1. Introducción

Desde las décadas de los años 50 y 60, Latinoamérica, y especialmente Colombia, venía siendo centro de atención y apoyo para las organizaciones de defensa de los Estados Unidos, promoviendo en los países del sur distintos de sus programas cívico-militares y de cooperación, para servir como una zona de frente de choque a la considerada expansión del comunismo soviético y del socialismo cubano que se acababa de posicionar en el poder. Así fue como por medio de varias medidas en los países latinoamericanos se comenzó a darle un mayor protagonismo y autonomía a las Fuerza Militares para controlar diferentes situaciones de la vida política y social de la sociedad civil, llegando a propinar golpes de Estado netamente militares o con alianzas de los sectores políticos.

Para el caso colombiano, desde 1958 se promovió un completo apolitismo de los militares que, si bien se logró, se recompensó con la otorgación de garantías y ampliación del marco de sus funciones en la lucha contra los nacientes grupos guerrilleros reductos violencia bipartidista. El conflicto armado y el señalamiento de guerrilleros y revolucionarios fue creciendo hasta tocar los centros urbanos y a distintos miembros de organizaciones sociales y políticas que se opusieron a las políticas de los gobiernos del Frente Nacional y los gobiernos posteriores a esta división del poder. Pero fue en el gobierno del liberal Julio Cesar Turbay Ayala que esta autonomía de las Fuerzas Militares, la policía y las instituciones de inteligencia nacionales tuvieron su mayor desarrollo gracias al Estatuto de Seguridad Nacional permitiendo la entrada de los militares a diferentes capas de la sociedad colombiana, incluso hasta del campo judicial civil ordinario. Siendo un momento de claros abusos de autoridad, de desapariciones, practica de torturas y otros tipos de castigos frente a los considerados opositores.

El artículo está compuesto de unas preguntas iniciales y tres secciones que nos permitirán hacer un acercamiento y análisis del dicho Estatuto de Seguridad y su aplicación. Las preguntas son: ¿Qué tipo de políticas expansionistas aplicaron las potencias mundiales sobre los nacientes países del tercer mundo durante el surgimiento de la guerra fría?, ¿bajo cuáles premisas los gobiernos latinoamericanos de la mitad del siglo XX consolidaron la formación e instauración de gobiernos de derecha o cercanos a los militares?, ¿cómo influyó en la política y sociedad colombiana de los años 70 y 80 las medidas de protección y lucha contra los grupos considerados revolucionarios o insurgentes en el país? Las secciones de este trabajo están encaminadas en la primera parte, donde se describe el panorama internacional, regional y nacional vivido a causa de la Guerra Fría, de las disputas entre las dos potencias militares y políticas del momento por ciertas zonas de la geopolítica mundial que apenas salían del colonialismo europeo o de zonas consideradas de poca relevancia o del “tercer mundo” y como se organizaron planes políticos y militares para hacer frente a la expansión del comunismo en América Latina. La segunda parte, hacemos un análisis del marco legal y político-social que desembocó en la formulación del decreto del Estatuto de Seguridad Nacional, viendo como la situación del país llevó a los dirigentes políticos a organizar y pactar con los militares una serie de acuerdos para devolver el orden público a la sociedad. En la última parte, miraremos la aplicación del Estatuto de Seguridad a través de diferentes prácticas que vulneraron los Derechos Humanos de los señalados militantes y como durante este periodo se relacionaron las acciones de las instituciones colombianas con las de otros países vecinos en el reconocido Plan Cóndor.

Esta temática ha sido abordada desde diferentes aristas por una gran cantidad de investigadores que queriendo develar lo ocurrido en algunos de los hechos, características y secretos de las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, observando en cada una de ellas aspectos particulares y generales, aunque los casos chilenos y argentinos han sido los más sobresalientes historiográficamente, otros países también fueron blanco, directo o indirecto, de las políticas de seguridad interamericana. Por ello nos hemos servido de aportes e ideas de distintos autores que indagaron acerca del funcionamiento y aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional en Colombia y las repercusiones que tuvo para la sociedad.

2. Ecos de la Guerra Fría en América Latina

Al fin de la segunda guerra mundial, los campos políticos y económicos a nivel mundial comenzaron a verse y comprenderse en la clave de la guerra fría, donde dos bloques dirigidos por un lado por los Estados Unidos y otro por la Unión Soviética, empezaron a marcar el paso y el destino de muchas de las decisiones que ocurrían a nivel mundial. Aunque estos dos bloques no tuvieron una confrontación directa que implicara a sus fuerzas armadas, si hubo un choque en zonas de la periferia que apenas estaban saliendo de los antiguos regímenes colonialistas y buscaban consolidar allí nuevos centros de avanzada para los sistemas dicotómicos, democracia-capitalismo promovido por los Estados Unidos o las repúblicas populares-comunismo de la Unión Soviética.

Según Eric Hobsbawm, el desarrollo de la guerra fría desde la perspectiva occidental y mesiánica de los Estados Unidos consistió en que: “…tras el fin de la segunda guerra mundial, de que la era de las catástrofes no se había acabado en modo alguno; que el futuro del capitalismo mundial y de la sociedad liberal distaba mucho de estar garantizado”,¹ por su parte la Unión Soviética intentó consolidar su influencia en las zonas en proceso de independencia, para ello tuvo que primero terminar de levantarse social y políticamente y recuperar el camino económico después de afrontar una gran guerra que azotó a toda su sociedad, igualmente tuvo que terminar de imponer control en las repúblicas del lado Este de la denominada “Cortina de Acero”. Sobre el panorama vivido en la URSS, el mismo E. Hobsbawm proporciona una clara y concisa visión después de 1945.

Desde cualquier punto de vista racional, la URSS no representaba ninguna amenaza inmediata para quienes se encontrasen fuera del ámbito de ocupación de las fuerzas del ejército rojo. Después de la guerra, se encontraba en ruinas, desangrada y exhausta, con una economía civil hecha trizas y un gobierno que desconfiaba de una población gran parte de la cual, fuera de Rusia, había mostrado una clara y comprensible falta de adhesión al régimen. En sus confines occidentales, la URSS continuó teniendo dificultades con las guerrillas ucranianas y de otras nacionalidades durante años.²

Aun con esta situación entre ambas potencias, la zozobra sobre el futuro y el posible inicio de un nuevo conflicto mundial solo tuvo eco en las distantes zonas de la periferia mundial, como lo fue la guerra de Corea (1950-1953), de Indochina (1946-1954) y la toma del canal de Suez (1956). La confrontación ideológica y política entre ambas potencias no podía escalar de solamente conflictos en antiguas zonas de colonias a nivel mundial, sino que geopolíticamente se tuvo que ganar a otras naciones que sirvieran como frentes de batalla y aliados en una posible nueva guerra mundial. Esta fue la forma como Estados Unidos amplió mucho más sus lazos de cooperación recíproca con las naciones latinoamericanas, las cuales solo eran vistas en los periodos postguerra mundial como unos países que se encargaban de exportar materias primas a los grandes centros productivos y económicos del mundo. En la década de los años 50 esta visión comienza a cambiar y considerar a cada una de estas naciones como eslabones de importancia en la cadena de resistencia contra el comunismo soviético que consideraban en expansión por el continente.

La vinculación de estas naciones a los proyectos del gobierno del país del norte, se enmarcan en la formulación de varias políticas aplicadas como la “Doctrina Truman” (1947) y las teorizaciones geopolíticas sobre la expansión del comunismo dadas por el secretario de Estado norteamericano George Kennan en un momento de postconflicto mundial, donde primó una figura de contención y defensa de los intereses de Estados Unidos, de sus aliados europeos y sus territorios de influencia en el pacífico que se vio claramente representada en la defensa y progresiva victoria en la guerra de Corea. Luego surgió la “Doctrina Nixon” (1969), que el presidente impuso en los últimos años de la invasión a Vietnam unas nuevas formas de resistencia por parte de los países aliados o satélites del gobierno norteamericano frente a las nuevas tácticas de influencia que tomaría la Unión Soviética en zonas del tercer mundo.

Poniendo en marcha durante esta década una de las primeras tareas políticas a algunos de los países vecinos, el posicionar en el mandato ejecutivo a personajes de la rama militar o civiles cercanos a ella. Así lo explica Marcos Ferreria:

En el intervalo de tiempo que va desde 1948 hasta 1955 se produce, en la mayor parte de los países latinoamericanos, un retroceso de la democracia en favor de opciones políticas con un talante más autoritario. Estas transformaciones hacia tendencias de gobierno más duras estuvieron apoyadas por el ejecutivo de EEUU, el cual buscaba frenar la expansión del comunismo por las zonas periféricas del mundo, tal y como había ocurrido en Asia.³

Los regímenes impuestos a lo largo de Centroamérica, islas del Caribe y Paraguay entre otros países son la muestra de cómo los gobiernos norteamericanos y sus organismos de seguridad reorganizaron a partir de sus intereses el panorama político del denominado “patio trasero” y ejercer el control e influencia que desearan sobre aquellos países.

La llegada de los años 60 y 70 significó una nueva situación para las políticas del país del norte y la de sus Estados satélite, pues el ascenso de Fidel Casto al poder en Cuba y la crisis de los misiles soviéticos en 1962, reavivó la lucha por detener los posibles movimientos del comunismo en Latinoamérica. Por eso se intensificó el destino de todo tipo de ayudas monetarias y de políticas sociales que permitieran a los países más vulnerables de ser influenciados por Cuba se pusieran en las vías de desarrollo por medio de programas como la Alianza para el Progreso que promovidos por los presidentes Kennedy y Johnson, pero que al final no tuvieron el resultado esperado por la falta de estímulo por parte las oficinas de cooperación y seguridad norteamericanas, las cuales decidieron seguir manteniendo la lucha política y militar contra el comunismo⁴. A pesar de esos estímulos y ayudas de Norteamérica, en algunos países del cono sur latinoamericano, comenzaron a vivir momentos de avances para distintos gobiernos progresistas que acababan de ganar las elecciones populares, siendo la elección de Salvador Allende en Chile (1970) el caso más representativo de la década.

El ascenso de los partidos y movimientos de izquierda al poder en distintos países produjo un profundo malestar en sus cúpulas militares y los órganos de seguridad de Estados Unidos. Dando inicio a la orquestación de una serie de reuniones y juntas de militares y sectores políticos conservadores latinoamericanos que concluyeron en la formulación de planes que fueron puestos en marcha y estuvieron vigentes no solo en los países que se había hecho el viraje hacia la democracia popular, sino en otros se vieron en la obligación de responder a las mismas directrices así no estuvieran en la zona geográfica ni política de aplicación de dichos planes.

Dentro de estos planes, donde se encontraba el denominado Plan Cóndor, plan de origen chileno promovido y financiado por organismos políticos y de defensa norteamericanos para acabar con los considerados enemigos políticos en la región del cono sur latinoamericano. Fue diseñado en 1975 y tuvo buena recepción en países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, y en menor medida en Perú y Ecuador. En conjunto con otros planes y proyectos del mismo corte, señala Edgar Velásquez, estuvieron destinados a derrocar gobiernos de corte populista, socialista o que no fueran en concordancia con los lineamientos dados por los militares latinoamericanos y por Estados Unidos.⁵ El Plan Cóndor estuvo dirigido en principal medida hacía el intercambio de información entre los países miembros para establecer una red de datos que permitiera conocer a los individuos u organizaciones opositoras a los gobiernos o de corte comunista que pudiera provocar desestabilización política y social en cada una de las naciones, pero también se les permitió a las Fuerzas Militares de las naciones integrantes la circulación ente cada una de ellas para actuar y detener a los señalados y trasladarlos a su país de origen.⁶

Ferreira también menciona que fueron tres los aspectos claves del funcionamiento del Plan Cóndor durante su surgimiento y desarrollo. El primero, fue la recopilación y gestión de la información en diferentes bancos de datos compartida ente los países miembros, el segundo, fue la existencia de centros de comunicación donde cada una de las agencias de seguridad e inteligencia de los países informaban a los otros sobre los procesos y movimientos que iban a realizar contra los opositores. El último, fue la cooperación y retroalimentación de investigaciones e indagaciones que sirviera para conocer mucho mejor a los enemigos de los gobiernos y sus formas de actuar y de influir sobre la sociedad.⁷

La consolidación del Plan Cóndor tanto en los países miembros como en algunos otros cercanos al proyecto comenzó a gestarse desde años antes a 1975, pues si bien está el gran precedente del golpe de Estado en Chile en 1973, hubo reuniones y conferencias organizadas años antes por distintas Fuerzas militares y policiales de los países integrantes en que se estructuraban las hojas de ruta para el señalamiento y la retroalimentación de información sobre los objetivos políticos a perseguir. La norma era diseñar todo un programa político, militar y de inteligencia que agrupara a un gran número de personajes reconocidos en la lucha contra los sectores comunistas y de izquierda que se habían conformado dentro de cada uno de los países. La década de los años 70 en Latinoamérica resultó ser el momento de mayor despliegue de las políticas destinadas a hacer frente a los opositores a los regímenes dictatoriales cívico-militares o democráticos autoritarios que se impusieron en las diferentes naciones, dándole espacio y aire para que el proyecto del Plan Cóndor se materializara y tomara vuelo.

Ante la situación que venía ocurriendo en varios países de la región cabe preguntarnos ¿Qué estaba sucediendo en Colombia en la época?, ¿el país también estuvo en los planes de los proyectos dictatoriales o intervencionistas de los distintos organismos de seguridad?

La situación en Colombia estaba en una relativa paz y ambiente de conciliación entre los partidos políticos que desde 1958 había acordado una alternación en los gobiernos entre los liberales y conservadores para finalizar con los últimos rezagos de la violencia bipartidista que había sacudido a diferentes regiones del país con graves consecuencias sociales, permitiendo que esta alternancia política no solo fuera en el poder ejecutivo sino también en los gabinetes ministeriales, en algunos cargos del Estado, como en las gobernaciones, los municipios y oficinas gubernamentales. Esta medida para la creación de un gobierno igualitario entre los partidos políticos es vista desde una perspectiva de doble sentido pues, por un lado, permitió el regreso de los civiles al poder nacional, los cuales en los años anteriores habían estado ligados a los militares durante su mandato o estaban fuera del país en calidad de exiliados políticos, proporcionando con su llegada un nuevo respiro a la democracia nacional. Por otro lado, como lo señala David Bushnell, la paridad entre ambos partidos significó que los diferentes puestos burocráticos en el gobierno de cada uno de los lideres ya estaban repartidos como parte de un sistema clientelista,⁸ siendo así durante los 16 años de duración del Frente Nacional. Posteriormente, en 1974 con la llegada de la elección y participación libre de candidatos y partidos a las elecciones, los sectores sociales y políticos tendrían una nueva tonalidad pues la participación de la ANAPO (Alianza Nacional Popular) y de otros movimientos políticos de menor envergadura y acogimiento buscaron dar un golpe certero al sistema político tradicional colombiano. Pero las criticadas elecciones de 1970 y la victoria de Alfonso López Michelsen -hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo- frente a los otros candidatos, también hijos de ex presidentes, mantuvo dentro de las mismas esferas aristocráticas y clientelistas el control político del país.

3. Un cóndor sobrevuela los Andes

En el marco de lo constituido por los Estados Unidos para controlar y erradicar cualquier foco de influencia comunista en América latina, se implantaron una serie de proyectos para impulsar el desarrollo social y económico en los países de la región y ganarse un amplio sector de la geopolítica mundial, siendo el comienzo de una nueva etapa de la Doctrina de Seguridad Nacional establecida en los años 50 y 60. Yendo más allá de la firma de acuerdos y pactos entre naciones, de ayuda y cooperación recíproca, en esta ocasión se remarcó fuertemente el uso de todo tipo de herramientas judiciales, políticas y militares propias de cada uno de los países latinoamericanos, y que Estados Unidos legitimó, para erradicar los sectores de oposición que interfirieran con el avance del modelo económico neoliberal. “… la respuesta de los gobiernos militares fue mucho más allá de derrotar a las guerrillas, esto implicaba una especie de guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, estuviera armado o no”. ⁹

Los casos más reconocidos por la historiografía con sumo detalle de su aplicación han sido en Argentina, Chile, Uruguay, entre otros países del cono sur, pero no podemos limitarnos a ver la situación de estos países exclusivamente, pues también fue aplicado dicho plan con las mismas directrices de represión o con menor intensidad en países del norte de los andes y Centroamérica. Los cuales presentaron situaciones de ataques contra sectores de oposición a los gobiernos y que poseen elementos que diversifican la cantidad de aspectos sobre el entendimiento del actuar de los gobiernos y los grupos opositores.

A los múltiples lugares donde la aplicación del Plan Cóndor se hizo efectiva, explica Gustavo Pasten, hubo amplia movilidad y porosidad en las fronteras entre todos los países de la región vinculados con el proyecto de acabar con la izquierda y la oposición. Tan solo la fuerte actividad y dinamismo del gobierno chileno de Augusto Pinochet, del paraguayo de Alfredo Stroessner y del argentino de Jorge Rafael Videla, quienes orquestaron operativos de búsqueda y ataque no solo dentro de las tres naciones, sino que acordaron con presidentes y grupos anticomunistas de otros países de Latinoamérica y de Europa planes y persecuciones a los objetivos considerados enemigos del orden y la democracia para los países.¹⁰ Todas estas operaciones estuvieron bajo la aprobación del gobierno norteamericano y las distintas agencias de seguridad que garantizaron a los agentes y a los dictadores total disposición.

… implicaría la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos, incluidos los asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros… En la Argentina, antes del golpe de Estado de 1976, ya se habían logrado acuerdos entre los servicios secretos de este país y de Chile, para el intercambio de información clave y para facilitar la captura de militantes izquierdistas chilenos. Se logra el perfeccionamiento de este accionar con la Operación Cóndor.¹¹

El accionar del Plan Cóndor tuvo como una de sus principales herramientas posicionar nuevamente al mando de los países a militares, o sectores políticos que estuviesen aliados con las instituciones castrenses, para establecer gobiernos dictatoriales y autoritarios que supiesen reprimir de la manera necesaria los focos de disidencia social y política.

El progresivo aumento del número de jefes de Estado militares en el continente y, en su defecto, el mantener a muchos de estos dentro de las elites del poder acrecentó las luchas fratricidas generadas desde los gobiernos militaristas… En Argentina la dictadura militar practicó el terrorismo de Estado, para el efecto utilizó las fuerzas armadas y a grupos parapoliciales los cuales reprimían de manera clandestina a los opositores.¹²

Lo hecho en Argentina y Chile desde los años 70 hasta los 80 y 90, respectivamente, ha sido uno de los temas que más ha ocupado y centrado investigaciones sobre el tipo de funcionamiento que tuvieron los militares que por medio de golpes de Estado y decisiones represivas adentraron a los países en un periodo de conmoción y miedo total. El control de los medios de comunicación, de las libertades individuales, la presión hacia las áreas productivas y comerciales fue una constante que vigorizó la economía de algunas de estas naciones bajo un discurso nacionalistas, pero a la vez incrementó el objetivo de ser blanco de críticas por la desaparición, torturas y persecuciones a líderes e integrantes de los movimientos de oposición de los gobiernos. Pero a esta situación surge un interrogante, ¿Desde dónde se organizaban o planeaban tales políticas de carácter militarista? Estas medidas para la “protección” de los países del enemigo externo se originaron por un lado de los dictamines dados por el gobierno norteamericano, quien continuó con la inversión en el sector de defensa de los países latinoamericanos en forma de dinero y capacitación por medio de diferentes planes de adoctrinamiento y combate de grupos irregulares. Aquí nos encontramos con un aspecto clave de la pregunta, la importancia de los centros de instrucción militares vuelve a tomar fuerza, especialmente la que toma de nuevo el centro de entrenamiento y adoctrinamiento militar ubicado en Panamá de La Escuela de las Américas, la cual desde su fundación en los años 40, encargó a ideólogos y militares norteamericanos y europeos proporcionar los materiales necesarios a varios militares latinoamericanos para que aprendieran a identificar, perseguir y enfrentar a aquellos miembros u organizaciones que propagaran la ideología de izquierda en toda la región. Luego, varios militares instruidos en este centro militar, entre ellos varios colombianos, argentinos y chilenos, pasarían a dar cátedra en el mismo y comenzaría con ello un nuevo periodo y forma de instrucción sobre cómo combatir tanto física, moral y psicológicamente al considerado enemigo interno de las naciones latinoamericanas.

Esta escuela… dictó cursos en español y portugués destinados a “brindar” a los militares latinoamericanos una formación que les permitiera contribuir a la seguridad militar de sus respectivos países. Frente a concepciones políticas democráticas responde de manera directa a las concepciones de Washington en materia de división con tienen tal del trabajo militar. En tales escuelas los cursos inculcaron una ideología anticomunista y una filosofía contrarrevolucionaria.¹³

Impartiendo en sus cátedras distintas metodologías teóricas y prácticas de cómo combatir al comunismo, sus principios y sus representantes en diferentes escenarios, pero más allá de observar estos aspectos, los instructores de la Escuela de las Américas se encargaron de comprender a su enemigo a profundidad para así confrontarlo por todas las aristas posibles.¹⁴ Esta educación militarista dejó una profunda enseñanza y forma de pensar teóricamente sobre el enemigo externo e interno de cada uno de los países latinoamericanos y el desarrollo de distintas herramientas que les permitieron organizar todo tipo de despliegues para la conservación del orden y la paz en cada una de la naciones de la región y cumplir con los objetivos e intereses del gobierno norteamericano. El tipo de adoctrinamiento impartido no solo en esta escuela militar, sino en muchos otros centros de formación se ve reflejado en lo hecho por el general colombiano Fernando Landazábal, quien desde su amplia experiencia en combate y dirección de organismos de defensa e inteligencia militar en Colombia, planeó y escribió un método militar y una serie de obras que le permitieron conceptualizar la idea de “guerra revolucionaria” dentro de las Fuerzas Militares para tener un claro conocimiento de cómo confrontar al comunismo y sus representantes en el país.¹⁵

En Colombia, la aplicación del Plan Cóndor no se hizo de una forma directa como lo fue en Chile y Argentina, pero si se realizó bajo la figura de una serie de reformas y decretos en los últimos años del mandato del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) y todo el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y las relaciones que estos gobiernos tuvieron con las fuerzas militares, quienes presionaron a los sectores políticos para que les brindaran las suficientes garantías judiciales y sociales en actuar en caso de alteración del orden en el país.

Un antecedente que agudizó las peticiones de las fuerzas armadas y del gobierno por limitar el accionar de varios sectores sociales fue el paro civil del 14 de septiembre de 1977, concentración de diferentes sectores sociales y populares del país que tuvo en vilo al gobierno de López Michelsen y a las autoridades militares por el malestar social que la población expresaba a sus dirigentes. Este paro fue la respuesta a la serie de descontentos, promesas incumplidas del llamado “Mandato Claro” que el presidente promovió durante su campaña electoral y primeros años de gobierno pero que no fueron lo esperado por la sociedad, pues a través de la implementación de reformas económicas y sociales se intentó reestructurar el mercado y la industria a favor de las grandes empresas extranjeras y las elites nacionales. Este paro, al igual que los realizados en años anteriores, concentró a una amplia gama de sectores productivos del país desde la industria siderúrgica, el sector bancario, de la salud, el campesino, el estudiantil entre muchos otros que levantaron su voz frente a las irregularidades y abusos del gobierno y las instituciones.¹⁶

La situación del país no era fácil, la legitimidad de las instituciones estatales estaba en duda por su incapacidad de responder satisfactoriamente a las demandas expuestas por los movimientos sociales; además la realización del Paro Cívico del 77 había puesto a temblar a los gremios económicos, Fuerzas Militares y al propio gobierno.¹⁷

El paro cívico y los nuevos rumbos que estaban teniendo los grupos guerrilleros fueron los grandes hitos que marcaron precedentes de las nuevas políticas que el nuevo presidente del país tuvo que tomar para apaciguar la tensa calma que se vivió en la sociedad. Esta movilización civil hizo que, desde los sectores militares, especialmente por las misivas dadas por el general Luis Carlos Camacho Leyva y miembros de la cúpula militar, dirigiéndose en diferentes oportunidades al presidente saliente y después con insistencia al presidente electo Turbay Ayala, señalándole la situación del país y las soluciones que se debían de tomar. Siendo finalmente adoptadas sus medidas como las bases del naciente Estatuto de Seguridad Nacional. ¹⁸

Evidentemente los militares, con gran apoyo de los representantes de los grandes gremios económicos, pedían en furor vía libre para instaurar la política de seguridad nacional, legada de las políticas estadounidenses para combatir rigurosamente al enemigo interno: la subversión, que estaba, según ellos, materializado en todos los movimientos sociales, en las organizaciones obreras, sindicatos y por supuesto los grupos alzados en armas. Era claro que los problemas sociales en el país venían siendo tratados con represión en vez de dar soluciones políticas a ellos.¹⁹

Es claro resaltar, como lo afirma Francisco Leal, que en las últimas décadas se venía presentado una disputa entre los organismos castrenses y los sectores políticos por saber quiénes eran los encargados de diseñar y poner en marcha los planes para atacar al considerado enemigo interno del país. Leal concluye que la responsabilidad por la falta de los planeación y acción recae sobre el sector político, ya que al no estructurar y ejecutar con rapidez las estrategias y tácticas que les permitieran a los militares actuar con prontitud, dichos planes quedan en el vacío solo hasta cuando ya la situación lo amerita con suma emergencia. Lo que motivó a las instituciones castrenses a establecer medidas por su propia cuenta, a partir de los lineamientos dados por los organismos de defensa norteamericanos y la Doctrina de Seguridad Nacional latinoamericana a crear sus propias reglas en el juego de la lucha contra los sectores guerrilleros y opositores al gobierno nacional.²⁰

El costo social de ello ha sido muy alto y los militares han cargado con buena parte del problema, no solamente como institución que “intuitivamente” ha asumido la mayor parte de la responsabilidad, sino que lo ha hecho a costa de su prestigio.²¹

A pesar de este panorama de discordancia entre las altas esferas políticomilitares del país, establecieron una alianza entre gobierno, militares y gremios económicos que empezó una amplia campaña por incriminar y atacar a aquellos sectores indicados de poner en entredicho el rumbo que estaba tomando el país. La llegada de Julio C. Turbay Ayala a la presidencia en 1978 como representante del partido liberal pero ligado al área más conservadora del partido, remarcó su forma de gobernar y la composición de su gabinete ministerial, pues los ministerios de mayor relevancia fueron puestos miembros del partido conservador y algunos de las fuerzas militares, como fue la asignación del el general Camacho Leyva como ministro de defensa.

Al panorama presentado sobre el antecedente social y político anterior a 1978, cabe preguntarnos ¿cuál fue el marco normativo que caracterizó el gobierno de Turbay Ayala?, ¿qué papel cumplieron las Fuerzas Militares durante del gobierno “Turbayista”?, y ¿cómo fue la relación de los militares con el sector político del país?

Desde el comienzo de mandato Turbay Ayala se continuaron - e intensificaron- algunas de las políticas que los últimos gobiernos del Frente Nacional y de López Michelsen habían promovido para frenar y enfrentar a los grupos guerrilleros y a las manifestaciones de los sectores sociales del país, pues consideraba que la figura del enemigo interno se había impuesto a nivel social desde la década de los años 50 y 60 para combatir las guerrillas liberales y luego a las guerrillas comunistas surgidas. Pero esta acción de ataque contra los sectores insurgentes amplió mucho más su campo de aplicación y llegó hasta las áreas urbanas señalando, capturando e incriminando a distintos líderes y miembros de movimientos sociales y populares que hacían frente a las medidas del gobierno. Así es como tenemos las dos herramientas predilectas de Turbay Ayala para imponer el orden y control público en el país por medio de la ley y de las instituciones del Estado. Por un lado, está la instauración del Estado de Sitio, política promulgada en el artículo 121 de la Constitución de 1886, que Renzo Ramírez y León Marín señalan como una medida que:

…permitía la adopción de medidas extraordinarias en procura del restablecimiento del orden público interno o para hacer frente a una guerra exterior por parte del ejecutivo. Sin embargo, en la práctica y sobre todo a partir del período de violencia bipartidista de mitad de siglo XX, la excepcionalidad perdió su naturaleza y se convirtió en regla permanente…²²

El Estado de Sitio había sido una de las herramientas preferidas por los presidentes, ya fuese de corte liberal o conservador, para mantener el orden y otorgar facilidades a los organismos de seguridad del país para contener y detener cualquier foco de revolución o sublevación por parte de la población²³. La entrada de las Fuerzas Militares como garantes de la seguridad a nivel nacional durante el Estado de Sitio, los llevó más allá de proteger a la sociedad de los ataques externos de los grupos guerrilleros en las zonas rurales y se le fue asignada la tarea de perseguir individuos considerados de interés o de considerable peligro ideológico o político para la sociedad. El gobierno les brindó a los militares las herramientas necesarias, tanto militares como jurídicas, para realizar tal labor - y hasta para traspasarse de sus jurisdicciones en las instituciones nacionales- en controlar y reprimir al considerado enemigo interno.

En segundo lugar, el decreto 19 23 de 1978, conocido como el Estatuto de Seguridad Nacional, fue el resultado por un lado de una amplia organización por parte de la cúpula de las Fuerzas Militares y los sectores políticos nacionales que buscó fortalecer los sistemas militar, policial y judicial para combatir la sublevación en el país. Formulando una serie de normas que señalaban a todo aquel individuo, grupo u organización que no siguiera los lineamientos que el gobierno proporcionaba para la conservación de la paz, convivencia y orden era entendido como un enemigo del mismo que debía ser incriminado. A esta idea de la formación del estatuto, S. Majbub afirma que:

La instauración del Estatuto de Seguridad no fue un decreto del que el país no estuviera advertido. Turbay en su posesión mientras hablaba de la seguridad del Estado manifestó que se iniciaría el estudio de un estatuto jurídico el cual permitiera al estado defenderse de las distintas amenazas que lo asechaban. La idea del estatuto mencionado por Turbay era que su aplicación pudiera darse sin la necesidad de acudir al estado de sitio, ya que frente a la comunidad internacional el país quedaba con mala imagen cada vez que recurría a esta herramienta.²⁴

Por otro lado, la puesta en marcha del decreto de Estatuto de Seguridad Nacional fue la cúspide de una serie de decretos en gobiernos anteriores como lo fueron los decretos 33 98 de 1965, el 15 73 de 1974 y el 21 31 de 1976, que habían propuesto otorgarle la legitimidad suficiente a las Fuerzas Militares para pudieran acceder no solo a ser los defensores del país en caso de conflictos externos, sino también en el conflicto interno y hasta de llegar ampliar su presencia en las ciudades principales e intermedias en busca de los denominados enemigos del país.²⁵

Los decretos constituidos en pleno Frente Nacional fueron la respuesta a los programas de seguridad y cooperación de Estados Unidos en Latinoamérica, quien exigió a los países receptores de su ayuda la promulgación de reformas constitucionales y leyes que permitieran a la región ser un frente - y campo- de batalla para la considerada expansión del comunismo soviético. Frente a este panorama, Ramírez y Marín afirman que en Colombia: “… no se logró estructurar una política de seguridad y defensa nacional sistemática y sostenible en el tiempo. Solo se llegó a la expedición de medidas contingentes que actuaban sobre la inmediatez, más no sobre la planificación a largo plazo”.²⁶ Siendo estas normas de los gobiernos unas medidas transitorias que con el paso del tiempo y de los hechos se fueron intensificando y endureciendo con los lineamientos propuestos por las esferas militares colombianas y los organismos de seguridad norteamericanos y de otras potencias mundiales del bloque occidental durante la guerra fría.

La puesta en marcha de la DSN [Doctrina de Seguridad Nacional] en Colombia desde la promulgación del Estatuto de Seguridad Nacional deja en claro que si bien no es el aspecto militar el que define la puesta en escena de la DSN, son los militares los que llevarán la batuta en cuanto al desarrollo de los elementos que esta doctrina encierra, dando más realce al Frente Militar que a los otros Frentes de acción.²⁷

Ahora prestando atención sobre el papel cumplido por las Fuerza Militares en el marco del gobierno de Turbay Ayala, observamos que fue el momento que las instituciones castrenses tuvieron el mayor momento de autonomía, prebendas y disposición para poder actuar bajo las formas que el adoctrinamiento, tanto práctico como teórico, recibidas en los centros de entrenamiento nacionales como extranjeros y comenzó a dar sus mayores resultados. Impregnando al Estado de un tinte militarista que en conjunto con un gobierno civil que se mostró laxo a las peticiones y necesidades los militares, proporcionándole carta blanca para que pusieran en marcha sus proyectos.

Este militarismo ha implicado un gran desprecio por las instituciones democráticas, las cuales han sido objeto de diversas olas golpistas para suplantarlas, o en su defecto, buscar la ubicación de generales, civiles militaristas o de derecha en puestos estratégicos de las administraciones nacionales para aparentar una naturaleza democrática de los gobiernos civiles… el militarismo no es sólo de los militares, el militarismo incumbe también a los civiles quienes piensan que las soluciones a los problemas, y en gen eral toda la vida social, se debe regir por la disciplina castrense.²⁸

Pero ¿Desde cuándo las Fuerzas Militares venían cosechando aquella autonomía en su actuar?, esta libertad con legitimación de los diferentes gobiernos provino desde comienzos de la década de los 50 en que la Violencia bipartidista y la entrada del país al bloque norteamericano de la Guerra fría hizo que la milicia nacional, especialmente el ejército, fuera instruida con los ideales de comenzar una lucha contra los enemigos de la democracia, del capitalismo, de las doctrinas cristianas y del orden público. Para adentrar al país en dicha lucha ideológica y política se hizo el envío de tropas colombianas a la guerra de Corea, poniendo así a los militares, y próximos ideólogos nacionales del conflicto, frente al enemigo que debían de combatir, el comunismo. Pero no solo nos podemos quedar con este hecho como antecedente de la autonomía que lograron las Fuerzas Militares, sino que también el golpe de Estado dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla y la posterior Junta Militar puso a los militares en el escenario político nacional como protagonistas, y que según Adolfo L. Atehortúa, tomó a los altos mandos militares sin un buen programa de gobierno estructurado que les permitiera poder tener un completo control sobre el país y controlar la Violencia del momento.

Llevando paulatinamente a Rojas Pinilla, a sus ministros y a los políticos conservadores cercanos al general a reorganizar los organismos de justicia, tributarios y sociales para intentar recomponer el destino del país.

Los militares asumieron el poder sin proyecto de gobierno, sin programa, sin perspectiva propia. Al rechazar lo que consideraron una afrenta contra su comandante y sus fuerzas, se encontraron de cara al gobierno porque los civiles a quienes se lo ofrecieron no quisieron aceptarlo. Osaron quebrantar la Constitución porque, una vez dado el primer paso, ya no tenían alternativa.²⁹

Después de 1958 y la llegada del Frente Nacional se le decretó un completo apoliticismo a las Fuerzas Militares que cumplieron a regañadientes, pues siempre estuvieron ligados bajo la mesa a los sectores conservadores y tradicionales del poder nacional. Aun con esta limitación en su actuar se les permitió permearse en las diversas tácticas y planes de estrategia promovidos por Estados Unidos para hacer frente a la influencia que la revolución cubana y algunas otras en Centroamérica estaban provocando en la región, aplicando medidas como los planes LASSO o LAZO (1960-1965) y ANDES (1968). El primero de ellos, orientado establecer una estrategia interna cívico-militar en que, por medio de cooperación social, cultural y médica a las comunidades más vulnerables a ser influenciadas por el comunismo, brindándoles la atención necesaria y hacerlas frentes de contención a dicha influencia.³⁰ Pero en el campo militar creó tareas de contrainsurgencia, guerra psicológica y autodefensas hacia los grupos guerrilleros y movimientos opositores en el país. El segundo de estos planes:

…tuvo como finalidad reestablecer el orden público y frenar el crecimiento de los movimientos insurgentes de los territorios más afectados del país, y esto se debía lograr por vías no armadas, pero ejecutadas por el Ejército, es decir, que se ordenaron entonces la construcción de “vías, escuelas, puestos de salud, titulación de tierras, medios de paso sobre corrientes fluviales, ordenamiento y apoyo a la colonización espontánea, necesidades específicas de cada región”³¹

Sobre estas ayudas de las Fuerzas Militares nacionales a la población civil, É. Velásquez señala dos objetivos claves para comprender su funcionamiento. El primero fue la ayuda cívico-militar mencionada que creaba en las comunidades unos individuos orgánicos que si bien no pertenecieron a las filas militares si cooperaron con información y hasta integrando en años posteriores grupos paramilitares que completaron, irregular e ilegalmente, las acciones bélicas y represivas de las Fuerzas Militares.

Su acción se basa en la idea de emplear los medios militares para llevar a cabo programas de mejoramiento económico y social que despiertan en la población beneficiada la confianza y las simpatías hacia las autoridades y sus fuerzas militares. De este modo merman la influencia comunista. Se pretende lograr apoyo y legitimación popular hacia el régimen.³²

En segundo lugar, las Fuerzas Militares del país fueron el medio de intermediación de las políticas de Estados Unidos para combatir los focos y las áreas de influencia de las guerrillas que atraerían hacia sus filas a la considerada población vulnerable del país, proveyendo a las poblaciones civiles- y al ejército- de los materiales y recursos monetarios necesarios para hacer frente tal labor defensiva y combativa. Enmarcándolas en una de las primeras etapas de la acción cívico-militar hecha en la segunda mitad del siglo XX en Colombia “…la primera es el acercamiento a la población civil para romper las barreras “ficticias” entre ésta y el estamento castrense mediante brigadas de salud, recreación, construcción de vías, servicios de peluquería y zapatería, y “obsequios” de alimentos y ropa”.³³

Por último, tenemos las relaciones establecidas entre el sector político civil del gobierno Turbay con las altas esferas castrenses y el cuerpo militar adoctrinado de las fuerzas del país. Entre estos sectores si bien como lo habíamos señalado habían reconsiderado sus posiciones en los campos políticos y social, siendo uno el encargado de regir la vida política, económica y social del país y el otro se encargó de brindar la defensa y seguridad necesaria en todo el territorio nacional, pero desde la década de los 60 el sector militar pierde gran parte de la influencia política que poseía en décadas pasadas y solo se lo limitó a las tareas de protección. Pero mientras sucedía la bifurcación de poderes e intereses, los generales y comandantes de las Fuerzas Militares se concentraron en ampliar mucho más sobre la lucha política e ideológica que sucedía en el mundo y para ello fueron acogidos los distintos manuales e instructivos que proporcionó el gobierno norteamericano y sus departamentos de seguridad tanto para el mismo país del norte como los diseñados para el resto de países latinoamericanos.

Desde 1978, y desde algunos años antes, los debates entre quien debía de mantener el orden público y la paz en el país fue la manzana de la discordia entre el gobierno y los militares, a esto, Magda Ahumada nos proporciona una visión sobre la tensión se manejaba no solo en las oficinas de los generales y del presidente y los ministros, sino también en las calles por la rápida expansión de distintos grupos guerrilleros y antigubernamentales que se armaron y cometieron diferentes golpes simbólicos y de poder al gobierno “Turbayista”.

En relación con la dinámica coyuntural, se produjeron reacciones diversas que intentaban explicar o entender la problemática en materia de seguridad. Mientras que para algunos sectores de la sociedad era función netamente del Ejército Nacional hacerle frente al enemigo interno, otros grupos, especialmente la línea media de las Fuerzas Militares, manifestaban la necesidad de entender el problema de la subversión “es eminentemente político, era de responsabilidad primaria del gobierno y no de los militares. El primer responsable de la defensa nacional, de la seguridad nacional es el presidente de la República no el Ministro de Defensa y, en consecuencia, los gobernadores deben atender los problemas de Estado en los departamentos. El militar no es sino un instrumento en manos del gobierno” ^.34

Y así fue como finalmente con la firma e imposición del decreto 19 23 de 1978 y la implantación del Estado de Sitio, se llegó a un acuerdo entre ambas partes y dio la aprobación por parte del poder ejecutivo y judicial del país para que las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia y seguridad nacionales pudieran emprender la campaña no solo contra los grupos insurgentes del momento sino también contra los grupos sindicales, estudiantiles y sociales indicados de oponerse y obstaculizar los proyectos del gobierno. Por esta razón, se reafirma el planteamiento de que cuando el gobierno y los sectores políticos no reaccionan a los hechos que ocurren dentro del país y no toman medidas al respecto, son las Fuerzas Armadas, la cuales, si bien son dependientes de las decisiones del Estado, hicieron presión para que se le fueran envestidas las garantías y herramientas suficientes para conservar la paz en la nación. La vigencia del Estatuto de Seguridad Nacional y del Estado de Sitio podemos decir que duraron todo lo que se mantuvo el gobierno de Turbay Ayala en el poder, pues fue derogada meses antes de la llegada de una nueva administración, el 9 de junio de 1982, ante las insistentes solicitudes de visita de organismos internacionales de Derechos Humanos que se propusieron indagar acerca de las constantes y abundantes denuncias de abusos de la autoridad militar, desapariciones sigilosas y forzosas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin soporte judicial, ajusticiamiento militar a civiles detenidos entre otros hechos que puso al gobierno colombiano y a las instituciones militares en ojos de la comunidad internacional.

4. Aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional

No solo la instauración del estatuto por parte del gobierno fue suficiente para que los grupos e individuos considerados de oposición se sintieran bajo amenazas y persecuciones, sino que la aplicación y ejecución del mismo a través de los organismos militares y policiales fue uno de los hechos que más marcaron de manera definitiva la considerada lucha contra el enemigo interior en el país. La otorgación de diferentes facultades a los militares facilitó que tuvieran a su disposición herramientas políticas, judiciales- y extrajudiciales- que les permitió actuar bajo lo permitido por la ley nacional y en ocasiones también por fuera de esta, abusando claramente de sus obligaciones como garantes del orden, la convivencia nacional y de los Derechos Humanos.

El cumplimiento del articulado del Estatuto por parte del ejército posibilitó la institucionalización de acciones represivas bajo el argumento de la defensa de la seguridad nacional y el control del orden público, convirtiendo en hecho cotidiano las detenciones, allanamientos y desaparición de personas integrantes de colectivos específicos como sindicatos, líderes de movimientos sociales e indígenas, académicos, estudiantes, intelectuales, abogados, periodistas o médicos.³⁵

La constante persecución a las partes señaladas de ejercer oposición o de pertenecer a grupos guerrilleros, fue un claro indicador que las intenciones que tuvieron tanto el gobierno como sus instituciones, fueron las de desmantelar - o acabar por completo- aquellos sectores que significaran un obstáculo no solo a los intereses gubernamentales de aplicar la lucha anticomunista en el país, sino que también respondió a los llamados de las potencias mundiales, especialmente de los Estados Unidos de la aplicación de nuevas dinámicas económicas orientadas a posicionar a Colombia dentro de la creciente ola del neoliberalismo que comenzaba hacia los años 80.

Ahora veremos dos campos que fueron fundamentales para el entendimiento y análisis de la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional. Por un lado, veremos el discurso del decreto mismo y la aplicación que tuvo sobre la sociedad colombiana y los sectores considerados opositores al gobierno. Por otro lado, observaremos lo dicho por el general F. Landazábal contra aquellos sectores considerados ser enemigos del país.

El Estatuto comienza mencionando que a raíz de los constantes ataques, inseguridad social y prácticas terroristas que se venían realizando en el país era necesario decretar una serie de normas que permitieran retomar el orden en todo el territorio nacional y que para ello:

… es indispensable adoptar medidas de seguridad para mantener el orden social y la paz en el territorio de la República y que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, las autoridades de la República están instruidas para proteger a todas las personas en sus vidas, honra y bienes…³⁶

Desde este momento se le comenzó a delegar a las Fuerzas Militares la labor de ser las garantes de la protección y conservación de orden público y la convivencia dentro del país, con el fin de resguardar a toda persona, institución o entidad ligada al gobierno que estuviese siendo vulnerada.

Como lo señala Luis Arbeláez, para el periodo de Estatuto de Seguridad Nacional, la guerra hacia el enemigo interno del país se vuelve parte del derecho penal, y que bajo los argumentos de la defensa de los ciudadanos, de los bienes del Estado y el restablecimiento del orden público se usaron para implementar leyes de carácter penal para combatir a los enemigos de la Nación y consolidar el firmeza del Estado.³⁷ Llegando a considerar a todo aquel movimiento o partido político fuera de los tradicionales - Liberal y Conservador- como una organización de carácter subversivo y guerrillera que tenía que ser vigilada y hasta acabada por ir en contra de las políticas de gobierno,³⁸ demostrando ser esta una gran falta a los principios democráticos - que hasta el mismo presidente decía proteger- de la diversidad de partidos políticos y que: “…el Estado persiguió, solo por divergencias de orden político o ideológico, a sujetos que representaban formas e ideas diferentes a las de quienes controlaban el aparato coercitivo del Estado”.³⁹

El área del derecho penal en este periodo pasó de ser vista como el lugar donde todos los individuos son tratados y enjuiciados con igualdad ha envestirse con características bélicas que determinaron al otro como un enemigo, enmarcándolas en el uso militar de las normas penales.⁴⁰ Este tipo de aplicación legal, se puede observar en los artículos 9.º, 11.º y 12.º del decreto donde se menciona que:

Artículo 9º: La justicia penal militar, mediante el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, además de la competencia que le esta atribuida por disposiciones legales vigentes, conocerá de los delitos a que se refiere los artículos 1º, 2º, 3º,4º,5º, y 6º y, además de los que se cometan contra la vida e integridad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y contra civiles al servicio de las mismas y contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encuéntrense o no en actos del servicio, y contra los funcionarios públicos en razón de la investidura o por causa del ejercicio de sus funciones.

Artículo 11º: Las sanciones de que tratan los apartes a) y b) del artículo 7º y el 10 [artículos tratantes respectivamente sobre la participación en marchas o manifestaciones que alteren el orden público y la incautación de armas o explosivos] serán aplicadas por los comandantes de Brigadas, Fuerza Naval o Base Aérea de conformidad… Si dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos no hubiere sido posible oír en descargos al contraventor por no haber comparecido se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante dos días en la Ayudantía del Comando de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, según el caso.

Artículo 12º: Las sanciones de que tratan los apartes c), d), e), f) y g) del artículo 7º serán impuestas por los comandantes de Estación de Policía con grado no inferior al de Capitán, quienes conocerán a prevención, mediante el procedimiento señalado en el artículo anterior. En los lugares donde no exista dichos comandantes conocerán los Alcaldes o Inspectores de Policía, respectivamente.

Esta labor de las Fuerzas Militares, en conjunto con la de los organismos de seguridad e inteligencia del país, principalmente el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), hicieron todos los procesos y movimientos de inteligencia y contrainteligencia para poder identificar a los señalados de ser miembros o participar en grupos opositores. Esta última entidad tuvo un rol característico durante los años de vigencia del Estatuto de Seguridad que puede verse reflejado con algunos hechos ocurridos en Popayán y la Universidad del Cauca en abril de 1980. El primero de estos hechos fue una explosión cerca a la sede del diario local El Liberal, incriminando, intelectual y materialmente, a varios estudiantes de dicha universidad que desde tiempo atrás venían haciendo protestas y reclamos hacia las directivas universitarias por una serie de incumplimientos académicos de estas últimas. Y como lo relata uno de los entonces estudiantes incriminados.

Puede ser que, debido a ello y quién sabe a cuántas cosas más, urdidas desde las directivas de la universidad y de otros escenarios payaneses que desconozco, el órgano de seguridad e inteligencia del Estado colombiano se preocupó por nosotros. O, puede ser que nuestra detención fue simplemente un operativo rutinario dentro del Estatuto de Seguridad, o porque existían sospechas acerca de que alguno de nosotros pertenecía a cualquiera de los “alzados en armas” que en el momento ocupaban buena parte del escenario nacional y local…⁴¹.

El mismo estudiante relata que días antes de estar entre ojos de las directivas universitarias, al salir de un congreso estudiantil realizado en la facultad de artes de la universidad, fue abordado por unos “agentes secretos” que sin mediar palabra y sin poner resistencia se lo llevaron a las oficinas locales del DAS. Allí después de ser adentrado en un calabozo con algunos otros compañeros también capturados en momentos diferentes, se creó en la mente de ellos un pensamiento colectivo en que: “Fue la dicha, el juego; pero también la preocupación por lo que podría venir, y sabíamos plenamente de qué podrían ser capaces” pasadas doce horas, y después de dialogar con el director local del DAS, el estudiante y sus compañeros fueron puestos en libertad.⁴² Pero, ¿A qué se refiere al decir “sabíamos plenamente de qué podrían ser capaces”? esto señala el fatídico reconocimiento que habían obtenido tanto las Fuerzas Militares y los organismo de inteligencia que se enviaban a muchos de los capturados a diversos centros de concentración, en zonas urbanas o rurales, con bastante presencia militar para cometer toda clase de torturas, violaciones y ultrajes físicos y mentales y hasta desapariciones de las personas capturadas y señaladas de cooperar o pertenecer a grupos enemigos del gobierno.

En la misma ciudad está el testimonio de un testigo para la época fue espectador de cómo se usaron escenarios locales de grandes capacidades para albergar a distintas personas que eran víctimas de las “batidas” por parte del ejército y la policía. Método que consistía en que por medio de camiones y otros vehículos recorrían a la ciudad haciendo capturas, sin fundamento legal, de presuntos sospechosos o hasta de personas que nada tenían que ver con movimientos o grupos políticos de oposición locales. Como lo menciona este testimonio:

Yo me acuerdo que a veces no había sitio donde meter la gente, y las metían a la plaza de toros…; o sea, buscaban espacios grandes para meter la gente, porque eso no eran tres o cuatro personas, las que cogían…⁴³

En este contexto son ampliamente conocidos nivel nacional algunos sitios donde fueron llevadas las personas indicadas del robo de las armas del cantón norte de Bogotá el 31 de diciembre de 1978 por parte de un grupo del M-19. Fueron alrededor de 936 personas las capturadas e indicadas de tal robo, que según Catalina Jiménez: “fueron llevadas a diferentes brigadas militares como la Brigada de Institutos Militares (BIM), con sede en la Escuela de Caballería de Usaquén (Bogotá), las cuevas de Sacromonte, parte del Batallón Escuela de Comunicaciones de Facatativá o el Batallón Pichincha en Cali”.⁴⁴

Estos tres artículos demuestran ser el punto más crítico del Estatuto de Seguridad Nacional, pues podemos ver la clara derogación de las normas y las leyes a las Fuerzas Militares y como dentro de ellas se estipuló la manera de impartir la justicia para los ciudadanos y el blindaje que el gobierno les otorgó para su funcionamiento y aplicación. Esta situación no fue ajena solo del mandato presidencial de Julio C. Turbay Ayala y al caso colombiano, pues desde años atrás se les venía proporcionando un amplio marco legal a los militares para que trastocaran muchos más campos de ataque más allá de la protección exterior del país, estableciendo un estado permanente de guerra que el contexto de la Guerra Fría en el Estado colombiano parece continuó latente después de 1991. Al igual que sus semejantes en el cono sur, donde la unión de la policía, el ejército y grupos de civiles orgánicos o colaboradores, paramilitares, formaron contingentes que señalaban e instigaban a los tachados de revolucionarios y perjudicar al orden moral y social de la ciudadanía. La persecución ha sido un factor clave para entender en funcionamiento no solo del Estatuto de Seguridad en Colombia, sino también del marco general del Plan Cóndor en el resto de Latinoamérica, pues dentro de estos dos proyectos el seguimiento y rastreo de los implicados de ser opositores y llevarlos hasta diferentes centros o escuelas militares donde eran sometidos a toda clase de crímenes y castigos.

Las normas expuestas demuestran la fuerte intervención de las instituciones militares en los órganos judiciales civiles, en que sin procurar el debido proceso al juicio, a la falta de tiempo prudente para la recolección de pruebas del incriminado y hasta la realización de consejos de guerra y juicios verbales a los capturados, fueron rasgos determinantes para entender el predominio militar sobre otras instituciones del Estado durante los años de aplicación del estado de sitio y del Estatuto de Seguridad Nacional. Otra forma de represión y la más ejercida no solo en Colombia, sino también en a lo largo de Latinoamérica a lo largo del siglo XX hasta la actualidad fueron las desapariciones forzadas de miembros de los sectores opositores al gobierno y que aun causa malestar y recelo contra las instituciones castrenses colombianas es lo relacionado con las desapariciones forzadas. Este tipo de actuaciones son vistas por M. Hoyos como:

…la detención arbitraria, el asesinato y posterior ocultamiento de un cadáver por parte de los agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de éste se aplica con la finalidad de no dejar rastro de la víctima y borrar toda huella que conduzca al esclarecimiento del delito. Busca, en suma, garantizar para quienes lo perpetran, la total impunidad.⁴⁵

El mismo autor afirma que en los últimos 50 años se han vivido diferentes periodos alrededor de las desapariciones forzadas, en que cada época se caracteriza por tener un actor principal y un grupo considerado objetivo a ocultar⁴⁶ . En el periodo en cual nos concentramos, 1978-1982, encontramos que aquí las fuerzas militares y grupos paramilitares aliados dirigieron las desapariciones hacia sectores sociales tales como estudiantes, miembros de sindicatos o uniones obreras, líderes sociales y políticos a nivel local o regional que se encargaban de dar a conocer y manifestar a la población las críticas sobre el gobierno y sus instituciones.

Siguiendo con algunas otras normas del Estatuto, tenemos las acusaciones hechas sobre los artículos 4.º, 7.º, 13.º, 14.º, en los que se regula la protesta social en el país, la caracterización y encubrimiento de la identidad de los manifestantes y la regulación de los medios de comunicación e información nacionales. En el primero de ellos, el artículo 4.º, se estipula que: “Los que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del orden público, o alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales…” causando penas carcelarias de 1 a 5 años y hasta 10 años si se presentaban lesiones o agresiones a personas ajenas. Señalando así que todo tipo de movilización o concentración por parte de la sociedad era considerado una unión de distintas fuerzas opositoras y antigubernamentales - y hasta tildados de comunistas- que debían de ser reprimidas por las Fuerzas Militares y la justicia penal militar.

El segundo de estos artículos, el artículo 7º, señala que: Se impondrá arresto inconmutable hasta por un año, a quien o quienes:

Donde se priva a los manifestantes de elementos propios y característicos de la protesta, ya sea mediante la ocultación de su identidad, de enfrentar y desobedecer las normas de los organismos policiales y compartir con la sociedad sus motivos e intenciones para movilizarse y quejarse.

Este accionar de la sociedad y los manifestantes fue reprimido por parte de las autoridades con bastante fuerza, aprehensiones y violaciones a los Derechos Humanos como lo explica C. Jiménez.

El cumplimiento del articulado del Estatuto por parte del ejército posibilitó la institucionalización de acciones represivas bajo el argumento de la defensa de la seguridad nacional y el control del orden público, convirtiendo en hecho cotidiano las detenciones, allanamientos y desaparición de personas integrantes de colectivos específicos como sindicatos, líderes de movimientos sociales e indígenas, académicos, estudiantes, intelectuales, abogados, periodistas o médicos. Estas detenciones estuvieron amparadas en la confección por parte del ejército de enormes listas de personas que podían ser detenidas bajo la premisa de ser sospechosas… Las torturas físicas y psíquicas a los detenidos en las brigadas militares cuando el procedimiento legal exigía su traslado a la cárcel, así como la desaparición forzada de ciudadanos especialmente en las zonas rurales, evidenció el uso de acciones represivas y la violación a los derechos fundamentales.⁴⁷

Igualmente se actuó con la fuerte ofensiva contra los grupos armados guerrilleros de décadas atrás como las FARC, el ELN, el EPL y algunas otros consolidados años antes del gobierno de Turbay Ayala, como el M-19 y los primeros focos del movimiento Quintín Lame.

El tercero de estos problemáticos artículos fue el 13º y 14º donde en el primero de ellos se decretó que:

Mientras subsista la perturbación del orden público no podrán transmitirse por las estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o a paros o huelgas ilegales o noticias que inciten al delito o hagan su apología.

Dándole las facultades al ministerio de comunicaciones la recuperación del dominio de todas aquellas señales o frecuencias televisivas y radiales que fuesen usadas por particulares para su propio beneficio y alteraran el orden público. Pero también ocurrió lo mismo con los medios impresos que fueron sujetos a la revisión, censura y cierres por parte del gobierno, tal como sucedió con la revista Alternativa, publicación semanal que desde 1974 a 1980 informó al público las problemáticas de los sectores populares y sociales que eran víctimas de la represión por parte del gobierno de López Michelsen y los primeros años del gobierno de Turbay Ayala.

Por último, veremos algunos aspectos del discurso de la guerra revolucionaria que promovió el general F. Landazábal en su visión teórica sobre cómo combatir y diseñar un sistema político y militar de para acabar con el comunismo en Colombia.

Fernando Landazábal tuvo una larga y consolidada trayectoria militar que además de servir en la guerra de Corea y de diplomático para Colombia ante otras naciones, encabezó distintas escuelas, institutos y centros de pensamiento y formación militar en toda la región, posicionándolo como un referente en la teorización y planteamiento de distintas herramientas para combatir al considerado enemigo interno nacional como era visto el comunismo. Para poder estructurar ofensivas y planear métodos de combatir a este sistema, estudió y conoció de primera mano, a profundidad y por todas las aristas posibles a su enemigo y así poder enfrentarlo y reprimirlo.

Igualmente fue integrante de distintas comisiones militares extranjeras que conocieron el funcionamiento de los grupos guerrilleros e insurrectos en zonas que estaban saliendo del antiguo colonialismo europeo y ahora buscaban su independencia, pero estos vacíos dejados de los viejos imperios fueron aprovechados por las potencias políticas de la Guerra Fría para ampliar su influencia a lo largo del mapa geopolítico mundial. Landazábal en sus estudios propuso la formulación del concepto y técnica de “Guerra revolucionara”, el cual es definido como las tácticas usadas por las guerrillas subversivas comunistas que dejan de un lado el modelo de guerra clásica y física de enfrentamientos por uno de guerra psicológica más ligada al campo político y social de los mismos grupos y la sociedad. Significándole así una mayor dificultad para los organismos de seguridad del país el tratar de identificar al revolucionario, pues según Landazábal, esté o no armado, es considerado un enemigo nacional⁴⁸. Por eso propone Velásquez que: “La guerra regular busca la destrucción de las fuerzas armadas del adversario, mientras la guerra revolucionaria busca apoderarse del espíritu de las personas. Por medio de la guerra revolucionaria se pretende dividir a las fuerzas regulares”.⁴⁹

Pero ¿Qué relación existió entre las propuestas de Landazábal con las políticas de Estatuto de Seguridad?, aunque no se incidieron directamente las unas sobre las otras, las propuestas del general fueron acogidas por las altas cúpulas de las Fuerzas Militares colombianas en materia de crear una campaña para deshabilitar al enemigo, comprender sus formas de actuar y cuáles eran los puntos débiles que los militares podían atacar y generar mayor impacto. Dirigiendo sus ataques y detenciones hacía las “células urbanas” de los grupos opositores y mediante la tortura física y psicológica obligarlos a dar toda la información que supieran acerca de sus superiores o compañeros.

Finalmente, la visión de Landazábal, siendo ministro de defensa, fue crítica en los primeros contactos de las negociaciones de paz y cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) y algunas organizaciones guerrilleras, pues señaló que era signo de un Estado débil que se intentara negociar una salida diplomática con los enemigos de la Nación, ya que estos podían tomar ventaja y apropiarse del país. Ante esta situación, P. Nieto asegura que:

…la reacción de la cúpula militar ante un proyecto político de negociación con las guerrillas debería entenderse en el contexto mismo del papel histórico de las Fuerzas Armadas. La oficialidad ha vivido en medio de zonas de orden público alterado; su formación, sus valores, su comprensión del país, incluso sus hábitos han sido moldeados por la guerra de contrainsurgencia; precisamente por ello, difícilmente pueden comprender que la solución del conflicto pueda pasar por el tamiz de la negociación política.⁵⁰

También durante este periodo observó con ambivalencia el papel de los grupos paramilitares que estaban tomando presencia en distintas regiones del país y que eran consideradas una extensión las Fuerzas Militares en zonas o lugares donde estas no podían hacer presencia y por eso se les denominó como “la subversión contra la subversión”.⁵¹ Todo el pensamiento de F. Landazábal se construyó desde una perspectiva conservadora y ampliamente ligada a las instituciones castrenses y el papel que estas debían de tener sobre la sociedad y hasta sobre algunas instituciones del Estado.

5. Conclusión

El funcionamiento y aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional en el marco del desarrollo del Plan Cóndor en el cono sur latinoamericano, estuvo encaminado a ser la herramienta de materialización en Colombia de la nueva lucha contra el comunismo y la influencia de la Unión Soviética y Cuba en la región latinoamericana. Desde los años 50 y 60 en que la región latinoamericana empezó a ser foco de la cooperación norteamericana, enfocada principalmente en la ayuda a fortalecer a los distintos ejércitos nacionales que debían de sofocar los focos de influencia comunista en sus respectivos países, así paulatinamente se fueron organizando proyectos y planes político-militares encaminados a las instituciones castrenses pudieran poseer muchos más de los poderes nacionales, esto a través de diversos e intensos golpes de Estado que caracterizaron la política latinoamericana durante la segunda mitad del siglo XX.

De estos planes para regentar el poder a manos de los militares, el Plan Cóndor fue uno de los que mayor tuvo repercusiones en las sociedades donde fue aplicado pues se realizó una persecución sistemática, constante detención, tortura y desaparición de individuos señalados de ser miembros de movimientos comunistas y de izquierda, siendo denominados como los “enemigos internos” de las naciones y que solo buscaban desestabilizar la política a favor de los intereses del comunismo. Desde los casos más representativos de Chile y Argentina, algunos otros países también aplicaron las medidas proporcionadas por los organismos de seguridad y defensa de los Estados Unidos y otorgaron a los militares las garantías necesarias para realizar tal labor de seguimientos y capturas en masa tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales.