1. Introducción

El sacerdote don Antonio Julián, en su célebre libro La perla de América, Provincia de Santa Marta: reconocida, observada y expuesta en discursos históricos, escribe que, tras haber escuchado a Juan Bautista Machín Barrena en confesión antes de su muerte, pudo conocer sobre la «expedición emprendida con Real aprobación, a fin de pacificar a los Motilones, y hacer traficables sus tierras». En su escrito de 1787, resume así una visión de época:

No han faltado hombres de brío y de espíritu, penetrados del amor del bien común, que hayan emprendido limpiar las tierras de los Motilones, hacerlas traficables, y reducir a la Religión y a la Monarquía una Nación por tantos años indómita, y perturbadora del Reino. Entre otros por los años treinta y tantos del corriente siglo, hubo un caballero Vizcaíno llamado Machín Barrena, famoso en el Reino por su valor, integridad y justicia (…). Este, pues, meditó, propuso y ejecutó el siguiente proyecto. De las cuatro ciudades o villas más vecinas, y que rodean la tierra de los Motilones, habían de salir cuatro como escuadrones de gente tan valiente como voluntaria, y en tal día y hora señalada y consabida se habían de unir en el centro de los Motilones para cogerlos de sorpresa, y libertar de una vez la tierra de aquellos bárbaros. De San Faustino había de salir una partida, otra de Salazar de las Palmas, otra de Mérida, o de Maracaibo (que ya no me acuerdo bien) y por fin, otra de la ciudad de Ocaña. Como no se había de meter la gente en tierras enemigas desarmada, y sin defensa, era precisa la provisión respectiva de pólvora y municiones para ese escuadrón.¹

Las palabras del sacerdote, aunque despojadas de formulaciones propias de la retórica evangelizadora, sintetizan la fórmula mediante la cual se configuró una narrativa particularmente estigmatizadora sobre los llamados ‘indios motilones’. La referencia se hacía a las poblaciones indígenas asentadas en lo que actualmente constituye el territorio de la cuenca sur occidental del lago de Maracaibo, conocida como la hoya del Catatumbo; región comprendida entre los actuales territorios de Colombia y Venezuela. En esa zona, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII, la imposibilidad del Estado colonial por establecer un control permanente implicó su asunción como una de las llamadas zonas de ‘frontera india’, en alusión a su exterioridad frente a las áreas de pleno control colonial.²

Aún hasta mediados del siglo XVIII, la señalada beligerancia o resistencia de los motilones constituía un motivo de preocupación constante para el Estado colonial. Documentos de la época daban cuenta de la obligada merma de los flujos comerciales causada por la hostilidad de los indígenas, que impedía el tráfico a través de los cursos fluviales. Otras voces se expresaban en torno al perjuicio generado por los ataques que costaban vidas de esclavos, y entorpecían con ello las labores de cosecha. Las haciendas cacaoteras, que empezaban a proyectarse por aquel entonces como las unidades productivas de mayor poder en aquella región, tuvieron que recurrir en varias ocasiones a medidas defensivas tales como el traslado de esclavos para su resguardo o la provisión de armas. Algunas de dichas unidades productivas tuvieron que ser abandonadas ante la imposibilidad de sostener su explotación. El perjuicio económico se sumaba a la consumición de cuantiosos recursos destinados a las empresas de reducción y pacificación de los indígenas de aquella zona.³

La relevancia del control de la llamada frontera motilona se ejemplifica en manifestaciones que superaban el ámbito local. Para 1748, por Real Cédula se ordenaba al Virrey de Santafé la pacificación de los motilones y, desde 1753, se autorizaban por parte de la máxima instancia del gobierno virreinal ‘rondas’ que, a modo de pequeñas expediciones privadas, reforzaran el proyecto Real.⁴ Si bien la intención inicial de tener al lago de Maracaibo como principal puerto de embarque de la producción colonial con rumbo a la metrópoli ya se había abandonado, al preferirse en cambio la ruta de transporte a través del río Magdalena y los puertos del Caribe, la imposibilidad de integrar y controlar el territorio del Catatumbo era una deuda pendiente para las autoridades. Hasta ese momento, todos los intentos de ’reducir’ a los habitantes de la hoya del Catatumbo habían fracasado.

Sin embargo, según Stephen Beckerman, la sostenida y creciente conflictividad era parte del aumento de la presión colonial por lograr el control de la zona. En la década de 1750, la mayoría de las comunidades presentes en el Catatumbo se habían extinguido a causa del accionar del asedio colonial, (con la excepción de los Barí y de los Yukpa, que se desplazaron hacia la zona montañosa del norte)⁵. A partir de ese momento, la denominación de ‘motilones’ (presente en todos los documentos de la época) se sostuvo de forma vinculada a la generación de un estigma de peligrosidad que, además de suponer la justificación para el desarrollo de prácticas represivas tendientes a su control y asimilación, implicaron la difusión de tal exónimo (motilón) como una forma más de la pretendida sujeción política. Esto mientras tal denominación se extendía indiscriminadamente a pueblos disimiles que hoy reconocemos por sus endónimos como Barís y Yukpas, (aunque, a efectos de este escrito, llamaremos motilones en atención al nombre por el cual eran referidos por los no indígenas). Así, para la segunda mitad del siglo XVIII, esta necesidad de control de la frontera motilona asumió una nueva envergadura, y las políticas borbónicas de la época le otorgaron un nuevo empuje.

2. El asedio cacaotero

Catatumbo es el nombre dado a la hoya o valle de bosque húmedo tropical que acompaña el cauce del río del mismo nombre, una vez descendido de la zona montañosa en donde tiene su nacimiento (específicamente, en el llamado páramo Jurisdicciones, a 3.450 metros de altura sobre el nivel del mar).⁶ La hoya o valle del Catatumbo (también conocido como selva del Catatumbo), se caracteriza por ser una región de tierras bajas, de entre 50 y 500 metros de altura sobre el nivel del mar, con climas cálidos y húmedos, alto nivel de precipitaciones, con densa capa vegetal y, lo más importante, constitutiva de una densa cuenca hidrográfica de ríos, cañadas y caños que, a modo de telaraña, forman un entramado fluvial interconectado, el cual comprende aproximadamente una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados (37.000 km2, si se considera también la Serranía del Perijá; región montañosa que delimita al valle). Esta amplia superficie, que abarca casi la mitad del territorio jurisdiccional del departamento de Norte de Santander, constituye, por las mencionadas características, una región ambiental (o ecosistema) conocida como cuenca del Catatumbo, interconectada y lindante (hacia el oriente) con la llamada cuenca sur occidental del Lago de Maracaibo, en el cual desembocan los ríos de la mencionada cuenca.⁷ Actualmente, la región corresponde a las jurisdicciones nacionales de Colombia y Venezuela, a partir de una delimitación de tipo político y no geográfico. La figura, a continuación, señala, con dos grados distintos de escala y mediante un sombreado de forma hexagonal, el área aproximada correspondiente a los citados 25.000 kilómetros cuadrados de la cuenca. Se identifica también el citado trazado actual del límite territorial de los dos países mencionados, así como algunas de las ciudades próximas a la zona estudiada.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Zona de la cuenca del Catatumbo. 

Para comprender la particularidad de las dinámicas propias del proceso de inserción del colonialismo europeo en el Catatumbo, es válido previamente señalar algunas breves apreciaciones sobre los procesos de poblamiento durante la llamada etapa prehispánica. En particular, se ha registrado la presencia de colectividades hablantes de idiomas de raíz chibcha, caribe y arawak.⁸ Puede pensarse por ello en una dinámica de interacción caracterizada por el enfrentamiento y la negociación como constantes por el control del territorio y la correspondiente falta de delimitación clara del mismo. Esto, dentro de una territorialidad vasta destinada a servir como coto de caza y pesca, así como reservorio de frutos silvestres de distintos tipos de grupos poblacionales; actividades muy importantes en un ambiente climático adverso y con una agricultura poco desarrollada. Una territorialidad no definida por prácticas de habitación y producción sedentarias, sino de mayor movilidad y amplitud.

Por su parte, el proceso de control territorial emprendido por los europeos que llegaban a Suramérica no fue, en principio, del todo diferente en la región del Catatumbo al adelantado en el resto del subcontinente. Para una caracterizarlo, es necesario tener en cuenta que no se trató de lo que podría concebirse bajo la idea de ocupación del espacio (como si se tratara de espacios vacíos), sino más bien del continuo de desterritorialización y reterritorialización,⁹ en el sentido de la indefectible modificación de las dinámicas sociales previas existentes y su posterior cambio tras el inicio del proceso de dominación colonial. Este proceso no debe ser estimado únicamente en relación a la consecución efectiva y estable del control, pues, a lo largo de los más de tres siglos de dicho periodo, se sostuvieron grandes áreas, como el Catatumbo, que pueden ser consideradas fronteras de guerra, es decir, espacios en los cuales los españoles solo ejercían un dominio muy precario y para nada estable.¹⁰ Como parte del sentido general del proceso de conquista y colonización en esas fronteras, la lógica militar caracterizó la penetración inicial en la zona. La fundación de ciudades, que debemos entender más bien como pequeñas guarniciones militares, configuró una táctica de avance escalonado y, en cierta medida, lineal, bajo la pretensión de mantener vigilados algunos puntos estratégicos para la extracción de productos propios de la región. En síntesis, «las ciudades, entendidas principalmente como una forma particular de regular la autoridad entre los conquistadores ligada a un determinado espacio geográfico, fue lo que permitió dominar el territorio».¹¹

Para contrastar las dinámicas de configuración territorial propias de los espacios de frontera, es necesario tener en cuenta que, durante el transcurso de los primeros años de colonización en el actual territorio colombiano, este proceso marcó una caracterización referida fundamentalmente a la importancia de los asentamientos prehispánicos. Estos habían generado un mayor nivel de densidad poblacional en las áreas centrales, o llamadas zonas altas de la cordillera andina, y hacía allí tendieron los colonizadores a penetrar con mayor insistencia, especialmente por la disponibilidad de mano de obra. No ocurrió lo mismo en las llamadas zonas bajas, más húmedas y cálidas, como el Catatumbo, en donde existía una menor densidad de culturas originarias sedentarias. Allí el proceso de penetración fue menos intenso, y sostuvo la condición de espacio de frontera. Otro factor que pudo haber incidido en la menor penetración colonial se refiere a la carencia de sistemas sociales de fuerte jerarquización, con lo cual los españoles no lograron identificar jefaturas rígidas sobre las cuales asentar su dominio, ni consolidar prácticas de tributación regulares, las cuales no eran preexistentes.¹²

Pero, más allá de estas diferencias, el proceso de fundación de poblados que intentó llevarse a cabo, con disimiles resultados en espacios centrales y en las llamadas fronteras, se vio acompañado por el respaldo cultural religioso en ambos escenarios. El dogma católico suponía, más que la fuente de legitimidad para la expansión territorial, el dispositivo de domesticación de la población nativa más eficaz para la época; población que era sumamente necesaria para el trabajo extractivo. Así, en algunas regiones, fueron sacerdotes católicos de las distintas ordenes confesionales llegados al Nuevo Mundo quienes encabezaron este proceso. En otras, especialmente a causa de la resistencia activa de las poblaciones nativas, debieron ser «expedicionarios», esto es, mercenarios especializados, quienes adelantaran una labor que se tornaba riesgosa.

En el Catatumbo, debido al férreo nivel de resistencia de las poblaciones nativas, ni las misiones religiosas ni los expedicionarios militares lograron consolidar la reterritorialización colonial durante los siglos XVI y XVII, más allá de los múltiples esfuerzos emprendidos para ello. Empero, la estrategia de penetración colonial puede ser estimada a partir del reconocimiento de la fundación de ciudades efectuada en esos años:Pamplona, en 1549; La Grita, en 1567; Ocaña, en 1570; Salazar, en 1583 y San Faustino en, 1662, a las cuales se sumaron distintos pueblos de indios y constituyeron una especie de cerco en el sector sur de la cuenca del Catatumbo que permitió, al tiempo, el control sobre la mano de obra disponible en las zonas montañosas más cercanas a Pamplona, destacado centro aurífero. No sería sino hasta 1733, que se fundó la Parroquia de San José de Cúcuta, como nuevo punto de frontera, al norte de Pamplona, ya en la zona baja de la hoya. Con este cerco, aunque no logró consolidarse la «reducción» de los indígenas del Catatumbo (aquellos que empezaron a ser denominados motilones), sí se avanzó en un encerramiento del territorio que, además de las ciudades del sur, quedaba delimitado por la zona montañosa del Perijá, al noroeste y por el lago de Maracaibo al noreste. Tal cerco representó una primera avanzada de asedio, que generó el aumento de la conflictividad entre distintas comunidades indígenas, procesos migratorios y desaparición de algunas comunidades (tal como se señalará más adelante).

Al asumir como válida la hipótesis del historiador inglés John Lynch, según la cual, a partir de 1750, la dinámica económica y las relaciones de dominación política correspondientes entre la metrópoli ibérica y sus colonias ultramarinas adquirieron nuevas perspectivas, pueden identificarse ciertas novedades en cuanto a las dinámicas de penetración en las zonas de frontera.¹³ Este proceso, enmarcado dentro de las llamadas Reformas Borbónicas, articuló la búsqueda de extracción de mayores réditos de sus dominios coloniales por parte de la Corona, con la necesidad de ajustes para el mejoramiento del control político y burocrático que le asegurara tal aprovechamiento económico. Sin embargo, la aparente claridad de objetivos no se reflejó siempre en medidas de la misma índole; por el contrario, dichas medidas estuvieron sujetas a la vertiginosa dinámica de la política internacional de la época, a los conflictos internos en el seno de la monarquía y a la necesidad de negociar la obediencia frente a los poderes de las élites locales que actuaban en Hispanoamérica según sus propios intereses. De forma muy sintética, puede mencionarse que el contexto de transformaciones propio de la época, impulsado por el largo proceso de desarrollo de la industrialización en Europa occidental, especialmente de la economía inglesa, influyó en la renovación de los términos del intercambio comercial en el ámbito mundial. Esto significó, para la España de la época, la revisión del vetusto régimen de monopolio comercial con sus colonias y, como consecuencia de ello, el desarrollo de un comercio «libre y protegido». Esto impulsó el resquebrajamiento del monopolio de la Monarquía española y el consecuente aumento de los niveles de intercambios, pero sin modificar el carácter inequitativo de dicho modelo de intercambios, toda vez que las economías coloniales participaban como proveedoras de materias primas y receptoras de productos con valor agregado.¹⁴

Este proceso se manifestó en el Catatumbo al profundizar explotación agrícola. Las fuentes de la época señalan la creciente relevancia que adquirió la producción y comercialización del cacao. Hasta ese momento, el proceso de colonización había significado la fundación de ciudades en áreas auríferas tales como Pamplona, en el siglo XVI. Pero, tras el agotamiento de los yacimientos hacia el siglo XVIII, los intereses mercantiles instalados en la zona sustituyeron su fuente de acumulación por la producción y comercialización del cacao.¹⁵ Para esa producción, eran necesarias áreas más cálidas y fue por ello que los productores se vieron obligados a profundizar la dinámica de expansión agrícola, con la instalación de fundos en los que se combinaba, principalmente, el cultivo del cacao con la cría de ganado mayor (especialmente mular, que después era utilizado para el transporte de la cosecha. Desde luego, el traslado articulaba trechos terrestres con zonas en las cuales se hacía por vía fluvial. De tal suerte, las economías del oro y del cacao articularon en su provecho la organización del territorio dada por la economía colonial, y arrojaron grandes ganancias para quienes se involucraban en su comercio. Asimismo, recibieron el impulso oficial de la Corona que, en distintas épocas, fomentó la extracción de oro, primero, y del cacao, con posterioridad. Tal como afirma Guillermo Sosa Abella, «el relativo auge del cacao en la segunda mitad del siglo XVIII trajo, entre otras consecuencias, la implementación más persistente de campañas militares encaminadas a controlar a los llamados motilones, con el objetivo de tener acceso a nuevas tierras y hacer expedita la navegación por el río Zulia».¹⁶ Esas «nuevas tierras» eran las posesiones adquiridas, en su mayoría, por las familias más poderosas de Pamplona. Posteriormente, se comienza a forjar una nueva élite comercial asentada en la más recientemente fundada ciudad de Cúcuta.¹⁷

En este sentido, resulta muy importante para reconocer las implicancias del incremento de la producción y comercialización hacia el exterior del cacao, la integración del puerto de Veracruz a este circuito comercial., en el virreinato de Nueva España, La «carrera de Veracruz» se inscribió en los anales de la historia como un itinerario fluvial y marítimo que partía desde Cúcuta, en la provincia de Pamplona, a través de los ríos Pamplona, Zulia y Catatumbo, hasta llegar a Encontrados, en la provincia de Maracaibo. Desde allí, a través del lago del mismo nombre y su conexión con el mar Caribe, se conectaba con el ya mencionado puerto de Veracruz. En esa ciudad, la negociación del cacao, autorizada por la metrópoli, generaba muchos mayores réditos económicos para los vendedores.

Tal florecimiento económico no era ajeno a una de las dimensiones características de la economía colonial: el contrabando. Más allá de los reiterados esfuerzos de la corona ibérica, las tratativas clandestinas proliferaron (no pocas veces auspiciadas por los propios funcionarios metropolitanos) junto a todas las actividades mercantiles de la época, y, en este panorama, el comercio cacaotero no fue la excepción.¹⁸ Así entonces, fueron intereses holandeses los que tuvieron la mayor injerencia para quebrantar el monopolio legal español, al valerse de la posición privilegiada que les significaba la isla de Curazao, ubicada en el itinerario de la ya mencionada ‘«carrera de Veracruz». Por tanto, el auge cacaotero benefició los intereses económicos de muy variados sectores, no solo aquellos instalados en la propia zona de producción.¹⁹ Tales intereses externos estuvieron fielmente representados en la Compañía Guipuzcoana de Navegación, perteneciente a comerciantes vascos, la cual, a partir de 1752, logró que le fuera extendido por parte de la corona el monopolio comercial que ya ejercía sobre la jurisdicción de Caracas, que, desde ese momento, pasaba a ejercer también en la provincia de Maracaibo. La autorización implicaba, en síntesis, el compromiso de la compañía de comprar una cuota fija de producción, así como el establecimiento de la oportunidad para que cosecheros y comerciantes del cacao invirtieran en la compañía y utilizaran la sexta parte de los buques de la Guipuzcoana para transportar por su cuenta y riesgo cierta parte de la producción. A cambio, la compañía era beneficiada con un arancel diferencial más bajo y con un mecanismo regulado de fijación de precios. No obstante, no debe suponerse que tales regulaciones y tratados condujeron a una merma en las transacciones ilegales. Por el contrario, el contrabando mantuvo su amplio accionar. A cuenta de ello, la zona del Catatumbo vivenció un proceso a través del cual personajes vinculados con la compañía o con expectativas de participar del lucrativo negocio del cacao, se insertaron progresivamente en la zona.²⁰ Estas inmensas expectativas, además de fortalecer las riquezas ya instituidas de algunos personajes, fomentaron el incremento de desplazamientos y asentamientos humanos regidos por la racionalidad económica y, con ello, el asedio colonial sobre la territorialidad indígena.

3. La penetración misional

La situación de la población indígena y la dinámica de relaciones con la población no indígena en la hoya del Catatumbo no suele ser analizada en atención a las transformaciones económico-políticas señaladas, como un factor determinante en la dinámica local. Según el historiador capuchino Fray Antonio de Alcácer²¹, se suele reconocer que la última parte del siglo XVIII evidenció un mayor avance en la zona de la labor misional de aproximación a las comunidades. Lo anterior, «gracias al heroísmo de un puñado de misioneros», y no como parte del citado asedio de la economía colonial. Sin embargo, vale recordar que, como bien lo sintetiza José Polo Acuña, «las misiones religiosas fueron un pilar importante de la política de dominación de la Corona española sobre la población indígena», en el sentido de comprender, para la época de los borbones, un objetivo genérico común: «transformar a los indígenas en agricultores sedentarios que pagaran tributos, sirvieran como mano de obra en alguna empresa productiva y se convirtieran al cristianismo. En otras palabras, insertarlos en el sistema colonial».²² Las reducciones indígenas en Misiones no deben ser entendidas de forma independiente al contexto general de la penetración colonial, aunque, en ocasiones, algunos de los miembros del clero que las sostenían emprendieran prácticas o desarrollaran una retórica que suponía cuestionar la acción de los funcionarios de la Corona o de los agentes particulares que intervenían.

Atendiendo al escenario particular del Catatumbo, y sin mencionar el contexto económico al cual se hace referencia, Alcácer denomina el periodo que se abre con la segunda mitad del siglo XVIII como el de la «intensificación del trabajo de penetración» y señala incursiones misionales iniciadas en 1757, 1760, 1761, 1764, 1765; todas ellas infructuosas en los objetivos que, para lenguaje de época, se reconocían como «pacificadores».²³ Esa imposibilidad de «pacificar» a los motilones significaba un grave problema para la administración de las cabeceras de Pamplona y Maracaibo²⁴, así como para los productores y comerciantes, para los funcionarios de la compañía Guipuzcoana e incluso para las cumbres del poder Real. Por ejemplo, el Virrey de Santafé en 1760, Don José de Solís y Folch Cardona, en la Relación de Mando preparada para su sucesor, Don Pedro Messiá de la Cerda, exponía que:

Sobre contener a los motilones, que hacen sus irrupciones y perjuicios en dicha Provincia de Maracaibo, desde el tiempo del gobernador Don Francisco Ugarte, se consultó a su Majestad sobre cierto proyecto a que ofreció concurrir la Compañía Guipuzcoana de Caracas, y hasta hoy no ha habido resolución, aunque sobre los daños que causan estos bárbaros se han hecho algunos informes a la Corte, y en el ínterin está dada la providencia de que en los lugares principales de aquellas Provincias se hagan, con los esclavos y gente de servicio de los hacendados, las rondas que antiguamente se practicaban. Estas mismas rondas están mandadas hacer en el Gobierno de San Faustino que también sufre graves perjuicios de estos bárbaros, y para ellas se hicieron llevar allí desde Maracaibo algunas armas.²⁵

Posteriormente, en pleno ejercicio de su cargo, el propio Messiá de la Cerda evidenciaba su posición al respecto de la política a seguir en relación a los indígenas, dada cuenta que «se requiere la prevención de armas y escolta que resista a los motilones que suelen asaltar y quitar la vida y hacienda a los pasajeros: embarazando también el cultivo de los cacaos de cuyo fruto es fertilísimo el terreno».²⁶ Este funcionario reconocía la existencia de disposiciones legales que «impiden aconsejar resolver el uso de las armas», tales como lo estipulado en Leyes de Indias, 8va, Título 4, Libro 3 y Libro 4, en donde se exponía que «a los alzados se les procure reducir con suavidad y sin guerra». Sin embargo, para él «la gravedad de los males (…) no admiten otra apelación que el cauterio de las armas, por haberse experimentado que los lenitivos suaves de sus amonestaciones sirven de insolentar a estos bárbaros». De esta manera, concluye que se trata de un ataque absolutamente necesario para salvar las vidas y bienes de los súbditos del Rey.²⁷ Pero no solo a los funcionarios reales podía atribuirse la difusión de esta idea de peligrosidad del indígena y de imperiosa necesidad de profundizar la penetración represiva en su territorio. En otro aparte de la historia del capuchino Alcácer, se lee lo siguiente:

El desosiego aumentaba por días. La intranquilidad era oprimente. Ya nadie podía vivir en paz por efecto de los continuos asaltos de los motilones. No solo los pueblos de indios, pero ni siquiera los de blancos, como la Villa del Rosario de Perijá, estaban exentos de la nefasta influencia. El año de 1765 fue tan calamitoso para todos que, de público consenso, el vecindario de la Villa determino «escarmentar» a los motilones.²⁸

La historiografía de procedencia capuchina presenta un contexto de creciente belicosidad por parte de los indígenas y de amplia vulnerabilidad en las poblaciones coloniales. Por supuesto, los registros documentales respaldan esa perspectiva.²⁹ En varios escritos de la época se amenazaba con abandonar ciertas poblaciones por la vulnerabilidad de las mismas o se urgía el envío de tropas y pertrechos para establecer las defensas necesarias para «contener» a los indígenas. ³⁰ No obstante, resulta pertinente señalar que se establece un marcado interés de las autoridades locales y los poderes económicos de la zona por solicitar el respaldo económico y militar para que la Corona asista, con algunos gastos, a las expediciones que permitan agilizar el tráfico fluvial, y determine las asignaciones de esas nuevas tierras que se podían sustraer del territorio indígena tradicional. Por ejemplo, se narraba que:

Por marzo del [17]66 mataron los Motilones a dos Españoles vecinos de Maracaibo e hirieron otros cerca de la desembocadura del Río Palmar en la laguna de esta ciudad. Con ese motivo juntó el gobernador lo principal de eclesiásticos y seculares y también al Prefecto de esta Misión. Resolvióse en esta forma perseguir a dichos Motilones con gente de Maracaibo, Perijá, Gibraltar y demás jurisdicción de la provincia (…). Año de 1767. El día 3 de febrero de este año de 67 salió de Maracaibo la gente para el castigo de los Motilones, en número de 200 hombres de armas en dos destacamentos.³¹

Además de dar cuenta de la ocurrencia de los hechos, los documentos marcan claramente la intención de justificar una respuesta tan inmediata. Los informes normalmente se terminaban con la solicitud para designaciones de personal y de recursos con los cuales poder emprender una expedición hacia el territorio del cual suponía proceder la afrenta. La mencionada expedición de 1767, que se planificó por más de un año y duraría dos meses, fue liderada por los hermanos Alberto y Manuel Gutiérrez, quienes movilizaron recursos para el sostenimiento de 200 hombres provenientes de distintas ciudades de la zona. Su resultado fue la aprehensión de 27 indígenas; varones, mujeres e infantes, varios de los cuales fueron «repartidos» a las familias más acaudaladas de Maracaibo. La gran mayoría de ellos moriría en los siguientes tres años a causa de enfermedades relacionadas con la ingesta de bebidas y alimentos ajenos a sus costumbres. Uno de aquellos niños raptados pasó a ser «tutelado» por Sebastián Joseph Guillén, bautizado con su mismo nombre, y años después, volvería a ser mencionado por las crónicas capuchinas.³²

En los últimos años de la década de 1760, los padres capuchinos lograron la fundación de algunos centros de reducción misional, en general, cercanos a las poblaciones coloniales y que, en algunas ocasiones, aparecen citadas en las fuentes como «granjas». La extinción de las comunidades indígenas de la zona, diferentes a los Barí y los Yukpa (por ejemplo: Sabriles, Coyamos, Macoaes, Chimilas), es mencionada como el éxito de aquellas granjas-misiones, en lo que debe entenderse como un proceso de asimilación en el cual los indígenas adoptaban los patrones de vida occidentales.³³ Parte de ese mismo método exitoso consistió en la fundación de las misiones en lugares más o menos seguros, desde los cuales se buscaba atraer a los indígenas, y no en la inserción frontal en su territorio. Sin embargo, la inefectividad de la atracción o reducción misional frente a los llamados motilones hizo que se continuara con la prevalencia de los dispositivos militares: rondas, inserciones territoriales, ataques y capturas. Las narraciones sobre ataques motilones a las ciudades y a las misiones continuaron. En 1770, se reportaban cinco personas muertas en los alrededores de Maracaibo. Al año siguiente, se atribuía a un ataque indígena la muerte de varios trabajadores de una hacienda que, a la postre, sería abandonada, lo que significó el corte de un punto seguro de comunicaciones entre Maracaibo y varias ciudades de la parte sur de la cuenca. Las cartas y los documentos de las autoridades proliferan y, de paso, evidencian que la mayoría de las argumentaciones no se sostenía en la gran fuerza o el amplio número de los indígenas, sino en los escasos recursos con que se contaba para establecer una defensa. A pesar de ello, las haciendas y misiones se sostenían para defender posiciones y tratar de respaldar las avanzadas de inserción.³⁴ Pero, como se ve, el éxito de su penetración era, cuando menos, muy relativo.

4. La «pacificación»

En una periodización que luego será reconocida por la mayoría de historiadores, Alcácer asegura que, en 1772, se lograba «la total pacificación» de los motilones, lo cual, según este autor, se debió al contacto logrado por los misioneros capuchinos.³⁵ No resulta aventurado concluir que tal resultado misional guardó algún tipo de relación con el reforzamiento político y los intereses económicos propios del contexto general de las reformas borbónicas, así como el interés específico de la economía cacaotera. Por tanto, es posible asumir la fecha de 1772 como una instancia reconocible en un trayecto de larga duración, que marcó una nueva dinámica en el proceso de penetración sobre las comunidades del Catatumbo, sin que implique desconocer la extensa y compleja dinámica de inserción territorial llevada adelante desde tiempo atrás por los conquistadores y colonizadores. Desde su lugar de enunciación como capuchino, Alcácer establece que las «primeras tentativas en firme», llevadas a cabo para establecer contacto con los indígenas, solo se realizaron a partir de 1691 con la intervención especifica de la orden capuchina, y con ello se desconoce toda la dinámica previa de avance colonizador y resistencia indígena. Para Alcácer, en la intervención de los capuchinos navarros se resumiría el factor decisivo para el avance misional. En tal sentido, plantea que un padre navarro, Fray Fidel de Rala, fue el encargado de acompañar a Don Sebastián Joseph Guillén en la expedición que pasaría a la historia por haber alcanzado su objetivo en el año 1772.

Don Sebastián Joseph Guillén sería responsable de dejar escrito en su diario personal el testimonio que, más de ciento cincuenta años después, serviría para que el historiador capuchino Alcácer estableciera ese año como el de la «total pacificación de los motilones». Guillén, quien fungía como Tesorero de Maracaibo, narra en su crónica cómo, bajo el mandato tanto del Virrey de la Nueva Granada como del gobernador de Maracaibo, se embarcaba el 6 de agosto de 1772 desde esa ciudad en compañía del fraile capuchino, un médico, un indio interprete, 16 hombres encargados de las embarcaciones y 50 militares en armas. Esto en una misión que, por la cantidad de embarcaciones usadas (4), los hombres involucrados (70) y los recursos destinados, evidenciaba no solo la importancia dada, sino la comunión entre los intereses económicos, políticos y religiosos de esa empresa. En palabras del propio Guillén, esta, la segunda expedición que partía después de aquella que se había realizado en marzo del mismo año:

[…] será una de las más importantes diligencias las de examinar si la boca de este río [Medio] sale a las Lagunetas, a la Laguna o si se difunden sus aguas al de Santa Anna (…) pues lográndose el establecer y facilitar la navegación del citado río del medio, será menos difícil la subida y más oportuno el comercio con los motilones; y en caso de que esta diligencia se frustre porque sus aguas se dibiertan (sic) en algunas ciénagas como es factible, puede indagarse la salida de otro río igual a los citados que corre a la parte del norte, y más cerca de Perijá, en donde se dice haber mejores tierras de sembrar.³⁶

No queda explicitado en el diario de Guillén, pero sí en las solicitudes para autorizar la expedición elevadas al Virrey Messiá de la Cerda, que se propone «actuar con suavidad» pero si no era posible se haría «por la fuerza militar» en aras de conseguir el objetivo del «beneficio comercial de los cultivadores de cacao».³⁷ Es decir, actuar en aplicación de la regla general o, en su defecto, aplicare la frecuente excepción a la misma. Dos semanas después de su partida, la expedición iniciaba el trayecto terrestre a través de la hoya del Catatumbo. Desde ese momento adquiere un rol protagónico en su dirección aquel «indio interprete» que, hasta ese momento, era referido por Guillén como uno más de su expedición. Aunque en el extracto del diario que se ha conservado el autor no hace ninguna referencia al origen de este indígena, sí se menciona que había sido bautizado como Sebastián Joseph, al develarse con ello que se trataba del niño que había sido capturado en la expedición de 1767 y entregado a la tutela de Guillén, es decir, de un «motilón». De esta manera, la relevancia del rol del intérprete no se reduce al dominio fluido del idioma, sino al conocimiento del territorio. En dos días de camino Sebastián Joseph (el indígena), «por aquellas espesas montañas, fue abriendo la senda con admirable destreza y sin más gobierno que el de los imperceptibles indicios de la antigua trocha».³⁸ Tras esos dos días de camino ocurre el encuentro:

El veinte y dos a las siete de la mañana seguí la marcha y habiendo llegado al paraje donde había de formarse la balsa para atravesar, me dixo el Interprete, que suspendiese toda deliberación entre tanto que él iba a examinar aquellos montes, por si acaso los Indios se hubiesen pasado a la parte del sur, donde estábamos, pues así solían executarlo en los tiempos de invierno, con el motivo de tener también allí haciendas y casas, y ser el partido donde arribaba la mayor parte de los Indios de su parcialidad, y habiendo accedido a esta propuesta, se partió solo, y pasado el tiempo de una hora, volvió diciéndome que le siguiese con toda la gente, que ya había encontrado un picado de pocos días, y recientes huellas de gente que había subido por él, y con efecto, caminando con la mayor presteza y por senda más transitable llegué a las dos de la tarde al primer Pueblo, en donde (por ser de su habitación) encontré a la madre y demás familia de dicho Intérprete, quienes me recibieron con aplauso y regocijo imponderable, sin el menor susto, ni alteración de ánimos, antes bien con tanta satisfacción y regocijo, como si fuésemos de su propia Nación.³⁹

En contraposición a los múltiples documentos oficiales mencionados anteriormente, en los que las autoridades y vecinos de los poblados cercanos reafirmaban incesantemente la violencia y ferocidad de los motilones y la necesidad urgente de su pacificación ante el riesgo de su avance feroz y victimario; Guillén, en su diario, narra un encuentro de una inusitada armonía. Ciertamente, los vacíos que se tienen sobre el rol del indígena intérprete (es decir, del indígena violentamente sustraído de su comunidad) y los argumentos que esbozó para presentar el ingreso de la expedición no indígena resultarían muy relevantes para poder caracterizar con mayor verosimilitud los términos de la interacción dada en ese momento. Si bien es posible cuestionar la supuesta belicosidad innata que se les indilgaba a los indígenas, no es ello equivalente a desconocer que, en efecto, se desarrollaba una dinámica de choques violentos en esa zona de frontera. No obstante, la noche de ese 22 de agosto, «se entabló el fandango con algunos instrumentos que llevaban los Españoles, y sustentándolo igualmente los Indios con grande algaraza (sic) y contento, subsistió hasta las doce de la noche, que nos recogimos a descansar de la fatiga del día».⁴⁰

Al día siguiente a algunos indígenas de esa comunidad les fue encargado ir en búsqueda de los habitantes de otras, distantes al menos un día de camino. En total, Guillén menciona que se le hizo saber de la existencia de cinco comunidades en total en esa zona. Tras la espera correspondiente a los tiempos de desplazamiento, recibió a representantes de aquellas. Guillén escribió en su diario que, en presencia de todos estos:

[…] separando los varones los formé en ala, y semejantemente a las hembras, con sus respectivos párvulos, y poniéndome después a la frontera de mi gente a laterisado (sic) del Intérprete y los tres principales, les hice a dichos Indios una dilatada arenga en su Idioma, la que escucharon con especial atención, porque en ella se discernían los piadosos intentos de nuestra nación, que todos propendían a su beneficio y feliz conservación, pero al prorrumpir el circular tratado de paces que sin la menor cautela les ofrecía en nombre del Rey nuestro Señor, del Señor Virrey de Santa Fe y Gobernador de Maracaibo, por quienes era enviado, a comunicarles el concierto de paces de todos tan apetecido.⁴¹

Según Guillén, la recepción de este ofrecimiento de «paces» fue agradecida por parte de la comunidad, con lo cual se procedió a la realización del bautismo desiete párvulos venidos de uno de los pueblos. Nótese que, para Guillén, el bautismo tiene un lugar secundario o, en todo caso, posterior a la negociación de tipo político. Por su narración, es difícil dar credibilidad a la argumentación de los historiadores capuchinos la cual señala que fue su heroísmo misional la causa principal de la mencionada pacificación. Tampoco resulta verosímil la pretensión de establecer el 22 de agosto de 1772 como momento de la pacificación o del contacto pacifico.

Por el contrario, para Guillén, desde principios de ese mismo año se habían dado algunos pasos coincidentes en la consolidación del tratado de paz y, con ellos, se había realizado el bautismo (según Guillén, voluntario) de niños en otras comunidades, así como la entrega de obsequios por parte de los españoles. En sus palabras, «baratijas» así como algunos instrumentos «para romper los montes y cultivar siembras»,⁴² es decir, herramientas para trabajo agrícola. La práctica de la entrega de obsequios obedecía a un uso tradicional de los colonizadores, incluso en época del reinado de los Austrias. Ya en el siglo XVIII, los borbones dieron continuidad a esa práctica al instalar a sus funcionarios civiles como los principales portadores de los obsequios, lo que acentuaba el relegamiento de los religiosos.⁴³ Igualmente, la entrega de regalos puede vincularse con la realización de intercambios, afín al mismo tiempo a la consolidación del tratado de paz. Cabe añadir que, durante la estadía de los expedicionarios, los indígenas otorgaban partes de sus sembrados de yuca, plátano, caña dulce, auyama, batata y piña, para la manutención de estos. Asimismo, se menciona en el diario el hecho de pasar el resto de aquel mismo día conversando con los indígenas sobre la ubicación de poblados, su cantidad, la existencia de sembrados y los cursos de los ríos de la zona. En los días posteriores, Guillen viajaría por la zona, en aras de afianzar el tratado de paz y completar el relevamiento de la información que, como Tesorero de la Gobernación, pudiera encontrar más útil. En su compañía viajaban algunos indios, que a la postre se reducirían a cinco, quienes manifestaron su voluntad de regresar con la expedición al puerto de origen para luego volver a sus comunidades.

Evidentemente, debe trascenderse la idea inicial de intentar establecer un momento especifico de «pacificación» de los indígenas. Por el contrario, la expedición de 1772 da cuenta de una nueva dinámica que se desarrolló en reconocimiento de un proceso anterior. A diferencia de otras expediciones, esta estuvo encabezada por un funcionario activo de la burocracia imperial, y no directamente por uno de tipo militar. Sus objetivos, tal cual trascienden en la narración del propio Guillén, son tanto políticos como económicos. La referencia a reconocer el relevamiento sobre la población y producción indígena da cuenta de ello. Mucho más el hecho de la necesidad de establecer las rutas fluviales y su estado actual. Puede decirse que, en ese momento, no se trataba de avanzar para fundar un poblado como puesto de control e inserción en la zona, mucho menos de enfrentar directamente a los indígenas para mermar el número de su población. Por el contrario, parece que la urgencia estuvo encausada a afianzar y asegurar las rutas de transporte del cacao y encontrar espacios para anexar a su producción. Es una etapa, como ya se dijo, de mayor inserción de las economías regionales americanas al mercado mundial, y en la cual «la influencia ‘aculturadora’ de los colonos y los mercados españoles» empezó a ser estimada como punta de lanza de la penetración colonial.⁴⁴

El establecimiento del tratado de paz no puede ser entendido como una excusa o como un mero instrumento para engañar a los indígenas. Un repaso sobre esta práctica política da cuenta de su relevancia. En ese sentido, la referencia más destacada puede hacerse hacía los tratados establecidos por parte de la monarquía ibérica con los pueblos araucanos o mapuches, así como lo hecho con nativos del norte del actual México. Ciertamente, no se pretende establecer una equiparación entre estos dos procesos históricos, menos aún argumentar que el tratado que ofrecía Guillén implicaba el reconocimiento de la independencia de los indígenas con respecto a la corona. Sí, en cambio, debe destacarse la preexistencia del instrumento político y la práctica de penetración colonial enmarcada en esa negociación. Un ejemplo más cercano del establecimiento de «acuerdos» como dispositivo de penetración se refiere al proceso de «reducción» llevado adelante en la vecina región de la Guajira. Allí también se destaca la articulación entre intereses comerciales y la participación de los frailes capuchinos en la interacción con los indígenas de la zona, enmarcados en la necesidad de controlar el creciente comercio de contrabando, del cual participaban activamente los indígenas. ⁴⁵

David Weber destaca que, en el establecimiento de los tratados o acuerdos de paz, también es posible reconocer la capacidad indígena para resistir la avanzada monárquica y, en consecuencia, la posibilidad de forzar al estado colonial a tener que reconocer el estatus de esos pueblos o «naciones libres».⁴⁶ Sin embargo, eso no implicaba necesariamente la asunción de una derrota por parte del gobierno borbónico. En algunos casos, los tratados le servían para afianzar relaciones con pueblos indígenas que podían resultar adheridos a la defensa de las fronteras imperiales ante el asedio de los ingleses u holandeses, tal como se puede desprender de los citados ejemplos de la Guajira, las costas australes del pacifico sur o el norte de México. Tampoco es inverosímil pensar que los tratados se acondicionaban con una política de gradualidad que valoraba el poder «pacificador» de las prácticas de comercio; aún más donde la cruz y la espada habían resultado infructuosas. De tal suerte, es posible destacar la idea de una yuxtaposición entre un instrumento político de negociación con un interés mercantil esencial para el reinado de los borbones. Tal mezcla constituyó, para 1772, una novedad en los términos de la penetración dada en la zona del Catatumbo.

De esta manera, reafirma el carácter novedoso de la nueva etapa de penetración, es decir, el hecho de partir de un reconocimiento por parte de las autoridades coloniales de los infructuosos resultados de la actitud ofensiva de conquista militar, especialmente en aquellas zonas de frontera. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, sin descartar absolutamente la vía represiva, se privilegiaron, dispositivos de penetración enmarcados en actitudes de cooptación, tales como el establecimiento del tratado de paz, que evidenciaron al mismo tiempo el carácter pragmático de estas, ligado a un claro interés económico, correspondiente, a su vez, con el proceso de reformas vivenciadas dentro del absolutismo borbón.⁴⁷ El diario escrito por Guillén tenía como uno de sus fines (quizás el principal) servir de informe para el Gobernador de Maracaibo. En su parte final, se manifiesta que se logró «la pacificación de ciento veinte y tres Indios Motilones, de los cuales se bautizaron cincuenta y ocho párvulos ofreciendo sus padres la observancia de una constante e invariable tranquilidad.⁴⁸ Sin embargo, más allá de eso, el autor se explaya en una caracterización de los indígenas que no solo rompe con los estigmas muy difundidos para la época, sino que pareciera proponerlos como una comunidad con la cual resultase posible y beneficioso establecer vínculos comerciales. Nótese que, en la siguiente cita, no se tiene la imagen de una sociedad «bárbara o salvaje» precisa de ser pacificada y/o evangelizada, sino que, por el contrario:

Demuestran estos indios una índole agradable y dócil, y una atractiva inclinación a la Nación Española, y esto puede resultar de no haber tenido jamás trato ni comunicación con otra alguna. Es uno de los inviolables atributos entre ellos la religiosidad de la verdad, abominando con tedio la mentira. Reputan por delito capital el hurto y francamente ofrecen al necesitado lo que pide. Mantienen entre sí una reciproca sociabilidad y según se averigua trabajan y cultivan sus haciendas de comunidad y semejantemente exigen de ellas lo que cada uno necesita para el diario alimento de sus familias. Procuran siempre vivir exercitados en el trabajo y cultivo de sus labranzas unos, y otros se emplean en la caza, y las hembras siguen algunas los maridos y las más cuidando sus alojamientos y tiernos párvulos, los barren y asean con esmero, conducen la provisión de agua y frutas silvestres, y disponiendo la vianda del día, ocupan el resto de él en hilar hilo de algodón y pita y texer mantas para coberteras de su honestidad y la de los varones, sacar cocuísa y pita y torcerla para texer chinchorros de dormir, hacer cuerdas de arcos. No viven sujetos a superior que los domine, y según lo que pude examinar, solo observan una fraternal unión procediendo en todo de unánime conformidad y solo hay entre ellos algunos a quienes prestan más atención, porque se aventajan en la agudeza de sus discursos y siendo mayores de edad, dan la Ley a los jóvenes ilustrándolos con la narrativa de las hazañas y tragedias de tiempo inmemorial, cuyas historias tienen archivadas en la biblioteca de la memoria. Es entre esta Nación indisoluble instinto la paz y conformidad entre sí y el herirse o quitarse las vidas unos a otros lo estiman por crimen delito. No se les conoce idolatría ni menos se encuentra entre ellos simulacro alguno, a quien puedan dar oraciones y solo se sabe que el demonio se les hace visible, en figura de ciervo, teniéndole tanto horror, que por esta causa se hace entre ellos despreciable la carne de este animal. (…) No acostumbran estos Indios más bebida que es la del agua, y no hay duda de que esta virtud debe dársela de justicia el atributo de singular y admirable, porque siendo todo Indio inclinado a la embriaguez y teniendo estos a la mano todos los materiales de que se confeccionan y fabrican las bebidas fuertes, como son la palma que destila el vino, y el maíz y yuca de que forman la chicha y masato, a ninguna se aplican.⁴⁹

Un tratado de paz comprendía cierto reconocimiento de la contraparte. Como ya se dijo, el reconocimiento no implicaba una renuncia por parte de las autoridades coloniales a sus intereses, sino un cambio en la táctica para alcanzarlos. Más allá del uso de las categorías de «Nación Motilona» y «Nación Española, no se encuentran indicios para pensar que la perspectiva política que sustentaba el tratado de 1772 fuese la de la afirmación de una paridad entre ambas sociedades. Aunque este dispositivo implicaba el reconocimiento de la territorialidad indígena, no significaba una renuncia a la aspiración de la integración productiva de ese territorio. La novedad estribaba en la manifestación de una nueva lógica de penetración, menormente represiva y mayormente cooptativa, lo que de suyo posicionaba a aquellos «motilones» como sujetos políticos, susceptibles de un nuevo trato. La larga cita precedente es una manifestación del nuevo discurso que, con el interés de una racionalidad económica, pretendía fundar o consolidar los términos de una nueva dinámica, más efectiva, para garantizar los intereses (novedosos) de los agentes políticos y de los (nuevos) actores que aparecían en escena; esto es, los empresarios exportadores de cacao. Por supuesto, esta suma de novedades no se puede entender como el fruto de una coyuntura puntual o hecho especifico, sino más bien como la maduración de las condiciones del avance productivo dado en Europa occidental, y la motorización del crecimiento del mercado o, en otras palabras, el despegue del desarrollo del capitalismo industrial en su incipiente primera etapa y la concomitante consolidación de zonas centrales y áreas periféricas para su desenvolvimiento.⁵⁰

La expedición de 1772, portadora de métodos políticos de reducción y no meramente militares, se presentó a sí misma y para su época como exitosa, no por el número de indígenas sometidos, sino por el establecimiento de relaciones que suponían blindar de los peligros de antaño a los circuitos de mercantilización cacaotera. Al difundirse la noticia de la «pacificación» no solo los comerciantes celebraron las nuevas posibilidades de ampliar sus fuentes de enriquecimiento, también las autoridades presagiaban un receso en las hostilidades y los sacerdotes un avance en sus objetivos misionales. Concretamente, no se rompían con el tratado de paz los límites de la -hasta ese momento- zona de frontera, pero políticamente se configuraba un marco para incorporar paulatinamente a su población. Sin embargo, la «pacificación» de 1772 se autoproclamó como exitosa, sin considerar el hecho, evidente en la ya citada narración de Guillén, de la inusitada aceptación o acogida que los supuestamente «perversos motilones» ofrecieron a los expedicionarios. Ante esa novedad, no resulta descabellado estimar que el tratado de paz pudo haber significado también una táctica defensiva por parte de los indígenas. Al respecto, el citado historiador David Weber sostiene que la iniciativa indígena pudo resultar más decisiva que el supuesto heroísmo de Guillén, en el sentido de que implicaba el reconocimiento de un cierto beneficio en el tratado de paz en atención a un contexto de creciente asedio y proximidad de colonos en su territorialidad y la consecuente reducción de sus recursos de sustento.⁵¹ El propio Weber expresa que la posible constitución de una obra misional, más allá del marco de tensiones desplegado por las novedades administrativas introducidas por los borbones, podía suponer una suerte de bloqueo al avance español sobre las tierras y la mano de obra indígenas.⁵²

La conflictividad entre avanzada monárquica y resistencia indígena se expresa también como un complejo proceso de reterritorialización que, como se señala, desmantelaba parcialmente ciertos dispositivos prototípicos del modelo colonial inicial (la reducción misional) para empezar a esbozar dispositivos propios de la estatización moderna (la integración comercial). Ese proceso no habría podido consolidarse en un corto tiempo. En correspondencia con esta afirmación, se evidencia que las biografías de Guillén y del capuchino Fray Fidel de Rala los ubican en los subsiguientes años de 1774 a 1776 como protagonistas directos de nuevas expediciones. Esto es consecuente con el hecho fáctico de que el tratado de paz de 1772 no alcanzaba más que a una pequeña parte de las comunidades indígenas, que se distinguían por su proliferación en zonas distantes a las ya incursionadas. En palabras de Alcácer:

Hasta el presente año de 1776, Guillén y los misioneros capuchinos habían explorado todo el territorio motilón situado en la provincia de Maracaibo y que comprendía las vertientes de los ríos Santa Ana, Catatumbo, Tarra, Zulia y Chama. Habían visitado los distintos caneyes de esas jurisdicciones y con los indios reunidos habían fundado dos poblaciones motilonas: San Buenaventura y Nuevo Zulia. Ahora, poco a poco los misioneros irán adentrándose por el Zulia y por el Nuevo Zulia hasta llegar a los límites de Cúcuta por una banda y de Salazar de las Palmas por otra. Esto les servirá para organizar nuevas fundaciones y atraer hacía ellas al resto de la población indígena, dispersa por la hoya del Catatumbo.⁵³

Guillén había acudido a la capital virreinal hacia 1774, en donde obtuvo la recomendación del propio Virrey de fundar otros asentamientos, acción que luego desencadenó en los poblados de Caño Colorado, Las Cruces, La Arenosa, Isla de la Grita, Orope, Caño Motilón, Buenavista, Caño Negro, Torconales, Playas del Rosario e Icereal del Catatumbo. Entre ellos, destacaba el que fue reconocido por el propio Guillen como «Destacamento Real de San Buenaventura» (hoy llamado Puerto Villamizar), bautizado así «para que se haga inmortal en la posteridad con el glorioso nombre de la señora Virreina [María Ventura de Guirior] (…) dama que en agradecimiento al apoyo de su esposo para la expedición fue constituida en Benigna Madre de la Bárbara Nación Motilona».⁵⁴ En carta fechada de agosto de 1775, Guillén aún sostenía la necesidad de contar con recursos para sostener la continuidad de su empresa civilizatoria, y señala que:

En el río Sulia (sic) donde me hallo, voy a comenzar el desmonte, para plantar un pueblo de españoles, que es allí muy preciso por ser el centro donde habita toda la Nación Motilona; y en cuanto a reducir ésta a poblados, es preciso ejecutarlo con la mayor prudencia, y sagacidad, porque no lleguen a comprender que instantáneamente se les oprime privándoles de la antigua libertad con que han vivido, sobre cuyo asunto solo diré a V.E. que con el agasajo, y buen modo que tengo en el día congregadas en el Destacamento de dicho río, donde existo, porción de familias de estos indios, de los cuales se van aplicando algunos a labrar la tierra, y otros van y vienen a los antiguos alojamientos que tienen en aquellas cercanías, cada día con mayor satisfacción, y amor con los españoles, y este es el medio más proficuo que me ofrece el conocimiento, que he contraído de sus humores para conservarlos, y al fin emprender su reducción a pueblos, y entretanto van muriendo los mayores al golpe de las enfermedades, y extrañas curaciones, y quedando la juventud que lo que por último ha de lograrse con el favor de Dios, pues como se van descollando con el trato de los españoles proceden con distinta candidez que sus padres, en quienes está más radicado el vicio de sus pasiones, sin embargo de experimentarse en ellos admirables indignaciones.⁵⁵

Al analizar, en términos generales, los resultados de este proceso de penetración colonial sobre los indígenas del Catatumbo, autores como Stephen Beckerman han expresado la idea de una «fácil reducción a las misiones», al sostener que los motilones cayeron bajo una fuerte atracción o deslumbramiento por la cultura de los españoles.⁵⁶ Sin coincidir con tales dichos, puede reconocerse que existían muchas razones, históricamente asentadas, por las cuales los indígenas tendían a desconfiar e incluso repeler la cultura de los no indígenas. Además, no puede concluirse de las prácticas de intercambio, ya sea comercial o incluso cultural, el hecho de la aculturación. Podría pensarse, en cambio, como se señaló anteriormente, que los indígenas, plenamente conscientes de su situación y del avance de la penetración colonial, calcularon con perspectivas renovadas la viabilidad de una nueva táctica para defender su territorio y población; esto es, que tenían sus propias razones para aceptar la aproximación y «pacificación» misional.⁵⁷

Cabe resaltar que el proceso de penetración visible a partir de la última parte del siglo XVII, y caracterizado por el uso de nuevos dispositivos de persuasión, no eliminó totalmente las prácticas represivas. No debe soslayarse el hecho de que las reformas borbónicas incluyeron intentos de adecuación del aparato militar, como una pieza fundamental para reforzar el control político y acentuar la explotación económica de las colonias. Se tienen noticias del recaudo de fondos acometido hacia 1776 por Don Pedro Agustín de Peralta, quien, autorizado por la administración de Pamplona, llevó a cabo una expedición militar por la zona sur del territorio del Catatumbo, sufragada por los hacendados cacaoteros de Pamplona y Cúcuta.⁵⁸ En ese mismo año, el entonces Virrey Don José Manuel de Guirior Portal de Huarte Herdozain y González de Sepúlveda, expresaba el carácter gradual y progresivo con el cual las autoridades veían la penetración en el Catatumbo. En sus palabras, en una provincia cuyos «preciosos frutos comerciales por la navegación la hacen digna de mayor atención»:

No dejo de reconocer lo mucho que resta para la perfección de la obra y la desconfianza con que debe procederse de las ofertas de los indios y sus aparentes seguridades, fundadas comúnmente en el interés de las dádivas con que se les procura seducir, pero esto mismo obliga a que se les procure establecerse en pueblos cercanos a españoles y por donde se transite con frecuencia, para que asegurados de este modo y vendidas las tierras que ahora ocupan, y sembradas, no puedan ya tener sujetos, como ha sucedido en las demás reducciones.⁵⁹

En consecuencia, y a semejanza de lo ocurrido en otras regiones de frontera en Hispanoamérica, se autorizó la conformación de tres compañías militares para la zona sur del lago de Maracaibo.⁶⁰ El esperado avance colonial se profundizaba también con la proliferación de las misiones fundadas en la zona; Nueva Zulia y San Buenaventura en 1774, Santa Bárbara en 1779, La Concepción de Basabe y San Francisco de Arenosa en el 80, un año después Santa Cruz de Zulia, San Miguel de Buenavista en 1783, Nuestra Señora de la Victoria y San Fidel de Apón en el 84, San José del Palmar, San Francisco de Limoncito y Santa Rosa de Mejipe en 1785, 1786 y 1787, respectivamente. Por último, Nuestra Señora del Pilar en 1792.⁶¹ El incremento de las actividades agrícolas y el mejoramiento de su comercialización primaban sobre el beneficio espiritual que recibirían los indígenas a partir de las misiones. La autoridad virreinal reconocía que, al ser los hacendados quienes más se estaban beneficiando de la pacificación de los motilones, podían participar con más ímpetu del sostenimiento económico de estos emprendimientos.⁶² En paralelo, se desplegaron solicitudes para la adjudicación de mercedes reales sobre esas tierras del Catatumbo, las cuales se esperaba que entraran en disponibilidad para ser explotadas por los productores cacaoteros,⁶³ por tanto, se elevaron peticiones para adelantar la delimitación específica de terrenos para las reducciones indígenas.⁶⁴ La legislación indiana, en correspondencia con la política borbónica, se encaminó hacia la regularización de la tenencia de la tierra, pero vinculada siempre a su efectiva explotación.⁶⁵

En este sentido, resulta importante tener en cuenta que lo que acá se reconoce como una nueva dinámica de penetración, no fue necesariamente el fruto de un cálculo mental efectuado por algún funcionario de la época. Por el contrario, la complejidad de esta dinámica social se desplegó solamente a partir del desarrollo estructural de condiciones que la hicieron posible. Por un lado, deben entenderse el proceso de reterritorialización patente en la fundación de poblados y misiones como la constitución de una red de contención para el desarrollo de las formas de vida tradicional de las comunidades. Por otra parte, es necesario referir que tal red de contención solo pudo ser cumplimentada con el soporte económico que brindaba la profundización del modelo productivo cacaotero; el cual, al mismo tiempo, resultaba beneficiado por esa contención. Cabe recordar que, con el reglamento de flexibilización y reformas arancelarias que modificó el monopolio comercial español y abrió tanto puertos como rutas de intercambio entre la península y los territorios ultramarinos en 1778, se ampliaron los flujos mercantiles y los intereses económicos de los comerciantes, cuestión que incluyó al rubro cacaotero. Eso mismo se profundizó a partir del año siguiente con la guerra entre España e Inglaterra, que condujo a la liberación del comercio con neutrales.

La repercusión local de este fenómeno global se manifestó, por ejemplo, en los años de 1780, época en la que se tuvo noticia de un «expedicionario» que, en poco tiempo, «pudo levantar dos haciendas considerables, una de cacao y otra de caña de azúcar», y tomó posesión de unas tierras baldías en un lugar donde «ningún civilizado había podido entrar antes».⁶⁶ Hacia 1785, las autoridades de Ocaña, primero, y luego de Santa Fe, fueron anoticiadas del hecho de haberse establecido en las proximidades de la casa de este expedicionario-hacendado, de apellido Garay, un poblado de motilones a quienes él sostenía en alimentos y vestido. Por ser un gasto considerable, recurría a la autoridad para solicitar la designación de tierras para un poblado de indios, de recursos para su sostenimiento y de un cura capuchino. Tiempo después, ante la dilación en los trámites de su solicitud, se adjuntaría la petición del reconocimiento del derecho de propiedad de las tierras que había desmontado y que en ese momento cultivaba, lo cual, en efecto, le fue concedido. Asimismo, recibió la autorización para continuar con su labor de «extracción» de más indígenas de las selvas, así como una ayuda monetaria. En los años siguientes, este personaje continuó, a la par de la explotación de sus haciendas, con la presentación de informes a las autoridades en donde daba cuenta del número de indígenas que voluntariamente se acercaban a sus «reducciones» y, consecuentemente, de los gastos y dificultades en los que debía incurrir para sostenerlos. Llegó incluso Garay a viajar a la capital del Virreinato en compañía de tres indígenas (dos de los cuales murieron por enfermedades en ese viaje) para presionar con su presencia una tramitación más ágil de las ayudas monetarias que constantemente peticionaba. En 1795, reportó una fuga masiva de los indígenas, a causa de una supuesta instigación, y la urgente necesidad de contar con las ayudas para retomar su labor «pacificadora».

El privilegio del interés económico en la política de penetración implicaba que, ya fuera una misión encabezada por religiosos, un pueblo o agregación de parroquia en cabeza de una autoridad civil o una hacienda productiva manejada por privados, la interacción con los indígenas debía descansar en los tres pilares «civilizatorios»: educación civil, cristiana y para el trabajo de la tierra.⁶⁷ Así, la necesidad de afianzar los resultados del proceso de «reducción» típicamente colonial, la magnitud de los intereses económicos presentes en la zona y la inacabada consecución del control a raíz de la activa resistencia indígena, configuraron el marco de condiciones específicas para auspiciar una novedosa dinámica de asedio y penetración colonial.

5. Conclusiones

Los elementos acá expuestos, y que pueden entenderse como parte sustantiva de la penetración colonial en el Catatumbo, demuestran el carácter no consolidado, absoluto o definitivo de esta empresa.⁶⁸ Si bien de los 25.000 kilómetros cuadrados que se reconocían como parte de la cuenca del río Catatumbo, y que se puede suponer como el territorio compartido por los pueblos indígenas en la época prehispánica, Beckerman propone estimar un área aproximada de entre 14.000 y 20.000 kilómetros cuadrados como parte del nuevo territorio para finales del siglo XVIII,⁶⁹ es decir, una pérdida oscilante entre un 20 y un 44 por ciento del total del territorio ancestral. Esta merma, consecuencia de las autorizaciones dadas a las distintas administraciones locales para entregar terrenos a quienes cultivaran la tierra, o simplemente de la apropiación de hecho por parte de particulares (sean productores cacaoteros a gran escala o agricultores que se asentaron en la zona), significó la posibilidad de mantener una relevante porción del territorio tradicional en control de las comunidades nativas.

Por otra parte, y como resultado de la avanzada «civilizadora», que tentativamente se identifica alrededor del año de 1772, el entrecruzamiento de fuentes, en especial de los diarios de los sacerdotes de las misiones, permiten establecer algunas cifras de población que dan cuenta de sus resultados, desde el punto de vista demográfico. En 1799, los capuchinos reportan una población Barí establecida en las misiones de 1233 personas, y una población no censada de aproximadamente la mitad, es decir, algo más de 600. Con esto se concluye un número total de indígenas cercano a los 2.000. En contradicción, Beckerman estima que la población no censada, es decir, no establecida en misiones, era al menos igual o levemente superior al número a la población censada. Se estima, entonces, una población total de 3000 individuos. Evidentemente, existe una notable diferencia entre las cifras, que da cuenta de una falta de datos que genera una incertidumbre difícil de resolver. Ese vacío se refleja igualmente en las fuentes coloniales, cuyas menciones a los motilones no suelen apuntar hacia el reconocimiento de un número elevado de población sino, más bien, redundan en su efectivo nivel de resistencia.⁷⁰

Por consiguiente, más que hacer hincapié en la verosimilitud del dato cuantitativo poblacional, resulta relevante remarcar los argumentos del antropólogo Beckerman para sustentar su estimación de una mayor cantidad de población indígena no integrada a la reducción misional en comparación con aquella que sí lo fue. Por un lado, refiere a los ejemplos de los terratenientes que directamente asumían la reducción de los indígenas, sin que ello fuera registrado en los censos capuchinos (como el anteriormente citado caso de Isidro Garay). Además, propone tener en cuenta las reconocidas fugas y nuevas incorporaciones que narraban los misioneros en sus escritos, para dar cuenta de una población flotante difícil de cuantificar. Por último, puede estimarse que, luego de 1813, las misiones fueron abandonadas y, con ello, los indígenas retoman sus formas de vida tradicional. Así entonces, debía existir una población no incorporada con un número suficientemente amplio para ser portadora de la continuidad de las prácticas culturales y productivas que toda la comunidad retomó, así como de la ayuda y soporte material para que los motilones, anteriormente establecidos en misiones, lograran reactivar sus patrones de vida y garantizar su supervivencia.⁷¹ En este sentido, aunque es imposible establecer con precisión la densidad poblacional indígena para este periodo, se puede reconocer la alta probabilidad de que la población no estimada por los censos misionales fuera mucho mayor a aquella que los capuchinos entendían como «pacificada». Los patrones de movilidad, el establecimiento comunitario de residencias fragmentadas en el territorio y, en especial, los niveles de resistencia históricamente desarrollados son otros elementos concurrentes en esta estimación. Asimismo, puede entenderse que la dimensión política atribuible a la aceptación del tratado de paz de 1772 como parte de una táctica de defensa indígena frente al asedio a su territorio también podía reflejar una consecuente preservación de población, no cuantificada por ninguna fuente oficial.

En consecuencia, puede concluirse que, durante la etapa colonial, los indígenas del Catatumbo resistieron activamente a dicho sometimiento y disciplinamiento laboral (por lo cual se produjo el traslado de esclavos y trabajadores rurales desde otras zonas). En ese sentido, los motilones lograron resistir el avance colonial. No obstante, se entiende que, como parte del desarrollo del sistema capitalista, las formas de producción y reproducción de la vida social que no obedecen o son funcionales a sus lógicas e intereses, tienden a ser transformadas.⁷² Desde esa perspectiva, puede afirmarse que los intereses enmarcados en las formas de producción propias del capitalismo mercantil dieron un primer paso de avanzada frente a los pueblos indígenas del Catatumbo. De manera que redujeron su hábitat territorial, base material y cultural esencial para su existencia como sociedad; no necesariamente para eliminar físicamente a la población, sino para cooptarla e integrar su territorialidad al esquema de producción orientado a la exportación. Esa pretensión en sí misma significó la prefiguración de un modelo de penetración afincado en dispositivos de tipo político, que no resultaron ajenos sino necesarios y convenientes en el contexto de finales del siglo XVIII. La misma, asumió la forma de cerco de contención o de control, representado por la inicial fundación de ciudades para el posterior despojo de tierras y el control militar de las rutas fluviales. Sobre esa base, luego asumió el método de cooptación pacífica. Empero, aunque diezmados, los indígenas no fueron sometidos ni usados como mano de obra: resistieron.

Anteriormente, ha sido criticada la postura de Beckerman según la cual la penetración territorial alcanzada en 1772 fue favorecida por un proceso de debilitamiento de las comunidades. Por tanto, de manera complementaria se ha propuesto que, , sin estar por fuera del contexto de uso de la violencia por parte del Estado colonial (a través de todos sus agentes o colaboradores), pudo significar una configuración de nuevas tácticas de defensa de los indígenas, quizás más efectivas.⁷³ Esto podría ser comprobado al analizar las formas de vida de los indígenas en el periodo posterior al retiro de los misioneros y las autoridades coloniales, debido a las guerras independentistas; esto es, a lo largo del siglo XIX.

En el vertiginoso contexto de las guerras independentistas, y tras la extensión en el Catatumbo de los enfrentamientos bélicos, los sacerdotes capuchinos que lideraban las misiones fueron no pocas veces objetivos militares. La persecución consecuente con esa dinámica significó, en un primer momento, la reducción a cinco del total de las misiones que agrupaban a los indígenas.⁷⁴ Hacia 1819, finalmente, la guerra decantó los enfrentamientos en favor del interés independentista. Para esa época, se afirma que los indígenas motilones, que poblaban las misiones y agregaciones, retornaron paulatinamente a sus modos de vida tradicionales. En palabras de Alcácer, «al salir los capuchinos, sus centros misionales quedaron prácticamente abandonados; los indios empezaron a dispersarse para regresar a sus antiguas guaridas; tan solo unos pocos, medio injertados a la civilización, decidieron quedarse en aquellos».⁷⁵ Además, remarcando la idea de un «abandono» obligado de las misiones por parte de los misioneros, y un supuesto perjuicio para los indígenas por tal motivo, agrega que;

Las misiones, pues, entre indios motilones quedaron abandonadas. Los indios, aun los que habían vislumbrado la aurora de la civilización, regresaron a su primitivismo. Poco a poco la región de la Motilonia regresó a su prístino estado: los indios a hostigar a los blancos circunvecinos a su hábitat y estos a defenderse por todos los medios a su alcance de los asaltos ladinos de aquellos. Con la particularidad de que, si antes el bien había reaccionado en cadena y había tenido la virtud de atraer a las más recónditas tribus hacia la civilización, ahora lo era el mal y la rebeldía. Y lo que es peor: abandonadas unas y otras misiones, la de los yukos y yupas y al tiempo la de los motilones propiamente dichos, todos regresaron a su barbarie primitiva, menos los escasos núcleos que ya se habían integrado a la civilización. Así, para mediados del siglo XIX y fines del mismo tenemos en completo abandono espiritual y cultural a los nativos de toda la hoya del Catatumbo y a los que habitaban la Sierra de Perijá en una y otra vertiente. ¡Como en el siglo XVIII⁷⁶

Lo que el sacerdote capuchino señala como regreso al bárbaro primitivismo, bien puede representar la mencionada resistencia de las poblaciones indígenas. Frente a esto, vale aclarar que la dinámica de confrontación entre formas no consolidadas de penetración, asimilación o dominio y las distintas variables de prácticas de resistencia, igualmente limitadas en sus posibilidades y condicionadas coyunturalmente, enmarcan el desarrollo histórico del proceso de ingreso de la zona del Catatumbo dentro de las formas propias de producción y comercialización capitalistas, proceso que se extenderá en el tiempo y que, desde su origen, evidencia la conflictividad como rasgo característico.