Apuntes para un análisis de las prácticas de gobierno y el presidencialismo en Colombia^*

Notes for an Analytical Practices of Government and Colombia's Presidentialism

Luis Felipe Vega Diaz^**
Luis Carlos Valencia Sarria^***

^*Artículo de reflexión, derivado de la línea de investigación "Biopolítica del desplazamiento forzado en Colombia", perteneciente al grupo de Investigación "Gobierno, políticas públicas y pobreza", Categoría C, Colciencias.
^**Profesor asistente de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente, adelanta sus estudios de Doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leipzig, Alemania. Correo electrónico: lfvega@javeriana.edu.co.
^***Profesor asistente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Magister en Ciencia Política de la Universidad de los Andes de Bogotá. Actualmente, se desempeña como director de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Correo electrónico: lcvalencia@javeriana.edu.co.

Recibido: 20/11/10, Aprobado evaluador interno: 30/01/11, Aprobado evaluador externo: 10/02/11.

Resumen

El propósito del artículo es proponer una reflexión acerca de las técnicas de gobierno como formas de producción de subjetividades, en las que coexisten la producción de la pobreza rural y las nuevas formas del sujeto urbano. Estas técnicas coexisten con la emergencia de una razón de Estado que se funda en prácticas de exclusión en función de la inclusión de los objetos para gobernar. Así, el exceso de la figura del presidencialismo supone nuevos objetos ante nuevos peligros, la redefinición de un sujeto itinerante, la validación de la pobreza como condición material y necesaria del gobierno y, específicamente, la administración del pobre como reflejo de la forma política de gobierno, es decir, una expresión específica de una particular Razón de Estado.

Palabras clave autor: biopolítica, pobreza, gubernamentalidad, orden social, presidencialismo, administración de la pobreza, soberanía.

Palabras clave descriptor: Filosofia política, administración pública, gobierno, responsabilidad del Estado, derechos civiles.

Abstract

The purpose of this essay is to propose a reflection on government techniques as ways to produce subjectivities, where rural poverty and the new forms of urban subject coexist. These techniques coexist with the emergence of a Reason of State founded on exclusionary practices based on the inclusion of objects to govern. Thus, the excess of the presidential figure means new objects to new dangers, the redefinition of an itinerant subject, the validation of poverty as material and necessary condition of the government. Specifically, it presents the administration of the poor as a reflection of the political form of government, i.e., a specific expression of a particular Reason of State.

Key words author: Biopolitics, Gouvernamentality, Social Order, Presidentialism, Administration of Poverty, Souvereignity.

Key words plus: Political philosophy, Public administration, Government, State liability, Civil and political rights.

SICI: 0122-4409(201106)16:K71:AAPGYP>2.0.TX;2-3

Introducción

La relación entre la forma de soberanía y la conformación de objetos de gobierno se encuentra en la base de los discursos políticos de la fundación del Estado. Hacer una genealogía de esta relación como un medio para la comprensión de las formas de gobierno, y particularmente de una racionalidad política, supone establecer las formas y los mecanismos que explican el desarrollo evolutivo de las instituciones políticas en Colombia. De fondo, la gran estrategia social que emerge de los entrecruzamientos discursivos y los conjuntos de prácticas supone la necesidad de pacificación de los conflictos y, particularmente, la compasión de una imagen de la democracia, a partir de la relación entre el Estado y el individuo (Befhell, 1996, p. 99). En este sentido, el Estado antecede la comprensión del ciudadano, mientras este último es producido por la composición discursiva de las imágenes institucionales, y no viceversa. Se hace referencia aquí a que no es a partir de un ejercicio de autonomía de los individuos, desde el cual, como pactos sociales o acuerdos racionales, que las instituciones políticas son fundadas como una estrategia de "lo social descubierto el principal factor de crisis institucional de la política, de la cual la fragilidad en el desarrollo de la ciudadanía es un síntoma" (Ewald, 1986, p. 116). La función administrativa heredada de la colonia se híbrida con el derecho positivo francés, al interior de los nuevos Estados, convirtiéndose en una ideología de soberanía (Rouqué, 1989, p. 65). Junto a esto, surgió la necesidad de una modernización económica, que tenía como paradigma el capitalismo norteamericano y que se va a renovar y transformar discursivamente hasta finales del siglo XX. Por ello, cuando se habla de neoliberalismo en Colombia, desde la percepción de este artículo, no se hace referencia a un fenómeno totalmente nuevo, sino a la transformación discursiva, al igual que de las estrategias de gobierno dentro de esta racionalidad política institucional (Hoffmeister, 2002, p. 69). En resumen, las estructuras coloniales con un nuevo contenido ideológico positivista para la conformación política y orgánica de los Estados no lograron sincronizarse con una racionalidad económica entendida como una técnica administrativa sobre la sociedad.

La tarea de formar ciudadanos se ha hecho mucho más difícil desde esta comprensión de la evolución (Touraine, 1989, p. 116). Esto debido a que el desarrollo científico establecido desde las transformaciones del discurso republicano de siglo xrx, a través del problema racial, ha evolucionado hasta establecer la imagen de un conflicto interno en la sociedad respecto de las capacidades humanas (Mora, 2000, p. 362). El objeto de este artículo es mostrar dichas transformaciones desde la depuración racial hasta la evolución más tecnificada de las prácticas de gobierno al finalizar el siglo xx en Colombia.

Las técnicas de gobierno: formas de producción de espacios particulares de gobierno sobre los individuos

La primera vez que se utilizó el concepto de biopolítica fue al interior de la redacción de la primera parte de la Historia de la sexualidad. Foucault la utilizó para definir algunos aspectos relacionados con la producción específica de prácticas sobre el conjunto de la población. Incluso, designaba con ello una forma particular de intervención sobre la población como problema de Estado. Posteriormente, en el año de 1976, durante el curso anual del Colegio de Francia, utilizó nuevamente el concepto en referencia a la administración de la población (Foucault, 1994, p. 87). Con esto, superaba el problema anterior del poder disciplinario, debido a la característica de producción sobre el poder, al igual que establecía una revisión de la lectura de Marx sobre la forma del Estado y sus medios de operación.

En efecto, muestra con ello que la característica de la soberanía reside en el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Así, el poder disciplinario puede permitir la vida o dictaminar la muerte. Sin embargo, su límite reside allí mismo en la condición que limita el poder posterior a la muerte (Foucault, 1994, p. 201). De esta forma, el poder no puede limitarse en el acto mismo del suplicio o de su prolongación, propio de la pena capital. El poder debe preservar su objeto para poder mantener su capacidad de afectación y control del mismo, de manera que el poder no solo permite la vida, sino que la debe promover.

Sumado a esto, la influencia que Foucault recibió del Colegio de Sociología de Francia, por intermedio de Georges Bataille, conduce a buscar un poco más allá algunos orígenes que pueden poner este concepto en funcionamiento. En efecto, Marcel Mauss reubica la función del mito de la soberanía en relación a los mecanismos de gobierno para entender su función social y su actualización permanente bajo la imagen del "don" en el sentido de unidad simbólica al interior del discurso de la soberanía como fundamento del orden político (Mauss, 1968, p. 188). Se hace referencia a que, dentro del proceso gratuito de intercambio social, la imagen de la soberanía en el sentido de abstracción del "don" en una sola entidad como absoluto supone una transformación de la racionalidad política sobre la imagen de purificación de la profanidad. En efecto, esta transformación puede traducirse en la composición de una racionalidad de la guerra como política a la base de un principio hegemónico y de homogenización social. Georges Bataille, en su trabajo sobre la estructura psicológica del fascismo, muestra cómo la guerra se convierte en una religión que contiene en sí misma una racionalidad mitológica (1978, p. 36). El punto de agregación de dicha homogenización se establece en el soberano como punto de conjunción de toda la sociedad, otorgando a través suyo una identidad social. En este punto, tiene consonancia el trabajo de Bataille con el de Mauss, ya que dicha homogenización supone un primer fundamento de la imagen de pueblo. Se hace referencia a que la relación de los individuos con el soberano compone una unidad indisoluble frente a la posibilidad de la guerra. Es por ello que la guerra contra la pobreza, la insalubridad, el desempleo y la inseguridad son composiciones de estrategias en una racionalidad militar que ponen en riesgo la supervivencia del Estado y, por ende, el fundamento de la soberanía (Agamben, 2003, p. 42). En otras palabras, acudiendo al análisis de Foucault, esto es posible en la medida en que la soberanía tiene la capacidad de hacer perdurable la vida, la forma de gobierno y, por ende, la racionalidad política institucional se resume en un combate entre la heterogeneidad y la homogeneidad que se desarrolla en el campo biológico de la vida humana.

Para comprender esta relación del desarrollo económico, según lo que se ha venido exponiendo, es fundamental situar un concepto de lo social acorde a esta estructura de análisis. François Ewald retoma la lectura de Foucault sobre el origen de la medicina social y ofrece un importante punto de partida. Para él, el desarrollo del concepto sobre lo social en el siglo xx tuvo una lectura mítica del darwinismo como forma científica en las instituciones políticas (Ewald, 1986, p. 117). Ello estableció una condición de corrección de las especies para la preservación de la sociedad, de forma que biológicamente aparece la solidaridad como expresión evolutiva de la sociedad entre individuos y agentes. De esta manera, un conjunto complejo de acciones políticas a través de este principio biológico e ideológico establece como finalidad del Estado el combate contra los males que enfrenta la sociedad. Sin embargo, acorde al análisis de Jacques Donzelot, esta construcción supone un devenir en las formas del desarrollo mucho más complejo (Donzelot, 1984, p. 35). Así, ¿cómo esta nueva biología política establece relación con el desarrollo económico y particularmente hace posible la producción del pobre como objeto de gobierno? De otra forma, ¿bajo cuáles procesos la pobreza está inscrita en las instituciones políticas como una transformación de la enfermedad como peligro social?

Desde esta comprensión de lo social, el acto de gobernar supone la posibilidad de estructurar los campos de acción posible sobre otros. La producción de subjetividad es una manera de dar forma a la acción política. Ello supone un elemento esencial: el Estado no es fruto del mercado, sino, por el contrario, el mercado es fruto del Estado. Esto debido a que, siguiendo el desarrollo de la solidaridad como expresión biológica, el mercado es un campo de intercambios "solidarios". Esto supone dos mecanismos de desarrollo. Por una parte, la institución de una relación del individuo frente a sí mismo bajo la "imagen de libertad". Por otra, el mercado homogeniza las heterogeneidades de las libertades de los individuos en un plano común de acción social (Crampton, 2007, p. 139). De esta forma, la solidaridad biológica deviene en el mercado como verdad científica. Es decir, si existe una condición de solidaridad biológica para la preservación del conjunto, a partir del reconocimiento individual de los agentes (libertad), la imagen del bien común es solo el desarrollo evolutivo de dichas libertades, bajo una agregación solidaria como condición social en un mismo campo de acción.

Ahora bien, el problema económico de gobierno supone la regulación de estos intercambios en el proceso de homogenización. Esta regulación de las libertades es una condición misma de las elecciones sociales, en las que los individuos se desarrollan bajo la tutela del Estado. Así, la interacción entre gobernados y gobernantes supone un individuo de derechos, sobre la base del homo econimicus como forma de socialización, para el desarrollo de la ciudadanía (Scott, 2007, p. 93). De esta forma, los desajustes entre las interacciones de los individuos agregados en el mercado como campo de solidaridad presentan la pobreza como quien hace elecciones y gana, frente a otros que las hacen y pierden, al interior de un sistema político de regulación de decisiones. El pobre es el resultado de su propia libertad y tiende a convertirse en un problema social. En este sentido, la actividad del Estado consistiría en buscar los orígenes de la pobreza y encontrar su solución, de forma que liga el problema de la pobreza en su condición individual con el destino de la sociedad misma.

El Estado, intenta conciliar la inequidad del mercado con la producción jurídica, buscando un equilibrio general. Es aquí donde se presenta una crisis interna en la estructura estatal, pues la acción de gobierno intenta construir un sistema que pueda organizar derechos recíprocos en un ambiente de inequidades, lo cual compromete los fines de la soberanía. De esta forma, la relación juridicoeconómica en la esfera política establece un gobierno de los objetos, legislando desde la estructura jurídica la condición económica de la realidad. Así, este desarrollo establece una finalidad del Estado moderno: "El gobierno de los pobres". Sin embargo, este gobierno supone una acción permanente que renueva sus dispositivos, debido a que, bajo el supuesto de seguridad como fin primordial del Estado, no es posible establecer una armonización eficiente entre lo que se presenta como realidad del mercado (Procacci, 1995, p. 138). Es decir, la restricción de las capacidades de las libertades de esa soberanía personal y los derechos de carácter absoluto como condición esencial del derecho. La intervención de los pobres es la manera por la cual el Estado intenta resolver dicho desajuste, de forma que la política como estrategia de poder supone disminuir o aumentar la influencia mutua entre derecho y economía. Así, el gobierno "social" establece un nuevo campo de saber en el que lo jurídico y lo económico intentan ser armonizados por las acciones políticas (Foucault, 1994, p. 123). En este orden de ideas, las técnicas de gobierno son las formas de producción de espacios particulares de gobierno sobre los individuos, entiéndase: higiene, educación, incluso la misma asociación en el colectivo social.

Ahora bien, la evolución de los dispositivos de gobierno supone que la dinámica del capitalismo es más veloz que la capacidad misma de la regulación. En efecto, los mercados extienden su capacidad sobre el deseo de los individuos en diferentes expresiones y formas sociales, al igual que los medios por los cuales estos son satisfechos en el mercado (Estel, 2002, p. 132). De esta manera, la irrupción indeterminada del deseo hace que la legislación sea posterior, lo que conlleva a que, ante la emergencia de la anomalía en el seno de la racionalidad económica, le sea posteriormente implementada la norma (Staler, 1995, p. 101). Así, el Estado no puede gobernar si no emerge la anomalía previamente. En esto consiste el gobierno de los pobres, el control de la anomalía para garantizar la seguridad social.

En síntesis, el gobierno de lo social se puede traducir en el conjunto de dispositivos y herramientas de control social de los elementos no jurídicos de las relaciones sociales por vía de la producción normativa. Por esto, el gobierno de los pobres no es solo en orden singular sino colectivo, debido a que atraviesa el conjunto de las relaciones sociales (Foucault, 1997, p. 72). Ahí reside su expresión biopolítica al interior de la racionalidad de gobierno. A continuación, se presenta dicha producción desde una pretensión genealógica de la formación del pobre en el desarrollo de dicha racionalidad de gobierno en Colombia.

El pobre como anomalía en el periodo colonial

Uno de los elementos característicos de la distribución de la población con respecto del territorio supuso la producción de saberes con carácter de ciencia, en los que se establece una relación entre los individuos y el conocimiento de los recursos físicos. Una primera relación dispuesta en la tradición colonial a partir de las ordenanzas del Consejo de Indias fue el conocimiento de los medios naturales, así como las especificidades raciales en función al trabajo, determinando una relación de producción sobre actividades específicas referidas a las actividades económicas de explotación (Fox, 1997, pp. 34-45). De esta manera, el conocimiento establece zonas geográficas y poblaciones para incrementar los niveles de productividad en función de la preservación de la soberanía y, por ende, la racionalidad de gobierno.

De esta manera, emergen dos técnicas que atraviesan este periodo: la primera obedece al reconocimiento del entorno y ocupación por migración. En principio, la expedición botánica surge en procura de hallazgos para la explotación minera, junto a otros de tipo botánico u otros recursos para garantizar una economía articulada a una historia natural. De otra parte, la ocupación del territorio se desarrolla a partir de la migración y fundación de pueblos como centros de reclusión en zonas de frontera agrícola.

Por un lado, los indios rebeldes, junto con negros y blancos pobres, fueron destinados a las periferias de los centros urbanos para la fundación de nuevos pueblos. Esta estrategia se radicaliza al finalizar el siglo xvn, tras la fundación de no menos del 51% de los actuales municipios. Todos operan bajo la tradicional disposición simbólica de los poderes eclesiástico y civil, además de intentar, a través de estos, garantizar mecanismos de abastecimiento y comunicación para la circulación de productos y bienes (Colmenares, 1994, PP- 76). El punto central reside en la asociación que en esta técnica se establece entre el orden civil y el eclesiástico. En efecto, en la medida en que algunos pueblos aumentan su participación en la actividad productiva, la agregación institucional y territorial se hace a través de la designación de obispos. Estos últimos garantizan la unidad institucional y la sujeción al gobierno central del virreinato para, con esto, mantener la relación de servidumbre con el poder respecto al poder de la corona (Rodríguez, 2004, p. 36). De otra parte, los descubrimientos de cierto tipo de plantas, como por ejemplo la quina, tienden a definir unidades productivas no industrializadas de agricultura masiva, en las que se desplaza la población y se asignan actividades específicas acorde a dicha división social.

La primera imagen política que se establece para la ocupación del territorio es por expulsión, teniendo de base una asignación racial general que determine las relaciones sociales. No obstante, se debe aclarar que dicha estratificación social es anterior al desarrollo económico implementado por estas prácticas. Por lo tanto, no es el desarrollo de la ampliación productiva de una economía artesanal por medio de la cual se establecen las relaciones sociales, sino que, contrariamente, es bajo esta estructura social existente que se determinan las prácticas económicas. Ahora bien, la estratificación social supone un contenido racial en función de las relaciones productivas (Broseta, 2002, p. 83). De esta manera, los científicos granadinos van a tipificar tres tipos distintos de razas: en primer lugar, describen aquella traída de África como propia para el trabajo corporal y el esfuerzo físico; en segundo lugar, los aborígenes, frágiles y aptos para actividades agrícolas y de servicios y, finalmente, los blancos españoles, incluidos los criollos como sus descendientes, destinados por naturaleza para las ciencias, el arte y la política. Así, puede entenderse que el argumento de la historia natural supone la agregación de estos dos factores, define las características naturales de la población y, a su vez, designa actividades económicas relacionadas a los productos o condiciones de explotación en el territorio particular acordes al ambiente en el cual se desarrollan (Hensel, 2003, p. 144). Al admitir esta primera estrategia, las unidades territoriales productivas suponen una condición de fragmentación geográfica y de prácticas culturales, homogeneizada por la religión. A su vez, esta fractura social del espacio hace indispensable una forma de poder centralizada como mecanismo para mantener la imagen del territorio.

En este sentido, se despliega una forma del poder disciplinar como soporte a la estrategia de un tipo particular de racionalidad militar. Se hace referencia a que es el ejército quien se va a encargar, junto con la naciente policía, de dar sustento a las relaciones de intercambio comercial. Para esto, se puso en marcha un conjunto de medidas por parte de la corona para evitar un debilitamiento del ejército por abandono de los militares (Fox, 1997, pp. 67-71). La gran mayoría de los oficiales españoles retornaron a España una vez prestados algunos servicios a la colonia, generando un grave problema en la institucionalidad militar para el control del territorio. Por esto, el rey asoció el ejército a la actividad productiva, obligando a los oficiales, como condición para el retorno, a que regresaran con una suma de dinero o con dominio sobre propiedades. De esta forma, el ejercicio del control por medios de disciplina es fusionado en la dinámica productiva en la que convergen las condiciones de saber sobre las razas y el entorno, la culturización religiosa por medio de una homogenización a través de la lengua y la fe y, finalmente, la administración militar como soporte para el intercambio.

De esta manera, los niveles de análisis pueden ser definidos de la siguiente manera: el primero definiría que el discurso religioso establece una condición colectiva que parte de la imagen individual de la servidumbre por naturaleza como justificación al poder del rey, entendido este último como unidad política (García, 2005, pp. 27-29). De esta forma, la supresión de derechos individuales asociada a las disposiciones de actividades cotidianas para el trabajo definen una relación bajo el marco moral de aceptación de la autoridad con respecto a las funciones productivas. El segundo diría que las características raciales establecen distinciones y funciones sociales productivas por vía de la ciencia, lo que genera unos sedimentos de identidad social que discriminan el tipo de actividades por funciones biológicas. El tercero señalaría que los discursos militares definen la extensión simbólica que actualiza la presencia del soberano en las diferentes esferas de la vida social. El cuarto definiría que la producción de leyes articula todas las producciones discursivas anteriormente mencionadas como ordenamiento administrativo.

Ahora bien, ¿cómo se da el paso del pobre como objeto de la disciplina a los pobres como conjunto de la población para ser instrumentalizado?

El proceso se hace posible solamente gracias a la introducción del liberalismo francés a través de las reformas borbónicas. En este sentido, no es un liberalismo de primera mano naturalista, propio de una lectura directa del Contrato social. Muy por el contrario, este es un liberalismo que tiene en sus bases un intento por evitar la equiparación racial y mantener un orden social por medio de una religión natural (Thurner, 2003, pp. 89-91). De esta forma, la equiparación preserva las relaciones entre los individuos y, con ello, el pobre mantiene, en esta nueva imagen republicana, el lugar que le había sido asignado en la colonia. Sin embargo, la pobreza tendrá que ser agregada por la aparición de la ciencia económica procedente de Francia e Inglaterra y, junto con ello, aparecerán nuevos problemas de salubridad, educación, higiene y desplazamiento territorial que generan una transformación en los mecanismos y estrategias desarrolladas por el antiguo Estado colonial.

El primer punto de transformación de las estrategias de control para garantizar agregación de los individuos en la población reside en la transformación del dispositivo de la soberanía. Se hace referencia a la aparición de la figura del presidente.

La monarquía supone el gobierno como una extensión del cuerpo del rey y de sus bienes. Sin embargo, el rey se encuentra representado a través de una imagen por extensión: el virrey (Guerra, 2009, p. 37). Esto determina que la soberanía ejercida por el rey no posee una condición directa de visibilidad, lo que significa que este no es visto sino por intermedio del virrey. Esto diluye su capacidad efectiva de control al introducirse una nueva racionalidad para la producción de bienes y, particularmente, para la acumulación de riqueza. En otras palabras, el rey no puede intervenir por extensión en los nuevos espacios de resistencia generados por el desarrollo del capitalismo. Así las cosas, la figura del presidente aparece como una producción de esta nueva racionalidad, debido a que resuelve no solo el problema de la visibilidad del poder, sino su nueva racionalidad (Posada, 2006, pp. 44-46). En efecto, el Estado, como institución que busca centralizar las prácticas sobre los individuos, sigue manteniendo las condiciones de contención de las relaciones sociales. No obstante, la aparición de la presidencia supone que la resistencia que había emergido contra la poca flexibilidad monárquica, a través de ideas renovadoras, introducidas paradójicamente por esta misma, se transforma en una construcción ideológica que fractura la hegemonía del poder colonial, a la vez que es asimilada bajo las formas hegemónicas coloniales, determinando una nueva relación de fuerzas.

La población como objetivo de la producción en el capitalismo republicano

En principio, las técnicas de gobierno se pueden agregar en tres tipos de discursos generales con sus respectivas prácticas: 1) el proceso de asentamiento agrícola y la agregación de mano de obra en el sector rural, 2) el desarrollo y crecimiento de las ciudades con sus respectivas prácticas sanitarias y, finalmente, 3) el papel de las guerras civiles en la reproducción de fuerzas locales para el crecimiento de capitales locales.

Lo primero que habría que mencionar reside en la importancia que va a jugar la propiedad de la tierra en los sectores rurales. En efecto, la posesión de territorios para la producción agrícola no se da por acumulación natural de capital, sino por dos medios específicos: la expropiación por la fuerza y la concesión de tierras baldías por parte del Estado. En este sentido, el Estado se encarga de preservar e incrementar la tenencia de la tierra en vastas extensiones de territorio, como mecanismo de retribución a los militares que jugaron un papel decisivo en las guerras de independencia (Rojas, 2008, pp. 296-312) Esto es fácilmente explicable debido a la necesidad de garantizar control de la población y del territorio bajo una estructura conocida y asimilada al interior de las instituciones políticas: el ejército. Así, la concesión de tierras y títulos de propiedad garantizaron, por una parte, la preservación de un tipo de control ante la debilidad institucional para preservar el orden y, por otra, permitieron establecer un mecanismo de crédito público en función de intereses privados.

Siguiendo esta argumentación, el Estado se funda bajo la concesión a privados de los recursos públicos, de manera que se pretende instaurar una fórmula para contener la guerra civil a través de beneficios por tierras. Este mecanismo intentó garantizar con ello la preservación de castas sociales y el nacimiento de otras e, igualmente, renunció a la imagen del bien común por distribución de los recursos públicos. El Estado, por tanto, pasó a ser un agente para la distribución privada de bienes, siendo este su único recurso para distribuir en el territorio los grupos poblacionales.

Lo segundo que habría que mencionar es la forma de producción. Este desarrollo del capitalismo no buscó una industrialización y diversificación económica, sino la preservación de una hegemonía territorial. Es por esto que el interés no residió en un crecimiento a través de una transformación de los medios de producción, sino en el desarrollo de cultivos no diversificados a gran escala. Ahora bien, si la tierra concedida es una porción de soberanía dada a un privado, ello instituye una representación local del poder con un amplio nivel de autonomía, el cual fija las condiciones de dicha producción (Tirado, 1982, p. 21). Una muestra de que no hubo diversificación económica reside en la importancia que tiene el comercio exterior en este tipo de producción. El comercio exterior y los monopolios marcan entre el 70% y el 86% del total de los ingresos del Estado entre 1837 y 1860. De igual manera, se puede comprobar tomando como referencia el año de 1875, en el que la caída en la producción de tabaco por ausencia de tecnificación del proceso en un 19% en el total de las exportaciones fue suplantada por el desarrollo del cultivo del café, que tuvo un crecimiento sostenido hasta de un 17% y 19% durante diez años. De esta manera, se suplanta el tabaco por el café, sin necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y con la ventaja de una supresión de impuestos. Es decir, el recaudo que no ocupa un peso importante en los ingresos del Estado no proviene de los terratenientes, sino que el grueso de la actividad económica recae sobre los ejércitos de campesinos obreros que se encuentran en el centro de la producción agrícola (Kalmanovitz, 2001, pp. 53-62). Otra evidencia de esto es la caída de los salarios y el número de población involucrada en la producción agrícola. En 1800, el salario real promedio al año era de $312. Para 1850, se redujo a $282, contrario a todos los países latinoamericanos. De igual modo, desde 1852 hasta 1870, el porcentaje de población en trabajos agrícola y actividades similares fue de 52,4%. Solo el 0,6% corresponde a trabajos profesionales. Esto significó grandes ejércitos de obreros rurales contenidos en las haciendas en función de este modelo de producción económica. Finalmente, a este punto, la abolición de la esclavitud no alteró de manera significativa esta estructura de producción debido a la alta dependencia para la subsistencia por parte de la población campesina (Ocampo, 1998, p. 72).

De otra parte, el desarrollo urbano supone un cambio en esta comprensión del pobre. Como se ha venido mostrando, existe una comprensión del pobre en la producción agraria, pero, de igual modo, con el crecimiento de las ciudades, el pobre urbano tiene también sus particularidades. Las estrategias del discurso liberal sobre el desarrollo supusieron tres tipos de prácticas. La primera de estas es el inicio de una política para la creación de barrios para obreros (Vanegas, 1892, p. 118). Si bien esta política no se desarrolló totalmente en el siglo XIX, tiene sus inicios en dicho periodo. Si se observa que la base artesanal en 1870 era de 23,3%, incluidas las mujeres, para 1892, la misma población es de 34,6%. Ahora bien, el crecimiento demográfico es sostenido en un 1,796 por año, lo que indica que existió un desplazamiento a este sector económico no solo por el aumento de la población a nivel urbano, sino por la ocupación de un mercado de bienes primarios y servicios en las ciudades (Ocampo, 1998, p. 68).

De esta forma, los asentamientos de obreros y artesanos juegan un papel importante en las políticas de Estado. Como lo muestra Carlos Noguera, la racionalidad sobre la necesidad de barrios comienza al finalizar el siglo XIX y se extiende y materializa en las primeras décadas del siglo XX. Su característica es la educación de la familia con propósitos productivos y la localización de la población con bajos niveles salariales para el control de enfermedades (Noguera, 2003, pp. 122-125). De esta manera, se extendió un manejo del espacio y, con ello, las condiciones psicológicas para reafirmar su condición obrera. El control del alcoholismo y la familia reproductiva, con el debido control de la promiscuidad, se convierten en la finalidad del Estado. Esta práctica liberal desarrolla un tipo particular de producción de subjetividad con características raciales. En efecto, las prácticas religiosas morales sobre la buena familia se fusionan con las eugenésicas, que son orientadas a evitar la degeneración racial retomada por el determinismo geográfico interpretado en la obra de Darwin.

Una muestra de este proceso es la posición de Jiménez López durante la segunda década del siglo XX, la cual recoge las percepciones que se habían desarrollado desde los tiempos de la independencia: ampliar la base blanca para controlar las pasiones enfermizas de la raza nacional y formar ciudadanos útiles. Así, la degeneración por alcoholismo y prácticas sexuales indiscriminadas en las ciudades ponían en crisis la estructura social de este tipo de desarrollo económico (Villegas, 2005, pp. 222-228). Si bien estas prácticas políticas se desarrollan después de la regeneración implantada por Núñez, las necesidades y primeros indicios de ellas se gestan durante el siglo XIX. La muestra de esto reside en las políticas para el control de epidemias. En 1877, la estrategia estuvo orientada a la construcción de acueductos y, en 1886, apareció la primera gran reglamentación de la salud pública con la junta central de higiene y la prevención de enfermedades epidémicas (Flórez, 2008, p. 114). De igual manera, el comportamiento de las tasas de natalidad y mortalidad en las ciudades tendió a tener un comportamiento estable. A mediados del siglo XIX, las cifras de mortalidad alcanzaron un 56% y su reducción fue de hasta un 16% al finalizar la centuria. Es importante aclarar que los censos sobre la población fueron hechos a partir de 1870. De igual manera, las prácticas centralizadas sobre la higiene se concentraron mucho más bajo la consolidación de un sistema político centralizado con un fuerte poder presidencial.

Otra práctica sanitaria importante para analizar cómo se multiplican las identidades sobre el pobre es el control de la prostitución. En efecto, la prostitución durante la primera mitad de siglo XIX se encontraba encerrada en las casas sin ningún tipo de control específico (Urrego, 1997, pp. 68). Sin embargo, durante la segunda mitad de siglo, el desarrollo de las ciudades por la expansión del mercado doméstico y el flujo de los desplazamientos de mano de obra agrícola a las ciudades fruto de las guerras trajo consigo ejércitos de mujeres pobres que hicieron de la prostitución un fenómeno visible. Un ejemplo de ello es Bogotá, que pasó en 1870 de 40.883 habitantes a 95.813 en 1895. Este crecimiento con el flujo de mujeres pobres determina la prostitución como un problema de carácter específicamente urbano, el cual posee no solo dimensiones de salubridad sino también morales y policivas. En lo concerniente a la salubridad, el aumento y contagio de la sífilis fue una meta que el gobierno intentó controlar. De otra parte, en cuanto a lo moral, la prostitución se convirtió en una amenaza contra la estabilidad familiar, además de la propagación del contagio. Finalmente, lo policivo se reflejó en la medida en que no se tuvo claridad sobre el tipo de medidas que debían ser implementadas.

El contexto del capitalismo mundial en las últimas décadas del siglo XIX estableció un mecanismo de ingreso de la economía colombiana. A este respecto, no solo en lo que se dijo anteriormente referido a la producción agrícola, sino también en todo lo concerniente a la alta deuda externa que había dejado el proceso independentista (Wilson, 2004, p. 173). En este sentido, la relación entre deuda y estabilidad política determinó unas nuevas lógicas en las esferas de gobierno y, con ello, medios y objetos del poder. Las tensiones entre los poderes regionales, a la vez entre estos con el poder central, definieron la fragilidad política del presidencialismo como forma de control sobre la población o como dispositivo de una racionalidad política particular. En efecto, los poderes regionales, ante la ausencia de la centralidad del gran líder militar que establece la unidad por representación del temor, iniciaron un proceso de suplantación y establecimiento como condición de la vida política en las regiones, relegando con ello la capacidad de influencia del poder central. De esta manera, se establecieron redes de clientes con características particularmente políticas como otra forma de acumulación de capital (Tirado, 1976, pp. 104). En este sentido, las dinámicas que se desarrollaron a nivel regional suponían una autonomía en las regiones debido a la fuerte influencia del liderazgo del caudillo regional y la debilidad fiscal del gobierno central. Las fuerzas autónomas regionales con sus respectivos líderes, el aumento de las relaciones de clientes y del poder autónomo regional por acumulación del valor y el poder de la tierra en los procesos de producción agrícola fueron conjuntamente los elementos que causaron una crisis profunda en la capacidad de control central por parte del presidente, como figura centralizada del gobierno con respecto a los líderes regionales. De esta manera, un presidencialismo fuerte supuso una pacificación interna y el control de la economía, además de la administración de la mano de obra. En efecto, las guerras fueron financiadas por los caudillos locales quienes poseían tres instrumentos 1) tierra, lo que supone control hegemónico local; 2) ganado y aves de corral como recurso alimentario, así como medios de transporte como caballos y mulas; 3) hordas de campesinos, quienes pueden actuar como empleados agrícolas al igual que ejércitos. Sin embargo, no fue tan feudal como se puede pensar, debido a que los fines de la guerra suponían el control de medidas económicas en las lógicas del capitalismo. Es por esto que la guerra reproduce la hegemonía local (Tirado, 1976, pp. 109). De esta forma, una vez ganada la guerra, la cual debe ser entendida como una forma de inversión a corto plazo, se recuperaban los recursos de financiación a través del control del Tesoro Nacional y, por supuesto, un mayor aumento o distribución reticular de tierras en las zonas de control. Es decir, los grupos dominantes suponían unas compensaciones en especie (terrenos baldíos y concesiones), además de notas de deuda interna (Tirado, 1982, p. 88). Como se entenderá, el nivel de tributación supone el centro de esta economía estatal. Así, los terratenientes asumieron rápidamente el control y capacidad local a través de medios de exclusión social y presión indirecta sobre las grandes bases obreras, artesanales y de base agrícola.

Ahora bien, la internalización del pobre como agente de esta estrategia de desarrollo de poderes locales supuso un mecanismo legal de indexación no autónoma. Como política de Estado, existieron dos tipos reclutamiento: uno de forma colectiva por leva y otro de manera individual o selectiva. El primero suponía la recogida de los peones de haciendas, minas, trabajadores de zona selvática y niños en grandes grupos humanos que eran llevados amarrados a los lugares en donde recibían mínima instrucción. Generalmente, sus familias les seguían a los pueblos vecinos constituyendo una forma regular de desplazamiento y reclutamiento a la fuerza. El segundo buscaba individuos que, por su comportamiento, se les catalogara de vagos, solteros de conducta escandalosa, los de malas costumbres a la sociedad o crímenes sexuales, los solteros que no prestaban auxilio a sus padres, solteros sin padres, casados quienes abandonaron a sus esposas o vivieran con mujeres sin el debido matrimonio católico o casados o viudos que abandonaron a sus hijos, etcétera. Estas personas se hallaban a través de denuncias de vecinos y por intermedio de los jefes de policía (Castrillón, 2006, pp. 114) y se encontraban en función del líder político o caudillo que va a ser centralizado en la Constitución de 1886. Las diversas producciones subjetivas del pobre, sean estas rurales o urbanas, van a estar en función de la preservación de la soberanía. Así, los sujetos que están en la periferia de las formas del poder por la producción de discursos, bien sean leyes, teorías científicas u otras prácticas, son el punto de referencia del liderazgo político. Ello se debe a que son conformados como objetos visibles que justifican la imagen de la crisis nacional para una centralización y robustecimiento del poder presidencial. Esta racionalidad de gobierno determinará la gramática de la nueva hegemonía política en Colombia durante el siglo XX.

El origen del concepto social: el pobre como objeto de la política pública

El siguiente desplazamiento del análisis debe suponer la lectura sobre la reproducción de condiciones económicas referidas a los mecanismos establecidos en la figura del presidente. El cambio en la racionalidad de gobierno supuso una recomposición y transformación del sujeto población. En este sentido, se abordará el análisis del mecanismo biopolítico durante el siglo XX a través de tres grandes ejes: en primer lugar, a partir del cambio de herramientas como la estadística se establece un desplazamiento del discurso político fundado sobre la imagen de la soberanía, en su sentido jurídico, hacia su comprensión económica (Vega, 1990, pp. 56-59). Por esto, es posible entender que, durante el siglo xx, desaparece la guerra civil y la aparición indefinida de constituciones, centrando el problema en el desarrollo de la infraestructura para la producción, como nuevo espacio de conflicto.

En segundo lugar, el desplazamiento por la violencia rural hacia las ciudades y la nueva ubicación y la diversificación del significado sobre el pobre. Particularmente, se debe anotar que este desplazamiento hace emerger el discurso técnico en las formas del gobierno. De esta forma, el desarrollo del discurso técnico es realizado por medio de las herramientas de la economía, las cuales diseñan una nueva imagen de las instituciones políticas. Así, el discurso emergente sobre lo social desplaza una significación con respecto al concepto "público" como lugar de intervenciones en la población.

Finalmente, en tercer lugar, el desarrollo del neoliberalismo y la industria del narcotráfico. Este último proceso constituye un nuevo tipo de subjetividades emergentes, a través de imágenes específicas. En otras palabras, instituye formas y disposiciones del poder y su relación directa con las instituciones políticas, especialmente con la estructura presidencial. Sin duda, lo que se debe atender en esta parte es: ¿cómo la economía del narcotráfico genera un nuevo diseño de las instituciones políticas? y ¿cómo pueden ser vistas a través de las subjetividades emergentes, particularmente criminarles, construidas por el poder?

La internalization de la guerra como política es un lento desplazamiento a la constitución de la forma de la administración pública. De esta forma, se pasa del sujeto combatiente, en la oposición militar antes anotada, y se instituye el sujeto subversivo, el cual es el obrero trabajador que busca reivindicar sus derechos. En forma más específica, este nuevo sujeto obrero es constituido como enemigo por parte de los gobiernos conservadores, a partir de dos herramientas discursivas: 1) el discurso del orden como hegemonía natural y disposición de los objetos en diferentes clases y categorías (incluidas las personas), 2) el uso por parte de este discurso del término "bolchevique" para establecer una condición moral contraria a la nación, particularmente como traición a la patria, es decir, como subversión (Sowell, 2006, p. 72). El proceso de administración de la población, posterior a la hegemonía conservadora, tiene una característica central: el cambio de la racionalidad económica entendida como modernización.

La pacificación del territorio supone ahora una nueva forma de internalization de la guerra, pero en la población y con otras prácticas que hagan productivo al poder en su sentido material estricto. Es por esto que se entiende el cambio en el ejército y la policía debido a que las reformas a través de los dispositivos de control definen los fundamentos de las reformas posteriores. De esta manera, se aniquilan formas de sublevación o intentos de luchas sociales con tendencias revolucionarias para transformar las relaciones de fuerza. Esto último está bien resumido en los procesos de insurrección social y movimientos emergentes a partir del siglo XX que, con la masacre de las bananeras, definen una gramática de acción del poder presidencial. Así, el presidente pasa de ser una figura solamente jurídica y orgánica, para convertirse en un administrador y regente de la población y los recursos del territorio.

Aclarado esto, la población como objeto de control por la práctica militar debe convertirse en productiva (Sanders 2009, p. 174). El Estado se moderniza en función del desarrollo, lo que supone que, con nuevas instituciones militares, la población debe ser contenida. De esta manera, el objetivo del desarrollo toma al ejército como herramienta y a la familia como objeto de gobierno. En efecto, el nuevo sujeto emergente como referencia del desarrollo es la familia y esta será intervenida a través de discursos respecto a los valores sociales, incluida la religión. Es por esto que se establece un discurso sociológico de la familia como unidad y fundamento de la sociedad en que toda ella entra en las dinámicas productivas. Así, la familia es un gran sujeto homogéneo que es lentamente insertado al interior de las instituciones políticas y diferenciado de las clases dirigentes a través de su papel en el esquema de modernización de la sociedad como soporte del nuevo concepto de trabajo. De esta forma, se hace un discurso sobre la familia obrera y unas prácticas particulares sobre ella, mientras que, por otra parte, existen las familias propietarias o élites sociales que no poseen distinción alguna (Zambrano, 1995, p. 82). Se hace referencia a que la clase política es la misma clase económica, de manera que el Estado, los partidos políticos y los empresarios formaron una sola élite social.

En efecto, la consolidación de los ya mencionados barrios obreros a partir del nacimiento de las oficinas de urbanismo y salubridad estableció una relación directa con el sistema bancário. Así, la vivienda popular fue el objeto del desarrollo de la banca, quien convirtió al obrero en sujeto de crédito. En este sentido, se presentó un cambio sustancial y una nueva delimitación en orden al poder administrativo. Se hace referencia a la diferencia que para el gobierno, y su extensión a través de los bancos, se hizo entre obrero y empleado. Dicha diferencia es una esencial: el obrero, como beneficiario del gobierno, del "empleado", el cual solo poseía un contrato de trabajo y, en términos del Banco Central Hipotecario, no ahorraba (Kalmanovitz, 2001, p. 145). Así, el obrero había alcanzado la protección y garantía de un aparente soporte financiero por el sistema corporativo realizado por el gobierno de López Pumarejo, quien había reglamentado horarios de trabajo, apertura a movimientos sindicales, pago de horas extras y condiciones mínimas de seguridad social y derecho de huelga. Esta prestación de beneficios instauraba una nueva forma de clientela en las relaciones entre el gobierno, representado en la figura del presidente, y el sujeto colectivo obrero. Muestra de esta relación de lealtades entre gobierno y corporativismo obrero fue el intento de golpe militar por parte del coronel Diógenes Gil en la ciudad de Pasto. Fueron muchos los obreros con grandes manifestaciones que defendieron el orden constitucional del presidente, al igual que otras muchas demostraciones de apoyo durante los diferentes intentos de renuncia por parte de López. En este sentido, la relación de clientela tenía un seguro para la preservación de la hegemonía presidencial: se sostiene no solo en el control de los ejércitos oficiales, sino en nuevos ejércitos de obreros que transforman la relación de fuerzas en términos de poder real.

El sujeto colectivo obrero es creado como horma de blindaje de los poderes militares residuales. Sin embargo, este sujeto "obrero" no es constituido por una comprensión de clase o un discurso de autonomía y derechos propios del desarrollo del capitalismo. Paradójicamente, el Estado y la forma de gobierno presidencial es quien instituye dicha constitución a través de una "revolución" hecha por parte de la burguesía financiera. En efecto, las clases dirigentes observan que en el proceso de modernización liberal, uno de los mecanismos para su subsistencia en el desarrollo del mercado internacional y pasada la crisis de 1929, reside en la necesidad de constituirlo como tal. Se hace referencia a que las producciones discursivas instauran una identidad obrera desde el orden gubernamental, es decir, es un obrero en función del Estado y para la supervivencia de este.

Aunque parezca contradictorio, esta armonización de las tensiones de fuerzas produce simultáneamente la clase obrera al igual que el nuevo rostro del delincuente. De otra manera, las reformas sociales contienen la reforma al código penal, esta última muy poco vista. ¿Cuál es la relación de esta constitución obrera junto a la reforma del derecho penal con respecto a una economía que desemboca en la violencia en tres periodos de violencia?

El Código Penal de 1936 estableció penas principales en las que concebía sanciones en dinero además del arresto (art. 41). Adicionalmente, contó con penas accesorias, como la prohibición o suspensión de un ejercicio profesional, pérdida de la pensión o jubilación de carácter oficial y, muy particularmente, desplazamiento por sentencia judicial a colonias agrícolas (art. 42). De otra parte, se diseñaron medidas de seguridad dentro del discurso psicológico y, nuevamente, el traslado a colonias agrícolas por enajenación mental. Así, el código desplaza a los locos, borrachos o delincuentes a zonas de frontera con una finalidad educativa para el desarrollo material de la economía. Es decir, establece una economía de gobierno en la que lo punitivo adquiere una condición productiva. De esta manera, los delitos contra la propiedad son objeto penal y no del derecho civil. Incluso, se instaura aquello que antes no había sido tipificado por sanción, como el robo (art. 402). Así mismo, existió un doble desplazamiento como práctica de gobierno (República de Colombia. Ministerio de Gobierno, 1939, p. 219). Por una parte, una importante migración y éxodo de campesinos hacia las ciudades a causa de la violencia, industrialización y condiciones de urbanización hacia las grandes ciudades. Por otra, se desarrolló un desplazamiento de "delincuentes", antisociales, enfermos mentales y prostitutas a los sectores rurales de frontera. De esta forma, los sectores rurales se convirtieron en zonas de frontera entre lo legal e ilegal, a manera de límite que dividía lo normal de lo anormal.

Por esto, el elemento que cataliza la violencia contenida por la internalización de la guerra realizada por el Estado planificador es la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en el año de 1948, debido a tres grandes razones: 1) la primera obedece al entorno económico o crisis del Estado administrador, causado por los altos aranceles para la industria y la agricultura que mostraron la crisis interna del Estado para administrar las desigualdades. Por ejemplo, la caída de la matriculación en 12% en menos de dos años, junto con la contracción del PIB de 9,0 a 3,1 en los mismos tres años, caída de los salarios en las ciudades, aunque no significativa si presenta reducción de $710 a $610 entre el año de 1948 y 1952 (Kalmanovitz, 2001, p. 152). Pero, sin duda, los dos datos más importantes son la reducción del valor del jornal rural, que pasa de 1945 a 1948 de 40% a -5%, con una recuperación leve al 6%, pero nuevamente una caída en 1949 a -15%. En este sentido, el contexto de desaceleración económica muestra que el Estado no puede controlar con un modelo fundamentado en Keynes las fuerzas económicas, lo que significa una crisis en la correlación interna de fuerzas anteriormente armonizada.

Estas prácticas económicas suponen el aumento de la crisis social en los sectores urbanos. En efecto, las violencias rurales aumentan el desplazamiento a las zonas urbanas. El censo de 1964 muestra que el 71% de los hombres entre los 15 y 64 años eran migrantes de las zonas rurales. En este sentido, no existió un desplazamiento de mano de obra por modernización industrial, comportamiento tradicional del desarrollo del capitalismo industrial. Este desplazamiento por violencia imprimió otra lógica del desarrollo de las actividades productivas en la ciudad (Runge, 2005, p. 134). En este sentido, la densidad de la población urbana generó un desajuste en la débil economía obrera de los años treinta. Los barrios de migrantes rurales generan cinturones de miseria en la periferia de las ciudades, en los cuales se replican ciertas lógicas rurales como relaciones sociales de patronazgo y otro tipo de liderazgos específicos. De igual modo, la familia campesina migrante sufre una transformación en la ciudad, particularmente causada por vías informales de subsistencia, es decir, el aumento y especialización de la delincuencia. El elemento central en los sectores de población marginada traen el recrudecimiento de la violencia social en las ciudades y el aumento de economías informales y delictivas. Así, se establece un límite entre la estructura urbana formal y otra informal en la periferia de la ciudad por las prácticas de la migración forzada (Noguera, 2003, p. 149). Ahora bien, lo sectores migrantes que logran incorporarse al mercado de trabajo en las ciudades son ocupados lentamente en un sistema de economías de escala. Las lógicas de concentración y tratamiento obrero en grandes estructuras industriales poseen lógicas de producción y de reclutamiento obrero. De igual modo, los nuevos barrios se hacen según la instrucción de Le Corbusier. Pequeños lugares de habitación de la nueva familia obrera, destinados exclusivamente para descansar, debido a que el espacio vital se encuentra en la fábrica y no en las casas (Runge, 2005, p. 139). Así, es posible afirmar que, en esta relación, la ciudad reproduce una forma particular de relaciones económicas y de producción interna entre lo legal y lo ilegal (formal/informal) y, de igual modo, la pobreza rural produce un proceso de adaptación dentro de esta misma lógica: la ambivalencia jurídica. Con esta relación de producción de individuos, se hace referencia a la especialización tanto del obrero como del delincuente. Por otra parte, la transformación del colono y la tecnificación del terrateniente van a generar un cambio de las relaciones productivas y, con ello, un reajuste del Estado en un nuevo sistema de políticas durante los últimos veinte años del siglo XX, en síntesis, la crisis de la planificación del modelo keynesiano.

La esquizofrenia institucional: la guerra en medio de la pobreza agraria y la contención urbana de la anormalidad

La crisis institucional con la que se desarrollan las dos últimas crisis del siglo XX de las instituciones políticas colombianas obedece a una mutación permanente de los factores que ya se han mencionado: la poca capacidad de las instituciones para controlar el territorio y, consecuentemente, la aparición de una relación de poderes legales e ilegales en la periferia regional. De igual modo, la fragilidad en la producción jurídica y, particularmente, la capacidad de articular la legislación a los procesos vitales de la población por medio de una lenta comprensión y poca tecnificación del aparato legislativo. Se suma a este mismo punto la incapacidad para la aplicación de la ley, la disfuncionalidad del aparato judicial y la irrupción del sistema de clientelas al interior del poder legislativo. Finalmente, se unen las dinámicas de desarrollo de un capitalismo no modernizado suficientemente, una economía dependiente de la inversión extranjera que el modelo keynesiano no pudo controlar y la violencia ilegal ligada a los sistemas de producción urbanos y rurales.

Así, la fragmentación regional y el aumento en escala de un conflicto armado que intentarán reagrupar las fuerzas en dos sectores (insurgente y estatal) durante las últimas tres décadas no resultarán ser viables en el mediano plazo. En efecto, los conflictos y las violencias sociales en procura de mecanismos de reconocimiento social desbordarán las violencias en función del desarrollo económico, no solo de las economías legales sino también en las ilegales.

A pesar que en este apartado no se aborda directamente la violencia, se analiza como una composición anexa a las medidas económicas del Estado durante la última década del siglo XX (Fajardo, 1986, p. 112). En otras palabras, la mutación de la crisis recurrente va a generar una crisis de la imagen institucional, particularmente, de la figura presidencial. Ello debido a que debe ser entendida esa composición simbiótica que desde el inicio de este trabajo se planteas entre Estado y figura presidencial. Así, ante la incapacidad del Estado, deviene la crisis de la imagen presidencial.

En este sentido, la disfuncionalidad del sistema político reprodujo una permanente producción de sujetos en espacios muy delimitados como objetos de gobierno. Esta constante obedece a dos modelos específicos que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad. Sin embargo, la producción de estrategias específicas sobre la población sufre una transformación a partir de los años ochenta. La racionalidad sobre la planificación es cambiada por una sobre la gobernabilidad. En términos específicos, con el informe de la Comisión Trilatéral y el consenso de Washington, la política colombiana introduce una racionalidad de gobierno a partir de la simulación administrativa de tipo gerencial como marco de políticas públicas. La emergencia del neoliberalismo supone unas causas específicas y, por ende, una forma particular de producción del pobre como subjetividad política (Fals, 1985, p. 88). En efecto, la pérdida de control sobre el territorio y la población por la reproducción no controlada de las violencias desarrolló poca capacidad administrativa por parte del Estado. Esto se traduce en un aumento de la disfuncionalidad institucional para procesar las crisis sociales, además de la concentración del poder en pocos actores políticos. Sin duda, el control del gasto público desplaza al gasto en políticas sociales, las cuales habían buscado mecanismos de segmentarización y clasificación de grandes superficies de la población. De esta manera, el neoliberalismo introduce en Colombia la necesidad de un Estado mínimo para políticas sobre la pobreza, desplazando el gasto a la necesidad del control social a través del problema de la seguridad. Eliminar la confrontación y la oposición social es un nuevo objetivo político. Para ello, la tendencia de despolitizar la sociedad en busca de otra forma de legitimidad política abre paso a un nuevo proceso de individualización dentro de la sociedad (Oquuist, 1978, pp. 76-79). El papel de los medios de comunicación y las relaciones interpersonales entre el espectador y el líder político definen la imagen de una nueva racionalidad de gobierno. Allí se encuentra centrada la primera gran ruptura con la primera tradición administrativa de carácter general de la población. De esta forma, el neocorporativismo como segmentación mucho más específica en microespacios, la predominancia de la imagen como nueva forma de discurso entendida como un síntoma de neopopulismo, la necesidad de un liderazgo mucho más conservador y nacionalista y las reformas en busca de una nueva institucionalización política pueden ser resumidas en lo que Alfredo Vásquez Carrizosa denominó como presidencialismo imperial.

Anteriormente, se habían expuesto las formas de migración del campo a la ciudad por causa de violencias y guerras internas. El común denominador obedeció explícitamente a la consolidación de hegemonías locales, las cuales tienen como base una consolidación del control del territorio por medio de la apropiación de grandes extensiones de tierras. Es indispensable anotar que la apropiación de la tierra en la forma de hacienda supuso también el control de la población, en la que se desarrolló una hegemonía funcional al sistema productivo agrícola y a una correlación de fuerzas frente a otras hegemonías nacionales (Fajardo, 1986, p. 132). Sin embargo, en el espacio rural colombiano al finalizar la década de los ochenta, empieza un fenómeno llamado desplazamiento forzado. Ahora bien, si las condiciones del desarraigo y la apropiación violenta del territorio poseen rasgos similares, la pregunta que debe hacerse es: dentro de dicha continuidad de la migración, ¿cuáles son las transformaciones que establecen una ruptura con el pasado e instauran un nuevo dispositivo biopolítico en este nuevo desplazamiento?

Lo primero que habría que mencionar es que el desplazamiento obedece a la crisis de control estatal del territorio, la cual lleva al diseño de prácticas de lucha contrainsurgente diseñadas por Estados Unidos durante la década de los setenta. En este sentido, la aparición de ejércitos privados como auxiliadores de las fuerzas regulares desarrollan técnicas de control del territorio (Lair, 2001, p. 55). El desplazamiento forzado se convierte en una estrategia de producción económica, en cuanto tiene tres propósitos específicos: 1) desarrollo de inversión del capital privado de inversionistas internos y de multinacionales por apropiación de recursos naturales específicos, lo que se debe a expulsión y posterior apropiación a partir de los vacíos jurídicos sobre la propiedad o la venta por un precio inferior al costo real de la propiedad; 2) rutas estratégicas para el tránsito de narcóticos hacia lugares de embarque o zonas de cultivo de coca y amapola, lo que supone una permanente confrontación entre grupos paramilitares y de guerrilla, y 3) políticas y estrategias de contención en medio del combate de uno o varios actores, que usan a la población como escudos humanos al interior de las tácticas militares.

Lo primero que habría que decir sobre la funcionalidad del desplazamiento como una táctica de poder está resumido en la producción legal. En efecto, muchos de los pequeños propietarios poseen tierras de reserva forestal o zonas en las cuales la titulación por parte del Estado no estaba debidamente legalizada. Esto supone que la propiedad se encuentra ante una inestabilidad jurídica, lo que promueve la intervención de actores armados para la apropiación estratégica de los territorios. Esto no solo trae la migración de los pobladores, sino la inserción de algunos nuevos migrantes, en menor medida que los expulsados (Bertrán, 2006, p. 344). Así, se establecen unas bases sociales y redes de servicio para dichas organizaciones armadas. Por otra parte, el desplazado por la violencia durante la década de los ochenta y principios de los noventa es inexistente para el Estado. Esto explica que el primer proceso de expulsión no se encuentra muy bien documentado. Sin embargo, a partir de 1997, la ley que hace posible la política de atención a la población desplazada determina al expulsado como un actor social particularmente segmentado en el conjunto de la sociedad. De esta manera, el Estado reglamenta quién es desplazado jurídicamente y quién no lo es. En segundo lugar, no tipifica el desplazamiento como delito, de forma que, bajo el marco del conflicto armado interno, no se visibiliza al victimario, mucho menos a los agentes productores del desplazamiento (Rivas, 2008, p. 32). Así, la inconsistencia legal es una primera razón explicativa de la funcionalidad del desplazamiento como estrategia geopolítica de los actores armados.

La segunda razón explicativa reside en la política gubernamental de desarrollo agrario. Durante los últimos veinte años, la concentración de la tierra se ha convertido en un factor para el desarrollo rural en Colombia. Los grandes proyectos productivos de palma africana, insumos para el etanol como la caña y el maíz y recursos energéticos como el mercado del petróleo o las conexiones de redes y gasoductos son muestra de este fenómeno. Como referencia, se pueden contar los casos de desplazamiento y masacre de los indios kankuamos, los uwa, las comunidades campesinas en el sur de Bolívar y, especialmente, el desplazamiento de zonas como Cerro Azul, Mico Ahumado. Otra referencia se halla en la región de Córdoba, con las comunidades indígenas, mestizas y campesinas de Montes de María, relacionadas con las masacres de Chengue y El Salado. Adicionalmente, no se pueden dejar por descontadas las masacres y desplazamientos de las comunidades negras en las zonas del Atrato y el Bajo Baudó, en las que empresas de tala extensiva de bosque y multinacionales para la producción de papel se encuentran en muchos casos vinculados (García, 2004, pp. 69-71). De igual manera, en el Urabá antioqueño, el papel de Chiquita Brand y otras empresas asociadas a la producción de banano. De otra parte, el pago de servicios de protección y otros apoyos de empresas nacionales y multinacionales a los grupos de Autodefensa, las cuales, según las confesiones de los líderes paramilitares desmovilizados, contribuían al control territorial no solo en la esfera productiva, sino en la circulación de los mercados de servicios y transporte de mercancías. A esta larga lista, se suman los apoyos de ganaderos, quienes aumentaron la concentración de tierra para el pastoreo de ganados, grandes terratenientes quienes adelantan proyectos agrícolas extensivos y otros, como narcotraficantes, quienes aseguraron zonas de selva y bosque tropical para el cultivo de extensas plantaciones de coca. Es importante anotar que la política implementada a través del Plan Colombia supuso un enfoque militar sobre el social, de forma que se han incrementado las confrontaciones rurales con grupos insurgentes y de paramilitares, lo que ha significado que un 37% de los desplazados huyan por temor, el 29% por enfrentamientos directos y el 8% por fumigaciones a cultivos ilícitos (Vélez, 2000, p. 119).

Así, al finalizar el 2008, solamente el 0,4% de los propietarios acapara el 61% de las tierras cultivables. El coeficiente de Gini para la medición de distribución de tierra en Colombia llegó a ser de 0,74. Los paquetes de leyes y reformas en el campo durante los dos últimos gobiernos han promovido el desmonte de subsidios para el pequeño campesino. La estrategia gubernamental se concentra en aumentar las condiciones de ingresos anuales, de forma que se puedan generar una concentración de incentivos en un modelo económico agroexportador desde unidades agropecuarias extensivas. De esta manera, la relación establecida entre desplazamiento y acumulación de tierra en el sector agrario obedece necesariamente a lo que muchos analistas denominan como "contrarreforma agraria" (Parra, 2003, p. 174). Esto supone un papel de mayor decisión por parte del ejecutivo para fomentar el desarrollo de empresas agroindustriales. De esta forma, la relación entre el desarrollo de los poderes agrícolas locales, que generalmente se encuentran representados por el proceso de transformación de las grandes haciendas en unidades empresariales, se establece directamente con el poder central. Así, la relación económica y de influencia política es establecida sin mediaciones institucionales.

Ahora bien, ¿cómo funcionan en los microespacios vitales el desplazamiento forzado como estrategia biopolítica?, ¿de qué manera se fusionan el pobre rural con el urbano a través del desplazamiento forzado?

Los espacios de control poblacional operan en las zonas de recepción, las cuales generalmente son ciudades intermedias y grandes. Por otro lado, a partir del 2003, se han generado zonas de confinamiento rural por parte de los actores armados (García, 2004, p. 68). Es decir, la gente es expulsada de sus tierras y confinada en sectores periféricos de las mismas regiones. Esto con el propósito de no permitir la visibilidad del fenómeno. También, se presenta desplazamiento por causa de actores armados en las ciudades, estableciendo como campo de confinamiento los sectores más empobrecidos de la ciudad, generalmente las zonas de frontera urbana a donde llega el gran número de la población desplazada.

La estrategia en los sectores urbanos puede ser ejemplificada siguiendo el caso de Bogotá, como la ciudad que recibe el mayor número de desplazados del país. Según cifras del gobierno local de Bogotá, durante el último año, entraron al perímetro urbano cuarenta familias por día (Mencoldes, 2006, pp. 17-19). El primer procedimiento es la contención en un albergue, el cual no es visible y en algunos casos se ponen barreras de protección. En segundo lugar, no se prestan condiciones de habitación, salud y alimentación suficiente o básica. Es decir, una correlación de confinamiento del que se puede salir, sin embargo, dentro del marco de la ciudad, lo que no supone un lugar a dónde ir. Tercero, se promueve una judicialización de líderes por acciones de protesta fuera del marco legal, lo que significa que se reduce la capacidad de asociación y negociación de dicha población con la estructura estatal. Cuarto, no existe al interior control policial, lo que supone un espacio de suspensión de la ley a pesar de que existan fuerzas policivas. Quinto, se prohibe el ingreso de la prensa y de donativos de particulares para mantener la contención de la diseminación de estos grupos. Eliminada la organización, y ante el agotamiento de la población por las condiciones de subsistencia, son llevados en buses a zonas de periferia de la ciudad en asentamientos de barrios en miseria (Uribe, 2004, p. 134). Se mencionan los casos donde existe acumulación de desplazados y, por ende, protestas. En los casos particulares, los desplazados por familia entran directamente a las zonas de periferia y las probabilidades de subsistencia están demarcadas por la mendicidad, la prostitución directa, los trabajos de servicio en la construcción, la delincuencia y otros afines.

En las zonas rurales, los campos de contención por actores armados funcionan en condiciones similares. Las diferencias están marcadas por el reclutamiento en los grupos ilegales, la inserción en la recolección de hoja de coca o trabajos dentro de los proyectos agroindustriales de propiedad de las familias de hacendados regionales. Estos, a su vez, establecen el control del poder político por vía de movimientos ciudadanos que alcanzan cargos públicos de elección popular, fortaleciendo su control y domino territorial (García, 1985, p. 76). Además, establecen una interlocución directa por los aportes financieros a campañas, el movimiento de votos y la presión en muchos casos de este tipo de grupos durante las elecciones. De esta manera, la Organización para las Migraciones¹ muestra que el 52% viven por debajo del nivel de pobreza, con un 18% de analfabetismo en mayores de 12 años. Pero, de igual manera, el 64% participa en las elecciones para las autoridades locales y el 54% en las elecciones presidenciales. Esto resulta contrastante con la población receptora de las ciudades, para las cuales solo el 41% ejerce el voto en las elecciones locales, y el 39% para las presidenciales. Si se admite que el promedio de población desplazada es de no menos de 3'258.668, de los cuales están en capacidad de ejercer el voto, teniendo como rango entre los 18 y los 75 años, un total de 1'562.474, el total de electores desplazados para elecciones presidenciales se encuentra cercano 843.736 participantes electorales. Una población electoralmente estratégica. En síntesis, el dispositivo biopolítico funciona a partir del temor en la memoria y del que nace en el territorio de refugio. Supone, también, el aislamiento en una población heterogénea, rompiendo cualquier tejido social y vinculación comunitaria. Además, para el caso urbano, que se considera aquí de especial interés por ser la superficie que refleja ese proceso de síntesis urbano-rural, la exclusión a una franja territorial preurbana de supervivencia incrementa la miseria, el analfabetismo y el desarraigo en los que coexisten los "ciudadanos" que ejercen y participan en el sistema democrático.

De esta manera, lo que se ha expuesto supone una síntesis de procedimientos rurales y urbanos en la subjetividad del desplazado. Al interior de su composición, pueden verse el devenir de las prácticas y el cambio de los dispositivos de poder como formas de gobierno (Guzmán, 2001, p. 102). En esta subjetividad, coexisten la composición de la pobreza rural y la nueva formación del indigente urbano, la emergencia de una razón de Estado que se funda en la exclusión de las prácticas en función de la inclusión de los objetos para gobernar. Así, el exceso de la figura del presidencialismo supone nuevos objetos ante nuevos peligros, la redefinición de un sujeto itinerante y la validación de la pobreza como condición material y necesaria del gobierno, específicamente, la administración del pobre como reflejo de la forma política de gobierno, es decir, una expresión específica de una particular razón de Estado.

En este orden, y en consonancia con la imagen de la soberanía, este tipo de administración es una expresión material de los mecanismos de poder a través de acciones específicas sobre los individuos. Esta administración supone la delimitación de un conjunto de subjetividades, segmentándolas acorde a sus funciones dentro del aparato productivo, las cuales, acorde a la constante reformulación de la lógica del capitalismo, igualmente, se actualizan. En este sentido, la composición de estas subjetividades en siglo XIX se encuentran centradas en la forma obrero-campesino, en tanto que para el

siglo XX en la figura del trabajador formal e informal. Esta última permite agregar y distinguir las anteriores, especializándolas en relación a su funcionalidad en el sistema productivo. Este mecanismo administrativo que se actualiza acorde a la evolución de los límites de legalidad e ilegalidad en el mercado proyecta una unidad patriótica en un solo sujeto colectivo dentro de la pacificación social pretendida por la imagen nacional. En este sentido, la pacificación preserva la singularidad. De igual manera, establece un contenido discursivo sobre el desarrollo económico como horizonte ideológico para la superación de los factores externos e internos contrarios al proyecto nacional. Ahora bien, estos factores tanto externos como internos son visualizados a partir de la composición del enemigo. En ambos casos, tanto en el siglo XIX como en el XX, el enemigo interno es causante de todas las irregularidades que generan la crisis social. Esto debido a que la crisis que produce la pobreza se encuentra subordinada a la crisis moral de la sociedad. En este sentido, el enemigo interior es quien se convierte en obstáculo para el desarrollo económico y, por ende, para el proyecto nacional. En síntesis, la racionalidad de gobierno ha establecido un horizonte de proyecto económico con un discurso de moral nacional, el cual permite recomponer los mecanismos administrativos y las formas de subjetividad de los individuos. Así, el pobre es clasificado, segmentado y preservado, pero particularmente capacitado para nuevas funciones. Dicha administración supone valerse de los discursos morales liberales y transformarlos como mecanismos específicos de control social. En conclusión, el pobre puede entenderse como sujeto de gobierno y, a la vez, de autogobierno.

Pie de página

¹Los cálculos sobre las cifras han sido hechos por los autores de este artículo, después de establecer un análisis del informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones y contrastando con otras fuentes, tales como Cruz Roja Internacional y Codhes. http://www.icrd.org, http://www.oim.org.co, http://www.codhes.org.

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