Editorial

La Constitución colombiana de 1991 ha cumplido dos décadas desde su animosa y cataclísmica concepción, siendo considerada por muchos como una de las más completas y vanguardistas cartas de navegación jurídico-política en el mundo. Cierto es que la insoslayable brecha entre lo deseable y lo posible ha hostigado sin tregua al anhelo inquebrantable de los que atesoran la creencia de que un país diseñado para los millones (así sea en el maleable papel) puede sobreponerse a la escritura invisible de los que intentan retenerlo en un puñado de manos, amparándose en prohombres, linajes, fortunas (a veces mal habidas) y prepotentes adalides. Igualmente cierto es que el combate titánico entre la pluma y la espada, la idea y la metralla, el argumento y la bala, no ha logrado sepultar el sueño de aquellos que han elegido resistir con lágrimas atoradas y opciones de paz a las infames maquinarias de la guerra, sin importar su procedencia.

Son veinte años en los que la inefable presencia del axioma reglas ciertas, resultados inciertos, ha acompañado el destino nacional como la pesada roca que condenaba a Prometeo a una esfera de lastimera libertad a pasos lentos y azarosos. A pesar de los férreos intentos por minar y vilipendiar la Carta, auspiciados por vanas quimeras retardatarias de poder y vanagloria enfrentadas a mascaradas revolucionarias y sanguinolentas, la conciencia ciudadana ha podido más, aupada por el hastío de la violencia y la sed de justicia e inclusión de numerosos miles. La Carta ha sido recurso primordial y asidero providencial de los que carecen de voz o se ven reducidos a un estertor angustioso en medio del ruido ensordecedor de la competencia ideológica insoluble, los experimentos del unanimismo, las recetas asépticas del crecimiento aperturista y los resquicios del bipartidismo polivalente y poligámico, camuflado de vívido arco iris político. La Carta aún es un canto al pluralismo, a la paz integral, a la multiculturalidad, a la dignidad humana, al desarrollo colectivo, al respeto por la diferencia y a la tolerancia, con todo y que el Estado aún tiene deudas pendientes con su presente y su pasado, fracturas endémicas, vacíos institucionales, cubiles de corrupción y tristes legados de un presidencialismo rígido e hiperextenso de ocho años, abrigado por la sombra intermitente de una potencia internacional de doble cara.

La Carta del 91 es una hoja de ruta imperfecta pero útil para los que saben buscar la paz. Augusto Ramírez Ocampo (1934-2011) fue una muestra fehaciente y testimonio vivaz de las notables proezas que pueden hacer hombres de voluntad política sólida, amor por la ley y aprecio por sus semejantes, sin matices o sesgos engañosos, sin doblez de corazón, capaces como él de apartarse de apasionamientos hostiles e intereses efímeros dictados por el egoísmo o la codicia insaciable que siempre tienta a quienes ostentan grandes cuotas de poder público. Su fe inclaudicable en las instituciones democráticas, en el equilibrio de poderes, en la valía incondicional de la persona humana, en la diplomacia creativa y en las soluciones consensuadas bajo principios éticos no negociables, le hacen un ejemplar fundador, defensor, y en adelante, símbolo duradero de la generosa brújula política que ha pretendido encausar a la nación como sutura de cierre y umbral de reconciliación tras varias décadas sucesivas de cruenta violencia política y exclusión arbitraria.

Si se trata de títulos y cargos, aunque no necesariamente hacen más noble al hombre, Augusto Ramírez Ocampo llevaba tras de sí una constelación de oficios académicos y burocráticos que lo convirtieron en un fascículo viviente de la convulsionada pero prometedora historia colombiana. Como maestro, nunca logró despojarse del espíritu crítico y político que encaraba sin tibieza los malestares más acuciantes de su tiempo. Como político, jamás consiguió desprenderse de ese afán pedagógico, insatisfacción científica y carácter de servicio que penetraron cada una de sus actividades como representante del estado. Más que a un ex-ministro, ex-alcalde, ex-embajador, ex-constituyente, personalidad internacional, hombre de letras y consumado pacificador, el país y la Academia han perdido a un excepcional ser humano. Empero, su herencia será difícilmente corroída por los avatares del feroz afán cotidiano mientras las páginas y cátedras detallen con honra y denuedo las huellas indelebles de su propia vida impregnada en los episodios más centrales de la narrativa colombiana del último cuarto del siglo XX. En lugar de un grisáceo e ingrato epitafio, proponemos su epítome: "Bienaventurados los que hacen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mt. 5:9).

Retomando el agitado proceso constituyente y la Carta misma, es menester reconocer que aún suscitan álgidos debates pero asimismo que se multiplican las generaciones que avanzan tras las pisadas de sus fundadores. En esta edición de Papel Político presentamos inicialmente un Dossier especial y varios artículos que resaltan la relevancia política y conceptual del gran pacto que aún nos rige. Andrés Gómez Roldán encabeza el Dossier con una antología esencial sobre el rol y la posición jurídica del movimiento estudiantil que dio vida a la "Séptima Papeleta" y luz al proceso preconstituyente, considerando particularmente las discusiones sobre la reelección presidencial, la participación ciudadana y el control constitucional. En segunda instancia y complementando este segmento, aparece Diego Tarapués con un documento que involucra las perspectivas histórica y normativa con el fin de vincular conceptualmente el delito político y los procesos de paz desde una lectura crítica de la Constitución. Allí, el autor examina la historia del delito político como tipología, la paz como un derecho colectivo y las normas constitucionales conexas.

El tercer texto compromete una mirada comparativa y comprensiva del proceso de inspiración científica e intelectual de la considerada "Madre" de las constituciones modernas, la de Estados Unidos, frente a las constituciones hispanoamericanas. Su autor, Carlos Eduardo de Jesús Sierra, pone el dedo en la llaga al concluir tajantemente que las segundas parecen más copias acríticas o anacrónicas de la primera, al desconocer las particularidades políticas y culturales de las sociedades latinoamericanas, lo que debilitó también al constituyente primario que gestó en Colombia la Carta de 1991.

Inmediatamente después, entra Javier Duque con un artículo que aborda cuatro reformas al sistema electoral colombiano en el período 1991-2011 a partir de un minucioso análisis contextual que involucra los principales agentes, sus relaciones y los factores del entorno, hallando básicamente tres tipos predominantes de configuración reformista: reforma por crisis coyuntural (la del 91), reforma por negociación o "conveniencia" (la de 2003) y reforma "impuesta" por una coalición partidista poderosa (2004 y 2009).

La siguiente en alzar el telón es la sección habitual de Ciencia Política, que tiene apertura con un documento que se aproxima a los debates políticos y teóricos sobre el modelo de organización territorial colombiano en los procesos de construcción del Estado. Liliana Estupiñán postula en él que pueden identificarse tres grandes posturas ideológicas: la defensa del estado autonómico o regional, la construcción de un estado federal y la defensa del estado unitario que emana de la constitución centralista de 1986. Posteriormente, se presentan varios de nuestros catedráticos y expertos, reunidos para ofrecer un espectro variado de estudios en torno a la movilidad urbana en Colombia desde la perspectiva del Desarrollo Humano. Claudia Dangond, Jean François Jolly, Alejandra Monteoliva y Fernando Rojas se unen para analizar la movilidad urbana sostenible, la movilidad en el marco de la Constitución, la relación entre las políticas públicas de movilidad y las expectativas ciudadanas, y finalmente, el nuevo enfoque de la oferta del bien público como antítesis del enfoque tradicional centrado en la demanda, estimando aunadamente las posibilidades jurídicas, políticas y técnicas de implementarlo en Colombia.

El tercer documento de la sección corre por cuenta de Iván Coral y María Liliana Castillo, quienes se ubican en una posición filosófico-política para desmenuzar la teoría liberal de la justicia formulada por John Rawls. Allí los autores se combinan para identificar los principales argumentos, las críticas más importantes que ha recibido y rescatar algunos aportes para prescribir la edificación de una sociedad civil dialógica, pública y abierta a las diferencias. En cuarto lugar, Jairo Vladimir ofrece un sugerente texto en el que intenta demostrar que el modelo legislativo anterior a la Carta de 1991 fue copartícipe del ocultamiento de agudos conflictos sociales que alimentaron el conflicto armado interno a partir del interés de control de las élites políticas y económicas y de la conveniente funcionalidad del concepto de "orden público", noción rígida que dominó durante un buen trecho la doctrina jurídica y la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia en detrimento del pluralismo. El cierre de esta sección integra un interesante paneo teórico y metodológico a cargo de Martha Lucía Márquez, quien parte del trabajo de Anthony Smith para brindar una comparación reflexiva sobre las principales fuentes de construcción y análisis del concepto del nacionalismo, identificando cinco grandes vertientes: el modernismo, el modernismo constructivista, el perennialismo, el perennialismo que se apoya en el constructivismo, y finalmente, el posmodernismo.

Nuestra tercera y tradicional sección, Relaciones Internacionales, empieza con un artículo que confronta teóricamente la política exterior del ex-Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) con una intrigante amalgama conceptual que articula los debates sobre populismo y neopopulismo en América Latina con el enfoque constructivista para el análisis de las relaciones internacionales. Eduardo Pastrana y Diego Vera, sus artífices, evalúan cualitativamente la política exterior colombiana de dicho período a partir de la interacción entre medios, estrategias y fines de la "política exterior del populismo". Les precede Juan Carlos Ruíz, con un apasionante análisis de la colectivización internacional contemporánea de la que podríamos llamar la "paranoia de la seguridad nacional", a partir del contraste entre las estrategias de seguridad ciudadana de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los países latinoamericanos, en las que tienden a predominar medidas represivas y de control vertical. Ruíz aplica una poco convencional metodología filmográfica para visibilizar los efectos perversos de estas visiones de la seguridad dentro de sus sociedades.

En tercer pero no menos destacado lugar, se manifiesta María Julia Ochoa con una reflexión sobre los procesos de composición de la cultura como patrimonio en América Latina y su empalme con el avance del orden jurídico internacional. Ochoa sostiene que las definiciones transnacionales de la cultura a las que la región le ha apostado, reflejan tanto elementos endógenos de los diversos países como una contradicción entre lo que se promueve en el discurso y lo que se practica dentro de las comunidades nacionales. A modo de clausura de este segmento, surge Edgar Vieira con una amplia reflexión que desglosa el proceso de globalización desde distintos ángulos interpretativos (totalizantes y particularistas) para ligar los recientes cambios tecnológicos con las modificaciones que ha venido experimentando la conducta humana, promoviendo una definición histórica, multidimensional, estructural y sistemática de la globalización que parece estar transformando radicalmente al Sistema Internacional y a sus actores.

Como punto final del volumen 16, en su segundo número, nuestra revista ofrece un espacio diferente para exponer los frutos de proyectos de investigación colectiva o individual destinados a la formación teórica y disciplinar de nuestras facultades. En la Academia ofrece en esta ocasión la transcripción íntegra de las palabras de apertura de la videoconferencia "Collective Learning, Institutions, and Economic Development" con el prestigioso economista y profesor griego Chrysostomos Mantzavinos, a cargo del profesor Andrés Casas. Dicho evento se realizó, con notable interés estudiantil, en la Universidad Javeriana el 10 de marzo de 2011 y fue preparado conjuntamente por el Departamento de Ciencia Política y por el Semillero de Investigación en Conducta Humana y Ciencia Política. Mantzavinos es considerado como uno de los padres fundadores del enfoque teórico del institucionalismo cognitivo además del economista norteamericano Douglass North, y una de sus preocupaciones centrales es el desarrollo de un marco científico multicausal y multidisciplinar que permita a las ciencias sociales asumir el reto de explicar el cambio social, político, económico y organizacional de las sociedades. La apuesta teorética es rescatar lo mejor de la economía, la ciencia política, la sociología, la antropología, el derecho, la psicología y la biología, y cruzarlo con los hallazgos de nuevas disciplinas como la epistemología evolutiva, la psicología cognitiva y las neurociencias.

Como acostumbramos a hacerlo, nos despedimos de nuestros ocasionales y también de los siempre fieles lectores, agradeciéndoles su preferencia por nosotros y su opinión para continuar mejorando como investigadores, escritores y docentes, invariablemente comprometidos con la gestación y multiplicación del espíritu crítico, el fuego inquisitivo y la conciencia política pluralista que nos han caracterizado desde la primera edición. Estrechamos las manos, aunque sea a la distancia, de todos esos invisibles pero decisivos colaboradores y amigos que han contribuido a forjar con liberalidad indescriptible los pilares y el armazón de este proyecto en sus contenidos, forma y procesos de corrección, diseño e impresión. Mientras haya vida y mentes dispuestas a encontrarse con la verdad, habrá esperanza.

EL EDITOR