Contar o no contar: un análisis de la incidencia de las denuncias en los desenlaces de casos de secuestro extorsivo en Colombia^*

To tell or not Tell: The Analytics of the Incidence of Complaints on the Outcomes of Extortive Kidnapping Cases in Colombia

María Margarita Jiménez Vargas^**
Andrés Casas-Casas^***

^* Artículo de reflexión derivado de investigación. La versión inicial de este trabajo fue postulada a mención de honor como una de las mejores tesis de grado de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradecemos el generoso apoyo de Cifras y Conceptos para hacer posible la versión actual, así como el valioso apoyo de Juliana Correal en la revisión de las bases de datos y sus aportes como asistente de investigación. Asimismo, los valiosos aportes de José Antonio Garcíandia M.D. y Mauricio Romero Ph.D. Dedicamos este trabajo especialmente a aquellas familias que estuvieron dispuestas a abrir sus recuerdos y compartir su historia con nosotros.
^** Politóloga. Miembro de la Dirección de Consultoría e Investigación de Cifras & Conceptos. Actualmente, se desempeña como coordinadora del Panel de Opinión y del proyecto de investigación 40 años de secuestro en Colombia: una visión estadística, 1970-2010. marga_2001@hotmail.com, mjimenez@cifrasyconceptos.com.
^*** Profesor Asistente del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordinador científico del Semillero de Investigación en Conducta Humana y Ciencia Política. andres_casas@yahoo.com.

Recibido: 05/02/2012, Aprobado evaluador interno: 29/02/2012, Aprobado evaluador externo: 28/03/2012

Resumen

El secuestro en Colombia se ha constituido como una práctica recurrente y generalizada. A pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para contrarrestar el delito, el fenómeno aún continúa. Una de las formas como el Estado responde a esta problemática es a través de la cooperación de la ciudadanía por medio de las denuncias. Esta investigación, por lo tanto, tiene como objetivo principal establecer cuál es la incidencia de las denuncias en los desenlaces de los secuestros extorsivos económicos en Colombia para el periodo 1970-2010. Para lograr el objetivo general, se desarrollan tres objetivos específicos. Primero, se busca determinar la forma como las políticas públicas incorporan o no las denuncias como parte de la estrategia de lucha contra el secuestro. Para ello, se presenta un marco general del fenómeno y de la evolución de la política antisecuestro. Segundo, se identifican los factores que motivan o inhiben la instauración de una denuncia de secuestro, a partir de la construcción de un marco analítico que permite abordar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional. Por último, se analizan los desenlaces de los secuestros extorsivos en circunstancias donde se ha llevado a cabo una denuncia. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia producto de la recolección y el contraste de dos muestras a partir de dos tipos de análisis: uno cualitativo, con base en eventos de secuestro, y otro estadístico, derivado de una base de datos con información de fuentes judiciales.

Palabras clave: política antisecuestro, secuestro extorsivo, denuncias, ciencia política analítica, aspectos políticos del secuestro.

Palabras clave descriptor: Secuestro, Aspectos políticos, Delitos contra la persona, Ciencia política - Colombia

Abstract

Kidnapping in Colombia has constituted a recurrent and generalized practice. Despite the efforts made by the State to control and reduce kidnappings, the phenomenon persists. One of the ways how the State answers to this problem depends on citizen's cooperation through complaints. In consequence, this research aims to establish the incidence of complaints on the outcomes of extortive kidnapping situations in Colombia for the period 1970-2010. To achieve this general objective, our research develops three specific goals: First, we establish the way how kidnapping policies incorporate or not complaints as a strategic component in the struggle against kidnapping. Secondly, we identify the factors that motivate or inhibit a kidnapping complaint based on a multidimensional analytical framework. Finally, we analyze the outcome of extortive kidnapping situations when a complaint has been established. Our conclusions are drawn from the results of the data we gathered, analyzed and contrasted out of two types of samples and from two different perspectives: qualitative based on kidnapping cases, and quantitative from a judicial source data base.

Key Words: Anti-kidnapping Policy, Extortive kidnapping, Complaints, Analytical Political Science, Political Aspects of kidnapping.

Keywords Descriptor: Kidnapping, Political aspects, Crimes against persons, Political science - Colombia

SICI: 0122-4409(201206)17:1<119:CAIDDC>2.0.TX;2-U

Motivación

El secuestro en Colombia se ha constituido como una práctica recurrente y generalizada (Rubio, 2004, p. 5). Pese a los esfuerzos desplegados por el Estado para contrarrestar este delito, el fenómeno continúa. Muchas respuestas se han intentando desde numerosas disciplinas y por parte de diversos autores interesados por las particularidades de este fenómeno en el contexto colombiano. Como resultado de la construcción del estado del arte que antecedió el diseño de esta investigación, se identificaron textos desarrollados por autores nacionales e internacionales, desde el derecho, la economía, la historia, la antropología, la psicología, de documentos de trabajo oficial, así como un importante número de biografías escritas por víctimas de secuestro. Pese a la diversidad de aproximaciones, no se identificaron desarrollos desde el marco de la ciencia política, con la excepción de la reflexión preparada por Elster en 2007.

Por esta razón, y buscando superar el escaso abordaje de estas dinámicas desde la ciencia política, en 2010, desarrollamos un primer trabajo cuyo objetivo principal fue la construcción de un marco analítico que diera cuenta de la complejidad del fenómeno en un nivel intrapersonal, interpersonal e institucional. Lo anterior obedeció a la necesidad de responder, desde una perspectiva multidimensional, cuál era la incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestro extorsivos en Colombia para el periodo 1993-2009 (Jiménez, 2010). En dicha oportunidad, a partir del análisis estadístico y casuístico, se estableció que existe una incidencia positiva entre las variables denuncia y desenlace de los secuestro. Sin embargo, se advirtió el posible sesgo de los resultados debido al subregistro en las estadísticas oficiales tanto de personas secuestradas, como de casos en donde median las denuncias y aquellos en donde no.

Por esta razón y gracias a la disponibilidad de nueva información proporcionada por Cifras & Conceptos, en el marco de su proyecto de investigación 40 años de secuestro en Colombia: una visión estadística, 1970-2010, buscamos, en esta ocasión, compartir nuestro marco analítico con la esperanza de que resulte útil y pertinente para la discusión sobre las causas, condiciones y dinámicas del secuestro visto como mecanismo de interacción interpersonal sujeto al aprendizaje y la heurística; así como validar los resultados de nuestro estudio previo (2010), retomando el ejercicio estadístico a partir del análisis de una nueva fuente de información: las sentencias judiciales.

Introducción

Desde el gobierno Uribe (2002-2010), se ha dicho que el objetivo principal de la política de lucha contra el secuestro es reducir al mínimo la recurrencia de los casos (Colombia, 2003). En esta línea de pensamiento, las medidas diseñadas para enfrentar este delito, bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática, han señalado la importancia del trabajo mancomunado entre el Estado y la ciudadanía (Colombia, 2003, p. 51). Esta cooperación se realiza por medio de las denuncias, con el fin de dar solución a los casos de personas secuestradas y con miras a prevenir el delito (Colombia, 2004). Sin embargo, y frente a la persistencia de la práctica del secuestro, resulta crucial establecer cuál es la incidencia de las denuncias en los desenlaces de los secuestros extorsivos económicos en Colombia para el periodo 1970-2010.

En este orden de ideas, queremos abordar los aspectos políticos del secuestro de manera multidimensional y desde diferentes perspectivas de análisis, para responder a la pregunta por las condiciones y factores asociados a la decisión de los familiares de las víctimas de secuestro extorsivo, de denunciar o no denunciar su situación frente a las autoridades.

Para lograr el objetivo general, y partiendo de los supuestos de la política pública sobre el tema, exploraremos como hipótesis central la siguiente proposición:

Hipótesis 1: la denuncia incide en el desenlace de los secuestros extorsivos y, por ende, en la efectividad de la política antisecuestro.

Para dar cuenta de la hipótesis central, desarrollamos tres objetivos específicos que, a su vez, constituyen las secciones de este artículo: primero, se busca determinar la forma en que las políticas públicas incorporan o no las denuncias como parte de la estrategia de lucha contra el secuestro. Para ello, se presenta un marco general del fenómeno y de la evolución de la política antisecuestro. Segundo, se identifican los factores que motivan o inhiben la instauración de una denuncia de secuestro, a partir de la construcción de un marco analítico que permite abordar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional. Por último, analizar los desenlaces de los secuestros extorsivos en circunstancias donde se ha llevado a cabo una denuncia.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia producto de la recolección y el contraste de muestras a partir de dos tipos de análisis: uno cualitativo, basado en entrevistas¹ realizadas en 2010 a familiares de víctimas de secuestro extorsivo y otro estadístico, basado en un análisis comparado de los datos disponibles en la entidad oficial encargada de recolectar la información sobre casos de secuestro (Fondelibertad) para el periodo 1996-2010 y la base de datos elaborada por Cifras & Conceptos a partir de fuentes jurídicas para el periodo 1970-2010².

Esta investigación se aproxima al estudio del fenómeno a partir del individualismo metodológico³, lo cual implica que su unidad de análisis son las acciones individuadas o las relaciones entre un conjunto de individuos que intervienen en una situación de secuestro. Adicionalmente, toma herramientas del enfoque egonómico⁴, el neoinstitucionalismo cognitivo, la teoría de juegos y la acción colectiva, para explicar el comportamiento de los individuos y su interacción con los marcos de reglas formales e informales y los procesos de aprendizaje desarrollados como producto de este fenómeno.

Como se mencionó anteriormente, el secuestro ha golpeado de forma generalizada a la sociedad colombiana. Sin embargo, su abordaje desde la ciencia política ha sido escaso. En este sentido, esta investigación, desde su marco analítico, presenta una forma alternativa de abordar el fenómeno, al atender los aspectos políticos del secuestro a partir del estudio del comportamiento humano en tres dimensiones. Adicionalmente, la investigación profundiza el estudio de la relación entre dos variables importantes que operan en los casos de secuestro, la denuncia y el tipo de desenlace⁵. Por último, este artículo pretende tener implicaciones prácticas: la identificación de la incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestros permitirá proporcionar insumos útiles para la evaluación de las herramientas de lucha contra el secuestro.

Contexto
Adoptando una definición de secuestro
Con el fin de delimitar lo que esta investigación entiende por secuestro, se llevó a cabo una revisión de distintas definiciones adoptadas a nivel nacional e internacional y se analizaron las diferencias entre los delitos de toma de rehenes, desaparición forzada y secuestro.

Como resultado de este proceso, se toma como base para su estudio los secuestros ocurridos en el periodo 1970-2010, cuya motivación es económica. La razón principal de dicha delimitación responde a que los secuestros económicos comprenden la mayor cantidad de casos registrados en el país (dnp, 2004, p. 5) (ver anexo 2, gráfico 1).

Así mismo, se excluyen de este texto los secuestros extorsivos de carácter político, en tanto, siguiendo la definición de Elster (2007), corresponden más al fenómeno denominado como toma de rehenes. De la misma forma, se excluye el delito de desaparición forzada⁶, en donde, a diferencia del secuestro, existe una retención de la persona, seguida por un ocultamiento y una negativa a reconocer la privación o a proporcionar información de su paradero.

Por otro lado, debido al origen de los datos empleados para el análisis, la definición que adoptamos corresponde a la implementada para la construcción de la base de datos de Cifras & Conceptos, en donde se define el delito como: "Situación ocurrida en territorio colombiano, en la cual una persona ha sido privada ilegalmente de su libertad, en contra de su voluntad, para obtener algún provecho de la víctima o de un tercero a cambio de su liberación" (Caballero y Jiménez, 2011).

En esencia, esta definición se aparta de la legal en tanto no distingue entre secuestro simple o extorsivo y no incluye casos de trata de personas ocurridas en territorio extranjero, paseos millonarios, violaciones, desaparición forzada y disputas de patria potestad⁷.

Breve panorama del secuestro en Colombia
Según los informes de Pax Christi (2002 y 2008), el fenómeno del secuestro en el contexto internacional inicia en la década de los sesenta, aumenta durante los ochenta y se agudiza durante la década de los noventa. Este delito tiene como objetivo principal ser una fuente adicional de financiación y se asocia con el aumento de los conflictos internos y la constitución de grupos al margen de la ley derivados de la guerra fría, quienes, en un contexto de estados frágiles y con conflicto, "se ocupan de llenar lo vacios dejados por la autoridad" (Pax Christi, 2008, p. 7).

En el contexto latinoamericano, los países más afectados con el delito son México, Ecuador, Venezuela y Colombia⁸ (Pax Christi, 2002, 2008). Para el caso colombiano, varios autores sitúan los orígenes del secuestro en el año 1933⁹. Sin embargo, el fenómeno se convierte en un verdadero flagelo para la sociedad a partir de las décadas de los sesentas y setentas, cuando empieza a ser utilizado por distintos grupos guerrilleros como medio de presión política o de financiación. Para este periodo, según estadísticas de la Policía Nacional, se secuestraba un promedio de 83 personas por año (dnp, 2004, p. 6).

La década de los ochenta estuvo marcada por el tránsito del secuestro rural al secuestro urbano y por un aumento significativo de los casos, principalmente por la asociación de esta práctica con la actividad del narcotráfico¹⁰ (Rubio, 2004, p. 2). Para esta década, las cifras indican un aumento del delito en un 439% respecto a la década anterior, con un promedio de 296 casos por año. Entre los años que registraron mayor número de secuestros, se encuentran 1988, con 709 casos, y 1989, con 781 casos (dnp, 2004, p. 9).

Durante los noventa, es posible hablar de una generalización de la práctica debido a la ejecución de secuestros masivos e indiscriminados que advierten sobre su degradación como herramienta política (Rubio, 2003, p. 28)¹¹. Durante esta década, se cuadruplicaron las cifras respecto a la anterior y alcanzó sus puntos álgidos durante 1998 y 1999, con un total de 2.135 y 2.675 secuestros extorsivos por año, respectivamente (dnp, 2004, pp. 10-12)¹².

Colombia inicia el siglo xxi con un total de 3.572 secuestros realizados durante el año 2000 (Pax Christi, 2008, p. 28). Desde entonces, se ha evidenciado una disminución del número de personas secuestradas, atribuido a la culminación de la zona de distención, al proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de los paramilitares (20032006) y la adopción de la política de Seguridad Democrática¹³ durante el gobierno de Álvaro Uribe¹⁴ (Colombia, 2007, p.36) (anexo 3, gráfico 1). En el último año, al parecer, el fenómeno retoma impulso dado el accionar de las bandas criminales y nuevas organizaciones locales asociadas a mutaciones de las microviolencias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Cifras a 2008 indican cómo el secuestro se ha reducido significativamente. Se pasó de un total de 3.572 y 2.917 secuestrados en 2000 y 2001, respectivamente, a un total de 521 registrados en 2007 (Pax Christi, 2008, p. 28). De acuerdo a la información suministrada por Fondelibertad, durante el primer semestre del año 2009, 101 personas fueron secuestradas en Colombia, mientras en el primer trimestre del 2011, 85 personas han sido víctimas de este flagelo (Fondelibertad, Base de datos C&C, 2010).

Las políticas públicas de secuestro en Colombia
En materia de lucha contra el secuestro, Colombia tiene una importante trayectoria. La presente sección retoma la evolución jurídica del delito del secuestro en Colombia, describe el despliegue técnico e institucional desarrollado a partir de 1996 y recopila los principales lineamientos de política pública, plasmados en la política de Defensa y Seguridad Democrática.

Evolución jurídica del delito de secuestro en Colombia
Durante el siglo xix, en Colombia, se realizaron más de treinta reformas legales encaminadas a enfrentar el delito de secuestro atendiendo a cuatro ejes principales: modificación en las penas impuestas a los secuestradores, delimitación de las conductas tipificadas en la definición de secuestro, inclusión de agravantes y atenuantes y ajustes al marco institucional (Caballero, 2009).

Sin embargo, uno de los avances más significativos en materia de legislación sobre secuestro se presenta con la formulación de la Ley 40 de 1993 o "ley antisecuestro". Bajo esta ley, se prohíbe el pago de rescates, se congelan los activos de las familias de las víctimas para evitar los pagos, se declara ilegal la venta de pólizas de seguros contra secuestro y se prohíbe el apoyo de negociadores externos (Pax Christi, 2002, p 41). Posteriormente, durante el mismo año, la Corte Constitucional declara inexequibles algunos artículos de la Ley 40 por considerar que violaban "el derecho de las familias a velar por el bienestar de algún ser querido" (Colombia, 2007, p. 20). Específicamente, se permite el pago de rescates y se prohíbe la congelación de los bienes de los familiares o las víctimas.

Marco institucional de lucha contra el secuestro
En materia de ajuste institucional, el avance más significativo se presenta con la Ley 282 de 1996, bajo la cual se crea un marco institucional para la lucha contra el delito del secuestro y la extorsión. Con el objetivo de mejorar los procesos de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales, se crea el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal -PPDLP- (Oficina del Zar Antisecuestro) y su brazo operativo, los Grupos de Acción Unificada para la Libertad personal -Gaula- (Pax Christi, 2002, p. 44). Adicionalmente, se crea el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad personal -Fondelibertad-, encargada de la secretaría técnica del Consejo consultivo conase (máxima instancia de coordinación del ppdlp) y de administrar los recursos financieros y logísticos para la lucha contra el delito del secuestro (Colombia, 2007, p. 25). Actualmente, esta institución, ahora denominada Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, asume las funciones del programa ppdlp y se encarga de "coordinar los recursos humanos y materiales para la lucha contra el secuestro y demás delitos atentatorios contra la libertad personal" (Colombia, Decreto 4320, 2010).

Lineamientos de la política antisecuestro: Política de Seguridad Democrática
Actualmente, está vigente el legado de la política de Defensa y Seguridad Democrática (psd) que incorpora los lineamientos generales de la política antisecuestro. En el capítulo de protección contra el secuestro y la extorsión, se traza un objetivo general y dos específicos para combatir estos delitos. Como objetivo general, se plantea "reducir al mínimo el número de casos de extorsión y secuestro extorsivo". Por su parte, los objetivos específicos buscan: 1) "incrementar los costos de comisión de estos delitos", 2) "consolidar la confianza de la ciudadanía y la credibilidad de la comunidad internacional en la capacidad del Estado colombiano de enfrentar la extorsión y el secuestro extorsivo" (Colombia, 2003, p. 51).

La estrategia de lucha contra el secuestro bajo la psd contempla nueve líneas de acción. A continuación, se presenta las línea de mayor relevancia para la investigación (ver anexo 5, tabla 1).

En su numeral 108, esta política establece la necesidad de incrementar los rescates como medio para liberar a las personas retenidas. El numeral 110 plasma la necesidad de implementar un sistema de recepción y seguimiento de los casos, encaminado a mejorar la relación amable con las familias y las víctimas, mejorar la información judicial, direccionar correctamente las denuncias y concentrar la actividad de los grupos Gaula. Por último, la línea de fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado, 112, establece la necesidad de implementar campañas de información y concientización para la ciudadanía, con el fin de mejorar los canales de comunicación y facilitar la instauración de las denuncias; estimular la adopción de códigos de conducta voluntarios para evitar el pago de rescates; mejorar las tecnologías de comunicación e implementar programas de seguridad e inteligencia de las alianzas entre organizaciones delincuenciales y en los circuitos penales (Colombia, 2003, p. 53).

A manera de observación, es necesario aclarar que, más allá de los lineamientos de política expuestos, no existe un documento exclusivo de política pública antisecuestro que permita analizar la evolución de las directrices tomadas para enfrentar este problema. País Libre, en su publicación más reciente (2010), establece el balance de las políticas públicas contra el secuestro y coincide en esta afirmación. Adicionalmente, bajo el marco de la política criminal, dicha investigación establece la existencia de brechas conceptuales y estratégicas en la lucha contra el secuestro. En materia conceptual, aluden, entre otros argumentos, a la ineficacia de la distinción entre secuestro simple y extorsivo y a la contribución que dicha separación hace al "vaciamiento de las categorías del secuestro" (2010, p. 13). En materia operativa, identifican las debilidades del sistema de información como una de las principales dificultades que limitan la toma de decisiones de política frente al secuestro (País Libre, 2010; Caballero, 2009).

Por lo tanto, cada vez que se menciona política pública en el texto, se hace referencia a las diferentes herramientas de política, tanto legales como institucionales y operativas, empleadas para disminuir este flagelo.

Marco analítico del secuestro
Según Casas y Herrera (2008, p. 12), desarrollar un marco analítico supone la necesidad de descomponer un fenómeno en sus partes, con el fin de comprenderlo, describirlo, explicarlo e, incluso, elaborar estimaciones de probabilidad sobre su ocurrencia o fenómenos asociados al mismo, con base al estudio de la relación entre sus partes. Adicionalmente, el análisis de fenómenos sociales como el secuestro puede ser explicado a través del establecimiento de mecanismos o "patrones causales de frecuente recurrencia y fácil reconocimiento que son disparados en condiciones desconocidas o con consecuencias indeterminadas" (Elster, 2007, p. 36).

En este sentido, y atendiendo a la multidimensionalidad del fenómeno, el marco analítico propone abordar esta problemática a partir de tres dimensiones: intrapersonal, interpersonal e institucional (Casas, 2008, p. 110). El uso de esta metodología presenta varias ventajas: 1) desarrollar el análisis en un nivel intrapersonal permite indagar sobre las motivaciones y las acciones que se encuentran en la base del comportamiento de los individuos expuestos a situaciones de secuestro; 2) permite abordar, a partir de una dimensión interpersonal, el fenómeno del secuestro como un problema político porque participa un grupo de agentes en un contexto de interacción estratégica que demanda respuestas frente al reparto terminante de valores en una sociedad y, adicionalmente, esta dimensión permite comprender el secuestro como un problema de acción colectiva; 3) el análisis en una dimensión institucional brinda herramientas que pueden ser utilizadas por las autoridades para el ajuste del marco institucional en materia de secuestro.

Dimensión intrapersonal

¿Por qué no denuncian? Emociones, deseos y creencias de las víctimas indirectas de secuestro
De acuerdo a los lineamientos de la política nacional de lucha contra el secuestro, las directrices adoptadas por organizaciones nacionales e internacionales que tratan este fenómeno (País Libre, 2007; Pax Christi, 2002) y los resultados de investigaciones académicas frente al tema (Cante y Mockus, 2005; Elster, 2007), la denuncia y el no pago de extorsiones son el mejor curso de acción que pueden seguir las personas víctimas de secuestro con el fin de obtener la liberación de un ser querido y contribuir a mitigar el delito. Sin embargo, en América Latina, y particularmente en Colombia, existe un importante índice de no denuncia que contribuye al aumento de la "criminalidad oculta" y al fortalecimiento de las prácticas criminales (Cámara de Comercio de Bogotá y País Libre, 2007, p. 3). Ante esta situación, la pregunta central de esta sección es: ¿por qué las víctimas de secuestro o sus familias no denuncian?

Hipótesis 2: en el nivel micropolítico, el conjunto de emociones, deseos y creencias que operan en los secuestrados y sus familias generan fallos de racionalidad que inducen a la no denuncia, reduciendo su incidencia positiva en el desenlace de los secuestros y, por ende, en la efectividad de la política antisecuestro¹⁵.

La comprensión del fenómeno del secuestro y, particularmente, de la incidencia de las denuncias en los desenlaces comienza por el estudio de los elementos micro que operan en una dimensión intrapersonal. Siguiendo a Casas, esta dimensión se asocia "con las motivaciones personales para la acción" (2008, p. 109). Bajo la dimensión intrapersonal, interesa el estudio de:

(...) el manejo de las emociones, la resignificación de creencias de acuerdo a los contextos y a las consecuencias de las acciones, y la manera en que los individuos escogen los medios para alcanzar los fines deseados en contextos que incentivan y favorecen la persistencia de transacciones marcadas por la violencia, la desconfianza, la negación del otro, el prejuicio y el autoritarismo. (2008, p 109)

En este sentido, las decisiones sobre un curso de acción están motivadas por un conjunto de emociones, deseos y creencias que moldean las acciones de un participante (Elster, 2007, p. 227) (ver gráfico 1).

A manera de ilustración, el gráfico 2 muestra cómo en una situación de secuestro los altos grados de incertidumbre pueden generar emociones de miedo, desconfianza y desesperación en los participantes. Estas emociones aumentan el deseo de liberación pronta del secuestrado y estimulan la búsqueda de información. Como producto de la indagación, hallazgos como, por ejemplo, imágenes de rescates frustrados con víctimas mortales, inducen creencias sobre las ventajas o desventajas de la acción de rescate. A la vez, estas creencias retroalimentan las emociones induciendo a otras acciones; en el caso ilustrado, la no denuncia.

Ahora bien, según el enfoque egonómico, las emociones, pasiones y deseos introducen distorsiones en el razonamiento de los participantes. Generan fallos de racionalidad que modifican los cursos de acción predecibles bajo el modelo de la Teoría de Elección Racional (ter)¹⁶ (Elster, 1997, p. 46) (ver Jiménez, 2010; anexo 6).

En este sentido, el listado de motivaciones que explican la acción de denuncia o no denuncia, basado en el seguimiento y la atención de los casos de secuestro realizado por la Fundación País Libre, ilustra cómo la no denuncia puede ser, desde la perspectiva de la teoría de la elección racional, una acción irracional¹⁷. Ello se debe principalmente al desconocimiento de alternativas para satisfacer el deseo del participante, información incompleta sobre las ventajas y desventajas y procedimientos que implica la acción de denuncia y las creencias derivadas de la precariedad de la información (2007, p. 6) (ver Jiménez, 2010, anexo 7).

De esta forma, el estudio de las emociones que operan en diferentes contextos permite comprender cómo se inducen fallos de racionalidad que conllevan a acciones aparentemente irracionales desde la perspectiva de la TER.

Según Petersen, "las emociones son características esenciales y poderosas de la experiencia humana que pueden moldear preferencias e identidades. Las emociones están conectadas a procesos de memoria, [y por lo tanto] pueden tener consecuencias políticas importantes y duraderas (...)" (2007, p. 239).

Así, las emociones cumplen la función de moldear preferencias e identidades a partir de tres efectos. Por un lado, las emociones estimulan la elección de un deseo por encima de otro (A). Por otro lado, la emoción promueve la búsqueda de información congruente con ella (B) y, finalmente, influencian la formación de creencias (C) (Petersen, 2007, pp. 243-244) (ver gráfico 3).

A manera de ilustración, el gráfico 4 muestra cómo, en una situación de secuestro, el miedo, derivado de una amenaza creíble del secuestrador ante una posible denuncia, es una emoción que estimula: deseos, la necesidad de buscar información y creencias. En el efecto A, el miedo introduce el deseo de conseguir la libertad del secuestrado sin importar su costo, incluso superando el deseo de no contribuir con el secuestrador. Para el efecto B, el sentimiento de miedo promueve la búsqueda de información (contacto con los secuestradores o información de casos similares de secuestro en donde se ha interpuesto una denuncia con resultados indeseados). Por último, el efecto C se representa en la inducción de creencias tales como: "negociar directamente puede ser más seguro y efectivo que interponer una denuncia". Así, los tres efectos derivados de la emoción del miedo conducen a una acción de no denuncia. Este ejemplo permite plantear la tercera hipótesis de la investigación:

Hipótesis 3: existe una creencia arraigada del impacto negativo de la denuncia sobre el desenlace de los secuestros (muerte del secuestrado), razón por la cual las víctimas y los familiares optan por otros mecanismos de solución, como la negociación, lo que, a su vez, repercute en el impacto de la denuncia sobre el desenlace de los secuestros y estimula la continuidad del delito.

Siguiendo a Petersen, en los casos de violencia étnica, por ejemplo, las emociones de miedo, ira, desprecio, odio, resentimiento, culpa y vergüenza operan para definir una tendencia de acción que oscila entre inhibirse o huir, emprender un castigo sobre el victimario, evitar el contacto con el grupo, eliminar físicamente al agresor, buscar la expiación, replegarse y aislarse, entre otros (2007, p. 245).

Igualmente, la perspectiva de la inteligencia emocional¹⁸ permite ver cómo la ansiedad y la ira estimulan o inhiben la conducta de los ciudadanos en torno a una acción política. Para el caso de estudio, se retoman los efectos de la ansiedad, la cual se define como: la "respuesta a una amenaza externa, especialmente a una amenaza personal, en donde la persona amenazada tiene poco control" (Huddy, 2007, p. 205).

Según Huddy, existen dos tipos de ansiedad: 1) vinculada tanto a la acción como a los resultados cognitivos, que impulsa el procesamiento menos cuidadoso y sistemático de los eventos, desestimula la percepción del riesgo y permite una mayor tolerancia a las acciones riesgosas y 2) "la ansiedad ligada a la evasión produce mayor sensibilidad y atención a las amenazas, sobreestimación del riesgo y mayor cuidado en el procesamiento de la información" (2007, p. 206).

Con frecuencia, las personas que no han sido víctimas de secuestro actúan bajo la ansiedad ligada a los resultados cognitivos. Por ello, a pesar de las campañas desarrolladas en este sentido desde las organizaciones oficiales y no oficiales, la prevención del delito de secuestro resulta difícil.

Un claro ejemplo es el secuestro de personas, en particular políticos y candidatos políticos, quienes subestiman el riesgo de ser secuestrados y prescinden de la medidas de seguridad, facilitando la acción de los secuestradores (Meluk, 3 de abril 2008¹⁹).

En contraste, quienes han vivido casos de secuestro o conocen experiencias cercanas relacionadas con el delito, en muchas circunstancias, se orientan bajo la ansiedad ligada a la evasión. Con frecuencia, estas personas o familias se blindan frente a sucesos de secuestro. Acuerdan pautas de comportamiento, dada una eventual retención; generan cadenas de seguridad en la familia o trasladan su lugar de trabajo o residencia. Todo ello orientado por el temor a un nuevo plagio (Meluk, 1998, pp. 73, 159, 161).

Para los casos de secuestro, esta investigación intenta identificar las emociones que intervienen en los secuestrados y sus familias, con el fin de establecer cómo esto induce acciones particulares, como la denuncia, la negociación o la búsqueda de información²⁰.

Percepción y formación de creencias
Como se observó anteriormente, el proceso cognitivo, derivado de las emociones, contribuye a la formación de creencias que conllevan a la ejecución de una acción determinada para alcanzar los deseos del participante en una situación de secuestro. Pero, ¿cómo surgen las creencias que orientan la acción? Y ¿cómo dicha creencia explica el curso de acción adoptado? Estas preguntas permiten plantear dos hipótesis adicionales:

Hipótesis 4: la aparición del secuestro como un problema viejo o nuevo dentro de la familia de un secuestrado explica el curso de acción (denuncia, no denuncia o negociación) que se adopta.

Hipótesis 5: la instauración tardía de la política de lucha antisecuestro (década de los noventa) permitió la construcción de modelos mentales que privilegiaron la negociación sobre la denuncia.

El secuestro, considerado como una situación problemática²¹, plantea la necesidad de buscar alternativas de solución. En este sentido, es útil la introducción del concepto de modelos mentales, entendidos como aquellas estructuras cognitivas flexibles cuya función es la construcción de respuestas para la aparición de problemas nuevos o viejos, derivado de un proceso de aprendizaje individual o colectivo²² (Mantzavinos, 2001, p. 26).

Como lo afirma Casas (2008), la relación entre la retroalimentación ambiental y el mantenimiento o modificación de los modelos mentales genera creencias y sistemas de creencias que se enlazan al sistema motivacional, generando una adaptación emocional. De la misma forma, los sistemas de creencias se convierten en filtro para el procesamiento de nueva información que permite formular hipótesis confiables que orientan los cursos de acción (2008, p. 101). Por esta razón, la presente investigación entiende que el proceso de aprendizaje²³ está fuertemente influenciado por los procesos de aprendizaje individual y colectivo que se retroalimentan del entorno (Ver Jiménez, 2010; anexo 10).

De esta manera, el secuestro para algunas familias se presenta como un problema nuevo y sin solución conocida, en cuyo caso recurren a la información previa sobre situaciones similares que les permitan optar por una solución²⁴.

El análisis de la solución del secuestro como problema viejo o nuevo implica el estudio de las creencias arraigadas que permiten plantear una posible explicación a la tendencia de denuncia o no denuncia. Adicionalmente, permite visualizar las estrategias empleadas para solucionarlo, como el establecimiento de precompromisos²⁵ que inhiban los fallos de la racionalidad y permitan la adopción de cursos de acción con resultados beneficiosos en el largo plazo.

Dimensión interpersonal: aprendizaje, pensamiento estratégico y acción colectiva
Partiendo de la definición acuñada por Casas, una dimensión de interacción interpersonal incluye el proceso en el cual las personas se interrelacionan con el fin de solucionar problemas. Según el autor:

La selección de estrategias de interacción por parte de los actores depende del inter juego de los modelos mentales y las situaciones de acción, ya sean estas de cooperación o de conflicto. Así mismo el interés se extiende a los procesos de acción colectiva no violenta y a los aspectos relacionados con las restricciones y oportunidades que enfrentan los grupos y las organizaciones involucradas en procesos de este tipo. (Casas, 2008, p. 110)

Así, en la dimensión interpersonal, se busca analizar cómo los individuos interactúan en una determinada situación. En esta sección, la interacción se estudia considerando que los individuos se relacionan y construyen modelos mentales como resultado de un proceso de aprendizaje individual y colectivo que les permite encontrar soluciones a problemas viejos y nuevos (Mantzavinos, 2001, p. 35). Adicionalmente, se aborda la interacción como un juego de estrategia en donde los individuos se comportan partiendo del cálculo de las acciones de los otros jugadores (Dixit y Nalebuff, 1991, p. 7). Por último, se introduce el fenómeno del secuestro como una situación que involucra un problema de acción colectiva en torno al bien público de la seguridad (Ostrom, 2005).

Teoría del aprendizaje: cimientos para la acción en una situación de secuestro
Como se mencionó anteriormente, una situación de secuestro puede presentarse como un problema viejo o nuevo. Según Mantzavinos, la solución y clasificación de los problemas depende de las capacidades cognitivas de los individuos. Siguiendo al autor, el conocimiento consta de tres componentes: uno genético, incorporado en los órganos de los sentidos y que ayuda a distinguir ciertas situaciones típicas; otro cultural, transmitido de generación en generación a través de los miembros de las comunidades, y uno atomístico, derivado de reflexiones individuales no socializadas (2001, pp. 9-20).

Dos tipos de conocimiento son expuestos por Mantzavinos: uno teórico y otro práctico. El primero corresponde a la definición de lo que los individuos conocen, requiere del lenguaje y pasa por procesos de comunicación y socialización. En contraste, el segundo es fruto de la experiencia y utiliza como herramienta principal la imitación (2001, pp. 31-33).

Tanto los conocimientos teóricos como prácticos se observan en las situaciones de secuestro y son el resultado del proceso de interacción entre los participantes. Así, la práctica del secuestro y los mecanismos empleados para darle solución surgen de la combinación de los dos tipos de conocimiento y, por ende, de la construcción de modelos mentales compartidos²⁶. Algunos ejemplos se observan con el análisis del comportamiento de los grupos delincuenciales, las familias y los agentes del Estado, en donde la combinación del aprendizaje teórico y práctico produce un acervo de conocimiento, del que se deriva un repertorio de soluciones que permiten clasificar y enfrentar el problema del secuestro, en medio de un proceso de ensayo y error. (Mantzavinos, 2001, pp. 36-38) (ver Jiménez, 2011; anexos 10 y 11).

Pensamiento estratégico: jugando al terrorista y a la gallina
La elección de un curso de acción también puede enmarcarse dentro de una situación de interacción estratégica en donde se toman decisiones, dadas las posibilidades de cooperación o conflicto entre los individuos. En términos de Dixit y Nalebuff, dichas situaciones se caracterizan por el uso del pensamiento estratégico, entendido como "el arte de superar al adversario a sabiendas que el adversario está intentando hacer lo mismo con uno" (1999, p. 12).

En este orden de ideas, las situaciones de secuestro pueden ser asimiladas a un juego de cooperación²⁷, caracterizado por la repetición secuencial de jugadas y por la importancia que cobra la credibilidad y la reputación de los jugadores. De acuerdo a ello, para el caso de estudio, se modeló un juego del terrorista y la gallina, con el ánimo de representar una situación de secuestro donde se vinculan dos jugadores con información imperfecta y asimétrica²⁸.

Este juego es de carácter secuencial, supone un conocimiento mínimo entre los actores y, por lo tanto, la reputación y la existencia de amenazas creíbles es esencial. El supuesto principal es la existencia de estrategias duras y blandas utilizadas por ambos tipos de jugadores. La línea dura, generalmente, es adoptada por el terrorista, quien "no cede ni se desvía para cumplir su amenaza", mientras la línea blanda es empleada por la gallina, quien "cede y se desvía al punto de abandonar sus más queridas metas personales". El primer jugador tiene la oportunidad de elegir entre ser terrorista y obtener el mejor pago o ser gallina y obtener el segundo mejor pago. Una vez el primer jugador ha escogido su movimiento, el segundo tiene la opción de elegir entre las mismas opciones. Suponiendo que el primer jugador escoge ser terrorista, el siguiente puede adoptar la línea blanda, es decir, recibir el segundo mejor pago o utilizar la línea dura y correr el riesgo de enfrentarse y recibir los peores pagos para ambos (Cante y Mockus, 2005, pp. 66-67).

Para desarrollo de esta investigación, se modeló una primera situación de secuestro, en donde existe una extorsión y, por ende, una negociación, obteniendo los siguientes resultados: i) cuando el secuestrador decide no extorsionar recibe el menor pago (1) pues se entiende que dentro de su orden de preferencias lo que más desea es recibir el dinero de la extorsión. Por el contrario, cuando decide extorsionar y las víctimas acceden, recibe el mayor pago (10). ii) Considerando que el pago de la extorsión está mediado por una amenazada creíble de muerte para el secuestrado, si los familiares no pagan, ambos jugadores reciben el peor pago. Los secuestradores se ven obligados a cumplir su amenaza y matar al secuestrado sin recibir dinero (1), mientras los familiares no logran liberar a su ser querido (-1)²⁹. De acuerdo a esto, la estrategia dominante es acceder al pago por la liberación del secuestrado.

Ahora bien, realizando una modificación al juego, es interesante analizar qué sucede cuando en la misma situación existe un tercer actor (el Estado) que provee de recursos a los familiares para adoptar una estrategia dura (gráficos 5 y 6). Para ello, se han propuesto dos situaciones de secuestro en donde media una acción de denuncia. El primero (A) mantiene el orden de los jugadores (terrorista/gallina); para el segundo (B), el orden de los participantes ha cambiado y el familiar toma la posición de terrorista.

El desarrollo de estos juegos muestra los siguientes resultados: Gráfico 5: las estrategias blandas y duras para el secuestrador son no extorsionar o extorsionar, respectivamente. Ante una eventual extorsión, las opciones de los familiares son no denunciar o hacerlo³⁰. Ante todo, el secuestrador prefiere extorsionar y que la familia no denuncie, en cuyo caso el pago es 10. Sin embargo, ante la reiterada amenaza de muerte para el secuestrado en caso de denunciar, el panorama para la familia es desolador. Si no denuncian, no solo no cooperan con las autoridades y, en general, con la sociedad para mitigar el delito y capturar a los secuestradores, sino que mantienen la incertidumbre derivada de la permanencia en cautiverio de su ser querido. De igual forma, si denuncian, probablemente, contribuyan a mitigar el delito, pero la suerte del secuestrado corre alto riesgo de presentarse el cumplimiento de la amenaza, en cuyo caso recibirían el peor de los pagos (-1). Para este caso, nuevamente, la estrategia dominante es la no denuncia.

Por otro lado, la presencia de un tercer actor (el Estado) con recursos suficientes para influenciar el curso de acción de un secuestrador permite replantear el orden de los jugadores y las acciones duras o blandas (gráfico 6). En este caso, quien empieza jugando en la posición del terrorista es el familiar y sus estrategias pueden ser denunciar (dura) o no (blanda). Suponiendo que existe confianza en las autoridades, el familiar escoge la estrategia dura de denunciar (y, con ello, motivar una acción de rescate), a lo cual la gallina (secuestrador) puede responder liberando o asesinando al secuestrado. Si el secuestrador opta por la línea blanda (estrategia dominante), se presenta el mejor pago tanto para las autoridades como para los familiares y para el mismo secuestrado. Si, por el contrario, el secuestrador elige la estrategia dura, el juego dará como resultado el peor pago para todos los actores.

El desarrollo de ambos juegos muestra cómo un secuestro, dada cualquiera de las estrategias, supone un costo muy alto para la familia, pues, en la mayoría de los casos, no poseen la información suficiente ni los recursos (económicos o de poder) para lograr la libertad del ser secuestrado. Adicionalmente, permiten analizar diferentes escenarios en donde el desenlace depende de variables como el tiempo de reacción entre el momento del secuestro y la instauración de una denuncia, el tipo de autor que perpetúa el delito y la percepción de acompañamiento estatal por parte de los familiares de secuestrados:

Hipótesis 6: la variable tiempo incide en el hallazgo de desenlaces positivos cuando hay una instauración temprana de la denuncia.

Hipótesis 7: el impacto de la denuncia en el desenlace de los secuestros varía dependiendo del tipo de secuestrador que perpetúa el delito.

Hipótesis 8: la presencia de un tercer participante (el Estado) en la situación de secuestro modifica los pagos esperados por los principales participantes (secuestradores y familiares) que interactúan en la situación de secuestro y, por ende, incide en la decisión de denunciar o no denunciar.

El bien público de la seguridad y la acción colectiva: salida al juego del terrorista y la gallina
La elección de estrategias duras o blandas en el juego de la gallina y el terrorista muestra un claro ejemplo de dilema social³¹. El análisis de la situación-acción de secuestro, a la luz de la teoría de acción colectiva, permite identificar los cursos de acción de las víctimas de secuestro y sus efectos sobre la comunidad.

En los casos de secuestro, el uso de la línea blanda no solo se explica por ser la estrategia dominante en las situaciones antes descritas, sino porque responde a una estrategia de racionalidad maximizadora en el nivel individual. No obstante, al extrapolar la estrategia al nivel colectivo, la estrategia de ceder incentiva el aumento de los casos de secuestro, generando un dilema social relacionado con el bien público de la seguridad (Hardin, 1978; Ostrom, 2000).

En el caso de estudio, es claro cómo para las víctimas ceder a las exigencias de los secuestradores (pagar extorsión o no denunciar) representa la mejor estrategia para liberar al secuestrado en el corto plazo. Sin embargo, los efectos negativos de tales acciones se hacen evidentes con la explosión y masificación de la práctica del secuestro. Esto permite evidenciar cómo lo que individualmente es racional, colectivamente, puede trae efectos devastadores.

Bajo dicho contexto, Cante y Mockus (2005, p. 68) proponen una salida alternativa al problema de la acción colectiva en situaciones de conflicto: la desobediencia civil traducida en una estrategia dura no terrorista de resistencia.

En este sentido, el uso de una estrategia dura no terrorista requiere del establecimiento de precompromisos³² que refuercen el curso de acción y hagan creíbles las amenazas de no ceder ante los secuestradores³³. Hacer costosa la elección de la acción que se quiere evitar para, así, aumentar los costos de abortar la estrategia de resistencia (Cante y Mockus, 2005)

En los casos de secuestro, algunos ejemplo de precompromisos o mecanismos de atadura para mantener firme una estrategia dura pueden ser: i) demostrar que la víctima o su familia han congelado las cuentas bancarias para evitar el pago de la extorsión; ii) delegar en una persona externa la publicación de información secreta o confidencial de la víctima en caso que la persona afectada incumpla el acuerdo de resistir a la extorsión y iii) si se ha decidido denunciar, cortar las comunicaciones con los secuestradores con el fin de no sucumbir ante sus amenazas. Lo anterior permite plantear la novena hipótesis del texto:

Hipótesis 9: en la práctica, la estrategia de resistencia civil plantea serios inconvenientes a la hora de ser ejecutada, pues tanto la orientación hacia la maximización del bienestar individual, como el conjunto de emociones, deseos y creencias que se encuentran presentes en las situaciones de secuestro impiden adoptar estrategias riesgosas cuando lo que se encuentra de por medio es la vida humana.

En consecuencia, el aumento en la seguridad y la efectividad de las acciones del Estado a la hora de enfrentar el secuestro generará mayores incentivos para el acercamiento entre los ciudadanos y las autoridades (Cante y Mockus, 2005). La confianza³⁴, como "lubricante de la sociedad", es esencial para conseguir el aumento de las denuncias y, con ello, la forma de emprender una acción colectiva por medio de la adopción de estrategas duras que contribuyan a superar el dilema social derivado del secuestro.

En este sentido, la adopción de estrategias duras no terroristas en circunstancias de horizontes prolongados de tiempo, con altos niveles de incertidumbre, requiere del establecimiento de normas deliberadas por parte de la sociedad y de respuestas concretas por parte del Estado, que permitan el cumplimiento de los acuerdos socialmente aceptados.

Dimensión institucional. Efectos de las reglas formales e informales sobre la acción de denuncia en una situación de secuestro
En una situación de secuestro, la decisión de denunciar o no se explica a partir de un conjunto de variables endógenas (emociones, deseos y creencias) y exógenas (instituciones) que afectan el comportamiento de las personas expuestas a este delito. ¿Cómo y por qué condicionan las instituciones el comportamiento de las personas expuestas a situaciones de secuestro? Es la pregunta que se intenta responder en esta sección.

Por definición, las instituciones son "las reglas de juego de una sociedad, o más formalmente, las constricciones humanamente concebidas que estructuran la interacción humana. Consisten en reglas formales (constituciones, estatutos, ley común y regulaciones), reglas informales (convenciones, reglas morales y normas sociales), y el refuerzo característico de cada una" (Mantzavinos y otros, 2004, p. 77).

En suma, la dimensión institucional comprende el conjunto de reglas informales y formales que delimitan la acción humana, con el fin de reducir la incertidumbre e identificar las acciones permitidas y prohibidas de acuerdo a un repertorio de convenciones, normas morales, sociales y reglas formales que actúan como mecanismo de refuerzo, en un contexto de interacción marcado por el conflicto de intereses y la posibilidad de emprender acciones de coordinación o cooperación.

El problema gemelo de seguridad y confianza: la tarea incumplida del Estado
Desde un punto de vista macropolítico, las instituciones formales es una de las variables exógena que incide en una situación de secuestro. Según Mantzavinos, North y Shariq (2004), las instituciones formales se definen como el conjunto de acuerdos explícitos desarrollados en una sociedad y reforzados por un agente externo, generalmente, el Estado. A su vez, el Estado, como institución formal, surge a partir de la necesidad de solucionar el problema gemelo de protección y confianza, derivado de las agresiones provenientes de individuos de una misma sociedad o de otras sociedades (Mantzavinos, 2001, pp. 135-145).

Al analizar de cerca el caso colombiano, es claro que el Estado no logra satisfacer las demandas de seguridad y confianza de los ciudadanos. Entre las década de los sesentas y ochentas, ante la inoperancia del Estado, surgen grupos insurgentes y paramilitares encargados de proveer protección a comunidades específicas, como campesinos y narcotraficantes. Sin embargo, dicha protección no se orienta por reglas formales y, por lo tanto, permite la degeneración del servicio de protección prestado por las "agencias" privadas, facilitando la recurrencia del delito.

Ante esta situación, las autoridades han desplegado esfuerzos para contrarrestar el delito. Ello se observa en las múltiples reformas instituciones que se han llevado a cabo en los últimos 172 años (Caballero, 2009). Sin embargo, los esfuerzos parecen ser insuficientes y la práctica del secuestro aún continúa. ¿Qué explica esta tendencia? Desde un marco institucional, varios argumentos pueden ser expuestos: 1). Los diseños institucionales logran influenciar mas no modificar completamente el comportamiento de las personas (Roll, 2001). 2) Los mecanismos de refuerzo (sanción) y retroalimentación (denuncia) de la política de lucha contra el secuestro no son lo suficientemente fuertes y, por lo tanto, no permite combatir el delito en su totalidad. 3) El marco institucional diseñado para contrarrestar el delito no solo ha variado constantemente en el tiempo, generando distorsiones en la forma de entender y enfrentar el delito, sino que la estructuración de una organización especializada para combatirlo es de reciente constitución y, por ello, aún se encuentra recorriendo un proceso de ensayo y error en los procesos de implementación³⁵. 4) La estrategia de lucha contra el secuestro requiere de la reacción de las autoridades, pero también de la cooperación de la ciudadanía, especialmente con la denuncia del delito, lo cual no se logra en un porcentaje importante de los casos³⁶. 5) Existe un proceso de coevolución de la práctica del secuestro en el que la velocidad de adaptación del delito supera la velocidad de la respuesta de las autoridades³⁷.

De esto se infiere que la influencia de las instituciones formales en el marco de las acciones en situaciones de secuestro no es definitiva. En consecuencia, es importante revisar el papel de las instituciones informales y su incidencia en la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades por medio de la denuncia.

¿Negociación? Adoptando salidas para resolver el problema del secuestro
Hipótesis 10 : la ineficiencia de las instituciones formales a la hora de lograr la libertad de las personas retenidas estimula la adopción de instituciones informales (como la negociación), lo que, a su vez, explica el patrón de no denuncia.

Las instituciones informales surgen, en el nivel micro, como un medio de resolución de problemas, es decir, como modelos mentales que estructuran las acciones humanas. A su vez, esos modelos mentales son el producto de los procesos de aprendizaje individual y colectivo derivados de una dinámica de ensayo y error, que implica la socialización y la retroalimentación de los problemas. De acuerdo a esto, es posible adoptar dos cursos de acción para buscar la libertad de un secuestrado: la negociación o la denuncia. La primera implica evitar el conocimiento de los hechos por parte de las autoridades. La segunda supone la cooperación con las instituciones gubernamentales para lograr la libertad del secuestrado por medio de un rescate. La adopción de una u otra alternativa depende de los modelos mentales compartidos que operan en la comunidad afectada.

Para el caso del secuestro, el temor generalizado de la ciudadanía frente a los problemas de seguridad incide en una cultura de la no cooperación, es decir, de no denuncia.

En este sentido, la creencia en la ineficiencia de las instituciones estatales, sumado al riesgo que implica para la vida de los ciudadanos la cooperación con el Estado, puede conllevar a la adopción de un modelo mental que privilegia atajos³⁸ como medio de solución, por ejemplo, la negociación con los secuestradores.

En consecuencia, las convenciones³⁹, normas morales⁴⁰ y normas sociales⁴¹ adoptadas por la comunidad de víctimas de secuestro puede orientarse a la no denuncia y, por ende, es posible que no exista un acuerdo social que privilegie la adopción de una estrategia de cooperación dura no terrorista⁴². El análisis de los casos y la evidencia estadística responderá este interrogante.

Análisis: comprobando diez hipótesis sobre el secuestro en Colombia
La sección de análisis se encuentra dividida en dos partes. La primera presenta la descripción y el análisis de los resultados cuantitativos para explicar la hipótesis general. La segunda, por motivos de espacio, resume los resultados del contraste de la evidencia cualitativa y cuantitativa para comprobar las nueve hipótesis adicionales⁴³.

¿Inciden las denuncias en los desenlaces de los secuestros extorsivos económicos?
Antes de responder la pregunta central de este texto sobre la incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestros extorsivos económicos, es necesario caracterizar las fuentes y las muestras utilizada en ambos estudios cuantitativos.

En la versión de 2010, la fuente empleada fue Fondelibertad, con una muestra de 12.098 casos de secuestro extorsivo con fines económicos para el periodo 1996-2010. En ese momento, se asumió que, por el carácter de la fuente (oficial), esos 12.098 caso correspondían al mismo número de denuncias.

Para este documento, se ha tomado la información disponible en la base de datos de Cifras & Conceptos. Esta organización se encuentra construyendo la base de datos sobre secuestro más completa del país, a partir de la metodología de fuentes contrastadas con la cual se acopia y valida información de distintas fuentes públicas y privadas. Actualmente, cuenta con más de 40.000 registros para el periodo 1970-2010 y la mayor cantidad de información disponible para más de 120 variables, entre las que se encuentra la denuncia y el desenlace.

En particular, y con el ánimo de precisar la muestra con información sobre casos en donde efectivamente media una denuncia, se ha tomado como base de referencia la fuente judicial, compuesta por datos provenientes de sentencias de ocho juzgados penales de las siguientes ciudades: Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Popayán y Valledupar.

Dicha base de datos con información de procesos judiciales actualmente cuenta con un registro de 1.825 casos de personas secuestradas para el periodo de estudio. De ese total, en 846 casos, los autores han argumentado motivaciones económicas, lo que permite identificar la muestra correspondiente a secuestros extorsivos. Ahora bien, de esos casos, se cuenta con información precisa sobre denuncias para 611. 395 son denuncias interpuestas por familiares, amigos o personas cercanas a la víctima; 128 han sido noticias criminales instauradas por las autoridades por razones de oficio y 88 no especifican cómo llegó el suceso al conocimiento de las autoridades y al sistema judicial.

En consecuencia, y considerando el interés que tiene la investigación por afinar y precisar la muestra en donde mediaron denuncias de familiares y personas cercanas a la víctima, se selecciona la muestra de 395 casos para el análisis cuantitativo. Esta muestra no representa la totalidad de los secuestros extorsivos en Colombia, ni aquellos que se encuentran actualmente en el sistema judicial. Sin embargo, sí permite estudiar con mayor precisión la relación entre denuncia y desenlace para este grupo específicos de casos.

Para comenzar, se realiza una descripción de la muestra que busca contextualizar la dinámica del secuestro que se puede percibir desde las fuentes judiciales. Así, en relación con la distribución temporal del secuestro, las cifras muestran un mayor auge de este delito en los periodos 1995-1999 y 2000-2004, con el 26% y 39%, respectivamente. Sin duda, los años con mayor registro de casos son 1999 y 2000, lo cual coincide con lo tendencia identificada en el estudio anterior a partir de la fuente oficial.

Ahora bien, la proporción de los datos comparados para las dos fuentes permite observar un hallazgo importante: el aumento proporcional de los casos entre 1995 y 2010 en las fuentes judiciales da cuenta de las repercusiones que tiene la magnitud del fenómeno en el sistema judicial para ese periodo y los avances de la justicia en material de inicio de procesos penales. En contraste con la base de Fondelibertad, el pico de casos conocidos no supera el 16% en el año más alto (1999); mientras, en la base de sentencias, el año 2000 registra un 39% de casos.

Al analizar los resultados por departamento, según la tasa de secuestros por 100.000 habitantes, se identifica a Risaralda, Cesar y Bogotá como los más afectados, con tasas de 4.9, 4.8 y 2.5 secuestros, respectivamente. Sin embargo, este resultado responde a las características de la muestra, a saber, casos recopilados en ocho juzgados, razón por la cual no se realiza mayor ampliación de esta información respecto al trabajo elaborado en 2010.

Para la variable área, los resultados muestran en ambos casos la preponderancia del secuestro rural sobre el secuestro urbano -61% y 39%, respectivamente- tanto en la base de datos oficial, como en la base de sentencias. Ello no solo reitera la importancia que toman los grupos de delincuencia común que operan en cabeceras municipales de forma independiente o al servicio de las guerrillas, sino la dinámica de la denuncia asociada más a fenómenos urbanos.

En relación con los autores, las fuentes divergen notablemente y ello da muestra de las características del sistema judicial. Mientras Fondelibertad conoce mayor cantidad de casos e identifica que en primer lugar se encuentra la guerrilla de las faro con un 40%, seguida por el eln con un 27% y la delincuencia común con un 24%. La fuente de sentencias pone en primer lugar la delincuencia común con un 34%, seguido por otros autores con 26% y las faro con un 20%.

Lo anterior ratifica el incentivo que tiene los familiares para denunciar casos en donde se percibe que los autores son la delincuencia común. De acuerdo a las entrevistas, las personas tienen mayor temor a este tipo de autores, pues conocen que sus acciones son más radicales y que de su actuación rápida (por medio del Estado o con negociaciones económicas directas) depende la vida de su familiar.

Ahora bien, en relación con la pregunta central por la incidencia de la denuncia en los desenlaces de secuestro extorsivos de carácter económico, se obtienen resultados agregados y desagregados para siete tipos de desenlaces en ambos ejercicios.

Al agrupar los desenlaces en positivos y negativos, el trabajo inicial identifica que el 97% de los registros corresponden a desenlaces positivos. Esta tendencia se mantiene en la base que explora sentencias con un leve modificación del 5% en estos casos. En contraste, solo un 3% y un 8% de la base de datos de Fondelibertad y de Sentencias, respectivamente, registra un desenlace negativo. Este resultado permite validar y reafirmar la hipótesis inicial de la incidencia de las denuncias en los desenlaces de los secuestros.

Particularmente, en el estudio de 2010, se anotaba, a manera de observación, las posibles debilidades de los resultados derivadas del subregistro de desenlaces en la fuente oficial: "Sin embargo, es necesario hacer dos salvedades: primero, existe un alto subregistro de los desenlaces de los secuestros por parte de la fuente oficial (de la muestra de 12.089 casos solo se identifican desenlaces específicos para 1.301 casos)" (Jiménez, 2010).

En ese sentido, este artículo muestra una validación que parte de mejoras metodológicas, ya que, en esta oportunidad, la correspondencia de los datos asociados principalmente a desenlaces positivos está dada por una muestra de 395 casos, de los cuales se cuenta con información del desenlace en el 91% de los registros, frente a un 11% de los datos con información sobre esta variable en el ejercicio inicial.

Por otro lado, este documento reitera la salvedad hecha frente a la multicausalidad de los desenlaces positivos en los secuestros extorsivos. Como se mencionó en 2010, la existencia de una denuncia no determina el éxito de un desenlace, pues existen otras variables, como el tiempo, que median entre el hecho y el conocimiento que de él tienen las autoridades, el tipo de autor, el carácter urbano o rural del secuestro, su edad, que afectan en distintas proporciones.

Sin embargo, esta segunda revisión de la información permite reiterar la importancia del mecanismo de denuncia como uno de los principales insumos para la actuación del Estado con resultados positivos. Sin duda, el aprendizaje y las mejoras operativas desarrolladas por la institucionalidad en esta materia dan cuenta de este resultado.

Por otro lado, al desagregar los resultados por desenlaces específicos, se reitera la incidencia de la denuncia, principalmente, en operaciones de rescate. En 2010, el 50,7% de la muestra obtuvo ese tipo desenlace. Lo mismo ocurre en los casos acopiados por las fuentes judiciales donde el mayor porcentaje está asociado a ese desenlace, aunque en una menor proporción (37%). En segundo lugar, ambas fuentes coinciden en identificar la liberación tras pago como el segundo desenlace con mayor importancia (25,5% y 28% para 2010 y 2011, respectivamente).

Esto corrobora la afirmación de la multicausalidad de los desenlaces. Si bien las personas denuncias los casos de secuestro, ello no implica la adopción de un único mecanismo para buscar un desenlace positivo del caso; de forma tal que, para muchos casos, se combinan estrategias duras y blandas de denuncia y rescate con denuncia y pago de extorsiones.

Realidades del secuestro: respuestas para nueve hipótesis de trabajo
Por motivos de extensión y de amabilidad con el lector, a continuación, se presentan de manera sintética los principales hallazgos de las entrevistas realizadas a familiares de víctimas de secuestro que permiten identificar las emociones, deseos y creencias que inducen a la acción en una situación de secuestro. Asimismo, se incluyen aspectos relacionados con la interacción estratégica, la relación y efectos de las reglas formales e informales sobre los comportamientos. A partir de esto, se desagrega la comprobación de las nueve hipótesis planteadas en las tres dimensiones:

Hipótesis 2: el conjunto de emociones, deseos y creencias sí generan fallos de racionalidad, pero estos fallos no conllevan a la no denuncia.

Hipótesis 3: en el momento del secuestro, no existe una creencia arraigada del impacto negativo de la denuncia en el desenlace. Sin embargo, de forma posterior como producto de la experiencia con las autoridades, dicha creencia varía para un número significativo de los escasos. La ratificación o modificación de las creencias frente a la acción de denuncia se encuentra directamente relacionada con el desenlace que hayan obtenido los familiares en sus casos específicos.

Hipótesis 4: el secuestro aparece para la mayor parte de las familias como un problema nuevo y ello incide en las estrategias que emprenden para solucionarlo. Para un menor número de casos, el secuestro aparece como un problema viejo y, en ese sentido, se hacen uso del repertorio de respuestas preexistente, especialmente lo referente a la acción de denuncia.

Hipótesis 5: tanto la percepción de los participantes como los resultados estadísticos permiten corroborar esta hipótesis, especialmente debido la falta de operatividad de las autoridades a lo largo de la década de los noventa.

Hipótesis 6: la aparición de desenlaces positivos para un 63,5% de los casos en donde existió una instauración temprana de la denuncia (inferior a cinco días), sumado a la percepción positiva que manifiestan nueve de las diez personas entrevistadas, permite ratificar esta hipótesis.

Hipótesis 7: esta hipótesis se comprueba al identificar que hay mayor probabilidad de lograr un rescate cuando el secuestro lo realiza la delincuencia común, mientras el desenlace recurrente para el caso de las guerrillas es la liberación tras pago, la cual se realiza sin contar con el apoyo de las autoridades para un número importante de casos.

Hipótesis 8: la presencia del Estado (acompañamiento) en las situaciones de secuestro sí fortalece la posición de las víctimas y, en ese sentido, puede inducir a acciones como el rescate o la forma como se manejan las negociaciones. Sin embargo, ello no incide en la instauración de la denuncia, pues esta acción se realiza de forma previa y por razones exploradas en otras hipótesis.

Hipótesis 9: las emociones, deseos y creencias derivadas del alto riesgo que corre la vida de los secuestros con la adopción de estrategias de resistencia civil y los altos niveles de incertidumbre que acompaña las situaciones de secuestros, sumado al deseo por obtener resultados en el corto plazo, dificultan el desarrollo de la acción colectiva en el tema de secuestro.

Hipótesis 10: como resultado del análisis de las instituciones formales, se ratifica cómo la ineficiencia de las mismas durante los primeros años de secuestro induce a la adopción de mecanismos como la negociación como una convención en los casos de secuestro extorsivo económico. Adicionalmente, ello se refuerza con la prioridad que dan los familiares a la búsqueda de alternativas que les permitan obtener desenlaces positivos, por encima del seguimiento de normas morales y sociales. Sin embargo, ello no necesariamente conlleva a una acción de no denuncia.

Conclusiones
Al retomar la pregunta central de la investigación sobre cuál es la incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestros extorsivos económicos en Colombia, es posible concluir que existe una incidencia positiva. Ello se evidencia, principalmente, por el porcentaje de desenlaces positivos que arroja el análisis de la muestra cuantitativa proveniente de dos fuentes oficiales en donde se identifica la mediación de una denuncia (97% a partir de Fondelibertad y 92% de una muestra de la información del sistema judicial).

Sin embargo, al respecto, y combinando el análisis con los testimonios recopilados, es necesario hacer tres observaciones: primero, el nivel de subregistro de los desenlaces sigue siendo muy amplio y, por lo tanto, la incidencia no se puede tomar como definitiva. Segundo, la muestra de sentencias empleadas para corroborar el análisis afina el instrumento en tanto permite extraer resultados para un conjunto de casos en donde medió específicamente una denuncia de familiares o personas cercanas a la víctima, pero recoge solo un porcentaje de sentencias de ocho juzgados del país. Tercero, la existencia de desenlaces positivos (liberación sin importar por qué medios) no captura de forma completa la incidencia de las denuncias, pues existen casos de secuestro en donde la instauración de la denuncia como mecanismo inicial no impide recibir o aceptar apoyo del Estado.

Por otro lado, respecto a los objetivos específicos, en primer lugar, se identifica cómo la denuncia, por sus efectos en los desenlaces, es un elemento esencial dentro de las estrategias de lucha contra el secuestro y la extorsión. Sin embargo, se reitera el llamado a las autoridades para construir una política pública y no unos lineamientos de política que intensifiquen el uso de este mecanismo de lucha contra el delito a partir del establecimiento de indicadores claros de atención y seguimiento de los casos.

Frente al segundo objetivo específico, se logra desarrollar un análisis multidimensional que da cuenta de las motivaciones que estimulan e inhiben la denuncia. En el nivel intrapersonal, el conjunto de emociones, deseos, creencias y los procesos de aprendizaje individual y colectivo permiten explicar los diferentes cursos de acción emprendidos por las víctimas y los familiares, especialmente la denuncia y la negociación. En el nivel interpersonal, el secuestro, entendido como un mecanismo de atadura unipersonal empleado por los secuestradores, cumple con la función de cerrar las opciones de la víctima y, en ese sentido, condiciona la acción de denuncia y sus efectos posteriores. Igualmente, condiciona la acción de negociación y, de manera particular, el pago de extorsiones. Adicionalmente, el análisis en el nivel interpersonal permite identificar las alternativas frente al secuestro como un dilema social y, por ende, la imposibilidad de llevar a cabo una acción colectiva que contribuya a mitigar el delito, pues, de por medio, se encuentra la vida de las personas secuestradas.

Por último, en el nivel institucional, es necesario empezar por establecer la percepción de eficiencia o ineficiencia de las instituciones formales que tiene los familiares de secuestrados. Así, para el periodo de referencia en donde ocurren la mayor parte de los casos estudiados, la percepción de la eficiencia institucional es baja, dado que el conjunto de reglas formales carecen de un mecanismo de refuerzo externo (sanción) que permita su cumplimiento efectivo. Al respecto, las víctimas manifiestan su percepción negativa de las instituciones en el momento en que ocurrió su experiencia cercana al secuestro, aunque reconocen un avance significativo en materia de seguridad durante los últimos años y, por ende, una tendencia reciente a aumentar los niveles de confianza en las actuaciones del Estado.

Sin embargo, frente a las instituciones encargadas de impartir justicia, la preclusión de varias investigaciones por vencimiento de términos o la exoneración de delincuentes vinculados a la Ley de justicia y paz generan en los familiares entrevistados una percepción negativa del sistema, hecho que se corrobora con la escasa información disponible en el sistema judicial en proporción a la cifra global de secuestros ocurridos en el país.

En cuanto a las normas morales, los familiares de secuestrados se debaten entre principios de legalidad e ilegalidad. Las víctimas identifican de forma clara que sus acciones de no denuncia y de pago contribuyen a aumentar la criminalidad y la recurrencia del delito. Sin embargo, con frecuencia, prefieren tomar la vía de la negociación.

Por último, a nivel colectivo, existe una norma social arraigada de rechazo al secuestro y a las acciones violentas de los grupos armados. No obstante, una vez se analiza el nivel individual, las personas expuestas a situaciones de secuestro no continúan tal rechazo con acciones concretas, como el no pago. Esto se explica porque el nivel de sanción social a este tipo de conductas es inexistente, pues, en una situación donde se encuentra de por medio la vida de una persona y donde las instituciones no logran dar solución al problema, fácilmente se genera una aceptación y justificación social al uso de ese tipo de acciones que, en el largo plazo y a nivel colectivo, son inconvenientes.

Retomando el tercer objetivo, se cumple de forma satisfactoria en tanto la muestra casuística y estadística permite establecer las dinámicas que ocurren en una situación de secuestro, a partir de las respuestas que permite dar a cada una de las hipótesis planteadas a lo largo del texto.

Analizadas las diez hipótesis, es posible concluir cómo, en cada uno de los niveles, el secuestro es un mecanismo que induce diferentes tipos de acciones, que, a su vez, se explican por la activación de otros mecanismos endógenos o exógenos a la misma situación de secuestro. En ese sentido, el secuestro es un tema fundamental para la Ciencia Política en tanto plantea un dilema social que conllevó a que Colombia tuviera una de las cifras más altas de secuestro en el mundo y que, en la actualidad, es una práctica que continúa. Igualmente, permite analizar cómo este fenómeno induce acciones estatales encaminadas a mitigar el problema, lo que conecta directamente con una toma de decisiones tanto en el nivel individual como en el colectivo e institucional.

Para terminar, como producto de esta investigación, se espera realizar un aporte conceptual y metodológico derivado del abordaje multidisciplinar, multidimensional, desde diversas técnicas de investigación y la mezcla de herramientas cuantitativas, cualitativas y documentales.

Todo lo anterior se orienta a proporcionar insumos que permitan mejorar la adopción de políticas públicas en materia de secuestro, especialmente aquellas encaminadas a estimular y concientizar a la ciudadanía de las incidencia positiva de las denuncia en el desenlace de los secuestros y a las autoridades a observar e invertir esfuerzos en consolidar su efectividad, su legitimidad y la confianza ciudadana.

Pie de página

¹En relación con las herramientas cualitativas, se realizaron trece entrevistas semiestructuradas, con el ánimo de indagar por las motivaciones y las acciones que emprenden los familiares de víctimas de secuestro extorsivo económico.
²Respecto a las herramientas cuantitativas, el trabajo retoma el análisis realizado por Jiménez (2010), que parte de una muestra con 12.098 casos de secuestro extorsivo económico, construida a partir de la información proporcionada por El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), hoy Dirección para la Defensa de la Libertad Personal, entidad oficial encargada de llevar el registro del secuestro en Colombia. Además, se contrastan los resultados con otra de 1.824, construida por la empresa Cifras & Conceptos S.A. en el marco de la investigación: 40 años de Secuestro en Colombia, una visión estadística, 1970-2010, a partir de fuentes jurídicas.
³ Al respecto, Abitbol y Botero indican: "Es importante anotar que la unidad de análisis, así postulada no es este ni aquel individuo particular, ni la categoría abstracta de "el individuo", sino acciones humanas particulares (individuadas)" (2005, p. 134).
⁴Según Elster (1997), el concepto de Egonomics utilizado por Schelling (1978) hace referencia a "el análisis económico de los conflictos motivacionales que se producen dentro de las personas y del manejo (automanejo) de dichos conflictos". Desde la perspectiva de Elster, el enfoque egonómico se utiliza en un sentido más amplio con el fin de analizar las relaciones intra e interpersonales, alejándose de la teoría económica estándar al presentar variaciones al modelo de elección racional clásico. Sus temas centrales son la falta de voluntad y el autocontrol.
⁵La adopción de estas dos variables para el estudio del secuestro radica en el deseo por analizar y evaluar uno de los componentes de la política pública antisecuestro (la denuncia) y tomar un indicador de efectividad (el desenlace). Sin embargo, es necesario aclarar que la efectividad de la misma no responde a un único componente y, por lo tanto, la evaluación que de aquí se desprenda no abarca la totalidad de la política.
⁶Para el análisis en la dimensión intrapersonal, las motivaciones que inducen la acción de los familiares en el momento en que ocurre una retención ilegal es equiparable tanto en el secuestro como en la desaparición forzada, razón por la cual se incluyen algunas respuestas encontradas a lo largo de las entrevistas en un caso de este estilo. Sin embargo, atendiendo a que esta investigación se limita a analizar la incidencia de las denuncia en el desenlace de los casos de secuestro extorsivo, no se incluyen las cifras de desaparición forzada para el estudio cuantitativo.
⁷Para ampliar sobre la definición, ver Caballero y Jiménez (2010).
⁸Según la lista de clasificación de casos de secuestro a nivel mundial, en 2006 (calculado del número absoluto de secuestros), estos cuatro país ocupan las posiciones primera, séptima, octava y novena respectivamente (Pax Christi, 2008, p. 6).
⁹En este año, la delincuencia común secuestró a la hija del propietario del Ingenio Manuelita, Harold Eder: "La sociedad de Cali se halla consternadísima con el audaz rapto de la niña, Elisa Eder Caicedo [...] Se considera que se trata de un chantaje (sic) pues la familia de la niña es rica, ya que el padre, el señor Harold Eder, es el gerente del ingenio azucarero 'La Manuelita', uno de los más poderosos del país.[...] Los raptores [...] son sujetos bien parecidos" (El Tiempo, 1 de febrero de 1933, pp. 1-2, en Rubio, 2003, p. 3).
¹⁰Según Rubio, hay cuatro factores asociados al narcotráfico que influyen en el aumento de las cifras de secuestro durante la década de los ochenta (2004, p. 2). Por un lado, el incremento en los precios de la tierra impulsó el desplazamiento de los trabajadores campesinos y estimuló la llegada de nuevos propietarios de fincas, quienes se convirtieron en las víctimas más comunes durante este periodo. Por otro lado, el negocio de la droga impulsó la creación de ejércitos paramilitares como medio de protección en contra del secuestro. Adicionalmente, algunos "reyes" de la droga iniciaron sus carreras como secuestradores y utilizaron esta práctica con fines políticos y como medio para cobrar deudas. Por último, la guerrilla empezó a utilizar la droga, la extorsión y el secuestro para financiar sus actividades delictivas (Rubio, 2004, p. 2).
¹¹La implementación de retenes ilegales y "pescas milagrosas" por parte de los grupos guerrilleros (principalmente las farc y el eln), como estrategia de diversificación de las víctimas potenciales de secuestro, explica el boom en la década de los noventa (Rubio, 2004, p. 3).
¹²De acuerdo con Rubio (2004, p. 6), las diferentes oleadas del secuestro se presentan de forma generalizada en toda Colombia y se asocian particularmente con la distribución de los grupos armados. En este sentido, cifras presentadas por el dnp (2004, p. 17) indican que, entre 1996 y 2003, los departamentos más afectados por el delito de secuestro extorsivo fueron Antioquia (19,4%), Cesar (8,2%), Valle del Cauca (6,8%), Santander (6,6%) y Cundinamarca (5,7%). Igualmente, las víctimas más afectadas durante ese periodo fueron los comerciantes (16,1%), los profesionales (en donde se incluyen servidores y Fuerza Pública) (15,6%) y los menores de edad (7,7%).
¹³La Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010) ha logrado disminuir los índices de secuestro en un 79% en lo corrido de su mandato, por medio de distintas estrategias: aumento de seguridad en las carreteras y mayor presencia de los cuerpos de seguridad en los municipios del país, fortalecimiento de la vigilancia y el control en las ciudades y las áreas rurales donde hay presencia de los grupos al margen de la ley, entrenamiento y equipamiento de la Fuerza Pública, además del aumento de su poder aéreo y la formación de grupos especiales, así como la participación activa de la ciudadanía en general, a través de la denuncia y redes de informantes en distintas zonas del país (Colombia, 2007, p. 36).
¹⁴Sin embargo, algunos autores son claros en afirmar que el descenso comienza años antes de la implementación de dicha política de gobierno. La tesis planteada por Montenegro y Pedraza argumenta que este descenso de la cifra de secuestros, anterior a la implementación de la Política de Seguridad Democrática, se debe en parte al mejoramiento de las telecomunicaciones, particularmente la expansión de la cobertura de telefonía celular en Colombia (2009, p. 3).
¹⁵Por incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestro se entiende el efecto que genera la instauración de una denuncia o, en su defecto, la negoción directa entre familiares y secuestradores, sobre el resultado de un secuestro. Entre los posibles desenlaces, se encuentran: muerte con ocasión de rescate, muerte durante el cautiverio, rescate, liberación unilateral, liberación tras pago de exigencia, liberación por presión de la Fuerza Pública y fuga, entre otras. Se considera que alguno de los cursos de acción (denunciar o no denunciar) tiene incidencia negativa cuando la víctima fallece. En contraste, la incidencia se considera positiva siempre que se obtenga como resultado una liberación por cualquiera de los medios.
¹⁶Por incidencia de las denuncias en el desenlace de los secuestro se entiende el efecto que genera la instauración de una denuncia o, en su defecto, la negoción directa entre familiares y secuestradores, sobre el resultado de un secuestro. Entre los posibles desenlaces, se encuentran: muerte con ocasión de rescate, muerte durante el cautiverio, rescate, liberación unilateral, liberación tras pago de exigencia, liberación por presión de la Fuerza Pública y fuga, entre otras. Se considera que alguno de los cursos de acción (denunciar o no denunciar) tiene incidencia negativa cuando la víctima fallece. En contraste, la incidencia se considera positiva siempre que se obtenga como resultado una liberación por cualquiera de los medios.
¹⁷Según la ter, una acción es racional si cumple las siguientes condiciones: 1) constituir el mejor medio para satisfacer los deseos (debe ser óptima, lo que implica cumplir con las condiciones de transitividad y comparabilidad); 2) estipular que las creencias en sí son racionales pues se basa en la información de la que disponen las personas; 3) contar con que los individuos obtienen cantidades óptimas de información (Elster, 1997, pp. 45-47; 2007, pp. 191-193).
¹⁷La condición irracional de la no denuncia está dada por la información incompleta con la que los participantes forman creencias y toman decisiones. Sin embargo, en muchos casos, la constancia de desenlaces negativos como la muerte del secuestrado en una operación de rescate, permite entender la acción como racional, es decir, adoptada a fines (lograr la libertad del secuestrado).
¹⁸Huddy (2007) toma la teoría de la inteligencia emocional desarrollada por Jorge Marcus, Michael Mackun y otros, quienes aseguran que la ansiedad y el entusiasmo tienen diferentes efectos sobre los juicios políticos en un contexto electoral. Cabe aclarar que esta teoría está planteada originalmente para estudios electorales. Para este estudio, se utilizan dichos conceptos para aludir al tema de las conductas de los participantes en una situación de secuestro.
¹⁹Pese a las advertencias por parte del gobierno donde se le informaba la fuerte presencia de guerrilleros en la zona, Ingrid viaja en compañía de su jefe de debate, Clara Rojas, y en carretera fueron retenidas por el grupo subversivo de las Farc" (El Espectador, 3 de abril de 2008)
²⁰Al respecto, también, puede consultarse Meluk (1998).
²¹Por problema, Mantzavinos (2001) entiende una situación en la que "un individuo (...) desea algo y no conoce de forma inmediata, las acciones que debe emprender para alcanzarlo" (2001, pp. 7-8).
²²En estricto sentido, los modelos mentales se definen como: "la predicción o expectativa final que el organismo forma sobre el medio ambiente antes de recibir retroalimentación" (Mantzavinos, 2001, p. 26).
²³Los procesos de aprendizaje se entienden como: "la transición de la novedad (problemas sin solución) a la rutinización de conductas efectivas en la relación de problemas dados" (Casas, 2008, p. 102).
²⁴Dado que las situaciones de secuestro no afectan de forma directa a la totalidad de la sociedad colombiana, la aproximación a modelos mentales está dada, principalmente, por la experiencia de situaciones similares de personas cercanas. En el caso de las familias que ha sufrido variossecuestros, la situación se enfrenta como un problema viejo para el cual se tiene una solución preestablecida.
²⁵Por precompromiso, Elster (1997, pp. 40-42) entiende los mecanismos externos de atadura que les permiten a los agentes conservar el autocontrol en horizontes amplios de tiempo. En los casos de secuestro, algunos precompromisos para evitar el pago de extorsiones pueden ser crear acuerdos familiares de no pago de extorsiones (Meluk, 1998, p. 73) o congelar los bienes de una víctima (Ley 40 de 1993).
²⁶Por modelos mentales compartidos se entiende el conjunto de mecanismos socialmente aceptados para resolver problemas. Surgen como resultado de un proceso de ensayo y error, logran reducir la incertidumbre y facilitan la acción individual y colectiva (Mantzavinos, 2001).
²⁷;El enfoque de teoría de juegos diferencia tipos de juegos según su naturaleza, si es un juego de coordinación (de suma cero) o de cooperación (suma variable); según los tiempos de juego, dependiendo de si las jugadas se desarrollan de forma simultánea o secuencial; según la información con la que cuentan los participantes, que puede ser perfecta o imperfecta, y, por último, de acuerdo a los pagos o resultados que se pueden expresar en ordinales o cardinales.
²⁸Para analizar otros modelos de teoría de juegos adaptados a situaciones de secuestro, ver Binmore (2007, pp 44-45).
²⁹El pago negativo para los familiares (-1) se explica por el valor que se le asigna a la vida humana. En este sentido, la muerte del secuestrado representa un resultado peor que la continuidad en cautiverio, o la pérdida percibida por el secuestrador al no conseguir la exigencia.
³⁰La denuncia, para este juego, supone iniciar una acción de rescate por parte del Estado.
³¹De acuerdo a Ostrom (2007, p. 186) el dilema social surge cuando los individuos, en una situación de interdependencia, eligen sus estrategias basándose en cálculos que maximizan los resultados materiales en el corto plazo, pero, en el largo, genera menores resultados de los que podrán obtener, es decir, cuando se llega a un equilibrio en el que, dada una sola jugada, se arrojan resultados menores al óptimo social. Dicha situación se reconoce como dilema debido a que, por lo menos, un resultado brinda mejores pagos para todos los participantes, pero los actores racionales, eligiendo de forma independiente, no están en disposición de alcanzar los mejores pagos.
³²Por precompromisos, Elster (2007) entiende estrategias de precauciones (o mecanismos de atadura) que una persona puede tomar con el fin de evitar equivocaciones o reducir los daños derivados de estas. Surgen del conocimiento previo de la posibilidad de cometer errores y, por lo tanto, deben ser considerados como una segunda mejor racionalidad, second-best rationality (2007, p. 231).
³³Algunas formas de conseguirlo son: i) mostrar que uno se ha atado a un procedimiento mecánico encargado de cumplir el compromiso, amenaza o promesa (cumplimiento automático); ii) delegar el cumplimiento automático en personas u organizaciones externas (delegar); iii) eliminar las posibilidades de regresar o tomar un curso de acción diferente al planteado inicialmente (quemar los puentes o naves); iv) dar un mensaje y cortar comunicación para evitar que el otroargumente e intente modificar la posición inicial por medio de la persuasión (cortar las vías de comunicación) (Dixit y Skeath, 2004).
³⁴ Por confianza, Elster entiende "bajar los propios guardianes, para evitar tomar precauciones frente a una pareja de interacción incluso cuando el otro, debido al oportunismo o a la incompetencia puede actuar en una forma que permitiría justificar las precauciones" (2007, p 344). 
³⁵Fondelibertad fue creado en el año de 1995 con el Decreto No 1723, producto de la declaración de un estado de conmoción interior. La Ley 282 de 1996 le dio creación legal, definiéndolo como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República" (Fondelibertad, 2009).
³⁶El 70% de los casos de secuestro, el 61% de casos de desaparición y el 36% de los casos de extorsión, atendidos en el 2006 por el Centro de atención al empresario en secuestro y extorsión caes, fueron denunciados" (Cámara de Comercio y País libre, 2007).
³⁷A manera de ejemplo, consultar Montenegro y Pedraza A. (2009).
³⁸Por atajos, Cante y Mockus entienden: "aquellos caminos cortos, tentadores y fáciles, que por la vía más rápida, permiten alcanzar los fines que cualquier persona o grupos de personas se propone. Pero hay que sospechar de las cosas fáciles y de los senderos rápidos y plenos de tentación, porque estos suelen minimizar los costos y esfuerzos en el presente, pero son terriblemente costosos en el futuro" (2005, p. 141).
³⁹Las convenciones son soluciones a juegos de coordinación, surgen de manera espontánea, describen una regularidad en el comportamiento de los individuos de una población y no requieren de mecanismos de refuerzo externos para su cumplimiento (Mantzavinos, 2001, pp. 101-106).
⁴⁰Por normas sociales, se entienden como soluciones a problemas de cooperación, en donde existe una tensión entre los beneficios individuales y sociales. Surgen como resultado de un proceso de mano invisible y operan gracias a la socialización de las acciones como resultado de un proceso de aprendizaje colectivo en cuya base se encuentra el principio de reciprocidad. Las normas morales utilizan mecanismos internos de refuerzo y dependen del conjunto de emociones, sentimientos y actitudes del individuo frente a la conciencia de lo bueno y lo malo (Mantzavinos, 2001, pp. 106-117).
⁴¹Normas sociales se entienden como soluciones a problemas donde existen intereses en conflicto. Surgen de un proceso espontáneo de mano invisible y operan en situaciones particulares donde los individuos poseen comportamientos identificados. El mecanismo de refuerzo utilizado por esta institución informal es de carácter externo, sanciones por parte de los demás miembros de la comunidad (Mantzavinos, 2001, pp. 118-125).
⁴²Lo que no implica que, en algunas situaciones de secuestro, la misma operancia de los modelos mentales a partir de las experiencias individuales privilegien una institución de denuncia.
⁴³Para una revisión de los resultados completos de esta investigación. ver Jiménez (2010) y Jiménez y Casas (2011).

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