IMPLICACIONES ELECTORALES DE LA REINSERCIÓN POLÍTICA DE LAS AUTODEFENSAS EN COLOMBIA

Rodrigo Losada*

* Ph.D. en Ciencia Política, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. El autor se encuentra muy agradecido por los comentarios y sugerencias recibidos de los colegas Claudia Dangond, Eduardo Pastrana, Consuelo Ahumada y David Suárez. Igualmente, por la eficaz cooperación de su equipo de trabajo, Diana Rojas, Adriana Castro, Mary Alejandra Romero, Lina Paola Andrade, Catalina Aragón, Juan Pablo Caicedo, Tania Niño y Mauricio Solano.

Recibido: 17/03/2006 Aprobado evaluador interno: 02/05/2006 Aprobado evaluador externo: 27/03/2006

Abstract

Aiming at a better understanding of illegal self-defense groups’ role in contemporary Colombian elections, an analysis is undertaken of 2002 Senate election at municipal level. Electoral behavior of municipalities with active presence of said groups is confronted with behavior of municipalities with null or scarce presence of the same groups, and three political and electoral strategies are detected: one of coercion, fraud and vote-buying, with exclusion of rival candidates; a second one of backing a preferred candidate with tolerance vis-a-vis other candidates; and the third, of seeming indifference for the electoral process. It is foreseen that the mentioned groups’ interference in electoral processes will be reduced, although not completely, when they demobilize and reinsert in the legal life of the nation.

Key words: Colombia, electoral behavior, illegal self-defense groups, political violence.

Resumen

A fin de entender mejor el papel de los grupos ilegales de autodefensa en las elecciones colombianas contemporáneas, se analiza la votación emitida en los comicios para Senado de 2002 a nivel municipal y se confronta el comportamiento de municipios con activa presencia de esos grupos contra el de municipios donde dicha presencia es escasa o nula. Se identifican tres tipos de estrategias político-electorales adoptadas por los grupos aludidos: una de coerción, fraude y compra de votos, acompañada de la exclusión de candidatos rivales; una segunda de apoyo a un candidato específico pero con tolerancia frente a otros candidatos; y la tercera, de aparente indiferencia frente al proceso electoral. Se prevé que la interferencia de los grupos mencionados en los procesos electorales se reducirá sustancialmente, aun cuando no del todo, a raíz de su desmovilización y reinserción en la vida legal.

Palabras clave: Colombia, elecciones, grupos ilegales de autodefensa, violencia política.

Este artículo busca ayudar a entender qué cabría esperar en el campo político-electoral de los diversos grupos de autodefensa del país, hoy en proceso de reinserción, con énfasis en la incidencia que estos grupos puedan tener en las elecciones de Congreso de 2006 y en las de alcaldes de 2007. A fin de contar con elementos de juicio que permitan apreciar la magnitud, el cómo y el porqué, de la incidencia de las autodefensas en los procesos electorales del momento, se adelanta un análisis del comportamiento de los municipios colombianos en las elecciones al Congreso de 2002.

La consulta sistemática de los resultados electorales registrados en los diversos municipios del país, correspondientes a los comicios de Congreso en 2002, presenta algunos datos extraños: por un lado, se encuentra que en un número no despreciable de municipios una lista de candidatos al Senado de la República, de las 321 que entonces competían por escaños en esta corporación, obtiene unos porcentajes de votos extremadamente altos, los cuales llegan al 75%, al 90%, o aun más, del total de los votos emitidos en el municipio. Un fenómeno similar se observa en las cifras que informan sobre la votación para Cámara de Representantes a nivel municipal. Esto no es normal en el comportamiento electoral colombiano. Por otro lado, se nota que esos altos porcentajes tienden a darse ante todo en municipios donde las autodefensas cuentan con una fuerte presencia.

Para ilustrar y sustentar los planteamientos anteriores se suministran a continuación varios elementos de juicio. Primero, se presenta un conjunto de resultados electorales, que pone de presente las anomalías observadas. Se indica, luego, la metodología que se siguió para identificar municipios donde las autodefensas se hacen presentes con mayor fuerza. Y en tercer lugar, se llama la atención sobre la relación que existe entre las anomalías aludidas en algunos municipios y la presencia vigorosa de las autodefensas en los mismos.

En relación con el primer tema, dos tablas, una con datos del departamento de Magdalena, y la otra con datos de Risaralda, ponen en evidencia dos tipos de resultados electorales a nivel municipal distintos. En uno y otro caso, en relación con cada municipio de Risaralda, al igual que de Magdalena, se indica en la parte izquierda de la tabla el porcentaje de los votos del municipio obtenido por las listas al Senado que obtuvieron votación importante en el departamento, en particular, listas que cosecharon en el departamento 10.000 votos o más. En la parte derecha se señala qué porcentaje de los votos de cada municipio obtuvo cada una de las listas a la Cámara de Representantes exitosa en el departamento, es decir, aquellas que lograron uno o más escaños en esa corporación¹. Sobre las casillas con fondo gris se hablará más adelante. Véase tabla 1.

Para entender la tabla téngase en cuenta que sólo cuatro listas de candidatos al Senado obtuvieron en Risaralda 10.000 o más votos, las encabezadas por los actuales senadores, en orden alfabético, María Isabel Mejía, Habib Merheg, Rodrigo Rivera y Luis Emilio Sierra. De otra parte, los cuatro escaños en la Cámara de Representantes, correspondientes a Risaralda, fueron conquistados por listas encabezadas por Germán Aguirre, Juan Hurtado, Carlos Enrique Soto, y John Jairo Velásquez. Examínese ahora en la tabla el caso de Pereira, la capital del departamento. La senadora Mejía recibió el 21,30% de los votos de esta ciudad, le sigue el senador Merheg, con el 17.96%, luego el senador Rivera, con 12,98% y finalmente el senador Sierra con 1,98%. Estos cuatro porcentajes sumados hacen un 54,22%. La diferencia entre este resultado y el 100% se distribuye entre las otras 317 listas al Senado que obtuvieron votos en Pereira, más los votos en blanco, nulos y tarjetas no marcadas depositados en esta ciudad. El total de votos emitidos, más tarjetas no marcadas, es en Pereira de 121.150. En forma análoga se presentan en el lado derecho de la tabla las cifras de las elecciones para Cámara en esta capital.

Entendidas las varias columnas de la tabla, el punto importante por comentar es el siguiente: el porcentaje de votación municipal más alto que obtiene una lista para Senado, de las cuatro incluidas en la tabla 1, lo alcanza el senador Rivera en La Virginia, donde recibe el 34,45% de la votación del municipio. Entre las listas exitosas de candidatos a la Cámara, el porcentaje más alto observado a nivel municipal se encuentra en La Celia a favor del representante Hurtado, 38,32%. O sea, en Risaralda cada candidato en cada municipio alcanza un porcentaje relativamente bajo de los votos emitidos, inferior al 34% si se trata de las listas más votadas para Senado, y al 38% si se miran las listas exitosas a la Cámara. Ver ahora la tabla 2, elaborada con el mismo patrón de la tabla 1, pero referida a los 29 municipios del departamento de Magdalena y a su capital.

En Magdalena, cinco listas al Senado obtuvieron en 2002 cada una 10.000 votos o más: en orden alfabético, las de los senadores Flor Gnecco, Dieb Maloff, Miguel Pinedo, Salomón Saade y Luis Vives. El mismo departamento tiene derecho a cinco escaños en la Cámara, los cuales fueron conquistados por las listas encabezadas por los representantes Jorge Caballero, Alfonso Campo, Sergio Díaz, José Gamarra y Joaquín Vives. Comparando la tabla 2 con la 1, Magdalena contrasta fuertemente con Risaralda. En Magdalena, tres listas al Senado de las cinco incluidas en la tabla 2 registran varios porcentajes municipales del 70%, 80%, 90% o más. El caso extremo se observa en Tenerife, donde la lista del senador Saade recibió el 95,63% del total de votos emitidos en el municipio. Tres de los otros candidatos incluidos en la tabla obtuvieron, en este municipio, cero (0) votos, y uno un porcentaje irrisorio. En realidad, porcentajes tan elevados, o tan bajos, como los mencionados, son anómalos y requieren una explicación. Son anómalos porque, en la mayor parte de los departamentos del país, los porcentajes de la votación municipal para Senado y Cámara alcanzados por las listas más exitosas se parecen mucho a los de Risaralda, es decir, tienden a estar por debajo del 40%. Renglones abajo en este documento, se proponen algunos conjeturas que pueden contribuir a entender las anomalías registradas, pero obsérvese algo adicional que revela el mapa 1. Véase mapa 1.

Salta a la vista en el mapa que los municipios con más altos porcentajes a favor del senador Maloff tienden a agruparse en el centro del departamento de Magdalena, los del senador Saade en algunos municipios ubicados a lo largo del río Magdalena, y en el sur del departamento los del senador Vives. Tuvo lugar, pues, una clara regionalización del voto que difícilmente puede entenderse si no es por un acuerdo previo entre los senadores mencionados.

Pero hay algo adicional en las tablas 1 y 2 que requiere aclaración, y son las líneas de casillas con un fondo oscuro, por ejemplo, la línea que registra los porcentajes de votación registrados por los diversos candidatos en Ariguaní en la tabla 2. Esta línea de casillas y las otras provistas de un fondo oscuro indican que esos porcentajes se obtuvieron en municipios en donde, según se explica enseguida, poseen fuerte presencia las autodefensas².

En función de un estudio anterior acerca de la incidencia de los actores armados sobre el nivel municipal de la participación ciudadana en las elecciones de alcaldes del período 1988-2003, se elaboraron dos series de listas, una con los municipios en donde, en cada una de las elecciones de alcaldes del período mencionado, las FARC mostraban notable presencia, y otra con igual criterio pero referida a las autodefensas³. Estas listas se construyeron a partir de una consulta sistemática al Banco de datos sobre Derechos Humanos y Violencia política, del Centro de investigación y educación popular (CINEP, 2004) de Bogotá. Para ese estudio, se registraron los hechos de violencia político-electoral sucedidos durante los seis meses anteriores a cada elección de alcalde en una base de datos expresamente diseñada para este propósito, y se los clasificó en doce categorías, a saber: asesinato de candidato al Concejo o a la Alcaldía; asesinato de concejal o alcalde, en ejercicio; asesinato de autoridad electoral; toma de población; masacre (asesinato de tres o más personas en un mismo hecho); asesinato de líder político prestante (líder sindical, comunal, etc.); desaparición forzada de líder político prestante; secuestro de alcalde, concejal o candidato a Concejo o Alcaldía; renuncia de aspiración electoral a la Alcaldía o al Concejo; amenazas dirigidas a la población en general, relativas a su comportamiento electoral; atentado terrorista referido al proceso electoral en marcha; y desplazamiento forzado de población.

Como subproducto de esta consulta, así como del examen de dieciséis libros o artículos que documentan la acción y la ubicación de los actores armados en época electoral, se construyó para cada año de elección de alcaldes una lista de municipios que parecían haberse constituido en fortines sea de las FARC o de las autodefensas⁴. Para el documento entre manos se tomaron de ese ejercicio las listas referidas a los municipios con fuerte presencia de las autodefensas en las elecciones de alcalde de 2003 (47 municipios). Pero, dado que los territorios de mayor presencia de un actor armado, militarmente considerados su retaguardia, no suelen cambiar de un año a otro, se asumió que la lista de 2003 era igualmente válida para 2002, pero se la completó con cinco municipios más que aparecían en el listado de 2000 y que no figuraban en la lista de 2003.

Dicha lista, constituida por 52 municipios, es la siguiente: En Antioquia: Arboletes, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Necoclí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Rafael y Tarazá; en Boyacá: Otanche y Puerto Boyacá; en Caldas, La Dorada; en Cesar, Aguachica, Agustín Codazzi y San Alberto; en Córdoba: Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Pelayo, Tierralta y Valencia; en Magdalena: Ariguaní (El Difícil), Cerro de San Antonio, Chivolo, El Piñón, Guamal, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, San Zenón, Santa Ana y Tenerife; en Risaralda; Apía y La Celia; en Santander, El Carmen de Chucurí, San Miguel y San Vicente de Chucurí; en Sucre, San Onofre y Toluviejo; en Casanare; Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva; y en Meta: Acacías, Cabuyaro, Puerto López y San Martín.

La lista anterior no pretende incluir todos y cada uno de los municipios que en la época tenían fuerte presencia de las autodefensas, más aún, probablemente peca por defecto, pero se prefirió aceptar esta limitación, que incluir municipios sin suficiente respaldo en las fuentes disponibles. Se la propone, pues, como una aproximación a los municipios con mayor influencia de las autodefensas en los años 2002. Debe quedar claro que en esos años las autodefensas se hacían presentes en muchos otros municipios del país, probablemente en la mayor parte de ellos, pero, al parecer, con una penetración territorial, social, política y económica, menor que en los municipios arriba enumerados.

Ahora bien, obtener un alto porcentaje de votos en un municipio donde las autodefensas se hacen sentir con particular intensidad es una posibilidad que no está abierta para cualquier candidato. Parece razonable asumir que quien, en elecciones para Congreso, alcanza porcentajes de, por establecer un umbral mínimo, 75% o más de los votos, en un municipio caracterizado por una fuerte presencia de las autodefensas, requiere haber obtenido previamente la aprobación del comandante de las mismas en la zona. Pero no necesariamente quiere decir que ese elevado porcentaje sea producto de coerción, pues se sabe que en muchas regiones del país las autodefensas cuentan con amplia aceptación popular, así como de varias élites locales, pero tampoco se puede negar que, en algunos casos las armas, manifiestas o latentes, pueden haber contribuido a ese porcentaje. También habría espacio para la compra de votos y el fraude. Así, pues, por los indicios existentes cabe pensar que los altos porcentajes observados en varios municipios de Magdalena fueron producto, en parte, del apoyo ciudadano espontáneo, en parte de la presión armada, y en parte quizá también del fraude y la compra de votos. Cuál de estos factores, o de otros que se podrían mencionar, predominó, puede variar sustancialmente de un municipio a otro, y de una elección a otra.

Uno de esos factores que incide en las variaciones aludidas proviene del hecho aparente de que no todos los comandantes de las autodefensas muestran el mismo interés por los asuntos políticos. Unos quieren intervenir activamente en ellos, a nivel sea local sea nacional, pero otros parecen distantes de la política. Los primeros presumiblemente querrían reunirse con cada uno de los candidatos que hace proselitismo electoral en su región, y comprometerlos para que apoyen la acción de las autodefensas, pero los segundos estarían dispuestos a dejar que los diversos sectores políticos promuevan sus respectivas causas, en tanto no representen un peligro desde el punto de vista militar o de seguridad ciudadana para la región y no interfieran la actividad de las autodefensas en la misma. Este planteamiento se apreciará mejor cuando más adelante se presenten en forma comparativa dos estrategias electorales seguidas por las autodefensas.

Continuando ahora con otros factores que inciden en el comportamiento electoral de los municipios donde las autodefensas ejercen incuestionable presencia, conviene anotar que los intereses económicos y los militarmente estratégicos de éstas pueden también determinar distintas conductas de sus comandantes frente a los comicios electorales. Entre más fuertes sean dichos intereses, mayor presumiblemente sería el deseo de controlar con diligencia la selección de autoridades, sobre todo locales, y aun regionales.

Un factor adicional que algunos jefes de las autodefensas pudieron haber tenido presente cuando se acercaban los comicios de Congreso de 2002 provenía de la posibilidad de que Álvaro Uribe ganara la Presidencia y ello condujese a un proceso de desmovilización de las autodefensas. Asegurar que ese eventual proceso contara en el Congreso con defensores de los intereses de aquellas, y en particular de sus comandantes, parece haber sido preocupación de algunos de éstos últimos, los más previsivos.

Se sigue, entonces, que el mayor o menor éxito electoral de un candidato en un municipio con fuerte presencia de las autodefensas tiene diversos y variables factores explicativos. En cada caso concreto, esos factores sólo podrán ser capturados con seguridad entrevistando a las personas residentes en los municipios aludidos o muy conocedoras de lo que en ellos sucedía entonces, tarea que desafortunadamente excede las pretensiones de este documento. Lo que sí parece claro es que, en los municipios con fuerte presencia de las autodefensas, muy difícilmente puede hacer proselitismo político un candidato que les resulte inaceptable a los dirigentes de las mismas.

Volviendo ahora a las tablas 1 y 2, la coincidencia de dos hechos ya descritos, a saber, que una lista obtenga alta votación de un municipio caracterizado por una fuerte presencia de las autodefensas, y que ese porcentaje llegue a tener magnitudes de 75% o más, hace pensar que semejante éxito electoral no fue viable sin el respaldo manifiesto de los líderes de las autodefensas.

Se presentan a continuación otros datos más puntuales referidos a las anomalías electorales detectadas y a las estrategias electorales de las autodefensas, agrupados en tres secciones, unos referidos a los candidatos al Senado; otros a los datos sobre votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas; y otros relacionados con los candidatos a la Cámara de Representantes.

Otros candidatos al Senado de la República

La tabla subsiguiente se refiere a los candidatos al Senado en 2002 quienes, en uno o más de los 52 municipios caracterizados por fuerte presencia de las autodefensas, alcanzaron porcentajes de 75% o más de los votos emitidos en el municipio. Véase tabla 3.

En esta tabla sólo figuran tres senadores, por cierto atrás mencionados en relación con los resultados electorales de Magdalena (tabla 2), porque son los únicos en todo el país que poseen la característica aquí considerada, cual es la de haber recibido 75% o más de la votación de uno o más municipios catalogados como de fuerte presencia de las autodefensas. Cabe anotar que, con respecto al total de votos recibidos en el país, el senador Vives obtuvo en Magdalena el 88,90% de ellos; el senador Saade, el 86,44%, y el senador Maloof el 59,14%.

La siguiente tabla alude a los candidatos a la Cámara de Representantes que revelan serios indicios de haber hecho proselitismo, en 2002, en alianza con alguno de los candidatos a Senado recién aludidos. Se trata de candidatos a Cámara que, según se pudo detectar atrás observando la tabla 2, en varios municipios de Magdalena, no sólo alcanzan una votación singularmente elevada, sino revelan una llamativa coincidencia, a saber, que en esos mismos municipios un candidato al Senado, de los tres recién mencionados, obtiene asimismo una votación excepcionalmente alta. Cabría entonces hablar de que estos candidatos parecen adelantar su campaña en llave, uno al Senado y otro a la Cámara, práctica que en el argot político se denomina ‘ir en fórmula’.

Así pertenezcan a movimientos políticos distintos, el representante Gamarra coincide con el senador Maloof en obtener un elevado porcentaje de votación (mínimo el 75% de la votación municipal) en ocho municipios de Magdalena, de los cuales cinco están incluidos en la lista de municipios con fuerte presencia de las autodefensas. Igual cosa se diga del representante Caballero y del senador Saade, uno y otro de un mismo partido, el Liberal colombiano, quienes coinciden con recibir votaciones superiores al 75% en cuatro municipios de Magdalena, todos ellos con fuerte presencia de las autodefensas. Por último, el representante Campo coincide con el senador Vives en recibir 70% o más de los sufragios en seis municipios del mismo departamento, de los cuales tres se encuentran ubicados en áreas con fuerte presencia de las autodefensas. Véanse en forma comparativa los mapas 1, atrás presentado, y 2, ubicado a continuación.

Sigue enseguida el caso de otros senadores, distintos por consiguiente de los recién mencionados, quienes obtuvieron la mayor votación para Senado en por lo menos tres municipios caracterizados por una fuerte presencia de las autodefensas, pero lo lograron con un porcentaje de votos inferior a 75% en cada uno de ellos. Véase tabla 5.

El hecho de obtener la mayor votación en un municipio, donde las autodefensas hacen notoria presencia, y lograrlo con un porcentaje de 40 ó 30%, o menos sobre el total de los votos emitidos, no necesariamente sugiere que quien recibe un porcentaje de ese tamaño lo deba al respaldo de las autodefensas, y menos que se explique por un recurso a la violencia. Porcentajes de esa magnitud normalmente indican una situación de competencia entre varios candidatos. Sin embargo, si se trata de localidades con sólida presencia de las autodefensas, esa competencia teóricamente podría tener lugar sea sólo entre candidatos que cuentan con aceptación de las autodefensas, sea en un contexto en donde las autodefensas manifiestan sus preferencias por uno o más candidatos, pero permiten que otros, ajenos a ellas, entren a competir por el voto local. ¿Cómo establecer si la persona, que obtiene el mayor porcentaje de votos en un municipio con un porcentaje como los recién mencionados, debe ese logro en alguna forma al apoyo de las autodefensas?

El examen de los resultados electorales de un solo municipio que tenga las características anotadas, a saber, fuerte presencia de las autodefensas pero relativamente bajo porcentaje a favor del candidato de mejor desempeño, no bastaría para responder con confianza el interrogante recién propuesto. Sin embargo, que un mismo candidato obtenga el primer lugar, así sea con un porcentaje relativamente bajo, en tres o cuatro o más municipios con clara presencia de las autodefensas, resulta poco probable sin un respaldo expreso de éstas.

Con mayor razón se puede pensar así si se observa que los municipios en cuestión, o sea, aquellos que tienen manifiesta presencia de las autodefensas, colindan entre sí, como es el caso de los municipios mencionados en la tabla 5 a propósito de los senadores Clavijo (con 4 municipios colindantes a lo largo del río Magdalena), Gaviria (4 municipios vecinos entre sí en el Bajo Cauca) y Pérez (4 municipios colindantes en el occidente de Casanare). Véanse los mapas 3, 4 y 5.

Por su parte, los senadores Hernández y Quintero lograron el más alto porcentaje de votos, aun cuando bajo, en cada uno de tres municipios colindantes entre sí. En cuanto a los senadores De la Espriella y Hernández, sobresalen por haber conquistado el más alto porcentaje de votos, con mayoría relativa, cada uno en tres municipios con notoria presencia de las autodefensas, de los cuales dos tienen una frontera común. Finalmente, se incluyó en la tabla 5 al senador Araújo porque obtuvo la más alta votación, también con mayoría relativa, en tres municipios no contiguos, pero donde las autodefensas son fuertes, ubicados en regiones donde éstas han consolidado su presencia de tiempo atrás.

Conviene ahora mencionar los candidatos a la Cámara de Representantes, que parecen haber trabajado en pareja con uno o más de los senadores recién mencionados. El argumento de que hayan podido trabajar ‘en fórmula’ se basa en que, en los mismos municipios en que se destacaron los senadores mencionados en la tabla 5, sobresalen los candidatos a Cámara que se incluyeron en la tabla 6. Véase tabla 6.

Como se puede apreciar, en la mayor parte de los casos, las parejas se constituyen entre personas de un mismo partido o movimiento político. El caso que más se aparta de este patrón es el de Álvaro Araújo, quien se presentó a los comicios de Senado por el Movimiento Alternativa de Avanzada Social (ALAS), que él mismo dirige pero que no lanzó listas para Cámara en Cesar. Lo cual sugiere que Araújo haga llave con Miguel Ángel Durán es que, en los mismos dos municipios donde Araújo fue el candidato con mayor votación relativa, aquel obtiene el más alto porcentaje, el cual supera, además, por más del doble de votos al candidato que obtuvo la segunda mejor votación para Cámara. Recuérdese, por otro lado, que se está hablando de dos municipios con fuerte presencia de las autodefensas.

Los votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas

Conviene ahora documentar unos resultados realmente anómalos que se detectan en el departamento de Magdalena en relación con la cantidad de votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas. La anomalía consiste en que el número de aquellos y éstas es inusitadamente bajo, tanto en la votación para Senado como en la de Cámara. Para apreciar este fenómeno conviene tener en cuenta, primero, los datos pertinentes de nivel nacional y luego examinar en detalle un departamento distinto del mencionado.

Según resultados globales, es decir, para todo el país, en las elecciones para el Senado de la República del año 2002 un 4,42% de los votos depositados estuvieron en blanco, un 3,45% fueron nulos, y un 6,37% fueron tarjetas o tarjetones no marcados. En total, un 14,24% de los votos corresponde a ciudadanos que depositaron tarjetones en las urnas pero no quisieron (votos en blanco y tarjetas no marcadas) o no supieron (votos nulos) sufragar por alguna lista de candidatos. En cuanto a los comicios para la Cámara de Representantes, las cifras correspondientes son: en blanco, 5,10%, nulos 3,88% y tarjetas no marcadas 4,24%. En total, 13,22%.

Importa ahora mirar con cuidado el caso de un departamento cualquiera distinto de Magdalena, que en este caso vuelve a ser Risaralda, el cual se toma aquí como grosso modo representativo de los departamento del país. Véase tabla 7.

Como se puede apreciar, en Risaralda los porcentajes municipales de votos en blanco en las elecciones para Senado van de 1,45% a 5,76%; los de nulos, de 3,16% a 7,03%; y las tarjetas no marcadas oscilan entre 5,76% y 12,71%. En los comicios de Cámara, las variaciones en los porcentajes correspondientes se mueven entre 2,06% y 6,69% en el caso de los sufragios en blanco; 4,06% y 7,05%, para los votos nulos; finalmente, 4,47% y 7.49% para las tarjetas no marcadas.

Compárense ahora estos resultados con los de Magdalena. Véase tabla 8.

En las elecciones para Senado, celebradas en 2002, la cuantía de votos en blanco registrados en los varios municipios del departamento de Magdalena se movió entre un 0,00% y un 3,08%; la de votos nulos entre 0,26% y 6,75%; y la de tarjetas no marcadas, entre 0,00% y 8,14%. Lo que despierta inquietudes es que los porcentajes excepcionalmente bajos no son la excepción sino el patrón predominante. Tomando los ejemplos más extremos, nótese que en cada uno de 14 de los 30 municipios del departamento se depositaron menos del 1,00% de votos en blanco; en cada uno de 9 municipios, menos del 1,00% de votos nulos; y en cada uno de 18 municipios, menos del 1,00% de tarjetas no marcadas. Un patrón similar de comportamiento se detecta en los comicios para la Cámara de Representantes.

Para apreciar mejor lo que se ha detectado en Magdalena, se tomó una muestra estrictamente aleatoria de 50 municipios del país, excluidas previamente las capitales de departamento, las ciudades con más de 100.000 habitantes y los municipios dormitorio aledaños a ciudades capitales. La tabla correspondiente se encuentra en el anexo I. Examinándola, se nota que porcentajes tan bajos como los recién comentados aparecen ocasionalmente en alguno que otro municipio del país pero no con la frecuencia que se vio en Magdalena.

¿Cómo explicar un fenómeno tan extraño? No se puede argüir que los ciudadanos de Magdalena son desacostumbradamente cívicos y que escasamente cometen un error en el manejo del tarjetón. Entonces, ¿cuál explicación dar? Las evidencias parecen más compatibles con la hipótesis del fraude, sea porque, antes de ir a las mesas de votación, a muchos votantes se les entregó un tarjetón ya marcado, sea porque en la etapa de escrutinio se modificaron los resultados electorales. Adviértase que las irregularidades anotadas se dan tanto en municipios con fuerte presencia de las autodefensas, como en aquellos que no se caracterizan en igual forma. Pero ello no quiere decir que se encuentren exentos de la presencia de aquellas. Se sabe que en Magdalena, al igual que en varios otros departamentos del país, difícilmente se encuentra un municipio donde las autodefensas no se hagan sentir en una forma u en otra. Más aún, un fenómeno tan anómalo como el documentado atrás, el cual cubre tantos municipios, ubicados todos ellos en un solo departamento, sugiere, por un lado, un acuerdo entre las autodefensas del lugar y los candidatos beneficiarios de su apoyo, y por otro, un despliegue de medidas coactivas sin las cuales no se entiende cómo pudieron alcanzarse los porcentajes tan altos a favor de unos candidatos y tan bajo en relación con los votos en blanco, los nulos y las tarjetas no marcadas.

Otros candidatos a la Cámara de Representantes

Conviene ahora fijar la mirada en los representantes que obtuvieron votación importante en uno o más de los 52 municipios caracterizados en este documento por una notoria presencia de las autodefensas. La tabla 9 presenta tres nombres ya conocidos, pero se los repite aquí porque son los únicos en todo el país que coinciden en dos rasgos, uno, obtienen el 75% o más de los votos de cada uno de una serie de municipios, y lo hacen en territorios que pertenecen al conjunto de municipios recién aludidos.

Con los mismos criterios que se construyó la tabla 5 a propósito de candidatos al Senado, se elaboró la tabla 10 relativa a candidatos a la Cámara de Representantes. Véase dicha tabla.

En el caso de cada uno de los cuatro representantes mencionados en la tabla 10, los municipios donde sobresalen son físicamente contiguos, es decir, colindan entre sí. Con una salvedad relativa, la de la representante Rocío Arias, cuyos seis municipios se distribuyen en dos conjuntos, tres contiguos entre sí en el Bajo Cauca y tres en el Magdalena Medio antioqueño. Véanse los mapas 6, 7, 8 y 9.

A propósito de la representante Arias conviene adelantar un análisis pormenorizado de su votación porque revela un patrón de comportamiento diferente del observado en Magdalena. Aun cuando los municipios donde Arias es particularmente exitosa son de clara y fuerte presencia de las autodefensas, ella, la candidata que mayor votación alcanza en cada uno de los seis municipios incluidos en la tabla 10, logra a su favor porcentajes municipales que oscilan entre 21,98% y 55,50%. Estas cifras están lejos de las registradas atrás a propósito de Magdalena, y sugieren un espacio no despreciable, al menos en tres de los seis municipios mencionados, para la competencia entre candidatos rivales.

A fin de profundizar en el análisis se seleccionaron dos de los seis municipios donde Arias fue relativamente exitosa, Puerto Nare y Caucasia en Antioquia, y dos del departamento de Magdalena, uno, El Piñón, donde el representante Caballero se impuso, y el otro, Salamina, donde triunfó holgadamente el representante Gamarra. Véase tabla 11.

Si se examina la primera columna con cifras de esta tabla, sobresale la diferencia entre los porcentajes de Arias versus los de Caballero y Gamarra. Se sigue, pues, que, aun cuando las autodefensas se hagan sentir con fuerza en un municipio dado, no necesariamente el resultado de esa presencia se traduce en elevados porcentajes de votos a favor de un determinado candidato. De otra parte, si bien Arias no obtiene su triunfo con porcentajes desproporcionados, no puede negarse que saca una buena ventaja sobre la segunda y la tercera lista más votada, cuyos resultados aparecen en la segunda y tercera columna respectivamente.

Para conquistar uno o más de los diecisiete escaños asignados en la Cámara a la representación de Antioquia, se presentaron 123 listas, y para los cinco escaños reservados para Magdalena, compitieron 73 listas. Pues bien, de las 123 listas de Antioquia, en Puerto Nare 105 obtuvieron votos, y en Caucasia, 120. Aparentemente, pues, en estos dos municipios se disfrutó de considerable libertad para sufragar según las preferencias del elector. Lo confirma el hecho de que “las otras listas” (ver la quinta columna con cifras de la tabla 11), diferentes de las tres primeras, alcanzaron el 33,3% de los sufragios en Puerto Nare y el 40,8% en Caucasia. En contraposición, de las 70 “otras listas” en contiende en Magdalena, en El Piñón alcanzaron alguna votación apenas 20, y en Salamina 38. Esas 20 de El Piñón escasamente conquistaron un 1,1% del total de los votos del municipio, y en Salamina, las 38 listas apenas recibieron el 2,9% de la votación. En Magdalena, por lo tanto, el clima de opinión no parece haber sido tan abierto como en Puerto Nare y Caucasia.

Por último, continuando con los comentarios puntuales sobre la tabla 10, antes de pasar a unas consideraciones más generales, cabe observar que, en los mismos Puerto Nare y Caucasia, los porcentajes de votos en blanco junto con votos nulos, y de tarjetas no marcadas, se mueven dentro del rango normal para los municipios del país. No así en los dos municipios de Magdalena.

¿A dónde se quiere llegar con estos comentarios tan detallados? A destacar que las autodefensas practican estrategias sustancialmente distintas de cara a los procesos electorales. En unos sitios parecen recurrir a la imposición avasalladora de sus preferencias, apelando si es del caso, así se presume, a la coacción física o a su amenaza. En otros, muestran una relativa tolerancia frente a candidatos rivales. No quiere esto último decir que en Puerto Nare y Caucasia se hayan dado todas las garantías para la libre competencia entre candidatos que se espera en una democracia auténtica. Probablemente no se dieron porque se conoce la hostilidad con que tratan las autodefensas a los candidatos que ellas consideran comunistas o de izquierda. Y quizás hubo allí otras acciones de las autodefensas que reñían con la libre y limpia competencia entre candidatos. Pero no se puede negar que en los dos municipios de Antioquia recién mencionados se vivió un clima electoral claramente distinto del que se conoció en Magdalena.

Tres estrategias electorales

Se acaba de aludir a dos estrategias distintas, adoptadas por las autodefensas de cara a los procesos electorales, pero se puede añadir una más, la que se detecta en municipios donde aquellas cuentan con una presencia fuerte, pero donde escasamente se nota una incidencia suya en los resultados electorales. Tal es el caso, por ejemplo, de Apía y La Celia, en el departamento de Risaralda, municipios que, según se vio atrás en la tabla 1, figuran entre los 52 caracterizados por fuerte presencia de las autodefensas. Lo notable es que, en estos dos municipios, no resulta notoria la presencia de un candidato al Senado o a la Cámara, a quien las fuentes de prensa consultadas le asocie en alguna forma creíble con las autodefensas, al menos ese tipo de candidato no aparece entre las tres listas que recibieron un mayor porcentaje de votos en cualquiera de los dos municipios mencionados. Véase tabla 12.

Obsérvese cómo los porcentajes de los tres candidatos más favorecidos por el voto son moderados y sugieren condiciones de amplia competencia, la cual se confirma con el dato, un tanto inesperado por tratarse de localidades pequeñas, de que en cada uno de los dos municipios mencionados obtuvieron votos todas y cada una de las 321 listas que se presentaron a competir por escaños en el Senado. Igualmente, los porcentajes de votos blancos y nulos, y de tarjetas no marcadas, se ajustan a lo que atrás se documentó como normal para este tipo de comicios.

Surgen, pues, tres tipos distintos de comportamiento de las autodefensas en relación con los procesos electorales, los cuales van desde el modelo hegemónico, donde las autodefensas se la juegan a fondo en un departamento o en una serie de municipios, recurriendo a todos los medios posibles, aun violentos, para sacar adelante en forma arrolladora a sus candidatos; pasando por el modelo de predominio dentro de competencia restringida, donde las autodefensas se presentan a elecciones con un candidato públicamente preferido, pero se permite a otros candidatos competir con éste por el favor popular, pero a la vez, según parece, se ‘restringe’ la libre competencia porque los sectores ideológicamente inaceptables para las autodefensas habrían sido excluidos u obstaculizados; hasta un modelo de indiferencia electoral, en cuanto que no se detectaron indicios de interés por parte de las autodefensas para promover o respaldar una candidatura determinada. En este último caso, la indiferencia no implica necesariamente que las autodefensas no hayan entregado dinero a algunos candidatos para adelantar sus respectivas campañas, ni que hayan dejado de perseguir al candidato a quien consideren peligroso para sus intereses. Eso es posible, pero no se cuenta con pistas sólidas sobre esta hipótesis. También, existen políticos que apoyan a las autodefensas, y reciben respaldo de ellas, pero lo hacen dentro de una modalidad de bajo perfil.

Una lección importante derivada del análisis anterior es que, si se quiere entender la injerencia de las autodefensas en los procesos electorales del país, se impone evitar los encasillamientos frecuentes de aquella como si fuese en todas partes del mismo estilo e intensidad. Más aún, es probable que las formas de injerencia de las autodefensas en los asuntos de gobierno local, así como en relación con la actividad económica de la localidad y a propósito de la conducta misma de la población, en las regiones donde se hacen presentes, sean diversas, como también lo sería la intensidad de esa injerencia. Expresiones, pues, como las que alegan que las autodefensas “controlan” un determinado municipio o una determinada región, o que “no se mueve una hoja sin su autorización”, y otras similares, pueden constituir una descripción bastante pobre de la realidad.

Con la misma lógica cabe advertir que las expresiones dicotómicas que clasifican a las personas como “cercanas” a las autodefensas, o “no cercanas”, es decir, “limpias”, son simplistas. Lo que de hecho se da es una gama muy amplia y compleja de “cercanía”, o si se quiere, de “lejanía”, donde resulta cuestionable trazar alguna línea tajante de corte.

Conclusión

No cabe duda que las autodefensas han estado interfiriendo los procesos electorales del país, no sólo en los comicios de Congreso de 2002, tal como se acaba de documentar, sino en otros tipos de elecciones y en otros años electorales. Esa interferencia ha restringido gravemente el libre ejercicio de la democracia en el país, y por eso es necesario tomar medidas para que desaparezca. Pero a la vez, conviene entender los móviles de esas interferencias, que tienen que ver no poco con el conflicto armado que vive Colombia y con la debilidad del Estado colombiano para proteger la vida y bienes de sus asociados.

Frente a las irregularidades aquí documentadas, sorprende la aparente inacción de las autoridades a quienes compete velar por la libertad y la pureza de los procesos electorales, en particular la del Consejo Nacional Electoral, al que corresponde ejercer la “suprema inspección y vigilancia de la organización electoral” y “velar... por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías” (Constitución Política de Colombia, art. 265). En realidad, quien aquí escribe no conoce de medida alguna adoptada por aquellas para investigar las anomalías descritas, y cuesta trabajo imaginar que las autoridades aludidas no hayan tenido noticia alguna de las mismas. ¿Acaso no cabe también la intervención de la Fiscalía General de la República?

Mirando el futuro

No hace mucho, uno de los mayores dirigentes de las autodefensas, Salvatore Mancuso, manifestó que éstas contaban en el Congreso de la República con un 25% de amigos⁵. Semanas después, otro dirigente de nivel jerárquico similar, Vicente Castaño, afirmó en una entrevista que en realidad ese porcentaje podría ser más del 35%⁶. A la luz de los planteamientos formulados atrás en este documento, esas expresiones deben ser tomadas con reserva. Entre otras razones, porque son frases pronunciadas en una coyuntura política en la que los dirigentes de las autodefensas pretendían mostrarse fuertes e impresionar a la opinión pública, y porque no resulta claro qué quiere decir “amigo”: ¿contribuyente, colaborador, persona subordinada a los dirigentes de las autodefensas, o qué?

Si se parte de las tablas 2 y 5, atrás presentadas, sobre senadores particularmente exitosos en municipios donde las autodefensas cuentan con una sólida presencia, se pueden realizar algunos cálculos instructivos. El total de senadores mencionados en esas tablas son 10, cifra que se debe confrontar con la de los 102 integrantes del Senado de la República. Por otro lado, con base en las tablas 2 y 10 se puede efectuar un cálculo análogo sobre representantes a la Cámara, asimismo exitosos en municipios con fuerte presencia de las autodefensas, el cual arroja como resultado 7. Pero a este número conviene sumarle el de los representantes, no incluidos en las dos tablas recién mencionadas, quienes en esos mismos municipios parecen ir en fórmula con alguno de los 10 senadores recién aludidos. El número de representantes llega entonces a 12, frente a los 267 miembros de la Cámara Baja. Este ejercicio ayuda quizás a apreciar cuán subjetivo resulta decir, como lo hacen los dos jefes de las autodefensas, que una serie de congresistas es “amiga” de éstas.

La tabla 13 toma como unidad de observación ya no las listas o los candidatos, sino los partidos políticos, y muestra qué tanto los votos obtenidos por los 10 senadores aludidos, o por los 12 representantes, en municipios con fuerte presencia de las autodefensas, representan en relación con la votación total nacional obtenida por el respectivo partido o movimiento político bajo cuya bandera se inscribieron aquéllos y éstos para las elecciones. Asimismo, se menciona cuántas curules del total de escaños conquistado por cada partido o movimiento político podrían atribuirse al respaldo directo de las autodefensas. Tal como se puede apreciar en la tabla, el peso de la votación proveniente de municipios con fuerte presencia de las autodefensas es muy diverso de un partido o movimiento político a otro.

¿Qué incidencia pueden tener las autodefensas en los comicios del Congreso de 2006? Como punto de partida, conviene asumir que por lo menos algunos líderes de las autodefensas, por razones obvias, están interesados en que se elimine de la Constitución Política del país el artículo que permite la extradición. Se sigue entonces que querrán incidir en dichos comicios para que sean elegidos tanto al Senado como a la Cámara de Representantes personas dispuestas a promover el cambio constitucional aludido⁷.

¿Qué tanto y cómo podrían lograr esta pretensión? Es útil pensar en dos hipótesis, una que estime un nivel alto de personas elegidas al Congreso, comprometidas con las autodefensas a favor de la no-extradición, y otra que calcule un nivel bajo. Dicho cálculo parte de los siguientes supuestos: primero: las autodefensas se encuentran en un proceso de desmovilización cuya etapa de entrega de armas y de dispersión de sus miembros está a punto de concluir. Aun cuando algunos miembros de las autodefensas hayan conservado sus armas y su fortuna, y en algunas partes hayan vuelto a surgir grupos de autodefensas tal como se ha estado comentando en algunos medios sin que se haya proporcionado mayor evidencia concreta de ello, las autodefensas ya no tienen la capacidad que poseían en 2002 para coaccionar a los electores según su voluntad. Se asume, sin embargo, que todavía pueden hacerlo, pero sólo en unos pocos puntos del territorio nacional, uno de los cuales podría ser de nuevo el departamento de Magdalena. Segundo: los dirigentes de las autodefensas tienen prohibido intervenir en los comicios de 2006. Puede ser que en secreto lo hagan, o a través de interpuesta persona, pero esta situación le resta capacidad a las autodefensas para movilizar electoralmente a la población. Tercero: dado que en las últimas semanas varios medios de comunicación, candidatos, líderes políticos y autoridades gubernamentales, han manifestado su preocupación con la posible interferencia de las autodefensas en el próximo evento electoral, cabe esperar que en gran parte del país haya un ambiente de alerta sobre dicha interferencia y una mayor disposición ciudadana a informar sobre la misma. A esto también ha contribuido el que algunos partidos hayan retirado de sus listas, en forma ostentosa y pública, a algunas personas que estaban siendo cuestionadas. Cuarto: ante los tres supuestos anteriores, se puede conjeturar que la estrategia actualmente implementada por los líderes de las autodefensas interesados en incidir en las próximas elecciones, se esté apoyando ante todo en el dinero, como medio para ganar la voluntad de algunos candidatos y fortalecer su capacidad de acción, y como instrumento para comprar votos y jurados. No obstante, la compra tiene un límite.

Estos cuatro supuestos, unidos a los hallazgos comentados atrás en este documento, llevan a presumir que el nivel alto de personas elegidas al Congreso, con respaldo activo de las autodefensas, tal vez llegue máximo a un 15% de cualquiera de las dos cámaras. Pero esta cifra no incluye a las personas que, por razones políticas y/o ideológicas, independientemente de presión o halago por parte de las autodefensas, se oponen a la extradición, que puede llegar a ser otro 15%.

En virtud de los mismos supuestos recién mencionados, se postula que el nivel bajo será inferior a las cifras registradas en 2002. Si en este año las autodefensas respaldaron en forma notoria a 10 listas para Senado y a 12 para Cámara (al menos ese número se detectó), en 2006 cabría esperar una actuación similar en pro de 7 listas para Senado y de 10 para Cámara, aproximadamente. En la hipótesis del nivel bajo también vale la consideración de que un número adicional de congresistas, quizás un 15% más, por razones ideológicas y/o políticas puede respaldar la no-extradición.

Pensando a futuro, no tanto en las elecciones legislativas de 2006 que, a la fecha cuando se escribe este documento son inminentes, cuanto en relación con los comicios de autoridades municipales, distritales y departamentales, que tendrán lugar en 2007, resultan de capital importancia dos medidas. La primera es no permitir a los líderes de las autodefensas su inscripción como candidatos, ni su participación en los comicios a cualquier otro título, sino hasta cuando hayan cumplido con todas las penas impuestas por la ley de Justicia y Paz, hayan desmontado completamente su aparato militar y hayan reparado a las víctimas de sus acciones.

La segunda es propiciar la mayor transparencia posible en los comicios. Para ello nada parece más apropiado que: uno, invitar repetidas veces a los ciudadanos a informar sobre las irregularidades observadas en el proceso electoral, y dos, facilitarle al mismo ciudadano la entrega de esa información. Esto último podría hacerse estableciendo la organización electoral y/o el Ministerio del Interior y la Justicia uno o varios números telefónicos a donde los ciudadanos interesados puedan llamar para comunicar lo que observan. Igualmente conviene invitar a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a los diversos tipos de organización de la sociedad civil, incluidas las universidades y las iglesias o movimientos religiosos, a poner en conocimiento de las autoridades las anomalías que detectan. Parece que sólo con una amplia participación ciudadana podrá ponerse coto a las graves irregularidades que hoy se detectan. No menos útil serían las sanciones ejemplares impuestas por las autoridades electorales a quienes enturbian el libre y limpio ejercicio de la democracia.

¹ Para el examen de porcentajes aludidos se tomaron los datos que se encuentran en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones de 2002 en relación con la votación obtenida por cada candidato, sea a Senado sea a la Cámara de Representantes, en cada municipio, bajo la expresión “% votos lista / total votos mpio”.

² Parece más preciso hablar de autodefensas, en plural, que de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nombre con que se designa la mayor federación de grupos de autodefensas, fuera de la cual quedan varios grupos importantes. Los varios grupos de autodefensas son, en general muy autónomos unos de otros.

³ Véase Losada, R. (2005). “Elecciones libres, deshechas por los violentos”, en Isaza, J.F. y otros, Libertad o seguridad (Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia), pp. 169-222. No se tuvieron en cuenta las elecciones atípicas, es decir, las celebradas en una fecha diferente de la estatuida por ley para los municipios del país.

⁴ La lista de dichas obras se encuentra en Losada, op. cit., p. 186, nota 22.

⁵ Véase El Espectador (Bogotá), agosto 7 de 2005.

⁶ Véase revista Semana No. 1205 (Bogotá, junio 6, 2005), p. 34. Ver además las declaraciones de la Representante Rocío Arias en El Tiempo (Bogotá) septiembre 11, 2005, pp. 1-17.

⁷ Los estimativos que siguen se beneficiaron de una serie de 26 entrevistas personales, realizadas por nuestro equipo de trabajo a congresistas y académicos, sobre su percepción acerca de la interferencia de las autodefensas en los comicios de 2006.

⁸ Se tomó como universo los municipios no capitales de departamento, ni tan cercanos a ellas que pudiesen considerarse municipios dormitorio para las mismas. Se excluyó además a Bogotá y a las ciudades no capitales con población mayor a 100.0000 habitantes a la fecha del censo de 1993. Se tomó la muestra mediante un procedimiento aleatorio simple.

Referencias

CINEP (2004). Banco de datos de derechos humanos y violencia política. Deuda con la humanidad: paramilitarismo de Estado en Colombia, 1988-2003. Bogotá: CINEP        [ Links ]

LOSADA, RODRIGO (2005). “Elecciones libres, deshechas por los violentos”, en JOSÉ FERNANDO ISAZA et al., Libertad o seguridad: un dilema contemporáneo. Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia.        [ Links ]