1. Introducción

La libertad de imprenta, la producción de prensa y la gestación de una esfera pública fundamentada en la opinión fueron algunos de los aspectos más notorios con que empezó a forjarse el mundo moderno occidental (europeo) desde finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII¹. Dichos aspectos, a su manera, también estuvieron presentes y obraron de manera definitoria en la estructuración del nuevo orden político, social e institucional que empezó a configurarse en Hispanoamérica desde comienzos del siglo XIX tras la crisis de la monarquía española y la consumación de la independencia de las colonias que aquella poseía en América. Así lo testimonian las múltiples fuentes documentales que datan de aquella época y así lo corroboran los diversos estudios realizados por varios historiadores². Con respecto a la manera como esos aspectos empezaron a configurarse en la Nueva Granada, varias son las investigaciones que se han producido durante los últimos años. A más de los ilustrativos libros elaborados por Castaño³, Silva⁴, Peralta⁵ y Loaiza⁶, y de la amplia compilación de ensayos realizada por Ortega y Chaparro⁷, esos temas también han sido abordados en varios artículos y con diversos propósitos.

Tal es el caso de “La legislación sobre la libertad de imprenta en Colombia en el periodo de Independencia y en la naciente República: convergencias, debates y fluctuaciones” elaborado por Roger Pita; “Insurgentes o patriotas: opinión pública, libertad de imprenta y oposición política en la prensa grancolombiana, 1821-1823” realizado por Leidy Torres, y “La libertad de imprenta en la Nueva Granada: los juicios contra El Alacrán a mediados del siglo XIX”, autoría de Paola Ruíz. Estos artículos, tan sugerentes como ilustrativos, no solo dan cuenta del conjunto de leyes, decretos y demás normatividades que tanto las Cortes de Cádiz como las autoridades neogranadinas y colombianas expidieron para favorecer la libertad de imprenta y opinión desde el momento en que se gestó la crisis de la monarquía española y la independencia de las colonias hispanoamericanas, sino que enfatizan en el análisis de determinados problemas, tal y como se evidencia en los propios títulos de sus respectivos trabajos.

Enfatizado en la importancia política, institucional y social que dicha libertad tuvo durante aquella época, los citados autores argumentan, por ejemplo, que todos esos “esfuerzos normativos [que se hicieron] en procura de una expresión libre, fueron claves para el proceso de formación de una República basada en los principios de libertad y de igualdad;”⁸ que la prensa fue una forjadora de la esfera pública y del pluralismo político que empezó a tener lugar en el país,⁹ y que a pesar de la censura y todas las demás limitaciones que hubo en aquel tiempo para que las personas pudieran acceder al mundo de la cultura escrita (analfabetismo), la libertad de imprenta permitió que aquellas pudieran hacerlo gracias a la circulación de impresos y a la lectura en voz alta que se hacía en espacios públicos a los cuales solían concurrir.¹⁰.

Teniendo en cuenta dichos antecedentes investigativos, pero centrando nuestra atención en la relación que se tejió entre la reivindicación de la libertad de imprenta, la ruptura con el orden monárquico y la instauración del régimen republicano, en las siguientes páginas, y siguiendo los planteamientos metodológicos de la historia conceptual de lo político,¹¹ examinamos y describimos la manera y los términos en que a comienzos del siglo XIX algunos editores de prensa y varios partidarios y promotores de la independencia neogranadina reivindicaron y resignificaron esa mentada libertad no solo con el propósito de derrumbar el control y el monopolio que la corona española había impuesto sobre la imprenta, sino con el ánimo de legitimar la ruptura con el régimen monárquico, fomentar la instauración del régimen republicano, controlar el poder y la conducta política de quienes empezaron a desempeñarse como autoridades del naciente Estado republicano neogranadinocolombiano, y desfogar las inquinas y querellas políticas e ideológicas que fueron aflorando tras la consumación de la independencia.

2. Vindicar la libertad de imprenta como estrategia para deslegitimar el régimen monárquico

Aunque no constituían un grupo homogéneo y aunque no siempre persiguieron los mismos propósitos, intereses y procedimientos políticos, algunos de los hombres neogranadinos que empezaron a opinar, arengar y/o conspirar a favor de la ruptura con el orden monárquico que España había impuesto en América, si llegaron a compartir la idea de que esa empresa tenía que rubricarse con la exposición y el repudio de “todos los males” que ese orden le había causado a los pueblos americanos, siendo uno de ellos la prohibición de la libertad de imprenta. Pero ¿qué relación podía establecerse entre esta mentada libertad y “esos males” que ahora se denunciarían y repudiarían con tanta vehemencia, y por qué solamente hasta que se produjo la crisis de la Corona esos hombres decidieron decir lo que dijeron y actuar como actuaron?

Pues bien, aun cuando inicialmente la gran mayoría de pueblos y autoridades americanas expresaron y reafirmaron su fidelidad y lealtad al monarca español Carlos IV, y luego a su hijo Fernando VII, tras enterarse de que Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, había invadido a España y los había tomado como rehenes, no pasó mucho tiempo para que a lo largo del continente empezaran a proliferar posturas autonomistas que luego, y por fuerza de las circunstancias, desembocaron en proyectos independentistas. El corto tiempo que transcurrió entre mediados de 1808 y mediados de 1810 fue definitivo y definitorio de lo que terminó aconteciéndole al tricentenario orden monárquico-colonial español. Durante ese bienio, y a efecto de la cruenta guerra que se vivía en la península y de la imposibilidad de pactar acuerdos políticos con la élite peninsular, muchos “notables” americanos optaron por fomentar la conformación de Juntas de Gobierno que, aun cuando creadas en nombre del rey, terminaron convirtiéndose en formidables laboratorios para la creación y discusión de ideas, y para la toma de postura y decisión política¹².

Asimismo, y en virtud de la experiencia política e ideológica que fueron acumulando durante ese bienio, muchos de los hombres que conformaron o hicieron parte de esas juntas, lo mismo que aquellos que abrevaron en las ideologías y políticas que estaban en boga durante aquella época (liberalismo y republicanismo), poco a poco fueron optando por romper el tricentenario vínculo que los había mantenido unidos a España. Sus acciones y determinaciones fueron de enorme trascendencia histórica y política, pues con ellas, como dice Guerra, no solo allanaron el camino para construir el nuevo orden político e institucional, sino que, correlativamente, adoptaron, resignificaron y pusieron en circulación ese vasto universo de ideas y prácticas propias de la modernidad política en virtud de las cuales fue creándose esa nueva cultura política que, requiriendo de la libertad de imprenta para diseminarse, terminaría dándole sustento a la nueva institucionalidad republicana que acabó imponiéndose en casi todo el continente hispanoamericano.¹³

Habiendo decidido romper el vínculo con ese orden, y urgidos de legitimar su decisión, muchos de esos hombres centraron sus esfuerzos en crear y poner en práctica diversas estrategias de persuasión con el fin de convencer a la mayor cantidad posible de personas de que, para su bien y el de todos los pueblos, no había mejor opción que promover y consumar la independencia. En el caso de la Nueva Granada, y aduciendo que la prohibición y censura que la metrópoli había impuesto sobre la libertad de imprenta en América era uno de esos tantos males que aquella le había generado a los pueblos, varios hombres, obrando como impresores, publicistas y editores de prensa, y en algunos casos fungiendo también como promotores de la independencia, dieron rienda suelta a su imaginación y para difundir la idea de que la derogación de dicha prohibición no solamente era una cuestión fundamental para abolir el control y el monopolio que la corona española había impuesto sobre la imprenta, sino que lo era para legitimar la ruptura con el régimen monárquico.

Este, al efecto, fue el discurso que hombres como Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Diego Francisco Pradilla, José Fernández Madrid, Manuel Rodríguez Torices y otros más enarbolaron, eso sí, de manera diferenciada, con respecto a lo que era y debía ser la libertad de imprenta. Aunque no desconocían que la corona había permitido el ingreso de unas pocas imprentas al continente (México 1535, Perú 1584, Guatemala 1660, La Habana 1701 y la Nueva Granada 1739¹⁴), sabían que estas no solo habían sido de uso exclusivo de las autoridades coloniales, de las órdenes religiosas, y si acaso de algunos pocos hombres que habían sido “favorecidos por la gracia del rey” para acceder y hacer uso de ellas, sino que estas siempre habían sido usadas para mantener y reproducir el orden establecido, toda vez que, además de tener que ceñirse a los criterios, dictámenes y controles que las autoridades habían fijado para hacer uso de ellas (Reales Ordenes expedidas en 1785, 1788 y 1791¹⁵), los contenidos de los impresos siempre habían quedado sujetos a la inspección y censura que la corona y la iglesia habían impuesto a fin de que todo lo que se publicara estuviera en armonía con el orden social, cultural, ideológico e institucional existente.

Este, por ejemplo, fue el caso de los hombres que se dedicaron a crear o editar periódicos en el virreinato la Nueva Granada durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Más allá de que presentaran su actividad periodística con el rotulo de ser una labor orientada a “difundir la ilustración”, los editores y redactores de la Gazeta de Santa fe de Bogotá, capital del Nuevo Reyno de Granada (1785), del Papel periódico de la ciudad de Santa fe de Bogotá (1791) y de El Redactor Americano (1806) -estos últimos fundados y dirigidos por don Manuel del Socorro Rodríguez- no solo habían sido creados “con la licencia del superior Gobierno”¹⁶), sino que habían centrado sus esfuerzos en afianzar “la sana moral” y “las buenas costumbres” de la sociedad neogranadina, lo mismo que en glorificar los principios que guiaban el sabio gobierno monárquico y los métodos que habrían de seguirse y practicarse para lograr la prosperidad económica del reino.¹⁷

Sin embargo, y de acuerdo con lo que ha planteado el historiador Renán Silva, esa incipiente y controlada actividad periodística, publicitaria y divulgativa que se generó durante aquella época sirvió de vehículo para la difusión de una diversa serie de ideas que con el paso del tiempo contribuyeron a forjar nuevas mentalidades y formas de ver y concebir el mundo. Conocedores de la fecunda actividad científica y cultural que generó la ilustración en Europa, tanto los creadores como los lectores de esos primeros periódicos sentaron las bases de lo que ulteriormente se convertiría en una ferviente actividad, esto es, la edición y circulación de prensa, y también acopiaron e irradiaron (ciertamente dentro de su pequeño círculo social) un cúmulo de ideas en virtud de las cuales ellos mismos fueron adquiriendo una identidad de grupo que les llevó a concebirse como ilustrados o novatores.¹⁸ Asimismo, y aun cuando sus ideas y concepciones sociales y culturales continuaron siendo notoriamente tradicionales y conservadoras, con la actividad periodística que desplegaron, esos hombres fueron creando una atmosfera intelectual y política que, irradiada a través de la prensa y la tertulia, terminaría favoreciendo las acciones que ulteriormente acometieron los reivindicadores de la libertad de imprenta y de la independencia en su propósito de legitimar la ruptura con el orden monárquico y de validar la instauración del orden republicano.¹⁹

Aunque ciertamente no era algo nuevo, pues la reivindicación de la libertad de imprenta ya había sido invocada, y en algunos casos conseguida -aunque no de manera plena ni absoluta-, en la mayor parte de la Europa occidental gracias a los enormes cambios políticos, sociales y culturales que se generaron tras la invención misma de la imprenta y tras la gestación y despliegue de la Reforma protestante, de la expansión de las ideas de la Ilustración, del ascenso de la burguesía,²⁰ y de la consumación de la Revolución francesa,²¹ en el caso neogranadino, y a efecto de la situación política que se vivía, aquella se convirtió en uno de los conceptos y de los recursos políticos más persuasivos a partir de los cuales algunos editores de periódicos y promotores de la independencia (Nariño, Caldas y Lozano) pretendieron deslegitimar la pervivencia del orden monárquico y establecer y legitimar el orden republicano.

Conscientes de que la legitimación de esa empresa implicaba comunicar todo lo que se derivaba y orbitaba en torno a ella, pues solo así conseguirían los apoyos que requerían para consumar sus objetivos, esos hombres no solo empezaron a editar y a promover la publicación de periódicos mediante los cuales buscaron divulgar todo cuanto les fuera posible trasmitir sobre lo que ocurría en el virreinato, en el resto del continente y en la propia península, sino que, a través de esos impresos pusieron un especial énfasis en la vindicación de la libertad de imprenta. Ya fuera que la exigieran a propósito de sus propias reflexiones o que la destacaran basándose en lo que autores de otras latitudes (incluyendo a los de la misma España) habían indicado con respecto a ella,²² aquellos enfatizaron en que ella debía ser proclamada, acogida y defendida, tanto porque era un irrecusable derecho del cual habían estado proscritos los americanos, como porque era la única que podía garantizar la irradiación de la ilustración entre los pueblos y el conocimiento que los ciudadanos debían tener sobre los asuntos políticos del virreinato.

Razones, dijeron, no les faltaba para argumentar sus declaraciones, y a tal efecto echaron a andar su proyecto. Aunque no es claro si tuvieron pleno y oportuno conocimiento del Decreto sobre libertad política de la imprenta que las Cortes de Cádiz emitieron en noviembre de 1810 con el fin de facilitar la publicación de textos (eso sí, con algunos impedimentos y bajo la premisa de que los impresores y editores tendrían que responder por lo dicho en sus publicaciones),²³ lo que sí resulta evidente es que desde antes de que ese Decreto fuera emitido, algunos editores y publicistas neogranadinos ya habían empezado a publicar sus ideas sobre la urgencia y necesidad de que la libertad de imprenta fuera acogida y practicada. De esa manera, y actuando con sesudo cálculo político, empezaron a resignificar el sentido, contenido y propósito que debía tener la vindicación y puesta en práctica de la libertad de imprenta. Esto, por ejemplo, fue lo que destacó Francisco José de Caldas en su Semanario del Nuevo Reino de Granada, periódico creado en 1808 y uno de los que más influencia tuvo en cuanto a la difusión de las ideas científicas y políticas del momento.²⁴ La publicación de periódicos, dijo, no solamente debía permitirse por cuanto que estos eran “útiles á todo pueblo civilizado”, sino porque eran necesarios en los momentos de convulsión política como los que estaban viviéndose en el reino, pues por medio de ellos era que podía difundirse los principios políticos, inspirar la unión, calmar los espíritus, tranquilizar las tempestades y disipar las dudas y temores que surgían a propósito de dichas situaciones.²⁵

Su declaración, tan elocuente como estratégica, llevó implícitas varias finalidades. Por una parte, y siendo este su propósito fundamental, Caldas buscó vindicar la libertad de imprenta persuadido de que así no solo podría dar a conocer las ideas y razones por las cuales se legitimaba la independencia, sino que, difundiendo esas ideas y razones, los independentistas lograrían ganar el apoyo popular que requerían para consumar su causa. Por otro lado, y ya fuera que pudieran leerlos directamente o que los conocieran escuchando a quienes sabían leer, con la emisión de ese tipo de mensajes Caldas pretendía tocar los corazones de los destinatarios haciéndoles notar que el lamentable estado de su atraso intelectual se debía, precisamente, a la prohibición de imprenta que España había impuesto en América. En tal sentido, y siendo esta una declaración meramente formal, pues hombres como él si acaso confiaban en la capacidad intelectual de los de su clase, la vindicación de la libertad de imprenta no solo se validaba por ser el expedito recurso a través del cual los neogranadinos podían salir del piélago de ignorancia en que España los había hundido, sino que, para lograr ese objetivo, era necesario romper el vínculo con la metrópoli.

Notoriamente similar fue el propósito que persiguieron José Fernández Madrid y Manuel Rodríguez Torices, editores de El Argos Americano, otro de los primeros y más importantes periódicos que se produjeron en ese momento, al vindicar la libertad de imprenta como un derecho y como un recurso de acción y persuasión política que habría de ser utilizada con el fin de legitimar la ruptura con el régimen monárquico. Tras haberse declarado la independencia, los neogranadinos no solo tenían la oportunidad, sino el derecho y hasta la obligación de crear los medios de comunicación que se requerían para irradiar sus ideas, fijar las bases del nuevo orden y calmar las incertidumbres que la crisis de la corona había sembrado en los pueblos. Tal cosa, adujeron, debía hacerse bajo la consigna de que, hallándose en tal situación, los pueblos no solo tenían el derecho a enterarse de lo que sucedía, sino que, a tal efecto y haciendo uso de la libertad de imprenta, los líderes de la independencia tenían el desafío y la obligación de actuar para uniformar las ideas y fijar la opinión pública a través de los periódicos.²⁶

Correlativamente, los editores del Aviso al Público, un periódico creado en Bogotá en 1811 bajo la dirección del padre Diego Francisco Padilla, también entraron en la discusión del tema publicando los extensos e ilustrativos conceptos que un anónimo autor había expresado sobre el tema en la propia España. Publicado sin un título en particular, el artículo, elaborado a manera de respuesta a alguien que se identificaba con las iniciales G.F, y quien había escrito un texto titulado Reflexiones sobre la libertad de prensa, hacía referencia a los nocivos y lamentables efectos que la prohibición de la libertad de imprenta le había aparejado a la propia nación española. Al efecto, y siendo opinión que los editores del Aviso vindicaron e hicieron suya, el polemista destacaba que la prohibición de la libertad de imprenta no solo facilitaba que los censuradores impidieran que los ciudadanos pudieran acceder y disfrutar de tan preciado bien, sino que era, precisamente, la causa fundamental del atraso intelectual que vivían los pueblos dominados por España y de la tiranía que esta, o mejor dicho, sus gobernantes, habían desplegado contra aquellos.

El argumento, tan categórico como aleccionador, indicaba que una nación que gozaba del derecho de libertad de imprenta no solo lograba mantener a raya a los gobiernos que pretendieran abusar de sus facultades, en tanto que gracias a ella podía exponerlos ante los tribunales de la opinión pública por la comisión de delitos y por sus arbitrarias e inmorales actuaciones, sino que constituía uno de los más valiosos instrumentos con que podían contar las sociedades para la difusión de las ideas y para la ilustración de los pueblos. En virtud de tales consideraciones, y teniendo como propósito deslegitimar el orden de cosas que el régimen monárquico español había impuesto contra su propio pueblo, los editores del Aviso, apropiando las ideas del citado polemista, buscaron sentar una categórica conclusión mediante la publicación del texto: tanto el ostracismo intelectual en el que permanecían los pueblos, como el desconocimiento de sus derechos y su imposibilidad para reclamarlos, eran resultado del despótico gobierno español y de su arbitraria negación a permitir la libertad de imprenta:

Á qué debe atribuirse la mala educación, sino á la falta de luces, y al entorpecimiento en que nos tenia sumergidos el Gobierno, estorbando que la nación conociese sus derechos, y reclamase por medio de la Prensa? ¿Qué educación podían recibir, ni qué actividad desplegar, unos hombres encorvados baxo el yugo del despotismo, que desde el Trono se extendía á todas las autoridades, las quales también por su parte la exercian impunemente, confiadas en que ninguno se atrevería ni podría descubrir sus maldades denunciándolas al tremendo Tribunal de la opinión pública, porque estaba impedida y dependía de ellas la facultad de pensar, hablar é imprimir [?]²⁷

Con la publicación de ese tipo de disertaciones, y contrariando a quienes justificaban la censura y prohibición en virtud de los males que la libertad de imprenta supuestamente podía generar para el orden establecido, esos hombres procuraron destacar que dicho planteamiento no solo carecía de fundamento, sino que daba cuenta, por sí mismo, del despotismo y la tiranía que caracterizaba al régimen monárquico y a quienes se beneficiaban de él. La prohibición de la libertad de imprenta, dijeron, era uno de los peores y más perjudiciales males que los regímenes despóticos podían hacerles a los pueblos, pues de esa manera les negaban su derecho a ilustrarse. Esa prohibición, agregaron, era la más nefanda arma que aquellos solían usar para oprimir a sus propios siervos, pues con ella, indefectiblemente, afirmaban su tiranía y despotismo. Persuadidos de que con la reivindicación y adopción de la libertad de imprenta ayudarían a minar el despótico orden que la corona española había impuesto en la Nueva Granada, los editores y colaboradores del Aviso al Publico apropiaron y expusieron insistentemente esa moderna e ilustrada idea afirmando

Que la verdadera libertad de Imprenta sea el mayor freno de la tiranía y de la inmoralidad, solo pueden negarlo los que por la limitación de sus conocimientos no alcanzan a penetrar su maravillosa influencia. En efecto, si hubiera sido libre el uso de la Imprenta, ¿hubiera llegado la nación al grado de abatimiento á que la redujeron el despotismo y los extravíos de una larga serie de reyes ineptos que la han gobernado?²⁸

Convencidos de la validez y posibilidad de su proyecto, y valiéndose de cuanta fuente de información les fue posible acopiar y usar para afianzar sus ideas, esos y otros editores de prensa continuaron vindicando estratégicamente la libertad de imprenta a fin de que esta sirviera para validar y catalizar la ruptura con el régimen monárquico y, al mismo tiempo, para legitimar la creación del nuevo orden político e institucional que habría de instaurarse en el otrora virreinato de la Nueva Granada. Insistiendo en que la libertad de imprenta era un derecho al cual debían tener acceso los hombres y los pueblos para poder liberarse de las cadenas que los mantenían oprimidos por el despotismo monárquico y por la ignorancia a que este los había sometidos, esos hombres, como también las autoridades provinciales, empezaron a fomentar la creación y puesta en circulación de todo tipo de periódicos, libelos, folletos, folletines, catecismos políticos y demás medios de información, divulgación y propaganda que sirvieran para acometer ese propósito.

3. Usar la imprenta para difundir la legitimidad del nuevo orden

Necesitados de difundir las ideas que habrían de cimentar el nuevo orden político e institucional, y convencidos de que la prensa era el medio más expedito para acometer esa obra, las autoridades y los editores de prensa empezaron a dinamizar la producción y circulación de periódicos en distintos lugares del país con el convencimiento de que a través de ellos lograrían su cometido. Según lo expresó Francisco José de Caldas en su recién creado Diario Político de Santa Fe de Bogotá, y siendo divisa enarbolada ulteriormente en similares términos por otros publicistas,²⁹ la patriótica e ineludible misión que ahora debían realizar “los fránklines y washingtones” criollos habría de consistir en “difundir las luces, instruir á los pueblos, señalar los peligros que [los amenazaba] y el camino para evitarlos, fixar la opinion, reunir las voluntades y afianzar la libertad y la independencia.” Esta trascendental labor, dijo, “solo [podía] conseguirse por medio de la imprenta,” y especialmente a partir de la impresión y difusión de periódicos, en tanto que estos eran los más expeditos y adecuados medios de comunicación para cumplir esa tarea, dada “la brevedad de sus discursos, el laconismo y la elección de las materias” que en ellos se exponían.³⁰

Con esa premisa, varios fueron los proyectos periodísticos que desde entonces se fomentaron en algunos lugares del país. En Cartagena, Santa fe de Bogotá y Popayán empezaron a hacerse encomiables esfuerzos para elaborar y publicar periódicos con el fin de informar a la gente sobre lo que iba sucediendo dentro y fuera del territorio neogranadino, pero sobre todo con el objetivo de difundir la opinión que editores, gobernantes, remitentes y colaboradores pretendían exponer sobre los más diversos asuntos de interés público, y especialmente sobre los que se relacionaban con la instauración y proyección del nuevo orden. Así lo expresaron los editores de la Gazeta Ministerial de Cundinamarca al indicar que el objetivo de ese periódico era “Dar noticias puntuales del estado actual del Gobierno en lo interior, dar también á luz las que lleguen de otros Gobiernos con quienes se tenga, ó se deban tener mutuas relaciones (…); fixar la opinion pública, principalmente en favor del sistema gubernativo que se adapta; [e] inspirar virtudes políticas en los Ciudadanos (…).”³¹

A más de los periódicos antes enunciados y de las Gacetas elaboradas por las autoridades provinciales a través de las cuales empezaron a publicarse los actos oficiales, durante aquellos años fueron creándose otra serie de impresos que, además de informar sobre los hechos políticos que iban acaeciendo, también se convirtieron en el medio fundamental para la emisión y difusión de las opiniones que sus editores, colaboradores y remitentes profirieron respecto de los más diversos asuntos de “interés público”.³² Esto, ciertamente, fue lo que se hizo a través de La Constitución Feliz dirigida por Manuel del Socorro Rodríguez, La Bagatela creada por Antonio Nariño, El Argos Americano editado por José Fernández Madrid y Manuel Rodríguez Torices, el Semanario Ministerial del Gobierno de la Capital de Santafé en el Nuevo Reyno de Granada creado en 1811 cuando el gobierno del Estado de Cundinamarca estaba presidido por Jorge Tadeo Lozano, y otros periódicos bautizados con tan sonoros y significativos nombres. Con más o menos detalle, mediante esos periódicos sus editores y remitentes narraron con apasionamiento las vicisitudes que condujeron a la independencia,³³ hicieron minuciosos registros de los actos políticos y oficiales que las autoridades de las distintas provincias neogranadinas fueron realizando,³⁴ describieron las dinámicas que tuvo la guerra que se desató a lo largo y ancho del virreinato,³⁵ e informaron sobre lo que ocurría en otras latitudes de América,³⁶ e incluso sobre lo que acontecía en el viejo continente.³⁷

Asimismo, y siendo este uno de los aspectos que más destacaron a propósito de su actividad periodística, esos hombres emitieron las opiniones que tenían sobre la misión que la prensa debía cumplir en cuanto a la difusión de las ideas en virtud de las cuales habría de legitimarse el nuevo orden y sobre la labor que ella debía desempeñar con el fin de difundir, por no decir que inocular, las nociones de patria, república, ciudadanía, ley, constitución, sufragio, libertad, justicia, igualdad y, desde luego, libertad de imprenta, que las personas y los pueblos debían incorporar como parte de su nuevo lenguaje político. Claro ejemplo de dicho cometido fueron las diversas, imaginativas y didácticas apologías y admoniciones que desde entonces empezaron a hacerse a través de la prensa sobre las bondades de la república y sobre las responsabilidades morales y políticas que los ciudadanos adquirían bajo este nuevo orden:

No será pues extraño, que quando tratamos de fundar un nuevo sistema político, que pueda hacer florecer nuestra patria, fixemos las máximas que deben servir de base á la conducta de un buen ciudadano. El buen Patriota es generoso, y parte con sus semejantes los bienes que le ha dispensado la fortuna. No puede ver cerca de sí la miseria, y procura esparcir la abundancia en todos los que le rodean. Él no apetece vanos honores ni títulos, y cree que la virtud es la que mas engrandece al hombre. (...) Se desvela en la educación de su familia; procura enseñar á sus hijos algún arte u oficio que enriquezca la sociedad, para que no le sirvan de carga. (…). Se olvida de sí mismo por bien de la Patria; desempeña con amor y desinterés el empleo que ella le confía.³⁸

Pero a más de servir para difundir ese tipo de ideas, y en virtud de las contingencias y vicisitudes bélicas y políticas con que se signó el proceso de independencia, la prensa también se convirtió en uno de los medios fundamentales a través de los cuales sus editores, y también los regentes del nuevo orden, azuzaron los sentimientos de identidad que pretendían despertar entre los neogranadinos y animaron a los hombres que engrosaron las filas de los ejércitos para que llevaran la guerra hasta sus últimas consecuencias. Esto, por ejemplo, fue lo que hizo y dijo Antonio Nariño a través de las páginas de La Bagatela, y de la misma manera procedió Jorge Tadeo Lozano, editor de El Anteojo de Larga Vista, en respuesta a quienes expresaban opiniones contrarias y pesimistas sobre la posibilidad y el derecho de que los independentistas consumaran la emancipación. Advirtiendo que su periódico solamente saldría al público cuando hubiera que destacar asuntos realmente importantes que fueran de utilidad para la comisión de ese propósito, Lozano indicó:

Compatriotas, el grande empeño de nuestros enemigos está reducido á hacer infructuosa nuestra transformación política. Todo su interés es ponernos en un estado de desaliento y desesperación tan crítico y aflictivo, que los mas acrisolados patriotas crean la causa perdida (…); pero yo por contrario espíritu, trato de alentaros y de haceros ver con exemplos palpables que no solo podéis en el estado actual haceros independientes, sino aun quando os hallaseis mas debiles de lo que os ha puesto la guerra que habéis sostenido contra esos furiosos monstruos [los realistas].³⁹

Con base en esas determinaciones, opiniones y reivindicaciones, y claro, también en virtud de las condiciones políticas e institucionales que se suscitaron tras la declaración de independencia y la instauración de la república, la producción de prensa, amparada en la ya constitucionalizada libertad de imprenta, pareció encontrar un nicho favorable para su proyección. Sin embargo, y dadas las contingencias políticas y bélicas que se vivieron entre 1815 y 1820, la empresa periodística tendió a contraerse debido a los férreos controles que impuso el restaurado orden colonial que el general Pablo Morillo reinstauró durante aquellos años. El retroceso radicó en el hecho de que, a efecto de las disposiciones tomadas por el mentado general, no solamente se proscribió la libertad de imprenta que los independentistas habían enarbolado y defendido con determinación, sino que las pocas imprentas que había en la Nueva Granada fueron confiscadas y sus editores perseguidos, desterrados, encarcelados o asesinados. A lo sumo, y siendo un periódico que apenas circuló entre las autoridades realistas, el restaurado régimen solamente permitió la publicación de la Gazeta de Santa fe, capital del Nuevo Reino de Granada, órgano oficial del gobierno dirigido por Morillo, en la cual si acaso se dio a conocer uno que otro asunto relacionado con la vida y la cotidianidad de las provincias, y más bien si un amplio despliegue a la difusión de las decisiones gubernamentales y a las noticias provenientes de Europa, e incluso de la lejana y desconocida China.⁴⁰

Empero, y luego de un lustro de censuras y prohibiciones, el resurgimiento de la prensa libre volvió a tener lugar desde que las fuerzas independentistas lograron sobreponerse a las fuerzas y a las autoridades realistas que se habían reinstaurado en Nueva Granada y Venezuela, y desde que Bolívar y sus copartidarios fundaron e instituyeron la república de Colombia, integrada por esos dos países, a la cual ulteriormente fue incorporada la antigua Audiencia de Quito (conocida más tarde como Ecuador). Además del legendario Correo del Orinoco creado en 1818 por iniciativa de Bolívar y editado inicialmente por Andrés Roderick y luego por W. Burrell Stewart en un momento en que la guerra de independencia aún no se definía para ninguno de los bandos enfrentados, en el curso de los años siguientes la naciente república vio florecer una variada serie de periódicos oficiales y particulares que dieron cuenta de la vitalidad que esa empresa fue adquiriendo en el país.

Tanto la Gaceta de la Ciudad de Bogotá creada en 1819 y editada por Vicente Azuero con la colaboración de Francisco de Paula Santander, como la Gaceta de Colombia que empezó a publicarse desde 1821 como órgano de información oficial del Estado colombiano bajo la dirección de Miguel Santamaría, Vicente Azuero, Casimiro Calvo, Francisco de Paula Santander y otros colaboradores, fueron una genuina muestra de la importancia y el lugar que empezó a tener la edición de prensa oficial durante los primeros años de la república de Colombia, cosa que, al efecto, se facilitó gracias a la consumación de la independencia, al fomento que las autoridades estatales le dieron a esa empresa, a la iniciativa que tuvieron algunos particulares y al afianzamiento de la libertad de imprenta, concebida ahora no solamente como una posibilidad para imprimir textos, sino como un derecho constitucional que debía ser respetado y garantizado. Así entonces, y en virtud de esas situaciones, la prensa no solo empezó a posicionarse como el medio fundamental de información, comunicación y difusión de ideas, sino como un asunto de interés público que conllevó a que el propio Estado constitucionalizara y reglamentara la libertad de imprenta.

4. Constitucionalizar y reglamentar la libertad de imprenta

Aunque la primera y más amplia normatividad que se estableció en el país sobre la libertad de imprenta fue obra de los integrantes del Congreso constituyente y legislativo de la república de Colombia que se sesionó en la Villa del Rosario (Cúcuta) en 1821, esta no solo tuvo como antecedente la vasta discusión política que el tema suscitó desde que se proclamó la independencia en la Nueva Granada, sino también las determinaciones que tomaron los legisladores y gobernantes de varias provincias neogranadinas cuando decidieron crear sus propias cartas constitucionales.

Así lo expresaron y establecieron los redactores de la Constitución de Antioquia en mayo de 1812. Destacando que “la libertad de imprenta era el más firme apoyo de un gobierno sabio y liberal”, los creadores de esa Carta decidieron incorporar en ella ese derecho aduciendo que ella era no solamente una de las potestades que tenían todos los ciudadanos para escribir, hablar e imprimir libremente sobre todo cuanto quisieran, sino uno de los más poderosos recursos con que podían contar para examinar la conducta y los procedimientos de los funcionarios públicos.⁴¹ Pocos días después, en junio de ese mismo año, los constituyentes de Cartagena dictaminaron que la libertad de imprenta era una cuestión esencial a la seguridad del Estado y uno de los más valiosos derechos que los ciudadanos tenían para manifestar sus opiniones bajo los términos que las leyes establecieran.⁴²

Análogamente, los redactores de las constituciones políticas que se elaboraron y emitieron en otras provincias neogranadinas también acogieron e instituyeron ese principio, destacando, tal y como lo hicieron los creadores de la Constitución de Mariquita (junio 21 de 1815), que aquella era una herramienta esencial y necesaria para la seguridad del Estado y un derecho en virtud del cual habría de permitírseles a los ciudadanos expresar sus opiniones libremente. Siempre que no lo hicieran de manera obscena ni ofensiva contra los dogmas de la fe cristiana, todos los ciudadanos tendrían derecho para imprimir y publicar lo que a bien quisieran, exceptuando solamente la publicación de libros sagrados en tanto que este derecho le quedaría reservado exclusivamente a la Iglesia y con amparo en las disposiciones del Acuerdo de Trento.⁴³

Teniendo como antesala esas importantes determinaciones, y persuadidos de que la libertad de imprenta era un derecho esencial que el Estado debía garantizar para formar a la sociedad en los principios liberales, democráticos y republicanos que el nuevo orden político-institucional requería para constituirse como tal, en 1821 los integrantes del mencionado Congreso no solo hicieron una amplia y muy interesante discusión sobre el tema, sino que, a tal efecto, incorporaron los principios que habrían de guiar esa mentada libertad (artículos 156 y 157 de la Constitución) y redactaron y emitieron una extensa ley sobre esa materia que, como hemos visto, despertaba y seguiría despertando tantos y tan polémicos pareceres.

A juicio de los legisladores más moderados, la libertad de imprenta debía reglamentarse con el fin de evitar que la injuria y la calumnia se diseminaran a través de la prensa y de que obras subversivas, inmorales y sediciosas pudieran ser publicadas y divulgadas. A su parecer, el Estado no solo debía establecer un tribunal de censura que se encargara de escrutar, examinar y decidir qué podía o no ser publicado, sino que debía agilizar el proceso que debía surtirse para castigar a quienes utilizaran la imprenta con fines proditorios, de modo que las sanciones proferidas contra quienes incurrieran en esos delitos pudieran llevarse a cabo con eficacia y prontitud. A fin de que los infractores no pudieran evadir su culpa y responsabilidad, el Estado debía imponerles un oneroso pago monetario, confiscarle el producto de la venta de la obra que hubieran producido y expulsarlos de su empleo si fuesen funcionarios públicos. En tanto que el abuso de la libertad de imprenta podría afectar la moral pública tanto como a la fe y a los dogmas cristianos, la Iglesia y el Estado debían determinar en qué casos una obra debía ser catalogada como injuriosa, y, en consecuencia, castigar a los infractores con la expiación pública y con la realización de trabajos forzados.

En contraste con esas “inquisitivas” posturas, otros legisladores alegaron que si alguna persona habría de ser juzgada por la comisión de los delitos antedichos, el juicio debían realizarlo hombres de luces, especializados y conocedores de los dogmas cristianos y del derecho civil, y no los ciudadanos escogidos por el pueblo como lo propusieron otros diputados. De lo contrario, dijeron, no solo se terminaría cometiendo una injusticia contra los acusados, sino incurriéndose en un delito similar, esto es, censurando la libertad de imprenta cuando realmente no hubiera motivo para ello. Someter a previa censura las obras que los autores e impresores deseaban publicar, tal y como lo habían propuesto algunos legisladores, constituía una evidente censura y anulación de la libertad de imprenta. El Estado, adujeron los defensores de esa loada libertad, debía garantizar con toda plenitud la libertad de imprenta, en el entendido que los autores y publicitas sabrían ponderar qué y cómo debían expresar sus ideas. Sabiendo de sus responsabilidades y límites, dijeron, aquellos siempre debían responder ante la justicia por los delitos que cometieran en ese sentido.⁴⁴

En cuanto a la censura o libertad que debía darse con respecto a la impresión y divulgación de textos de carácter religioso, algunos diputados adujeron que siendo el Congreso un cuerpo de representación política y no un concilio, esa corporación debía omitir el debate sobre ese particular asunto, en tanto que otros argumentaron que el Congreso sí debía deliberar y dictaminar los límites y castigos que debían fijarse y ejecutarse contra los infractores, indistintamente de si su falta fuese contra las instituciones civiles o eclesiásticas. En tanto que el Estado era y debía ser la soberana autoridad en esa materia, este, y solo este, debía dictaminar todo lo concerniente a ese polémico asunto sin permitir que la Iglesia ni ninguna otra institución abriera juicios contra los ciudadanos por la expresión de sus opiniones, pues de lo contrario el Estado no solo renunciaría a su soberana facultad y autoridad, sino que abriría las puertas para que otras instituciones asumieran poderes que no les correspondía tener y que cometieran abusos mayores a los que se buscaba evitar.⁴⁵

Virulentas fueron las discusiones que se suscitaron a propósito de esa mentada cuestión, pero ello no evitó que los legisladores elaboraran y emitieran su definitivo concepto. Invocando el precioso derecho que le asistía a todo hombre para escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, pero advirtiendo que este derecho debía ser reglado a fin de garantizar su justo ejercicio y limitar sus abusos, los congresistas dictaminaron que todos los colombianos podrían imprimir y publicar libremente sus pensamientos sin que estos estuvieran sometidos a previa censura. Los libros sagrados no podrían imprimirse sin licencia de las autoridades eclesiásticas; la publicación de escritos que fueran contrarios a los dogmas de la religión católica, motivadores del desorden público, atentatorios contra la moral y la decencia pública, lo mismo que los que vulneraran la reputación o el honor de alguna persona, serían tenidos por subversivos, sediciosos, obscenos e infamatorios y, por lo tanto, castigados con arreglo a la ley según las gradaciones establecidas por esta (penas de prisión y pago de multas) y según la gravedad del delito.

La injuria, en ningún caso, sería aceptada como parte de la libertad de imprenta, pero esa libertad sí sería tenida por tal cuando los opinantes se refirieran, eso sí, con respetuosos términos, a la aptitud que los funcionarios públicos tuvieran, o no, para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades quedarían encargadas de recoger los ejemplares impresos, indemnizando incluso a quienes los hubieran adquirido y los entregaran. En caso de que la censura se aplicara a una parte o a unas cuantas palabras contenidas en una “obra estimable”, las autoridades instarían a los autores a corregir. A más de reglamentar con toda minucia cómo debían llevarse a cabo las acusaciones y juicios que habrían de proferirse contra quienes incurrieran en faltas señaladas, los legisladores también dictaminaron que la responsabilidad por los delitos cometidos contra la libertad de prensa no recaería solamente contra los autores del escrito, sino que se haría extensiva a los editores e impresores por facilitar su publicación, e incluso, por no contribuir para que el autor fuera aprehendido en caso de que este hubiese huido o cambiado de domicilio.

Al efecto, y so pena de ser multados, los impresores también quedaban obligados a inscribir sus nombres y apellidos en los impresos que publicaran, de modo que las autoridades supieran quiénes eran aquellos. Castigos y penalidades similares sufrirían quienes hicieran circular impresos que hubiesen sido censurados y, correlativamente, todos los colombianos quedaban facultados para acusar ante las autoridades competentes (fiscal y procurador general) los escritos que consideraran violatorios de la libertad de imprenta. Las acusaciones serían remitidas inicialmente a los alcaldes ordinarios de la capital del cantón y los juicios serían realizados por jueces de hecho que serían nombrados todos los años dentro de los primeros quince días de enero por pluralidad de votos emitidos por el ayuntamiento del cantón. Para tal cargo solamente podrían ser elegidos hombres mayores de 25 años, poseedores de propiedad, que no detentaran cargos en la curia, la milicia o la administración pública, los cuales, en ningún caso, podrían rechazar la elección. En virtud de lo dictaminado en la ley y gracias al buen obrar de los ciudadanos y a la sapiencia con que actuaran los jueces al momento de emitir sus fallos, la honra, la sana moral, la santa religión y la república misma quedarían a salvo de quienes quisieran mancillarlas y atentar contra ellas. ⁴⁶

Amparándose en esa ley, y destacando que “las distantes partes de la vasta república continuaban en una incomunicación mutua, en una falta de relaciones y recíprocas noticias” que daban a entender que lo que había era una serie de “naciones independientes sin conexiones de ninguna naturaleza” y no una república unida y unificada mediante la información y comunicación que debía irradiarse entre todas las poblaciones que la componían,⁴⁷ tanto los gobernantes nacionales y locales como los hombres que tenían interés en dedicarse a la edición de prensa dieron rienda suelta a su ingenio para crear y poner en circulación cuanto periódico les fue posible editar, no obstante las enormes dificultades materiales que había para realizar esa obra. Según lo había hecho notar don Antonio Nariño a comienzos de la década de 1810, la suerte de los periódicos que habían empezado a producirse en la Nueva Granada no había estado signada solamente por las condiciones legales que imponían las autoridades, sino por los enormes costos de producción y por la siempre incierta posibilidad de su venta.⁴⁸ Pasada una década la situación continuaba siendo notoriamente adversa. La “escasez de imprentas, y el no haberse jeneralizado todavía el gusto por los periódicos”, expresaron los editores la Gaceta de Colombia, era asunto que “influía bastante en el atraso que el país padecía en materia de conocimiento.”⁴⁹ Si las nuevas condiciones políticas facilitaban el emprendimiento de proyectos periodísticos, dijo el jurista Vicente Azuero en su periódico La Indicación, contra esa noble empresa cohonestaban las adversas condiciones materiales que afligían al país: “Las imprentas son tan raras y tan pequeñas que hay por esta causa una imposibilidad de que se multipliquen los periódicos cuanto seria de deseable, y aquella escasez y la de operarios hace tan costosa la impresión, que desalienta de imprimir ni aun un folleto a cualquiera que no tenga sobradas comodidades para hacer un gasto que no reembolzará.”⁵⁰

Sin embargo, y a veces con una rapidez sorprendente si se tiene en cuenta las adversas condiciones y situaciones, al cabo de poco tiempo diversos periódicos oficiales y particulares empezaron a circular en las principales ciudades del país, constituyéndose y reafirmándose como el principal medio de información y comunicación escrita con el que desde entonces pudieron contar los colombianos. Ya fuera que los produjera el Estado o los particulares, y a efecto de las rivalidades políticas que fueron emergiendo, aquellos se convirtieron en el medio fundamental a través del cual los editores y políticos debatieron asiduamente sobre sobre los límites que la loada libertad de imprenta debía tener y sobre el papel que la prensa debía cumplir en cuanto a la fiscalización y control del poder. Aunque este último asunto había sido planteado en algunas de las disertaciones que se habían hecho a comienzos de la década de 1810 sobre los fines de la libertad de imprenta, fue durante la década de 1820, y a propósito de las disputas políticas, partidistas y hasta personales que se suscitaron durante esta última época, que ese particular aspecto volvió a plantearse y discutirse de manera sustancial. El despliegue de ese debate, como ahora veremos, hizo que la noción de libertad de imprenta fuera adquiriendo nuevos sentidos, contenidos, significados, usos y propósitos.

5. Usar la libertad de imprenta para controlar el poder y desfogar las rivalidades políticas

La idea de que la libertad de imprenta debía servir para controlar el poder que detentaban las autoridades y los funcionarios públicos no solo fue un asunto insistentemente destacado por quienes vindicaron ese principio desde 1810; también fue un derecho que los editores de prensa terminaron haciendo suyo a propósito de lo establecido en las cartas políticas que se promulgaron desde entonces y un motivo para que entre ellos se desatará un interesante debate respecto de los límites que aquella debía tener.

Esto, ciertamente, fue lo que empezó a expresarse a través de las páginas de El Insurjente, un periódico creado en 1822 con la colaboración de Antonio Nariño. Sin que fueran los únicos que vindicaran la libertad de imprenta, los editores y colaboradores de este periódico se destacaron por defenderla de manera categórica durante los primeros años de la república de Colombia en razón de las disputas políticas que Nariño y sus adversarios tejieron en aquel momento. Extensas y muy elocuentes fueron las opiniones que aquellos expresaron sobre el tema a propósito de su intención de desvirtuar las ideas y acciones del vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien, junto a Vicente Azuero y Florentino González, no solo había infamado a Nariño, sino que había conspirado para que este fuera separado del cargo de vicepresidente de la república para el que había sido designado en 1821.

A más de vindicar la labor que cumplirían en cuanto a la divulgación de información, Nariño y los demás y colaboradores de El Insurjente destacaron que, con amparo en el derecho de libertad de imprenta, en adelante obrarían con un doble propósito: por una parte, censurar los delitos, los actos de arbitrariedad y la violación de las leyes que cometieran los funcionarios públicos; y, por otro lado, denunciar la censura que el Gobierno o cualquier otra autoridad pretendiera imponerles por sus denuncias:

No es necia presunción la que nos pone la pluma en la mano, si no el ardiente deseo de la felicidad de la República. Todos conocerán no solo la utilidad, si no la necesidad de un papel de esta naturaleza, y si hiciéremos algo, es por que contamos con las luces y con la cooperación de quienes como nosotros deseen que la libertad coloque su trono de un extremo de Colombia a otro. Es por la libertad de imprenta que se mantiene á las autoridades dentro de sus justos límites, que se sabe si la máquina política marcha con orden y regularidad; si las Leyes dictadas por los Representantes de los pueblos son calculadas para su felicidad; si en su práctica, y egecucion resulta el bien que aquellos se prometieron; si tienen defectos que reformar, vacíos que llenar.⁵¹

Aunque moderada en sus términos y no obstante que el primer planteamiento no refería al hecho de que los editores del periódico pretendieran impedir que las autoridades emitieran sus dictámenes (cosa que en efecto pudiera interpretarse como un acto de censura), esa declaración de propósitos, lo mismo que el título del periódico, prontamente se convirtieron en objeto de virulento y agudo debate. Según lo expresaron varios opinadores a través de las páginas de El Correo de Bogotá y La Indicación, tanto el nombre del periódico (El Insurjente) como el sentido y contenido de esa declaración podían ser calificados de temerarios, presuntuosos, insensatos y provocadores, ya que instaban a desconocer las leyes y mandatos emitidos por las autoridades. A su parecer, los editores de “ese panfleto” no solo debían tener presente que la libertad de imprenta no podía ser usada para motivar ese tipo de conductas, sino que tenían que ser objeto del debido castigo que la ley había establecido para tal efecto. En tal virtud, y de manera temeraria, adujeron que los riesgos que corría el orden institucional eran francamente grandes si se permitía que, en nombre de la libertad de imprenta y opinión, se censuraran indiscriminadamente las leyes y ordenanzas de la república.⁵²

La respuesta a dicha sindicación no se hizo esperar. En su segunda edición, los editores de El Insurjente contestaron con los mismos argumentos que habían presentado y justificado la creación de su periódico: si Colombia se había constituido como una república, si el Congreso había expedido una ley que permitía la libertad de imprenta y opinión, y si a todos los ciudadanos les asistía ya no solo el derecho, sino la obligación de examinar los actos del gobierno y de todos los demás funcionarios del Estado, no había entonces motivo para que se intentara censurar la postura que ellos habían asumido y el propósito que se habían trazado. Censurar los equívocos actos de los funcionarios, adujeron, en modo alguno significaba desconocer u obrar en contra de la ley y de las instituciones; realizar dicha tarea, por el contrario, significaba ponerles límites y controles a fin de que no se comportaran como tiranos, y, por lo mismo, contribuir a que las instituciones republicanas se fortalecieran y consolidaran: “Es por el órgano de la opinión pública que deben llegar á las autoridades los errores ó vicios de sus actos, para dirigirlos siempre al bien de la República. Tal es la grande utilidad de poder el hombre expresar libremente sus ideas ú opiniones por la imprenta, sea censurando ó apoyando una ley ó mandato.”⁵³ En cuanto al nombre, sus detractores debían saber y recordar que en ello no había delito alguno, pues insurgente era el inmortal Bolívar que había luchado contra la tiranía española, e insurgentes eran ellos al publicar un periódico que propendía por oponerse a todo acto de tiranía y por defender las leyes, la institucionalidad de la república, la libertad y los derechos de los ciudadanos.⁵⁴

El debate, que en principio pareció expresarse como una simple cuestión de estilos, terminó comportando una virulenta serie de acusaciones. Empecinados en contrariar y ridiculizar a Nariño y a sus copartidarios, Azuero y Santander no dejaron de disparar sus afilados dardos. A través de La Indicación (y siendo asunto que también habían expresado en las páginas de El Patriota), adujeron que Nariño y sus adictos amigos hacían parte de ese grupo de hombres que congeniaban con los tiranos y que despreciaban las libertades ciudadanas y republicanas, y especialmente la libertad de imprenta en tanto que se había obstinado en hacer un perverso uso de ella.

Aunque sus acusaciones y sindicaciones brotaban más del desprecio que sentían contra Nariño que de la postura que este realmente había asumido frente al tema, aquellos no perdieron la oportunidad para adjudicarle opiniones que él nunca había expresado, y para mostrarse a sí mismos como los auténticos defensores de la libertad de imprenta y opinión. Sugiriendo que los editores de El Insurjente despreciaban la libertad de imprenta porque consideraban que los ciudadanos de la naciente república de Colombia no contaban con la madurez que se requería para disfrutar de ese preciado derecho, los editores de La Indicación adujeron que esa idea no solo debía ser deslegitimada por una cuestión de principios, sino que podía ser fácilmente desvirtuada a efecto de la experiencia que Inglaterra, Holanda, Francia y los Estados Unidos habían tenido en esa materia. Que esas naciones hubieran podido erigirse como pueblos realmente libres, no era asunto que hubiera obedecido a su infancia o a su vejez, sino a la libertad de imprenta que sus ciudadanos habían reclamado y reivindicado. Pero si la libertad de imprenta dependiera incluso de la antigüedad de una nación, fácil era colegir que ella resultaba aún más necesaria para las naciones que estaban en etapa de alumbramiento que para aquellas que ya se encontraban en edades maduras.⁵⁵

Mientras que en estas últimas la razón, la costumbre, la educación, el respeto por las instituciones y el arraigo de las leyes obraban para generar la estabilidad y el orden que toda nación requería, en las naciones que recién alumbraban, la libertad de imprenta y de opinión se convertía en un bien necesario, pues solo a partir de ella era que se podía diseminar los principios y valores que se requerían para vivir en sociedad. Hallándose en tal estado de nacimiento, el pueblo colombiano necesitaba entonces del poderoso influjo de la libertad de imprenta, pues solo así tendría la oportunidad de ser informado sobre los asuntos públicos y de manifestar libremente y por todas partes su opinión. Por tal motivo, concluyeron, a ellos, como auténticos defensores de la libertad de imprenta, no les quedaba otro camino que luchar para conservar esa preciosa garantía; defenderla como el paladión de la libertad y conspirar contra esos sofistas y maldicientes escritores que la despreciaban y deformaban.⁵⁶

Correlativamente, y siendo objeto de las sindicaciones que Nariño había estado haciendo en su contra a través de El Insurjente, (cosa que también haría a través de las páginas de otro impreso, Los Toros del Fucha), Santander emitió una colérica y desafiante declaración. Con sus pronunciamientos, expresados subrepticiamente a través de la Gaceta de Colombia, dejó en claro que respetaba y defendía la libertad de imprenta, y especialmente la opinión de los “ciudadanos sensatos é ilustrados”⁵⁷, pero que condenaba los abusos que se hacían de ella para infamar injustamente al gobierno. Ulteriormente y con jubiloso tono, Santander y sus copartidarios celebraron y aplaudieron que, con fundamento en la ley de libertad de imprenta expedida por el Congreso de la república, se hubiera penalizado al redactor de la Miscelánea de Panamá por publicar un artículo considerado infamatorio. Simultáneamente, llamaron la atención a los editores del Angloamericano y El Venezolano para que corrigieran las imprecisiones con que injustamente habían acusado al gobierno central y al mismo tiempo publicaron una extensa disertación que Vicente Azuero hizo sobre los límites que debía tener la libertad de imprenta.⁵⁸

Persuadidos de que esas críticas se dirigían contra ellos en razón de las enconadas diferencias políticas que se habían incubado en el país, y temerosos de los males que posiblemente podrían derivarse de dicha situación, Santander y sus copartidarios buscaron dejar claro que la libertad de imprenta no podía ser aceptada, o por lo menos no de manera absoluta, cuando expresada sin moderación ni razonabilidad, conducía a sembrar discordias, desconocer los mandatos de las autoridades o censurar sus decisiones. El Congreso de la república, y solamente este, dijeron, era quien podía objetar o censurar una ley o las acciones y decisiones del gobierno por considerarlas injustas o contrarias al interés general, pero no así los particulares que, amparándose en la libertad de imprenta, pretendieran tornarse censores del orden establecido, y peor aún, incitar al desconocimiento de las leyes y las autoridades. Si los censuradores pretendían pronunciarse sobre las faltas del gobierno o demás autoridades, en modo alguno debían hacerlo aduciendo que sus erráticos procederes emanaban de su supuesta malignidad o de las siniestras miras que perseguían, sino del simple hecho de que las leyes o dictámenes gubernamentales no cumplían con los fines que debían cumplir.⁵⁹

Discusiones como esas abundaron durante aquellos años, y si bien es cierto que en algún momento el gobierno dio por concluida la aguda disputa que Santander y Nariño habían sostenido en torno a la libertad de imprenta y a la manera como los particulares podían y debían hacer uso de ella cuando se tratara de censurar los actos de los funcionarios públicos,⁶⁰ durante los años siguientes ese debate continuó desarrollándose en razón de las enconadas disputas políticas, partidistas y personales que fueron incubándose y diseminándose en el país. Esto, ciertamente, fue lo que pusieron de presente los editores y colaboradores de El Chasqui Bogotano, El Conductor, El Ciudadano y tantos otros periódicos de tendencia partidista y de contenido predominantemente propagandístico que fueron creándose durante aquellos años. Así, por ejemplo, y en razón de las desaforadas inquinas, rivalidades y señalamientos personales que se desplegaron a través de la prensa desde que Bolívar y Santander (rodeados por sus respectivos copartidarios) empezaron a distanciarse hasta romper incluso su amistad y su vínculo político, Jerónimo Torres y los demás colaboradores del periódico El Ciudadano, dedicaron extensas páginas para reflexionar sobre esa cuestión.

A su decir, la ley de libertad de imprenta que el Congreso había proclamado en 1821 no solo había terminado pisoteada por la vergonzosa obra que una horda de escritorcillos había estado realizando en su afán de desacreditar a sus adversarios políticos, sino que, por efecto de dicha situación, la prensa había perdido sus ilustres y fundamentales propósitos, esto es, informar a la población, iluminarla con la buena y recta opinión, generar espacios y medios de sana y razonada deliberación entre los ciudadanos y denunciar con el debido decoro las faltas cometidas por los funcionarios públicos. Contrario a ello, y para desgracia de la patria, de la virtud republicana, del decoro público y de la dignidad de las buenas personas, lo que ahora se observaba era que en el país se había levantado una “chusma de folletistas que sin más talento que el de insultar y mofar”, había puesto en riesgo la paz pública y la honra de los ciudadanos con la publicación de sus burdos y abyectos panegíricos.⁶¹

Amparados en el hecho de que la mentada ley no había tipificado como delito la burla, la mofa, el escarnio y la ironía mordaz, los editores de El Ciudadano (cosa que también habían hecho los editores de El Huerfanito Bogotano⁶²) condenaron el hecho de que esos hombres no hubieran tenido reparo alguno al momento de diseminar la injuria y la calumnia, y que tampoco hubieran tenido embarazo alguno para deshonrar a todo aquel a quien consideraran como enemigo. Violando y haciendo públicos incluso hasta los aspectos más caros, sagrados e íntimos que debían respetársele y salvaguardársele a toda persona, dijeron, esos “folletistas” no solo habían transgredido la ley, sino el espíritu mismo de la libertad de imprenta. Insistiendo en que la fuente de todos esos males radicaba en los vacíos que había dejado la ley de libertad de imprenta, y destacando que aquella era una peligrosa e insoportable situación que había generado los males antedichos y que había alentado las más feroces inquinas, rivalidades, odios, venganzas y conspiraciones que estaban destrozando a la república, los redactores del citado periódico plantearon su categórica opinión:

Si el Congreso desea cumplir con sus deberes, si los Representantes están animados de sentimientos dignos de los padres de la patria, si quieren corresponder á la confianza y esperanza del pueblo de Colombia que tanto ha anhelado por su reunión, en la presente crisis, como su último recurso, deben absorber toda su atención los males de la patria: preciso es que medite y aplique cuantos remedios aconsejen la necesidad y la prudencia: no bastan tópicos negativos como el jeneroso olvido de ecsesos pasados: ni meros conatos del restablecimiento del orden, si permanecen obrando enerjicamente en el seno de la República los jermenes de la fiebre política que la devora, y como uno de ellos es el desenfreno de la imprenta, ocupe la Lijsilatura, con el proyecto de su reforma, que hace mucho tiempo tiene postergado (…).⁶³

Y los alegatos y repulsas no se hicieron esperar. Desde el primer momento en que Torres dio a conocer sus opiniones, los editores de El Conductor adujeron que las ideas expresadas por aquel constituían el más claro y declarado ataque que podía hacerse contra la libertad de imprenta y opinión. Tan celosos de dicho principio, aquellos, como muchos otros opinadores y redactores de periódicos, consideraron que la candente situación política e ideológica que se vivía en el país, desfogada a través de la prensa, no obedecía a los supuestos vacíos que Torres le endilgaba a la ley, sino a las arbitrariedades que algunas autoridades venían perpetrando contra quienes no convenían con ellas. Aun cuando cierta razón les asistía a quienes opinaban de esta manera, Torres, en lugar de amilanarse, ratificó su enfático argumento al responderle a sus objetores:

Las ventajas de un debate público son notorias; la libertad de la imprenta debe ser sagrada; pero pese V, en la rectitud de su buen juicio, las nefastas consecuencias de esta guerra literaria, de esta guerra fratricida, de esta guerra contra el honor, contra la reputación de hermanos y conciudadanos, entre sí, y emplee todos sus esfuerzos en combatirla (…).⁶⁴

Su manifiesta preocupación tenía un firme asidero. Durante los últimos años, la república se había convertido en un extenso campo de disensiones y la prensa había sido el medio fundamental a través del cual la inquina se había divulgado y diseminado. El asunto se había reflejado hasta en los mismos títulos con que los bandos en disputa habían bautizado los periódicos que crearon. El Zurriago, por ejemplo, fue el nombre que Azuero le dio a su periódico, dando a entender que su propósito editorial consistiría en castigar y reprender duramente a sus adversarios. Así entonces, y en lugar de morigerarse, las rivalidades políticas se desplegaron con tal fuerza que terminaron haciendo que Bolívar y Santander presentaran renuncia a sus respectivos cargos de presidente y vicepresidente de la república. En tal virtud, los editores de varios periódicos llamaron la atención sobre la urgente necesidad de desactivar las pasiones, las injurias, las calumnias y los odios que se diseminaban a través de la prensa y que tanto mal le habían hecho a la república. Siendo imperativo salvaguardarla, dijeron los editores de la Aurora de Colombia, un periódico impreso en Cartagena por Manuel Guerrero, todos los ciudadanos, y especialmente quienes habían promovido esas querellas, debían renunciar a la divulgación de esos resentimientos y rivalidades que en nada ayudaban a su consolidación y más bien sí a su destrucción. Todo, a su decir, podía superarse por amor a la patria.⁶⁵

Aunque loables, ese tipo de manifestaciones no surtieron el efecto deseado. En lo sucesivo, y en razón de las férreas rivalidades que las facciones políticas habían creado, la prensa siguió siendo el instrumento fundamental para la divulgación y proyección de esas inquinas que, dada su radicalidad, terminaron ayudando a socavar el orden existente luego de que el sector bolivariano propugnara por reformar la Constitución política nacional, de que esa empresa no prosperara según los intereses que cada bando perseguía, de que Bolívar se invistiera con facultades y poderes dictatoriales y de que sus enemigos intentaran asesinarlo.

En ese contexto, y no obstante que en el artículo 20 del decreto orgánico en virtud del cual el Libertador asumió plenos poderes se estipuló que todos los ciudadanos tendrían “igual derecho para publicar i hacer imprimir sus opiniones sin previa censura, conformándose a las disposiciones que reprim[ían] los abusos de esa libertad,”⁶⁶ las publicaciones de periódicos, o por lo menos de los que habían estado creando los adversarios de Bolívar, tendieron a reducirse, cuando no a desaparecer, en razón de esa conflictiva situación. A lo sumo, durante aquellos años apenas aparecieron unos pocos nuevos periódicos, entre los que se destacaron el Rejistro Oficial del Magdalena en el cual se publicaban los actos de gobierno local y nacional; El Duende, en cuyo prospecto se advirtió que su publicación se hacía tomando distancia de las feroces inquinas que se diseminaban a través de la prensa y de los abusos que se cometían contra la libertad de imprenta;⁶⁷La Espada de Holofernes en el que su editor (Pedro Heredia) y demás colaboradores desplegaron una feroz campaña de desprestigio y censura contra las ideas liberales y la Ilustración francesa; y El Eco del Tequendama, un periódico creado por hombres que, como Juan García del Río, buscaban promover la perpetuación de Bolívar en la presidencia de la república.

En virtud de tal situación, y más allá de que aquellos últimos años no hubieran ofrecido las óptimas condiciones que se requerían para producir prensa, la idea de que la libertad de imprenta era fundamental para controlar el poder y la conducta de los funcionarios públicos, empezando por la del presidente de la república, fue un asunto que continuó vindicándose y afianzándose a propósito de las tensas y conflictivas relaciones políticas y de poder que habían estado -y que continuarían- configurándose en el país. Así lo expresó Santander en 1832 cuando regresó de su exilio para asumir la presidencia de la Nueva Granada, al indicar que cualquier ciudadano tendría libre acceso a la imprenta para advertirle sobre las faltas en que pudiera incurrir, pero que él no solo dispondría de ella para deshacer cualquiera mala interpretación que se profiriera sobre su conducta y corregir la opinión errónea que sobre ella pudiera crearse, sino que haría uso de los tribunales para hacer castigar al que violare los límites que la ley imponía para tal efecto.⁶⁸ Tanto la cantidad de periódicos e impresos de todo tipo que se produjeron durante los siguientes años, como el predominante contenido político e ideológico que ellos tuvieron, dieron cuenta de que la libertad de imprenta había arraigado efectivamente en el país y pusieron de presente que, habiendo sido vindicada en esos términos desde los primeros años de independencia, había terminado convirtiéndose en el principal instrumento público de control y debate político.

6. Conclusiones

La libertad de imprenta, reivindicada en los términos en que lo hemos descrito y analizado, no solo fue una de las más importantes exigencias políticas que algunos editores de prensa y promotores y partidarios de la independencia neogranadina hicieron con fundamento en las razones que reiteradamente expusieron, esto es, el derecho a imprimir textos que permitieran su ilustración y la de los pueblos; ella, como hemos destacado, también fue convertida en una poderosa arma de acción y persuasión política a la que aquellos acudieron con el fin de legitimar la ruptura con el régimen monárquico, instaurar del régimen republicano, controlar a los gobernantes y demás funcionarios públicos, y desfogar las inquinas y disputas que muchos de ellos tejieron conforme el proceso de independencia fue desarrollándose y consolidándose, y conforme fueron emergiendo las disputas políticas que muchos de ellos mismos fueron tejiendo entre sí en virtud de diversos factores y situaciones.

A tal efecto, y escrutando las opiniones, los debates y las decisiones que algunos de esos hombres fueron emitiendo, tejiendo y tomando con respecto a la libertad de imprenta, pudimos colegir que, gracias a ello, esos hombres no solo fomentaron una valiosa empresa publicitaria que hizo posible que tanto la Nueva Granada como la república de Colombia se convirtieran en tierra fértil para la producción y puesta en circulación de una diversa gama de impresos (periódicos, líbelos, folletos, catecismos políticos, hojas sueltas, etc.) a través de los cuales sus creadores, patrocinadores, colaboradores y remitentes difundieron un vasto y conjunto de ideas, discursos e informaciones, sino que, al obrar con el propósito político e ideológico que hemos descrito y analizado a lo largo de la páginas que estructuran este artículo, hicieron que la invocada y reivindicada libertad de imprenta libertad fuera adquiriendo nuevos significados y usos, que, como hemos visto, no se redujeron a la mera posibilidad de imprimir y publicar textos.

Al reivindicarla, eso sí, siempre con cálculo y estrategia política, como un derecho que les había sido negado y conculcado a los pueblos americanos; al asociar la prohibición y la censura de la imprenta con el despotismo con que la corona española había obrado en América; al caracterizar esa prohibición como una de las causas del atraso intelectual y material en el que habían permanecido los pueblos americanos; al asociarla con los principios que habrían de cimentar el nuevo orden republicano que habría de instituirse en el otrora virreinato de la Nueva Granada; al reivindicarla como herramienta para controlar el poder y la conducta de las nuevas autoridades, y la usarla como mecanismo para desfogar sus diferencias políticas, esos hombres no solo hicieron que la libertad de imprenta figurara como uno de los más notorios instrumentos con que se forjó todo ese proceso de independencia y conformación de un nuevo orden, sino que la dotaron de nuevos contenidos, sentidos, significados y usos.

El análisis de este tipo de aspectos, tal y como lo han realizado tanto los historiadores que se han interesado por examinar las ideas políticas de la época, como los que han indagado por el significado que muchos de esos conceptos fueron adquiriendo, es un ejercicio que no solo revitaliza la historiografía sobre la época, sino que nos pone ante el desafío de plantear nuevas preguntas y crear nuevas metodologías para abordar el proceso de independencia y para ampliar y mejorar nuestra comprensión de ese histórico periodo.