1. Introducción

Después de la independencia de la Monarquía hispana, la mayoría de los gobernantes al mando de los territorios emancipados emprendieron el proyecto de conformar un orden liberal. La expectativa inicial era que los cuerpos corporativos y el régimen de propiedad, los cuales implicaban una pluralidad de derechos sobre los bienes, debían dar paso a una sociedad conformada por individuos iguales jurídicamente, ciudadanos, y a un tipo de derecho de propiedad privada, perfecta y exclusiva. Aunque la apuesta por implementar un tipo de derecho de propiedad en clave liberal y positiva inició tímidamente con los Borbones y continuó en las primeras décadas del siglo XIX, no fue sino hasta la segunda mitad de esta centuria que el marco legal buscó acentuar el proceso de afirmación de los derechos de propiedad ‘liberal’¹.

La visión económica liberal imperante consideraba que las formas de tenencia y aprovechamiento de las tierras heredadas del periodo colonial mantenían la mayoría de esta al margen del mercado y obstaculizaban el progreso económico. A propósito de los postulados de la política económica liberal, la mayoría de los hombres públicos decimonónicos emprendieron reformas que pretendían anular las diversas formas de tenencia, derechos y usufructo colectivo sobre la tierra y sus recursos. La creación de un mercado libre de tierras implicaba garantizar la propiedad privada, según ellos, perfecta e irrevocable, y hacia tal tarea encaminaron sus esfuerzos.² Tanto en Europa como en Hispanoamérica, el proceso de transición de un régimen colectivo de tenencia y usufructo de la tierra a un régimen de propiedad privada no fue lineal, homogéneo ni definitivo³.

Precisamente, este artículo se ocupa de las parcialidades indígenas y los terrenos de resguardo ubicados alrededor de la ciudad de Pasto durante la segunda mitad del siglo XIX. A nivel nacional, el periodo de investigación se caracterizó por la tendencia (aunque con matices significativos) de implementar un marco institucional, el cual buscaba desmantelar el régimen comunal y redefinir los derechos de propiedad de la tierra hacia el modelo de propiedad privada exclusiva y absoluta. En el ámbito regional, sin embargo, la cuestión se tornó más compleja. Mantener o no el régimen de resguardo en materia legislativa dependió del pulso librado entre los hombres públicos a escala regional, local y nacional, cuyo resultado respondió a coyunturas políticas y realidades económicas y sociales diversas⁴.

En el año 1849, los que por entonces empezaron a denominarse liberales, tomaron el poder a la cabeza de José Hilario López. Ello tuvo consecuencias importantes para las provincias del suroccidente de la Nueva Granada y la política que se seguiría acerca de los resguardos. Hacia 1848, los conservadores que surgieron como un nuevo partido dominaban la zona y mostraban una orientación poco agresiva a la división de la tierra comunal. Empero, cuando los liberales tomaron el poder y después de la guerra civil que sobrevino en 1851⁵, y que significó la victoria de éstos en las provincias del suroccidente, entre ellas, la de Pasto, la política gubernamental se orientó a dividir los resguardos. En 1852, el gobernador de la provincia de Pasto propuso repartirlos, y descontarles un 20 por ciento de su área para el pago del topógrafo y la financiación de escuelas⁶.

Fue así como Pasto, en 1852, bajo la cabeza de un gobernador liberal, al igual que la Provincia de Popayán⁷, orientó la política hacia el reparto de los resguardos. En las provincias del suroccidente tal inclinación no duró mucho tiempo y la explicación recae en los acontecimientos políticos desencadenados en el ámbito nacional dos años después. La guerra civil de 1854, que inició a causa de un golpe militar contra el gobierno nacional y fue encabezado por una de las facciones del partido liberal y los artesanos de Bogotá⁸, generó las condiciones adecuadas para que los conservadores retomaran el control, tanto de la nación como del suroccidente. En esta guerra, los indígenas, quienes en las elecciones de 1853 garantizaron el triunfo de los conservadores en las provincias del sur (Pasto, Popayán y Túquerres) y participaron como sus aliados en el campo de batalla, obtuvieron la recompensa por sus acciones. Después del triunfo de los conservadores en la guerra de 1854 y, una vez que retomaron el poder en la provincia de Pasto, estos retribuyeron el apoyo de los indígenas con la expedición de una ordenanza que mantenía los terrenos de resguardo en común⁹.

El escenario que se divisaba a inicios de la segunda mitad decimonónica es de descentralización administrativa y, por consiguiente, como había sucedido en los últimos años de gobierno centralista, de autonomía provincial para decidir acerca de los terrenos de resguardo. Fue así como en 1859, en el contexto de conflicto bipartidista y el peso de la población indígena en el suroccidente de la actual Colombia, el estado del Cauca emitió una ley regional que derogaba las disposiciones nacionales sobre división de los resguardos y legisló a favor de la posesión en común de las tierras de resguardo¹⁰.

Cuando terminó el régimen federal, en 1886, devino una orientación gubernamental centralista que tampoco se adhirió de manera tajante al modelo de propiedad moderna. Las dudas y divergencias entre los hombres públicos acerca del horizonte a seguir respecto al modelo de propiedad en materia de resguardos estaban presentes, al igual que la diversidad y complejidad de las poblaciones indígenas del territorio colombiano. A causa del peso demográfico de los indígenas del departamento del Cauca (del que seguía dependiendo Pasto) y de la solicitud de la mayoría de mantener las leyes protectoras del régimen de resguardo, estos impidieron que el nuevo gobierno nacional abrigara contundentemente el modelo de propiedad moderna; tanto así que en 1890 se emitió una ley nacional que reconocía y permitía la existencia del régimen de resguardo hasta que se cumpliera el plazo de cincuenta años para su abolición¹¹. Así, a finales del siglo XIX el gobierno nacional retomó la política proteccionista del otrora Estado Soberano del Cauca.

Ese fue el contexto político y legal en el que se inserta la permanencia de las parcialidades indígenas del valle de Atriz y sus terrenos de resguardos durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, más allá del marco legal de la división o no, no se debe suponer que la propiedad territorial y las parcialidades no experimentaron cambios. Este artículo se centra en la reconfiguración territorial de los terrenos de resguardo de dichas poblaciones, entendida como la reestructuración constante de las jurisdicciones indígenas coloniales, según los planteamientos de Antonio Escobar Ohmstede y Marta Martín Gabaldón, ¹². Planteamos que, al compás de coyunturas políticas, la puesta en marcha de medidas que afectaban o beneficiaban la extensión de la propiedad territorial debido a pleitos civiles y judiciales, además de prácticas de propiedad tales como la venta y compra de terrenos, se empezó a reconstituir el territorio de las parcialidades de origen colonial y, también, se formaron poblados en el periodo republicano que se gobernaron bajo el régimen de resguardo.

Investigaciones de los últimos años¹³ acerca de pueblos de indios en el periodo colonial y republicano han mostrado que en la conformación de dichos pueblos y la reconfiguración territorial intervinieron diversas variables. La formación de pueblos de indios no solo se llevó a cabo por la implementación de la política de reducciones en el siglo XVI. Por ejemplo, en la provincia de Antioquia colonial, entre los años de 1670 a 1720, se fundaron pueblos de indios a través de la compra de tierras que indios de diferentes poblados, actuando como particulares, efectuaron, y, también, por medio de donaciones. Cuevas Arenas manifiesta que la territorialidad de los pueblos de indios se construiría por medio del trabajo, los pleitos y las festividades, enfatizando en que dichas «dimensiones de la existencia de los poblados son historizables y se debe reconocer que cambian al pasar el tiempo»¹⁴. En el mismo sentido, para el México republicano se ha sugerido que las jurisdicciones indígenas no eran inmóviles y que el territorio se reconstituía¹⁵ constantemente. El presente texto se inserta en ese llamado de atención.

Usualmente, cuando se estudian las parcialidades indígenas y sus resguardos, se asume que son inamovibles y ahistóricas. Si bien estas formas de organización devienen del periodo colonial y la mayoría de los pueblos indios tienen un sustrato prehispánico, se tiende a abordarlos desde una mirada esencialista y a trazar una línea teleológica que identifica a dichos pueblos con las parcialidades indígenas del periodo republicano. No es posible olvidarse de la heterogeneidad, los cambios y adaptaciones que forman parte de la historia de dichas poblaciones; mirada que no deja de lado las continuidades, pero es consciente de la necesidad de estudiarlas en su dinamismo y complejidad, en su historicidad. En esa dirección se encamina este artículo.

El presente texto se divide en tres apartados. El primero, con el ánimo de conocer cómo se estructuró el régimen de resguardo en el Nuevo Reino de Granada y precisar si es adecuado el uso, generalmente indistinto, entre los términos resguardo y pueblo de indios, presenta una revisión historiográfica que invita a repensar lo que se entiende por pueblo de indios, parcialidades y resguardos. El segundo apartado presenta un panorama de los pueblos de indios coloniales que pertenecían al distrito de Pasto, el impacto de la política de reducciones y su existencia en el periodo republicano. El tercer apartado se centra en las parcialidades indígenas ubicadas en el distrito y/o provincia de Pasto durante la segunda mitad del siglo XIX, con énfasis en el proceso de reconstitución territorial. En este punto, es menester mencionar que, por cuestiones de espacio, se dejará fuera el papel de los miembros de los cabildos indígenas en tales dinámicas, al igual que la reconfiguración de identidad de los integrantes de las parcialidades.

2. Reflexión sobre pueblo de indios, parcialidades y resguardos

Generalmente, se ha asumido que en el Nuevo Reino de Granada el término pueblo de indio remite a resguardo, es decir, se identifica la propiedad comunal con el mismo poblado.¹⁶ Se ha señalado que la doble connotación de la palabra ‘resguardo’ que designa tanto a las tierras colectivas como a sus comunidades, proviene de tiempos republicanos¹⁷; en contraste, vale la pena mencionar que, en Colombia, el término parcialidad es sinónimo de comunidad. En la época colonial el término parcialidad se definió como un íntimo grupo familiar, era el ‘conjunto de muchos’ que componía una familia o facción¹⁸ y así se designó durante siglo XIX, aunque algunos estudios para la primera mitad del siglo XIX indican que la palabra parcialidad se usaba para referirse a las tierras comunales indígenas¹⁹.

En su estudio acerca de la sociedad, Páez, Findji y Rojas manifiestan que la parcialidad es la unidad indígena menor, lo que actualmente se identifica con comunidad. Durante la colonia, un resguardo podía pertenecer a una parcialidad, pero también había resguardos que correspondían a varias parcialidades bajo el mandato de un solo cacique²⁰. Situación similar se presentó en Roldanillo, un pueblo de indios del valle del río Cauca. En 1714 aparentemente existía un Cabildo conformado por un gobernador, un alcalde y un alguacil, que alternaba con la jefatura individual de tres parcialidades de indios gorrones (los motoa, dromba y mama), quienes vivían en espacios diferenciados. Hacia mediados de siglo, no obstante, se pasó a un «cacicazgo único para las tres agrupaciones por la reducción de la población y la no distinción de las tierras de una y otra»²¹. De modo que las tres parcialidades que vivían en espacios diferentes se agruparon en un solo cacicazgo y sin discriminarse las tierras que pertenecían a una u otra.

Situados en el siglo XIX, la documentación muestra una relación intrínseca entre parcialidad indígena y tierras de resguardo, pero en general distingue entre ambas, lo que se reflejó en la legislación de finales del siglo XIX. En 1898, el artículo 14 de un decreto del departamento del Cauca estipulaba que la parcialidad «era una comunidad de indígenas ligados por vínculos de creencias, idioma, costumbres, etc., que posee una porción de terreno más o menos extensa y no interrumpida por terrenos de propiedad particular»²². Dicha relación indicaría que la razón de ser de las parcialidades sería los terrenos de resguardo.

La cuestión, sin embargo, no resulta clara, dado que no se cumplía en todos los casos. Por ejemplo, en el censo de 1871 acerca de las parcialidades indígenas de los pueblos del distrito de Pasto se mencionan 19 parcialidades: Obonuco, Pandiaco, Mocondino, Pejendino, Laguna, Anganoy, Catambuco, Buesaquillo, Chapal, Males, Puerres, Canchala, Gualmatán, Tescual, Jongovito, Aranda, Jamondino, Botanilla y Cujacal²³. Se registró que la mayoría de éstas tenían terrenos de resguardos, excepto Cujacal. A pesar de anotarse como parcialidad, se mencionó que los indígenas que figuraron en el censo no tenían una parte de las tierras, sino que vivían en el callejón y en las haciendas como conciertos²⁴. Se desconoce cómo se configuró tal situación, pero lo que interesa señalar es que la mayoría de las veces es evidente la relación entre parcialidades y resguardos, al igual que su diferenciación, consideración desde la que parte este estudio. No obstante, es confusa la diferencia entre parcialidad y pueblo durante el periodo de investigación. Aunque la documentación se refiere a «parcialidad del pueblo de…», lo cual indicaría que un pueblo podría tener bajo su jurisdicción política a más de una parcialidad, en ocasiones solo menciona «indígenas del pueblo de…», lo que induce a identificar pueblo con parcialidad.

En todo caso, dado que el resguardo y los pueblos de indios se configuraron en el periodo colonial y se constata que tanto la realidad como las interpretaciones historiográficas son diversas, a continuación, se trae a colación tal diversidad. De acuerdo con la legislación hispana, el pueblo de indios era diferente al resguardo. Esa fue la generalidad que se estableció para el conjunto del Nuevo Reino de Granada, aunque, como en todo proceso, las disposiciones legales no implicaron necesariamente que se cumplieran al pie de la letra. De hecho, tal distinción no se plasmó homogéneamente, sino que dependió de las condiciones de cada región y cambió a lo largo del periodo colonial. Desafortunadamente, no hay investigaciones que muestren específicamente el proceso para la zona de estudio, pero se considera que la experiencia acontecida en otros lugares ofrece una idea general de lo que pudo suceder en el distrito de Pasto. Por tanto, resulta pertinente iniciar con lo básico, la estructuración del régimen de resguardo.

3. Conformación del régimen de resguardo e interpretaciones

Usualmente, el término resguardo remite al conjunto de tierras comunales que, en el gobierno de la monarquía hispana, fueron asignadas a los indígenas para su usufructo individual y colectivo. Esta denominación, única en el Nuevo Reino de Granada, surgió de las reales cédulas que a finales del siglo XVI ordenaron la asignación a los pueblos de indios de «una legua de tierra medida en redondo para su resguardo y protección»²⁵. La tierra de resguardo debía otorgarse por medio de títulos a la comunidad en la persona del cacique²⁶. Las Reales Cédulas de noviembre de 1591 (que estructuraron el marco legal del régimen de resguardos) autorizaron a los oidores-visitadores para que vincularan a cada pueblo congregado una porción de tierras comunales inalienables que incluía tres partes diferenciadas: una correspondía al resguardo, es decir, era la tierra que se dividía y entregaba a los tributarios para el usufructo individual de cada familia; la segunda era la tierra de labranza que los pobladores debían trabajar anualmente por rotación obligatoria y con cuyo producto debían solventar tanto el pago del tributo como las necesidades comunitarias (mantener el hospital, ayudar a viudas y huérfanos, sostener el culto); y, por último, estaba la tierra de pastos destinada a la cría de ganado individual o colectiva y al abastecimiento de leña y madera del que se beneficiaban todos los miembros del pueblo²⁷.

Hasta aquí es necesario explicitar dos aspectos: el primero, que, en teoría, el globo de tierras comunales vinculadas al pueblo de indios del Nuevo Reino de Granada incluyó tres tipos de terrenos. Esta diferenciación, no obstante, se diluyó al extenderse el término de resguardo a la totalidad de las tierras del común²⁸, y que tal asociación se presenta en la documentación de los siglos posteriores; el segundo alude a la distinción entre pueblo de indios y resguardos que, como mencionamos, no ha sido la interpretación usual.

Por ejemplo, en un estudio de los años setenta se expresó que los agrupamientos de indios se efectuaron «en el interior de las tierras de resguardo» y que el pueblo de indios se constituía con el reparto de tierras comunales y la formación de un cabildo indio, «encargado del gobierno interno del resguardo»²⁹. Otra investigación publicada en el año 2007 señala que:

[…] los resguardos indígenas andinos tuvieron algunas características propias que contribuyeron a construir no solo formas particulares de organización económica, social y espacial (los pueblos o reducciones de indios), sino que llegaron a constituir el elemento central de la jerarquía y el poder social comunitario³⁰.

En ambos estudios se identifica al resguardo con el pueblo de indios, aunque en esta última investigación persiste la propuesta de las reales cédulas de finales del siglo XVI que asignó al resguardo la función de proteger a los pueblos de indios: «la congregación de los indios en reductos territoriales estrechos y cerrados: los pueblos y las tierras de comunidad, o resguardos, que los circundaban y clausuraban, aislándolos tanto de sus vecinos mestizos y españoles»³¹. A pesar de reconocerse la diferencia entre los pueblos y los resguardos, la concepción general es que los pueblos de indios se organizaron bajo la forma de resguardos, «entendidos como globos de tierras comunales adjudicadas al grupo indígena, con límites más o menos precisos»³².

Frente a la identificación usualmente aceptada entre pueblo de indios y resguardo, otra investigación publicada en el año de 1998 enfatiza en la especificidad del proceso de configuración de cada uno de estos espacios y el carácter diferente de los mismos. Refiriéndose a los pueblos de indios de la provincia de Santafé en el siglo XVI, el estudio señala que, en 1549, se ordenó juntar a los indios en pueblos y que las gestiones encaminadas a que los «naturales se pueblen y junten en forma de pueblos españoles y gente política» se iniciaron por lo menos desde 1559, es decir, alrededor de 30 años antes de la asignación de los resguardos³³. De acuerdo con estas disposiciones, primero se constituyó el pueblo de indios y después se asignaron las tierras de usufructo individual y colectivo (los resguardos).

Si bien tal interpretación correspondió a lo acontecido en la provincia de Santa Féde Bogotá, probablemente dichos parámetros no se siguieron en el conjunto del Nuevo Reino de Granada. En la provincia de Tunja, por ejemplo, el pueblo de indios de Chíquiza se creó en 1636 junto con la adjudicación de sus tierras de resguardo³⁴. Igualmente, una investigación reciente acerca de la política del resguardo entre los indios Páez de un pueblo de la gobernación de Popayán, entre 1650 a 1750, muestra que la fundación de pueblos y la asignación de resguardos se entrecruzaron, hasta diferenciarse de los resguardos entregados en las provincias de Santa Fe, en donde primero se ordenaron y ejecutaron las congregaciones y, años después, comenzaron a otorgarse los resguardos. El estudio sobre los Páez, además, muestra que sí se dio la fundación de pueblos dentro de tierras comunales. Así, por ejemplo, se menciona que el pueblo de La Sal quedó fundado dentro del resguardo de Toboyma a fines del siglo XVII³⁵.

En zonas de frontera, donde se ubicaron los pueblos de indios de Ciénaga y Gaira, pertenecientes a la gobernación de Santa Marta, el proceso fue más complejo. A principios del siglo XVIII se observó el declive de población india. Con el propósito de proteger a los naturales, y dado que muchas encomiendas contaban con pocos indios, se implementó la política de trasladarlos a pueblos específicos, sin tener en cuenta su origen étnico. Así se inició el tránsito hacia la reducción de los indios en los pueblos de la zona, de tal manera que hasta 1704 las salinas de ‘Chengue, Ciénaga’ y el pueblo de Gaira pasaron a aglutinar la población india que sobrevivió de las encomiendas. Tiempo después, en 1757 y 1790, se adjudicaron resguardos a los pueblos de San Juan de la Ciénaga y al de Gaira³⁶. Como se puede apreciar, en este lugar de frontera la conformación de pueblos de indios fue tardía, aunque el pueblo precedió, al igual que en la provincia de Santa Fe, a la adjudicación de resguardos.

La separación entre pueblo de indios y resguardo, y la asignación posterior de este último, entonces, tuvo lugar en algunas zonas del Nuevo Reino del Granada. Igualmente, la identificación entre ellos y su conformación simultánea correspondió a las dinámicas reales de organización del espacio en algunos lugares, de ahí que no sea recomendable generalizar la separación entre pueblos de indios y resguardos. Como se ha mencionado, para la zona de investigación no hay estudios específicos referentes a esta dinámica, así que el punto de partida es la identificación diferenciada entre resguardos (las tierras de comunidad) y parcialidad indígena (la comunidad que explotaba dichas tierras), cuya relación era intrínseca.

Adicional a dichas interpretaciones, algunos estudios³⁷ centrados en la organización espacial de la región central (Cundinamarca y Tunja) han señalado que en la documentación del siglo XVIII se alude indistintamente a pueblos de indios para referirse al espacio de la traza, entendido como asentamiento nucleado; igualmente, se relaciona el espacio de la traza y del resguardo; y también el término pueblo de indios refería a los territorios bajo jurisdicción de los curas de los pueblos de indios, pero que no necesariamente estaban ni debían ser ocupados por indios³⁸. Es decir, el término pueblo de indios aludió al espacio de la traza, al asentamiento nucleado, al igual que al resguardo, y a los territorios que excedían la demarcación del espacio de la traza en damero incluidos dentro de los términos jurisdiccionales del pueblo de indios. Como se acotó, la documentación acerca del periodo de estudio no es clara acerca de si una parcialidad junto con su resguardo constituía una parte del pueblo o si se referían al pueblo en su conjunto.

En sí, el pueblo de indios era una estructura territorial, que se componía de un caserío indio presidido, a su vez, por una iglesia, una cárcel y, además, de los terrenos comunales o resguardos que generalmente eran adyacentes al centro poblado; y los términos jurisdiccionales imprecisos en los cuales se establecieron estancias de ‘vecinos’ y haciendas de españoles. Los resguardos, las tierras de cultivo y cría de ganado de los indios eran diferentes a los asentamientos nucleados ubicados generalmente en la parte central del espacio de la traza. Esta diferenciación de la región central del actual territorio colombiano en el siglo XVIII muestra, además, una nueva perspectiva de los pueblos de indios. Un grupo de población no india, conformado por pequeños y medianos propietarios y también arrendatarios, vivía en los alrededores de los caseríos de los nativos, de los resguardos y de las haciendas, sin contravenir las normas de segregación espacial. Ellos se relacionaban constantemente con los indios, debido a que los servicios religiosos se prestaban en el espacio de los pueblos de indios. De igual modo, se menciona que desde el siglo XVIII los trabajadores, esclavos y arrendatarios de muchas haciendas fueron ‘agregados’ al curato del pueblo de indios para que cumplieran con sus obligaciones religiosas. De esta manera, la organización de la administración religiosa de tal población conllevó a la demarcación de territorios jurisdiccionales, de ahí que sus habitantes llegaran a considerarse como vecinos de los pueblos de indios, sin que ello necesariamente implicara que vivieran dentro de los pueblos indios o en sus resguardos³⁹, sino en los términos jurisdiccionales imprecisos del pueblo. Esta apreciación es relevante en cuanto permite matizar la idea generalizada según la cual la población no india habitaba ilegalmente los resguardos y pueblos indios.

Un estudio reciente⁴⁰ para la provincia de Antioquia ha mostrado que algunos pueblos de indios se formaron a partir de compras y donaciones, y también relaciona el establecimiento de poblados con los servicios personales a obras públicas que prestaban los indios. Ese fue el caso del pueblo de Pereira; hacia mediados del siglo XVIII, Antonio Piedrahita otorgó tierras a un grupo de indios para que mantuvieran un puente que servía a Rionegro; sin embargo, al trasladarse este lugar a la ciudad de Arma en los años de 1786 y 1787, el cabildo asumió la obra pública y buscó vender las tierras que anteriormente habían sido otorgadas a los indios argumentando que «no hubo un pueblo de indios con todas las formalidades y que solo se formó un poblado alrededor de una capilla de paja, que después la devoción convirtió en una de teja⁴¹.

Como se puede apreciar, en la formación colonial de asentimientos nucleados habitados por población india intervinieron diversas dinámicas, de manera que dejaron ver la complejidad del proceso. Ahora, al detenerse en los poblados ubicados alrededor de la ciudad de Pasto, que durante la segunda mitad del siglo XIX se denominaron parcialidades indígenas y la relación entre estas y los terrenos de resguardo.

4. Pueblos de indios y parcialidades del distrito de Pasto: una breve reseña

En la segunda mitad del siglo XVI, el rey Felipe II inició la política de reducir a los indios en pueblos con el propósito de facilitar su adoctrinamiento, civilización y administración.⁴² Inexorablemente, el proceso de reagrupamiento desencadenó el movimiento de población nativa y el establecimiento de nuevos poblados. La fundación de la ciudad de San Juan de Pasto en el valle de Atriz, el principal asentamiento español, generó cambios inmediatos entre los Quillacingas. Según testimonio de Cieza de León, cuando los españoles llegaron a este valle algunos aborígenes se retiraron a las serranías⁴³ o huyeron completamente de la zona, mientras que otros se quedaron en sus antiguos asentamientos que ahora rodeaban la ciudad española⁴⁴.

Testimonios de algunos cronistas y visitadores que pasaron por la villa de Pasto y sus poblados en la segunda mitad del siglo XVI señalan que el lugar contaba con un número considerable de indios. Cieza de León, por ejemplo, menciona que la villa tenía «más indios naturales sujetos a sí que ninguna ciudad ni villa de toda la gobernación de Popayán y más que Quito, y otros pueblos del Perú»⁴⁵. En 1559, Fray Gerónimo de Escobar expresa que la ciudad tenía 20.000 indios (quizá se refería solo a población tributaria) y que, en 1582, se habían reducido a 8.000. Por su parte, Francisco Guillen Chaparro, que también visitó la zona en 1582, observó que Pasto contaba con 14.000 indios de encomienda, 6.000 indios más de la cifra dada por Fray Gerónimo. Ante esta imprecisión, se señala que lo relativamente seguro es que la ciudad de Pasto y sus alrededores constituían una de las comarcas más densamente pobladas del territorio colombiano actual, solo comparable con la región chibcha (ubicada en los actuales departamentos de Boyacá y Cundinamarca)⁴⁶.

En 1570, el oidor de la audiencia de Quito, García Valverde, emprendió la aplicación sistemática de reducir a los indios en pueblos que estaban bajo la jurisdicción del distrito de Pasto. En el periodo colonial se denominó distrito de Pasto al territorio sometido a la jurisdicción del cabildo asentado en la ciudad del mismo nombre. En 1540 el distrito quedó bajo jurisdicción de la recién creada provincia de Popayán. En términos geográficos, este distrito comprendía las zonas altas de los actuales departamentos de Nariño y Putumayo⁴⁷.

El proceso generó el traslado de algunos indios que vivían alejados de los asentamientos cercanos a la ciudad de Pasto, al ubicarlos ahora en los poblados de Mocondino, Catambuco y Obonuco. Los Quillacingas que se encontraban al norte de Guapascual fueron congregados alrededor de las poblaciones de Chapacual y Yacuanquer, mientras que en el territorio de los Abades muchos de los grupos fueron trasladados hacia El Peñol y Tabiles. En 1660, se decretó que los indios de Sascha y Botana debían trasladarse a la Laguna, y los pocos indios que quedaban en Siquitán debían reagruparse en Tangua y los de Guapuscal en Funes. Aunque se desconoce si efectivamente se llevaron a cabo dichos movimientos de población, en otros lugares sí tuvieron lugar. La escasez de trabajadores en las estancias de la vecindad de Pasto, por ejemplo, fue el motivo por cual se trasladaron algunos grupos ubicados en aldeas distantes de la ciudad, de manera que fueron reubicados en el valle de Atriz. Así se conformaron nuevos asentamientos, cuyos nombres derivaron de los poblamientos originalmente localizados en otros lugares: Buesaquillo de Buesaco, Chapalejo de Chapal, Tescualillo de Tescual, Funesillos de Funes, Malesillos de Males. En 1691, se registraron 75 aldeas nativas existentes en el distrito de Pasto, ya fuesen viejas o trasplantadas, que estaban agrupadas en 30 encomiendas⁴⁸. Algunos asentamientos precolombinos se mantuvieron en los mismos lugares, aunque, probablemente, con nativos de otros poblados, mientras que algunas aldeas fueron reubicadas en sitios diferentes⁴⁹.

Fuente: mapa generado con base en mapa de Calero, Luis Fernando. Pastos, Quillacingas, p. 18 y el mapa «Quillacingas y pastos: poblaciones del Siglo XVI y complejos cerámicos Piartal y Tuza, siglos IX-XVIII D.C.» de Cárdenas Arroyo, Felipe. «Frontera arqueológica vs frontera etnohistórica», en Caillavet, Chantal y Pachón, Ximena (dirs.), Frontera y Poblamiento: estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador (Lima: Institut français d’études andines, ¹⁹⁹⁶), s.p. Elaborado por Daniel Ruiz, geógrafo de la Universidad del Valle (Cali-Colombia).

Figura 1 Poblaciones del distrito de Pasto y áreas adyacentes, 1535-1700. 

De acuerdo con bibliografía consultada, la puesta en marcha de la política de reducciones en el distrito de Pasto incrementó el detrimento de las estructuras internas de los poblados indios. El valle de Atriz fue el escenario donde indios de una etnia se mezclaron con nativos de otra; dinámica que contribuyó a la pérdida gradual de características como el lenguaje, las costumbres y la forma de vestir. Por ejemplo, la población de Ancuya, originalmente un poblado de Los Pastos, fue un pueblo en el que Los Pastos y Abades vivieron juntos⁵⁰. Aunque no hay certeza acerca del idioma que habrían hablado los Quillacingas⁵¹, la lengua aún existía a comienzos del siglo XVII⁵²; sin embargo, hacia el siglo XVIII, los indios ubicados alrededor de Pasto dejaron de usar sus lenguas nativas. Luego de la conquista española y la implementación de la política de reducciones los cacicazgos «fueron reconstituidos y sus identidades tuvieron que ser reinventadas»⁵³. Desde entonces, la territorialidad e identidad étnica se estaban reconstruyendo.

Una vez conformada la República de Colombia en 1821, la provincia de Pasto albergaba a los pueblos de la antigua jurisdicción de Los Pastos y de Pasto. Es de suponer que se mantuvieron los señalados por el gobernador Diego Antonio Nieto en 1797. De Pasto mencionó a Pandiaco, Anganoy, Aranda, La Laguna, Puerres, Cumbahala, Malecillo, Tescual, Mocondino, Jamondino, Buesaquillo, Chapal, Funes, Catambuco, Obonuco, Gualmatán y Jongobito, Buisaco, Taminango, Tablón, El Monte y Hacienda de Erre, Matituy, Genoy, Mombuco, Ingenios, Peñol y Consacá, Chachagüí, Tambo Pintado, Yacuanquer, Tangua, Sibundoy, Santiago, Putumayo y Aponte, Sucumbíos, Aguarico y Mocoa. Mientras que de Los Pastos registró a Túquerres, Ancuya, Carlosama, Cumbal, Guachaves, Guachucal, Guaitarilla, Iles, Imués, Ipiales, Males, Mallama, Mayasquer, Muellamués, Pastás, Pupiales, Putis, Sapuyes, Yaramal y Yascual⁵⁴.

Concerniente a los pueblos de Pasto es pertinente observar que, a finales del siglo XVIII, antiguos poblados, incluidos en la categoría de Los Pastos, hacían parte de la provincia donde la mayoría de los asentamientos eran Quillacingas. Se hace referencia a Chapal, Funes y Gualmatán. El Peñol, ubicado en territorio de los Abades, un asentamiento que parece haberse establecido después de la llegada de los españoles⁵⁵ y se incluyó en la Provincia de Pasto. A esas alturas, la identificación étnica, problemática ya desde las reducciones, no parece ser fundamental en la organización administrativa del territorio, y es importante partir de la nueva organización políticoadministrativa. En este punto es importante acotar que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de 11 de octubre de 1821, los nombres de pueblos de indios con que eran conocidas las parroquias de indígenas fueron eliminados formalmente⁵⁶. En algún momento tal denominación cambió y/o no llegó a plasmarse completamente en la práctica (faltan estudios al respecto), puesto que para el periodo de investigación se utilizó la denominación de pueblo o parcialidad de indígenas.

En el año de 1851, se efectuó un censo rural del distrito de Pasto en el cual se registraron los siguientes pueblos: La Laguna, Anganoi, Aranda, Pandiaco, Buesaquillo, Jamondino, Pejendino, Mocondino, Males, Puerres y Canchala, Tescual, Chapal, Jonjobito, Botanilla, Catambuco, Obonuco y Gualmatán⁵⁷. Aunque el censo no explicitó que la cantidad de habitantes rurales correspondían a parcialidades indígenas, se tiene en cuenta el censo efectuado veinte años después. Por tanto, se infiere que la mayoría correspondía a los pueblos de indios de origen colonial, aunque no se puede generalizar; tampoco es posible determinar con precisión que todos los habitantes eran indígenas. Lo más probable es que en las parcialidades gobernadas por la corporación indiana, los indígenas fueran mayoría, pero con presencia de foráneos (quizá pocos). En algunos casos, la documentación del censo de 1851 diferenció a las familias de autoridades indígenas, por ejemplo, se colocaba la casa o familia del alcalde mayor o regidor, lo que indica que se trataba de pueblos gobernados por el cabildo indígena y, por ende, que vivían bajo el régimen de resguardo. Sin embargo, en un caso se registró que se trataba de una viceparroquia⁵⁸, no un pueblo⁵⁹, de modo que allí quizá los indígenas vivirían en una parcialidad y los mestizos en el área de población de la viceparroquia.

Durante los años 1871 a 1874 se efectuó un censo de población de los indígenas adscritos al distrito de Pasto, en el que se identifican los pueblos de Chapal, Obonuco, Jonjobito, Puerres-Canchala, Aranda, Pandiaco, Gualmatán, Mocondino, Tescual, Pejendino, Laguna, Buesaquillo, Jamondino, Botanilla, Cujacal, Catambuco, Males y Anganoy⁶⁰. En dichas poblaciones sus habitantes se autoidentificaban y eran identificados como indígenas, y vivían bajo el régimen de resguardo: tenían tierras comunales y eran gobernadas por el cabildo indígena de cada pueblo, aunque, en algunos casos, no todos los pueblos eran de origen colonial, ni tenían tierras de resguardo.

Estas son algunas de las parcialidades indígenas ubicadas en el valle de Atriz en las que se puede observar la reconstitución territorial durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque, el siguiente apartado iniciará con el impacto de la política de segregación de terrenos de resguardo para la expansión del área de población y el financiamiento de escuelas primarias de otros distritos que pertenecían a la provincia y/o municipio de Pasto.

5. Reconstitución territorial

6. Coyuntura política y conflicto bipartidista

La política de desamortización eclesiástica y la coyuntura de enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador durante la segunda mitad del siglo XIX brindaron la oportunidad para que grupos de indígenas y/o mestizos obtuvieran tierras y solicitaran la restitución de terrenos. Un caso particular es el de Chapal de las Monjas, dicho pueblo existía desde el periodo colonial, y el censo de 1851 indicaba que los datos correspondían al número de habitantes que servían en la hacienda Chapal de las monjas Conceptas, habitantes que se dedicaban a la agricultura⁸⁴; algunos de los cuales quizá eran indígenas y otros mestizos, quienes vivían dispersos alrededor de la hacienda. Probablemente, el pueblo colonial de Chapal desapareció, pero se estableció una hacienda que atrajo mano de obra y la población se ubicó en sus contornos. Información para años posteriores muestra que, en efecto, en 1866 tal población identificada como «comunidad indígena» no tenía terrenos de resguardo y que, como mencionamos, Tomás Cipriano de Mosquera le adjudicó tierra de la hacienda «Huertecillas» para el área de población del pueblo de Chapal⁸⁵. Desde entonces se conformó otra parcialidad indígena con terrenos, pero, formalmente y en ese contexto, no de origen colonial. Los pobladores alrededor de la hacienda de 1851, quienes fueron n mestizos y/o indígenas, aprovecharon la coyuntura de la política desamortizadora y, seguramente, el conflicto bipartidista para influenciar al caudillo caucano y obtener beneficios autoidentificándose como indígenas. De hecho, en la visitada efectuada por el alcalde distrital de Pasto en 1871, los miembros del Cabildo indígena de Chapal, ante la pregunta del título que acreditase la propiedad del resguardo, presentaron el documento que el gobierno de los Estados Unidos de Colombia otorgó a los «indígenas de Chapal»⁸⁶. En 1851, los habitantes que vivían alrededor de la hacienda de Chapal de las Monjas, en el año de 1871 ya habían constituido un pueblo que tenía la estructura del régimen resguardo colonial, pero siendo resultado del contexto republicano.

En algunas disputas, los dueños de una finca o hacienda denunciaron en conjunto a más de una parcialidad o, viceversa, varias parcialidades denunciaron a un particular. El meollo del asunto, al menos formalmente y en el contexto de confrontación bipartidista y guerras civiles durante la segunda mitad del XIX, no siempre correspondió a las tierras de resguardo de origen colonial sino a adjudicaciones de terrenos que autoridades políticas efectuaron a algunas parcialidades indígenas, bien fuera de conventos desamortizados o de remate de haciendas a cuyos dueños se les impuso una contribución forzosa para los gastos de guerra.

En noviembre de 1878, José Demetrio Puertas, quien representó a su tío Antonio José Chávez, dueño de la hacienda el «Páramo», envió una comunicación al jefe municipal de Pasto; informó que debido a la ausencia de su pariente las parcialidades de Jongovito y Obonuco estaban sacando madera «arbitrariamente» de los montes de dicha finca. El embrollo de la cuestión estaba en la imprecisión de linderos entre dicha hacienda y el terreno denominado «Culo de Gallina» del extinguido Convento de San Agustín que el exjefe municipal de Pasto, el liberal José María Guerrero, adjudicó a las parcialidades de Obonuco, Jongovito y Gualmatán (probablemente en 1877). Algunos indígenas de Obonuco que concurrieron a la inspección del terreno objeto de disputa señalaron que, el jefe municipal no les había entregado un título de propiedad de la posesión del terreno y, además, al desconocer los límites, tomaron maderas del «Páramo» creyendo que correspondían al terreno adjudicado⁸⁷.

Por su parte, en diciembre de 1878, el alcalde mayor de Jongovito expresó que los señores Chávez no eran dueños del terreno del extinguido convento que la autoridad política les adjudicó. Los testigos presentados por la parcialidad expusieron que, «siempre» habían sacado madera del lugar objeto de disputa y que no tenían un título de propiedad, excepto la palabra del exjefe municipal, José María Guerrero, quien les dijo que eran «dueños» del terreno⁸⁸.

Se desconoce si se trataba o no del mismo terreno aludido por los indígenas de Obonuco o si la adjudicación efectuada por la autoridad civil incluyó una extensión de tierra con varios terrenos, pero lo evidente es que dicho acto y la falta de linderos claros, además de la adjudicación informal, generó disputas con particulares colindantes. Conflictos que en algunos casos tenían asidero en prácticas y relaciones de propiedad entre indígenas y particulares. Así, por ejemplo, según José Demetrio Puertas y algunos testigos, las comunidades indígenas de Jongovito, Gualmátan y Obonuco arrendaban varias áreas de terrenos al Sr. Chávez con el objeto de sembrar, sacar madera y leña⁸⁹.

Además, tampoco se conoce si dicho arriendo se trataba de un convenio escriturado o si era informal, pero es evidente que constituyó una práctica de propiedad entre dichas parcialidades y el hacendado Antonio José Chávez, lo cual habría implicado una relación de convivencia entre las partes. Ahora bien, si se hace hincapié en la alusión de Puertas acerca de que dichas parcialidades tomaron «arbitrariamente» leña del monte de la finca en ausencia de su tío y la disputa consecuente, se podrían considerar dos aspectos: primero, que existía un acuerdo tácito o explícito entre dichas parcialidades y el Sr. José Antonio Chávez que, seguramente, generó una relación relativamente «armoniosa» entre dichos actores en lo referente al usufructo del monte. Acuerdo que se habría resquebrajado por la ausencia del Sr. Chávez y la presencia del sobrino, al igual que por la coyuntura de adjudicación de tierra desamortizada que, evidentemente, se habría presentado como una oportunidad para que las parcialidades indígenas no pagaran arriendo. De manera que la relación entre estos resultaba frágil ante las oportunidades de ventaja y la ausencia de uno de los negociantes.

En enero de 1879, tanto el cabildo indígena de Jongovito como el de Gualmatán acordaron declarar que al principio habían sacado madera hasta que se opusieron los «legítimos dueños»⁹⁰. Hubo un cambio de parecer de los miembros del Cabildo indígena de Jongovito. En este sentido, es importante recordar que el alcalde mayor de 1878 había señalado que los señores Chávez no eran dueños del terreno que les había adjudicado la autoridad política de Pasto. Como los integrantes de la corporación indiana cambiaban cada año, al posesionarse el nuevo cabildo se decidió (desconocemos los motivos) dejar de lado la postura del alcalde mayor anterior y reconocer que no tenían derechos sobre el monte colindante con la hacienda «Páramo». Teniendo en cuenta las declaraciones de los cabildos indígenas de 1879, la jefatura municipal previno a las parcialidades de los pueblos de Obonuco, Gualmatán y Jongovito que se abstuvieran del «uso arbitrario de sacar o extraer madera de las montañas pertenecientes a la hacienda del Páramo de propiedad del señor doctor Antonio José Chávez»⁹¹. De ahí en adelante, desde el ámbito formal dichas comunidades tenían prohibido usufructuar los recursos que ofrecía el monte de dicha hacienda.

Concerniente a la restitución de potreros, en noviembre de 1877, «de común acuerdo», los miembros de los cabildos indígenas de Botanilla y los de Catambuco reclamaron ante el jefe municipal de Pasto, José María Guerrero, que el potrero «Manzano», situado entre los terrenos de ambas parcialidades y la estancia de la Caldera, les pertenecía. El momento de efectuar el reclamo fue idóneo, debido a que dicha estancia había sido adjudicada al tesoro del estado por remate público y contribución forzosa impuesta al señor Manuel Bucheli Valencia para los gastos de la guerra civil de 1876 y 1877⁹². En ese contexto político y al estar de jefe municipal José María Guerrero (un liberal presto a apoyar a los indígenas), después de una inspección ocular y la presentación de documentos de origen colonial y de testigos, la petición se resolvió a favor de las parcialidades, al disponerse que el expresado potrero fuera dividido en partes iguales por los cabildos de ambas comunidades⁹³. Nuevamente resulta llamativo que la autoridad política liberal de 1877 reconociera derechos de posesión de tierras a colectividades, hechos que contrastan con la bandera de propiedad dividida de la ideología liberal, pero que muestra los matices y acomodamientos de dichas ideologías en la dimensión práctica que eran tan usuales en el Estado Soberano del Cauca.

Al calor de la confrontación bipartidista, no obstante, la favorabilidad hacia las demandas de los indígenas no se mantuvo. Dos años después, los miembros del Cabildo indígena de la parcialidad de Botanilla manifestaron al jefe municipal de Pasto que el señor Delfín Garcés, dueño de la hacienda de la «Caldera», les había quitado la «pacífica posesión» del terreno el «Manzano» y solicitaron amparo. Aludieron que la Ley 90 de 1859 los amparaba en el «verdadero derecho de propiedad» y, por ello, nuevamente hacían «valer [sus] derechos». Esta vez, empero, la respuesta fue negativa. Aunque el alcalde mayor de Botanilla pidió y obtuvo copia legalizada de la resolución y las ordenanzas de 1877 y diligencias coloniales que acreditaban la posesión del potrero, el jefe municipal de Pasto de 1879 no confirió el amparo. Dicha autoridad aludió a la falsedad de los documentos o copias de títulos⁹⁴, pues no se encontraba «ninguna pieza aparente que hiciera conocer clara y evidentemente el derecho de propiedad que tuvieran los indígenas reclamantes» ⁹⁵. Además, señaló que el título que invocaban y querían hacer valer como comprobante de propiedad era el acta o diligencia de adjudicación que el jefe municipal de entonces, José María Guerrero, les hizo de los potreros el ‘Manzano’ y ‘Sombrería’, terrenos que en 1877 «poseían los dueños o propietarios» de la hacienda de Catambuco «como parte integrante de ella» y que les fueron «arrebatados» violentamente y al furor del vendaval de transición política de aquella época. De ahí que, en consonancia con un decreto de devolución de propiedades expedido en mayo de 1879, el cuerpo legislativo del estado del Cauca dispuso que se devolviera y entregara «la posesión» de dichos potreros a los «dueños o propietarios» de la hacienda «Catambuco»⁹⁶.

Como se ha podido apreciar, en la atmósfera de confrontación bipartidista de aquella época tan convulsionada no era extraño que dirigentes liberales y conservadores resolvieran (ya fuera basados en el marco legal o no) a favor o en contra de parcialidades indígenas, según el apoyo de estas a uno de los bandos. La reconfiguración territorial, pues, no fue ajena a dicho contexto y dependió de la identidad política de las parcialidades y sus gobernantes.