LA ACCIÓN COLECTIVA VIOLENTA EN COLOMBIA

Miguel Ángel Cadena*

* Politólogo Universidad Nacional

El estudio del Cinep dirigido por el profesor Fernán González y realizado en colaboración con los investigadores Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez, que da cuenta de las transformaciones del conflicto armado durante la última década del siglo XX, enmarcado en el contexto del desarrollo histórico del Estado nacional en Colombia, se ocupa no sólo de la fragmentación de la sociedad, agravada por el conflicto armado, sino que muestra cómo la dinámica desigual de los conflictos internos, ha generado un proceso de articulación gradual de poblaciones y territorios, que aumenta las dificultades en la construcción del Estado en Colombia.

Para responder a tal complejidad, los autores acuden a una combinación de enfoques que atiende tanto a los llamados factores ‘objetivos’ de la violencia, como a los ‘subjetivos’, acompañada de una lectura de largo plazo de la construcción del Estado:

Se trata de mirar el momento actual a la luz de este contexto de la específica configuración del Estado y la sociedad de Colombia, enfatizando la dimensión espacial de este proceso y sus diferencias regionales, que se expresan en las modalidades concretas tanto de la ocupación de los territorios como de las formas de cohesión social que en ellas se generan y de la manera como se articulan esas formas con el proceso de construcción del Estado. Para ello, se combina la visión estructural e histórica de los escenarios donde se desarrolla el conflicto, tanto en la dimensión de la nación en su conjunto como en la dimensión de las regiones más particularmente conflictivas de ella, con el análisis de las lógicas de los actores sociales que voluntariamente optan por la violencia como única solución a los conflictos de la sociedad colombiana (p. 19).

De tal manera, en la propuesta del estudio, la sociología, la ciencia política y la historia comparada proveen las herramientas necesarias para articular una interpretación alternativa de la violencia política en el país, a partir del concepto de acción colectiva violenta, interpretación que implica reformulaciones en las políticas de negociación y en los planes de reconstrucción del posconflicto, que superen las lecturas resultado de concepciones simplistas y estereotipadas del conflicto, del mismo modo que entraña la necesidad de una política integral del Estado que reconozca y ataque las diversas dimensiones del problema. Según los autores:

Tal concepto permite combinar dos enfoques que se han pretendido contradictorios: el que privilegia los marcos estructurales como determinantes ‘objetivos’ de la violencia y el que privilegia la elección racional de actores individuales y colectivos que optan voluntariamente por la violencia, o sea, los llamados factores ‘subjetivos’ de la violencia. En esta interpretación, los procesos de larga y mediana duración de la formación del Estado nacional y los problemas surgidos en los desarrollos de la colonización campesina permanente, con su relación con la estructura de la propiedad de la tierra y con las características geográficas del país, se constituyen como ‘la estructura de oportunidades’ que enmarca, restringe y condiciona las opciones voluntarias de los actores individuales y sociales (p. 319).

Dado que la mayoría de los autores que hacen uso del concepto de la acción colectiva descartan aquellas acciones que acuden a cualquier tipo de violencia, concentrándose en las dimensiones de creación de sentido y fortalecimiento de identidades, por lo que la adopción del de acción colectiva violenta, acuñado por Fernando Reinares para caracterizar-denominar a los grupos terroristas de derechas e izquierdas en las sociedades industriales avanzadas, permite responder a un tipo particular de actuación, definido en relación con la forma que asume el poder político en una sociedad determinada y que resulta adecuado para el caso colombiano, postura que los autores complementan con los aportes de Charles Tilly y Michael Taylor —dada la centralidad del problema agrario en el discurso y accionar de los actores armados—, quienes afirman que la acción colectiva violenta es un componente central del repertorio con el que cuentan los diferentes actores sociales en las sociedades en transición, particularmente durante el proceso de modernización de las sociedades agrarias.

De la propuesta de interpretación presentada en el estudio son destacables los siguientes asuntos:

Primero, el hecho de situar la acción de los actores armados dentro de la órbita de interpretación de los movimientos sociales, en que generalmente se estudian los movimientos y actores de carácter civil. Especificando que el acercamiento a los paramilitares y a las FARC, se hace pensándolos como dos casos de acción colectiva violenta orientada políticamente, que se insertan en estructuras espaciales que generan condiciones de violencia, y que a pesar del juego ‘mimético’ de las acciones bélicas de cada actor armado contra la población, contra las bases sociales de su enemigo, cada uno representa un tipo de acción colectiva violenta ideológicamente diferente, según la distinción hecha por Reinares: una insurgente y otra vigilante.

“La acción colectiva insurgente es de carácter proactivo, contraestatal, contra el establecimiento e ideológicamente de izquierda radical. De otro lado, la acción colectiva vigilante se refiere a organizaciones armadas de carácter reactivo, paraestatal, proestablecimiento e ideológicamente de derecha” (p. 43).

Segundo, la reiteración de que en el conflicto armado, la no resolución del problema agrario ocupa un lugar central, al punto que cada proyecto armado, representa un modelo de desarrollo agrario contrapuesto: el modelo campesino de tipo tradicional y el modelo basado en el afianzamiento de la gran propiedad agrícola y ganadera y la agricultura empresarial. Por eso, para los autores resulta necesario “empezar por construir las bases de un esquema interpretativo donde tanto el denominado problema agrario como la violencia de los actores armados puedan ser vistos como ‘las dos caras de una misma moneda’ y aspectos de una misma problemática” (p. 66). Debe entonces establecerse el tipo de relaciones y conexiones entre las forma de poder local y regional —el tipo de instituciones políticas— resultantes de la interacción entre el Estado, determinados sectores sociales y las estructuras económicas en condiciones de modernización capitalista agrícola y de creciente descampenización —el tipo de desarrollo agrícola y rural—. Para ello retoman los planteamientos de Barrington Moore jr. y Theda Sckopol sobre las relaciones del desarrollo político y el mundo rural en diferentes sociedades.

Tercero, y en la misma línea del precedente, el reconocimiento de la existencia de poderes locales y regionales diferenciados, en el marco de los cuales las instituciones del Estado se iban insertando, en coexistencia con los poderes ‘gamonalicios’. El sistema político de integración por medio de las redes del bipartidismo, de las poblaciones y territorios marginales, funcional hasta hace pocas décadas y hoy en crisis, combinado con los movimientos de población campesina hacia zonas cada vez más periféricas, “donde no existe una dominación ya sedimentada de las elites locales y regionales y donde la presencia de las instituciones es escasa o mediada por el poder de las elites locales igualmente en construcción” constituyen una estructura de oportunidades propicia para que ciertos actores o grupos sociales intenten construir, por la vía armada, órdenes alternativos en esas regiones y ofrecer un modelo de Estado diferente al existente en el conjunto de la nación. Estructura que además provee de un verdadero ejército de reserva, de jóvenes campesinos sin opciones, para engrosar las filas de los grupos armados (p. 316).

El cuarto aspecto, ligado a la no resolución del problema agrario, es el de la dinámica de expansión territorial contraria de los actores armados. Las guerrillas nacen en zonas de colonización marginal y se proyectan luego a zonas más ricas e integradas en el conjunto de la vida nacional, mientras las autodefensas nacen normalmente en esas zonas de cierta expansión económica para proyectarse luego a áreas de colonización periférica, donde se están expandiendo los cultivos de uso ilícito. Dicha dinámica, que tiene características regionales y locales diferenciadas es ejemplificada a partir de los casos de Putumayo y la región de Uraba (pp. 115-190).

El estudio ofrece una geografía de la guerra, de las varias dinámicas geográficas del conflicto, que son caracterizadas como de macrorregional, intermedia y microrregional, con una descripción detallada de la expansión numérica y territorial de las acciones de los grupos armados, acompañada de los mapas realizados por el Sistema de Información Georreferenciada del Cinep. Con la intención de mostrar que la evolución reciente del conflicto, su diferenciación regional, expresa modalidades concretas de ocupación del territorio y formas específicas de cohesión social y de articulación con el Estado. Así, “se intenta caracterizar el desarrollo del conflicto armado como un proceso inseparable de la configuración del Estado” en el pasado reciente (p. 194). Al tiempo que se propone una relectura de la tesis de Paul Oquist, centrada en la interpretación de la violencia actual como un nuevo ‘colapso parcial del Estado’, acompañada de una revisión de los planteamientos de Pécaut sobre la ‘precariedad del Estado’ como marco de la violencia colombiana.

En ese sentido, el concepto de estados de guerra caracterizados por el animus belli, usado por María Teresa Uribe para las zonas en disputa por los actores armados, y al que los autores refieren, podría extenderse, con las debidas precauciones, para pensar la situación nacional, especialmente el tipo de Estado que se viene configurando en contravía del enunciado en la Constitución de 1991.

Quinto, la insistencia en que estos fenómenos deben ser enmarcados en la perspectiva de la historia política de la formación del Estado y la nación, en “la manera como se pobló el país y se organizó la estructura económica y social, desde los tiempos de la Colonia española” en donde se crearon las bases de un problema agrario todavía sin resolver; en el fracaso de los diversos intentos de crear un estado moderno; en la diferenciación de la relación de los aparatos estatales con las distintas regiones, con diferentes lógicas políticas según el grado de imbricación de las elites locales y regionales con el orden nacional, como en la coexistencia de dos lógicas en los aparatos estatales, según su inserción local y regional, a veces paralelas, a veces contradictorias: una impersonal burocrática y otra clientelar, que “explica las dificultades que el sistema político y el Estado colombianos tienen para expresar las tensiones y problemas de las zonas de colonización periférica como los poderes locales y regionales que se constituyen en ellas al margen del bipartidismo” (pp. 45 y 315).

Sólo habría que decir que en el presente estudio se hecha de menos un balance sobre los factores y actores externos que contribuyen al fenómeno de la debilidad estatal y de la ‘soberanía en vilo’. Aunque se alude a las transformaciones de los actores dentro de la globalización, particularmente en su relación con el narcotráfico, es una lectura que se concentra en las dinámicas internas del conflicto armado, en el marco de la historia político-institucional del Estado y la sociedad colombiana y eso constituye por sí mismo un valioso aporte a la búsqueda de alternativas de reconstrucción social para el país.