencia al resto de las sesiones. Ninguno de los regidores se dignó a reconocer a los nuevos miembros del concejo. De hecho, la última reunión del año acabó realizándose en la propia casa del intendente y a ella asistieron únicamente los capitulares recientemente designados.³⁴ Las actas no nos ofrecen mayores detalles de la crisis, pero sabemos que ésta se extendió en los años venideros, pues no se hicieron nuevos registros sino hasta enero de 1790, cuando volvieron a celebrarse sesiones ordinarias, esta vez de la mano de un nuevo intendente.

La oposición de los capitulares a la nueva autoridad política perduró durante varios años, manifestándose en verdaderos actos de rebeldía y desacato. Así, los propios capitulares hacían gala de una escasa participación en las sesiones regulares y extraordinarias, muchas de las cuales se limitaban exclusivamente a los actos eleccionarios. A tal nivel parecen haber llegado las negligencias y la indiferencia de los capitulares en sus quehaceres que en 1793 el intendente de turno, Francisco de la Mata Linares, reprendió con duras palabras “[...] la indolencia extrema en asistir a los Ayuntamientos el único día de la semana destinado para ellos”.³⁵ Acto seguido, el mandatario estableció un nuevo reglamento interno en el que se obligaba a los capitulares a asistir periódicamente a las sesiones, fijando para ello días y horas específicas en la semana, así como fuertes multas y sanciones para quienes contravinieran estas medidas.

Los gobiernos de Francisco de la Mata Linares (1790-1795) y Luis de Álava (1795-1810) siguieron el mismo tenor que el de su predecesor. En el caso del primero, hasta diciembre de 1791 se sostuvo en el cargo con un concejo municipal designado por él mismo, práctica a la que continuaría apelando en los años posteriores. Por su parte, los quince años de gobierno de Álava habría que contrastarlos con los más de 6 años de ausencias intermitentes que este último presentó a lo largo de todo su mandato.

Las fugaces o hasta abruptas salidas protagonizadas por estos tres personeros fueron en gran medida amortiguadas por la impronta de sus tenientes asesores letrados, algunos de los cuales generaron un fuerte aliciente con la comunidad capitular, llegando a convertirse en los verdaderos intermediarios entre ambos poderes. Uno de los casos más conocidos es el de Juan Martínez de Rozas, abogado de origen mendocino, quien desarrolló buena parte de su carrera como secretario y asesor de los tres intendentes antes mencionados. A lo largo de casi un cuarto de siglo, Rozas tejió importantes vínculos sociales y políticos con el vecindario de Concepción, los que le valieron la desconfianza de sus propios superiores. Así, por ejemplo, en mayo de 1800, un receloso Luis de Álava escribía directamente a la Secretaría de Gracia y Justicia denunciando las irregularidades en las que incurría su subalterno;

[...] el citado asesor [Juan Martínez de Rozas] se casó en esta ciudad hace cinco años con doña María de las Nieves Urrutia y Mendiburu, hija de don José Mendiburu, el vecino más acaudalado de todo este reino, quien tiene abrazados los principales intereses del comercio de este pobre país, de modo que apenas habrá asunto de entidad en el juzgado que en directa o indirectamente no se halle interesado este sujeto, y consiguientemente implicado su yerno, el asesor.³⁶

La situación no podía ser más apremiante, pues el citado Mendiburu ocupaba, en ese mismo momento, la vara de alcalde. Un par de años antes, el poderoso comerciante, con el concurso de otros mercaderes y bajo el amparo del Consulado de Santiago, había interpelado el mando del alavés a raíz de una ordenanza que prohibía el comercio nocturno bajo el pretexto de cortar con una serie de ilícitos.³⁷

Precisamente, una variable que ayuda a entender el origen de las tensiones y la conflictividad entre ambas esferas dice relación con las políticas económicas implementadas por los intendentes. Durante el breve gobierno de O'Higgins se habían hecho algunas innovaciones en el cobro de algunas contribuciones, como fue el caso de las pulperías y los gravámenes adicionales al comercio exportador.³⁸ Por su parte, Mata Linares se abocó a mejorar la fiscalidad municipal, para lo cual reorganizó la administración, desahuciada desde la etapa anterior. Según se desprende de la documentación, los resultados de la nueva gestión parecen haber sido positivos. Así, en un lapso de dos años, entre 1793 y 1795, los ingresos municipales aumentaron más de un 200%, pasando de 3.260 a 10.298 pesos anuales.³⁹

Si bien estamos hablando de cifras marginales y muy inferiores a los montos recaudados por otras corporaciones municipales del periodo, aquellos resultados constituyen un avance impresionante si se los compara con los números obtenidos en los años anteriores. La evolución particular que experimentaron las rentas municipales nos ofrece, así mismo, el “aspecto vivo” de la institucionalidad edilicia, puesto que nos permiten reconstruir las distintas interacciones del núcleo político con su entorno.⁴⁰

Otros de los aciertos -o desaciertos, si se quiere- implementados por los intendentes decían relación con el fomento a la venta de empleos públicos, así como el intervencionismo al interior de los procesos eleccionarios. El remate y venta de cargos, de escasa relevancia entre los mecanismos de ingreso capitular en Concepción, estuvo siempre muy por debajo de los comicios. Con todo, la evolución de este tipo de prácticas durante el periodo de los intendentes da cuenta de su desarrollo cíclico, determinado por la injerencia de las nuevas autoridades políticas en la dotación de los concejos capitulares. Como hemos dicho, los comicios constituían una estrategia propia de los grupos oligárquicos, quienes justificaban así su permanencia en el poder.⁴¹ Por el contrario, la confirmación o desestimación de los candidatos electos por parte de los intendentes se transformó en un método de censura y coerción por parte de la autoridad central, tal y como ya ocurría con las designaciones unilaterales o las propias impugnaciones frente a algunos remates de varas concejiles.⁴²

En los comicios de 1795, por ejemplo, los capitulares no lograron llegar a acuerdo en torno a la elección del alcalde de segundo voto y del procurador general, tras lo cual fue el propio intendente quien procedió a elegir a los candidatos, nombrando para dichos efectos a Jacinto García Lermanda y Juan José de la Quintana, respectivamente.⁴³ La situación volvió a producirse al año siguiente. En esta ocasión, el regidor José María Martínez impugnó la elección mayoritaria en torno al alcalde de segundo voto y el procurador general, quedando nuevamente sujeta a confirmación del intendente. Este último ratificó la elección de alcalde, sin embargo, dejó en suspenso la de procurador general. A mediados de ese mismo año, fue adjudicada a Juan de Dios Puga, quien la obtuvo a través de un remate.⁴⁴

La imposición unilateral de individuos por parte de los intendentes no se limitó exclusivamente al cabildo pues, como se recordará, las nuevas autoridades tenían amplias atribuciones en la designación de los subdelegados y jueces de cada partido. En todas estas acciones es posible apreciar los distintos intereses en juego, desde las redes clientelares tejidas por los mandatarios al interior del vecindario, hasta el influjo de las jerarquías y los altos mandos.

El 30 de noviembre de 1794 Francisco de la Mata Linares designó a Francisco González Palma como subdelegado del partido de Itata, quedando a la espera de la confirmación real, así como del cese del subdelegado anterior, previsto para enero del año siguiente.⁴⁵ González Palma, a la sazón, un joven capitán de milicias de 21 años,⁴⁶ era hijo de Francisco González de las Barreras, teniente retirado del batallón de infantería Chile y arduo colaborador del pasado gobierno de Ambrosio O'Higgins. En 1787 este último lo designó alcalde de segundo voto del cabildo de Concepción, empleo en el que sirvió hasta el año siguiente. De ahí que, meses antes de la designación de González Palma por parte de Mata Linares, fue el propio O'Higgins -en ese momento gobernador del reino- quien ordenó al intendente realizar aquella nominación;

[...] ya que por enfermedad no se halla capaz de servir en este empleo su padre, Don Francisco González de las Barreras, esperando que con su protección e influjo, como vecino principal y de conveniencias cooperará con su hijo a aquel proyecto.⁴⁷

Podemos finalizar diciendo que, al menos, desde la década de 1790 -en concordancia con la aparición de los intendentes y el despegue económico y social del conglomerado urbano de Concepción- se produjo un proceso de concentración del poder político local. Dicho fenómeno se caracterizó por un aumento de la conflictividad interna y las constantes competencias de autoridad entre el concejo capitular y los intendentes. Mientras que los primeros apelaron a la mantención de las prácticas eleccionarias, como una fuente de legitimidad política, los mandatarios hicieron uso del intervencionismo y la venta de empleos para salvar los escoyos de aquel sistema cerrado. El aumento de la conflictividad capitular durante este periodo era así un síntoma de un mejoramiento de las expectativas sociales y económicas, en paralelo a un aumento de la competencia, como lo demuestra la reactivación de la venalidad.⁴⁸

A largo plazo, una de las consecuencias más importantes de todo este proceso acabó siendo la exclusión de nuevos miembros, así como la concentración del poder político en manos de esta pequeña oligarquía, situación que fue gestada y avalada por la propia institucionalidad borbónica. Para los marginados, en su mayoría nuevos migrantes, vecinos de oscuros orígenes o miembros más jóvenes de aquellas mismas familias, la imposibilidad de participar de las distintas instancias del poder locales se transformó en una fuente de frustración que, finalmente, se tornaría en una bandera de lucha tras la crisis de 1808.

5. Conclusiones

Las demandas de la “generación de 1810” no obedecían necesariamente a un sentimiento de ruptura ni de confrontación contra las oligarquías locales. En realidad, sus requerimientos eran los mismos que los enarbolados por los capitulares durante las décadas anteriores al estallido de la crisis monárquica: liberalizar los mecanismos de ingreso a las corporaciones urbanas, extendiendo las practicas eleccionarias y las distintas instancias de participación política; limitar la injerencia de los intendentes y gobernadores en el gobierno de aquellas mismas instituciones; fomentar la industria, reducir los tributos y liberalizar el comercio, este último de cara al naciente tráfico inaugurado por los buques angloamericanos en las aguas del Pacífico.

Todas estas reivindicaciones tomaron forma tras las noticias de 1808, de la mano del movimiento juntista. Creadas simultáneamente a ambas orillas del Atlántico, las juntas constituyeron una evolución de la institucionalidad municipal y una alternativa en la búsqueda de un gobierno representativo.

La rápida irrupción de estos proyectos puede ser entendida de mejor manera si analizamos las trayectorias que comenzaron a adquirir los concejos capitulares en la década anterior al estallido de la crisis. En el caso que nos compete, la progresiva ampliación de la base concejil del cabildo penquista obedecía a diversos factores, como el aumento de la venalidad, una mayor oferta en la dotación de cargos, así como el recambio natural de sus miembros. Lo cierto es que, pese a todas estas dinámicas, los nuevos capitulares de principios del siglo XIX -muchos de ellos, figuras clave en los posteriores procesos de independencia- solo constituían una cuarta parte de la corporación. De ahí que estos “hijos de su tiempo” no eran, precisamente, un núcleo político en ciernes, puesto que su experiencia se enraizaba por completo con las continuidades y las herencias seculares que arrastraban sus instituciones de origen.

En este sentido, no hay que olvidar que tanto los principios como la representación que dieron origen al régimen juntista provenían directamente de las corporaciones edilicias, en tanto constituían la principal fuente de soberanía ante el vacío de poder que dejó la crisis monárquica⁴⁹. Sin embargo, una vez constituidas, las juntas se posicionaron inmediatamente a contracorriente de las primeras, instituyéndose como organismos autónomos, con el rango de “superiores”, así como con una serie de funciones y atribuciones que las separaron diametralmente de la tradición municipal. De este modo, pasamos de un problema motivado por los mecanismos de representación y la necesidad de una mayor apertura al interior de los cabildos, a otro concerniente a la construcción de un nuevo proyecto político, completamente al margen de las institucionalidades municipal y absolutista.

No deja de llamar la atención el nivel de originalidad que caracterizó a estos nacientes organismos, así como la capacidad que tuvieron de albergar en su seno distintas tradiciones políticas, muchas de las cuales se proyectan hasta el presente. Por un lado, su estructura y funcionamiento no diferían con las del resto de las corporaciones urbanas de aquel entonces, manteniendo una representación estamental y sistemas eleccionarios que, si bien se ampliaron, tenían un patrón heredado de las viejas prácticas corporativas.

Menos dudas tenemos de las variables que se conjugaron en las tempranas crisis de aquellos movimientos. La tendencia de estas agrupaciones a la atomización dio lugar a continuas formaciones representativas, las que a su vez competían por el control de los territorios. En el caso chileno, la formación de juntas provinciales en Concepción y Valdivia, entre 1811 y 1813, revelan hasta qué punto la Junta Provisional Gubernativa de 1810 había dado lugar a una relación asimétrica, cuyos principales afectados fueron las élites provinciales, representadas por los cabildos, tal y como ocurrió en otras latitudes del continente.⁵⁰

Con todo, en aquel momento nos hallamos frente a una élite provincial política y socialmente homogénea y cohesionada, tanto en sus discursos como en sus estrategias de reproducción social y económica. Por la posición marginal de la región y la evolución de sus índices a lo largo del siglo XVIII, se trataba de un conglomerado social emergente y en claro proceso de crecimiento, cuyo principal motor estuvo dado por la expansión de la actividad comercial, a través del desarrollo de una agricultura de exportación -basada en la producción de vino y cereales destinada a los mercados peruanos- y la generación de mercados de consumo interno de manufacturas, de cara al gran espacio fronterizo.

Los conflictos entre capitulares e intendentes tuvieron su origen por una cuestión de competencias, sobre todo en lo que respecta a la dotación del concejo municipal. La injerencia cada vez mayor de los intendentes en el funcionamiento de las corporaciones edilicias se vio también reflejada en otros factores, como la periodicidad de las sesiones concejiles, la creación de ordenanzas y reglamentos municipales, muchos de ellos con injerencia en cuestiones de índole fiscal o de control de los espacios públicos. Por lo demás, todos ellos nos arrojaron pruebas ineludibles de un proceso dialéctico de imposiciones y mediaciones, en el que ambos poderes mantuvieron una negociación y un protagonismo constantes. Si bien, las intendencias tuvieron éxito en lograr construir un nuevo espacio de poder entre los virreinatos y las corporaciones urbanas, su precoz desarrollo les impidió resistir a los embates de la crisis. Los cabildos, en cambio, sufrieron paulatinamente la pérdida de soberanía fiscal y política, aunque a la larga lograron sobrevivir a los embates del reformismo y, al mismo tiempo, dar el puntapié inicial al proceso de revolución política.

La crisis imperial y el posterior estallido del movimiento juntista constituyeron una oportunidad real de participación para los grupos que disentían en torno a aquel sistema. De ahí que, entre 1808 y 1813, sea posible ver un accionar más o menos coherente y mancomunado de aquellas élites locales, destinado a controlar y luego a regular las instancias del gobierno central, rompiendo la brecha social -y ante todo generacional- que las separaba de los altos cargos gubernativos. En este sentido, el principal objetivo de las juntas provinciales no fue entablar una lucha contra las élites del centro, u otros potenciales enemigos. Antes bien, aquellos conglomerados buscaban asumir un rol protagónico en la generación del ideal de autogobierno gestado tras la implantación del régimen de intendencias.