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Papel Politico

versión impresa ISSN 0122-4409

Pap.polit. v.14 n.2 Bogotá jul./dic. 2009

 

La lucha y la disputa: Propuesta metodológica para el estudio de la política*


María Teresa Pinto Ocampo**


Recibido: 4/02/09
Aprobado evaluador interno: 30/08/09
Aprobado evaluador externo: 18/09/09

** Politóloga y magíster en Estudios Políticos. Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Correo electrónico: mariatepi@yahoo.com.mx.


Resumen
El artículo presenta una propuesta teórica y metodológica para estudiar el proceso político y sus actores a partir de la noción de "disputa política". Aborda los estudios tradicionales sobre los partidos políticos y los movimientos sociales, para mostrar cómo estos actores tienen una serie de similitudes que hacen necesario analizarlos de manera integrada y compleja. Se presenta la noción de disputa política como un recurso teórico y metodológico para superar los análisis que mantienen la diferencia entre lo institucional y lo no institucional propia de los estudios desde los actores. Para ello se desarrollan las principales aproximaciones a lo político (la marxista, la elección racional y la culturalista) y los elementos constitutivos de la noción de lucha: lo político, la violencia y el conflicto.

Palabras clave autor
Disputa política, movimientos sociales, acción colectiva, partidos políticos, confrontación política, área andina.

Palabras clave o descriptores
Conflictos políticos, movimientos sociales, partidos políticos.



Abstract
The article presents a theoretical and methodological proposal to study the political process and its actors through the notion of "political dispute". Addresses the traditional studies on political parties and social movements, to show how these actors have a number of similarities that make it necessary to analyze them in an integrated and complex way. Present the notion of political dispute as an invitation to overcome the limitations of focusing on institutional and non institutional actors. To do this the article develops the main approaches to the political process (Marxist, rational choice, and culturalist) and the constituent elements of the struggle: political, violence and conflict.

Key words author
Political Dispute, Social Movements, Collective Action, Political Parties, Political Confrontation, Andean Area.

Key words plus
Political Conflicts, Social Movements, Political Parties.




Cuando los intelectuales (o los académicos) optamos por el estudio de algún elemento de la realidad que nos aflige, o nos interesa, o nos apasiona, o simplemente se nos impone (por limitantes de la financiación, por ejemplo) asumimos una serie de implicaciones teóricas, metodológicas y, por qué no, prácticas. Al estudiar la democracia, por ejemplo, nos vemos avocados a tomar una serie de decisiones teóricas:1 ¿Es la democracia un sistema político institucional donde se realiza el bien común?,2 o ¿es la democracia un método de competencia por el caudillaje político?,3 o quizás, ¿es la democracia un sistema de alienación que busca ocultar los conflictos políticos de una sociedad?4 En cuanto a la dimensión metodológica, ¿qué vamos a estudiar cuando nos interesamos en la democracia?: los sectores subalternos y sus formas de acceso real al poder, o las élites y sus formas de competencia, o quizás los mecanismos ideológicos de dominación que impone el sistema democrático.5

En medio de esta discusión, este artículo propone una mirada a los procesos políticos basada en la idea de la centralidad de la lucha política. Proponemos a los estudiosos de la política una aproximación a esa realidad desde la óptica de la "contención política",6 a partir de la cual se integren variados estudios que tradicionalmente han estado aislados (siguiendo a MacAdam, Tarrow y Tilly, 2003): huelgas, guerras, revoluciones, movimientos sociales, nacionalismos, democratizaciones y otras formas y desenlaces de la lucha política. Todos estos elementos hacen parte de lo que se ha llamado "conflictividad social"7 como punto central del pensamiento social crítico latinoamericano (Seoane y Taddeo 2000), el cual busca develar las formas de dominación existentes en la sociedad y el proyecto hegemónico (Zemelman, 2000) así como las alternativas de resistencia que se desarrollan dentro de las sociedades.

En este contexto, el presente texto está dividido en las siguientes secciones: primero presentaremos una reflexión sobre los estudios tradicionales en cuanto al enfoque sobre los actores de la "lucha política" (los partidos políticos y los movimientos sociales); posteriormente hacemos un esfuerzo por definir la noción de disputa política; en un tercer momento presentamos varias aproximaciones a lo político (la marxista, la elección racional, y la culturalista) y los elementos constitutivos de la noción de lucha: lo político, la violencia y el conflicto. Para finalizar, presentaremos nuestra propuesta teórico-metodológica.


¿Cuáles han sido los enfoques tradicionales en el estudio de las diferentes dimensiones de la "lucha" política?

Los investigadores al interesarse por la lucha política han optado por centrarse en dos miradas: o bien desarrollan una mirada sobre los actores (típicamente los movimientos sociales y los partidos políticos) o bien una mirada sobre desenlaces y procesos (revoluciones, democracias, nacionalismos, conflictos, gobernabilidades). Pero dentro de cada una de estas dos tradiciones las distancias son enormes. Por ejemplo, los estudiosos de los partidos políticos rara vez se interesan por los temas propios de sus colegas "movimientologos", mientras que los estudiosos de las revoluciones no conocen la literatura sobre los nacionalismos o la gobernabilidad.8 En este aparte describiremos las formas de estudiar los partidos políticos y los movimientos sociales, mostrando las grandes líneas transversales que existen entre estos dos actores de la lucha política considerados tradicionalmente desde una mirada fragmentada.

Los partidos políticos y los sistemas de partidos

Para el caso de las aproximaciones teóricas y metodológicas a los partidos políticos y los sistemas de partidos encontramos por lo menos tres versiones del estudio de estas unidades de "lucha política" y de acceso al poder. Para la primera, que ha sido desarrollada por Giovanni Sartori (1987), el sistema de partidos se debe estudiar a través de dos dimensiones: por un lado, el número de partidos relevantes, que da cuenta únicamente de los partidos que tienen potencial de coalición, así como aquellos que afectan las posibilidades tácticas de la competencia interpartidista. Por otro lado, el grado de polarización ideológica, que busca saber la distancia ideológica entre los partidos y las posibilidades de conflicto ideológico.9 Esta aproximación la podemos considerar como basada en el qué y cuántos.

Para la segunda aproximación metodológica, desarrollada inicialmente en Mainwaring y Scully (1996) y posteriormente ampliada en Maiwaring (1999), la perspectiva de Sartori no es suficiente ya que parte del desarrollo político de Europa occidental y desconoce la especificidad política y social en América Latina. En este sentido, propone una nueva dimensión para estudiar los sistemas de partidos: su grado de institucionalización. La institucionalización hace referencia al proceso según el cual los actores desarrollan expectativas y comportamientos basados en que las reglas de la competencia entre los partidos prevalecerán en el futuro y que existe estabilidad en cuanto a los partidos más importantes y la forma en que éstos actúan (Maiwaring 1999, p. 25).10 Para esta perspectiva son tres los factores que influyen en la institucionalización de un sistema de partidos: primero, las condiciones estructurales; segundo, las características de las élites políticas, y finalmente, las características de los actores estatales y las reglas institucionales (Mainwaring, 1999).11

Tenemos una tercera aproximación metodológica inspirada en los estudios sobre los procesos de transición llevados a cabo durante las décadas de los 70 y los 80 en ciertos países de América Latina (entre ellos Chile, Argentina, Uruguay y Perú).12 Estos trabajos partían de una perspectiva fundamentalmente comparativa y tenían como preocupación la pregunta sobre por qué los sistemas de partidos se estructuran de una forma o de otra. Uno de sus aportes principales fue que tomó distancia de los mapas analíticos desarrollados para Europa occidental, según los cuales las fracturas sociales13 (urbano-rural, católico-protestante, hombre-mujer, burgués-proletario, entre otras) eran factores determinantes de la estructuración del sistema de partidos. Esta aproximación reconoció que para la mayoría de los países de América Latina se estaba en presencia de un electorado que no se expresaba electoralmente en concordancia con sus categorías sociológicas y de unos partidos "atrapa todo" (catch-all parties).14

Los movimientos sociales

Consideramos que son tres las aproximaciones a los movimientos sociales: por un lado, las perspectivas estructuralistas para las cuales los movimientos sociales, y en general la acción colectiva, son producto de las condiciones externas a los mismos como la estructura económica, los macro-cambios y las instituciones estatales, entre otras; por otro lado, las aproximaciones inspiradas en la teoría de la elección racional, y finalmente, las aproximaciones culturalistas que se centran en la idea de que los movimientos sociales se enmarcan y reestructuran dentro de los marcos interpretativos al interior de una sociedad.15

Las aproximaciones estructuralistas a los movimientos sociales están constituidas por aquellos estudios en los cuales la pregunta central es: ¿por qué la gente se moviliza en el momento que lo hace? Para estas corrientes la clave explicativa está en las condiciones materiales de la sociedad en la que se encuentran inmersas las personas, las clases o los individuos. Son tres tipos de estudios los que están en esta línea: por un lado, los de inspiración marxista; por otro lado, los de inspiración psicológica,16 y finalmente, los de las oportunidades políticas.17

Los enfoques de inspiración racionalista tienen como eje central de su análisis la noción que los individuos guían su acción a partir de la racionalidad, cuyo principio de actuación es la optimización de los costos en relación con los beneficios. Asimismo, esta aproximación asume que los individuos actúan y se movilizan para buscar su interés individual, cualquiera que éste sea. Estos enfoques los podemos dividir en dos aproximaciones específicas: por un lado, los estudios desarrollados a partir de Mancur Olson (1971), y por otro lado la corriente de la movilización de recursos (McCarthy, y Zald, 1977).

Los estudios estructuralistas y los de inspiración racional dejaban de lado las cuestiones relativas a la dimensión cultural y a los aspectos simbólicos de los movimientos sociales, enfatizando en los ‘intereses’ y relegando la ‘identidad’. En torno a este vacío se desarrollaron unas aproximaciones que notaron esta falencia y trataron de llenarla a partir de aproximaciones culturalistas a la creación y posterior desarrollo de los movimientos sociales. Esta aproximación analiza la forma en que la identidad, es decir, la manera en que las personas dan significado a las situaciones que las rodean, media entre la oportunidad política (teoría de las oportunidades políticas) y la organización (teoría de la movilización de recursos) (McAdam, 1997, y Polleta y Jasper, 2001).18 Por lo menos tres aproximaciones diferentes a los movimientos sociales aparecen desde la perspectiva de la cultura y la identidad: por un lado, los estudios neogramscianos,19 por otro lado, las aproximaciones culturalistas,20 y, finalmente, los estudios sobre los procesos enmarcadores.


La disputa política

Como lo anotamos anteriormente, los estudios sobre los partidos políticos y aquellos centrados en los movimientos sociales pocas veces se vinculan académicamente entre sí, impidiendo el desarrollo de estudios donde se identifiquen los lineamientos de la confrontación política para cada caso (país o periodo histórico). Por el contrario, tradicionalmente se ha considerado valida la división entre lo institucional y lo no institucional como suficiente motivo para mantener esta división académica (institucional = partidos; no institucional = movimientos sociales).

Siguiendo a McAdam, Tarrow y Tilly (2003, pp. 6-7), esta visión fragmentada se considera en exceso restringida ya que las fronteras y la dualidad que se ha construido académicamente entre la política institucionalizada (convencional) y la no institucional (no convencional) no ayuda a explicar la complejidad de dos escenarios (lo institucional y lo no institucional; lo convencional y lo no convencional; lo regulado y lo no regulado) referidos al mismo proceso: la lucha política.

El caso de Bolivia nos ayuda a ilustrar lo poco relevante de las fronteras teóricas y metodológicas que hemos construido entre lo institucional/no institucional. Desde mediados de la década de los 80 la lucha política de los campesinos cultivadores de hoja de coca ha adquirido una amplia trascendencia dentro del escenario de confrontación política. Los campesinos cocaleros, inicialmente organizados en sus sindicatos de base, crearon para principios de los 90 una organización para unificar estos espacios sindicales (conformaron entonces las gran federación de organizaciones cocaleras). Posteriormente, se vincularon al proyecto político del Movimiento Al Socialismo (MAS), y hoy el presidente de la República, Evo Morales, tiene una doble presidencia: la del gobierno nacional y la de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba. Este ejemplo nos muestra cómo un actor puede optar estratégicamente entre varias tácticas para lograr su objetivo político. Este conjunto de medidas puede variar desde aspectos que están contenidos dentro de los límites establecidos (tanto en términos de medios como de actores) o que trasgreden estos limites a través de la utilización de acciones colectivas innovativas.21

El caso de las luchas políticas enmarcadas en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por el Congreso Nacional en Colombia (mayo y junio de 2007), por considerar que este plan atentaba contra la educación, muestran también la fluidez entre las iniciativas consideradas institucionales y las no institucionales. La protesta liderada por sectores educativos tuvo de manera simultanea varios escenarios de lucha: los movimientos estudiantiles de secundaria y universitarios (con formas de acción como la toma a las instalaciones de los colegios públicos, asambleas estudiantiles permanentes, marchas, bloqueos a instalaciones universitarias, entre otros), el movimiento profesoral organizado en Fecode (con sus tradicionales marchas, anormalidad en las labores y los comunicados), y los partidos políticos de izquierda (particularmente el Polo Democrático Alternativo) quienes desarrollaron la confrontación en el marco de los espacios "formales" como el Congreso Nacional, pero también participando en la lucha dentro de los espacios "no formales" como la permanente asistencia a las asambleas desarrolladas dentro de las universidades públicas. Por ejemplo, el 31 de mayo de 2007, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, participó en un debate en las instalaciones de la Universidad del Valle organizado por los estudiantes sobre el PND, y días antes había asistido a la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

Podemos considerar que tanto los partidos como otras expresiones de asociación política (como los movimientos sociales) tienen como objetivo ser canales de expresión de algún sector de la sociedad a la comunidad política y social en su conjunto. En el caso de los partidos políticos, Sartori (1997) considera que son tres las funciones fundamentales que deben cumplir: la comunicación, la expresión y la canalización. Los movimientos sociales, a su vez, han sido caracterizados como "esos esfuerzos organizados por parte de los grupos excluidos que buscan promover o resistir los cambios en la estructura de sociedad" (McAdam 1982, p. 25), o como "interacciones sostenidas entre los decididores y los activistas quienes hablan en nombre de una población amplia a través de manifestaciones públicas y colectivas con la búsqueda de apoyo explícito a ciertos programas de acción" (traducción libre, Tilly 2000, p. 19).22 Efectivamente, ambas organizaciones suponen: objetivos comunes, solidaridad y mantenimiento de la acción (o algún grado de institucionalización o permanencia).23

Frente a esta familiaridad en las definiciones24 definitivamente consideramos que se requiere una aproximación amplia que logre integrar la fluidez que existe en el ámbito de lo político entre las diferentes técnicas de lucha política. Esto es lo que hemos integrado en el concepto de "disputa política".


¿Qué es la disputa política?

Para comprender la complejidad que suponen los procesos políticos no podemos continuar estudiándolos de manera fraccionada, a través de la división entre actores y estrategias institucionales y no institucionales. Por el contrario, debemos concentrarnos en los procesos de disputa y lucha política desarrollados en un momento específico (la lucha por la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente en Bolivia 2005-2007 y en Ecuador 2006-2007, y la lucha contra la aprobación de los tratados de "libre" comercio en Colombia, Perú y Ecuador 2006-2007, entre otros eventos de la confrontación), buscando develar las modalidades de la confrontación que en cada uno de los escenarios desarrollan actores con diversos grados de penetración social y política, diversas modalidades de lucha (y la combinación entre ellas tanto desde una óptica estratégica como desde una óptica contingente), diversas identidades, por sólo nombrar algunos aspectos. Desarrollemos entonces esta propuesta.

La noción de disputa política supone un proceso en el cual actores entran en conflicto. Estos conflictos tienen como sustento demandas que son expresadas de manera pública. Seguimos a Tilly para quien el conflicto político está constituido por las contradicciones que surgen de las reivindicaciones de algunos sectores contra terceros, donde por lo menos uno de ellos es el gobierno:

    el conflicto político incluye todas las ocasiones 1) en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen afectarían a los intereses de estos últimos) y 2) en las que al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un gobierno. Por lo tanto el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, guerras, conflictos étnicos, movimientos sociales, genocidio, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres patronales, parodias públicas, incautaciones colectivas de mercancías, y muchas otras formas de interacción (Tilly, 1998, p. 30).

Asimismo, retomamos la noción de contención política de McAdam, Tarrow y Tilly (2003, p. 5) la cual esta dada por la interacción25 pública y colectiva entre los fabricantes de las demandas y los objetos de las mismas cuando (a) por lo menos el gobierno es un demandante, un objeto de demandas, o parte de las demandas, y (b) las demandas, si se realizan, afectarían el interés de por lo menos uno de los demandantes.26 Veamos entonces el componente propiamente político de este conflicto.


Lo político, la violencia y el conflicto en la disputa: un viaje a través de varias aproximaciones teóricas

En este aparte presentaremos algunos de los elementos esbozados tradicionalmente por varias teorías políticas con respecto al poder político.27 Esta reflexión la presentaremos teniendo en mente que la opción teórico-metodológica de invitar a estudiar el conflicto político de manera conjunta (trasgrediendo las tradicionales fronteras entre lo de "adentro" y lo de "afuera") supone construir un concepto de "lo político" que nutra la dimensión de la disputa.

De manera sistémica podríamos considerar que existen por lo menos tres diferentes versiones de lo político y del ejercicio del poder: el marxismo, la teoría de la elección racional y el análisis cultural.

El marxismo28 se sustenta en la idea de que las condiciones materiales de una sociedad (es decir, el modo de producción y las relaciones de producción inherentes a tal modo, que especifican la forma dominante en que la producción se extrae, se distribuye y se apropia) son la base de su estructura social y de la conciencia humana (Held, 1991, p. 136, Sabine, 1992, pp. 552-6, y Carnoy, 1993, p. 65).

Para el caso del capitalismo, estas condiciones materiales se sustentan en la propiedad privada, que se traduce en una división particular de la sociedad en clases sociales donde unos poseen los "medios de producción" (los capitalistas) y otros no (los proletarios), por lo cual estos últimos se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los poseedores para poder sobrevivir, convirtiendo así al trabajo en una mercancía.29 Este sistema, basado en la división del trabajo, permite que el excedente producido socialmente sea apropiado de manera individual (gracias a que los capitalistas pagan a los trabajadores —a través de los salarios— un valor por debajo del valor del proceso productivo "real" de su trabajo —la plusvalía—).30 Siguiendo a David Held (1991, p. 134):

    La división de clases surge tan solo cuando se generan excedente tal que hace posible que una clase de no-productores viva de la actividad productiva de otros. Aquellos que logran alcanzar el control de los medios de producción forman una clase dominante o gobernante, tanto económica como políticamente.

Sobre esta "base material" (o condiciones materiales de la sociedad) se anclan las relaciones sociales, políticas y culturales; es decir, las relaciones de explotación y dominación que se desarrollan en el seno del modo de producción capitalista influyen profundamente y dejan su marca en el resto de los procesos políticos (el poder político, el Estado, las formas legales, la democracia) y socio-culturales (la familia, la religión). Para los marxistas la sociedad capitalista (desde la estructura material a la superestructura social y política) contiene relaciones sociales inherentemente conflictivas que se traducen en un Estado que lejos de representar el bien común, o el espacio de negociación política entre grupos en debate (como en la tradición liberal democrática),31 es un escenario donde se realiza políticamente la dominación y la explotación económica de los capitalistas sobre los proletarios. Siguiendo a Engels (1969, p. 621):

    Así, pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad; tampoco es "la realidad de la idea moral", "ni la imagen y la realidad de la razón", como afirma Hegel. Es más bien un producto de una sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es importante para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder aparentemente situado por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del "orden". Y este poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado.

En este contexto, el Estado es el medio político de dominación de clases que tiene como función principal impedir que los antagonismos irreconciliables entre las clases32 se traduzcan en un conflicto permanente (mantener el dominio de la clase dominante sobre la clase dominada) y su principal medio para lograr obediencia es la represión, la fuerza, la violencia. En palabras de Lenin (s/f [1917]): "El Estado es el arma represiva de la burguesía, es la instancia de la violencia organizada en la sociedad". El poder político que está concentrado en el Estado se caracteriza por la violencia y la represión.33 Parodiando a Marx en el texto "Miseria de la filosofía":

    en el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá la antigua sociedad civil por una asociación que excluye las clases y su antagonismo; y no existirá ya un poder político propiamente dicho pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo de clases dentro de la sociedad civil (cita en Lenin, [1917] s/f, p. 22).

Y en el "Manifiesto Comunista" de Marx y Engels:

    Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El Poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía; la revolución le lleva al Poder; mas tan pronto como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el régimen vigente de producción, con éste hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases mismas, y, por tanto, su propia soberanía como tal clase.

Para concluir, entonces, "La lucha por el poder entre las clases sociales constituye la fuerza impulsora de la política" (Sabine 1992, p. 568), la cual tiene como medio privilegiado la violencia, la fuerza y la represión.

La teoría de la elección racional34 tiene sus orígenes intelectuales en los análisis de Thomas Hobbes y Adam Smith. De las disertaciones de Hobbes esta aproximación heredó dos ideas principales: primero, que los hombres actúan buscando su interés propio, y segundo, que las acciones colectivas deben explicarse por las motivaciones individuales de las personas que forman parte de la sociedad. Por su parte, de Smith se retoma la idea esbozada en La Riqueza de las naciones que considera que los individuos al perseguir su propio interés promueven el bienestar público sin que éste sea su propósito (para el desarrollo de estos orígenes seguimos a Almond, 1999).

Esta aproximación se sustenta en dos premisas fundamentales. Según la primera, a la hora de explicar los hechos políticos el principal elemento es el comportamiento individual de los actores (llamado formalmente individualismo metodológico). Siguiendo a Almond (1999, p. 178):

    todos los fenómenos sociales son atribuibles o reductibles a las características y comportamientos de los individuos. Otro de sus aspectos es que da por sentado que los actores políticos —el electorado, los políticos y los burócratas— son promotores programáticos de intereses materiales, quienes persiguen ventajas personales en forma de votos, cargos públicos, poder, etc., al más bajo costo.

La segunda premisa supone que el comportamiento de los individuos (considerados como agentes políticos) se sustenta en dos motivaciones: la racionalidad y el egoísmo. La racionalidad implica que cada individuo al momento de actuar tiene como fórmula de proceder maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. El egoísmo implica que las acciones tienen como centro sus intereses individuales más que los de los demás. Se habla entonces de la maximización de la utilidad individual (y claro, la similitud con la teoría económica neoclásica no son pura coincidencia).

En este sentido, para esta aproximación teórica la política se asimila a la competencia en el mercado, donde el político es un empresario que oferta políticas públicas y el ciudadano es un comprador que ofrece votos. La política es considerada como un intercambio basado en la competencia y en intereses individuales (en mayor o menor medida intereses materiales):

    Se considera que votar era algo así "como" intercambiar votos por políticas. Y las actividades de los políticos eran comparables con las de empresarios empeñados en incrementar valores mercantiles mediante el tráfico de posiciones y la combinación de recursos con miras a la formación de coaliciones triunfadoras. (Almond 1999, p. 174).

En este mismo sentido, la política es vista como la arena para la defensa de los intereses individuales que entran en competencia por el acceso a recursos escasos (dinero, prestigio y poder, según Downs, 1992), y "el conflicto político se explica como el choque entre los intereses de los individuos o las colectividades, impulsando la competencia dentro de los límites impuestos por la estructura de oportunidades política y la capacidad organizativa" (Tilly 1998, p. 31).

Los análisis culturalistas de la política datan de los orígenes mismos de la Ciencia Política, ya que los griegos (sobre todo Platón y Aristóteles) reflexionaron sobre las costumbres y las creencias para explicar los hechos políticos (Almond, 1999, p. 196). Esta línea de debate continuó con autores como Montesquieu, Rousseau y Tocqueville para quienes las leyes más importantes que guiaban el accionar humano estaban grabadas enel corazón de los ciudadanos (Rousseau, citado en Almond, 1999, p. 196) y constituían uno de los elementos por tener en cuenta para explicar el desenlace político de un pueblo (por ejemplo, la democracia en Estados Unidos en Tocqueville).35

Los análisis culturalistas buscan comprender la influencia que tienen las diversas formas de vida, sus sistemas de significado y sus valores. Para el caso de la cultura política, ésta busca capturar las creencias y las expectativas populares que dan significado al proceso político y guían la conducta de los políticos y del gobierno (Gendzel, 1997, pp. 240-1).36 Estos análisis han desarrollado una poderosa herramienta metodológica llamada la "interpretación de los significados" que los grupos construyen de eventos particulares, decisiones y patrones (Lichbach y Zuckerman, 1997). Siguiendo a Marc Howard:

    La cultura es un sistema de significados con que las personas acostumbran a manejar sus mundos diarios, la cultura es la base de la identidad social y política que afecta la posición de las personas y la forma como ellos actúan en varios ámbitos. La cultura es la armazón para la organización social del mundo, para interpretar el sentido de las acciones e interpretar los motivos, la cultura actúa sobre los intereses y las instituciones (Howard, citado en Lichbach y Zuckerman, 1997, p. 11 [traducción libre]).

En cuanto a las versiones del conflicto que existen dentro de los análisis culturalistas, es importante anotar que para estas aproximaciones la cultura política es un proceso colectivo de asignación de significados (un proceso simbólico) que supone una lucha entre diferentes interpretaciones. Taylor (1993, p. 43) desarrolla muy bien la idea de la construcción de significados y los conflictos:

    ... la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales de ser humano. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación de la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitado, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido.

Siguiendo esta línea, Escobar et al. (2001) proponen que la cultura política es el proceso que se desata cuando entran en conflicto conjuntos de actores sociales que encarnan diferentes significados y prácticas culturales que habían sido considerados marginales, y que buscan que a estos nuevos significados les sea aceptado su carácter político, donde los significados buscan dar nuevas definiciones del poder social: "Es decir, cuando movimientos alternativos despliegan conceptos alternativos de mujer, naturaleza, raza, economía, democracia o ciudadanía, los cuales desestabilizan significados culturales dominantes, ponen en marcha una política cultural" (Escobar et al. 2001, p. 26).

Para estos autores, por lo tanto "Las luchas sociales pueden entenderse como guerras por la interpretación" (Slater, citado en Escobar et al., 2001, p. 25). En este contexto, los movimientos sociales se relacionan con las luchas por trasformar las relaciones sociales de desigualdad y los significados de las prácticas sociales y la posibilidad diferenciada dentro de los grupos e individuos por definir dichos significados (como constructores de un sentido propio de nosotros y la posibilidad de aceptar o cuestionar las relaciones de poder existentes) (Escobar et al., 2001, p. 23). Para concluir, entonces, podemos definir a los movimientos sociales como la lucha por la construcción peculiar de aquello que cuenta como "político" en toda sociedad, por la configuración y la lucha por el poder establecido.

Nuestra propuesta sobre poder político y el conflicto, surgida a partir de las presentaciones desarrolladas en las líneas anteriores, se sustenta en el eclecticismo (teorización ecléctica y oportunismo metodológico). En el simposio The Role of Theory in Comparative Politics (1995) varios de los invitados a reflexionar coincidieron en lo valioso de desarrollar posturas teóricas y metodológicas eclécticas (Kohli, Katzenstein y Przeworski)37 donde las investigaciones estuvieran focalizadas en problemas y no en marcos teóricos. La propuesta investigativa y teórico-metodológica que estamos impulsando se consolida en el marco de la integración de varias de las ideas y conceptos esbozados en los párrafos anteriores (marxismo, teoría de la elección racional y análisis cultural).

Frente a la noción de poder político consideramos que es central la discusión sobre: a) los medios que este poder emplea (¿Cuál es el papel de la violencia y la fuerza dentro de la política?), y b) ¿Cuál es el atributo central que define su naturaleza? (¿los fines que realiza?, ¿los medios que utiliza?, ¿una combinación de ambas?)

Conocemos la tradición liberal que supone que la política implica el uso limitado del poder, ya que el poder ilimitado es fuerza, pura y simple (por ejemplo, Goodin y Klingemann 2001, pp. 26-29), y donde la política "es, esencialmente, el arte de llegar a acuerdos no coactivos entre intereses antagónicos" (Sabine, 1992, p. 545). Consideramos que esta postura de lo político, que excluye la violencia como un medio posible de su materialización, confunde un posible desenlace político (el proceso histórico de desarrollo de los Estados como instancias que monopolizan la violencia sobre un territorio y una población) con la característica propia del poder político en general. Expliquemos esta idea.

Varios investigadores han mostrado de manera detallada cómo el proceso de desarrollo de los Estados en Occidente supuso un proceso de expropiación de los medios de defensa del pueblo y, por consiguiente, el desarme de la población civil.38 Partiendo de la Edad Media, donde el aparato de coacción era difuso e inestable (Elías, 1989), y existía una unidad orgánica entre economía, política y religión, este proceso de construcción del monopolio de la violencia condujo al desarrollo de múltiples espacios dentro de la sociedad de los que se excluyó la violencia y la coacción (la cantidad de espacios libres de violencia varía a través de zonas geográficas como a través del tiempo). Es allí donde consideramos que al excluir la violencia de la política los teóricos están confundiendo el patrón del poder político en las sociedades del capitalismo avanzado (donde se supone que la violencia es cada vez más escasa) con una de las maneras de ser del poder político: la fuerza. Siguiendo a Bobbio (1996, p. 108) consideramos que "Para la definición del poder político el uso de la fuerza física es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente".

En este sentido, retomamos la definición de Estado de Max Weber, quien supone que las asociaciones políticas (de las cuales hace parte el Estado) se definen no por el contenido de lo que hacen, sino por el medio que utilizan:

    Desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política y en particular un Estado no se pueden definir por el contenido de lo que hacen. En efecto, no existe apenas tarea alguna que una asociación política no haya tomado alguna vez en sus manos, ni tampoco puede decirse de ninguna, por otra parte, que la política haya sido siempre exclusivamente propia de aquellas asociaciones que se designa como políticas, y hoy como Estados, o que fueron históricamente las precursoras del Estado moderno. Antes bien, sociológicamente el Estado moderno sólo puede definirse en última instancia a partir de un medio especificó que, lo mismo que a toda asociación política, le es propio, a saber: el de la coacción física. [...]. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado —nada de eso— pero sí su medio específico. En el pasado las asociaciones más diversas —empezando por la familia— emplearon la coacción física como medio perfectamente normal. Hoy, en cambio, habremos de decir: el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio —el concepto de territorio es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales sólo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Éste se considera, pues, como fuente única del "derecho" de coacción (Weber [1922] 1969, p. 1.056).

Rescatamos entonces el primer elemento político de la disputa: la coacción física. Esta noción también es trabajada por Kelsen quien define el Estado como "una sociedad políticamente organizada, por que es una comunidad constituida por un orden coercitivo, y este orden es el derecho" (1958, p. 226), y para quien el poder político "es la eficacia de un orden coactivo que se reconoce como derecho" (p. 227). Asimismo, para Carl Schmitt (1991, p. 55) el Estado es una estructura de dominio que tiene el monopolio de lo político y se caracteriza por la intensidad y la hostilidad de una distinción (del antagonismo amigo-enemigo) y por la posibilidad extrema de la guerra: "La guerra no es sino la realización extrema de la enemistad. No necesita ser nada cotidiano ni normal, ni hace falta sentirlo como algo ideal o deseable, pero tiene desde luego que estar dado como posibilidad efectiva si es que el concepto de enemigo ha de tener algún sentido" (pp. 62-3).39 La violencia en ambos casos es un elemento del poder político. Retomando las conclusiones de Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly sobre la protesta social en Francia, Alemania e Italia en el Siglo Rebelde (1830-1930):

    Violencia y poder aparecen estrechamente conectados. ¿Debería sorprender esto a alguien? En absoluto. Hacemos hincapié en la conexión sólo para subrayar, primero, que muchas interpretaciones sociológicas de la protesta, la conflictividad y la violencia las tratan como si sucediesen fuera de la política normal, o incluso contra la política normal; y, segundo, la relación igualmente plausible entre la violencia colectiva y el ritmo y volumen del cambio económico y demográfico, aunque con frecuencia repropone como explicación al estudiar estos mismos países, no parece sostenerse ante la experiencia moderna de Alemania, Italia y Francia (Tilly, Tilly, y Tilly, 1997, p. 279).

Como el lector probablemente ya lo ha identificado, nosotros nos incluimos dentro de la tradición académica que considera que en nuestras sociedades el Estado es un referente central dentro de los análisis que buscan dar cuenta de los procesos políticos. Esto sin desconocer que los procesos políticos cuentan también con anclajes cotidianos en las prácticas y vivencias de los ciudadanos (adicional a los anclajes políticos institucionales que da el Estado).

Sin embargo, la presencia de la coacción física como elemento central de la disputa política no niega la existencia de otro elemento constitutivo: la legitimidad (segundo elemento). Siguiendo a Antonio Gramsci, consideramos que los sistemas de dominación obtienen su fuerza tanto del poder coercitivo del Estado como de la hegemonía ideológica que éste ejerce y que se traduce en obediencia consentida.40 Para este autor marxista el Estado se define como un "todo complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase gobernante no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consentimiento activo de aquellos a quienes gobierna" (Gramsci, 1971, citado en Carnoy, 1993, p. 88), o "la idea general de Estado incluye elementos que deben remitirse a la noción de sociedad civil (en el sentido en que podemos decir que Estado = sociedad política + Sociedad civil; en otras palabras, hegemonía protegida por la armadura de la coerción)" (Gramsci, citado en Carnoy, 1993, p. 96).

La legitimidad y la hegemonía son dos formas de analizar la aceptación de la dominación y por ello hacen parte preferencial de la disputa política, ya que tanto movimientos sociales41 como partidos políticos (y otros actores de la confrontación) ponen en juego controversias políticas y luchas por el significado.

El tercer elemento que consideramos central para comprender la disputa política es que este proceso es colectivo y relacional, ya que los individuos están en interrelación con otros y esta interdependencia los define. Para citar la popular frase de Marx donde expresa que la naturaleza del hombre es colectiva y sólo puede ser comprendida como producto social e histórico:

    Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal (Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte).

Consideramos que la visión de la política como referida exclusivamente a la búsqueda y defensa de los intereses individuales (del individualismo metodológico) debe ser complementada por una aproximación colectiva donde la política está constituida por la red de relaciones que le dan significado a los intereses individuales. La visión de los intereses como exógenos al proceso político (donde no existe aprendizaje político, ya que las preferencias están dadas de antemano) debe ser replanteada para que los intereses sean analizados en el marco de las redes de significados de la cultura y las identidades. Entonces, la explicación de los comportamientos y las acciones de los individuos y de los actores sociales debe lograr integrar la pregunta por la "agencia" y por la "estructura", puesto que tanto las motivaciones individuales como las condiciones externas del contexto, como las normas, la cultura y la historia, deben tener su espacio en la explicación del proceso político.

En cuanto a los movimientos sociales y los partidos políticos suponemos que ellos son actores y agentes del proceso político donde aparecen los intereses y las identidades. Éstos ponen en juego luchas materiales, luchas culturales y luchas por los significados. ¿Quiénes están "capacitados" para participar políticamente?,42 ¿cuáles son los temas que se "pueden" tratar públicamente?, ¿qué mecanismos se "pueden" utilizar para participar?, han sido temas abordados tanto por los partidos políticos como por los movimientos sociales a lo largo de la historia y representan estos procesos de confrontación. Nos separamos de la idea que supone que los movimientos sociales buscan transformar la cultura dominante, mientras los partidos políticos buscan ser incluidos en ella; que los movimientos sociales luchan exclusivamente por los beneficios de un sector particular mientras que los partidos políticos ponen en juego visiones para toda la sociedad. En nuestra perspectiva de la disputa política ella tiene tanto una referencia al poder con carácter obligatorio, por el uso de la violencia (es decir, la conquista del Estado y del gobierno) como al poder vinculante, por la presencia de legitimidad, (esto es, la conquista de los referentes culturales y simbólicos).

El cuarto elemento es el conflicto, puesto que consideramos que la sociedad no es armónica y está mediada por confrontaciones permanentes. Por lo tanto, los conflictos no expresan desviaciones o anormalidades y la protesta no es una conducta patológica. Siguiendo a Tilly, Tilly y Tilly (1997) consideramos que son más certeras las interpretaciones de la lucha política desde la óptica de la solidaridad que aquellas desde la desintegración. Para las primeras (la solidaridad), el conflicto lo producen los grupos sociales más integrados y tiene como base el respaldo, la protección y los intereses articulados, mientras que para las segundas (las desintegradoras),43 la disputa se analiza desde la óptica irracionalista y desintegradora de los actores sociales que suponen la idea de que la violencia colectiva aparece como un resultado colateral de los procesos de desintegración de una sociedad:

    Desde esta perspectiva [de la desintegración], las grandes reestructuraciones sociales como la urbanización y la industrialización tienden a disolver los controles existentes sobre el comportamiento antisocial, precisamente en un momento en que la reestructurtación somete a muchos hombres a incertidumbres y tensiones. A su vez, las tensiones aumentan la tendencia hacia el comportamiento antisocial. Ese comportamiento puede tomar la forma de desarreglos personales, crímenes, o protestas. Entonces la sociedad o bien sucumbe a la amenaza, o bien contiene el comportamiento antisocial como a una llaga, o emprende una nueva fase de integración [...], El punto final del proceso, según la mayoría de las versiones de esta teoría, no corresponde al status quo anterior sino a un nuevo equilibrio (Tilly, Tilly y Tilly, 1997, p. 14).

Para concluir

Tradicionalmente nos hemos acercado a los procesos políticos concentrándonos en los diferentes actores que buscan su participación en estos espacios. En este artículo hemos desarrollado un nuevo abordaje de lo político centrado en la "disputa política" como un proceso de lucha y confrontación que se caracteriza por su carácter "político", el cual supone la violencia/legitimidad, lo colectivo y relacional y la "disputa", la cual conlleva el conflicto (frente a una visión armónica de la sociedad).



Notas

* Artículo producto de la investigación "Política contenciosa y dinámicas del conflicto en el área andina", financiada por la Beca Andina de Apoyo a la Investigación del Instituto Francés de Estudios Andinos (2006), y ampliada durante la segunda etapa de esta investigación dentro del IEPRI de la Universidad Nacional.

1 Véase Cohen y Arato (2002, pp. 23-47).

2 Como es considerado por la tradición "participativa" de la democracia (Cohen y Arato 2002, pp. 23-47).

3 Como lo define Shumpeter (1952) y toda la tradición elitista de la democracia que le sigue: "la democracia no significa ni puede significar que el pueblo gobierne efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de las expresiones ‘pueblo’ y ‘gobernar’. La democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarle. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición acudiendo a otro criterio identificador del método democrático: la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado" (p. 362).

4 Véase, por ejemplo, Lenin (s/f [1917]).

5 En cuanto al componente "práctico" podríamos argumentar que los estudios académicos se constituyen en posibilidades para realizar diagnósticos de la realidad de un país. Así, por ejemplo, la ausencia de una comprensión compleja de la guerra (que incluya elementos desde lo militar hasta lo contencioso), limitará las propuestas políticas para salir de esta situación de manera creativa.

6 Si bien este texto se inspira en MacAdam, Tarrow y Tilly (2003) y su noción de "contención política", presenta una serie de discusiones que los autores no analizan, particularmente el componente "político" y de la "violencia" de la contención.

7 Desde su primera publicación, la Revista OSAL de CLACSO introdujo en su agenda de publicaciones, de manera imperiosa, el estudio de la "conflictividad social" en América Latina. Véase, por ejemplo Seoane y Taddei (2000) y Zemelman (2000).

8 Este argumento es la base de la propuesta metodológica desarrollada en McAdam, Tarrow y Tilly (2003).

9 Estas dimensiones llevaron a Sartori a proponer la siguiente tipología de los sistemas de partidos democráticos: a) bipartidismo, b) pluralismo moderado, donde hay baja polarización política, c) pluralismo polarizado, donde hay considerable polarización política y d) sistemas de partido predominante, donde el mismo partido constantemente gana la mayoría de las curules.

10 Traducción libre.

11 Según esta perspectiva, el grado de institucionalización de un sistema de partidos se caracteriza por cuatro dimensiones: a) la estabilidad en los patrones de competencia partidista; b) las raíces que tienen los partidos dentro de la sociedad; c) el grado de legitimidad que los actores políticos otorgan a los partidos y a las elecciones, donde la sociedad considera a los partidos como una parte necesaria de la política democrática, así critiquen a ciertos partidos específicos; d) la solidez de la organización interna de los partidos (por ejemplo, la rutinización de procedimientos intrapartido como la elección de los líderes, que hacen que los partidos estén menos subordinados a los intereses de líderes ambiciosos).

12 Dentro de estos trabajos encontramos, entre otros, a Nohlen (1992) y a Mainwaring y Shugart (1997).

13 Como, por ejemplo, los análisis de Rokkan y Lipset.

14 Dentro de esta perspectiva Coppedge (s/f) propone unas tipologías para los países de América Latina, a partir del supuesto de que la evolución de los sistemas de partidos estuvo determinada por la naturaleza del orden político alcanzado antes de la expansión de la participación política, y por las posibilidades reales que existían para reclutar seguidores en dicho momento. El primer grupo de países está constituido por aquellos con sistemas de partidos estables que tuvieron como condición necesaria la institucionalización de algún tipo de orden político antes de la expansión electoral; dicho orden hizo posible canalizar el conflicto entre las élites por el control político. El segundo grupo está constituido por los sistemas caóticos, donde no hubo ninguna institucionalización previa.

15 Tarrow (1997) divide los estudios sobre los movimientos sociales entre los acercamientos marxistas, las aproximaciones de la elección individual y la teoría de la estructura de oportunidades. Para Múnera (1998) los estudios de las movilizaciones se dividen en las siguientes aproximaciones: las conductas colectivas, la movilización de recursos, la sociología de la acción y la de la estructuras sociales. Para MacAdam et al. (1997), y McAdam, et al. (1999), las aproximaciones más importantes son oportunidades políticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores. Para Ibarra y Tejerían (1998) las aproximaciones al estudio de los movimientos sociales son: los estudios que abordan los cambios en los procesos y contextos políticos de los movimientos sociales; los estudios que abordan cuestiones relativas a la dimensión cultural y a los aspectos simbólicos de los movimientos sociales, y finalmente los estudios que abordan las motivaciones para la participación individual y la dimensión organizativa de los movimientos sociales. En Massal y Bonilla (2000) encontramos que las vertientes de pensamiento de la movilización son: la corriente de la movilización de recursos, la corriente de los nuevos movimientos sociales y la corriente constructivista.

16 Véase Múnera (1998, p. 25-29) y Tilly (1998, p. 23). Este último se refiere a esta aproximación a los movimientos sociales como "relatos irracionalistas de la acción colectiva popular", en tanto que para Fitzgerald y Rodgers (2000) se trata de la teoría de las conductas colectivas. "A través de esta teoría de la sociedad de masas se puede aunar un buen número de observaciones acerca de los fenómenos políticos en organizaciones, clases, comunidades particulares, y sociedades en general, para formar una imagen coherente de las condiciones que favorecen las conductas de masas en política. Los grupos especialmente vulnerables a los movimientos de masas manifiestan grandes discontinuidades en su estructura durante períodos de cambio. Así, el comunismo y el fascismo ganaron fuerza en sistemas sociales que estaban sufriendo cambios repentinos y amplios en la estructura de autoridad y de la comunidad. Graves rupturas causadas en el tejido social por el extenso desempleo o por una importante derrota militar son muy favorables a la acción política de masas" (Kornhauser, citado en Tilly 1998, p. 26).

17 "... el principal factor de activación [de los movimientos sociales] lo constituyeron los cambios en las oportunidades políticas que originaron nuevas oleadas de movimientos y dan forma a su despliegue. [...]. Las oportunidades políticas son a la vez explotadas y expandidas por los movimientos sociales, trasformados en acción colectiva y mantenidos por medio de estructuras de movilización y marcos culturales" (Charles Tilly, citado en Tarrow, 1997, pp. 26-27).

18 Taylor (1993, p. 43) desarrolla muy bien la idea de la construcción de significados: "... la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales de ser humano. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación de la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitado, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido".

19 Véase, por ejemplo, el texto de Mallon (1995) cuyo objetivo es realizar una arqueología de la cultura popular en México y Perú a través del estudio de la reinserción de estas culturas en la llamada historia política nacional (Mallon 1995, p. xv), y a partir de allí explicar las diferencias en las trayectorias políticas seguida por Perú y México, sobre la base del análisis de los movimientos y discursos populares durante la segunda mitad del siglo XIX (p. xviii). Para realizar este análisis comparativo se trabajan varios estudios de casos para analizar cómo el discurso nacional democrático, que surgió durante el período de la revolución nacional democrática (es decir, entre 1780 y 1930), fue cuestionado y legitimado por los sectores subalternos, lo que condujo a luchas sobre las nociones de ciudadanía y libertad.

20 Para Escobar et al. (2001, p. 18): "Los movimientos sociales no solo han logrado en algunas instancias trasformar sus agendas en políticas públicas y expandir las fronteras de la política institucional, sino que también, muy significativamente, han luchado por otorgar nuevos significados a las nociones heredadas de ciudadanía, a la representación y participación política, y como consecuencia a la propia democracia. Tanto los procesos mediante los cuales el programa de un movimiento se convierte en política pública, como la búsqueda de una nueva definición del significado de términos como ‘desarrollo’ o ciudadano’, por ejemplo, implica la puesta en marcha de una política cultural, concepto desarrollado en el campo de los estudios culturales, el cual [...] puede contribuir a dar luces sobre las apuestas culturales y políticas de los movimientos sociales en la lucha contemporánea por el destino de la democracia en América Latina".

21 McAdam, Tarrow y Tilly (2003, p. 5-8) diferencian entre dos tipos de política contenciosa: la contenida (contained) y la trasgresiva (transgresive).

22 Los movimientos sociales también han sido definidos como "... desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades" (Tarrow 1997, p. 21), o como "un juego de opiniones y creencias en una población que representa la preferencia por cambiar algunos elementos de la estructura social y/o distribución del estímulo de una sociedad" (McCarthy y Zald 1977, pp. 1.217-1.218). En otras palabras: "... nosotros vemos los movimientos sociales como nada más de estructuras de la preferencia dirigidas hacia el cambio social..." (p. 1.218).

23 Por ejemplo, para Tarrow, las propiedades básicas de los movimientos sociales son "la puesta en escena de desafíos colectivos, la concepción de objetivos comunes, la potenciación de la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva (Tarrow 1997, pp. 20-21).

24 Si con las definiciones expuestas anteriormente como guía invitáramos a alguien a identificar y clasificar dentro de una gama de partidos y movimientos sociales según descripciones de las funciones, objetivos, logros, permanencia, cuáles corresponden al grupo A de lo "institucional" (los partidos) y cuáles al grupo B de lo no institucional (los movimientos) probablemente nuestro invitado concluiría con movimientos y partidos tanto en A como en B.

25 Frente a la visión de McAdam, Tarrow y Tilly (2003), quienes consideran sólo las situaciones esporádicas (y excluyen eventos regulares como votación, elecciones y reuniones de asociaciones que están consideradas como regulares), nosotros consideramos que en un evento de contención no se puede limitar previamente cuáles factores han entrado a jugar. En algunas ocasiones situaciones regulares (como procesos electorales) pueden abrir ventanas de oportunidad para los actores en conflicto.

26 La política contenciosa es definida como: "episodic, public, collective interaction among makers of claims and their objects when (a) at least one government is a claimant, and object of claims, or a party to the claims and (b) the claims would, if realized, affect the interest of at least one of the claimants" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2003, p. 5).

27 Sin desconocer que existen otras aproximaciones que nosotros no abordamos, como el postconductismo, que considera que el comportamiento observable, ya sea a nivel individual o agregado social, debe ser el centro el análisis (véase, por ejemplo, Sanders 1997); la teoría normativa, que supone el descubrimiento o la aplicación de principios morales a la esfera de las relaciones políticas: "La teoría política normativa es una forma de analizar tanto las instituciones sociales, especialmente aquellas vinculadas al ejercicio del poder, como la relaciones de los individuos con ellas, y examinando a fondo de qué modo se justifican los acuerdos políticos existentes y cómo se justificarían otros posibles" (Glaser 1997, p. 34), y el neo-institucionalismo (véase, Rhodes, 1997 quien considera que las instituciones son los pilares de la vida política, y Guy Peters 1999 y 2001).

28 Para una presentación de la vida y doctrina de Karl Marx, véase Heilbroner (1972, capítulo VI: "el mundo inexorable de Carlos Marx", pp. 201-243). Para una presentación de los desarrollos recientes de la teoría del Estado marxista, véase Jessop (1999, pp. 99-134), donde se identifican dos oleadas del desarrollo del marxismo. En la primera se realizaron tres contribuciones: el análisis de la forma del Estado capitalista (previamente se habían analizado sobre todo las funciones), el análisis del poder como una relación social compleja y la contribución de la teoría a la regulación a la economía política. En la segunda oleada se recuperó la centralidad del Estado (neoestatismo), la teoría foucaultiana, las teorías feministas del Estado y, para finalizar, el análisis del discurso y la teoría del Estado sin Estado.

29 "Ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal, sino social, en el proceso de la producción. El capital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la cooperación de muchos individuos, y aún cabría decir que, en rigor, esta cooperación abarca la actividad común de todos los individuos de la sociedad. El capital no es, pues, un patrimonio personal, sino una potencia social. Los que, por tanto, aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarla de su carácter de clase". (Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista).

30 En este sentido es de resaltar que la crítica de Marx al modo de producción capitalista tiene una doble dimensión. Por un lado, su creencia que el sistema económico tenía el germen de su propia destrucción ya que "las relaciones capitalistas de producción impiden el pleno desarrollo de las fuerzas de producción y producen una serie de conflictos y crisis" (Held 1991, p. 138), conduciendo a caídas constantes de la tasa de ganancia. Por otro lado, una crítica desde una perspectiva moral y ética por el hecho de que el sistema capitalista se basaba en la "explotación del hombre por el hombre" gracias a la plusvalía, puesto que al convertir el trabajo en una mercancía nos están robando no sólo lo producido, sino también la fuerza vital, la humanidad. Siguiendo a Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: "Ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal, sino social, en el proceso de la producción. El capital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la cooperación de muchos individuos, y aún cabría decir que, en rigor, esta cooperación abarca la actividad común de todos los individuos de la sociedad. El capital no es, pues, un patrimonio personal, sino una potencia social. Los que, por tanto, aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarla de su carácter de clase".

31 Por ejemplo, los autores contractualistas como Hobbes, para el cual el Estado aparece como un escenario de lo común, Locke, quien sostiene que el Estado es un árbitro imparcial por encima de las partes que impide la degeneración de la sociedad natural, y tiene como principal objetivo la defensa de la propiedad privada, y Rousseau, para el cual el Estado es la expresión de la voluntad general a través de la cual uno, renunciando a la libertad natural en favor de todos los demás, adquiere la libertad civil o moral y es más libre que antes (Carnoy, 1993, y Bobbio, 1999, pp. 134-138).

32 Los antagonismos son irreconciliables pues es imposible llegar a acuerdos duraderos y viables en una sociedad basada en la explotación y la dominación. Para la tradición marxista finalmente los trabajadores se darán cuenta que tan sólo mediante la abolición de las relaciones capitalistas de producción pueden ser libres.

33 Como lo anota Bobbio, el poder político es "entendido [por Marx] como el poder más alto, para hacerse obedecer, recurre en última instancia a la fuerza" (2002, p. 77), por lo cual para Marx con la caída del capitalismo no habrá más poder político en el sentido estricto, como instrumento de represión (1999, p. 146).

34 Para una primera presentación de la teoría (y sus críticas) véase Ward (1997) y Almond (1999). Asimismo, Anthony Downs (1992) desarrolló un modelo de toma de decisiones partiendo de estas premisas sobre el comportamiento de los individuos, con respecto a lo cual dice: "En una democracia los partidos políticos formulan su política estrictamente como medio para obtener votos. No pretenden conseguir sus cargos para realizar determinadas políticas preconcebidas o de servir a los intereses de cualquier grupo particular, sino que ejecutan políticas y sirven a grupos de interés para conservar sus puestos. Por lo tanto su función social (que consiste en elaborar y realizar políticas mientras se encuentran en el poder) es un subproducto de sus motivaciones privadas (que buscan obtener la renta, el poder y el prestigio para gobernar)" (p. 96). Otros de sus exponentes fueron Olson (1992 [1965]), con la búsqueda por desarrollar una reflexión académica sobre el comportamiento de los grupos y organizaciones, y Riker (1992 [1962]), con la búsqueda por desarrollar un modelo de teoría de juegos aplicable al comportamiento político y la formación de coaliciones.

35 Esta tradición de explicar los hechos políticos con referencia a las dimensiones culturales de una sociedad dada que desarrolló Tocqueville fue ampliada posteriormente por Almond y Vera (1992 [1963]), quienes argumentan que "la democracia tiene, además de las consideraciones operativas de la política democrática (burocracia racional, partidos, medios de comunicación), componentes culturales más sutiles dados por las características más difusas del sistema de creencias o de códigos de relaciones personales". Estos autores consideran que la cultura "es uno solo de sus muchos significados: en el de orientación psicológica hacia objetos sociales. Cuando hablamos de la cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población" (Almond y Vera 1992, p. 180), y "La cultura política de una nación consiste en la particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetivos políticos" (p. 180). En el estudio que realizan suponen que hay tres tipos de cultura política: la parroquial (donde los roles políticos son difusos y no especializados, el individuo no espera nada del sistema político y la autoridad política es difusa), la de súbdito (donde existe una relación pasiva entre el gobernado y el sistema político y una estructura especializada del sistema autoritario central) y la participante (donde hay un rol activo de su persona en la política).

36 Referido como proceso social de atribución de significados (Escobar et al., 2001, y Dagnino, 2001).

37 Siendo aun más radicales, Przeworski propone el "oportunismo metodológico" que supone usar lo que mejor sirva a partir del tema de investigación trabajado.

38 Por ejemplo, Weber, para quien este proceso va de la mano de la expropiación por parte de los capitalistas de los medios de producción de los trabajadores; también Tilly (1992), para quien las guerras crearon los Estados por las necesidades que impuso la búsqueda de impuestos para financiar los ejércitos nacionales, y los procesos de reclutamiento generaron la necesidad de estructuras burocráticas perdurables. Asimismo, el capitalismo sirvió para la formación de los Estados por la economía monetarizada y los créditos fácilmente accesibles. Véase Elías (1989), quien analiza este proceso desde la noción de "civilización", que es el modo como "las coacciones sociales externas van convirtiéndose de diversos modos en coacciones internas, cómo la satisfacción de las necesidades humanas pasa poco a poco a realizarse entre los bastidores de la vida social y se carga de sentimientos de vergüenza y cómo la regulación de la vida impulsiva y afectiva va haciéndose más y más universal, igual y estable a través de la autodominación continua" (p. 449).

39 Según Schmitt: "Supongamos que en el dominio de lo moral la distinción última es la del bien y el mal; que en lo estético lo es la de lo bello y lo feo; en lo económico la de lo beneficioso o lo perjudicial, o tal vez la de lo rentable y lo no rentable. El problema es si existe alguna distinción específica, comparable a esas otras aunque, claro está, no de la misma o parecida naturaleza, independiente de ellas, autónoma y que se imponga por sí misma como criterio simple de lo político; y si existe, ¿cuál es? Pues bien, la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo enemigo. Lo que ésta proporciona no es desde luego una definición exhaustiva de lo político, ni una descripción de su contenido, pero sí una determinación de su concepto en el sentido de un criterio" (1991, p. 56). "El sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación. Y este criterio puede sostenerse tanto en la teoría como en la práctica sin necesidad de aplicar simultáneamente todas aquellas otras distinciones morales, estéticas, económicas y demás. El enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo; no hace falta que se erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo" (p. 57).

40 La originalidad de Gramsci consiste en anotar cómo "la verdadera fuerza del sistema no se encuentra en la violencia de la clase gobernante o en el poder coercitivo de su aparato de Estado, sino en la aceptación por parte de los gobernados de una ‘concepción del mundo’ que corresponde a los gobernantes. La filosofía de la clase gobernante para a través de todo un tejido de vulgarizaciones complejas para surgir como ‘sentido común’: es decir, la filosofía de las masas, que aceptan la moral, las costumbres, la conducta institucionalizada de la sociedad en que viven. Así pues, para Gramsci el problema es comprender cómo la clase gobernante ha logrado obtener el consentimiento de las clases subordinadas y luego ver cómo la última logrará el derrocamiento del orden anterior y creará uno nuevo de libertad universal" (Fiori, citado en Carnoy 1993, pp. 91-92).

41 Para el caso de los movimientos sociales véase Escobar, Álvarez y Dagnino (2001), y Dagnino 2001.

42 Edad, religión, clase social, etnia.

43 Aproximaciones desarrolladas por Durkheim, Smelser y Oberschall.




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